LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Elba Nilsa Villalba Ojeda

2019 TSPR 228

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Elba Nilsa Villalba Ojeda

CP-2017-10

Conducta Profesional – Suspensión de la práctica de la abogacía por un término de seis meses por violación a los Cánones 9, 12, 18, 19 y 20 de Ética Profesional.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2019 TSPR 228

203 DPR _____

Elba Nilsa Villalba Ojeda

Número del Caso:

Fecha:

CP-2017-10

(TS-9,463)

14 de noviembre de 2019

Abogados de la parte querellada:

Lcda. Daisy Calcaño López

Lcda. Pilar Pérez Rojas

Lcdo. Raúl Rodríguez

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Joseph Feldstein del Valle

Subprocurador General

Lcda. Minnie H. Rodríguez López

Procuradora General Auxiliar

Comisionado Especial:

Hon. Carlos Rodríguez Muñiz

Materia: La suspensión será efectiva una vez advenga final y firme la

Sentencia conforme la Regla 45 del Reglamento del Tribunal Supremo

sobre reconsideración.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que

está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y

publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución

electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

Elba Nilsa Villalba Ojeda

(TS-9,463)

Núm. CP-2017-0010

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 14 de noviembre de 2019.

En

esta

integrante

ocasión,

nos

corresponde

suspender

a

una

de la profesión legal de la práctica de la

abogacía y la notaría por infringir los Cánones 9, 12, 18,

19 y 20 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. C.

9, 12, 18, 19, 20.

I.

La

Lcda.

Elba

N.

Villalba

Ojeda

fue

admitida

al

ejercicio de la abogacía el 3 de enero de 1990 y a la notaría

el 1 de febrero de 1991.1

El 11 de enero de 2016, la Sra. Evelyn Vázquez Cabrera

y el Sr. Orlando Vázquez Cabrera presentaron una queja ética

en contra de la licenciada Villalba Ojeda. Le imputaron que,

para el mes de noviembre de 2013, la contrataron para que

los representara en una reclamación de responsabilidad civil

El 15 de octubre de 2015, suspendimos a la licenciada

Villalba Ojeda del ejercicio de la abogacía y la notaria por

un término de tres (3) meses por violar los Cánones 9, 12,

18, 20 y 38 de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX C. 9, 12,

18, 20, 38. Véase In re Villalba Ojeda, 193 DPR 966 (2015).

Transcurrido dicho término, el 18 de febrero de 2016

ordenamos su reinstalación. Luego, en vista de que la

licenciada incumplió con nuestras órdenes de corregir las

deficiencias en su obra notarial y atender los trámites

pendientes ante la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN),

el 15 de octubre de 2018, la suspendimos indefinidamente del

ejercicio de la notaría.

1

CP-2017-0010

2

extracontractual y le adelantaron la suma de $1,500.00 en

concepto de honorarios de abogado. Indicaron que posterior

a ello no lograron contactarla.

El 29 de agosto de 2014, la licenciada Villalba Ojeda

presentó una demanda de daños y perjuicios en contra de

Walmart de Puerto Rico, Inc. h/n/c Sam’s Club de Puerto Rico

(Walmart) en representación de la señora y el señor Vázquez

Cabrera.

El

desestimación

20

de

de

enero

la

de

Demanda

2015,

por

Walmart

haber

solicitó

sido

la

emplazado

tardíamente. El 17 de febrero de 2015, la licenciada de

epígrafe

informó

que

no

había

recibido

la

moción

de

desestimación y solicitó que se le notificara.

El

Tribunal

notificar

la

de

moción

Primera

de

Instancia

desestimación

ordenó

a

a

licenciada

la

Walmart

Villalba Ojeda y ordenó a esta última oponerse. La licenciada

Villalba Ojeda no se opuso. El 13 de abril de 2015, el foro

primario emitió una Orden para que, en cinco (5) días, la

licenciada mostrara causa por la cual no había cumplido con

su previa Orden. Transcurrido dicho término, la licenciada

también desatendió la orden. El 18 de septiembre de 2015, el

tribunal le concedió un término de diez (10) días para que

mostrara causa por la cual no se debía desestimar y archivar

la

demanda

presentada

sin

perjuicio.

