LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Rosa N. Plaza Acevedo

2019 TSPR 230

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Rosa N. Plaza Acevedo

TS-13,992

Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría por incumplir con los requerimientos del Programa de Educación Jurídica Continua y los de la Oficina de Inspección de Notarías, así como no acatar las órdenes del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2019 TSPR 230

203 DPR _____

Rosa N. Plaza Acevedo

Número del Caso:

Fecha:

TS-13,992

27 de noviembre de 2019

Lcda. Rosa N. Plaza Acevedo:

Por derecho propio

Oficina de Inspección de Notarías:

Lcdo. Manuel E. Ávila de Jesús

Materia: La suspensión será efectiva el 9 de diciembre de 2019, fecha

en que se le notificó a la abogada de su suspensión inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación

y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución

electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

Rosa N. Plaza Acevedo

TS-13,992

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de noviembre de 2019.

En esta ocasión, nos corresponde ejercer nuevamente

nuestro

poder

profesión

disciplinario

jurídica

por

contra

incumplir

un

con

miembro

los

de

requisitos

la

y

requerimientos del Programa de Educación Jurídica Continua

(PEJC o el Programa), con los de la Oficina de Inspección

de Notarías (ODIN) y por no acatar las órdenes de este

Tribunal. Por los fundamentos que enunciamos a continuación

suspendemos inmediata e indefinidamente del ejercicio de la

abogacía y de la práctica de la notaría a la Lcda. Rosa N.

Plaza Acevedo.

I

La licenciada Plaza Acevedo fue admitida al ejercicio

de la abogacía el 30 de enero de 2002 y prestó juramento

como notaria el 9 de abril del mismo año.1

El 16 de junio de 2017, este Tribunal estableció un

periodo

de

exoneración,

dirigido

a

los

miembros

de

la

1 El 21 de junio de 2019 ordenamos la incautación preventiva de

la obra protocolar y sello notarial de la abogada.

TS-13,992

2

profesión legal, para el pago de multas por cumplimiento

tardío con el Reglamento del PEJC que se extendió desde el

1 de julio de 2017 hasta el 30 de junio de 2018.2 Una vez

culminó el periodo, el PEJC inició una evaluación con el

propósito de referir a este Tribunal a los abogados y las

abogadas que aún estaban en incumplimiento.3 A esos efectos,

en diciembre de 2018 el PEJC nos refirió una gran cantidad

de profesionales del Derecho que habían incumplido con los

periodos que comenzaron desde el 1 de febrero de 2011 al 1

de junio de 2013 y cuya fecha de vencimiento fue entre el

31 de enero de 2013 al 31 de mayo de 2015.

Específicamente, el 13 de diciembre de 2018, la Lcda.

María

C.

Molinelli

González,

Directora

del

Programa,

presentó un Informe sobre incumplimiento con el requisito

de educación jurídica continua. Advirtió que la licenciada

Plaza Acevedo fue uno de los profesionales del Derecho que

incumplió con los requisitos reglamentarios para el periodo

de 1 de diciembre de 2011 al 30 de noviembre de 2013. Sostuvo

que esta no compareció ante el PEJC cuando se le requirió y

que debía $50 de multa por cumplimiento tardío y $100 por

el referido que se le impuso conforme a la Regla 32 (D) del

Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua.4

In re Exoneración Multas Reglamento PEJC, 198 DPR 430 (2017).

Ello, luego de notificarles, oportunamente; darles la

oportunidad de ser oídos y de facilitarles, por distintos medios, el

cumplimiento con los requerimientos del Programa.

4 In re Aprobación Reglamento PEJC, 198 DPR 254 (2017). La Regla

32 (D) del Reglamento del PEJC dispone que

2

3

[c]uando la Junta determine referir al o a la profesional

del Derecho al Tribunal Supremo, podrá imponerle una multa

TS-13,992

3

El 9 de enero de 2019 emitimos una Resolución mediante

la cual concedimos a la licenciada Plaza Acevedo un término

de veinte días para que mostrara causa por la cual no se le

debía suspender del ejercicio de la profesión por incumplir

con los requisitos del PEJC y por no comparecer cuando se

le requirió.

El 7 de febrero de 2019 la abogada contestó nuestro

requerimiento

trámite

y

solicitó

requerido

y

un

término

acreditar

el

para

completar

cumplimiento

con

el

los

requerimientos del PEJC. El 11 de marzo de 2019 emitimos una

Resolución mediante la cual concedimos un término de veinte

días para presentar la certificación de cumplimiento emitida

por el Programa. El 5 de abril de 2019 la letrada compareció

nuevamente y solicitó un término adicional. El 14 de mayo

de 2019 concedimos un término adicional de quince días para

que cumpliera con nuestra Resolución del 11 de marzo de

2019. Desde entonces, han transcurrido seis meses sin que

la licenciada Plaza Acevedo haya acreditado el cumplimiento

con nuestras órdenes.

Por otro lado, el 13 de junio de 2019 el Lcdo. Manuel

E. Ávila De Jesús, Director de la ODIN, presentó un Informe

especial

sobre

deficiencias

incumplimiento

notificadas,

en

la

solicitando

corrección

de

incautación

de $100. Esta multa será adicional a la dispuesta en la

Regla 30(E) de este Reglamento. El cumplimiento con las

horas créditos requeridas luego de haberse referido el

asunto al Tribunal Supremo no exime al o a la profesional

del Derecho del pago de esta multa.

TS-13,992

4

preventiva de obra protocolar y en solicitud de remedios.

Informó que, como resultado de la presentación de una queja

contra la licenciada Plaza Acevedo, citó a la abogada para

que compareciera a examinar su obra protocolar. Así, el 4

de enero de 2019 esta se presentó a las oficinas de la ODIN

y

se

realizó

la

inspección

correspondiente.

Subsiguientemente, la Inspectora de Protocolos a cargo del

proceso le hizo entrega de un Informe de señalamientos

preliminares. La Inspectora y la letrada acordaron que se

reunirían

para

una

reinspección

final

de

la

obra.

No

obstante, la abogada no compareció ni remitió comunicación

formal

para

excusarse

o

solicitar

reprogramación

de

la

reunión.

Posteriormente, la Inspectora logró comunicarse con la

notaria y señaló una nueva fecha de reunión. Sin embargo,

la

licenciada

Plaza

Acevedo

se

ausentó

y

no

remitió

comunicación para excusarse. Así las cosas, el 16 de abril

de 2019 el Director de la ODIN envió por correo regular, a

la dirección de la notaria que consta en el Registro Único

de Abogados y Abogadas, un Informe de deficiencias de obra

notarial de la Lcda. Rosa [N.] Plaza [Acevedo] (Notario Núm.

13992), a tenor con la Regla 77(k) del reglamento notarial

suscrito

por

la

Inspectora

de

Protocolos,

el

cual

le

adelantó por correo electrónico. Entre otros asuntos, hizo

constar

que

aún

subsistían

ciertas

deficiencias

de

naturaleza sustantiva y una deficiencia arancelaria estimada

TS-13,992

5

de $132. Concedió quince días a la letrada para que expresara

su posición y fundamentara cualquier objeción. Además, le

apercibió que de incumplir con el requerimiento presentaría

el informe ante este Tribunal. El término venció el 3 de

mayo

de

2019

sin

que

la

licenciada

respondiera

la

comunicación.

A pesar de lo anterior, el Director de ODIN le cursó

otra comunicación concediéndole una segunda oportunidad para

comparecer y reaccionar al escrito, estableciendo como fecha

límite el 24 de mayo de 2019. A pesar de que le hizo el

mismo apercibimiento, la notaria incumplió con el segundo

requerimiento. Ante ello, el Director de ODIN solicitó la

incautación preventiva de la obra protocolar y el sello

notarial de la abogada y nos solicitó que le concediéramos

un término final e improrrogable de treinta días calendario,

a

partir

de

la

correspondiente

resolución,

para

que

atendiera el proceso de subsanación de la obra protocolar

para

los

años

señalamientos

naturales

2014

realizados

en

junio

2019

al

su

2017,

Libro

incluyendo

de

Registro

los

de

Testimonios.

El

21

de

de

ordenamos

la

incautación

preventiva de la obra protocolar y el sello notarial de la

licenciada Plaza Acevedo y concedimos un término final e

improrrogable

de

treinta

días

para

que

subsanara

las

deficiencias señaladas y pagara la deuda arancelaria. En la

resolución le apercibimos que el incumplimiento con nuestra

TS-13,992

6

orden podría conllevar sanciones disciplinarias severas,

incluso la suspensión del ejercicio de la profesión.

El

30

de

julio

de

2019,

el

Director

de

la

ODIN

compareció mediante Moción notificando incumplimiento de

orden y en solicitud de remedios. En síntesis, informó que

la abogada no había comparecido ni se había comunicado para

atender los señalamientos notificados en junio de 2019.

Señaló

que

tampoco

había

coordinado

una

reunión

de

orientación para atender el asunto. Advirtió que el 24 de

junio de 2019 la abogada envió un correo electrónico con un

escrito

titulado

señaladas

y

Solicitud

para

de

arancelaria.

pago

deuda

subsanar

deficiencias

No

obstante,

puntualizó que la Secretaría de este Tribunal le confirmó

que el documento no se había presentado para su registro y

despacho.

Ante ello, solicitó que le concediéramos un

término final e improrrogable de quince días calendario, a

partir de la correspondiente resolución, para cumplir con

lo que ordenamos en la Resolución de 21 de junio de 2019.

Asimismo, requirió que evaluáramos si procedía suspender a

la licenciada de la práctica de la notaría. El 9 de agosto

de 2019 emitimos una Resolución mediante la cual concedimos

un

término

final

e

improrrogable

de

quince

días

a

la

licenciada Plaza Acevedo para que mostrara causa por la cual

no debía ser suspendida de la práctica de la abogacía por

incumplir

con

nuestra

orden.

Le

apercibimos

que

el

incumplimiento con la orden podría acarrear la imposición

TS-13,992

7

de sanciones severas, incluyendo la suspensión inmediata e

indefinida del ejercicio de la profesión.

El

26

Solicitud

de

para

arancelaria.

agosto

de

subsanar

Señaló

que

2019

la

letrada

presentó

deficiencias

y

pago

su

en

contestar

dilación

de

una

deuda

las

notificaciones enviadas por la ODIN se debió a situaciones

personales y familiares. Adujo que la deuda arancelaria que

tenía pendiente fue adherida a su obra notarial en una

reunión

que

sostuvo

con

la

Inspectora

de

protocolos.

Finalmente, informó que coordinó una reunión para subsanar

los señalamientos de su obra notarial.

El 11 de septiembre de 2019 el Director de la ODIN

compareció

mediante

Moción

reiterando

incumplimiento

de

orden y en solicitud de remedios. Señaló que, contrario a

lo

expresado

por

la

letrada,

esta

aún

mantenía

una

deficiencia arancelaria de $126.50; que no había subsanado

los señalamientos de naturaleza sustantiva originalmente

notificados en el mes de abril de 2019 ni había cumplido con

su proceso de encuadernación. Puntualizó que la licenciada

Plaza

Acevedo

tampoco

había

entregado

dos

instrumentos

públicos al momento de incautar su obra protocolar. Por

consiguiente, indicó que la abogada tendrá que encaminar un

proceso de reconstrucción de la obra protocolar extraviada.

El 20 de septiembre de 2019 concedimos un término

perentorio

de

treinta

días

calendario,

a

partir

de

la

notificación de la resolución, para que la licenciada Plaza

TS-13,992

8

Acevedo subsanara la totalidad de las deficiencias señaladas

en su obra protocolar incautada, incluyendo el pago de

$126.50, correspondiente a la deficiencia arancelaria. En

la

resolución

le

apercibimos

que

no

concederíamos

más

prórrogas y que el incumplimiento con esta orden acarrearía,

entre otras sanciones disciplinarias, la suspensión de la

práctica de la abogacía y, por consiguiente, de la notaría.

Le advertimos, además, que de no acatar la orden respecto

al pago de la deuda arancelaria el asunto se referiría al

Departamento

de

Justicia

para

la

investigación

correspondiente.

El 23 de octubre de 2019 el Director de la ODIN presentó

una Segunda moción reiterando incumplimiento de orden y

solicitud

de

remedios.

En

síntesis,

informó

que

la

licenciada Plaza Acevedo no había completado el proceso de

subsanación

ni

se

había

comunicado

para

coordinar

una

reunión. Señaló que aún subsisten en su obra protocolar los

señalamientos

de

naturaleza

sustantiva,

así

como

la

deficiencia arancelaria de $126.50 que impiden la aprobación

de la obra protocolar.

Debemos advertir que al momento de emitir esta Opinión

per curiam y Sentencia la licenciada Plaza Acevedo tampoco

ha comparecido ante este tribunal ni ha presentado justa

causa por su incomparecencia.

II

TS-13,992

9

Tenemos el poder inherente de regular la profesión

legal en Puerto Rico y, por consiguiente, nos corresponde

asegurar que los miembros admitidos a la práctica de la

abogacía

y

la

notaría

ejerzan

sus

funciones

de

manera

responsable, competente y diligente.5 El Código de Ética

Profesional es el cuerpo de normas mínimas que rige los

principios éticos y la conducta que deben desplegar los

abogados y las abogadas que ejercen tan ilustre profesión.

En el ejercicio de la profesión jurídica todo abogado

y toda abogada tiene el deber de realizar “esfuerzos para

lograr y mantener un alto grado de excelencia y competencia

en su profesión a través del estudio y la participación en

programas educativos de mejoramiento profesional”.6 Con ese

propósito, este Tribunal adoptó el Reglamento de Educación

Jurídica Continua, 4 LPRA Ap. XVII–D, según enmendado, y el

Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua,

supra. A través del Reglamento del Programa, se les requiere

a los miembros de la profesión legal cumplir con ciertas

horas

créditos

en

educación

jurídica

continua.

Específicamente, los abogados y las abogadas deben tomar,

por

lo

menos,

veinticuatro

horas

crédito

de

educación

jurídica continua en un periodo de tres años.7 Ello, con el

propósito de que toda persona que solicite sus servicios

In re Santiago Méndez, 201 DPR 436, 442 (2018); In re Marín

Serrano, 197 DPR 535, 539 (2017); In re Oyola Torres, 195 DPR 437, 440

(2016); In re Vera Vélez, 192 DPR 216, 226 (2015).

6 Canon 2 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX.

7 Véase Regla 6 del Reglamento de Educación Jurídica Continua y

la Regla 28 del Reglamento del PEJC.

5

TS-13,992

10

pueda contar con una representación legal adecuada. Aquel

togado que no completa veinticuatro horas crédito en un

periodo de tres años incumple con el deber de educarse

continuamente.8 Además, la Regla 28 de este cuerpo legal

dispone que, al finalizar cada periodo, los abogados deben

asegurar que su cumplimiento está acreditado por el PEJC.

El incumplir y desatender los requerimientos del PEJC, en

cuanto a las horas crédito requeridas, nos ha llevado a

imponer

sanciones

disciplinarias

severas,

incluyendo

la

suspensión inmediata de la profesión.9

En cuanto a la función notarial, hemos expresado que

el

notario

señalamientos

no

puede

mostrarse

realizados

por

la

indiferente

ODIN

en

ante

cuanto

a

los

las

deficiencias de la obra notarial.10 Tampoco debe esperar a

que el Tribunal Supremo le notifique las faltas señaladas

en

la

obra

notarial

para,

entonces,

cumplir

con

los

requerimientos.11 Por el contrario, una vez la ODIN notifica

al notario alguna deficiencia en su obra protocolar, este

tiene la obligación de subsanar con premura cualquier falta

señalada.12

El ejercicio de la notaría requiere el mayor celo en

el cumplimiento de las obligaciones que imponen la Ley

8

9

In re Abreu Figueroa, 198 DPR 532, 537 (2017).

Íd. Véase, además, In re López González et al., 193 DPR 1021

(2015).

In re Cruz Liciaga, 198 DPR 828, 835 (2017); In re Amiama

Laguardia, 196 DPR 844, 847-848 (2016).

11 Íd.

12 Íd.

10

TS-13,992

11

Notarial y su Reglamento, así como los deberes éticos.13

Entre los deberes que se les impone a los notarios está el

deber de guardar celosa y responsablemente los protocolos

para que no se pierdan o menoscaben.14 Los notarios están

sujetos a reponer o restaurar a sus expensas el deterioro,

menoscabo o la pérdida de los protocolos bajo su custodia.15

También podrán ser objeto de sanciones si esos documentos

se deterioran o pierden por su falta de diligencia.16

Sabido es que la calidad de la justicia y la buena

marcha de los procesos es responsabilidad de todo miembro

de la profesión legal. Ese deber incluye el realizar todas

las gestiones propias y legales, observando particular y

rigurosamente los requerimientos de este Tribunal. En lo

pertinente, el Canon 9 del Código de Ética Profesional,

específicamente, obliga al abogado a observar para con los

tribunales una conducta que se caracterice por el mayor

respeto.17

En ese sentido, los abogados y las abogadas tienen un

deber ineludible de cumplir pronta y diligentemente las

órdenes de este y todos los tribunales, al igual que con los

requerimientos

de

todas

las

entidades

públicas

que

In re Abendaño Ezquerro, 198 DPR 677, 682 (2017).

