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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Pérez Vargas v. Office Depot / Office Max, Inc.

2019 TSPR 227

Poder Judicial de Puerto Rico

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Pérez Vargas v. Office Depot / Office Max, Inc.

AC-2018-46

Derecho Procesal Civil: La Regla 42.2 de Procedimiento Civil releva a los tribunales de consignar sus determinaciones de hechos, cuando el pleito en su totalidad es resuelto mediante un dictamen sumario. Lo dispuesto en la Regla 36.4 de Procedimiento Civil solo es exigible cuando se deniega total o parcialmente una moción de sentencia sumaria.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

William Pérez Vargas

Apelado

2019 TSPR 227

v.

203 DPR ____

Office Depot / Office Max, Inc.

Apelante

Número del Caso:

AC-2018-46

Fecha: 4 diciembre de 2019

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Mayagüez-Utuado, Panel XI

Abogados de la parte apelante:

Lcdo. Andrés Gorbea Del Valle

Lcda. Erika Berríos Berríos

Abogado de la parte Apelada:

Lcdo. Samuel Figueroa González

Materia: Derecho Procesal Civil - La Regla 42.2 de Procedimiento Civil

releva a los tribunales de consignar sus determinaciones de hechos, cuando

el pleito en su totalidad es resuelto mediante un dictamen sumario. Lo

dispuesto en la Regla 36.4 de Procedimiento Civil solo es exigible cuando

se deniega total o parcialmente una moción de sentencia sumaria.

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

William Pérez Vargas

Apelado

v.

Núm. AC-2018-0046

Office Depot / Office Max,

Inc.

Apelante

Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 4 de diciembre de 2019

El

presente

recurso

de

apelación

nos

brinda

la

oportunidad de aclarar la interacción entre distintas reglas

de Procedimiento Civil atinentes a la resolución de pleitos

por la vía sumaria.

Específicamente, corresponde evaluar la

relación entre las Reglas 36 y 42.2 de Procedimiento Civil

para

determinar

si

el

Tribunal

de

Apelaciones

erró

al

concluir que, cuando se dispone de la totalidad de un pleito

por la vía sumaria, el Tribunal de Primera Instancia está

obligado

a

consignar

en

su

sentencia

los

hechos

incontrovertidos en los que fundamentó su dictamen.

I.

El 14 de septiembre de 2016, el Sr. William Pérez Vargas

presentó una querella por despido injustificado al amparo

del procedimiento sumario dispuesto en la Ley Núm. 2 de

17 de octubre de 1961, 32 LPRA sec. 3118. En síntesis, el

señor Pérez Vargas alegó que fue despedido de su empleo con

Office Depot / Office Max, Inc. (Office Depot) en violación

a la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1959, 29 LPRA sec. 185 et

seq. (Ley Núm. 80). Así, solicitó el pago de la mesada

AC-2018-0046

2

correspondiente a sus años de servicio con la compañía1 y

los honorarios de abogado.

Oportunamente, Office Depot contestó la querella y

arguyó que el señor Pérez Vargas había sido despedido con

justa

causa

de

su

empleo,

de

conformidad

disposiciones

de

la

Ley

80

y

Núm.

su

con

las

jurisprudencia

interpretativa. Específicamente, adujo que el señor Pérez

Vargas había estado sujeto a un extenso proceso de disciplina

progresiva durante el cual se le habían provisto múltiples

oportunidades para mejorar su desempeño. Indicó que las

evaluaciones

del

señor

Pérez

Vargas,

incluyendo

las

autoevaluaciones suscritas por éste, reflejaban un patrón de

desempeño deficiente. Asimismo, Office Depot señaló que el

expediente de personal del señor Pérez Vargas develaba un

historial de amonestaciones y la implementación de un plan

de mejoramiento supervisado previo a su despido. En fin,

Office Depot sostuvo que el despido del señor Pérez Vargas

respondió a la negligencia en su trabajo, falta de liderato,

incumplimiento

con

sus

deberes

y

obligaciones

y

desorganización. Según explicó, estas circunstancias, en

conjunto con las múltiples oportunidades concedidas para que

el señor Pérez Vargas mejorara su rendimiento, no le dejaron

a la Compañía otra alternativa que no fuese el despido.

El señor Pérez Vargas solicitó una mesada ascendente a

$47,988.00, más un 25% en honorarios de abogado. Según arguyó

en su querella, se desempeñó como empleado de la Compañía

desde septiembre de 1997 hasta el 2 de agosto de 2016, fecha

en la que fue despedido.

1

AC-2018-0046

3

Finalizado el descubrimiento de prueba en el caso y

celebrada la conferencia con antelación al juicio ante el

Tribunal de Primera Instancia, el 4 de abril de 2017, Office

Depot presentó una Moción de Sentencia Sumaria. En ésta, se

enumeraron

diecisiete

(17)

hechos

incontrovertidos

con

referencias expresas a la transcripción de la deposición del

señor Pérez Vargas, las estipulaciones contenidas en el

Informe de Conferencia con Antelación al Juicio suscrito por

las

partes

y

otros

documentos.

Entre

los

hechos

incontrovertidos propuestos destacan los siguientes, según

fueron

enumerados

en

la

Moción

de

Sentencia

Sumaria

presentada por Office Depot:

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

La

evaluación

anual

de

desempeño

del

querellante correspondiente al año 2012

refleja que su desempeño era insatisfactorio

y por debajo de las expectativas de la

Compañía.

En

su

auto-evaluación

de

desempeño

correspondiente al año 2012, el propio

querellante auto-evaluó su desempeño en tres

(3) de las cinco (5) áreas (. . .) como

“insatisfactorio”.

La evaluación anual del desempeño del

querellante correspondiente al año 2014

refleja que su desempeño “necesitaba mejorar”

pues no cumplía con las expectativas de la

Compañía. (. . .).

En

su

auto-evaluación

de

desempeño

correspondiente al año 2014, el propio

querellante auto-evaluó su desempeño en las

cinco (5) áreas (. . .) como uno que “necesita

mejorar”.

La

evaluación

anual

de

desempeño

del

querellante correspondiente al año 2015

refleja que su desempeño “necesitaba mejorar”

pues no cumplía con las expectativas de la

Compañía. (. . .).

El 9 de febrero y el 5 de marzo de 2016,

Ingrid Picó [supervisora] discutió con el

querellante asuntos del departamento bajo su

supervisión que era necesario mejorar.

El 11 de marzo de 2016, el querellante fue

puesto en un Plan de Mejoramiento de

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4

Desempeño. El mismo tenía una duración de

sesenta (60) días que podía extender o

acortarse por la Compañía. Como parte de

dicho plan se le informó al querellante que

de no mejorar su desempeño, podría ser

despedido

de

su

empleo.

Las

metas

establecidas

en

el

referido

Plan

de

Mejoramiento

de

Desempeño

fueron

establecidas por el propio querellante.

El

querellante

no

completó

satisfactoriamente el Plan de Mejoramiento de

Desempeño, por lo que fue despedido el 2 de

agosto de 2016, más de cuatro (4) meses luego

de haber comenzado el Plan de Mejoramiento de

Desempeño.

17.

Moción de Sentencia Sumaria, Ap. en las págs. 13-14. (citas

omitidas).

Conforme

a

estos

hechos,

Office

Depot

arguyó

que

únicamente procedía aplicar el Derecho a su favor, lo que

conllevaba concluir que el señor Pérez Vargas había sido

despedido con justa causa y, por tanto, procedía desestimar

con perjuicio su causa de acción al amparo de la Ley Núm. 80.

Posteriormente, el 19 de junio de 2017, Office Depot presentó

una Moción para que se de por sometida Moción de Sentencia

Sumaria

sin

Oposición

en

la

que

arguyó

que

habían

transcurrido más de setenta y cinco (75) días desde la

presentación de su moción sin que el señor Pérez Vargas

presentara su oposición. Subrayó que el incumplimiento de

éste con los términos provistos era incompatible con el

trámite

sumario

bajo

el

cual

había

presentado

su

reclamación.

No obstante lo anterior, el 29 de junio de 2017, la

representación legal del señor Pérez Vargas presentó un

escrito titulado

Sumaria

y

Réplica a Moción Solicitando Sentencia

Solicitud

de

Sentencia

Sumaria

a

Favor

del

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Querellante

5

(Réplica).

En

esencia,

aceptó

como

hechos

incontrovertidos la mayoría de los enumerados anteriormente,

con excepción de los hechos número 9, 11 y 13. En cuanto a

los

hechos

que

estimó

estaban

en

controversia

relacionados

con

los

resultados

de

sus

(todos

evaluaciones),

planteó que el sistema de evaluación de Office Depot había

cambiado durante los años 2012 – 2015, por lo que era

necesario

que

se

le

permitiera

contrainterrogar

a

su

supervisora sobre esos cambios. Expuso, además, que sus

evaluaciones para los años 2010 y 2011 eran satisfactorias.

Véase Réplica, Ap. en las págs. 115-22.

Office Depot, por su parte, presentó una Oposición a

Réplica y Solicitud de Desglose de Moción de Sentencia

Sumaria del Querellante. En ésta, arguyó que tanto la réplica

como la solicitud de sentencia sumaria presentadas por la

representación legal del señor Vargas Pérez eran tardías,

puesto que se habían presentado casi tres (3) meses después

de la presentación de la Solicitud de Sentencia Sumaria de

Office Depot sin que se hubiese solicitado prórroga para

extender el término correspondiente.

Para acentuar cuán

tardía era la réplica y solicitud de sentencia sumaria del

señor Pérez Vargas, Office Depot llamó la atención al hecho

de que el escrito del recurrido había sido presentado más de

un (1) mes después de la fecha de señalamiento inicial de

juicio.2

El juicio en su fondo fue recalendarizado porque el foro

primario no había adjudicado la solicitud de sentencia

sumaria presentada por Office Depot el 4 de abril de 2017.

2

AC-2018-0046

6

Trabado así el trámite procesal, el 11 de septiembre de

2017, el Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia

mediante la cual declaró con lugar la Moción de Sentencia

Sumaria

presentada

por

Office

Depot.

La

sentencia

fue

notificada el 29 de enero de 2018. En ésta, luego de discutir

brevemente

la

naturaleza

y

propósito

de

la

sentencia

sumaria, el foro primario consignó lo siguiente:

Toda vez que no existe controversia de hechos

materiales del presente caso, entendemos que el

mecanismo de sentencia sumaria es el que mejor

dispone de este asunto, por lo que procedemos

declarar con lugar la solicitud de sentencia

sumaria presentada por la parte querellada Office

Depot/Office Max, Inc. desestimando la querella

presentada sin formular determinaciones de hecho

ni de derecho a tenor con la Regla 42.2 de

Procedimiento Civil.

Sentencia TPI de 11 de septiembre de 2017, Ap. en las

págs. 190-91 (énfasis en original)(escolios omitidos).

Inconforme,

el

5

de

febrero

de

2018,

el

recurrido

presentó una apelación ante el Tribunal de Apelaciones.

En ésta, arguyó que el foro primario había errado al concluir

que no existía una controversia de hechos materiales que

ameritara

la

celebración

de

un

juicio.

Como

segundo

señalamiento de error, planteó que el Tribunal de Primera

Instancia

había

errado

al

dictar

sentencia

sumaria

sin

formular determinaciones de hecho ni de derecho, a tenor con

la Regla 42.2 de Procedimiento Civil. Oportunamente, Office

Depot presentó su Oposición a Apelación en la que reiteró

que la réplica del señor Pérez Vargas era inoficiosa y que,

aún considerada en los méritos, no tenía el efecto de crear

una

controversia

material

de

hechos

que

impidiera

la

resolución sumaria del pleito. En cuanto al señalamiento de

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7

error de índole procesal, sostuvo que la Regla 42.2 de

Procedimiento

Civil

consignar

la

en

expresamente

sentencia

las

eximía

al

juzgador

determinaciones

de

de

hecho

cuando se disponía de la totalidad del caso por la vía

sumaria.

Así las cosas, el 21 de marzo de 2018, el Tribunal de

Apelaciones dictó una sentencia mediante la cual revocó el

dictamen del Tribunal de Primera Instancia. En esencia, el

foro apelativo intermedio concluyó que, conforme a la Regla

36.4 de Procedimiento Civil y la jurisprudencia reciente de

este Tribunal, el foro primario estaba obligado a consignar

en su sentencia los hechos que estaban incontrovertidos.

Específicamente, dictaminó lo siguiente:

Nuestro Tribunal Supremo ha enfatizado que ante

una Moción de Sentencia Sumaria, los tribunales

tienen el deber de establecer los hechos

incontrovertibles y los que sí lo están. Tales

determinaciones

de

hechos

controvertidos

e

incontrovertidos facilitan el desfile de prueba,

pues los hechos incontrovertidos se dan por

probados. Asimismo, colocan a los tribunales

apelativos en posición de ejercer su facultad

revisora.

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de 21 de marzo de 2018,

Ap. en la pág. 448.

Inconforme

con

esta

determinación,

Office

Depot

presentó un recurso de apelación ante este Tribunal. En éste,

planteó -como único señalamiento de error- que el Tribunal

de Apelaciones había errado al concluir que el foro primario

estaba obligado a cumplir con la Regla 36.4 de Procedimiento

Civil al disponer de la totalidad de la reclamación por la

vía sumaria. Así, sostuvo que el foro apelativo intermedio

había interpretado incorrectamente las reglas procesales

AC-2018-0046

8

aplicables y su jurisprudencia interpretativa para concluir

que al declarar con lugar la moción de sentencia sumaria

presentada por Office Depot y desestimar la querella, el

foro primario venía obligado a consignar en su sentencia los

hechos materiales que no estaban en controversia.

En atención a dictámenes del Tribunal de Apelaciones

inconsistentes

con

la

sentencia

objeto

de

revisión,

el

25 de mayo de 2018, este Tribunal acogió el recurso de

apelación

presentado.3

Consecuentemente,

las

partes

presentaron sus respectivos alegatos. Office Depot, por su

parte, reiteró que la Regla 42.2 eximía al foro primario de

consignar las determinaciones de hecho y las conclusiones de

Derecho cuando resolvía una moción al amparo de las Reglas

36.1 y 36.2 de Procedimiento Civil, que fue lo que ocurrió

en este caso.

El señor Pérez Vargas, por su parte, sostiene que el

Tribunal de Primera Instancia incumplió con el requisito

dispuesto en la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, la cual

exige que, para que los foros apelativos puedan ejercer

debidamente su función revisora, los foros primarios deberán

hacer constar los hechos que no están en controversia al

disponer de la totalidad de una reclamación mediante el

mecanismo de sentencia sumaria. Por último, insiste en que

existía una controversia de hechos materiales en torno a los

cambios implementados en el sistema de evaluación, por lo

Véase García Lozada v. Municipio de Naranjito, KLAN-20171084; Firstbank of Puerto Rico v. Murati Sepúlveda, KLAN2011-0452.

3

AC-2018-0046

9

que el dictamen sumario era improcedente. Con el beneficio

de la comparecencia de ambas partes, estamos en posición de

resolver la controversia planteada.

II.

Como cuestión de umbral, y en aras de propiciar una

resolución acertada y puntual a la controversia ante nuestra

consideración, es necesario aclarar que la Regla 36.4 de

Procedimiento Civil y su jurisprudencia interpretativa no

aplican al presente pleito.4 Ello es así porque el texto de

la referida regla limita su aplicación a aquellas instancias

en las que el foro primario no decida el pleito en virtud de

una moción de sentencia sumaria. Sobre este particular, la

Regla 36.4 establece que:

Regla 36.4. Pleito no decidido en virtud de moción

Si en virtud de una moción presentada bajo las

disposiciones de esta regla no se dicta sentencia

sobre la totalidad del pleito, no se concede todo

el remedio solicitado o se deniega la moción, y es

necesario celebrar juicio, será obligatorio que el

tribunal

resuelva

la

moción

mediante

una

determinación

de

los

hechos

esenciales

y

pertinentes sobre los cuales no hay controversia

sustancial y los hechos esenciales y pertinentes

que están realmente y de buena fe controvertidos,

y hasta qué extremo la cuantía de los daños u otra

reparación no está en controversia, ordenando los

procedimientos ulteriores que sean justos en el

pleito, incluso una vista evidenciaria limitada a

los asuntos en controversia. Al celebrarse el

juicio, se considerarán probados los hechos así

especificados y se procederá de conformidad. A

base de las determinaciones realizadas en virtud

Tanto en la sentencia dictada por el Tribunal de

Apelaciones como en el alegato presentado por la parte

apelada se hace referencia a la determinación de este

Tribunal en Meléndez González v. M. Cuebas, 193 DPR 100

(2015). En ese caso se determinó que los foros apelativos

también están obligados a cumplir con lo dispuesto en la

Regla 36.4 de Procedimiento Civil. Dado que esa regla no

aplica al trámite procesal de este pleito, resulta

innecesario referirnos a esa jurisprudencia.

4

AC-2018-0046

10

de

esta

regla,

el

tribunal

dictará

correspondientes remedios, si alguno.

los

32 LPRA Ap. V, R. 36.4 (énfasis suplido).

Claramente, esta regla procesal delimita las instancias

en las que el tribunal estará obligado a resolver la moción

de sentencia sumaria presentada “mediante una determinación

de los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no

hay

controversia

pertinentes

que

sustancial

están

y

los

realmente

hechos

esenciales

y

y

buena

fe

de

controvertidos”. Id. Conforme al texto de la regla, estas

instancias son: (1) cuando no se dicta sentencia sumaria

sobre la totalidad del pleito; (2) cuando no se concede todo

el remedio solicitado, y (3) cuando se deniega la moción de

sentencia sumaria presentada. Id. Estas tres (3) instancias

conllevan, por supuesto, la celebración de un juicio en su

fondo. Es justamente por ello que se le requiere al tribunal

que consigne los hechos sobre los cuales no hay controversia,

puesto que sobre éstos será innecesario pasar prueba durante

el juicio. Así lo reconoció el Comité Asesor al incorporar

esta exigencia, “a los fines de que no se tenga que relitigar

los hechos que no están en controversia”. Informe de Reglas

de Procedimiento Civil, en la pág. 406 (Marzo 2008).

En el presente caso, ninguna de las tres (3) instancias

que activa la Regla 36.4 de Procedimiento Civil se concretó.

Ello, puesto que el Tribunal de Primera Instancia resolvió

la totalidad del pleito en virtud de la moción de sentencia

sumaria presentada por Office Depot. Al así proceder, el

foro

primario

entendió

que

no

existían

controversias

AC-2018-0046

11

materiales de hechos esenciales y que sólo procedía aplicar

el derecho. Ello, al amparo de la Regla 36.2 de Procedimiento

Civil que regula las solicitudes de sentencia sumaria a favor

de una parte contra quien se reclama. Ésta

dispone lo

siguiente:

Una parte contra la cual se haya formulado una

reclamación podrá presentar, a partir de la fecha

en que fue emplazado pero no más tarde de los

treinta (30) días siguientes a la fecha límite

establecida por el tribunal para concluir el

descubrimiento de prueba, una moción fundada en

declaraciones juradas o en aquella evidencia que

demuestre la inexistencia de una controversia

sustancial de hechos esenciales y pertinentes,

para que el tribunal dicte sentencia sumariamente

a su favor sobre la totalidad o cualquier parte de

la reclamación.

32 LPRA Ap. V, R. 36.2.

La parte contra quien se reclama en un pleito, al

presentar una moción de sentencia sumaria al amparo de esta

Regla 36.2, deberá cumplir con los requisitos de forma

preceptuados en la Regla 36.3 de Procedimiento Civil; a

saber: (1) una exposición breve de las alegaciones de las

partes; (2) los asuntos litigiosos o en controversia; (3) la

causa de acción sobre la cual se solicita la sentencia

sumaria; (4) una relación concisa, organizada y en párrafos

enumerados de todos los hechos esenciales y pertinentes

sobre

los

cuales

no

hay

controversia

sustancial,

con

indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones

juradas

u

establecen

otra

estos

prueba

admisible

hechos,

así

en

como

evidencia

de

donde

cualquier

se

otro

documento admisible en evidencia que se encuentre en el

expediente del tribunal; (5) las razones por las cuales se

AC-2018-0046

12

debe dictar la sentencia, argumentando el derecho aplicable,

y (6) el remedio que debe ser concedido. Véase 32 LPRA Ap.

V. R. 36.3.

Cumplidos

estos

requisitos,

el

inciso

(e)

de

la

Regla 36.3 establece que:

La

sentencia

solicitada

será

dictada

inmediatamente si las alegaciones, deposiciones,

contestaciones a interrogatorios y admisiones

ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas si

las hay, u otra evidencia demuestran que no hay

controversia real sustancial en cuanto a algún

hecho esencial y pertinente y que, como cuestión

de derecho, el tribunal debe dictar sentencia

sumaria a favor de la parte promovente. El

tribunal podrá dictar sentencia sumaria de

naturaleza interlocutoria para resolver cualquier

controversia entre cualesquiera partes que sea

separable de las controversias restantes. Dicha

sentencia podrá dictarse a favor o contra

cualquier parte en el pleito. Si la parte

contraria no presenta la contestación a la

sentencia sumaria en el término provisto en esta

regla, se entenderá que la moción de sentencia

sumaria queda sometida para la consideración del

tribunal.

32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e).

Es decir, cuando no existe controversia sobre los hechos

materiales que motivaron el pleito, sólo resta que el foro

de

instancia

aplique

el

Derecho

a

los

hechos

incontrovertidos. Véase Oriental Bank v. Perapi, 192 DPR 7,

10 (2014); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113,

128 (2012); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR

288, 299 (2012). No puede perderse de vista que, a fin de

cuentas, el propósito cardinal del mecanismo de sentencia

sumaria es proveer una solución justa, rápida y económica

para aquellos litigios de naturaleza civil en los cuales no

exista

un

conflicto

o

controversia

genuina

de

hechos

AC-2018-0046

13

materiales. Véase Const. José Carro, 186 DPR en la pág. 128;

Abrams Rivera v. ELA, 178 DPR 914, 932 (2010); Nieves Díaz

v. González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010). Cónsono con

esto,

en

el

pasado

hemos

afirmado

que

-utilizado

ponderadamente- el mecanismo de sentencia sumaria es un

vehículo idóneo para descongestionar los calendarios de los

tribunales y evitar el derroche de dinero y tiempo que

implica la celebración de un juicio en su fondo. Véase

Carpets & Rugs v. Tropical Reps., 175 DPR 615 (2009); Padín

v. Rossi, 100 DPR 259 (1971).

III.

Como norma general, nuestro ordenamiento procesal civil

requiere que las sentencias dictadas por los tribunales

cumplan con ciertas exigencias de forma. A esos efectos, la

Regla 42.2 de Procedimiento Civil preceptúa que “[e]n todos

los pleitos, el tribunal especificará los hechos probados,

consignará

separadamente

sus

conclusiones

de

derecho

y

ordenará que se registre la sentencia que corresponda”.

32 LPRA Ap. V, R. 42.2. No obstante, y en atención a que los

pleitos resueltos por la vía sumaria solamente exigen que el

foro

sentenciador

aplique

el

Derecho

a

los

hechos

incontrovertidos propuestos por el promovente -y que no

fueron

controvertidos

por

la

parte

promovida

en

oposición- la Regla 42.2 también establece que:

No será necesario especificar los hechos probados

y consignar separadamente las conclusiones de

derecho: (a) al resolver mociones bajo las Reglas

10 ó 36.1 y 36.2, o al resolver cualquier otra

moción, excepto lo dispuesto en la Regla 39.2; (b)

en casos de rebeldía; (c) cuando las partes así lo

estipulen, o (d) cuando el tribunal así lo estime

su

AC-2018-0046

14

por la naturaleza de la causa de acción o el

remedio concedido en la sentencia. En los casos en

que se deniegue total o parcialmente una moción de

sentencia sumaria, el tribunal determinará los

hechos en conformidad con la Regla 36.4.

32 LPRA Ap. V, R. 42.2 (énfasis suplido).

Conviene destacar que esta exención de consignar los

hechos probados también estaba contemplada en la anterior

Regla 43.2 de las Reglas de Procedimiento Civil.5 El único

cambio sustantivo es que en la nueva Regla 42.2 se añade un

párrafo que remite a la Regla 36.4 únicamente “[e]n los casos

en que se deniegue total o parcialmente una moción de

sentencia sumaria”. Véase Informe de Reglas de Procedimiento

Civil, en la pág. 513 (marzo 2008). La exención, además,

proviene de la Regla 52 de Procedimiento Civil federal.6

Nótese, además, que la propia Regla 42.2 nos remite a la

Regla 36.4 únicamente “[e]n aquellos casos en que se deniegue

total

o

parcialmente

una

moción

de

sentencia

sumaria”.

32 LPRA Ap. V, R. 42.2. Sólo en esas instancias delimitadas

Esa Regla disponía que no era necesario especificar los

hechos probados y consignar separadamente las conclusiones

de derecho: (a) al resolver mociones bajo las Reglas 10 ó

36, o al resolver cualquier otra moción, a excepción de lo

dispuesto en la Regla 39.2; (b) en casos de rebeldía; (c)

cuando las partes así lo estipularan, y (d) cuando por la

naturaleza de la causa de acción o el remedio concedido en

la sentencia, el tribunal así lo estimare. 32 LPRA Ap. II.

R. 43.2.

6 Dicha regla establece que “The court is not required to

state findings or conclusions when ruling on a motion under

Rule 12 or 56 or, unless these rules provide otherwise, on

any other motion.” Fed. R. Civ. P. R. 52, 28 USCA R. 52.

Adviértase que el texto de nuestra regla actual supera el de

la regla federal al disponer tres excepciones adicionales

(casos de rebeldía, cuando las partes lo estipulen y en

aquellos casos en los que, por la naturaleza de la causa de

acción, el juez así lo determine).

5

AC-2018-0046

15

los tribunales deberán consignar sus determinaciones de

hechos.

Eximir a los foros sentenciadores de consignar los

hechos probados en una sentencia dictada en virtud de una

moción de sentencia sumaria responde a la propia naturaleza

de ese mecanismo dispositivo en nuestra jurisdicción. Tal y

como se indicó, el criterio rector para determinar si una

controversia puede ser resuelta por la vía sumaria es que no

existan controversias sustanciales sobre hechos materiales

y sólo proceda aplicar el Derecho. Esto es, los hechos

incontrovertidos propuestos por la parte promovente, de ser

creídos por el Tribunal luego de examinar la evidencia

documental en los que se sustentan, pasan a ser, para todos

los efectos, los hechos probados sobre los cuales se aplicará

el

Derecho

sustantivo.

Así

lo

reconoce

el

tratadista

José Cuevas Segarra al afirmar que “[l]a razón que se ha

dado para esta norma es que, tanto bajo la Regla 10 como

bajo la Regla 36, el tribunal adjudica meramente una cuestión

de derecho”. José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho

Procesal Civil, en la pág. 1244 (2da Ed. 2011).

Al evaluar los requisitos de forma impuestos por la

Regla

42.2

de

Procedimiento

Civil,

el

tratadista

Rafael Hernández Colón sostiene que las determinaciones de

hechos

probados

sentencia

no

que

son

de

más

ordinario

que

el

se

consignan

resultado

del

en

una

proceso

adjudicativo al que se adentra un tribunal luego de celebrado

el juicio en su fondo. Este proceso, a su vez consiste en

“dirimir

los

conflictos

que

pueda

haber,

determinar

la

AC-2018-0046

16

credibilidad de los testigos, determinar qué documentos se

tendrán por auténticos y determinar qué hechos se tendrán

por probados”. Rafael Hernández Colón, Práctica Jurídica de

Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, en la pág. 375 (5ta ed.

2010). Es decir, mediante las determinaciones de hechos “el

tribunal determina los hechos que resultan probados de la

evidencia presentada y los enumera, dirimiendo a la vez todo

conflicto que haya existido sobre esos hechos en la prueba

de las partes”. Id.

De ahí que no sea necesario formular

determinaciones de hecho “al resolver mociones que pueden

disponer finalmente de un pleito” como lo es una moción de

sentencia sumaria. Id. en la pág. 376.

En Roldán Rosario v. Lutrón, S.M., Inc., 151 DPR 883

(2000),

este

controversia

Tribunal

tuvo

relacionada

con

ante

la

su

consideración

anterior

Regla

una

43.2,

equivalente a la actual Regla 42.2. Allí, en lo pertinente,

el Tribunal de Apelaciones revocó un dictamen desestimatorio

del foro primario emitido al amparo de la entonces vigente

Regla 10.2 de Procedimiento Civil. Ello, bajo el fundamento

de que el Tribunal de Primera Instancia no hizo constar en

su sentencia las determinaciones de hechos. Al evaluar esa

controversia, este Tribunal concluyó, entre otras cosas, que

el tenor de la Regla 43.2 era claro y que, conforme a éste,

el tribunal de instancia no estaba obligado a exponer en su

sentencia las determinaciones de hechos en que sustentó su

decisión. Véase id. en la pág. 889.

De la misma manera, a nivel federal, al interpretar la

contraparte de nuestra Regla 42.2, se ha confirmado que las

AC-2018-0046

excepciones

17

al

determinaciones

requerimiento

de

hechos

están

de

consignar

justificadas

las

en

la

naturaleza de los mecanismos procesales a los que alude la

Regla 52(a). En el contexto de los dictámenes en los que se

resuelve

sumariamente

un

pleito,

los

foros

apelativos

federales -incluyendo el Tribunal Supremo de Estados Unidoshan sido consistentes en que la concesión de una sentencia

sumaria a favor de una parte no requiere que el tribunal

sentenciador haga constar las determinaciones de hechos y

las conclusiones de derecho. Véase Wright & Miller, Federal

Practice and Procedure, sec. 2575, Requirement of Findings

(3ra ed.)( “It is clear that the district court is not

required to make findings in granting a motion for summary

judgment under Rule 56.”). Véase además, Townsend v. BAC

Home Loans Servicing, L.P., 461 Fed. Appx. 367, 372 (5th

Cir. 2011); U.S. v. Smith, 443 Fed. Appx. 194 (7th Cir.

2011);

SPSL

OPOBO

Liberia,

Inc.

v.

Marine

Worldwide

Services, Inc., 442 Fed. Appx. 944 (5th Cir. 2011); State

Farm Mut. Auto. Ins. Co. v. Midtown Medical Center, Inc.,

388 Fed. Appx. 125, 129 n.3 (3d Cir. 2010); Orem v. Rephann,

523 F.3d 442 (4th Cir. 2008).

Queda claro, pues, que la Regla 42.2 de Procedimiento

Civil

releva

a

los

tribunales

de

consignar

sus

determinaciones de hechos al momento de disponer de una

controversia por la vía sumaria. La referencia a la Regla

36.4 contenida en la Regla 42.2 -conforme al texto claro de

ésta- únicamente se activa cuando la solicitud de sentencia

AC-2018-0046

18

sumaria es denegada total o parcialmente y no cuando es

concedida en su totalidad.

IV.

En el caso ante nuestra consideración, el Tribunal de

Apelaciones

revocó

el

dictamen

objeto

de

revisión

por

entender que el foro primario había errado al no consignar

las

determinaciones

de

hechos

en

su

sentencia.

A

esos

efectos, devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia

para que éste notificara una sentencia que cumpliera con la

Regla 36.4 de Procedimiento Civil y, por tanto, que expusiera

los hechos materiales incontrovertidos. Véase Sentencia del

Tribunal de Apelaciones, Ap. en las págs. 447-48. Conforme

la discusión que antecede, sin embargo, el Tribunal de

Apelaciones erró al así proceder. Veamos.

Tal y como se discutió, lo dispuesto en la Regla 36.4

únicamente

es

exigible

parcialmente

una

instancias,

el

cuando

se

deniega

total

En

moción

de

sentencia

sumaria.

propósito

de

consignar

tanto

los

o

esas

hechos

controvertidos como los incontrovertidos es relevar a las

partes de pasar prueba sobre estos últimos durante el juicio

en su fondo y así promover la solución expedita del pleito.

Dado que en el presente pleito el foro primario declaró con

lugar la moción de sentencia sumaria, la Regla 36.4 de

Procedimiento Civil es claramente inaplicable.

De otra parte, cuando el pleito en su totalidad es

resuelto mediante un dictamen sumario -como ocurrió en este

caso-

el

único

hecho

adjudicado

es

justamente

la

AC-2018-0046

inexistencia

19

de

hechos

materiales

en

controversia.7

Por

tanto, no existe necesidad de consignar los hechos sobre los

cuales no existe controversia, dado que éstos son los que

fueron propuestos por la parte promovente en su solicitud.

En el presente caso, el señor Pérez Vargas, como parte

promovida, tuvo la oportunidad de controvertir esos hechos

en su oposición, lo que no hizo. Por el contrario, una

lectura de la réplica presentada devela que la mayoría de

los hechos materiales relacionados con las razones detrás de

su despido, según enumerados en la moción de sentencia

sumaria de Office Depot, fueron admitidos por el señor Pérez

Vargas. Véase Réplica, Ap. en la pág. 116. Así, al margen de

las particularidades procesales que presenta este caso, aún

de considerarse oportuna la réplica u oposición presentada

por el señor Pérez Vargas ante el foro primario, de ésta no

surgen hechos adicionales ni evidencia documental que tenga

el efecto de controvertir los hechos propuestos por Office

Depot.8

Véase Somers Coal Co. v. U.S., 2 FRD 532, 533 (N.D. Ohio,

1942) (“A case cannot be tried upon the facts if there is no

dispute as to facts. The facts in this case were admitted by

the motions and supplemented by the stipulation. There need

be

no

finding

of

facts

where

facts

are

not

in

issue.”)(énfasis suplido).

8 En cuanto a este asunto, conviene destacar que, a pesar de

que el señor Pérez Vargas insiste en que existe una

controversia material de hechos que impide la resolución

sumaria de su reclamación, éste esperó casi tres (3) meses

para oponerse a la moción presentada por Office Depot y, a

su vez, solicitar al foro primario -a destiempo- que dictara

sentencia sumaria a su favor. A pesar de que el tribunal de

instancia no atendió expresamente la solicitud de desglose

presentada por Office Depot, el hecho de que la oposición

del señor Pérez Vargas haya sido presentada tardíamente, de

por sí, es suficiente para que los hechos propuestos en la

moción de sentencia sumaria se entiendan admitidos. Véase 32

7

AC-2018-0046

20

Al determinar que, en efecto, no existía controversia

sobre los hechos que originaron la reclamación del señor

Pérez Vargas, el Tribunal de Primera Instancia correctamente

determinó que éste carecía de una causa de acción al amparo

de la Ley Núm. 80. Al así proceder, y dado que estaba

desestimando la reclamación incoada en su totalidad por la

vía sumaria, prescindió, tal y como lo ordena la Regla 42.2,

de consignar determinaciones de hechos. Consiguientemente,

el Tribunal de Apelaciones erró al revocar el dictamen del

Tribunal de Primera Instancia y ordenar a ese foro consignar

los

hechos

Regla 36.4.

incontrovertidos

Claramente,

no

de

conformidad

estamos

ante

una

con

la

de

las

instancias en las cuales esa regla se activa, por lo que

procede revocar la sentencia dictada por el Tribunal de

Apelaciones y reinstalar el dictamen del Tribunal de Primera

Instancia en su totalidad.

Como se indicó, el texto de la Regla 42.2 diáfanamente

exime a los tribunales de consignar sus determinaciones de

hechos al momento de

declarar con lugar una moción de

sentencia sumaria. Asimismo, el texto claro de la Regla 36.4

únicamente exige que se consignen los hechos controvertidos

e incontrovertidos cuando se deniegue total o parcialmente

una moción de sentencia sumaria. En otras palabras, la única

“excepción a la excepción” provista en la Regla 42.2 es la

LPRA, Ap. V, R. 36.3(d). Después de todo, fue el señor Pérez

Vargas el que seleccionó tramitar su reclamación al amparo

del procedimiento sumario dispuesto en la Ley Núm. 2, con

los términos abreviados que allí se contemplan y las

penalidades que el incumplimiento con éstos conlleva para el

patrono querellado.

AC-2018-0046

21

denegatoria parcial o total de una solicitud de sentencia

sumaria. En este caso, el foro primario concedió la moción

de sentencia sumaria en su totalidad, por lo que la única

regla aplicable al formato de su dictamen es la Regla 42.2

de Procedimiento Civil.

V.

Por

los

fundamentos

que

anteceden,

se

revoca

el

dictamen apelado y se reinstala la sentencia dictada por el

Tribunal de Primera Instancia.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

William Pérez Vargas

Apelado

v.

Office

Inc.

Depot

Núm. AC-2018-0046

/

Office

Max,

Apelante

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 4 de diciembre de 2019

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, se revoca el dictamen apelado y se reinstala

la sentencia dictada por el Tribunal de Primera

Instancia.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario

del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez

Torres concurre y hace constar la siguiente expresión

a la que se une la Jueza Asociada señora Pabón

Charneco:

“El Juez Asociado señor Martínez Torres

concurre porque considera que se debió

devolver el caso al Tribunal de Apelaciones

para que este, y no nosotros, adjudique el

señalamiento de error restante de la

apelación presentada allí”.

El Juez

intervino.

Asociado

señor

Kolthoff

Caraballo

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo

no