LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Puerto Rico Asphalt, LLC v. Junta de Subastas del Municipio de Naranjito

2019 TSPR 239

Poder Judicial de Puerto Rico

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Puerto Rico Asphalt, LLC v. Junta de Subastas del Municipio de Naranjito

CC-2018-879

Sentencia con Voto Particular Disidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Puerto Rico Asphalt, LLC

Peticionario

v.

Junta de Subastas del

Municipio de Naranjito

Certiorari

Recurrido

2019 TSPR 239

Professional Asphalt, LLC

Licitadora Agraciada

203 DPR ____

v.

Super Asphalt Pavement,

Corp.

Licitadora

Número del Caso:

CC-2018-879

Fecha: 23 diciembre de 2019

Tribunal de Apelaciones:

Panel I

Abogada de la parte peticionaria:

Lcda. Monique J. Díaz Mayoral

Abogada de la parte recurrida:

Lcda. Vivian González Méndez

Materia: Sentencia con Voto particular disidente.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Puerto Rico Asphalt, LLC

Peticionario

v.

Junta de Subastas del

Municipio de Naranjito

Recurrido

CC-2018-0879

Professional Asphalt, LLC

Licitadora Agraciada

v.

Super Asphalt Pavement,

Corp.

Licitadora

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de diciembre de 2019.

La

Junta

de

Subastas

del

Municipio

de

Naranjito

(Junta) adjudicó la buena pro de la subasta Núm. 1, Serie:

2017-2018 a Professional Asphalt, LLC. Puerto Rico Asphalt,

LLC (peticionario) acudió al Tribunal de Apelaciones y

solicitó la revisión de la determinación de la Junta. El

foro apelativo intermedio emitió una Sentencia mediante la

cual desestimó el recurso de revisión judicial por falta

de jurisdicción. Puerto Rico Asphalt comparece ante nos y

solicita la revisión de la Sentencia.

A continuación, exponemos los hechos que dieron origen

al recurso ante nuestra consideración.

CC-2018-0879

2

I

El 25 de abril de 2018, la Junta publicó el Aviso de

Subasta Pública Núm. 1, Serie: 2017–2018 para regir el Año

Económico 2018-2019, Renglón 1, para la adquisición de brea

líquida, hormigón asfáltico y asfalto regado y compactado

para ese municipio. La subasta se celebró el 11 de mayo de

2018.

A

esta

respectivas

comparecieron

ofertas.

Estos

tres

licitadores

fueron:

(1)

Super

con

sus

Asphalt

Pavement Corporation; (2) Professional Asphalt, LLC; y (3)

Puerto Rico Asphalt, LLC.

El 25 de mayo de 2018, la Junta se reunió para evaluar

las propuestas. Luego de justipreciar las ofertas, mediante

carta fechada el 31 de mayo de 2018, “determinó adjudicar

la BUENA PRO a la compañía Professional Asphalt, LLC[,] ya

que cumpl[ía] con todos los requisitos solicitados para la

subasta y fue el licitador que mas bajo cotizó, esto

velando

por

los

mejores

intereses

del

Municipio

de

Naranjito”.1 En la misiva, añadió la advertencia siguiente:

[c]ualquiera de los licitadores podrá solicitar

una revisión de las decisiones de la Junta de

Subastas al Tribunal Apelativo, el cual tendrá

jurisdicción exclusiva siempre y cuando se

radique dentro del término jurisdiccional de

diez (10) días a partir del archivo en autos de

esta comunicación la cual se está enviando por

correo certificado.2

Véase la carta de adjudicación final emitida y certificada por

el vicepresidente de la Junta y la secretaria municipal de Naranjito.

La información de rastreo del Servicio Postal refleja que la carta se

depositó el 31 de mayo de 2018. Apéndice de la Petición de certiorari,

págs. 1-6.

1

2

Íd.

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3

Inconforme, el 27 de junio de 2018 Puerto Rico Asphalt

presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal

de Apelaciones. En síntesis, alegó que la Junta emitió una

notificación defectuosa que carecía de una síntesis de las

propuestas de cada licitador, de los factores que la Junta

consideró para adjudicar la subasta y de una sinopsis sobre

cómo se aplicaron estos criterios con cada licitador.

Sostuvo que la Junta no consignó cómo la adjudicación a

Professional Asphalt convenía a los mejores intereses del

Municipio de Naranjito. Añadió que tampoco consideró el

hecho de que la Puerto Rico Asphalt está ubicada más cerca

del

lugar

asfalto.

en

el

que

se

depositaría

Por

lo

anterior,

afirmó

el

que

suministro

la

Junta

de

actuó

arbitraria, descuidada y caprichosamente.

El 18 de julio de 2018, el Municipio de Naranjito

presentó

una

Moción

de

desestimación

(por

falta

de

jurisdicción). Alegó que la notificación que emitió la

Junta cumplió con el debido proceso de ley de las partes,

ya que advirtió sobre los requisitos jurisprudenciales

básicos para acudir en revisión, a saber: el derecho a

procurar revisión judicial, el término para ello y la fecha

de archivo en autos de la copia de la notificación de

adjudicación. Arguyó que la parte recurrida se cruzó de

brazos

y

presentó

el

recurso

de

revisión

judicial

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4

tardíamente, por lo que procedía aplicar la doctrina de

incuria.

Luego de varios trámites procesales, el 30 de agosto

de 2018, el foro apelativo intermedio emitió una Sentencia

mediante la cual desestimó el recurso de revisión judicial

por

falta

de

jurisdicción.

Señaló

que

se

presentó

transcurridos veintisiete días desde la notificación de la

determinación

de

la

jurisdiccional

para

subasta.

presentar

Indicó

un

que

el

término

recurso

de

revisión

judicial es de diez días, según la Ley de Municipios

Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991

(Ley de Municipios Autónomos), 21 LPRA sec. 4000 et seq.

En desacuerdo con el dictamen, el 18 de octubre de

2018, Puerto Rico Asphalt acudió ante nos mediante recurso

de

certiorari.

Planteó

los

señalamientos

de

error

siguientes:

PRIMER ERROR: Erró el Honorable Tribunal de

Apelaciones en declararse sin jurisdicción por

haberse presentado el recurso 27 días desde la

notificación de la adjudicación de la Junta de

Subastas del Municipio de Naranjito porque dicha

notificación no expuso por lo menos, una síntesis

de las propuestas de cada licitador, por lo cual

es una notificación defectuosa y el término para

apelar no ha empezado a correr.

SEGUNDO ERROR: Erró el Honorable Tribunal de

Apelaciones al no evaluar si la notificación era

defectuosa, y por ende, si el término para apelar

había empezado a correr.

TERCER ERROR: Erró el Honorable Tribunal de

Apelaciones al no aplicar jurisprudencia de este

Honorable Tribunal Supremo que le es vinculante

y establece precedente.

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El

25

5

de

enero

de

2019

emitimos

una

Resolución

expidiendo el auto de certiorari solicitado.

Luego de

varios trámites procesales y de que las partes presentaran

sus respectivos alegatos, el caso quedó sometido para su

resolución. Contando con ello, procedemos a resolver.

II

La

subasta

tradicional

y

el

requerimiento

de

propuestas (request for proposal) son los dos vehículos

procesales

que

tanto

municipios

utilizan

el

para

gobierno

la

central

adquisición

como

de

los

bienes

y

servicios.3 El propósito primordial de estos es proteger

el erario público fomentando la libre y diáfana competencia

entre el mayor número de licitadores posibles.4 Con ello,

se pretende maximizar la posibilidad del Gobierno para

obtener

el

mejor

contrato,

mientras

se

protegen

los

intereses y activos del pueblo contra el dispendio, el

favoritismo, la corrupción y el descuido al otorgarse

contratos.5

En

nuestro

ordenamiento

jurídico

no

existe

una

legislación especial que regule los procesos de subasta.

Puerto Rico Eco Park v. Municipio de Yauco, 2019 TSPR 98; 201

DPR ___ (2019); R & B Power v. E.L.A., 170 DPR 606 (2007).

3

4 Íd. Véase, además, Transporte Rodríguez v. Jta. Subastas, 194

DPR 711, 716-717 (2016).

5

Íd.

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6

Corresponde a cada ente gubernamental ejercer su poder

reglamentario para establecer el procedimiento y las guías

que han de seguir en sus subastas para la adquisición de

bienes y servicios. Aunque la Ley Núm. 38-2017, conocida

como

la

Ley

de

Procedimiento

Administrativo

Uniforme

(LPAU), 3 LPRA 9601 et seq., reglamenta ciertos aspectos

de las subastas, esta legislación excluyó de la definición

de agencia a los municipios. Por lo que a estos no les

aplican las disposiciones de esta ley. A esos efectos, las

subastas que celebren los municipios quedan reguladas por

la Ley de Municipios Autónomos.

En lo atinente al caso ante nuestra consideración, el

Artículo 10.006 de la Ley de Municipios Autónomos establece

lo relativo a las funciones y deberes de la Junta y los

criterios de adjudicación que esta deberá considerar al

evaluar

las

propuestas

y

notificar

a

los

licitadores

participantes. Así, el artículo precitado dispone que la

Junta podrá adjudicar a un postor que no sea necesariamente

el más bajo o el más alto, si con ello se beneficia el

interés público. Ahora bien, adjudicada la subasta la Junta

deberá notificar a todos los licitadores “certificando el

envío de dicha adjudicación mediante correo certificado

con acuse de recibo”.6 Además, deberá notificar a los

licitadores no agraciados, las razones por las cuales no

6

21 LPRA sec. 4506.

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7

se le adjudicó la subasta.7 La notificación tiene que

apercibirles sobre el término jurisdiccional de diez días

para solicitar revisión judicial de la adjudicación ante

el Tribunal de Apelaciones de conformidad con el Artículo

15.002 de la ley.8

A tales efectos, el Artículo 15.002 preceptúa lo

siguiente:

. . . . . . . .

(2) El Tribunal de Apelaciones revisará, con

exclusividad, el acuerdo final o adjudicación de

la Junta de Subastas, el cual se notificará por

escrito y mediante copia por correo escrito

regular

y

certificado

a

la(s)

parte(s)

afectada(s). La solicitud de revisión se instará

dentro del término jurisdiccional de diez (10)

días contados desde el depósito en el correo de

la copia de la notificación del acuerdo final o

adjudicación. La notificación deberá incluir el

derecho de la(s) parte(s) afectada(s) de acudir

ante el Tribunal de Apelaciones para la revisión

judicial; término para apelar la decisión; fecha

de archivo en auto de la copia de la notificación

y a partir de qué fecha comenzará a transcurrir

el término. La competencia territorial será del

circuito regional correspondiente a la región

judicial a la que pertenece el municipio. 21 LPRA

sec. 4702.

Por otro lado, el Reglamento Núm. 8873 del 19 de

diciembre de 2016 para la Administración Municipal de 2016

(Reglamento Núm.

8873) establece las normas y las guías

administrativas para los procedimientos de subastas. En lo

relativo al aviso de adjudicación de subastas, la sección

7

Íd.

8

Íd.

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8

13 de la Parte II del Reglamento Núm. 8873 preceptúa la

obligación

del

Presidente

de

la

Junta

de

emitir

una

notificación de adjudicación o determinación final por

escrito y por correo certificado con acuse de recibo a

todos los licitadores que participaron en la subasta. En

cuanto

al

contenido

del

aviso

de

adjudicación

o

la

determinación final de subastas, el inciso (3) de esa

sección

dispone

que

la

notificación

debe

contener

la

información siguiente: a) el nombre de los licitadores; b)

una síntesis de las propuestas sometidas; c) los factores

o criterios que se tomaron en cuenta para adjudicar la

subasta y las razones para no adjudicar a los licitadores

perdidosos; d) el derecho a solicitar revisión judicial de

la

adjudicación

o

acuerdo

final,

ante

el

Tribunal

de

Apelaciones, y el término para ello, que es dentro del

término jurisdiccional de diez días contados desde el

depósito

en

el

correo

de

la

notificación

de

adjudicación; e) la fecha de archivo en auto de la copia

de la notificación y la fecha a partir de la cual comenzará

a transcurrir el término para impugnar la subasta ante el

Tribunal de Apelaciones.9

9 Los Artículos 10.006 y 15.002 de la Ley de Municipios Autónomos

disponían el término de veinte días para solicitar revisión del acuerdo

final o adjudicación de la Junta de Subastas ante el Tribunal de

Apelaciones. Como corolario de esta disposición la Sección 13, Parte

I, Capítulo VII, del Reglamento para la Administración Municipal

(Reglamento Núm. 7539 de 18 de julio de 2008) señalaba el mismo término

para impugnar. No obstante, la Ley Núm. 213-2009 enmendó ambos

artículos para reducir a diez días el término, los cuales comenzarán

a transcurrir desde el depósito en el correo de la copia de la

notificación del acuerdo final o adjudicación. Asimismo, se atemperó

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9

Cónsono

derecho

a

con

lo

cuestionar

anterior,

una

hemos

reiterado

adjudicación

o

que

el

determinación

final, mediante el mecanismo de revisión judicial, es parte

del

debido

proceso

de

ley.10

Ante

ello,

resulta

indispensable que se notifique adecuadamente a todas las

partes cobijadas por ese derecho.11 De lo contrario, si no

se

cumplen

con

estas

garantías

mínimas,

el

derecho

a

revisar la determinación de la Junta de Subastas seria

ineficaz.12 El propósito es que los licitadores perdidosos

tengan la oportunidad de solicitar revisión judicial dentro

del término jurisdiccional aplicable.13

Sobre la exigencia de fundamentar la adjudicación de

una subasta por una agencia administrativa, en L.P.C. & D,

Inc. v. A.C., 149 DPR 869, 877-888 (1999), señalamos que

“para que este Tribunal pueda cumplir con su obligación

constitucional y asegurar que el derecho a obtener la

revisión

judicial

efectivo,

es

fundamentada,

de

una

decisión

imprescindible

aunque

sea

de

de

una

agencia

sea

exigir

que

ella

esté

forma

sumaria”.14

(Énfasis

el término en el Reglamento Núm. 8873, aprobado el 19 de diciembre de

2019.

10 Puerto Rico Eco Park v. Municipio de Yauco, supra; Transporte

Rodríguez v. Jta. Subastas, supra, pág. 720; Torres Prods. v. Junta

Mun. Aguadilla, 169 DPR 886, 893 (2007); IM Winner, Inc. v. Mun. de

Guayanilla, 151 DPR 30, 37 (2000).

11

Íd.

12

IM Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, supra, pág. 38.

13

Transporte Rodríguez v. Jta. Subastas, supra, pág. 721.

14

Véase, además, RBR Const., S.E. v. A.C., 149 DPR 836 (1999).

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suplido).

10

Si

la

parte

adversamente

afectada

por

la

determinación de la agencia desconoce los fundamentos que

propiciaron

su

decisión,

“el

trámite

de

la

revisión

judicial de la determinación administrativa se convertiría

en un ejercicio fútil”.15 En ese sentido, “no basta con

informar la disponibilidad y el plazo para solicitar la

reconsideración

Además,

una

y

la

revisión”.16

notificación

(Énfasis

fundamentada

suplido).

permite

que

los

tribunales puedan “revisar efectivamente los fundamentos

para determinar si la determinación de la junta ha sido

arbitraria, caprichosa o irrazonable”, más aún en el caso

de

subastas

públicas,

en

virtud

de

las

cuales

se

desembolsan fondos públicos.17 Por ello, “[s]ólo a partir

de

la

notificación

así

requerida

es

que

comenzará

a

transcurrir el término para acudir en revisión judicial”.

(Énfasis suplido).18

Por último, es menester señalar que en Const. I.

Meléndez, S.E. v. A.C., 146 DPR 743, 750 (1998), resolvimos

que “los licitadores infructuosos en el proceso de subasta

son partes para los efectos de la revisión judicial de la

determinación

administrativa”.

En

consecuencia,

15

Íd.

16

L.P.C. & D., Inc. v. A.C., 149 DPR 869, 877 (1999).

la

Véase, J.A. Echevarría Vargas, Derecho Administrativo

Puertorriqueño, 4ta ed. rev., Puerto Rico, 2017, pág. 297. Véanse,

además, Transporte Rodríguez v. Jta. Subasta, supra, pág. 721; L.P.C.

& D., Inc. v. A.C., supra, pág. 879.

17

18 Puerto Rico Eco Park v. Municipio de Yauco, supra; IM Winner,

Inc. v. Mun. de Guayanilla, supra, pág. 38.

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11

notificación a estos “es de carácter jurisdiccional y debe

hacerse

a

la

agencia

a

todas

las

partes

procedimiento

administrativo

dentro

del

término

solicitar

revisión

la

y

judicial”.19

(Énfasis

en

el

para

en

el

original). El incumplimiento con lo anterior priva de

jurisdicción al tribunal para atender los méritos del

recurso de revisión.20 En otros términos, para cumplir con

ese requisito jurisdiccional, es necesario que las partes

conozcan las direcciones de los licitadores participantes

y de la Junta. Así, podrán notificar una copia del escrito

de revisión judicial, si deciden ejercer ese derecho.

Al igual que las órdenes y las sentencias de los

tribunales, así como las determinaciones de las agencias

administrativas, la correcta y oportuna notificación de

una adjudicación de una Junta de Subastas es un requisito

sine qua non de un ordenado sistema judicial.21 Su omisión,

además

de

crear

demoras

e

judicial,

puede

conllevar

impedimentos

graves

en

el

proceso

consecuencias.22

Una

notificación defectuosa puede tener el efecto irremediable

de

afectar

el

derecho

de

adjudicación

de

subasta;

jurisdicción

al

foro

una

parte

también

revisor

para

el

a

cuestionar

la

de

de

entender

privar

el

asunto

19

Const. I. Meléndez, S.E. v. A.C, 146 DPR 743, 748 (1998).

20

Íd.

21

Íd.

22

Íd.

CC-2018-0879

12

impugnado.23 Si la notificación en cuestión adolece de los

requisitos

establecidos

por

la

legislación

y

reglamentación procede devolver el asunto para que se emita

una notificación que cumpla con ello.24

III

De un examen de la carta que envió el Vicepresidente

de

la

Junta

de

Subastas

del

Municipio

de

Naranjito,

mediante la cual notificó la adjudicación de subasta a

favor de Professional Asphalt, surge lo siguiente: (1) el

nombre de los licitadores, (2) el hecho de que Professional

Asphalt fue el licitador que más bajó cotizó y (3) el

término para acudir en revisión judicial ante el Tribunal

de Apelaciones. No obstante, la notificación carece de una

síntesis de las propuestas sometidas, de los factores o

criterios que consideró la Junta para adjudicar la subasta

y las razones o los defectos, si alguno, de los licitadores

perdidosos, según lo dispone el Reglamento Núm. 8873. La

notificación

licitadores

tampoco

contiene

participantes

ni

las

de

procedimiento administrativo⎯.

la

direcciones

Junta

de

los

⎯partes

del

Como señaláramos, esto

último permite a cualquier licitador infructuoso, si decide

ejercer el derecho de revisión judicial, cumplir con el

23 Véanse Puerto Rico Eco Park v. Municipio de Yauco, supra; IM

Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, supra, pág. 38.

24

L.P.C. & D, Inc. v. A.C., supra.

CC-2018-0879

13

requisito jurisdiccional de notificar una copia del recurso

a todas las partes, conforme a lo resuelto en Const. I.

Meléndez, S.E. v. A.C., supra.25

A la luz de lo anterior, es forzoso concluir que el

contenido de la notificación de adjudicación que emitió la

Junta es insuficiente para cumplir con el estándar de

adecuacidad establecido por nuestro ordenamiento jurídico.

La notificación que emitió la Junta afectó el derecho de

las

partes

perjudicadas

a

cuestionar

la

subasta

y

la

facultad de los tribunales de revisar la razonabilidad de

la determinación que emitió la Junta. En consecuencia, ante

una notificación defectuosa el término para acudir en

revisión judicial no comenzó a transcurrir.

Aclaramos que, si bien hay situaciones en que la

inacción de una parte pudiese impedir que se provea el

remedio solicitado, hemos expresado que la aplicación de

la doctrina de incuria no opera automáticamente por el mero

transcurso del tiempo.26 Su empleo requiere considerar los

factores siguientes: (1) si existe alguna justificación

para la demora; (2) el perjuicio que esta acarrea; (3) el

efecto

sobre

los

intereses

involucrados.27

Así,

señalamos

privados

que

“[l]a

o

públicos

evaluación

de

25 En el caso de autos, Puerto Rico Asphalt, LLC cumplió con este

requisito.

26

Véase Alonso Piñero v. UNDARE, Inc., 199 DPR 32, 54 (2017).

Íd., citando a Consejo de Titulares v. Ramos Vázquez, 186 DPR

311, 341 (2012); Comisión Ciudadanos v. G.P. Property, 173 DPR 998,

27

CC-2018-0879

estos

14

factores

es

primordial

al

resolver

conforme

a

equidad”.28 Por lo tanto, su aplicación dependerá de la

situación específica que presente cada caso.

Al

considerar

cada

uno

de

estos

factores

en

su

totalidad, entendemos que en el caso ante nos no existe un

grado de dejadez que cause un perjuicio indebido a la Junta

de Subastas del Municipio de Naranjito. Por el contrario,

la interpretación sugerida por la disidencia fomentaría un

posible

perjuicio

administración

al

interés

pública,

puesto

público

que

y

una

a

la

sana

notificación

inoficiosa serviría de escudo a entes que manejan fondos

públicos para desalentar, consciente o inconscientemente,

que

se

pueda

acudir

determinaciones

informadamente

a

administrativas

cuestionar

de

las

subastas.

Indistintamente de los méritos de la reclamación de la

parte peticionaria, no es un remedio en equidad penalizarla

por un acto municipal de nulidad que, fácilmente, puede

corregirse mediante la notificación conforme al mandato

legislativo.

Entre ese acto sencillo y el grave perjuicio

que ocasionaría para el peticionario, como propone la

disidencia, la balanza debe inclinarse a favor de revocar

el dictamen del Tribunal de Apelaciones.

IV

1020 (2008); Srio. D.A.C.O. v. J. Condóminos C. Martí, 121 DPR 807,

822 (1988).

28

Alonso Piñero v. UNDARE, Inc., supra.

CC-2018-0879

Por

sentencia

los

15

fundamentos

emitida

por

el

enunciados,

Tribunal

de

revocamos

la

Apelaciones.

Se

devuelve el caso a la Junta de Subastas del Municipio de

Naranjito para que emita una notificación adecuada conforme

con lo aquí resuelto. Una vez esta se emita, la parte

adversamente

afectada

podrá,

de

entenderlo

pertinente,

presentar un nuevo recurso de revisión.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaría

del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez

emitió un Voto Particular Disidente al cual se unió la Juez

Asociada señora Rodríguez Rodríguez.

Sonnya Isabel Ramos Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo Interina

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Puerto Rico Asphalt, LLC

Peticionaria

CC-2018-0879

v.

Junta de Subastas del Municipio

de Naranjito y otros

Recurrida

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió un Voto Particular

Disidente, al cual se une la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez.

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de diciembre de 2019.

Aunque la notificación que se impugnó en el caso de

referencia no fue adecuada debido a que no incluyó una

síntesis de las propuestas de los licitadores, disiento del

proceder mayoritario. Ante una notificación defectuosa, no

se puede descartar automáticamente el término que aplica para

presentar un recurso de revisión judicial. En este caso, la

peticionaria esperó veintisiete (27) días para presentar su

recurso ante el Tribunal de Apelaciones, aun cuando la Junta

de Subastas del Municipio de Naranjito le apercibió que debía

instar

su

recurso

de

revisión

dentro

del

término

jurisdiccional de diez (10) días a partir de la notificación

de la adjudicación.

CC-2018-0879

2

I

Los hechos de este caso son sencillos y la controversia

es recurrente en los procesos de subasta. Puerto Rico Asphalt,

LLC

(peticionario)

es

un

licitador

perdidoso

que

desea

impugnar la adjudicación de una subasta para la adquisición

de brea, hormigón y asfalto. El 31 de mayo de 2018, la Junta

de Subastas del Municipio de Naranjito (Junta de Subastas)

emitió una notificación en la cual se limitó a expresar que

evaluó las propuestas de los tres licitadores (Super Asphalt

Pavement Corporation, Professional Asphalt, LLC y Puerto Rico

Asphalt, LLC), que los tres cumplieron con los requisitos que

solicitó el Municipio y que decidió adjudicar la buena pro a

Professional Asphalt, LLC, “ya que cumple con todos los

requisitos solicitados para la subasta y fue el licitador que

más bajo cotizó, esto velando por los mejores intereses del

Municipio de Naranjito”.29 En la notificación se le advirtió

a los licitadores que podían solicitar la revisión de la

decisión

de

la

Junta

de

Subastas

ante

el

Tribunal

de

Apelaciones “siempre y cuando se radique dentro del término

jurisdiccional de (10) diez días a partir del archivo en autos

de esta comunicación la cual se está enviando por correo

certificado”.30

Puerto Rico Asphalt acudió al Tribunal de Apelaciones

el 27 de junio de 2018. Es decir, en vez de acudir dentro del

término apercibido, Puerto Rico Asphalt, se demoró 17 días

29

30

Carta de adjudicación de la subasta, Apéndice, pág. 1.

Íd.

CC-2018-0879

3

adicionales. La Junta de Subastas solicitó oportunamente la

desestimación del recurso de revisión judicial por falta de

jurisdicción.

Arguyó

que

“cruzarse

brazos

ante

de

Puerto

la

Rico

Asphalt

expectativa

de

no

que

podía

una

notificación fue inadecuada y pretender entonces la revisión

de un dictamen fuera del término jurisdiccional provisto para

ello”.31 Puerto Rico Asphalt se opuso a la desestimación y

arguyó que no se le podía oponer el término jurisdiccional de

diez (10) días debido a que la notificación que emitió la

Junta de Subastas fue defectuosa. Según la peticionaria, los

defectos consistían en la ausencia de una síntesis de las

propuestas de los licitadores y de una explicación de los

factores que se tomaron en consideración para adjudicar la

buena pro.

El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por

falta de jurisdicción. Reconoció que, si una notificación

adolece de alguno de los requisitos mínimos que establecen la

Ley de Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 4001 et seq, y la

jurisprudencia de este Tribunal, procede devolver el caso

para que se emita una notificación adecuada.32 No obstante,

también razonó que la presentación tardía del recurso le privó

de jurisdicción.33

Moción de desestimación ante el Tribunal de Apelaciones, Apéndice, pág.

58.

32 Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Apéndice, págs. 77-80.

33 Íd.

31

CC-2018-0879

4

II

Esta no es la primera ocasión en que este Tribunal se

enfrenta

a

una

controversia

sobre

el

efecto

de

una

notificación defectuosa en los términos para presentar un

recurso

de

revisión

judicial.

Ahora

bien,

cuando

hemos

atendido ese asunto el defecto recaía en el término aplicable,

el foro al cual se debió acudir o cualquier información

indispensable

para

ejercer

el

derecho

de

revisión

oportunamente (por ejemplo, la fecha de depósito en el correo

de copia de la notificación de la adjudicación). En esos

casos, en los cuales el defecto afectó la dimensión procesal

del trámite de revisión, consistentemente hemos resuelto que,

si bien los términos no comienzan a decursar, procede evaluar

la aplicabilidad de la doctrina de incuria.

Por otro lado, al enfrentarnos a un defecto que recae en

la sustancia y el mérito de la adjudicación, no hemos tenido

que evaluar si la parte acudió oportunamente al foro revisor.

Por tal razón, no nos hemos expresado sobre el efecto de una

notificación que, aunque advierte adecuadamente el término y

el foro a recurrir, no cumple con los requisitos sustantivos

para que el licitador perdidoso pueda cuestionar válidamente

los fundamentos del municipio para la adjudicación. Veamos.

A. Defectos procesales: cuando falta información necesaria

para acudir oportunamente al Tribunal de Apelaciones

La

doctrina

de

incuria

consiste

en

“la

dejadez

o

negligencia de un derecho, la cual opera en conjunto con el

CC-2018-0879

transcurso

del

5

tiempo

y

otras

circunstancias

que

causan

perjuicio a la parte adversa”. IM Winner, Inc. v. Junta de

Subastas del Gobierno Municipal de Guayanilla, 151 DPR 30, 39

(2000). En IM Winner, Inc. v. Junta de Subastas del Gobierno

Municipal de Guayanilla, supra, se cuestionó la notificación

de la adjudicación de una subasta municipal porque no se

advirtió a las partes su derecho a la revisión judicial, el

término disponible para hacerlo y la fecha del archivo en

autos de copia de la notificación de la adjudicación. En ese

entonces reiteramos que “si bien una notificación defectuosa

impide que decurse el término para acudir en revisión, el

término

dentro

correspondiente

del

cual

deberá

interponerse

el

recurso

quedará

sujeto

a

de

la

doctrina

incuria”. Íd., pág. 39; Véanse Rivera v. Depto. De Servicios

Sociales, 132 DPR 240, 247 (1992); Digna E. García Tronocoso

v. Administración del Derecho al Trabajo, 108 DPR 53 (1978).

Al aplicar la doctrina de incuria, determinamos que no existía

evidencia de que IM Winner actuó de forma negligente en su

reclamo pues acudió apenas tres (3) días de vencido el término

para acudir en revisión. Íd., pág. 41. Por tanto, devolvimos

el caso al Tribunal de Apelaciones para su consideración en

los méritos.

En Molini Gronau v. Corp. P.R. Dif. Púb., 179 DPR 674,

687 (2010) indicamos, de forma similar, que “si una parte no

ha sido notificada adecuadamente de su derecho de revisión

(…) no se le pueden oponer los términos para recurrir [;]

CC-2018-0879

6

[n]o obstante, (…) estará sujeta a la doctrina de incuria”.

(Énfasis suplido.) De igual forma, en Horizon v. JTA Revisora,

RA Holdings, 191 DPR 228, 235 (2014) expresamos que “a una

parte que no fue notificada adecuadamente de su derecho de

revisión, no se le pueden oponer los términos para recurrir”.

(Énfasis suplido.)

En cambio, “se le debe conceder tiempo a

la parte perjudicada para que ejerza su derecho de revisión

judicial como corresponde o atender el recurso de revisión

judicial, siempre que no haya mediado incuria”. Íd., pág.

236. En ese caso, la notificación indicaba incorrectamente

que la parte afectada debía acudir dentro de un término de

treinta (30) días ante el Tribunal Supremo, cuando el foro

correcto

era

el

Tribunal

de

Apelaciones.

El

recurrente

presentó su recurso ante este Tribunal el último día dentro

del término. En vista de lo anterior, concluimos que no hubo

incuria y ordenamos la transferencia del caso al Tribunal de

Apelaciones. Íd., pág. 242.

Más recientemente, en Puerto Rico Eco Park, Inc. v.

Municipio de Yauco, 202 DPR ___ (2019), 2019 TSPR 98, nos

enfrentamos a una notificación de una adjudicación de una

subasta municipal que no incluyó la fecha de archivo en autos

de copia de la notificación ni advirtió que a partir de esa

fecha comenzó a transcurrir el término para acudir al Tribunal

de Apelaciones. En esa ocasión, devolvimos el caso al foro

apelativo intermedio para su consideración en los méritos

debido a “la ausencia clara de que haya mediado incuria”. Al

CC-2018-0879

7

igual que en IM Winner, el recurrente acudió al foro apelativo

intermedio tres (3) días después de vencido el término.

B. Defectos sustantivos: cuando la notificación adolece

de elementos necesarios para cuestionar la adjudicación

en los méritos

El

defecto

información

en

esencial

la

e

notificación

no

indispensable

siempre

para

recae

en

presentar

un

recurso de revisión judicial oportunamente, como sería el

término para presentar el recurso y la fecha en que este

comienza o el foro en el cual se debe presentar. En ocasiones,

como aquí ocurre, el defecto recae en el contenido sustantivo.

En estos casos, la notificación también es defectuosa porque

impide al licitador perdidoso cuestionar los fundamentos del

municipio

(o

la

agencia,

de

ser

ese

el

caso)

para

la

adjudicación y argumentar por qué erró en su selección. No

obstante,

en

estas

circunstancias,

las

partes

sí

fueron

debidamente notificadas del término aplicable y el foro al

cual deben acudir, precisamente para reclamar los defectos en

la notificación.

En L.P.C.& D., Inc. v. A.C., 149 DPR 869 (1999), la Junta

de Subastas de la Autoridad de Carreteras y Transportación

notificó una adjudicación de subasta en la cual advirtió la

disponibilidad y el término para solicitar reconsideración,

pero

no

fundamentó

su

determinación.

Razonamos

que

la

determinación de la agencia administrativa tiene que estar

fundamentada, pues una parte necesita conocer los motivos de

la agencia para poder ejercer su derecho a la revisión

CC-2018-0879

8

judicial. Íd., págs. 877-878. Por primera vez indicamos que

la notificación -aunque sea de forma sumaria y sucinta- debe

incluir:

los nombres de los licitadores en la subasta y una

síntesis de sus propuestas; los factores o

criterios que se tomaron en cuenta para adjudicar

la subasta; los defectos, si alguno, que tuvieran

las propuestas de los licitadores perdidosos y la

disponibilidad y el plazo para solicitar la

reconsideración y la revisión judicial. Íd.,

pág. 879.

Posteriormente, en Punta Arenas Concrete, Inc. v. Junta

de Subastas, 153 DPR 733 (2001), el Municipio de Hormigueros

advirtió

el

derecho

de

las

partes

a

solicitar

revisión

judicial en la notificación de la adjudicación de la subasta,

pero no fundamentó su decisión. Resolvimos que el debido

proceso de ley exige una adjudicación fundamentada, pues de

esa forma los tribunales pueden revisar si la decisión fue

arbitraria,

caprichosa

o

irrazonable.

Íd.,

pág.

742.

Reiteramos que los fundamentos se pueden exponer “de manera

breve o sumaria”, pero deben incluir los nombres de los

licitadores, una síntesis de sus propuestas, los criterios

que se tomaron en cuenta para adjudicar la subasta, los

defectos, si alguno, de las propuestas de los licitadores

perdidosos y la disponibilidad y el plazo para solicitar la

reconsideración

y

revisión

judicial.

Íd.,

pág.

743-744

citando a L.P.C.& D., Inc. v. A.C., 149 DPR 869, 879 (1999).34

Cabe mencionar que los requisitos que se establecieron mediante

jurisprudencia se incorporaron al Reglamento para la Administración

Municipal de 2016 de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales

(OCAM), Reg. Núm. 8873, Parte II, Sección 13 (3) (a), (b) y (c). El

34

CC-2018-0879

9

En ambos casos

devolvimos el asunto a la junta de

subastas correspondiente para que fundamentara su decisión.

Ahora

bien,

en

ninguno

se

discutió

el

efecto

de

la

notificación defectuosa -por ausencia de fundamentos- en los

términos para acudir al Tribunal de Apelaciones. Fíjese que

en ambas se advirtió el derecho a recurrir de la adjudicación.

III

En el caso de referencia el defecto en la notificación

no recayó sobre el término aplicable, la fecha desde la cual

este comenzó a transcurrir o el foro adecuado a donde se debe

acudir. Puerto Rico Asphalt no tenía duda de que debía acudir

al Tribunal de Apelaciones dentro del término jurisdiccional

de

10

días

a

partir

de

la

notificación.

Tampoco

tenía

impedimento alguno para presentar su recurso de revisión

judicial dentro de ese término ni justificó su demora.35 No

se puede perder de perspectiva que los términos en los

procesos

de

subastas

municipales

son

cortos

y

jurisdiccionales precisamente por el interés público en que

Reglamento Núm. 8873 derogó el Reglamento Núm. 7539 de 2008 de la OCAM

que también imponía los mismos requisitos en su Parte II, Sección 13.

35 No solo se le notificó correctamente el término disponible y el foro

al cual tenía que acudir, sino que Puerto Rico Asphalt está familiarizado

con los procedimientos de impugnación de adjudicación de subasta. Tomamos

conocimiento judicial de que Puerto Rico Asphalt ha presentado múltiples

recursos de revisión judicial para impugnar adjudicaciones de subastas

municipales. Algunos de estos son: Puerto Rico Asphalt, LLC v. Junta de

Subastas del Municipio de Cataño, KLRA201800455; Puerto Rico Asphalt, LLC

v. Junta de Subastas del Municipio Autónomo de Aguas Buenas,

KLRA201800334; Puerto Rico Asphalt, LLC v. Junta de Subastas del Municipio

de Río Grande, KLRA201900510; Puerto Rico Asphalt, LLC v. Junta de

Subastas del Municipio Autónomo de Aguas Buenas, KLRA201900395; Puerto

Rico Asphalt, LLC v. Junta de Subastas del Municipio de Trujillo Alto,

KLRA201800341; Puerto Rico Asphalt, LLC v. Junta de Subastas del Municipio

de Bayamón, KLRA201800275; Puerto Rico Asphalt, LLC v. Junta de Subastas

del Municipio de Comerío, KLRA201800343.

CC-2018-0879

10

la otorgación de los contratos no se demore excesivamente en

detrimento de las necesidades de los municipios.36 Resaltamos

que el Reglamento Núm. 8873 dispone que “no se formalizará

contrato

alguno

hasta

tanto

transcurran

diez

(10)

días

contados desde el depósito en el correo de la notificación

del

acuerdo

final

o

adjudicación”.

Una

vez

concluya

el

término, “el municipio otorgará el contrato escrito”. Íd.

En vista de lo anterior, resulta desacertado concluir

que Puerto Rico Asphalt no estaba sujeto a término alguno

para acudir al Tribunal de Apelaciones. La peticionaria sabía

perfectamente cuándo y dónde debía presentar su recurso para

impugnar la suficiencia del contenido de la notificación. La

omisión de una síntesis de las propuestas de los licitadores

en la notificación no puede ser justificación para acudir al

Tribunal de Apelaciones fuera del término jurisdiccional de

10 días del cual se le apercibió. A pesar de lo anterior,

acudió al foro apelativo intermedio veintisiete (27) días

después de vencido

el término.37

Por tanto, confirmaría la Sentencia del Tribunal de

Apelaciones que desestimó el recurso de revisión judicial por

falta de jurisdicción.

Incluso, la Ley de Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 4001 et seq., no

provee un trámite para solicitar reconsideración de la adjudicación de

una subasta.

37 Destacamos que Puerto Rico Asphalt casi triplicó el término que tenía

para presentar su recurso de revisión judicial ante el Tribunal de

Apelaciones.

36

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11

Por todo lo anterior, disiento.

Maite D. Oronoz Rodríguez

Jueza Presidenta