Véase el Art. 48 de la Ley Notarial, 4 LPRA sec. 2072. Véanse,

además, In re Ortiz López, 201 DPR 720 (2019); In re Bryan Picó, 192

DPR 246, 252 (2015); In re Rosebaum, 189 DPR 115, 118-120 (2013).

15 Íd.

16 Íd.

17 In re Abendaño Ezquerro, supra; In re Abreu Figueroa, supra,

pág. 538; In re Mangual Acevedo, 197 DPR 998, 1001 (2017); In re

Candelario Lajara I, 197 DPR 722, 725 (2017); In re Marín Serrano,

supra, pág. 539.

13

14

TS-13,992

12

intervienen en los procesos disciplinarios.18 Asumir una

actitud de menosprecio e indiferencia a nuestras órdenes y

los requerimientos de nuestros funcionarios y organismos

denota

una

constituye

falta

una

de

respeto

violación

al

hacia

nuestra

autoridad

y

Canon

9.19

anterior

se

Lo

extiende a los requerimientos que realice la Oficina del

Procurador General, la Oficina de Inspección de Notarías y

el PEJC.20 Según hemos reiterado en múltiples ocasiones, ello

constituye un serio agravio a la autoridad de los Tribunales

y es suficiente para decretar su separación indefinida de

la profesión.21

Expuesta

evaluar

la

la

norma

conducta

jurídica

exhibida

que

por

la

aplica,

pasemos

licenciada

a

Plaza

Acevedo.

III

A pesar de todos los esfuerzos, las oportunidades que

se le concedieron y los múltiples requerimientos cursados a

la licenciada Plaza Acevedo, esta no compareció ante el PEJC

cuando se le requirió, ha incumplido con los requerimientos

del Programa y adeuda $50 de multa por cumplimiento tardío

In re Alejandro Zúñiga, 198 DPR 504, 506 (2017); In re Abreu

Figueroa, supra, pág. 538; In re Pérez Rojas, 195 DPR 571, 573 (2016).

19 In re Candelario Lajara I, supra, págs. 725-726; In re Ducoudray

Acevedo, 197 DPR 253, 257 (2017); In re Pérez Rojas, supra, pág. 573.

Véanse, además, In re Colón Collazo, 196 DPR 239, 242 (2016); In re

Pastrana Silva, 195 DPR 366, 369 (2016).

20 In re López Pérez, 201 DPR 123, 126 (2018); In re Arocho Cruz,

200 DPR 352 (2018).

21 In re López Pérez, supra; In re Abreu Figueroa, supra; In re

Pérez Rojas, supra, pág. 574; In re Pastrana Silva, supra, pág. 369.

18

TS-13,992

13

y $100 por el referido que se le impuso conforme a la Regla

32 (D) del Reglamento del Programa.

Tampoco compareció ante

la ODIN cuando se le requirió, incumplió con su deber de

completar el proceso de inspección y subsanación de su obra

protocolar y no ha pagado la deuda arancelaria de $126.50.

Asimismo, la licenciada Plaza Acevedo ha hecho caso omiso a

las órdenes que hemos impartido y no ha acreditado las causas

para

justificar

apercibió

su

incumplimiento;

expresamente

sobre

las

aun

cuando

se

consecuencias

le

que

acarrearía su actuación u omisión.

La actitud de dejadez y desidia demostrada por la

licenciada Plaza Acevedo ante los distintos foros constituyó

un claro menosprecio a nuestra autoridad. La indiferencia

de la licenciada Plaza Acevedo es prueba incontrovertible

de que ya no le interesa continuar ejerciendo la profesión

legal. En vista de lo anterior, nos vemos precisados a

ejercer

nuestra

facultad

disciplinaria

y

suspenderla

inmediata e indefinidamente de la práctica de la profesión.

IV

Por

las

razones

antes

expuestas,

decretamos

la

suspensión inmediata e indefinida de la licenciada Plaza

Acevedo de la profesión de la abogacía y el ejercicio de la

notaría.

