Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Enrique R. Padial Santiago
2019 TSPR 221
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Enrique R. Padial Santiago
TS-15,641
Conducta Profesional: Suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía por violación al Canon 9 del Código de Ética Profesional ya a la Regla 9 (J) del Reglamento del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2019 TSPR 221
203 DPR _____
Enrique R. Padial Santiago
Número del Caso:
Fecha:
TS-15,641
26 de septiembre de 2019
Abogado del Lcdo. Enrique R. Padial Santiago:
Lcdo. Juan Carlos Deliz Morales
Materia: La suspensión será efectiva el 25 de noviembre de 2019,
fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re
Enrique R. Padial Santiago
Núm. TS-15,641
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 26 de septiembre de 2019.
En esta ocasión, nos corresponde suspender inmediata e
indefinidamente a un miembro de la profesión legal de la
práctica
de
la
abogacía
por
su
incumplimiento
con
los
requerimientos de este Tribunal, y por no haber actualizado
su información en el Registro Único de Abogados (RUA).
I.
El Lcdo. Enrique R. Padial Santiago fue admitido al
ejercicio de la abogacía el 31 de enero de 2006. El 12 de
mayo de 2017, el Director Ejecutivo del Programa de Educación
Jurídica Continua (PEJC), acudió ante este Tribunal mediante
un Informe sobre incumplimiento con requisito de educación
jurídica continua (Informe). En éste nos informó que el
licenciado Padial Santiago no cumplió con los requisitos
reglamentarios de educación jurídica continua del periodo de
1 de agosto de 2009 al 31 de julio de 2011, que no satisfizo
el pago de la deuda de $150.00 por cumplimiento tardío para
ese periodo y que no compareció ante el PEJC cuando se le
requirió. Examinado el Informe, el 31 de mayo de 2017,
emitimos una Resolución mediante la cual le concedimos al
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licenciado Padial Santiago un término de veinte (20) días
para que compareciera y mostrara causa por la cual no
debíamos
suspenderlo
del
ejercicio
de
la
abogacía.
En
cumplimiento con lo anterior, el 27 de junio de 2017 el
licenciado compareció ante este Tribunal, por conducto de su
representación legal solicitando un término razonable para
cumplir con los requerimientos del PEJC.
En atención a lo anterior, el 2 de agosto de 2017
emitimos una Resolución mediante la cual le concedimos un
término de sesenta (60) días para cumplir con todos los
requerimientos del PEJC y presentar la certificación de
cumplimiento emitida por el Programa. El 21 de marzo de 2018,
en
vista
de
que
el
licenciado
no
contestó
nuestro
requerimiento, emitimos una Resolución mediante la cual le
concedimos un término final de veinte (20) días para cumplir
con la orden previa del 2 de agosto de 2017 y ordenamos que
se notificase personalmente. Transcurrido dicho término, el
licenciado Padial Santiago no ha comparecido a mostrar causa
por la cual no deba ser suspendido de la abogacía por su
reiterado incumplimiento con nuestras órdenes.
Así las cosas, el 9 de abril de 2018 el Secretario del
Tribunal, nos informó que aguaciles intentaron notificar
personalmente la previa Resolución visitando la oficina y
residencia del licenciado Padial Santiago. Específicamente,
en la comunicación se nos informó que, al aguacil acudir a
una de las direcciones que constaba en el RUA, se le había
informado que el abogado de epígrafe se había mudado a
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Estados
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Unidos
y,
presuntamente,
había
fallecido.
El
licenciado Padial Santiago, sin embargo, figura como el
agente residente de una compañía de responsabilidad limitada
que se encuentra activa en el Departamento de Estado. Además,
el letrado mantiene una cuenta activa en la red social de
Facebook en la que justamente promociona dicha compañía.
A todas luces, pues, todo parece indicar que el licenciado
Padial Santiago no ha fallecido y su incumplimiento con
nuestras
órdenes
y
resoluciones
es
atribuible
a
la
inobservancia de su deber de actualizar su información en el
RUA. Como resultado de no haber actualizado su información
en el RUA, el 13 de julio de 2018 emitimos una Resolución,
notificada a la representación legal del licenciado Padial
Santiago, mediante la cual le concedimos a éste un término
de veinte (20) días para que mostrara causa por la cual no
debíamos
suspenderlo
inmediata
e
indefinidamente
de
la
profesión de la abogacía por incumplir con su deber de
actualizar sus datos en RUA y por su incumplimiento con las
órdenes de este Tribunal. Vencido el término, el licenciado
Padial Santiago no ha comparecido ante este Tribunal.
II.
En
innumerables
ocasiones
hemos
expresado
que
el
ejercicio de la profesión jurídica requiere que todo abogado
observe rigurosamente los requerimientos de este Tribunal.
In re Aguilar Gerardino, 2019 TSPR 101, 202 DPR ___ (2019);
In re Padilla García, 2018 TSPR 71, 199 DPR 1030 (2018).
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Este mandato ético se encuentra establecido en el Canon 9
del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. En ese
sentido,
los
abogados
tienen
un
deber
ineludible
de
respetar, acatar y responder diligentemente nuestras órdenes
y
los
requerimientos
Figueroa,
198
194 DPR 911,
DPR
914
del
532
ente
(2017);
(2016).
mencionado.
In
re
In
re
Santaliz
Desatenderlas
Abreu
Martell,
constituye
una
afrenta a la autoridad de los tribunales e infringe el
precitado Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra.
In re Dávila Toro, 193 DPR 159, 163 (2015). Por consiguiente,
el
incumplimiento
con
los
requerimientos
del
Tribunal
constituye un serio agravio a la autoridad de los tribunales
y es suficiente para decretar su separación indefinida de la
profesión. In re Abreu Figueroa, supra; In re Abadía Muñoz
et al.,
197 DPR 1044 (2017). Según hemos sostenido en
innumerables ocasiones y esta ocasión no será la excepción:
“este Tribunal no ha de tomar livianamente el que un abogado
asuma
una
actitud
de
indiferencia
y
menosprecio
hacia
nuestra autoridad”. In re Soto Rivera, 198 DPR 421, 426
(2017).
Asimismo, hemos enfatizado que la naturaleza pública de
la profesión de la abogacía impone al abogado el deber de
responder oportunamente a todo requerimiento relacionado con
las investigaciones disciplinarias.
In re López
Méndez,
196 DPR 956 (2016); In re Bryan Picó, 192 DPR 246 (2015).
Los miembros de la profesión legal tienen la obligación de
mantener actualizados sus datos, incluyendo su dirección de
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correo
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electrónico,
y
realizar
cualquier
cambio
en
la
información que consta en el RUA. Véase, Regla 9(j) de
nuestro Reglamento, 4 LPRA AP. XXI-B. Sobre el particular,
hemos señalado que el fiel cumplimiento de la mencionada
obligación reglamentaria garantiza el ejercicio eficaz de
nuestro deber de velar porque los miembros de la clase togada
cumplan con sus deberes ético-profesionales; es decir, que
atiendan con prontitud y diligencia las comunicaciones que
se le remitan. In re Pratts Barbarossa, 199 DPR 594 (2018);
In re López Méndez, 196 DPR 956, 962 (2016); In re Marichal
Morales, 195 DPR 678 (2016). Cuando un abogado incumple con
su deber de mantener al día sus datos personales en el RUA,
obstaculiza
el
ejercicio
de
nuestra
jurisdicción
disciplinaria. In re Arroyo Rosado, 191 DPR 242 (2014);
In re Rivera Trani, supra.
Por otro lado, la obligación de notificar cualquier
cambio de dirección surge de la Regla 9(j) de
nuestro
Reglamento, 4 LPRA Ap. XXI-B. Esta regla impone a todo
abogado la obligación de notificar cualquier cambio en su
dirección postal o física. In re Toro Soto, 181 DPR 654, 660
(2011). Por lo anterior, el incumplimiento con lo ordenado
podría conllevar la imposición de sanciones en su contra,
incluso sanciones disciplinarias. In re Pratts Barbarossa,
supra.
III.
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6
En este caso, a pesar del sinnúmero de oportunidades
provistas para comparecer y cumplir con lo ordenado, el
licenciado
Padial
Santiago
hizo
caso
omiso
de
nuestros
pronunciamientos y apercibimientos y optó por desatender su
deber de respetar la autoridad de este Tribunal. La mera
incomparecencia ante este Tribunal, luego de que se le
requiriera comparecer en múltiples instancias so pena de
medidas
disciplinarias
severas
es,
de
por
sí,
razón
suficiente para separar al licenciado Padial Santiago de la
profesión legal. Conviene recordar que, en el pasado, hemos
dictaminado
que
la
dejadez
e
indiferencia
a
nuestros
apercibimientos sobre sanciones disciplinarias constituye
causa
suficiente
para
la
suspensión
inmediata
de
la
abogacía. In re Vélez Rivera, 199 DPR 587, 591 (2018). Sin
lugar a duda, la conducta del licenciado Padial Santiago
constituye una violación al Canon 9 del Código de Ética
Profesional. Resulta forzoso, pues, decretar su suspensión
inmediata e indefinida de la práctica de la abogacía.
IV.
Por
los
suspensión
fundamentos
inmediata
e
que
anteceden,
indefinida
del
se
ordena
la
Lcdo.
Enrique
R.
Padial Santiago de la práctica de la abogacía. En caso de
que el señor Padial Santiago esté representando a clientes
ante nuestros tribunales en la actualidad, se le impone el
deber de notificar a éstos sobre su inhabilidad de continuar
representándolos, devolver los honorarios por trabajos no
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realizados
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e
informar
oportunamente
de
su
suspensión
a
cualquier foro judicial y administrativo en el que tenga un
caso
pendiente.
Deberá
acreditar
a
este
Tribunal
el
cumplimiento con lo anterior en un término de treinta (30)
días, contado a partir de la notificación de la presente
opinión.
Se dictará Sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re
Enrique R. Padial Santiago
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SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 26 de septiembre de 2019.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam
que antecede, se ordena la suspensión inmediata e
indefinida del Lcdo. Enrique R. Padial Santiago de la
práctica de la abogacía. En caso de que el señor Padial
Santiago esté representando a clientes ante nuestros
tribunales en la actualidad, se le impone el deber de
notificar a éstos sobre su inhabilidad de continuar
representándolos, devolver los honorarios por trabajos no
realizados e informar oportunamente de su suspensión a
cualquier foro judicial y administrativo en el que tenga
un caso pendiente. Deberá acreditar a este Tribunal el
cumplimiento con lo anterior en un término de treinta (30)
días, contado a partir de la notificación de la presente
opinión.
Notifíquese personalmente al señor Padial Santiago
esta Opinión Per Curiam y Sentencia.
Publíquese.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez no
intervino.
José Ignacio Campos Pérez
Secretario del Tribunal Supremo