Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Carlos E. Díaz Olivo
2019 TSPR 207
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In re: Carlos E. Díaz Olivo
AB-2019-100
Resolución del Tribunal
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2019 TSPR 207
203 DPR _____
Carlos E. Díaz Olivo
(TS-7839)
Número del Caso:
Fecha:
AB-2019-100
7 de noviembre de 2019
Abogado de la parte promovida:
Por derecho propio
Materia:
Resolución del Tribunal.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Carlos E. Díaz Olivo
(TS-7839)
AB-2019-100
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 7 de noviembre de 2019.
Examinada la Urgente solicitud de remedios en
auxilio de jurisdicción en mitigación de daños que
presentó el Lcdo. Carlos E. Díaz Olivo, se provee no
ha lugar a la misma.
Enfatizamos que nada en el Reglamento de este
Tribunal sugiere que estamos impedidos de publicar una
Resolución de esta naturaleza cuando una mayoría de las
Juezas y Jueces así lo determine. La norma es que se
publican las Opiniones del Tribunal, las Sentencias o
Resoluciones en donde alguna Jueza o Juez emita un voto
particular y las Resoluciones que el Pleno expresamente
ordene que se publiquen. Por otro lado, resaltamos que
durante este proceso se salvaguardó el derecho a un
debido proceso de ley del licenciado Díaz Olivo, pues
se le garantizó la oportunidad de contestar la queja
en su contra, según exige el Reglamento de este
Tribunal. 4 LPRA Ap. XXI-B, R. 14(c). Por otro lado,
la Regla 14(d) de nuestro Reglamento dispone que “[e]l
tribunal podrá imponer las sanciones que correspondan
sin necesidad de trámites ulteriores cuando surjan de
la propia contestación [del promovido] hechos que
lo justifiquen”. 4 LPRA Ap. XXI-B. En este caso,
tras examinar
los
autos del
caso
y
constatar
que el peticionario utilizó
lenguaje
irrespetuoso
en comparecencias escritas ante un tribunal, no había
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necesidad de agotar el trámite disciplinario ordinario.
En cuanto a la Urgente moción informativa suplementando
auxilio de jurisdicción y remedio preventivo ante ya
continuos daños e irregularidades denunciadas que presentó el
licenciado Díaz Olivo, nada que proveer.
Notifíquese inmediatamente y publíquese.
Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del
Tribunal Supremo Interina. La Juez Asociada señora Rodríguez
Rodríguez está conforme y desea hacer constar la siguiente
expresión:
Estoy conforme con declarar no ha lugar la
Urgente solicitud de remedios en auxilio de
jurisdicción presentada por el Lcdo. Carlos Díaz
Olivo, así como la Urgente moción informativa que
la suplementó. Los argumentos esbozados por el
licenciado en ambos escritos no solamente se
apartan de la normativa que rige el ejercicio de
nuestro poder inherente para regular la profesión
legal, sino que, además, relegan la importancia de
la transparencia en esa gestión. Contrario a lo que
alega el letrado, la publicación de la resolución
mediante la cual fue amonestado no supone un
proceder inusitado por parte de este Tribunal.
Véase e.g. In re: Ángel Casiano Ruiz, 199 DPR 343
(2017). A esos efectos, ninguna disposición de
nuestro Reglamento limita nuestra prerrogativa de
decidir cuáles resoluciones pueden ser objeto de
publicación y cuáles no. De hecho, el inciso (o) de
la Regla 14 expresamente contempla la notificación
a terceros de aquellas decisiones mediante las
cuales se le imponga sanciones a un abogado. Véase
4 LPRA Ap. XXXI-B.
En este caso, la sanción impuesta al
licenciado Díaz Olivo respondió al lenguaje
descomedido
utilizado
por
éste
en
sus
comparecencias escritas ante el Tribunal de Primera
Instancia. En los dos escritos presentados ante
este Tribunal, el licenciado aduce violaciones a su
debido proceso de ley. Ello, a pesar de que tuvo la
oportunidad de contestar el referido presentado en
su contra y aceptó los hechos que resultaron en
nuestra intervención. Contumazmente, sin embargo,
arguyó que dichas expresiones no constituían una
violación a los Cánones de Ética. En esta
coyuntura, no podemos perder de vista que los
abogados, ante todo, son funcionarios del tribunal
y de la Rama Judicial a la que sirven. Véase Pueblo
v. Susoni, 81 DPR 124 (1959) y su progenie. Así,
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como entes instrumentales en la tarea de impartir
justicia, deben velar constantemente porque sus
expresiones no tengan el efecto de socavar su
consecución y atacar la legitimidad de la
institución que representan. Véase Nebraska Press
Assn. v. Stuart, 427 US 539, 601 n. 27 (1976)
(Brennan, J., Op. Concurrente) (“As officers of the
court, court personnel and attorneys have a
fiduciary responsibility not to engage in public
debate that will redound to the detriment of the
accused
or
that
will
obstruct
the
fair
administration of justice.”) (citado con aprobación
en Gentile v. State Bar of Nevada, 501 US 1030,
1074 (1991)).
Conviene recordarle al licenciado Díaz Olivo
que, justamente en atención a este rol dual de los
abogados como representantes de las partes y
funcionarios del tribunal, los Cánones de Ética
imponen ciertas restricciones a su conducta.
Específicamente, el Canon 9 del Código de Ética
Profesional, exige a los abogados “observar para
con los tribunales una conducta que se caracterice
por el mayor respeto. Ello incluye la obligación de
desalentar y evitar ataques injustificados o
atentados ilícitos contra los jueces o contra el
buen orden en la administración de la justicia en
los tribunales”. Canon 9, 4 LPRA Ap. IX, C. 9.
Así, más que una “censura previa” -tal y como
lo califica el licenciado en sus escritos- la
amonestación emitida por este Tribunal estuvo
fundamentada en una aplicación formal y uniforme de
la normativa deontológica que rige la conducta de
todos los integrantes de la profesión legal. Los
abogados, al estar sujetos a la jurisdicción de las
cortes ante las cuales postulan, tienen un deber de
cumplir con las normas éticas que procuran su
cumplimiento con los estándares más altos de
profesionalismo, decoro y respeto. Véase David L.
Hulson Jr., I Pledge to Be Civil: Lawyer speech
triggers both civility and constitutional concerns,
ABA Journal, Sep-Oct 2019 (“Nonetheless, lawyers
are subject to the jurisdiction of the courts where
they practice and need to be aware of the ethics
rules that hold them to a higher standard,
subjecting them to discipline and sanctions when
they abuse the process, commit misconduct or go too
far”). Por entender que las expresiones escritas
ante los tribunales del licenciado Díaz Olivo se
apartan de esos estándares y mancillan la profesión
que representa y la institución a la que sirve,
reitero mi conformidad con la amonestación emitida
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y con declarar no ha lugar los escritos presentados
mediante los cuales se procura la reconsideración
de ésta.
La Jueza Asociada señora Pabón Charneco disiente y se
une a la expresión del Juez Asociado señor Estrella Martínez.
El Juez Asociado señor Estrella Martínez disiente y atendería
la solicitud y reconsideraría.
El Juez Asociado señor Colón Pérez no intervino. El Juez
Asociado señor Kolthoff Caraballo está inhibido.
Sonnya Isabel Ramos Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo Interina