En

consecuencia,

se

le

impone

el

deber

de

notificar, de forma inmediata, a todos sus clientes de su

inhabilidad para continuar representándolos. De igual forma,

se le ordena devolverles los expedientes de casos pendientes

TS-13,992

14

y cualquier cantidad recibida en honorarios por trabajos no

realizados.

Asimismo,

tiene

la

obligación

de

informar

inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y

administrativos en los que tenga algún asunto pendiente. En

consecuencia, deberá acreditar y certificar a este Tribunal

el cumplimiento con todo lo anterior, en un término de

treinta (30) días, contados a partir de la notificación de

esta Opinión per curiam y Sentencia. No hacerlo pudiera

conllevar a que no se le reinstale cuando lo solicite.

Por otro lado, el Alguacil de este Tribunal deberá

incautar y entregar al Director de ODIN los dos instrumentos

públicos que la señora Plaza Acevedo no tenía bajo su

custodia al momento de la incautación. En su defecto, esta

deberá informar si estos se extraviaron y si es necesario

encaminar un proceso de reconstrucción, al amparo de la

Regla 58-A del Reglamento Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA

Ap. XXIV.

Finalmente,

la

señora

Plaza

Acevedo

deberá,

en

un

término de treinta (30) días calendario, a partir de la

notificación de esta Sentencia, subsanar a sus expensas la

obra

protocolar

que

al

presente

se

encuentra

bajo

la

custodia de la ODIN, so pena de que el asunto sea referido

al

Tribunal

desacato.

de

Primera

Instancia

para

un

proceso

de

TS-13,992

15

Su fianza notarial queda automáticamente cancelada. No

obstante, la fianza se considerará buena y válida por tres

años

después

de

su

terminación

en

cuanto

a

los

actos

realizados por la abogada durante el periodo en que la misma

estuvo vigente.

Notifíquese inmediatamente esta Opinión per curiam y

Sentencia a la señora Plaza Acevedo por la Oficina del

Alguacil de este Tribunal.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Rosa N. Plaza Acevedo

TS-13,992

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de noviembre de 2019.

Por los fundamentos enunciados en la Opinión Per Curiam

que antecede y se hace formar parte de esta Sentencia,

suspendemos inmediata e indefinidamente a la Lcda. Rosa N.

Plaza Acevedo de la profesión de la abogacía y el ejercicio

de la notaría. En consecuencia, se le impone a la señora

Plaza Acevedo el deber de notificar, de forma inmediata, a

todos sus clientes de su inhabilidad para continuar

representándolos. De igual forma, se le ordena devolverles

los expedientes de casos pendientes y cualquier cantidad

recibida en honorarios por trabajos no realizados.

Asimismo,

tiene

la

obligación

de

informar

inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y

administrativos en los que tenga algún asunto pendiente. En

consecuencia, deberá acreditar y certificar a este Tribunal

el cumplimiento con todo lo anterior, en un término de

treinta (30) días, contados a partir de la notificación de

esta Opinión Per Curiam y Sentencia. No hacerlo pudiera

conllevar a que no se le reinstale cuando lo solicite.

Por otro lado, el Alguacil de este Tribunal deberá

incautar y entregar al Director de la Oficina de Inspección

de Notarías (ODIN) los dos instrumentos públicos que la

señora Plaza Acevedo no tenía bajo su custodia al momento

de la incautación. En su defecto, esta deberá informar si

estos se extraviaron y si es necesario encaminar un proceso

de reconstrucción, al amparo de la Regla 58-A del Reglamento

Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXIV.

Finalmente, la señora Plaza Acevedo deberá, en un

término de treinta (30) días calendario, a partir de la

notificación de esta Sentencia, subsanar a sus expensas la

obra protocolar que al presente se encuentra bajo la

custodia de la ODIN, so pena de que el asunto sea referido

al Tribunal de Primera Instancia para un proceso de

desacato.

Su fianza notarial queda automáticamente cancelada. No

obstante, la fianza se considerará buena y válida por tres

años después de su terminación en cuanto a los actos

realizados por la abogada durante el periodo en que la misma

estuvo vigente.

TS-13,992

2

Notifíquese inmediatamente esta Opinión per curiam y

Sentencia a la señora Plaza Acevedo por la Oficina del

Alguacil de este Tribunal.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica el Secretario del

Tribunal Supremo.

La Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez no intervino.

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo