Tribunal Supremo de Puerto Rico
Puerto Rico Asphalt, LLC v. Junta de Subastas del Municipio de Naranjito
2019 TSPR 239
Poder Judicial de Puerto Rico
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Puerto Rico Asphalt, LLC v. Junta de Subastas del Municipio de Naranjito
CC-2018-879
Sentencia con Voto Particular Disidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Puerto Rico Asphalt, LLC
Peticionario
v.
Junta de Subastas del
Municipio de Naranjito
Certiorari
Recurrido
2019 TSPR 239
Professional Asphalt, LLC
Licitadora Agraciada
203 DPR ____
v.
Super Asphalt Pavement,
Corp.
Licitadora
Número del Caso:
CC-2018-879
Fecha: 23 diciembre de 2019
Tribunal de Apelaciones:
Panel I
Abogada de la parte peticionaria:
Lcda. Monique J. Díaz Mayoral
Abogada de la parte recurrida:
Lcda. Vivian González Méndez
Materia: Sentencia con Voto particular disidente.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Puerto Rico Asphalt, LLC
Peticionario
v.
Junta de Subastas del
Municipio de Naranjito
Recurrido
CC-2018-0879
Professional Asphalt, LLC
Licitadora Agraciada
v.
Super Asphalt Pavement,
Corp.
Licitadora
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de diciembre de 2019.
La
Junta
de
Subastas
del
Municipio
de
Naranjito
(Junta) adjudicó la buena pro de la subasta Núm. 1, Serie:
2017-2018 a Professional Asphalt, LLC. Puerto Rico Asphalt,
LLC (peticionario) acudió al Tribunal de Apelaciones y
solicitó la revisión de la determinación de la Junta. El
foro apelativo intermedio emitió una Sentencia mediante la
cual desestimó el recurso de revisión judicial por falta
de jurisdicción. Puerto Rico Asphalt comparece ante nos y
solicita la revisión de la Sentencia.
A continuación, exponemos los hechos que dieron origen
al recurso ante nuestra consideración.
CC-2018-0879
2
I
El 25 de abril de 2018, la Junta publicó el Aviso de
Subasta Pública Núm. 1, Serie: 2017–2018 para regir el Año
Económico 2018-2019, Renglón 1, para la adquisición de brea
líquida, hormigón asfáltico y asfalto regado y compactado
para ese municipio. La subasta se celebró el 11 de mayo de
2018.
A
esta
respectivas
comparecieron
ofertas.
Estos
tres
licitadores
fueron:
(1)
Super
con
sus
Asphalt
Pavement Corporation; (2) Professional Asphalt, LLC; y (3)
Puerto Rico Asphalt, LLC.
El 25 de mayo de 2018, la Junta se reunió para evaluar
las propuestas. Luego de justipreciar las ofertas, mediante
carta fechada el 31 de mayo de 2018, “determinó adjudicar
la BUENA PRO a la compañía Professional Asphalt, LLC[,] ya
que cumpl[ía] con todos los requisitos solicitados para la
subasta y fue el licitador que mas bajo cotizó, esto
velando
por
los
mejores
intereses
del
Municipio
de
Naranjito”.1 En la misiva, añadió la advertencia siguiente:
[c]ualquiera de los licitadores podrá solicitar
una revisión de las decisiones de la Junta de
Subastas al Tribunal Apelativo, el cual tendrá
jurisdicción exclusiva siempre y cuando se
radique dentro del término jurisdiccional de
diez (10) días a partir del archivo en autos de
esta comunicación la cual se está enviando por
correo certificado.2
Véase la carta de adjudicación final emitida y certificada por
el vicepresidente de la Junta y la secretaria municipal de Naranjito.
La información de rastreo del Servicio Postal refleja que la carta se
depositó el 31 de mayo de 2018. Apéndice de la Petición de certiorari,
págs. 1-6.
1
2
Íd.
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3
Inconforme, el 27 de junio de 2018 Puerto Rico Asphalt
presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal
de Apelaciones. En síntesis, alegó que la Junta emitió una
notificación defectuosa que carecía de una síntesis de las
propuestas de cada licitador, de los factores que la Junta
consideró para adjudicar la subasta y de una sinopsis sobre
cómo se aplicaron estos criterios con cada licitador.
Sostuvo que la Junta no consignó cómo la adjudicación a
Professional Asphalt convenía a los mejores intereses del
Municipio de Naranjito. Añadió que tampoco consideró el
hecho de que la Puerto Rico Asphalt está ubicada más cerca
del
lugar
asfalto.
en
el
que
se
depositaría
Por
lo
anterior,
afirmó
el
que
suministro
la
Junta
de
actuó
arbitraria, descuidada y caprichosamente.
El 18 de julio de 2018, el Municipio de Naranjito
presentó
una
Moción
de
desestimación
(por
falta
de
jurisdicción). Alegó que la notificación que emitió la
Junta cumplió con el debido proceso de ley de las partes,
ya que advirtió sobre los requisitos jurisprudenciales
básicos para acudir en revisión, a saber: el derecho a
procurar revisión judicial, el término para ello y la fecha
de archivo en autos de la copia de la notificación de
adjudicación. Arguyó que la parte recurrida se cruzó de
brazos
y
presentó
el
recurso
de
revisión
judicial
CC-2018-0879
4
tardíamente, por lo que procedía aplicar la doctrina de
incuria.
Luego de varios trámites procesales, el 30 de agosto
de 2018, el foro apelativo intermedio emitió una Sentencia
mediante la cual desestimó el recurso de revisión judicial
por
falta
de
jurisdicción.
Señaló
que
se
presentó
transcurridos veintisiete días desde la notificación de la
determinación
de
la
jurisdiccional
para
subasta.
presentar
Indicó
un
que
el
término
recurso
de
revisión
judicial es de diez días, según la Ley de Municipios
Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991
(Ley de Municipios Autónomos), 21 LPRA sec. 4000 et seq.
En desacuerdo con el dictamen, el 18 de octubre de
2018, Puerto Rico Asphalt acudió ante nos mediante recurso
de
certiorari.
Planteó
los
señalamientos
de
error
siguientes:
PRIMER ERROR: Erró el Honorable Tribunal de
Apelaciones en declararse sin jurisdicción por
haberse presentado el recurso 27 días desde la
notificación de la adjudicación de la Junta de
Subastas del Municipio de Naranjito porque dicha
notificación no expuso por lo menos, una síntesis
de las propuestas de cada licitador, por lo cual
es una notificación defectuosa y el término para
apelar no ha empezado a correr.
SEGUNDO ERROR: Erró el Honorable Tribunal de
Apelaciones al no evaluar si la notificación era
defectuosa, y por ende, si el término para apelar
había empezado a correr.
TERCER ERROR: Erró el Honorable Tribunal de
Apelaciones al no aplicar jurisprudencia de este
Honorable Tribunal Supremo que le es vinculante
y establece precedente.
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El
25
5
de
enero
de
2019
emitimos
una
Resolución
expidiendo el auto de certiorari solicitado.
Luego de
varios trámites procesales y de que las partes presentaran
sus respectivos alegatos, el caso quedó sometido para su
resolución. Contando con ello, procedemos a resolver.
II
La
subasta
tradicional
y
el
requerimiento
de
propuestas (request for proposal) son los dos vehículos
procesales
que
tanto
municipios
utilizan
el
para
gobierno
la
central
adquisición
como
de
los
bienes
y
servicios.3 El propósito primordial de estos es proteger
el erario público fomentando la libre y diáfana competencia
entre el mayor número de licitadores posibles.4 Con ello,
se pretende maximizar la posibilidad del Gobierno para
obtener
el
mejor
contrato,
mientras
se
protegen
los
intereses y activos del pueblo contra el dispendio, el
favoritismo, la corrupción y el descuido al otorgarse
contratos.5
En
nuestro
ordenamiento
jurídico
no
existe
una
legislación especial que regule los procesos de subasta.
Puerto Rico Eco Park v. Municipio de Yauco, 2019 TSPR 98; 201
DPR ___ (2019); R & B Power v. E.L.A., 170 DPR 606 (2007).
3
4 Íd. Véase, además, Transporte Rodríguez v. Jta. Subastas, 194
DPR 711, 716-717 (2016).
5
Íd.
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6
Corresponde a cada ente gubernamental ejercer su poder
reglamentario para establecer el procedimiento y las guías
que han de seguir en sus subastas para la adquisición de
bienes y servicios. Aunque la Ley Núm. 38-2017, conocida
como
la
Ley
de
Procedimiento
Administrativo
Uniforme
(LPAU), 3 LPRA 9601 et seq., reglamenta ciertos aspectos
de las subastas, esta legislación excluyó de la definición
de agencia a los municipios. Por lo que a estos no les
aplican las disposiciones de esta ley. A esos efectos, las
subastas que celebren los municipios quedan reguladas por
la Ley de Municipios Autónomos.
En lo atinente al caso ante nuestra consideración, el
Artículo 10.006 de la Ley de Municipios Autónomos establece
lo relativo a las funciones y deberes de la Junta y los
criterios de adjudicación que esta deberá considerar al
evaluar
las
propuestas
y
notificar
a
los
licitadores
participantes. Así, el artículo precitado dispone que la
Junta podrá adjudicar a un postor que no sea necesariamente
el más bajo o el más alto, si con ello se beneficia el
interés público. Ahora bien, adjudicada la subasta la Junta
deberá notificar a todos los licitadores “certificando el
envío de dicha adjudicación mediante correo certificado
con acuse de recibo”.6 Además, deberá notificar a los
licitadores no agraciados, las razones por las cuales no
6
21 LPRA sec. 4506.
CC-2018-0879
7
se le adjudicó la subasta.7 La notificación tiene que
apercibirles sobre el término jurisdiccional de diez días
para solicitar revisión judicial de la adjudicación ante
el Tribunal de Apelaciones de conformidad con el Artículo
15.002 de la ley.8
A tales efectos, el Artículo 15.002 preceptúa lo
siguiente:
. . . . . . . .
