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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Carlos E. Díaz Olivo

2019 TSPR 207

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Carlos E. Díaz Olivo

AB-2019-100

Resolución del Tribunal

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2019 TSPR 207

203 DPR _____

Carlos E. Díaz Olivo

(TS-7839)

Número del Caso:

Fecha:

AB-2019-100

7 de noviembre de 2019

Abogado de la parte promovida:

Por derecho propio

Materia:

Resolución del Tribunal.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Carlos E. Díaz Olivo

(TS-7839)

AB-2019-100

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de noviembre de 2019.

Examinada la Urgente solicitud de remedios en

auxilio de jurisdicción en mitigación de daños que

presentó el Lcdo. Carlos E. Díaz Olivo, se provee no

ha lugar a la misma.

Enfatizamos que nada en el Reglamento de este

Tribunal sugiere que estamos impedidos de publicar una

Resolución de esta naturaleza cuando una mayoría de las

Juezas y Jueces así lo determine. La norma es que se

publican las Opiniones del Tribunal, las Sentencias o

Resoluciones en donde alguna Jueza o Juez emita un voto

particular y las Resoluciones que el Pleno expresamente

ordene que se publiquen. Por otro lado, resaltamos que

durante este proceso se salvaguardó el derecho a un

debido proceso de ley del licenciado Díaz Olivo, pues

se le garantizó la oportunidad de contestar la queja

en su contra, según exige el Reglamento de este

Tribunal. 4 LPRA Ap. XXI-B, R. 14(c). Por otro lado,

la Regla 14(d) de nuestro Reglamento dispone que “[e]l

tribunal podrá imponer las sanciones que correspondan

sin necesidad de trámites ulteriores cuando surjan de

la propia contestación [del promovido] hechos que

lo justifiquen”. 4 LPRA Ap. XXI-B. En este caso,

tras examinar

los

autos del

caso

y

constatar

que el peticionario utilizó

lenguaje

irrespetuoso

en comparecencias escritas ante un tribunal, no había

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necesidad de agotar el trámite disciplinario ordinario.

En cuanto a la Urgente moción informativa suplementando

auxilio de jurisdicción y remedio preventivo ante ya

continuos daños e irregularidades denunciadas que presentó el

licenciado Díaz Olivo, nada que proveer.

Notifíquese inmediatamente y publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal Supremo Interina. La Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez está conforme y desea hacer constar la siguiente

expresión:

Estoy conforme con declarar no ha lugar la

Urgente solicitud de remedios en auxilio de

jurisdicción presentada por el Lcdo. Carlos Díaz

Olivo, así como la Urgente moción informativa que

la suplementó. Los argumentos esbozados por el

licenciado en ambos escritos no solamente se

apartan de la normativa que rige el ejercicio de

nuestro poder inherente para regular la profesión

legal, sino que, además, relegan la importancia de

la transparencia en esa gestión. Contrario a lo que

alega el letrado, la publicación de la resolución

mediante la cual fue amonestado no supone un

proceder inusitado por parte de este Tribunal.

Véase e.g. In re: Ángel Casiano Ruiz, 199 DPR 343

(2017). A esos efectos, ninguna disposición de

nuestro Reglamento limita nuestra prerrogativa de

decidir cuáles resoluciones pueden ser objeto de

publicación y cuáles no. De hecho, el inciso (o) de

la Regla 14 expresamente contempla la notificación

a terceros de aquellas decisiones mediante las

cuales se le imponga sanciones a un abogado. Véase

4 LPRA Ap. XXXI-B.

En este caso, la sanción impuesta al

licenciado Díaz Olivo respondió al lenguaje

descomedido

utilizado

por

éste

en

sus

comparecencias escritas ante el Tribunal de Primera

Instancia. En los dos escritos presentados ante

este Tribunal, el licenciado aduce violaciones a su

debido proceso de ley. Ello, a pesar de que tuvo la

oportunidad de contestar el referido presentado en

su contra y aceptó los hechos que resultaron en

nuestra intervención. Contumazmente, sin embargo,

arguyó que dichas expresiones no constituían una

violación a los Cánones de Ética. En esta

coyuntura, no podemos perder de vista que los

abogados, ante todo, son funcionarios del tribunal

y de la Rama Judicial a la que sirven. Véase Pueblo

v. Susoni, 81 DPR 124 (1959) y su progenie. Así,

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como entes instrumentales en la tarea de impartir

justicia, deben velar constantemente porque sus

expresiones no tengan el efecto de socavar su

consecución y atacar la legitimidad de la

institución que representan. Véase Nebraska Press

Assn. v. Stuart, 427 US 539, 601 n. 27 (1976)

(Brennan, J., Op. Concurrente) (“As officers of the

court, court personnel and attorneys have a

fiduciary responsibility not to engage in public

debate that will redound to the detriment of the

accused

or

that

will

obstruct

the

fair

administration of justice.”) (citado con aprobación

en Gentile v. State Bar of Nevada, 501 US 1030,

1074 (1991)).

Conviene recordarle al licenciado Díaz Olivo

que, justamente en atención a este rol dual de los

abogados como representantes de las partes y

funcionarios del tribunal, los Cánones de Ética

imponen ciertas restricciones a su conducta.

Específicamente, el Canon 9 del Código de Ética

Profesional, exige a los abogados “observar para

con los tribunales una conducta que se caracterice

por el mayor respeto. Ello incluye la obligación de

desalentar y evitar ataques injustificados o

atentados ilícitos contra los jueces o contra el

buen orden en la administración de la justicia en

los tribunales”. Canon 9, 4 LPRA Ap. IX, C. 9.

Así, más que una “censura previa” -tal y como

lo califica el licenciado en sus escritos- la

amonestación emitida por este Tribunal estuvo

fundamentada en una aplicación formal y uniforme de

la normativa deontológica que rige la conducta de

todos los integrantes de la profesión legal. Los

abogados, al estar sujetos a la jurisdicción de las

cortes ante las cuales postulan, tienen un deber de

cumplir con las normas éticas que procuran su

cumplimiento con los estándares más altos de

profesionalismo, decoro y respeto. Véase David L.

Hulson Jr., I Pledge to Be Civil: Lawyer speech

triggers both civility and constitutional concerns,

ABA Journal, Sep-Oct 2019 (“Nonetheless, lawyers

are subject to the jurisdiction of the courts where

they practice and need to be aware of the ethics

rules that hold them to a higher standard,

subjecting them to discipline and sanctions when

they abuse the process, commit misconduct or go too

far”). Por entender que las expresiones escritas

ante los tribunales del licenciado Díaz Olivo se

apartan de esos estándares y mancillan la profesión

que representa y la institución a la que sirve,

reitero mi conformidad con la amonestación emitida

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y con declarar no ha lugar los escritos presentados

mediante los cuales se procura la reconsideración

de ésta.

La Jueza Asociada señora Pabón Charneco disiente y se

une a la expresión del Juez Asociado señor Estrella Martínez.

El Juez Asociado señor Estrella Martínez disiente y atendería

la solicitud y reconsideraría.

El Juez Asociado señor Colón Pérez no intervino. El Juez

Asociado señor Kolthoff Caraballo está inhibido.

Sonnya Isabel Ramos Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo Interina