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Tribunal Supremo de Puerto Rico

González Rivera v. Robles Laracuente

2019 TSPR 225

Poder Judicial de Puerto Rico

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González Rivera v. Robles Laracuente

CC-2018-846

Sentencia del Tribunal con Opinión de conformidad y Opiniones disidentes

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

María Elena González Rivera

Certiorari

Recurrida

2019 TSPR 225

v.

203 DPR ____

Raúl Robles Laracuente

Peticionario

Número del Caso:

CC-2018-846

Fecha: 27 noviembre de 2019

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Carolina y Humacao

Panel X

Abogados de la parte Peticionaria:

Lcdo. José R. Negrón Fernández

Lcda. Vanessa Medina Romero

Abogados de la parte recurrida:

Lcdo. Gamaliel Rodríguez

Lcda. Waleska Delgado Marrero

Lcda. Carla Teresa Rodríguez Bernier

Materia: Sentencia del Tribunal con Opinión de conformidad y Opiniones

disidentes.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está

sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación

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como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

María Elena González Rivera

Recurrida

v.

CC-2018-846

Certiorari

Raúl Robles Laracuente

Peticionario

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de noviembre de 2019.

Examinada la petición de certiorari presentada en

el caso de epígrafe, expedimos el auto solicitado y

se dicta Sentencia mediante la cual modificamos la

Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones el

31 de julio de 2018, para revocar la determinación

de que el bien inmueble localizado en la Urbanización

Mansión Real es parte de una comunidad de bienes

compuesta por el Sr. Raúl Robles Laracuente y la

Sra. María Elena González Rivera, siendo dicho bien

uno privativo del señor Robles Laracuente. Así

modificada, se confirma el resto de la Sentencia del

Tribunal de Apelaciones.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica el Secretario

del Tribunal Supremo.

El Juez Asociado señor

Feliberti Cintrón emitió Opinión de conformidad a la

que se unieron el Juez Asociado señor Martínez

Torres, la Jueza Asociada señora Pabón Charneco y

el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo. La Jueza

Presidenta Oronoz Rodríguez y los Jueces Asociados

señor Estrella Martínez y señor Colón Pérez emitieron

Opiniones disidentes.

La Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez disiente sin Opinión escrita.

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

María Elena González Rivera

Recurrida

v.

CC-2018-846

Certiorari

Raúl Robles Laracuente

Peticionario

Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado señor FELIBERTI

CINTRÓN, a la cual se unieron el Juez Asociado señor Martínez Torres,

la Jueza Asociada señora Pabón Charneco y el Juez Asociado señor

Kolthoff Caraballo.

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de noviembre de 2019.

Coincido

con

la

determinación

que

realiza

una

mayoría del Tribunal en este caso, por entender que un

pacto implícito, como cuestión de derecho, no se limita

a la relación humana entre las partes sin considerar

también los vínculos económicos de los concubinos para

establecer

el

interés

propietario

sobre

un

bien

inmueble.

I

Los procedimientos en este caso ante el Tribunal

de Primera Instancia comenzaron con la presentación de

dos

acciones

civiles

instadas

por

las

partes

de

epígrafe de forma separada, las cuales posteriormente

fueron consolidadas.

CC-2018-846

2

Por un lado, el 3 de abril de 2009, el Sr. Raúl Robles

Laracuente (señor Robles Laracuente) presentó una demanda

de desahucio en contra de la Sra. María Elena González Rivera

(señora

González

Rivera)

en

el Caso

Núm.

JPE2009-0248,

mediante la cual alegó que la señora González Rivera ocupaba

una propiedad ubicada en

en

el

la

Urbanización

Mansión

Real

Municipio de Ponce, que le pertenecía a él de forma

exclusiva.

Sostuvo que la señora González Rivera había

residido en la propiedad por más de ocho (8) años sin pagar

canon de arrendamiento.1

Añadió que, a pesar de que exigió

a la señora González Rivera que abandonara la residencia en

reiteradas

ocasiones,

Consecuentemente,

ésta

reclamó

el

se

negó

reembolso

a

de

hacerlo.

los

gastos

incurridos de agua, luz y mantenimiento correspondientes a

la

vivienda,

Finalmente,

de

los

peticionó

el

cuales

no

desalojo

pudo

de

la

beneficiarse.

propiedad

como

remedio al incumplimiento por parte de la señora González

Rivera.

El 24 de abril de 2009, la señora González Rivera

contestó la demanda y negó la mayoría de las alegaciones

presentadas. Levantó varias defensas afirmativas, entre las

que planteó que procedía la desestimación de la demanda dado

su interés y derecho propietario en calidad de dueña en

común pro indiviso del 50% del inmueble. Alegó, a su juicio,

que la propiedad forma parte de la comunidad de bienes habida

1

Es decir, desde que establecieron su relación de pareja, hasta

después de su separación.

CC-2018-846

3

entre ella y el señor Robles Laracuente durante la duración

de su relación de concubinato.

Asimismo, requirió que el

trámite del desahucio se modificara a uno ordinario para que

el foro primario atendiera el conflicto de titularidad del

bien inmueble en controversia.

Conjuntamente, reafirmó la

solicitud de desestimación del caso, en vista de una demanda

instada

por

liquidación

compuesta

ella

de

por

de

la

ambos

forma

paralela

comunidad

y

que,

de

donde

bienes

entre

otros,

reclamaba

la

supuestamente

incluía

la

residencia objeto del desahucio.

Por su parte, el 24 de abril de 2009 la señora González

Rivera instó una segunda demanda en el Caso Núm. JAC20090242 en contra del señor Robles.2

En lo pertinente, la

señora

que

González

Rivera

sostuvo

su

relación

de

concubinato con el señor Robles Laracuente inició desde el

mes de abril en el año 1988, mientras él aún estaba casado

con la señora Rivera, y se extendió hasta el 2005.

Destacó

que durante ese tiempo convivieron de modo ininterrumpido

en distintas propiedades inmuebles.

Sobre este particular, la señora González Rivera relató

que inicialmente ambos residieron en una propiedad alquilada

2

Cabe resaltar que la Sra. María Elena González Rivera (señora

González Rivera) incluyó en la demanda a la Sra. Juana Rivera (señora

Rivera), ex esposa del Sr. Raúl Robles Laracuente (señor Robles

Laracuente).

Durante el trámite procesal, el Tribunal de Primera

Instancia ordenó la anotación de rebeldía de la señora Rivera, como

resultado de su incomparecencia.

Sin embargo, el foro primario

incumplió con notificarle sobre el inicio del juicio, por lo que ordenó

la notificación y reinicio del mismo en cumplimiento del debido proceso

de ley. Así, para evitar dilaciones innecesarias, la señora González

Rivera desistió con perjuicio de su reclamo en contra de la señora

Rivera. Resolución, Apéndice, págs. 2313-2329.

CC-2018-846

4

en la Urbanización Jardines del Caribe en el Municipio de

Ponce.

Explicó que ella sufragaba la renta y demás gastos

del hogar con el dinero que percibía de su negocio de venta

de ropa interior femenina.

Añadió que, en el mes de mayo

de 1997, el señor Robles Laracuente compró un inmueble en

la Urbanización Estancias del Golf Club en el Municipio de

Ponce, y luego se lo donó mediante escritura otorgada el

21 de noviembre de 1997.

señor

Robles

Laracuente

Añadió que, posteriormente, el

adquirió

otra

propiedad

en

la

Urbanización Mansión Real -el 25 de abril de 1998-, donde

se mudaron como pareja y donde ha permanecido residiendo

hasta el presente.

A base de ello, reclamó que su “derecho

e interés propietario [equivale] a un 50% de participación

pro

indiviso”

comunidad

de

sobre

todos

los

bienes

de

bienes,

ya

que

convivieron

una

supuesta

en

público

concubinato, además de actuar como marido y mujer frente a

terceros.

hijos

y

Como evidencia de lo anterior, señaló que: los

nietos

reclamados

como

que

nacieron

durante

sus

dependientes

por

ese

tiempo

fueron

el

señor

Robles

Laracuente en su Planilla de Contribución sobre Ingresos;

presentaron acciones judiciales en conjunto como matrimonio;

y cuidó del señor Robles Laracuente luego que éste sufrió

un

accidente

de

motora.

Además,

planteó

que

trabajó,

contribuyó y ayudó económicamente al señor Robles Laracuente

durante su relación. Finalmente, sostuvo que al culminar la

relación de concubinato en agosto de 2005, el señor Robles

Laracuente se fue del hogar, y en ese momento, acordaron

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5

verbalmente que éste le pagaría una suma mensual de $2,500

además de los gastos de las utilidades mientras la señora

González Rivera residiese en la propiedad de la Urbanización

Mansión Real, hasta la división de la supuesta comunidad de

bienes.

Sin

embargo,

el

señor

Robles

Laracuente

alegadamente incumplió con el referido acuerdo y dejó de

pagar en octubre de 2008.

Conforme a lo anterior, solicitó

el inventario, avalúo, liquidación y división de la presunta

comunidad de bienes habida entre ella y el señor Robles

Laracuente; reclamó el 50% de todos los bienes muebles e

inmuebles adquiridos durante el concubinato; una mensualidad

de $2,500, como alimentos; el pago de las utilidades de la

propiedad,

legales,

acordadas

costas,

y

no

pagadas,

además

gastos

y

$50,000.00

por

de

intereses

honorarios

de

abogado.

En su contestación, el señor Robles Laracuente alegó que

nunca hubo una relación de público concubinato con la señora

González Rivera, ya que meramente pernoctaba ocasionalmente

en la residencia de la señora González Rivera mientras que

residía en otro lugar.

En cuanto a la propiedad inmueble

de la Urbanización de Mansión Real, reiteró que era su

propiedad exclusiva y así constaba inscrita en el Registro

de la Propiedad.

También, arguyó que no recibió aportación

económica alguna de la señora González Rivera.

Indicó que

la mantuvo económicamente y reclamó a sus hijos y nietos

como dependientes.

Señaló que la señora González Rivera no

realizó aportación alguna sobre el bien inmueble con su

CC-2018-846

6

labor, trabajo o esfuerzo.

Además, negó que existiera entre

las partes algún pacto expreso, implícito o enriquecimiento

injusto concerniente a la señora González Rivera.

Planteó

que la señora González Rivera no tenía derecho a una pensión

de alimentos como exconcubina.

Finalmente, peticionó la

desestimación de la demanda, costas, gastos y honorarios de

abogado.

El 11 de mayo de 2009, el Tribunal de Primera Instancia

emitió una Resolución en el Caso Núm. J PE2009-0248 en la

que dispuso que la acción de desahucio del señor Robles

Laracuente

debía

ventilarse

junto

con

la

demanda

de

liquidación de comunidad de bienes instada por la señora

González Rivera en el Caso Núm. J AC2009-0242.

De esta

manera, el trámite de desahucio continuaría por la vía

ordinaria.

Ordenó,

además,

la

consolidación

de

ambos

pleitos.

Tras

varios

trámites

procesales,3

el

señor

Robles

Laracuente presentó una Moción de sentencia sumaria mediante

la cual negó la existencia de una comunidad sobre los bienes

adquiridos

durante

el

concubinato

y

solicitó

la

desestimación de la demanda en el Caso Núm. JAC2009-0242,

por entender que, según quedó establecido en la deposición

3

En desacuerdo, el señor Robles Laracuente recurrió ante el Tribunal

de Apelaciones mediante el recurso de certiorari KLCE200900769.

El

Tribunal de Apelaciones determinó que había errado el foro primario al

consolidar las acciones, por lo que revocó la Resolución impugnada. La

señora González Rivera recurrió entonces ante nos mediante el recurso

de certiorari CC-2009-820 y este Foro dictó una sentencia revocatoria

el 16 de diciembre de 2011, en la que determinó que la consolidación de

ambas acciones era razonable. Véase, Sentencia, Apéndice, págs. 115132.

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de

la

7

señora

interrogatorio

González

del

señor

Rivera

y

la

Contestación

Robles

Laracuente,

no

a

existía

controversia sobre el hecho de que tuvieron una relación

concubinaria desde 1992 hasta 2005; que la señora González

Rivera no aportó dinero para adquirir bienes durante su

relación; se limitó a poner su esfuerzo; y que dicho esfuerzo

sólo consistió en la ayuda que le brindó al señor Robles

Laracuente al realizar las tareas domésticas, acompañarlo a

citas médicas, comprar sus medicamentos y cuidarlo mientras

estuvo recluido en el hospital.

Asimismo, adujo que lo

anterior no era evidencia suficiente para establecer un

pacto expreso o implícito.

Añadió que tampoco aportó bienes

o valores por los que debía recibir un crédito al amparo de

la doctrina del enriquecimiento injusto.

Por consiguiente,

dada la inexistencia de una comunidad de bienes entre las

partes, reclamó la desestimación.

Por su parte, la señora González Rivera se opuso a la

moción de sentencia sumaria.

Sostuvo, en síntesis, que

existía controversia sobre hechos esenciales y pertinentes

que

impedían

pertinente,

disponer

alegó

del

que

asunto

durante

los

sumariamente.

En

lo

primeros

de

la

años

relación generó ingresos suficientes en su trabajo para

cubrir los gastos del hogar en el que convivieron como marido

y

mujer

desde

1988

hasta

2005,

que

tuvieron

cuentas

conjuntas y además, que contribuyó sustancialmente desde

1988

al

desarrollo

Laracuente.

de

los

negocios

del

señor

Robles

CC-2018-846

8

El 5 de abril de 2013, el Tribunal de Primera Instancia

notificó una Resolución en la que denegó la solicitud del

señor

Robles

Laracuente

al

concluir

que

existían

controversias sobre hechos esenciales y pertinentes que

impedían la disposición del caso por la vía sumaria.

El juicio en su fondo se celebró durante los días 3 al

7 y 10 al 12 de agosto de 2015.

testigos,

la

señora

González

Declararon, entre otros

Rivera,

el

señor

Robles

Laracuente y su hermano, el Sr. Francisco Robles Laracuente,

el cual declaró sobre las corporaciones que creó junto a su

hermano,

ambos

accionistas

y

corporaciones.

como

propietarios,

e

sus

participaciones

identificó

en

las

a

los

distintas

Además, testificaron como peritos el Sr.

Rafael Rosario Cabrera y el Sr. José Alberto Silva Rivera a

favor del señor Robles Laracuente y la señora González

Rivera, respectivamente.

Culminado el juicio,

tras aquilatar los testimonios

presentados, la prueba documental admitida y los memorandos

de

derecho

sometidos

por

las

partes

esbozando

sus

respectivas posiciones, el 5 de abril de 2016, el Tribunal

de Primera Instancia notificó una Sentencia mediante la cual

desestimó el reclamo de desahucio que inició el señor Robles

Laracuente en el Caso Núm. JPE 2009-0248.

De otra parte,

accedió al reclamo de la señora González Rivera en el Caso

Núm. JAC 2009-0242.

Así, determinó que se estableció una

comunidad de bienes por pacto implícito, pero únicamente,

sobre el bien inmueble localizado en Mansión Real.

Dispuso,

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9

además, que los negocios del señor Robles Laracuente no

formaron

parte

de

la

comunidad

de

bienes

creada.

Finalmente, concluyó que la prueba no reflejó deudas que

pertenecieran a la comunidad de bienes establecida.

Así,

el

referido

foro

realizó

las

determinaciones de hecho:

.

.

.

.

.

.

.

.

3. Cuando el [señor Robles Laracuente y

la señora González Rivera] comenzaron a

convivir, no realizaron un pacto escrito

para regular sus asuntos económicos, sino

que cada cual pagaba ciertos gastos y

actuaban como marido y mujer, inclusive

parte

del

periodo

de

tiempo

que

convivieron

y

[el

señor

Robles

Laracuente] seguía casado legalmente con

la Sra. Juanita Rivera, estos actuaban

como marido y mujer y le siguieron

haciendo por varios años después que el

[señor Robles Laracuente] se divorcia de

la Sra. Juanita Rivera, con la que estuvo

legalmente casado hasta el 1993.

.

.

.

.

.

.

.

.

6. El [señor Robles Laracuente] comenzó

en el 1997 cuando se mudaron a la

Urbanización [Mansión Real] […], Ponce,

Puerto Rico con una aportación monetaria

mensual que fluctuaba todos los meses,

para los gastos del hogar.

7. El inmueble sito en la Urbanización

[Mansión Real] […], nunca ha estado a

nombre de [la señora González Rivera] y

fue adquirido por [el señor Robles

Laracuente] a modo de sorpresa de este a

la [señora González Rivera], de cambio de

residencia y es el único bien inmueble

que forma parte de la Comunidad de Bienes

que [el señor Robles Laracuente] sí creó

con [la señora González Rivera].

8. Cuando el [señor Robles Laracuente]

le dijo a la [señora González Rivera] que

se mudarían a vivir a una casa que el

compr[ó] en [Mansión Real], llevó a la

[señora González Rivera] a verla y ambos

aportaron ideas para hacerle mejoras a

siguientes

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10

dicha casa antes de mudarse. Ya en ese

momento había comenzado la comunidad de

bienes entre ambos.

9. La [señora González Rivera] ha pagado

por varios años al [Centro de Recaudación

de Ingresos Municipales de Puerto Rico

(CRIM)] las contribuciones que dicha

entidad cobra por la propiedad de

[Mansión Real] que está inscrita en el

Registro de la Propiedad y el CRIM

solamente a nombre del [señor Robles

Laracuente].

10. La [señora González Rivera] le ha

dedicado su máximo esfuerzo y recursos

para mantener la casa de la Urbanización

[Mansión Real], de forma que ese inmueble

si es parte de una comunidad de bienes

entre el [señor Robles Laracuente con la

señora González

Rivera], aunque el

inmueble está inscrito solamente a nombre

del

[señor

Robles

Laracuente],

la

relación entre ambos, con respecto a esa

propiedad, obliga que sea parte de la

comunidad de bienes aquí se decreta

existe entre ambos.

11. El inmueble que [el señor Robles

Laracuente] le regal[ó] a la [señora

González Rivera], solo está inscrito a

nombre de [é]sta y es el ubicado en la

Urb. Estancias del Golf Club […], Ponce,

Puerto Rico y ese no es parte de la

comunidad

de

bienes

que

aquí

establecemos, pues el mismo fue un regalo

de[l] [señor Robles Laracuente a la

señora

González

Rivera]

en

agradecimiento por muchos años de vida y

cuido brindados por [é]sta [al señor

Robles Laracuente].

.

.

.

.

.

.

.

.

13. Los esfuerzos y aportaciones de [la

señora González Rivera] no se limitaron

a lavarle, plancharle, cocinarle y cuidar

[al señor Robles Laracuente] y cuidar y

mantener

los

inmuebles

donde

convivieron, sino que […] ayudó en

algunas tareas de los negocios de Robles

que

existían

previo

a

que

estos

comenzaron a convivir.

14. La [señora González Rivera] realizó

algunas aportaciones a los negocios de

Robles durante los años que estos

CC-2018-846

11

convivieron como marido y mujer, pero la

prueba reflej[ó] que estas no son del

tipo de esfuerzo que permiten considerar

a los negocios de Robles como parte de la

comunidad de bienes que estos crearon

pues esos negocios son producto de

inversiones

[del

señor

Robles

Laracuente] anteriores a que conviviera

este con la [señora González Rivera] y de

los grandes esfuerzos de este y sus

socios.

15. La [señora González Rivera] ha tenido

en diferentes periodos un negocio propio

de mercancía en general, lo que en

ocasiones

le

permitió

generar

suficientes

ingresos

para

aportar

trabajo, valores y esfuerzos en la vida

en común de ella con [el señor Robles

Laracuente].

.

.

.

.

.

.

.

27. [El señor Robles Laracuente] se fue

de la casa en que convivía con la [señora

González Rivera] en la Urb. [Mansión

Real] alrededor del mes de agosto del año

2005.

.

.

.

.

.

.

.

37. La realidad de la prueba en nada

permite concluir que la comunidad de

bienes […] incluyera alguna de las

empresas ni el aumento de valor de otras

múltiples empresas que es dueño en todo

o en parte el [señor Robles Laracuente].

38. La comunidad de bienes que aquí se

está decretando está formada por un único

bien inmueble que es la casa en la

Urbanización [Mansión Real][…].

39. La prueba nada reflej[ó] sobre deudas

al momento del juicio que pertenecieran

a la Comunidad de Bienes que aquí se

decreta

entre

las

partes

en

esta

controversia.

(Negritas y subrayado

suplido).

Finalmente, a tono con sus hallazgos, el foro primario,

luego de haber determinado que hubo un pacto implícito para

establecer una comunidad de bienes entre ambos, concluyó que

ésta

únicamente

se

extendió

sobre

el

bien

inmueble

CC-2018-846

12

localizado en Mansión Real.

Además, aplicó la presunción

establecida en el Art. 327 del Código Civil de Puerto Rico,

31 LPRA sec. 1272 y conforme a ello, puntualizó que la

participación era en partes iguales (50%) sobre el valor

activo del bien inmueble.

Por otro lado, debido a que el señor Robles Laracuente

se obligó a pagar una mensualidad de $2,500.00 para posponer

la liquidación de la comunidad de bienes, el foro primario

concluyó que le adeudaba una cantidad de $287,502.00 a la

señora González Rivera, junto al pago de gastos, costas y

$25,000 por concepto de honorarios de abogado.4

En desacuerdo, ambas partes presentaron solicitudes de

reconsideración,

que

fueron

denegadas

por

el

foro

sentenciador.

4

La referida cuantía surge como resultado de que durante la

navidad del año 2005 el [señor Robles Laracuente] solicitó a la

[señora González Rivera] que endosara una anualidad que ambos

adquirieron con National WesternLife Insurance Company por el

valor inicial de $92,778.14. De esa forma, las partes acordaron

que el señor Robles Laracuente le pagaría una mensualidad a la

señora González Rivera de $2,500.00 mensuales desde enero de 2006.

En cuanto al origen del dinero, la señora González Rivera reconoció en

su testimonio que el dinero inicial provenía de una de las corporaciones

del señor Robles Laracuente.

Sentencia del Tribunal de Primera

Instancia, Apéndice, págs. 2907-2908; Transcripción [de la] vista de

juicio en su fondo, Apéndice, págs. 2996-3001.

CC-2018-846

13

Insatisfecho, el 15 de junio de 2016, el señor Robles

Laracuente recurrió ante el Tribunal de Apelaciones.

Por

su parte, ese mismo día, la señora González Rivera también

presentó un recurso de apelación.5

Tras evaluar los planteamientos de ambas partes, el 2 de

agosto de 2018, el foro apelativo intermedio notificó una

Sentencia mediante la cual modificó, en parte, la sentencia

del foro primario y devolvió el caso para que el referido

foro determinara el monto de la indemnización que la señora

González Rivera debía pagarle al señor Robles Laracuente por

el tiempo que disfrutó exclusivamente de la casa en Mansión

Real.

Ordenó, además, que se llevara a cabo el inventario,

avalúo y tasación de la propiedad de Mansión Real, como

parte de la comunidad compuesta por ambos, para culminar la

división y adjudicación de la comunidad de bienes.

En lo concerniente a la casa en Mansión Real, el Tribunal

de Apelaciones confirmó al foro primario en cuanto a que

existía una comunidad de bienes por pacto implícito sobre

el bien inmueble.

Fundamentó su conclusión en que el señor

Robles Laracuente, al momento de comprar el bien inmueble,

reflejó una intención de adquirirlo en común pro indiviso

con la señora González Rivera.

5

Por ello, coincidió en que

Posteriormente, al igual que el Tribunal de Primera Instancia, el

20 de julio de 2016, el Tribunal de Apelaciones ordenó la consolidación

de ambos casos. Apelación, Apéndice, pág. 2086.

CC-2018-846

14

ambos poseen una participación de partes iguales sobre el

valor del bien inmueble.6

En desacuerdo, tanto el señor Robles Laracuente como la

señora González Rivera, solicitaron reconsideración.

El

Tribunal de Apelaciones declaró no ha lugar ambas mociones.

El 21 de septiembre de 2018, el señor Robles Laracuente

acudió ante este Tribunal mediante recurso de certiorari y

planteó los siguientes errores:

A.

ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL

DETERMINAR, SIN PRUEBA ALGUNA, QUE

IMPLÍCITAMENTE LAS PARTES CONSTITUYERON

UNA

COMUNIDAD

DE

BIENES

SOBRE

EL

INMUEBLE.

B.

ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL

NO RECONOCERLE A ROBLES, COMO CUESTIÓN DE

DERECHO, QUE AL DIVIDIRSE LA COMUNIDAD DE

BIENES ES ACREEDOR A UN CRÉDITO POR LA

MITAD DEL PRECIO DE COMPRA QUE PAGÓ POR

EL INMUEBLE.

C.

ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL

RECONOCER LA EXISTENCIA DE UN CONTRATO DE

TRANSACCIÓN ENTRE LAS PARTES MEDIANTE EL

CUAL ROBLES LE PAGARÍA A GONZÁLEZ LA SUMA

DE $2,500.00 MENSUALES HASTA QUE SE

DIVIDIERA LA COMUNIDAD DE BIENES.

D.

ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL

NO

RECONOCER

QUE

EL

CONTRATO

DE

TRANSACCIÓN QUEDÓ TERMINADO O RESUELTO

ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE GONZÁLEZ CON

SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

E.

ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL

CONFIRMAR LA IMPOSICIÓN DE HONORARIOS DE

ABOGADO A ROBLES.

6

El Juez Bonilla Ortiz disintió en lo concerniente a la imposición

de honorarios de abogado por temeridad que impuso el Tribunal de Primera

Instancia al señor Robles Laracuente. Sentencia del Tribunal de

Apelaciones, Apéndice, pág. 36.

CC-2018-846

15

El Tribunal expidió el auto de certiorari presentado por

el señor Robles Laracuente, pero limitado a la revisión del

primer y segundo error señalados.7

II.

A. Concubinato

i. Elementos generales

El concubinato surge como:

[M]anifestación del derecho fundamental

del libre desarrollo de la personalidad,

sin perfeccionar el emplazamiento en el

estado

conyugal,

se

unen

en

una

convivencia de cierta estabilidad y

permanencia […] y constituyen con ella

una familia que goza de protección como

la

creada

a

través

de

la

unión

matrimonial, aunque […] no es equivalente

ni le puede ser aplicada la normativa

reguladora del matrimonio en cuanto a las

relaciones personales y patrimoniales de

los convivientes. (Negritas y subrayado

suplido). R. Ortega Vélez, Compendio de

Derecho de Familia, San Juan, Pubs. JTS,

2000, T. II, pág. 607.

Nuestro ordenamiento establece dos tipos de concubinato:

(1) el queridato y el (2) more uxorio.

El queridato surge

cuando “uno o ambos están casados con otra persona y por

tanto impedidos de casarse entre sí”.

Caraballo Ramírez v.

Acosta, 104 DPR 474, 476 esc. 1 (1975).

Por su parte, el

concubinato more uxorio surge desde que “un hombre y una

mujer con aptitud para casarse deciden vivir pública y

notoriamente como un matrimonio, […] sin cumplir con las

formalidades exigidas para este último”.

7

Torres Vélez v.

La señora González Rivera acudió también ante este Tribunal, pero

su recurso de certiorari fue denegado mediante Resolución de 2 de

noviembre de 2018.

CC-2018-846

Soto

16

Hernández,

189

DPR

972,

989-990

Caraballo Ramírez v. Acosta, supra.

(2013).

Véase

Por ello, se considera

como una unión similar al matrimonio, que, entre otros

elementos

básicos,

cumple

con

los

siguientes:

(1)

la

cohabitación (comunidad de vida y lecho); (2) la publicidad

o notoriedad; (3) la estabilidad o la permanencia y (4) la

fidelidad.

F.

Ortega Vélez, op. cit., pág. 608.

Galván

Rivera,

La

distribución

Véase además,

patrimonial

de

las

uniones de hecho, 25 Rev. Jur. UIPR 395, 410-412 (1991).

Asimismo,

el

tratadista

Federico

Puig

Peña

expresa

acertadamente que “es sólo la

unión more uxorio la que

supone

habitación,

comunidad

existencia,

en

de

un

vida,

vivir

de

juntos

y

de

sentir

mesa,

juntos

necesidades del quehacer familiar y cotidiano”.

de

las

F. Puig

Peña, Las uniones maritales de hecho, Madrid, Editorial

Revista de Derecho Privado, 1949, T. XXXIII, pág. 1090.

Véase además, C. R. Padilla Montalvo, El matrimonio no

formalizado en Puerto Rico, 38 Rev. Der PR 355, 363 (1999).

A pesar de las similitudes entre el concubinato y el

matrimonio,

el concubinato

jurídicos.

En lo pertinente, si las partes no estipulan

otro

régimen

económico,

no

al

posee

momento

los

de

mismos

constituir

matrimonio surge la sociedad de bienes gananciales.

contrario,

el

concubinato

no

genera,

efectos

el

Por el

automáticamente,

derechos para las personas que viven en tal estado, ni

acarrea el surgimiento de una sociedad legal de gananciales.

Torres Vélez v. Soto Hernández, supra, pág. 990; Cruz v.

CC-2018-846

17

Sucn. Landrau Díaz, 97 DPR 578, 581 (1969); Torres v. Roldán,

67 DPR 367, 368 (1947); Correa v. Quiñones, 29 DPR 52, 54

(1921).

Véase, también, L. Muñoz Morales, El concubinato

en Puerto Rico, 17 Rev. Jur. UPR 160, 173 (1947).

El surgimiento del concubinato no presume la existencia

de una comunidad de bienes entre los concubinos, por lo que

ésta deberá ser probada por el concubino que plantea su

existencia.

Ortega Vélez, op. cit., pág. 619.

ii.

Aspecto económico o patrimonial

Sabido es que en nuestro ordenamiento no existe una

normativa que regule el concubinato.

Como resultado, los

tribunales han elaborado ciertos factores a evaluar para

determinar los posibles efectos económicos (patrimoniales)

de este tipo de relación.

No existe duda alguna de que al adquirir bienes durante

el concubinato “con aporte de ambos concubinos existe una

verdadera comunidad de intereses a la que habrá de poner

fin, mediante las normas que regulan la comunidad de bienes

en Puerto Rico […]”.

(Énfasis nuestro).

Íd., pág. 620.

De

esta forma, hemos señalado en varias ocasiones que los

concubinos

podrán

demostrar

un

interés

propietario

con

respecto a los bienes adquiridos o que hayan incrementado

de valor durante la relación de la misma forma que se

establece

entiéndase,

Asimismo,

la

existencia

mediante

hemos

enriquecimiento

de

pacto

reconocido

injusto

una

comunidad

expreso

una

cuando

se

o

pacto

causa

de

logra

de

bienes;

implícito.

acción

probar

que

por

la

CC-2018-846

18

cantidad aportada en bienes, valores y servicios produjeron

ganancias, lo que da lugar a una compensación por la misma

cuantía.

Ortiz de Jesús v. Vázquez Cotto, 119 DPR 547, 548-

549 (1987); Danz v. Suau, 82 DPR 609, 617-619 (1961).

Ante una controversia sobre la naturaleza de los bienes

adquiridos

momento

de

por los

concubinos,

culminar

el

durante

concubinato

su

relación,

al

por

disolución

o

división, el tribunal deberá examinar si la voluntad de los

convivientes fue, efectivamente, someterse a una comunidad

de bienes.

Íd.

La comunidad de bienes no se presume ni

aplica de manera automática según mencionamos; su existencia

debe ser probada por la parte que la plantea.

Hemos reconocido que la comunidad de bienes podrá ser

establecida bajo cualquiera de las siguientes alternativas:

(1) como pacto expreso; (2) como pacto implícito que surge

espontáneamente de la relación humana y económica existente

entre las partes durante el concubinato y que demuestra que

se obligaron implícitamente a aportar, cada uno, bienes,

esfuerzo y trabajo para beneficio común; y (3) como un acto

justiciero para evitar el enriquecimiento injusto al probar

que

aportó

bienes,

valores

ganancias a compensar.

y

servicios

Íd., pág. 623.

que

produjeron

Véase además,

Caraballo Ramírez v. Acosta, supra, págs. 481-482; Cruz v.

Sucn. Landrau Díaz, supra, pág. 585; Torres v. Roldán, 67

DPR 367, 369-371 (1947); Correa v. Quiñones, supra, pág. 54.

De esta forma, la profesora Ruth Ortega explica algunos

de los criterios que se deberán tomar en consideración en

CC-2018-846

19

este proceso, según la jurisprudencia de este Tribunal, a

saber:

2. […], los concubinos pueden consolidar

expresa o tácitamente sus ingresos.

3.

Los concubinos pueden, en el caso

mencionado,

participar

por

partes

iguales en los bienes adquiridos con

tales ingresos y si una de las partes ha

retenido más de lo que le corresponde, la

corte le obligará a devolver la porción

retenida de más.

4.

Aun en ausencia de un convenio o

acuerdo entre el concubinario y su

concubina, la parte perjudicada podrá

exigir su participación en los bienes

conjuntamente adquiridos en proporción a

su aportación, con el objeto de evitar

enriquecimiento injusto.

5. La concubina tiene derecho a probar

en corte que existía un acuerdo expreso

o implícito con su concubino para

compartir los bienes acumulados por

ambos.

6.

Este derecho de la concubina se

extiende a que pruebe también que sin

dicho acuerdo ella contribuyó con su

trabajo o capital aunque su participación

en los bienes en controversia no sea

necesariamente

igual.

(Énfasis

suplido). Ortega Vélez, op. cit., págs.

621-622.

Dadas las diferentes variantes aludidas anteriormente,

resulta

meritorio

que

pasemos

a

discutir

las

interpretaciones del pacto expreso o implícito y en la

alternativa,

explicar

remedio en equidad.

el

Veamos.

enriquecimiento

injusto

como

CC-2018-846

20

iii. Pacto expreso

El pacto expreso es un contrato o convenio para crear y

establecer una comunidad de bienes de origen voluntario.

R.

Serrano

Geyls,

Derecho de familia de Puerto Rico

y legislación comparada, 1era ed., San Juan, Ed. Programa

de

Educación

Jurídica

Continua

de

la

Universidad

Interamericana de Puerto Rico, 2002, Vol. 2, pág. 858.

En lo pertinente, el pacto expreso no tiene requisito

de forma, por lo que puede ser verbal o escrito.

No

obstante,

es

para

establecer

un

pacto

verbal

expreso

menester evidenciar la manifestación indubitada e inequívoca

de las partes.

Asimismo, las aportaciones realizadas por

las partes en este tipo de pacto pueden acreditarse por

cualquier medio probatorio.

Danz v. Suau, supra, pág. 617.

iv. Pacto implícito

Por su parte, el pacto implícito se considera un contrato

que surge cuando “una persona realiza un determinado acto o

adopta un comportamiento que, sin declarar abiertamente

voluntad alguna, permite inducir o inferir que tal voluntad

existe y la presupone necesariamente”.

(Énfasis suplido).

Serrano Geyls, op. cit., pág. 860 (citando a L. Diez Picazo,

Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, V. I, Editorial

Civitas, Madrid, 1993, págs. 134–135, 148–149 (2007)).

Los

derechos y la participación sobre los bienes/patrimonio

allegados durante la relación pueden acreditarse a través

de un pacto implícito que se desprende de la relación humana

y

económica

que

se

produjo

durante

la

convivencia

CC-2018-846

21

concubinaria.

Domínguez Maldonado v. ELA, 137 DPR 954, 967-

968 (1995); Ortiz de Jesús v. Vázquez Cotto, 119 DPR 547,

548-549 (1987); Caraballo Ramírez v. Acosta, supra, pág.

481; Cruz v. Sucn. Landau Díaz, supra.

El nexo personal entre los concubinos “se describe no

para encontrar en [éste] la voluntad de contratar sino más

bien

como

trasfondo

o

escenario

en

el

que

se

hacen

entendibles las relaciones económicas entre las partes”,

Serrano Geyls, op. cit., pág. 861. Esta relación humana,

conjuntamente con el comportamiento de las partes en las

relaciones

económicas

permiten

inferir

constitutiva de la comunidad de bienes.

la

voluntad

Íd.

El pacto

implícito podrá probarse por todos los medios disponibles

en Derecho.

Íd.

Asimismo, esta correlación humana y económica entre las

partes deberá demostrar que se obligaron implícitamente a

aportar bienes, servicios y trabajo para beneficio común.

De esa forma, establecer la “inequívoca voluntad de hacer

comunes todos o algunos de los bienes adquiridos a título

oneroso durante la unión”.

(Énfasis suplido).

Ortega

Vélez, op. cit., pág. 620.

En

lo

concerniente

participación

sobre

un

a

la

bien

evaluación

inmueble

de

derechos

y

hemos

tomado

en

consideración, entre otras cosas, que: el bien inmueble fue

comprado por dinero privativo de una parte, el bien inmueble

fue inscrito en el Registro de la Propiedad a nombre de una

de

las

partes,

y

los

pagos

realizados

en

cuanto

a

CC-2018-846

22

contribuciones, agua, alumbrado y las mejoras realizadas al

mismo se hicieron con dinero privativo.

Véanse, Martínez

Santiago v. Dalmau Andrades, 93 DPR 191 (1966); Torres v.

Roldán, 67 DPR 367 (1947); Vázquez v. Camacho, 43 DPR 659

(1932); Mojica v. González, 43 DPR 999 (1932). Asimismo, en

nuestro

pronunciamiento

más

reciente

al

evaluar

la

participación sobre un terreno en el que se construyó un

bien

inmueble

consideramos

“las

libretas

bancarias

que

evidenciaban el retiro de la cantidad de dinero necesario

para la compra del solar en cuestión” y además, la aportación

de bienes o servicios para la adquisición del terreno al

establecer el carácter privativo.

Torres Vélez v. Soto

Hernández, 189 DPR 972, 990 (2013).

En lo pertinente a la controversia ante nos, el profesor

Raúl Serrano Geyls menciona diversos eventos que denotan un

pacto implícito, a saber:

[E]l uso de los nombres de ambos

concubinos en el nombre del negocio, la

existencia de una cuenta bancaria en

común, la compra de bienes en común y la

coposesión de bienes, son ejemplos

valiosos de elementos para acreditar la

existencia del pacto. No obstante, en

cada caso deben examinarse detenidamente

las circunstancias fácticas y, sin ánimo

prevenido, determinar si de los aportes

económicos ubicados en la “relación

humana” existente, surge implícitamente

una

comunidad

de

bienes.

(Énfasis

suplido). Serrano Geyls, op. cit., pág.

862.

También,

acreditan

menciona:

la

señala

que

existencia

ciertos

del

sucesos,

pacto.

per

se,

no

Específicamente,

CC-2018-846

23

[L]os siguientes actos, cada uno por sí

solo, no sostienen que exista pacto

implícito: trabajo en el negocio del otro

concubino aunque se le entrega una

participación en las utilidades; tareas

domésticas en el hogar común […];

administración de los bienes del otro;

simples gestiones económicas de la vida

diaria y la contribución a los gastos del

hogar o enfermedades. (Énfasis suplido).

Íd., págs. 861-862.

v.

Enriquecimiento injusto

Ahora bien, de no lograr establecer la existencia de una

comunidad de bienes ya fuese por pacto expreso o implícito,

la

parte

que

solicita

acreditar

que

produjeron

ganancias

aportó

participación

bienes,

y

valores

económica

y

consecuentemente,

podrá

servicios,

que

como

acto

un

justiciero para evitar el enriquecimiento injusto de la otra

parte, reclamar el valor de bienes, valores y servicios y

las correspondientes ganancias obtenidas. Caraballo Ramírez

v. Acosta, supra, págs. 481–482.

Específicamente, hemos

establecido que:

Cuando la razón de pedir de la reclamante

se basa en la teoría del enriquecimiento

injusto y no en la existencia de una

comunidad de bienes [por pacto expreso o

implícito], no podría ampararse en la

presunción del Art. 327 del Código Civil

[…]. Sería obligación de ella probar con

preponderancia de prueba el valor de su

participación en los bienes adquiridos.

No obstante, la prueba de ese hecho no

tiene

que

ser

directa,

pudiendo

establecerse el valor de su participación

mediante inferencias razonables.

Íd.,

págs. 485-486.

CC-2018-846

24

El profesor Raúl Serrano Geyls señala con precisión

varios ejemplos de cómo puede operar el enriquecimiento

injusto en una relación de concubinato, estos son:

[A]dquisición de bienes conjuntamente

pero inscritos a nombre de uno solo;

mejoras introducidas por un concubino en

un

bien

del

otro;

beneficio

real

exclusivo

para

un

concubino

como

consecuencia de la prestación del otro

(ej.: en su poder los muebles del hogar

común);

servicios prestados por un

concubino que habrían enriquecido al otro

y adquisición por un concubino de un bien

en prescripción adquisitiva.

Serrano

Geyls, op. cit., pág. 864.

Además, señala que los promoventes de esta modalidad

están

sujetos

a

los

requisitos

de

la

teoría

del

enriquecimiento injusto y la inexistencia de otra acción

legal para defender sus derechos.

SLG Sánchez v. SLG

Valentín, 186 DPR 503, 516 (2012) (citando a Ortiz Andújar

v. ELA, 122 DPR 817, 823 (1988)).

B. La comunidad de bienes

La comunidad de bienes existe cuando la propiedad de una

cosa o de un derecho pertenece en común pro indiviso a varias

personas.

Art. 326 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1271.

La

existencia de la comunidad de bienes en el concubinato sólo

se origina a través de un pacto expreso o implícito.

Una vez probada la existencia de una comunidad de bienes,

la división de este patrimonio se hará de acuerdo al pacto,

si hubiere. En su defecto, el artículo 327 del Código Civil,

supra, dispone que las participaciones “[s]e presumirán

iguales, mientras no se pruebe lo contrario, las porciones

CC-2018-846

25

correspondientes a los partícipes en la comunidad”.

Díaz

v. Aguayo, 162 DPR 801, 809 (2004).

C. Apreciación de la Prueba

i. Estándar de revisión apelativa

La Regla 42.2 de Procedimiento Civil dispone que “[l]as

determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se

dejarán sin efecto a menos que sean claramente erróneas, y

se dará la debida consideración a la oportunidad que tuvo

el tribunal sentenciador para juzgar la credibilidad de las

personas testigos”.

Como

norma

32 LPRA Ap. V, R. 42.2.

general,

los

foros

revisores

no

debemos

intervenir con las determinaciones de hecho, salvo que haya

mediado pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto.

SLG Torres – Matundan v. Centro Patología, 193 DPR 920, 933

(2015); Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770771 (2013).

La norma jurídica de deferencia a las determinaciones de

hecho

se

fundamenta

en

la

apreciación

de

la

prueba

testifical por el adjudicador de los hechos porque, al ser

una tarea llena de elementos subjetivos, es quien está en

mejor posición para aquilatarla.

Sucn. Rosado v. Acevedo

Marrero, 196 DPR 884, 917 (2016).

El Tribunal de Primera

Instancia es el foro que tiene la oportunidad de escuchar

el testimonio y apreciar el comportamiento de los testigos.

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra.

Consistentemente,

la tarea de adjudicar credibilidad y determinar la verdad

de lo sucedido depende grandemente de la exposición del juez

CC-2018-846

26

o jueza a la prueba presentada.

Dávila Nieves v. Meléndez

Marín, supra.

Por tanto, se impone un respeto a la adjudicación de

credibilidad del foro primario puesto que, por lo general,

los foros revisores sólo contamos con “récords mudos e

inexpresivos”.

Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001)

(citando a Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 721,

728 (1984)).

Es decir, los jueces en el trámite apelativo

sólo tenemos ante nosotros un expediente que a lo sumo

incluye una transcripción de prueba.

L. Rivera Román, La

apreciación de prueba en el Tribunal de Primera Instancia y

en

el

Tribunal

de

Apelaciones,

en

Perspectivas

en

la

Práctica Apelativa: 25 años del Tribunal de Apelaciones de

Puerto Rico, Ed. SITUM, 2018, pág. 103.

Sin embargo, esta norma de deferencia judicial tiene

límites y no supone inmunidad absoluta frente a la función

de los tribunales revisores.

Marín, supra, pág. 771.

Dávila Nieves v. Meléndez

Recientemente, en Pueblo v. Toro

Martínez, 200 DPR 834, 858-859 (2018), hicimos alusión a

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013), donde

definimos lo que significa que un juez incurra en pasión,

prejuicio,

parcialidad

adjudicación.

o

error

manifiesto

en

su

Así, puntualizamos que se incurre en un error

manifiesto cuando “la apreciación de esa prueba se distancia

de la realidad fáctica o es inherentemente imposible o

increíble”.

(Énfasis suplido).

Íd., pág. 859. Además,

indicamos que se considerarán erróneas las conclusiones del

CC-2018-846

27

tribunal si un análisis de la totalidad de la evidencia, nos

lleva a concluir que el foro revisado erró, pues “las

conclusiones están en conflicto con el balance más racional,

justiciero

y

jurídico

recibida”.

(Énfasis suplido).

ii.

de

la

totalidad

de

la

evidencia

Íd.

Peso de la prueba

De ordinario, el peso de probar cada uno de los elementos

de una causa de acción civil recae en la parte demandante.

Regla 110 de las Reglas de Evidencia, 2009, 32 LPRA Ap. VI,

R. 110.

la

Concierne al juzgador de hechos la tarea de evaluar

suficiencia

de

la

prueba,

probatorio de preponderancia.

a

tenor

con

el

estándar

Ello consiste en establecer

como hechos, aquellos que con mayor probabilidad ocurrieron.

Zambrana v. Hospital Santo Asilo de Damas, 109 DPR 517, 521

(1980).

Por otro lado, como foro revisor nos encontramos en la

misma posición que el Tribunal de Primera Instancia para

evaluar la prueba pericial o documental presentada en un

caso.

González Hernández v. González Hernández, 181 DPR

746, 777 (2011).

III

Conforme

indicamos

en

la

Resolución

expidiendo

el

recurso, procedo a discutir el primer y segundo señalamiento

de error en conjunto, relacionados con el bien inmueble en

disputa.

En síntesis, el señor Robles Laracuente planteó que no

existió una comunidad de bienes entre la señora González

CC-2018-846

28

Rivera y él, ya fuese por pacto expreso o implícito. Además,

puntualizó

que

quedó

establecido

que

adquirió

el

bien

inmueble con su dinero, sin aportación económica alguna de

la señora González Rivera.

Por tanto, negó que la señora

González Rivera tuviera participación alguna sobre el mismo,

siendo un bien inmueble estrictamente de carácter privativo.

Por su parte, la señora González Rivera adujo que los

tribunales apelados erraron al determinar que el patrimonio

de la comunidad de bienes establecida mediante un pacto

implícito se limitó a la residencia en la Urbanización

Mansión Real, sin reconocer que el conjunto de los bienes

muebles

e

inmuebles

y

negocios

concubinato pertenecían a ambos.

adquiridos

durante

el

Específicamente, reclamó

que existió un acuerdo con el señor Robles Laracuente de que

todo lo que se adquiriría por esfuerzo común durante la

relación, pertenecería a ambos en partes iguales.

Cabe notar que el Tribunal de Primera Instancia concluyó

que entre las partes se configuró una comunidad de bienes

como resultado de un pacto implícito, pero únicamente en

cuanto al inmueble ubicado en la Urbanización Mansión Real.

Dictaminó, además, que cada uno posee como comuneros un 50%

de participación sobre el referido bien inmueble conforme a

la presunción establecida en el Art. 327 del Código Civil

de Puerto Rico, supra.

Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la

determinación del foro primario y fundamentó su conclusión

en que la intención del señor Robles Laracuente al momento

CC-2018-846

29

de comprar el bien inmueble era adquirirlo en común pro

indiviso con la señora González Rivera.

Además, modificó

el dictamen a los únicos efectos de ordenar la devolución

del caso al foro primario para que determine el monto de la

indemnización que la señora González Rivera debería pagar

al señor Robles Laracuente, por el tiempo que disfrutó del

bien inmueble de forma exclusiva.

Así, se ordenó que

procediera con el trámite de la división y adjudicación de

la comunidad de bienes correspondiente al inmueble.

Examinados los planteamientos de las partes, la prueba

documental y la transcripción de los testimonios ofrecidos

en el juicio, en armonía con el derecho aplicable, concluyo

que

ambos

foros

erraron

al

determinar

que

existía

una

comunidad de bienes por pacto implícito entre las partes

sobre el bien inmueble localizado en la Urbanización Mansión

Real.

De

Veamos.

los

hechos

probados

por

el

Tribunal

de

Primera

Instancia, dicho foro reconoció que la propiedad de Mansión

Real fue adquirida durante el concubinato por el señor

Robles Laracuente y siempre ha permanecido a su nombre.

Además, quedó establecido que la señora González Rivera

aportó ideas para hacerle mejoras al inmueble, y su única

contribución monetaria concerniente al mismo fueron los

pagos realizados al CRIM.8

8

Entendió que ésta contribuyó a

Cabe resaltar que solamente se presentó la copia de dos (2) cheques

como los pagos realizados por la señora González Rivera al Centro de

Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) sobre el bien inmueble

localizado en la Urbanización Mansión Real, marcados como Exhibit 1

CC-2018-846

30

la comunidad, además, con su esfuerzo personal al realizar

las tareas domésticas, además de haber cuidado de la salud

del señor Robles Laracuente.

Ahora

bien,

incluso

tomando

como

determinaciones,

entiendo

que

son

no

ciertas

estas

suficientes

para

establecer una comunidad de bienes por pacto implícito sobre

el bien inmueble en controversia.

Conforme al derecho antes esbozado, el criterio para que

surja una comunidad de bienes por pacto implícito es que la

relación humana y económica entre las partes establezca de

forma inequívoca la voluntad de unir todos o algunos de los

bienes adquiridos durante la relación.

Véase, Ortega Vélez,

op. cit., pág. 620.

Claramente, la mera intención de una

parte

adquirir

al

momento

de

un

bien

inmueble,

no

es

suficiente para generarle a la otra un interés propietario

sobre el mismo.

Tanto la prueba testimonial como documental constatan

que el señor Robles Laracuente sufragó la mayoría de los

gastos sobre la propiedad desde su adquisición.

La señora

González Rivera admitió que, durante el concubinato, nunca

adquirieron

bienes

inmuebles

conjuntamente

ni

tuvieron

cuentas bancarias en común. De igual manera, el señor Robles

Laracuente reconoció lo anterior.

Por otro lado, la señora González Rivera declaró que

contribuyó a los gastos diarios de la familia mientras

durante el testimonio de la señora González Rivera. Transcripción [de

la] vista de juicio en su fondo, Apéndice, págs. 2882-2884.

CC-2018-846

31

residían en la propiedad.

A esos efectos, narró que realizó

tareas

de

domésticas,

cuidó

su

pareja

mientras

estuvo

hospitalizado y le ayudó con algunas tareas de su trabajo

(en particular, con la revisión de documentos de subastas y

organizando cheques cuando éste llegaba a la casa).

No

obstante,

la

prueba

reflejó

que

ambas

partes

colaboraron en el cuidado mutuo durante sus respectivas

enfermedades y hospitalizaciones.9

En cuanto a las tareas

mediante las cuales la señora González Rivera asistió al

señor Robles Laracuente en su trabajo, quedó demostrado que

el esfuerzo realizado no contribuyó al aumento de valor de

los negocios10 ni en “las múltiples empresas que es dueño en

todo o en parte” el señor Robles Laracuente.11

En cuanto al bien inmueble, la señora González Rivera

afirmó durante el juicio que desconocía sobre la adquisición

de éste.

Así, admitió que no estuvo presente ni proporcionó

dinero al momento de la compraventa ni prestó garantía

personal

para

el

préstamo

con

el

que

Laracuente financió parte del inmueble.

el

señor

Robles

Además, aceptó que

durante los diecisiete (17) años que llevaba residiendo en

la propiedad de la Urbanización Mansión Real nunca realizó

un pago de renta sobre el inmueble.

Meramente, sostuvo que

después de la compra, aportó ideas para hacerle mejoras a

la propiedad.

9

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice, pág. 2051.

10

Íd., pág. 2050.

11

Íd., pág. 2054.

CC-2018-846

32

Tras analizar lo anterior, determino que le asiste la

razón al peticionario.

Ello, porque el pacto implícito,

como cuestión de derecho, no se limita a la relación humana

entre las partes sin considerar los vínculos económicos de

los concubinos para establecer el interés propietario sobre

un bien inmueble.

Ciertamente, la prueba no demostró una

relación económica entre el señor Robles Laracuente y la

señora

González

Rivera

suficiente

para

establecer

una

comunidad de bienes sobre el bien inmueble en controversia.

No

existe

controversia

en

cuanto

a

que

las

partes

mantuvieron sus cuentas bancarias separadas y no adquirieron

bienes ni tenían deudas en conjunto.

Consecuentemente, no

entremezclaron sus bienes y con ello, no quedó establecida

la voluntad de hacer comunes todos o algunos de los bienes

adquiridos durante su relación.

Por otra parte, quedó establecido que el señor Robles

Laracuente pagó con sus bienes privativos la totalidad del

pronto

del

inmueble,

así

como

hipoteca que pesaba sobre éste.

las

mensualidades

de

la

La señora González Rivera

admitió que no realizó aportación alguna y sólo alegó que

se limitó a realizar unos pagos sobre el CRIM.

Según

mencionamos

Rivera

anteriormente,

la

señora

González

solamente presentó la copia de dos (2) cheques acreditando

los

pagos

realizados.

Asimismo,

durante

su

contrainterrogatorio al ser confrontada con su Deposición

reconoció

que

el

señor

Robles

Laracuente

le

pagó

una

mensualidad de entre $2,000 a $2,500 para efectuar los pagos

CC-2018-846

33

relacionados

con

la

luz,

agua,

teléfono,

cable,

mantenimiento y una empleada de servicio doméstico en la

residencia de Mansión Real.12

De igual forma, surge de las escrituras de compraventa

y constitución de hipoteca admitidas en evidencia, que la

señora

González

otorgamientos.

Rivera

no

compareció

a

los

respectivos

A base de lo anterior, la prueba documental

confirma que el señor Robles Laracuente es el único titular

de la propiedad inmueble en cuestión.

Asimismo, entiendo

que la prueba presentada no logró demostrar que la señora

González

Rivera

aportara

bienes

o

servicios

para

la

adquisición de dicho inmueble que le permita reclamar alguna

participación o interés propietario sobre el mismo o que la

hicieran merecedora de alguna compensación al amparo de la

doctrina de enriquecimiento injusto.

Véase, Torres Vélez

v. Soto Hernández, supra, pág. 990.

Ante la inexistencia de un pacto implícito, la señora

González Rivera debió probar que su aportación de bienes,

valores y servicios, produjeron ganancias en la propiedad

de

Mansión

Real

que

acreditara

enriquecimiento injusto.

una

compensación

por

Sin embargo, entiendo que quedó

establecido que el señor Robles Laracuente sacaba de su

peculio el pago para la renta y las cargas económicas de los

gastos diarios de la casa (luz, agua, teléfono, cable,

mantenimiento

12

y

una

empleada

de

servicio

doméstico).

Transcripción [de la] vista de juicio en su fondo, Apéndice, págs.

2909-2914.

CC-2018-846

34

Asimismo, la señora González Rivera explicó que continuaba

trabajando

hogar.13

mientras

Como

realizaba

resultado

de

las

lo

labores

diarias

anterior,

la

del

evidencia

presentada por la señora González Rivera no estableció un

empobrecimiento

de

su

parte,

así

como

un

correlativo

enriquecimiento del señor Robles Laracuente.

En resumen, tras un análisis de las determinaciones de

hechos discutidas y las conclusiones de derecho realizadas

por el Tribunal de Primera Instancia conforme a la totalidad

de la evidencia presentada a la luz del derecho aplicable,

concluyo

que

incurrió

en

error

manifiesto,

ya

que

su

apreciación se distancia de la realidad fáctica y el derecho

aplicable.

Por

consiguiente,

no

se

establecieron

los

elementos requeridos para configurar una comunidad de bienes

por pacto implícito entre las partes en lo concerniente a

la

propiedad

Tampoco

se

ubicada

configuró

en

un

la

Urbanización

derecho

a

Mansión

un

remedio

Real.

por

enriquecimiento injusto. Así, la señora González Rivera no

descargó la obligación de probar su reclamación.

Ahora bien, el razonamiento presentado en esta Opinión

de conformidad no debe interpretarse de manera alguna como

un menosprecio de las gestiones de la señora González Rivera

en su relación con el señor Robles Laracuente durante el

tiempo en que compartieron su vida en común.

El dictamen

se limita exclusivamente a los derechos de las partes sobre

13

La señora González Rivera expresó que, de lunes a viernes, trabajaba

en sus negocios y realizaba las labores diarias del hogar.

Véase,

Transcripción [de la] vista de juicio en su fondo, Apéndice, pág. 2763.

CC-2018-846

35

un bien inmueble.

Además, la determinación se circunscribe

a los hechos del caso, por lo que no afecta cualesquiera

derechos que puedan ostentar las partes en otros casos sobre

controversias

similares

que

sean

considerados

por

este

Tribunal.

Por tanto, concluyo que el Tribunal de Apelaciones erró

al concluir que sí existía una comunidad de bienes por

pacto implícito sobre esta propiedad. 14

IV

Por los fundamentos antes expuestos, estoy conforme con

la decisión de este Tribunal al ordenar la modificación de

la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones el

31 de julio de 2018, para revocar la determinación de que

el bien inmueble localizado en la Urbanización Mansión Real

es parte de una comunidad de bienes compuesta por el señor

Robles Laracuente y la señora González Rivera, por ser un

bien privativo del señor Robles Laracuente.

ROBERTO FELIBERTI CINTRÓN

Juez Asociado

14

Las posturas disidentes presentan aseveraciones y conclusiones que

no son cónsonas con la prueba que consta en récord y con la totalidad

de la transcripción del juicio que cuenta con un total aproximado de

1,100 páginas.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

María Elena González Rivera

Recurrida

v.

CC-2018-0846

Raúl Robles Laracuente

Peticionario

La Jueza Presidenta ORONOZ RODRÍGUEZ emitió una Opinión disidente.

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de noviembre de 2019.

Disiento

por

entender

que

la

Sentencia

que

antecede

descartó las determinaciones de hecho que realizó el foro

primario sin establecer que este cometió un error manifiesto

en su apreciación de la prueba. En consecuencia, se concluye

erróneamente que no se configuró una comunidad de bienes, aun

cuando el Tribunal de Primera Instancia estimó probado que el

concubino demandado admitió su existencia. Veamos.

Es una máxima hartamente conocida en nuestro ordenamiento

que

“los

tribunales

apelativos

no

intervendremos

con

la

apreciación de la prueba, la adjudicación de credibilidad y las

determinaciones

de

hechos

que

realizan

los

tribunales

de

instancia, a menos que se demuestre que el juzgador actuó movido

por pasión,

por pasión, prejuicio o parcialidad o que incurrió en error

manifiesto”. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 753

(2013). A esos efectos, la Regla 42.2 de Procedimiento Civil

establece

que

“[l]as

testimonio

oral

no

se

determinaciones

dejarán

sin

de

hechos

efecto

a

basadas

menos

que

en

sean

claramente erróneas, y se dará la debida consideración a la

oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar la

credibilidad de las personas testigos”. 32 LPRA Ap. V, R. 42.2

(Énfasis suplido).

Esta norma está

fundada en que “la tarea de adjudicar

credibilidad y determinar lo que realmente ocurrió depende en gran

medida de la exposición del juez o la jueza a la prueba presentada,

lo cual incluye, entre otros factores, ver el comportamiento del

testigo mientras ofrece su testimonio y escuchar su voz”. Dávila

Nieves, supra, pág. 771. Ello implica que, “[p]or definición, un

tribunal de instancia está en mejor posición que un tribunal

apelativo para llevar a cabo esta importante tarea judicial”. Íd.

Los

tribunales

determinaciones

apelativos

de

hecho

únicamente

que

realice

pueden

ignorar

las

el

primario

si

foro

determinan “que en la actuación del juzgador de los hechos medió

pasión, prejuicio o parcialidad, o que este incurrió en error

manifiesto”. Íd. (Énfasis suplido).

En este caso, el foro primario entendió probado –a base de

los testimonios vertidos en el juicio– que el Sr. Raúl Robles

Laracuente (señor Robles o peticionario) admitió a la Sra. María

Elena González Rivera (señora González o recurrida) que existía

una

comunidad

de

bienes

entre

ambos.15

No

obstante,

también

“En varias ocasiones el Sr. Robles y la Sra. González hablaron de que

en lo que dividían las propiedades que tenían en común, él le pagaría

15

CC-2018-0846

3

resolvió que la comunidad de bienes que surgió como resultado de

la relación de concubinato entre el señor Robles y la señora

González

solamente

comprendió

un

inmueble

localizado

en

la

Urbanización Mansión Real en Ponce. Lo anterior, debido a que –

durante los ocho (8) años que convivieron en dicha propiedad– la

señora González “le ha dedicado su máximo esfuerzo y recursos para

mantener la casa de la Urbanización Mansión Real”.16 Incluso, el

Tribunal de Primera Instancia concluyó que “[l]os esfuerzos y

aportaciones de [la señora] González Rivera no se limitaron a

lavarle,

plancharle,

cocinarle

y

cuidar

[al

señor]

Robles

Laracuente […], sino que [la señora] González Rivera lo ayudó en

algunas tareas de los negocios [del señor Robles Laracuente] que

existían previo a que estos comenzaran a convivir”.17

El

Tribunal

de

Apelaciones

no

intervino

con

estas

determinaciones; más bien, las validó.18 En lo pertinente a la

admisión del peticionario sobre la existencia de una comunidad

$2,500.00 mensuales y que ello se concretizó en el momento en que ella

le endosó el certificado de la anualidad […]”. Sentencia del Tribunal

de Primera Instancia, Apéndice, pág. 2053. “De los $2,500.00 mensuales

que [el señor] Robles se comprometió a pagar a la Sra. González Rivera,

para que esta aceptara posponer liquidar la comunidad de bienes que

había entre ellos, [el señor Robles] solo pag[ó] $19,998.00 y le adeuda

a [la señora] González el resto, o sea $287,502.00”. Íd. Cabe resaltar

que en la Sentencia no se revocaron las determinaciones de hecho que

realizó el Tribunal de Primera Instancia a base de este testimonio.

16 Íd., pág. 2050 (Énfasis suplido).

17 Íd.

18 El Tribunal de Apelaciones no dejó margen a duda sobre su convicción

de que las conclusiones del foro primario estaban sustentadas en la

prueba:

De un análisis sosegado y detenido del prominente expediente

del caso, concluimos que las determinaciones de hecho

consignadas en la sentencia impugnada, vistas a la luz de

la extensa transcripción de la prueba, así como de las

estipulaciones de hecho, encuentran base en la prueba. Por

ello, y en ausencia de arbitrariedad, prejuicio o error

manifiesto, debe prevalecer la norma de deferencia al

dictamen emitido por el foro sentenciador.

Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Apéndice, pág. 32. Coincido

plenamente con esta apreciación.

CC-2018-0846

4

de bienes, dicho foro expresó: “concurrimos con la determinación

sobre el pago de la deuda que provenía como resultado del acuerdo

al que llegaron las partes para posponer la división de la

comunidad de bienes que nació producto de su relación”.19

Un examen del expediente demuestra que la conclusión del

Tribunal de Primera Instancia, según avalada por el Tribunal de

Apelaciones, encuentra apoyo amplio en la prueba que se desfiló

durante el juicio. En lo pertinente, la señora González declaró

que el señor Robles acordó pagarle una mensualidad hasta tanto se

dividiera la comunidad de bienes que se configuró entre ambos:

P

Doña María, ¿cuando ustedes terminaron su

relación concubinaria, usted, el señor

Robles y usted, qué acordaron, si algo?

[…]

TESTIGO

Él y yo acordamos cuando él se fue, que

mientras él estuviera fuera de la casa él iba a

seguir mandándome los dos mil quinientos dólares

($2,500.00) mensuales, que me quedara en la casa

que me iba a mandar los dos mil quinientos dólares

mensuales hasta tanto nosotros dividiéramos. Que

cuando nosotros dividiéramos él iba a dejar

entonces de enviarme los dos mil quinientos

dólares.20

Por su parte, el señor Robles caracterizó esa parte del

testimonio de la señora González como una “mentira piadosa”.21

Íd., pág. 34.

Transcripción del juicio, Apéndice, págs. 2840-2841 (Énfasis suplido).

Véase también, íd., págs. 2906-2908 (donde la señora González testifica

que el señor Robles “estaba consciente de que él había llegado a un

pacto, un acuerdo conmigo cuando se fue en el 2005, que me iba a pasar

los dos mil quinientos dólares hasta que dividiéramos a la mitad, pero

que ahora mismo en el 2009, pues él no podía disponer, que si yo aceptaba

quedarme en la casa y él me daba ciento cincuenta mil dólares.”).

21 Íd., págs. 3295-3296.

19

20

CC-2018-0846

5

Aquilatados estos testimonios, el Tribunal de Primera Instancia

dictaminó inequívocamente en su Sentencia que “[el señor] Robles

le

admitió

su

existencia

a

[la

señora]

González

en

varias

ocasiones”, refiriéndose a la comunidad de bienes producto de su

relación concubinaria.22 De lo anterior podemos colegir que el foro

primario sencillamente no le creyó al señor Robles.

No obstante, y en total abstracción de la determinación de

hecho antes transcrita, la Opinión de conformidad que acompaña

esta Sentencia insiste que “no quedó establecida la voluntad de

hacer comunes todos o algunos de los bienes adquiridos durante su

relación”. Opinión de conformidad, pág. 32. Según esta, los foros

recurridos erraron al ignorar que “la mera intención de una parte

al momento de adquirir un bien inmueble, no es suficiente para

generarle a la otra un interés propietario sobre el mismo”. Íd.,

pág. 30. No obstante, este argumento carece de méritos en el

contexto

del

caso

que

nos

ocupa,

pues

el

foro

primario

no

fundamentó sus conclusiones de derecho en este razonamiento, sino

en

las

declaraciones

que

realizó

la

señora

González

cuando

testificó en el juicio. Por tanto, el “error manifiesto” que se

le imputa al Tribunal de Primera Instancia en este caso no se

cometió, pues el foro primario no apoyó su conclusión en el

fundamento que le atribuye la Opinión de conformidad, sino en

determinaciones

de

hecho

que

realizó

luego

de

aquilatar

la

credibilidad de los testigos.23

En vista de lo anterior, resulta evidente que la Sentencia

que emite este Tribunal sustituyó las determinaciones de hecho que

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice, pág. 2053.

Tampoco existe indicio alguno de que el Tribunal de Primera Instancia

o el Tribunal de Apelaciones actuaron movidos por pasión, prejuicio o

parcialidad al emitir los dictámenes recurridos.

22

23

CC-2018-0846

6

realizó el foro primario por su propia apreciación sobre si la

relación

entre

el

peticionario

y

la

recurrida

produjo

una

comunidad de bienes. Según reseñado, la admisión del señor Robles

sobre la existencia de una comunidad de bienes entre él y la señora

González hacía innecesario este análisis. Véase Regla 803(a) de

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 803(a). De esta manera, la Sentencia

–y la Opinión de conformidad que la sustenta– ilustran el tipo de

error que los tribunales apelativos estamos propensos a cometer

cuando nos apartamos del estándar de revisión que fija la ley en

estas circunstancias. El foro primario está en mejor posición que

este Tribunal para evaluar la evidencia que se desfiló ante sí y

dirimir credibilidad al confrontar un conflicto en la prueba. Por

entender que en este caso desatendimos la importancia de este

precepto, disiento.

Maite D. Oronoz Rodríguez

Jueza Presidenta

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

María Elena González Rivera

Recurrida

v.

CC-2018-0846

Certiorari

Raúl Robles Laracuente

Peticionario

Opinión disidente emitida por el Juez Asociado señor ESTRELLA

MARTÍNEZ.

San Juan, Puerto Rico, a 27 de noviembre de 2019.

Disiento vehementemente de la Sentencia emitida por este

Tribunal, pues durante una relación, las personas que viven

sin vínculo matrimonial pueden aportar a una comunidad de

bienes mediante sus esfuerzos, labores y trabajos realizados

en el hogar común. Decidir lo opuesto, no solo lacera los

principios más básicos de la justicia y de la equidad, sino

que es contrario a Derecho.

I

Como es conocido, las personas que deciden vivir en

uniones consensuales pueden crear una comunidad de bienes.

A inicios del siglo pasado, este Tribunal determinó que la

única manera en la que se podía crear una comunidad de bienes

en estas circunstancias era mediante pacto expreso. Morales

v. Cruz Vélez, 34 DPR 834, 842 (1926). En ese momento, se

decidió que la persona que colaboraba en el hogar mediante

“su trabajo, su economía, su cooperación y sus recursos” no

tenía derecho alguno en la liquidación de los bienes que

CC-2018-0846

ayudó

a

2

adquirir,

poseer

y

mantener.

Íd.,

pág.

842.

Al

contrario, se concluyó que estas labores correspondían al

“papel que generalmente representa una legítima esposa” y que

meramente eran “incidentales a sus funciones de concubina”.

Íd., pág. 845.

Afortunadamente, este Tribunal revocó esa doctrina y

reconoció que las personas que viven en uniones consensuales

pueden crear una comunidad de bienes de distintas maneras. A

esos fines, hemos pautado que, en el contexto del concubinato,

se puede establecer una comunidad de bienes de los siguientes

modos: (1) por pacto expreso; (2) por pacto implícito, o (3)

por un acto justiciero para evitar el enriquecimiento injusto.

Danz v. Suau, 82 DPR 609, 617-618 (1961); Torres v. Roldán,

67 DPR 367, 370-371 (1947). Por tanto, en controversias de

esta naturaleza, los foros judiciales deben examinar las

circunstancias particulares de cada caso para auscultar la

existencia

de

una

comunidad

de

bienes

entre

la

pareja.

Particularmente, en los casos en los cuales se alegue que

hubo un pacto implícito, se puede probar que la intención de

crear

una

comunidad

“se

desprende

espontáneamente

de

la

relación humana y económica existente entre las partes durante

el concubinato”. (Énfasis suplido). Danz v. Suau, supra, pág.

618.

A raíz de ello, este Tribunal comenzó a dar el debido

reconocimiento a otros tipos de esfuerzos y labores que,

aunque

no

necesariamente

económicos,

constituyen

aportaciones a las comunidades de bienes. Ente éstos,

resaltan los trabajos realizados en el hogar. En Cruz v.

CC-2018-0846

3

Sucn. Landrau Díaz , 97 DPR 578, 586 (1969), se reconoció

la

existencia

“esfuerzo,

la

de

una

labor

comunidad

y

el

de

trabajo

bienes

de

en

ella,

virtud

y

de

del

ambos

conjuntamente”. En detalle, el Tribunal concedió “especial

énfasis al

reconocimiento de los esfuerzos, labor y trabajo de Cruz en

el hogar de ambos durante la vigencia del concubinato”. M. L.

Figueroa Rodríguez, Concubinato en Puerto Rico: Un llamado al

Legislador, 33 Rev. Der. P.R. 43, 58 (1993).

Asimismo, en Caraballo Ramírez v. Acosta, 104 DPR 474,

481 (1975), se concluyó que se puede demostrar la existencia

de una comunidad de bienes mediante la colaboración, los

esfuerzos y los trabajos que se realizan para el beneficio

común. En ese sentido, se especificó que las aportaciones no

tienen que ser económicas estrictamente y que no se debe

interpretar que se “restringe el derecho de la demandante a

lo que hubiese aportado en dinero a la comunidad”. Íd. Por

tanto, la colaboración en una comunidad de bienes “no se debe

ver en un sentido limitativo sujeto solamente a si aportó

dinero”. C.R. Padilla Montalvo, El matrimonio no formalizado

en Puerto Rico, 38 Rev. Der. P.R. 355, 373 (1999).

Particularmente, el profesor Raúl Serrano Geyls impugna

la fallida noción de que las tareas domésticas no son aportes

a una comunidad y expone lo siguiente:

No me parece convincente esa postura, por el

contrario creo que es muy inequitativa. El

concubino que permanece en el hogar – y ya se dan

casos en que es el hombre – y realiza diariamente

tareas hogareñas, está contribuyendo notablemente

a la economía del concubinato, está efectuando un

CC-2018-0846

4

“trabajo”, que aunque usualmente se considera

gratuito, es fácilmente cuantificable en dinero.

Ese trabajo no sólo economiza a los concubinos el

pago de salarios a otras personas, sino que también

priva al conviviente que lo realiza de la

oportunidad de dedicarse al trabajo remunerado

externo y de hacer así otro aporte en dinero a la

comunidad. R. Serrano Geyls, Derecho de Familia de

Puerto Rico y legislación comparada, 1ra ed., San

Juan, Ed. Programa de Educación Jurídica Continua

de la Facultad de Derecho de la Universidad

Interamericana de Puerto Rico, 2002, Vol. II, pág.

862.

Cónsono

con

ello,

este

Tribunal

ha

reconocido

en

contextos similares que las labores domésticas constituyen

una aportación de alimentos a los hijos o hijas. Mundo v.

Cervoni, 155 DPR 422, 426 (2014). De igual modo, en Morales

v. Jaime, 166 DPR 282, 311 (2005), defendimos el interés

público de pensiones alimentarias de excónyuges en miras de

proteger a las personas que se dedicaron a las tareas del

hogar. De este modo, procuramos “que se trate con equidad a

una ex-cónyuge como la del caso de autos; para que una mujer

que se dedicó plenamente a las labores domésticas como madre

y esposa, no sufra de repente un grave desequilibrio económico

al ser enfrentada con un divorcio”. Íd., pág. 316 (Fuster

Berlingeri, J., Opinión de conformidad).

Como puede apreciarse, este Tribunal ha reconocido que

los concubinos pueden aportar a la comunidad de bienes entre

ellos de distintas formas. La jurisprudencia reseñada va

dirigida precisamente a legitimar y a reconocer el valor

significativo que tienen las labores en el hogar. Ello, con

el

propósito

de

garantizar

que

la

persona

que

aporta

y

CC-2018-0846

5

colabora en una comunidad de bienes mediante la ardua labor

doméstica tenga derecho a su porción correspondiente.

II

En el caso ante nuestra consideración, la Sra. María

Elena

González

Rivera

(señora

González

Rivera)

tuvo

una

relación en concubinato con el Sr. Raúl Robles Laracuente

(señor Robles Laracuente). En la misma, la señora González

Rivera realizó múltiples y consecuentes esfuerzos y labores

dirigidas al bien común de la pareja y de los bienes que

ocupaban en conjunto. Durante un período de diecisiete (17)

años, la señora González Rivera asumió las labores domésticas

del

hogar,

cuidó

del

señor

Robles

Laracuente

en

sus

enfermedades, aportó al pago de las utilidades y gastos de la

propiedad y asistió al señor Robles Laracuente con tareas de

su

trabajo.24

Debido

a

lo

anterior,

los

foros

primarios

24Las

aportaciones y esfuerzos de la Sra. María Elena

González Rivera (señora González Rivera) no están en

controversia. Tal como se reconoce en la Opinión de

conformidad, el Sr. Raúl Robles Laracuente (señor Robles

Laracuente) aceptó en una Moción de sentencia sumaria que la

contribución de la señora González Rivera “consistió en la

ayuda que le brindó al señor Robles Laracuente al realizar

las tareas domésticas, acompañarlo a citas médicas, comprar

sus medicamentos y cuidarlo mientras estuvo recluido en el

hospital”. (Énfasis suplido). Opinión de conformidad, págs.

6-7.

De igual modo, el Tribunal de Primera Instancia, en sus

determinaciones de hechos, concluyó que la señora González

Rivera le dedicó “su máximo esfuerzo y recursos para la

mantener la casa” en controversia y que “ha tenido en

diferentes periodos un negocio propio de mercancía en general,

lo que en ocasiones le permitió generar suficientes ingresos

para aportar trabajo, valores y esfuerzos en la vida común”.

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice de

certiorari, págs. 2050-2051.

Por último, el Tribunal de Primera Instancia también

concluyó que la señora González Rivera aportó y asistió al

CC-2018-0846

6

resolvieron que la prueba presentada demuestra indudablemente

un pacto implícito entre las partes para vivir en comunidad,

cuidarse mutuamente y aportar ambos al beneficio común, tanto

en la relación humana como en la económica.

Ante ese cuadro, este Tribunal obvia el derecho aplicable

y resuelve que la señora González Rivera no tiene derecho

alguno a la liquidación de una comunidad a la cual ella aportó

mediante una multiplicidad de esfuerzos y trabajos. En pleno

siglo XXI, se descarta que las labores domésticas constituyan

una contribución concreta a una comunidad de bienes. De este

modo, se valida la preocupante y peligrosa premisa de que las

labores domésticas realizadas por la señora González Rivera

por casi dos (2) décadas no tienen valor alguno. Ello, en

contra de una tendencia mundial dirigida a legitimar los

efectos jurídicos del concubinato y de hasta equipararlo a la

unión de un matrimonio. Véase, Figueroa Rodríguez, supra,

págs. 61-74.

Como agravante, la Opinión de conformidad minimiza los

esfuerzos de la señora González Rivera al razonar que no probó

un empobrecimiento de su parte que justificara la existencia

de

una

comunidad

de

bienes

porque

ella

manejaba

simultáneamente las tareas del hogar y las labores de su

negocio propio. Es decir, se entiende que la persona que asume

la carga doble de trabajo de un empleo más la labor doméstica

señor Robles Laracuente en las gestiones de su trabajo. Íd.,

pág. 2051. Aunque estas aportaciones no se consideraron

suficientes para que el negocio del señor Robles Laracuente

formara parte de la comunidad de bienes entre ellos, sí son

evidencia ulterior de los esfuerzos consecuentes de la señora

González Rivera en pro del bien común.

CC-2018-0846

7

no debe ser compensada por ello, sino penalizada. Lo anterior,

sin duda alguna, perpetúa las nociones androcéntricas que

precisamente rechazamos en los precedentes que enmarcan este

disenso.

III

En fin, hoy se desvirtúa el progreso y el desarrollo de

un

ordenamiento

jurídico

que

reconoce

plenamente

el

importantísimo valor que tiene la labor doméstica realizada

en el hogar. Desafortunadamente, hoy se pretende adjudicar

mediante la desigualdad y la injusticia que permearon los

pronunciamientos retrógradas de este Tribunal hace casi cien

años en Morales v. Cruz Vélez, supra. Sin embargo, ello no

corresponde a la realidad de la sociedad puertorriqueña y a

los postulados de equidad y dignidad que nos toca reconocer.

En consecuencia, respetuosamente disiento.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

María Elena González Rivera

Recurrida

CC-2018-846

Certiorari

v.

Raúl Robles Laracuente

Peticionario

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.

En San Juan, Puerto Rico a 27 de noviembre de 2019.

Disentimos

seguido

por

presente

caso,

enérgicamente

una

mayoría

ello

por

de

del

curso

este

Tribunal

en

el

que,

lo

que

entender

de

en

acción

respecta a la causa de epígrafe, se configuró una

comunidad de bienes por pacto implícito en la relación

de concubinato existente entre el señor Raúl Robles

Laracuente y la señora María Elena González Rivera.

Lo anterior, debido a que, a nuestro juicio, dicho

pacto puede establecerse mediante la aportación de

bienes, servicios y trabajo para beneficio común, lo

cual incluye -- claro está -- el trabajo doméstico.

Veamos.

CC-2018-846

2

I.

Los hechos medulares que dan margen al presente

litigio no están en controversia. En esencia, el caso

de marras versa sobre la relación en concubinato habida

entre el señor Robles Laracuente y la señora González

Rivera desde 1988 hasta 2005. Periodo de tiempo en el

cual

éstos

convivieron

en

distintas

propiedades,

incluyendo cierta residencia ubicada en la Urbanización

Mansiones Reales, sita en el Municipio de Ponce, Puerto

Rico, inmueble aquí en controversia.

Durante

su

convivencia

con

el

señor

Robles

Laracuente, la señora González Rivera realizaba las

tareas

domésticas

del

hogar

(entre

éstas,

lavaba,

planchaba, cocinaba y mantenía los inmuebles en buenas

condiciones), así como ayudaba en algunas tareas de los

negocios de su compañero y cuidaba de éste durante su

enfermedad.25 Lo anterior es un hecho incontrovertido.

Claramente,

la

relación

humana,

afectiva

y

económica que se produjo durante el tiempo compartido

entre

el

González

señor

Robles

Rivera

--

Laracuente

lo

cual

y

la

señora

comprende

los

mencionados esfuerzos y aportaciones realizadas

por esta última -- denotan la intención de las

Cabe señalar que en la Moción de sentencia sumaria presentada

por el señor Robles Laracuente ante el Tribunal de Primera

Instancia, éste admitió lo anterior al señalar que durante su

relación la señora González Rivera se limitó a poner su esfuerzo.

Esfuerzos que consistieron en la ayuda brindada al señor Robles

Laracuente al realizar las tareas domésticas, acompañarlo a citas

médicas, comprar sus medicamentos y cuidarlo mientras estuvo

recluido en el hospital. Véase, págs. 6-7 de la Opinión de

conformidad.

25

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3

partes de configurar una comunidad de bienes por pacto

implícito. Esto, a todas luces, tiene un valor. De ello,

no tenemos duda alguna.

Y es que los trabajos efectuados en el hogar deben

valorarse

como

una

manera

de

contribuir

al

levantamiento de las cargas del matrimonio o, en este

caso, del concubinato. Valoración que, en esencia,

evita que el concubino que se ha dedicado al ejercicio

de

su

profesión

vea

incrementado

su

patrimonio

en

detrimento del otro concubino o concubina, quien ha

dedicado gran parte de su tiempo a las tareas del hogar.

Véase, de manera análoga, R. M. Moreno Flórez, El

trabajo para la casa en el régimen de separación de

bienes, ¿exclusivo, o compatible con una actividad

remunerada?, Revista de Derecho Civil, Vol. V (Núm. 4),

233-279 (2018) (citando a C. I. Asúa González, El

régimen de separación de bienes, Tratado de Derecho de

la Familia, Vol. IV, 2017, pág. 102).

En

esa

dirección,

somos

de

la

opinión

que

la

aportación que deben realizar los concubinos no se

limita

a

meros

gastos

económicos.

Al

respecto,

el

profesor y pasado Juez de este Tribunal, Raúl Serrano

Geyls, en su obra Derecho de Familia de Puerto Rico y

legislación comparada, expresó que:

El concubino que permanece en el hogar –

y ya se dan casos en que es el hombre – y

realiza diariamente tareas hogareñas, está

contribuyendo notablemente a la economía del

concubinato, está efectuando un “trabajo”, que

aunque usualmente se considera gratuito, es

fácilmente

cuantificable

en

dinero.

Ese

trabajo no sólo economiza a los concubinos el

pago de salarios a otras personas, sino que

también priva al conviviente que lo realiza de

CC-2018-846

4

la

oportunidad

de

dedicarse

al

trabajo

remunerado externo y de hacer así otro aporte

en dinero a la comunidad. R. Serrano Geyls,

Derecho de Familia de Puerto Rico y legislación

comparada, 1ra ed., San Juan, Ed. Programa de

Educación Jurídica Continua de la Universidad

Interamericana de Puerto Rico, 2002, Vol. II

pág. 862. (Énfasis suplido).

Es decir, y parafraseando a la profesora Moreno

Flórez, -- quien desde la cátedra en la Universidad

Complutense de Madrid se ha dedicado a estudiar detenida

y cuidadosamente estos temas --, no es necesario que

ambos concubinos aporten dinero u otros bienes para

sufragar dichas cargas sino que, ya que ambos tienen la

obligación de sostener la vida familiar, deben cumplir

con “cualquier otro tipo de necesidades que surjan en el

seno de la familia siempre que se refieran a las personas

que la componen”. Moreno Flórez, supra, págs. 236-37

(citando la Sentencia del Tribunal Supremo de España de

14 de julio de 2011). Necesidades que consisten, entre

otras, de la alimentación, el vestido y la asistencia

médica.

En ese sentido, exigir lo contrario, entiéndase que

la aportación sea exclusivamente económica, para poder

concluir que se configuró una comunidad de bienes o, en

la alternativa, para permitir una adecuada compensación

a través de la figura del enriquecimiento injusto, -- a

todas luces --, desvirtúa los sacrificios que implican

encargarse

de

las

labores

domésticas.

Ello

es,

precisamente, lo que lamentablemente permite la mayoría

de esta Curia con la Sentencia que hoy emiten.

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5

Por último, conviene señalar aquí que, en cuanto a

una adecuada compensación, en la Opinión de Conformidad

que acompaña la Sentencia que hoy se dicta se expresa

que la señora González Rivera continuaba trabajando

mientras

realizaba

las

labores

diarias

del

hogar.26

Consecuentemente, se concluye que ésta no estableció un

empobrecimiento de su parte, así como un correlativo

enriquecimiento del señor Robles Laracuente.

Sobre el particular, en un escenario muy similar

al que hoy nos ocupa, la profesora Moreno Flórez, en el

artículo El trabajo para la casa en el régimen de

separación de bienes, ¿exclusivo, o compatible con una

actividad remunerada?, previamente citado, expresa que

-- para efectos del derecho a la compensación y la

determinación de su cuantía -- esa simultaneidad del

trabajo para la casa y del trabajo remunerado fuera del

hogar, “habrá sido, muy probablemente, en detrimento,

tanto de dedicación como de retribución, del trabajo

fuera

del

hogar,

con

la

consiguiente

pérdida

de

oportunidades laborales y de ausencia de incremento de

su patrimonio”.27

En fin, y a modo de epílogo, una mayoría de

los jueces que componen este Tribunal entiende

que,

por

encontrarse

Urbanización Mansiones

el

Reales

inmueble

inscrito

de

la

solo

Surge del expediente que la señora González Rivera explicó que

continuaba trabajando en sus negocios de lunes a viernes mientras

realizaba las labores diarias del hogar. Véase, Apéndice de

certiorari, pág. 2763.

26

27

Véase, Moreno Flórez, supra. pág. 272.

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6

a nombre del señor Robles Laracuente, y al haber sido

adquirido con su dinero, no puede concluirse que se

estableció una comunidad de bienes por pacto implícito

sobre el mismo. Consecuentemente, descartan todas las

labores y esfuerzos realizados por la señora González

Rivera,

no

solo

mientras

ambos

residían

en

el

mencionado inmueble, sino también desde comienzos de

su relación con el señor Robles Laracuente. Véanse

págs.

32-34

de

la

Opinión

de

conformidad.

Dicha

determinación, injusta por demás, no puede ser avalada

por el juez que suscribe.

II.

Es pues, por todo lo anterior, que enérgicamente

disentimos del curso de acción seguido por esta Curia

en el día de hoy.

Ángel Colón Pérez

Juez Asociado