(2) El Tribunal de Apelaciones revisará, con
exclusividad, el acuerdo final o adjudicación de
la Junta de Subastas, el cual se notificará por
escrito y mediante copia por correo escrito
regular
y
certificado
a
la(s)
parte(s)
afectada(s). La solicitud de revisión se instará
dentro del término jurisdiccional de diez (10)
días contados desde el depósito en el correo de
la copia de la notificación del acuerdo final o
adjudicación. La notificación deberá incluir el
derecho de la(s) parte(s) afectada(s) de acudir
ante el Tribunal de Apelaciones para la revisión
judicial; término para apelar la decisión; fecha
de archivo en auto de la copia de la notificación
y a partir de qué fecha comenzará a transcurrir
el término. La competencia territorial será del
circuito regional correspondiente a la región
judicial a la que pertenece el municipio. 21 LPRA
sec. 4702.
Por otro lado, el Reglamento Núm. 8873 del 19 de
diciembre de 2016 para la Administración Municipal de 2016
(Reglamento Núm.
8873) establece las normas y las guías
administrativas para los procedimientos de subastas. En lo
relativo al aviso de adjudicación de subastas, la sección
7
Íd.
8
Íd.
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8
13 de la Parte II del Reglamento Núm. 8873 preceptúa la
obligación
del
Presidente
de
la
Junta
de
emitir
una
notificación de adjudicación o determinación final por
escrito y por correo certificado con acuse de recibo a
todos los licitadores que participaron en la subasta. En
cuanto
al
contenido
del
aviso
de
adjudicación
o
la
determinación final de subastas, el inciso (3) de esa
sección
dispone
que
la
notificación
debe
contener
la
información siguiente: a) el nombre de los licitadores; b)
una síntesis de las propuestas sometidas; c) los factores
o criterios que se tomaron en cuenta para adjudicar la
subasta y las razones para no adjudicar a los licitadores
perdidosos; d) el derecho a solicitar revisión judicial de
la
adjudicación
o
acuerdo
final,
ante
el
Tribunal
de
Apelaciones, y el término para ello, que es dentro del
término jurisdiccional de diez días contados desde el
depósito
en
el
correo
de
la
notificación
de
adjudicación; e) la fecha de archivo en auto de la copia
de la notificación y la fecha a partir de la cual comenzará
a transcurrir el término para impugnar la subasta ante el
Tribunal de Apelaciones.9
9 Los Artículos 10.006 y 15.002 de la Ley de Municipios Autónomos
disponían el término de veinte días para solicitar revisión del acuerdo
final o adjudicación de la Junta de Subastas ante el Tribunal de
Apelaciones. Como corolario de esta disposición la Sección 13, Parte
I, Capítulo VII, del Reglamento para la Administración Municipal
(Reglamento Núm. 7539 de 18 de julio de 2008) señalaba el mismo término
para impugnar. No obstante, la Ley Núm. 213-2009 enmendó ambos
artículos para reducir a diez días el término, los cuales comenzarán
a transcurrir desde el depósito en el correo de la copia de la
notificación del acuerdo final o adjudicación. Asimismo, se atemperó
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9
Cónsono
derecho
a
con
lo
cuestionar
anterior,
una
hemos
reiterado
adjudicación
o
que
el
determinación
final, mediante el mecanismo de revisión judicial, es parte
del
debido
proceso
de
ley.10
Ante
ello,
resulta
indispensable que se notifique adecuadamente a todas las
partes cobijadas por ese derecho.11 De lo contrario, si no
se
cumplen
con
estas
garantías
mínimas,
el
derecho
a
revisar la determinación de la Junta de Subastas seria
ineficaz.12 El propósito es que los licitadores perdidosos
tengan la oportunidad de solicitar revisión judicial dentro
del término jurisdiccional aplicable.13
Sobre la exigencia de fundamentar la adjudicación de
una subasta por una agencia administrativa, en L.P.C. & D,
Inc. v. A.C., 149 DPR 869, 877-888 (1999), señalamos que
“para que este Tribunal pueda cumplir con su obligación
constitucional y asegurar que el derecho a obtener la
revisión
judicial
efectivo,
es
fundamentada,
de
una
decisión
imprescindible
aunque
sea
de
de
una
agencia
sea
exigir
que
ella
esté
forma
sumaria”.14
(Énfasis
el término en el Reglamento Núm. 8873, aprobado el 19 de diciembre de
2019.
10 Puerto Rico Eco Park v. Municipio de Yauco, supra; Transporte
Rodríguez v. Jta. Subastas, supra, pág. 720; Torres Prods. v. Junta
Mun. Aguadilla, 169 DPR 886, 893 (2007); IM Winner, Inc. v. Mun. de
Guayanilla, 151 DPR 30, 37 (2000).
11
Íd.
12
IM Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, supra, pág. 38.
13
Transporte Rodríguez v. Jta. Subastas, supra, pág. 721.
14
Véase, además, RBR Const., S.E. v. A.C., 149 DPR 836 (1999).
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suplido).
10
Si
la
parte
adversamente
afectada
por
la
determinación de la agencia desconoce los fundamentos que
propiciaron
su
decisión,
“el
trámite
de
la
revisión
judicial de la determinación administrativa se convertiría
en un ejercicio fútil”.15 En ese sentido, “no basta con
informar la disponibilidad y el plazo para solicitar la
reconsideración
Además,
una
y
la
revisión”.16
notificación
(Énfasis
fundamentada
suplido).
permite
que
los
tribunales puedan “revisar efectivamente los fundamentos
para determinar si la determinación de la junta ha sido
arbitraria, caprichosa o irrazonable”, más aún en el caso
de
subastas
públicas,
en
virtud
de
las
cuales
se
desembolsan fondos públicos.17 Por ello, “[s]ólo a partir
de
la
notificación
así
requerida
es
que
comenzará
a
transcurrir el término para acudir en revisión judicial”.
(Énfasis suplido).18
Por último, es menester señalar que en Const. I.
Meléndez, S.E. v. A.C., 146 DPR 743, 750 (1998), resolvimos
que “los licitadores infructuosos en el proceso de subasta
son partes para los efectos de la revisión judicial de la
determinación
administrativa”.
En
consecuencia,
15
Íd.
16
L.P.C. & D., Inc. v. A.C., 149 DPR 869, 877 (1999).
la
Véase, J.A. Echevarría Vargas, Derecho Administrativo
Puertorriqueño, 4ta ed. rev., Puerto Rico, 2017, pág. 297. Véanse,
además, Transporte Rodríguez v. Jta. Subasta, supra, pág. 721; L.P.C.
& D., Inc. v. A.C., supra, pág. 879.
17
18 Puerto Rico Eco Park v. Municipio de Yauco, supra; IM Winner,
Inc. v. Mun. de Guayanilla, supra, pág. 38.
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11
notificación a estos “es de carácter jurisdiccional y debe
hacerse
a
la
agencia
a
todas
las
partes
procedimiento
administrativo
dentro
del
término
solicitar
revisión
la
y
judicial”.19
(Énfasis
en
el
para
en
el
original). El incumplimiento con lo anterior priva de
jurisdicción al tribunal para atender los méritos del
recurso de revisión.20 En otros términos, para cumplir con
ese requisito jurisdiccional, es necesario que las partes
conozcan las direcciones de los licitadores participantes
y de la Junta. Así, podrán notificar una copia del escrito
de revisión judicial, si deciden ejercer ese derecho.
Al igual que las órdenes y las sentencias de los
tribunales, así como las determinaciones de las agencias
administrativas, la correcta y oportuna notificación de
una adjudicación de una Junta de Subastas es un requisito
sine qua non de un ordenado sistema judicial.21 Su omisión,
además
de
crear
demoras
e
judicial,
puede
conllevar
impedimentos
graves
en
el
proceso
consecuencias.22
Una
notificación defectuosa puede tener el efecto irremediable
de
afectar
el
derecho
de
adjudicación
de
subasta;
jurisdicción
al
foro
una
parte
también
revisor
para
el
a
cuestionar
la
de
de
entender
privar
el
asunto
19
Const. I. Meléndez, S.E. v. A.C, 146 DPR 743, 748 (1998).
20
Íd.
21
Íd.
22
Íd.
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12
impugnado.23 Si la notificación en cuestión adolece de los
requisitos
establecidos
por
la
legislación
y
reglamentación procede devolver el asunto para que se emita
una notificación que cumpla con ello.24
III
De un examen de la carta que envió el Vicepresidente
de
la
Junta
de
Subastas
del
Municipio
de
Naranjito,
mediante la cual notificó la adjudicación de subasta a
favor de Professional Asphalt, surge lo siguiente: (1) el
nombre de los licitadores, (2) el hecho de que Professional
Asphalt fue el licitador que más bajó cotizó y (3) el
término para acudir en revisión judicial ante el Tribunal
de Apelaciones. No obstante, la notificación carece de una
síntesis de las propuestas sometidas, de los factores o
criterios que consideró la Junta para adjudicar la subasta
y las razones o los defectos, si alguno, de los licitadores
perdidosos, según lo dispone el Reglamento Núm. 8873. La
notificación
licitadores
tampoco
contiene
participantes
ni
las
de
procedimiento administrativo⎯.
la
direcciones
Junta
de
los
⎯partes
del
Como señaláramos, esto
último permite a cualquier licitador infructuoso, si decide
ejercer el derecho de revisión judicial, cumplir con el
23 Véanse Puerto Rico Eco Park v. Municipio de Yauco, supra; IM
Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, supra, pág. 38.
24
L.P.C. & D, Inc. v. A.C., supra.
CC-2018-0879
13
requisito jurisdiccional de notificar una copia del recurso
a todas las partes, conforme a lo resuelto en Const. I.
Meléndez, S.E. v. A.C., supra.25
A la luz de lo anterior, es forzoso concluir que el
contenido de la notificación de adjudicación que emitió la
Junta es insuficiente para cumplir con el estándar de
adecuacidad establecido por nuestro ordenamiento jurídico.
La notificación que emitió la Junta afectó el derecho de
las
partes
perjudicadas
a
cuestionar
la
subasta
y
la
facultad de los tribunales de revisar la razonabilidad de
la determinación que emitió la Junta. En consecuencia, ante
una notificación defectuosa el término para acudir en
revisión judicial no comenzó a transcurrir.
Aclaramos que, si bien hay situaciones en que la
inacción de una parte pudiese impedir que se provea el
remedio solicitado, hemos expresado que la aplicación de
la doctrina de incuria no opera automáticamente por el mero
transcurso del tiempo.26 Su empleo requiere considerar los
factores siguientes: (1) si existe alguna justificación
para la demora; (2) el perjuicio que esta acarrea; (3) el
efecto
sobre
los
intereses
involucrados.27
Así,
señalamos
privados
que
“[l]a
o
públicos
evaluación
de
25 En el caso de autos, Puerto Rico Asphalt, LLC cumplió con este
requisito.
26
Véase Alonso Piñero v. UNDARE, Inc., 199 DPR 32, 54 (2017).
Íd., citando a Consejo de Titulares v. Ramos Vázquez, 186 DPR
311, 341 (2012); Comisión Ciudadanos v. G.P. Property, 173 DPR 998,
27
CC-2018-0879
estos
14
factores
es
primordial
al
resolver
conforme
a
equidad”.28 Por lo tanto, su aplicación dependerá de la
situación específica que presente cada caso.
Al
considerar
cada
uno
de
estos
factores
en
su
totalidad, entendemos que en el caso ante nos no existe un
grado de dejadez que cause un perjuicio indebido a la Junta
de Subastas del Municipio de Naranjito. Por el contrario,
la interpretación sugerida por la disidencia fomentaría un
posible
perjuicio
administración
al
interés
pública,
puesto
público
que
y
una
a
la
sana
notificación
inoficiosa serviría de escudo a entes que manejan fondos
públicos para desalentar, consciente o inconscientemente,
que
se
pueda
acudir
determinaciones
informadamente
a
administrativas
cuestionar
de
las
subastas.
Indistintamente de los méritos de la reclamación de la
parte peticionaria, no es un remedio en equidad penalizarla
por un acto municipal de nulidad que, fácilmente, puede
corregirse mediante la notificación conforme al mandato
legislativo.
Entre ese acto sencillo y el grave perjuicio
que ocasionaría para el peticionario, como propone la
disidencia, la balanza debe inclinarse a favor de revocar
el dictamen del Tribunal de Apelaciones.
IV
1020 (2008); Srio. D.A.C.O. v. J. Condóminos C. Martí, 121 DPR 807,
822 (1988).
28
Alonso Piñero v. UNDARE, Inc., supra.
CC-2018-0879
Por
sentencia
los
15
fundamentos
emitida
por
el
enunciados,
Tribunal
de
revocamos
la
Apelaciones.
Se
devuelve el caso a la Junta de Subastas del Municipio de
Naranjito para que emita una notificación adecuada conforme
con lo aquí resuelto. Una vez esta se emita, la parte
adversamente
afectada
podrá,
de
entenderlo
pertinente,
presentar un nuevo recurso de revisión.
Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaría
del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez
emitió un Voto Particular Disidente al cual se unió la Juez
Asociada señora Rodríguez Rodríguez.
Sonnya Isabel Ramos Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo Interina
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Puerto Rico Asphalt, LLC
Peticionaria
CC-2018-0879
v.
Junta de Subastas del Municipio
de Naranjito y otros
Recurrida
La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió un Voto Particular
Disidente, al cual se une la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez.
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de diciembre de 2019.
Aunque la notificación que se impugnó en el caso de
referencia no fue adecuada debido a que no incluyó una
síntesis de las propuestas de los licitadores, disiento del
proceder mayoritario. Ante una notificación defectuosa, no
se puede descartar automáticamente el término que aplica para
presentar un recurso de revisión judicial. En este caso, la
peticionaria esperó veintisiete (27) días para presentar su
recurso ante el Tribunal de Apelaciones, aun cuando la Junta
de Subastas del Municipio de Naranjito le apercibió que debía
instar
su
recurso
de
revisión
dentro
del
término
jurisdiccional de diez (10) días a partir de la notificación
de la adjudicación.
CC-2018-0879
2
I
Los hechos de este caso son sencillos y la controversia
es recurrente en los procesos de subasta. Puerto Rico Asphalt,
LLC
(peticionario)
es
un
licitador
perdidoso
que
desea
impugnar la adjudicación de una subasta para la adquisición
de brea, hormigón y asfalto. El 31 de mayo de 2018, la Junta
de Subastas del Municipio de Naranjito (Junta de Subastas)
emitió una notificación en la cual se limitó a expresar que
evaluó las propuestas de los tres licitadores (Super Asphalt
Pavement Corporation, Professional Asphalt, LLC y Puerto Rico
Asphalt, LLC), que los tres cumplieron con los requisitos que
solicitó el Municipio y que decidió adjudicar la buena pro a
Professional Asphalt, LLC, “ya que cumple con todos los
requisitos solicitados para la subasta y fue el licitador que
más bajo cotizó, esto velando por los mejores intereses del
Municipio de Naranjito”.29 En la notificación se le advirtió
a los licitadores que podían solicitar la revisión de la
decisión
de
la
Junta
de
Subastas
ante
el
Tribunal
de
Apelaciones “siempre y cuando se radique dentro del término
jurisdiccional de (10) diez días a partir del archivo en autos
de esta comunicación la cual se está enviando por correo
certificado”.30
Puerto Rico Asphalt acudió al Tribunal de Apelaciones
el 27 de junio de 2018. Es decir, en vez de acudir dentro del
término apercibido, Puerto Rico Asphalt, se demoró 17 días
29
30
Carta de adjudicación de la subasta, Apéndice, pág. 1.
Íd.
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3
adicionales. La Junta de Subastas solicitó oportunamente la
desestimación del recurso de revisión judicial por falta de
jurisdicción.
Arguyó
que
“cruzarse
brazos
ante
de
Puerto
la
Rico
Asphalt
expectativa
de
no
que
podía
una
notificación fue inadecuada y pretender entonces la revisión
de un dictamen fuera del término jurisdiccional provisto para
ello”.31 Puerto Rico Asphalt se opuso a la desestimación y
arguyó que no se le podía oponer el término jurisdiccional de
diez (10) días debido a que la notificación que emitió la
Junta de Subastas fue defectuosa. Según la peticionaria, los
defectos consistían en la ausencia de una síntesis de las
propuestas de los licitadores y de una explicación de los
factores que se tomaron en consideración para adjudicar la
buena pro.
El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por
falta de jurisdicción. Reconoció que, si una notificación
adolece de alguno de los requisitos mínimos que establecen la
Ley de Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 4001 et seq, y la
jurisprudencia de este Tribunal, procede devolver el caso
para que se emita una notificación adecuada.32 No obstante,
también razonó que la presentación tardía del recurso le privó
de jurisdicción.33
Moción de desestimación ante el Tribunal de Apelaciones, Apéndice, pág.
58.
32 Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Apéndice, págs. 77-80.
33 Íd.
31
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4
II
Esta no es la primera ocasión en que este Tribunal se
enfrenta
a
una
controversia
sobre
el
efecto
de
una
notificación defectuosa en los términos para presentar un
recurso
de
revisión
judicial.
Ahora
bien,
cuando
hemos
atendido ese asunto el defecto recaía en el término aplicable,
el foro al cual se debió acudir o cualquier información
indispensable
para
ejercer
el
derecho
de
revisión
oportunamente (por ejemplo, la fecha de depósito en el correo
de copia de la notificación de la adjudicación). En esos
casos, en los cuales el defecto afectó la dimensión procesal
del trámite de revisión, consistentemente hemos resuelto que,
si bien los términos no comienzan a decursar, procede evaluar
la aplicabilidad de la doctrina de incuria.
Por otro lado, al enfrentarnos a un defecto que recae en
la sustancia y el mérito de la adjudicación, no hemos tenido
que evaluar si la parte acudió oportunamente al foro revisor.
Por tal razón, no nos hemos expresado sobre el efecto de una
notificación que, aunque advierte adecuadamente el término y
el foro a recurrir, no cumple con los requisitos sustantivos
para que el licitador perdidoso pueda cuestionar válidamente
los fundamentos del municipio para la adjudicación. Veamos.
A. Defectos procesales: cuando falta información necesaria
para acudir oportunamente al Tribunal de Apelaciones
La
doctrina
de
incuria
consiste
en
“la
dejadez
o
negligencia de un derecho, la cual opera en conjunto con el
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transcurso
del
5
tiempo
y
otras
circunstancias
que
causan
perjuicio a la parte adversa”. IM Winner, Inc. v. Junta de
Subastas del Gobierno Municipal de Guayanilla, 151 DPR 30, 39
(2000). En IM Winner, Inc. v. Junta de Subastas del Gobierno
Municipal de Guayanilla, supra, se cuestionó la notificación
de la adjudicación de una subasta municipal porque no se
advirtió a las partes su derecho a la revisión judicial, el
término disponible para hacerlo y la fecha del archivo en
autos de copia de la notificación de la adjudicación. En ese
entonces reiteramos que “si bien una notificación defectuosa
impide que decurse el término para acudir en revisión, el
término
dentro
correspondiente
del
cual
deberá
interponerse
el
recurso
quedará
sujeto
a
de
la
doctrina
incuria”. Íd., pág. 39; Véanse Rivera v. Depto. De Servicios
Sociales, 132 DPR 240, 247 (1992); Digna E. García Tronocoso
v. Administración del Derecho al Trabajo, 108 DPR 53 (1978).
Al aplicar la doctrina de incuria, determinamos que no existía
evidencia de que IM Winner actuó de forma negligente en su
reclamo pues acudió apenas tres (3) días de vencido el término
para acudir en revisión. Íd., pág. 41. Por tanto, devolvimos
el caso al Tribunal de Apelaciones para su consideración en
los méritos.
En Molini Gronau v. Corp. P.R. Dif. Púb., 179 DPR 674,
687 (2010) indicamos, de forma similar, que “si una parte no
ha sido notificada adecuadamente de su derecho de revisión
(…) no se le pueden oponer los términos para recurrir [;]
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6
[n]o obstante, (…) estará sujeta a la doctrina de incuria”.
(Énfasis suplido.) De igual forma, en Horizon v. JTA Revisora,
RA Holdings, 191 DPR 228, 235 (2014) expresamos que “a una
parte que no fue notificada adecuadamente de su derecho de
revisión, no se le pueden oponer los términos para recurrir”.
(Énfasis suplido.)
En cambio, “se le debe conceder tiempo a
la parte perjudicada para que ejerza su derecho de revisión
judicial como corresponde o atender el recurso de revisión
judicial, siempre que no haya mediado incuria”. Íd., pág.
236. En ese caso, la notificación indicaba incorrectamente
que la parte afectada debía acudir dentro de un término de
treinta (30) días ante el Tribunal Supremo, cuando el foro
correcto
era
el
Tribunal
de
Apelaciones.
El
recurrente
presentó su recurso ante este Tribunal el último día dentro
del término. En vista de lo anterior, concluimos que no hubo
incuria y ordenamos la transferencia del caso al Tribunal de
Apelaciones. Íd., pág. 242.
Más recientemente, en Puerto Rico Eco Park, Inc. v.
Municipio de Yauco, 202 DPR ___ (2019), 2019 TSPR 98, nos
enfrentamos a una notificación de una adjudicación de una
subasta municipal que no incluyó la fecha de archivo en autos
de copia de la notificación ni advirtió que a partir de esa
fecha comenzó a transcurrir el término para acudir al Tribunal
de Apelaciones. En esa ocasión, devolvimos el caso al foro
apelativo intermedio para su consideración en los méritos
debido a “la ausencia clara de que haya mediado incuria”. Al
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igual que en IM Winner, el recurrente acudió al foro apelativo
intermedio tres (3) días después de vencido el término.
B. Defectos sustantivos: cuando la notificación adolece
de elementos necesarios para cuestionar la adjudicación
en los méritos
El
defecto
información
en
esencial
la
e
notificación
no
indispensable
siempre
para
recae
en
presentar
un
recurso de revisión judicial oportunamente, como sería el
término para presentar el recurso y la fecha en que este
comienza o el foro en el cual se debe presentar. En ocasiones,
como aquí ocurre, el defecto recae en el contenido sustantivo.
En estos casos, la notificación también es defectuosa porque
impide al licitador perdidoso cuestionar los fundamentos del
municipio
(o
la
agencia,
de
ser
ese
el
caso)
para
la
adjudicación y argumentar por qué erró en su selección. No
obstante,
en
estas
circunstancias,
las
partes
sí
fueron
debidamente notificadas del término aplicable y el foro al
cual deben acudir, precisamente para reclamar los defectos en
la notificación.
En L.P.C.& D., Inc. v. A.C., 149 DPR 869 (1999), la Junta
de Subastas de la Autoridad de Carreteras y Transportación
notificó una adjudicación de subasta en la cual advirtió la
disponibilidad y el término para solicitar reconsideración,
pero
no
fundamentó
su
determinación.
Razonamos
que
la
determinación de la agencia administrativa tiene que estar
fundamentada, pues una parte necesita conocer los motivos de
la agencia para poder ejercer su derecho a la revisión
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judicial. Íd., págs. 877-878. Por primera vez indicamos que
la notificación -aunque sea de forma sumaria y sucinta- debe
incluir:
los nombres de los licitadores en la subasta y una
síntesis de sus propuestas; los factores o
criterios que se tomaron en cuenta para adjudicar
la subasta; los defectos, si alguno, que tuvieran
las propuestas de los licitadores perdidosos y la
disponibilidad y el plazo para solicitar la
reconsideración y la revisión judicial. Íd.,
pág. 879.
Posteriormente, en Punta Arenas Concrete, Inc. v. Junta
de Subastas, 153 DPR 733 (2001), el Municipio de Hormigueros
advirtió
el
derecho
de
las
partes
a
solicitar
revisión
judicial en la notificación de la adjudicación de la subasta,
pero no fundamentó su decisión. Resolvimos que el debido
proceso de ley exige una adjudicación fundamentada, pues de
esa forma los tribunales pueden revisar si la decisión fue
arbitraria,
caprichosa
o
irrazonable.
Íd.,
pág.
742.
Reiteramos que los fundamentos se pueden exponer “de manera
breve o sumaria”, pero deben incluir los nombres de los
licitadores, una síntesis de sus propuestas, los criterios
que se tomaron en cuenta para adjudicar la subasta, los
defectos, si alguno, de las propuestas de los licitadores
perdidosos y la disponibilidad y el plazo para solicitar la
reconsideración
y
revisión
judicial.
Íd.,
pág.
743-744
citando a L.P.C.& D., Inc. v. A.C., 149 DPR 869, 879 (1999).34
Cabe mencionar que los requisitos que se establecieron mediante
jurisprudencia se incorporaron al Reglamento para la Administración
Municipal de 2016 de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales
(OCAM), Reg. Núm. 8873, Parte II, Sección 13 (3) (a), (b) y (c). El
34
CC-2018-0879
9
En ambos casos
devolvimos el asunto a la junta de
subastas correspondiente para que fundamentara su decisión.
Ahora
bien,
en
ninguno
se
discutió
el
efecto
de
la
notificación defectuosa -por ausencia de fundamentos- en los
términos para acudir al Tribunal de Apelaciones. Fíjese que
en ambas se advirtió el derecho a recurrir de la adjudicación.
III
En el caso de referencia el defecto en la notificación
no recayó sobre el término aplicable, la fecha desde la cual
este comenzó a transcurrir o el foro adecuado a donde se debe
acudir. Puerto Rico Asphalt no tenía duda de que debía acudir
al Tribunal de Apelaciones dentro del término jurisdiccional
de
10
días
a
partir
de
la
notificación.
Tampoco
tenía
impedimento alguno para presentar su recurso de revisión
judicial dentro de ese término ni justificó su demora.35 No
se puede perder de perspectiva que los términos en los
procesos
de
subastas
municipales
son
cortos
y
jurisdiccionales precisamente por el interés público en que
Reglamento Núm. 8873 derogó el Reglamento Núm. 7539 de 2008 de la OCAM
que también imponía los mismos requisitos en su Parte II, Sección 13.
35 No solo se le notificó correctamente el término disponible y el foro
al cual tenía que acudir, sino que Puerto Rico Asphalt está familiarizado
con los procedimientos de impugnación de adjudicación de subasta. Tomamos
conocimiento judicial de que Puerto Rico Asphalt ha presentado múltiples
recursos de revisión judicial para impugnar adjudicaciones de subastas
municipales. Algunos de estos son: Puerto Rico Asphalt, LLC v. Junta de
Subastas del Municipio de Cataño, KLRA201800455; Puerto Rico Asphalt, LLC
v. Junta de Subastas del Municipio Autónomo de Aguas Buenas,
KLRA201800334; Puerto Rico Asphalt, LLC v. Junta de Subastas del Municipio
de Río Grande, KLRA201900510; Puerto Rico Asphalt, LLC v. Junta de
Subastas del Municipio Autónomo de Aguas Buenas, KLRA201900395; Puerto
Rico Asphalt, LLC v. Junta de Subastas del Municipio de Trujillo Alto,
KLRA201800341; Puerto Rico Asphalt, LLC v. Junta de Subastas del Municipio
de Bayamón, KLRA201800275; Puerto Rico Asphalt, LLC v. Junta de Subastas
del Municipio de Comerío, KLRA201800343.
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la otorgación de los contratos no se demore excesivamente en
detrimento de las necesidades de los municipios.36 Resaltamos
que el Reglamento Núm. 8873 dispone que “no se formalizará
contrato
alguno
hasta
tanto
transcurran
diez
(10)
días
contados desde el depósito en el correo de la notificación
del
acuerdo
final
o
adjudicación”.
Una
vez
concluya
el
término, “el municipio otorgará el contrato escrito”. Íd.
En vista de lo anterior, resulta desacertado concluir
que Puerto Rico Asphalt no estaba sujeto a término alguno
para acudir al Tribunal de Apelaciones. La peticionaria sabía
perfectamente cuándo y dónde debía presentar su recurso para
impugnar la suficiencia del contenido de la notificación. La
omisión de una síntesis de las propuestas de los licitadores
en la notificación no puede ser justificación para acudir al
Tribunal de Apelaciones fuera del término jurisdiccional de
10 días del cual se le apercibió. A pesar de lo anterior,
acudió al foro apelativo intermedio veintisiete (27) días
después de vencido
el término.37
Por tanto, confirmaría la Sentencia del Tribunal de
Apelaciones que desestimó el recurso de revisión judicial por
falta de jurisdicción.
Incluso, la Ley de Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 4001 et seq., no
provee un trámite para solicitar reconsideración de la adjudicación de
una subasta.
37 Destacamos que Puerto Rico Asphalt casi triplicó el término que tenía
para presentar su recurso de revisión judicial ante el Tribunal de
Apelaciones.
36
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11
Por todo lo anterior, disiento.
Maite D. Oronoz Rodríguez
Jueza Presidenta