Nuevamente,

la

licenciada Villalba Ojeda no compareció. Consecuentemente,

el 4 de noviembre de 2015, el Tribunal de Primera Instancia

dictó una Sentencia mediante la cual desestimó la Demanda al

amparo de la Regla 39.2 (b) de las de Procedimiento Civil,

32 LPRA Ap. V, R. 39.2(b).

CP-2017-0010

3

Según surge de la queja, sin embargo, los señores

Vázquez Cabrera nunca se enteraron de la presentación de la

Demanda ni de los trámites posteriores en el caso, incluyendo

la desestimación de su reclamación de daños y perjuicios por

el incumplimiento de la licenciada Villalba Ojeda con las

órdenes del Tribunal de Primera Instancia.

Así las cosas, en junio de 2017, el Procurador General

de Puerto Rico presentó una Querella contra la licenciada

Villalba

Ojeda

en

la

cual

le

imputó

no

haber

tenido

comunicación efectiva con sus clientes ni haber actuado con

diligencia, conocimiento, competencia y capacidad en la

protección de los intereses de éstos; conducta que condujo

a la desestimación del caso que se le encomendó. Además, le

imputó desatender las órdenes emitidas por el Tribunal de

Primera Instancia, lo cual acarreó demoras injustificadas en

el trámite del caso.

El 10 de enero de 2019, se celebró la vista para recibir

prueba de la querella presentada. Ese día la licenciada

Villalba Ojeda aceptó las violaciones que se le imputaron a

los Cánones 9, 12, 18, 19, 20 y 38 de Ética Profesional.

Indicó sentir arrepentimiento y vergüenza por lo sucedido y

alegó que, a causa de una situación familiar, sufrió ataques

de pánico y depresión severa. A esos efectos, devolvió los

honorarios cobrados. Los señores Vázquez Cabrera aceptaron

las excusas expresando su esperanza de que fuesen sinceras.2

En el interín, el 15 de octubre de 2018, emitimos una Orden

mediante la cual le ordenamos a la licenciada subsanar las

deficiencias notificadas en su obra notarial que impedían su

aprobación. Mediante Resolución del 11 de diciembre de 2018,

2

CP-2017-0010

4

El 5 de septiembre de 2019, el Comisionado Especial

presentó un Informe del Comisionado al Honorable Tribunal

Supremo. En éste, recomienda que ordenemos la suspensión

inmediata de la licenciada Villalba Ojeda del ejercicio de

la abogacía y la notaría por un término de ocho (8) meses.

La licenciada Villalba Ojeda no compareció para replicar al

Informe dentro del término dispuesto para ello. Transcurrido

dicho término, compareció para solicitar una prórroga para

replicar. Mediante resolución del 7 de octubre de 2019

declaramos no ha lugar dicha solicitud. A pesar de ello, el

10 de octubre de 2019, la licenciada Villalba Ojeda presentó

un escrito titulado Contestación a Informe de Comisionado

Especial.

Evaluado

el

Informe

del

Comisionado

Especial,

las

determinaciones de hecho contenidas en éste, así como los

documentos

que

constan

en

el

expediente,

procedemos

a

evaluar la conducta de la licenciada Villalba Ojeda a la luz

de los Cánones 9, 12, 18, 19, 20 y 38 del Código de Ética

Profesional, 4 LPRA Ap. IX C. 9, 12, 18, 19, 20, 38.

II.

En múltiples ocasiones hemos expresado que los abogados

que

ejercen

la

práctica

legal

en

nuestra

jurisdicción

le conferimos un término de cuarenta y cinco (45) días para

subsanar las deficiencias notariales. Así la cosas, el 31 de

mayo de 2019, el Director de la ODIN, Lcdo. Manuel E. Ávila

De Jesús, acudió ante nos mediante una Moción reiterando

incumplimiento de orden y en solicitud de remedios. En su

moción, el licenciado Ávila de Jesús nos informó que el

término conferido venció y que la licenciada Villalba Ojeda

no ha comparecido a la ODIN ni se ha comunicado con

funcionario

alguno

para

atender

los

señalamientos

notificados.

CP-2017-0010

5

desempeñan una función eminentemente pública, por lo que se

les considera oficiales de la corte. In re Rivera Rodríguez

Santiago, 2019 TSPR 140. A esos efectos, el Canon 9 del

Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 9, requiere

que los abogados y las abogadas se conduzcan con el mayor

respeto hacia los tribunales. In re Acevedo Álvarez, 199 DPR

1 (2017); In re Vázquez Bernier, 198 DPR 459, 466 (2017). En

atención a ello, se les exige que atiendan “con prontitud y

diligencia las órdenes del tribunal”. In re Acevedo Álvarez,

199 DPR, en la pág. 6. Cónsono con lo anterior, hemos

expresado que “desatender las órdenes judiciales constituye

un serio agravio a la autoridad de los tribunales e infringe

el Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX”.

In re Abendaño Ezquerro, 198 DPR 677, 681 (2017). Véase,

también, In re Bello Rivera, 192 DPR 812, 816 (2015). Más

aún, esto representa una afrenta al poder judicial. In re

Acevedo Álvarez, 199 DPR, en la pág. 7. Esto es así porque

causa demoras irrazonables en el trámite de los casos e

incide de forma negativa en la sana administración de la

justicia. In re Hoffman Mouriño, 170 DPR 968 (2007). Es por

tal razón que se le exige a todos los integrantes de la

profesión legal que respondan diligente y oportunamente a

los requerimientos y a las órdenes de los tribunales. In re

Jiménez Meléndez, 198 DPR 453, 457 (2017); In re Irizarry

Irizarry, 190 DPR 368, 374 (2014).

Por

otra

parte,

el

Canon

12

del

Código

de

Ética

Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 12, impone al abogado el deber

de tramitar las causas con puntualidad y diligencia. Véanse

CP-2017-0010

6

In re Irizarry Vega, 198 DPR 1066, 1072–73 (2017); In re

Nieves Nieves, 181 DPR 25, 35 (2011). “Asimismo, impone a

los

abogados

la

obligación

de

ser

responsables

en

la

tramitación de los casos que les son encomendados, para

evitar que se entorpezca su resolución”. In re Nieves Nieves,

181 DPR, en la pág. 35. De acuerdo con ello, este Tribunal

ha expuesto que “la incomparecencia injustificada a las

vistas señaladas por el tribunal, así como las actuaciones

y omisiones que pongan en riesgo la causa de acción del

cliente, son infracciones patentes del Canon 12”. In re

Irizarry Vega, supra. Véase In re Vázquez Bernier, 198 DPR,

en la pág. 466.

De igual modo, hemos señalado que existe un deber de

ser puntual en el trámite de los litigios y que el abogado

deberá ser diligente en todas las etapas del pleito para

evitar dilaciones indebidas. In re Irizarry Vega, 198 DPR;

In re Nazario Díaz [I], 195 DPR 623, 635 (2016). También

hemos dispuesto que, conforme al Canon 12, los abogados deben

observar estrictamente las órdenes judiciales, pues de no

hacerlo quedarían sujetos a sanciones disciplinarias. In re

Nieves Nieves, 181 DPR, en la pág. 36; In re Collazo I, 159

DPR 141, 148–49 (2003). Así, desobedecer las órdenes de los

tribunales “demuestra una grave infracción a los principios

básicos de ética profesional, que exigen el mayor respeto

hacia los tribunales”. In re Nieves Nieves, supra. Ello,

pues, los abogados deben ser fieles cumplidores de la ley y

el poder judicial. Id.

CP-2017-0010

7

El Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap.

IX, C. 18, impone a los abogados el deber de “defender los

intereses del cliente diligentemente, desplegando en cada

caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella

forma que la profesión jurídica en general estima adecuada

y responsable”. Es por tal razón que hemos dictaminado que

un abogado “incurre en una falta al Canon 18 cuando, a pesar

de asumir la representación legal de un cliente, demuestra

una capacitación inadecuada o presta una atención indebida

a la causa encomendada”. In re Roldán González, 195 DPR 414,

422 (2016).

Sobre esa indebida atención a los asuntos encomendados,

hemos indicado que los integrantes de la profesión legal

tienen la obligación de defender diligentemente y dentro del

marco ético los derechos e intereses de su cliente. In re

Roldán González, 195 DPR, en la pág. 423. Además, el Canon

18 exige que los integrantes de la profesión legal ejerzan

la profesión con celo, cuidado y prudencia. In re Nazario

Díaz [II], 198 DPR 793, 803 (2017); In re Rivera Nazario

[I], 193 DPR 573, 582 (2015). Consiguientemente, se exige a

los

integrantes

de

la

profesión

que

empleen

toda

su

capacidad, lealtad, responsabilidad, efectividad y la más

completa honradez

en el trámite de los casos ante los

tribunales. In re Cuevas Borrero, 185 DPR 189, 199 (2012).

A esos efectos, hemos afirmado que en la profesión legal no

hay

espacio

para

actuar

con

desidia,

despreocupación,

displicencia, indiferencia e inacción. In re Nazario Díaz

CP-2017-0010

8

[II], 198 DPR, en las págs. 803–04; In re Díaz Nieves et

als., 189 DPR 1000, 1012 (2013).

Al interpretar el Canon 18, este Tribunal ha pautado

que “cuando un abogado acepta la encomienda de representar

a una persona y no la ejecuta adecuada y responsablemente,

incumple con este canon”. In re Rivera Nazario, 193 DPR, en

la pág. 582. “Así también hemos sostenido, sin ambages, que

aquella actuación negligente que pueda conllevar, o que en

efecto conlleve, la desestimación o el archivo de un caso,

se configura violatoria del citado Canon 18”. In re Nieves

Nieves, 181 DPR, en la pág. 37. Véase, además: In re Pérez

Villanueva, 198 DPR 1006, 1010 (2017). Más aún, constituye

violación al Canon 19 cuando la falta de diligencia ocasiona

la pérdida de una causa de acción para el cliente. In re

Rivera Nazario, 193 DPR, en la pág. 583. Es impermisible el

abandono o la desatención por parte del abogado de la causa

de acción de su cliente. In re Díaz Rosado I, 198 DPR 412,

416 (2017).

A fin de cuentas, cuando el abogado es negligente en su

proceder ante los tribunales, los intereses del cliente son

los verdaderamente afectados. In re Nieves Nieves, 181 DPR,

en la pág. 38. Es por ello, que “[e]s necesario tener

presente que ‘[e]l cliente confía que en la tarea de guiar

sus causas el abogado desplegará sensibilidad, eficiencia y

pericia. In re Cuevas Borrero, 185 DPR, en la pág. 199,

citando a In re Mulero Fernández, 174 DPR 18, 30 (2008). El

letrado debe ser diligente, que no es otra cosa, que realizar

“las

gestiones

que

le

fueron

encomendadas

en

momento

CP-2017-0010

9

oportuno, en forma adecuada y sin dilaciones que puedan

afectar la pronta solución de una controversia”. S. Steidel

Figueroa,

Ética

para

juristas:

ética

del

abogado

y

responsabilidad disciplinaria, San Juan, Eds. SITUM, 2016,

pág. 221.

Entre las circunstancias específicas que hemos indicado

como

falta

comparecer

de

diligencia

están

las

siguientes:

(1)

no

a

los

señalamientos

del

tribunal;

(2)

no

contestar los interrogatorios sometidos; (3) no informar a

las partes sobre la presentación de un perito; (4) desatender

o abandonar el caso; (5) permitir que expire el término

prescriptivo o jurisdiccional de una acción, o (6) cualquier

tipo de actuación negligente que pueda o resulte en la

desestimación o archivo del caso. In re Irizarry Vega, 198

DPR, en la pág. 1074; In re Nieves Nieves, 181 DPR, en la

pág. 38.

Por último, el Canon 20 del Código de Ética Profesional,

4 LPRA AP. IX C. 20, establece en lo pertinente que es deber

del abogado informarle a sus clientes si no puede darle una

representación capaz, responsable y adecuada. Además, debido

a

que

la

relación

abogado-cliente

está

fundamentada

en

absoluta confianza, es obligatorio que los abogados tomen

las medidas razonables necesarias para evitar perjuicio a

los derechos de sus clientes. In re Rivera Ramos, 178 DPR

651, 666 (2010). En atención a ello, el “abogado debe a [su

cliente] un trato profesional caracterizado por la mayor

capacidad, la más devota lealtad y la más completa honradez”.

Id. Por tal razón, cuando un abogado que ha sido contratado

CP-2017-0010

10

por un cliente para representarlo en un caso ante los

tribunales

y,

posterior

a

dicha

contratación

se

ve

imposibilitado de proseguir con la causa de acción, deberá

informarlo a su cliente y renunciar a la representación de

éste. Solo de esta manera se podrán proteger los intereses

del cliente. Si existe una falta de comunicación que impida

al

abogado

actuar

con

la

diligencia

que

los

cánones

requieren, es su deber renunciar en ese momento. Más aún,

constituye una falta ética no renunciar a la representación

legal

de

un

cliente

en

un

pleito

pendiente

cuando

el

resultado de esa acción fue que el pleito se archivó. In re

Díaz Santiago, 164 DPR 41, 44 (2005).

Por último, el Canon 38 del Código de Ética Profesional,

4 LPRA Ap. IX, C. 38, instituye el deber de todo abogado de

exaltar el honor y la dignidad de su profesión y de evitar

hasta la apariencia de conducta profesional impropia. Ello

implica

que

todo

letrado

debe

desempeñarse

de

forma

escrupulosa y guiado por un alto sentido de responsabilidad,

teniendo siempre presente la función social que ejerce y la

institución que representa. In re Fingerhut Mandry, 196 DPR

327 (2016).

III.

Luego de evaluar la normativa disciplinaria expuesta

entendemos

que,

según

se

concluye

en

el

Informe

del

Comisionado Especial, la licenciada Villalba Ojeda infringió

los Cánones 9, 12, 18, 19 y 20 de Ética Profesional según

imputados en la Querella. Conforme al aludido Informe, la

licenciada Villalba Ojeda se desempeñó en forma contraria a

CP-2017-0010

11

los principios éticos que rigen la práctica de la profesión

legal en nuestra jurisdicción.

En particular, la licenciada Villalba Ojeda incurrió en

conducta contraria a los preceptos contenidos en los Cánones

de Ética Profesional 9 y

12 al desatender las órdenes

emitidas por el foro primario, lo que resultó en dilaciones

innecesarias en el trámite del asunto que le fue encomendado

y, en última instancia, en la desestimación de la causa de

acción de sus clientes. En cuanto al Canon 18, la letrada de

epígrafe incumplió con sus deberes éticos al no actuar en

protección

de

los

diligente

en

el

intereses

trámite

de

de

sus

su

causa

clientes

de

y

no

acción.

ser

Surge

inequívocamente del expediente que la letrada abandonó y

desatendió el caso que instó en el que representaba los

intereses de los señores Vázquez Cabrera, incurriendo con

dicha conducta en una clara violación al Canon 18.

Lo que es peor, la licenciada Villalba ni tan siquiera

notificó a sus clientes de la presentación de la demanda ni

de los incidentes procesales que provocaron la desestimación

de su reclamo. De esta manera, la licenciada incurrió en

conducta contraria al Canon 19 al no mantener adecuadamente

informado a sus clientes del asunto que le fue encomendado.

Con

su

proceder,

la

licenciada

Villalba

Ojeda

también

incurrió en conducta contraria al Canon 20 del Código de

Ética Profesional. Ello es así puesto que, si sabía que no

podía dar una representación capaz, responsable y adecuada

a sus clientes, su deber era informarles de tal situación y,

renunciar al caso para el cual fue contratada.

CP-2017-0010

12

Este Tribunal ha establecido que, al determinar la

sanción disciplinaria aplicable a un abogado querellado, se

pueden

tomar

en

consideración

factores

tal

y

como

su

historial profesional, si se trata de una primera falta o

conducta aislada, el ánimo de resarcir al cliente y cualquier

otra

consideración

que

sirva

de

atenuante

o

agravante

conforme a los hechos. Véase In re Rivera Rodríguez, 2019

TSPR 140. Evaluado el expediente personal de la licenciada

Vilalba

Ojeda,

procedimientos

notamos

que

disciplinarios

ésta

ha

previos

sido

por

objeto

de

infringir

los

preceptos éticos que rigen la profesión de la abogacía y la

notaría. Según se adelantó,

el 15 de octubre de 2015,

suspendimos a la licenciada Villalba Ojeda del ejercicio de

la abogacía y la notaria por un término de tres (3) meses

por

violar

los

Cánones

9,

12,

18,

20

y

38

de

Ética

Profesional. In re Villalba Ojeda, 193 DPR 966 (2015).3

En esta ocasión, las faltas que le fueron imputadas,

según éstas fueron admitidas por la propia letrada, le

causaron perjuicio a sus clientes a quienes se les desestimó

su demanda ante el Tribunal de Primera Instancia. Sin lugar

a duda, el historial disciplinario de la letrada no demuestra

que lo sucedido haya sido una conducta aislada.4 No obstante,

Transcurrido dicho término, ordenamos su reinstalación.

Además de esta Queja ética sustantiva, la licenciada ha

incumplido con nuestras órdenes de corregir las deficiencias

en su obra notarial y atender los trámites pendientes ante

la ODIN. Al día de hoy, la licenciada no ha comparecido a la

ODIN, ni se ha comunicado con su personal. Sin lugar a duda,

a pesar del sinnúmero de oportunidades provistas para

comparecer y cumplir con lo ordenado, la licenciada Villalba

Ojeda ha hecho caso omiso de nuestros pronunciamientos y

3

4

CP-2017-0010

la

licenciada

13

Villalba

Ojeda

aceptó

los

hechos

que

originaron la querella en su contra, mostró arrepentimiento

por ellos y devolvió los honorarios cobrados a sus clientes.

Al evaluar la conducta de la licenciada Villalba Ojeda

a la luz de los preceptos éticos anteriormente discutidos es

forzoso concluir que sus actuaciones representan violaciones

a los deberes consagrados en los Cánones 9, 12, 18, 19 y 20

del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX C. 9, 12, 18,

19,

20.5

En

consideración

a

que

las

circunstancias

particulares de cada caso son únicas y determinantes al

momento de imponer la sanción, resulta forzoso acoger en

parte la recomendación del Comisionado Especial y decretar

la suspensión de la licenciada Villalba Ojeda de la práctica

de la abogacía por un término de seis (6) meses.6

IV.

Por

los

fundamentos

que

anteceden,

se

ordena

la

suspensión de la licenciada Villalba Ojeda de la práctica de

la abogacía por un término de seis (6) meses. En caso de que

la señora Villalba Ojeda esté representando a clientes ante

nuestros tribunales en la actualidad, se le impone el deber

de notificar a éstos sobre su inhabilidad de continuar

apercibimientos y ha optado por desatender su deber de

respetar la autoridad de este Tribunal.

5 Resulta preciso aclarar que, ante los hechos reseñados,

resulta improcedente emitir una sanción al amparo del Canon

38, 4 LPRA Ap. IX, C. 38. Ciertamente, no estamos ante un

supuesto de apariencia de conducta impropia, sino más bien

ante una exteriorización inicua de dejadez, negligencia e

incumplimiento

con

deberes

éticos

específicamente

delimitados en el Código de Ética Profesional.

6 La señora Villalba Ojeda también deberá subsanar las

deficiencias que le fueron notificadas por la ODIN.

CP-2017-0010

14

representándolos, devolver los honorarios por trabajos no

realizados

e

informar

oportunamente

de

su

suspensión

a

cualquier foro judicial y administrativo en el que tenga un

caso

pendiente.

Deberá

acreditar

a

este

Tribunal

el

cumplimiento con lo anterior en un término de treinta (30)

días, contados a partir de la notificación de la presente

opinión.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

Elba Nilsa Villalba Ojeda

(TS-9,463)

Núm. CP-2017-0010

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 14 de noviembre de 2019.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam

que antecede, se ordena la suspensión de la licenciada

Villalba Ojeda de la práctica de la abogacía por un término

de seis (6) meses. En caso de que la señora Villalba Ojeda

esté representando a clientes ante nuestros tribunales en la

actualidad, se le impone el deber de notificar a éstos sobre

su inhabilidad de continuar representándolos, devolver los

honorarios

por

trabajos

no

realizados

e

informar

oportunamente de su suspensión a cualquier foro judicial y

administrativo en el que tenga un caso pendiente. Deberá

acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior en

un término de treinta (30) días, contados a partir de la

notificación de la presente opinión.

Además, se le ordena a la señora Villalba Ojeda subsanar

las deficiencias que le fueron notificadas por la ODIN.

Notifíquese personalmente a la señora Villalba Ojeda

esta Opinión Per Curiam y Sentencia.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo.

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo