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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Enrique R. Padial Santiago

2019 TSPR 221

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Enrique R. Padial Santiago

TS-15,641

Conducta Profesional: Suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía por violación al Canon 9 del Código de Ética Profesional ya a la Regla 9 (J) del Reglamento del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2019 TSPR 221

203 DPR _____

Enrique R. Padial Santiago

Número del Caso:

Fecha:

TS-15,641

26 de septiembre de 2019

Abogado del Lcdo. Enrique R. Padial Santiago:

Lcdo. Juan Carlos Deliz Morales

Materia: La suspensión será efectiva el 25 de noviembre de 2019,

fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

Enrique R. Padial Santiago

Núm. TS-15,641

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de septiembre de 2019.

En esta ocasión, nos corresponde suspender inmediata e

indefinidamente a un miembro de la profesión legal de la

práctica

de

la

abogacía

por

su

incumplimiento

con

los

requerimientos de este Tribunal, y por no haber actualizado

su información en el Registro Único de Abogados (RUA).

I.

El Lcdo. Enrique R. Padial Santiago fue admitido al

ejercicio de la abogacía el 31 de enero de 2006. El 12 de

mayo de 2017, el Director Ejecutivo del Programa de Educación

Jurídica Continua (PEJC), acudió ante este Tribunal mediante

un Informe sobre incumplimiento con requisito de educación

jurídica continua (Informe). En éste nos informó que el

licenciado Padial Santiago no cumplió con los requisitos

reglamentarios de educación jurídica continua del periodo de

1 de agosto de 2009 al 31 de julio de 2011, que no satisfizo

el pago de la deuda de $150.00 por cumplimiento tardío para

ese periodo y que no compareció ante el PEJC cuando se le

requirió. Examinado el Informe, el 31 de mayo de 2017,

emitimos una Resolución mediante la cual le concedimos al

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2

licenciado Padial Santiago un término de veinte (20) días

para que compareciera y mostrara causa por la cual no

debíamos

suspenderlo

del

ejercicio

de

la

abogacía.

En

cumplimiento con lo anterior, el 27 de junio de 2017 el

licenciado compareció ante este Tribunal, por conducto de su

representación legal solicitando un término razonable para

cumplir con los requerimientos del PEJC.

En atención a lo anterior, el 2 de agosto de 2017

emitimos una Resolución mediante la cual le concedimos un

término de sesenta (60) días para cumplir con todos los

requerimientos del PEJC y presentar la certificación de

cumplimiento emitida por el Programa. El 21 de marzo de 2018,

en

vista

de

que

el

licenciado

no

contestó

nuestro

requerimiento, emitimos una Resolución mediante la cual le

concedimos un término final de veinte (20) días para cumplir

con la orden previa del 2 de agosto de 2017 y ordenamos que

se notificase personalmente. Transcurrido dicho término, el

licenciado Padial Santiago no ha comparecido a mostrar causa

por la cual no deba ser suspendido de la abogacía por su

reiterado incumplimiento con nuestras órdenes.

Así las cosas, el 9 de abril de 2018 el Secretario del

Tribunal, nos informó que aguaciles intentaron notificar

personalmente la previa Resolución visitando la oficina y

residencia del licenciado Padial Santiago. Específicamente,

en la comunicación se nos informó que, al aguacil acudir a

una de las direcciones que constaba en el RUA, se le había

informado que el abogado de epígrafe se había mudado a

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Estados

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Unidos

y,

presuntamente,

había

fallecido.

El

licenciado Padial Santiago, sin embargo, figura como el

agente residente de una compañía de responsabilidad limitada

que se encuentra activa en el Departamento de Estado. Además,

el letrado mantiene una cuenta activa en la red social de

Facebook en la que justamente promociona dicha compañía.

A todas luces, pues, todo parece indicar que el licenciado

Padial Santiago no ha fallecido y su incumplimiento con

nuestras

órdenes

y

resoluciones

es

atribuible

a

la

inobservancia de su deber de actualizar su información en el

RUA. Como resultado de no haber actualizado su información

en el RUA, el 13 de julio de 2018 emitimos una Resolución,

notificada a la representación legal del licenciado Padial

Santiago, mediante la cual le concedimos a éste un término

de veinte (20) días para que mostrara causa por la cual no

debíamos

suspenderlo

inmediata

e

indefinidamente

de

la

profesión de la abogacía por incumplir con su deber de

actualizar sus datos en RUA y por su incumplimiento con las

órdenes de este Tribunal. Vencido el término, el licenciado

Padial Santiago no ha comparecido ante este Tribunal.

II.

En

innumerables

ocasiones

hemos

expresado

que

el

ejercicio de la profesión jurídica requiere que todo abogado

observe rigurosamente los requerimientos de este Tribunal.

In re Aguilar Gerardino, 2019 TSPR 101, 202 DPR ___ (2019);

In re Padilla García, 2018 TSPR 71, 199 DPR 1030 (2018).

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4

Este mandato ético se encuentra establecido en el Canon 9

del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. En ese

sentido,

los

abogados

tienen

un

deber

ineludible

de

respetar, acatar y responder diligentemente nuestras órdenes

y

los

requerimientos

Figueroa,

198

194 DPR 911,

DPR

914

del

532

ente

(2017);

(2016).

mencionado.

In

re

In

re

Santaliz

Desatenderlas

Abreu

Martell,

constituye

una

afrenta a la autoridad de los tribunales e infringe el

precitado Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra.

In re Dávila Toro, 193 DPR 159, 163 (2015). Por consiguiente,

el

incumplimiento

con

los

requerimientos

del

Tribunal

constituye un serio agravio a la autoridad de los tribunales

y es suficiente para decretar su separación indefinida de la

profesión. In re Abreu Figueroa, supra; In re Abadía Muñoz

et al.,

197 DPR 1044 (2017). Según hemos sostenido en

innumerables ocasiones y esta ocasión no será la excepción:

“este Tribunal no ha de tomar livianamente el que un abogado

asuma

una

actitud

de

indiferencia

y

menosprecio

hacia

nuestra autoridad”. In re Soto Rivera, 198 DPR 421, 426

(2017).

Asimismo, hemos enfatizado que la naturaleza pública de

la profesión de la abogacía impone al abogado el deber de

responder oportunamente a todo requerimiento relacionado con

las investigaciones disciplinarias.

In re López

Méndez,

196 DPR 956 (2016); In re Bryan Picó, 192 DPR 246 (2015).

Los miembros de la profesión legal tienen la obligación de

mantener actualizados sus datos, incluyendo su dirección de

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correo

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electrónico,

y

realizar

cualquier

cambio

en

la

información que consta en el RUA. Véase, Regla 9(j) de

nuestro Reglamento, 4 LPRA AP. XXI-B. Sobre el particular,

hemos señalado que el fiel cumplimiento de la mencionada

obligación reglamentaria garantiza el ejercicio eficaz de

nuestro deber de velar porque los miembros de la clase togada

cumplan con sus deberes ético-profesionales; es decir, que

atiendan con prontitud y diligencia las comunicaciones que

se le remitan. In re Pratts Barbarossa, 199 DPR 594 (2018);

In re López Méndez, 196 DPR 956, 962 (2016); In re Marichal

Morales, 195 DPR 678 (2016). Cuando un abogado incumple con

su deber de mantener al día sus datos personales en el RUA,

obstaculiza

el

ejercicio

de

nuestra

jurisdicción

disciplinaria. In re Arroyo Rosado, 191 DPR 242 (2014);

In re Rivera Trani, supra.

Por otro lado, la obligación de notificar cualquier

cambio de dirección surge de la Regla 9(j) de

nuestro

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXI-B. Esta regla impone a todo

abogado la obligación de notificar cualquier cambio en su

dirección postal o física. In re Toro Soto, 181 DPR 654, 660

(2011). Por lo anterior, el incumplimiento con lo ordenado

podría conllevar la imposición de sanciones en su contra,

incluso sanciones disciplinarias. In re Pratts Barbarossa,

supra.

III.

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6

En este caso, a pesar del sinnúmero de oportunidades

provistas para comparecer y cumplir con lo ordenado, el

licenciado

Padial

Santiago

hizo

caso

omiso

de

nuestros

pronunciamientos y apercibimientos y optó por desatender su

deber de respetar la autoridad de este Tribunal. La mera

incomparecencia ante este Tribunal, luego de que se le

requiriera comparecer en múltiples instancias so pena de

medidas

disciplinarias

severas

es,

de

por

sí,

razón

suficiente para separar al licenciado Padial Santiago de la

profesión legal. Conviene recordar que, en el pasado, hemos

dictaminado

que

la

dejadez

e

indiferencia

a

nuestros

apercibimientos sobre sanciones disciplinarias constituye

causa

suficiente

para

la

suspensión

inmediata

de

la

abogacía. In re Vélez Rivera, 199 DPR 587, 591 (2018). Sin

lugar a duda, la conducta del licenciado Padial Santiago

constituye una violación al Canon 9 del Código de Ética

Profesional. Resulta forzoso, pues, decretar su suspensión

inmediata e indefinida de la práctica de la abogacía.

IV.

Por

los

suspensión

fundamentos

inmediata

e

que

anteceden,

indefinida

del

se

ordena

la

Lcdo.

Enrique

R.

Padial Santiago de la práctica de la abogacía. En caso de

que el señor Padial Santiago esté representando a clientes

ante nuestros tribunales en la actualidad, se le impone el

deber de notificar a éstos sobre su inhabilidad de continuar

representándolos, devolver los honorarios por trabajos no

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realizados

7

e

informar

oportunamente

de

su

suspensión

a

cualquier foro judicial y administrativo en el que tenga un

caso

pendiente.

Deberá

acreditar

a

este

Tribunal

el

cumplimiento con lo anterior en un término de treinta (30)

días, contado a partir de la notificación de la presente

opinión.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

Enrique R. Padial Santiago

Núm. TS-15,641

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de septiembre de 2019.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam

que antecede, se ordena la suspensión inmediata e

indefinida del Lcdo. Enrique R. Padial Santiago de la

práctica de la abogacía. En caso de que el señor Padial

Santiago esté representando a clientes ante nuestros

tribunales en la actualidad, se le impone el deber de

notificar a éstos sobre su inhabilidad de continuar

representándolos, devolver los honorarios por trabajos no

realizados e informar oportunamente de su suspensión a

cualquier foro judicial y administrativo en el que tenga

un caso pendiente. Deberá acreditar a este Tribunal el

cumplimiento con lo anterior en un término de treinta (30)

días, contado a partir de la notificación de la presente

opinión.

Notifíquese personalmente al señor Padial Santiago

esta Opinión Per Curiam y Sentencia.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez no

intervino.

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo