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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Carlos E. Díaz Olivo

2019 TSPR 205

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Carlos E. Díaz Olivo

AB-2019-100

Resolución del Tribunal

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2019 TSPR 205

203 DPR _____

Carlos E. Díaz Olivo

(TS-7839)

Número del Caso:

Fecha:

AB-2019-100

5 de noviembre de 2019

Abogado de la parte promovida:

Por derecho propio

Materia:

Resolución del Tribunal.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal.

Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Carlos E. Díaz Olivo

(TS-7839)

AB-2019-100

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de noviembre de 2019.

El 29 de abril de 2019 el Hon. Raphael G. Rojas

Fernández, Juez Superior de la Región Judicial de

Bayamón, emitió una Resolución en el caso Ricardo J.

Torres Cintrón v. NY Pizza & Foods Corporations y otros

(Caso Civil Núm. DAC2015-2215) mediante la cual

refirió la conducta del Lcdo. Carlos E. Díaz Olivo a

la atención de este Tribunal. En su referido, el Juez

Rojas Fernández planteó que el licenciado Díaz Olivo

–quien funge como abogado de la parte demandada en ese

caso– realizó imputaciones ofensivas contra los jueces

que han atendido el caso1 y los demás funcionarios que

componen la Región Judicial de Bayamón. El referido

únicamente aludió a expresiones que realizó el

licenciado Díaz Olivo en los escritos que presentó en

el tribunal.

En vista de lo anterior, el Juez Rojas Fernández

imputó al licenciado Díaz Olivo violaciones a los

Cánones 9, 35 y 38 de Ética Profesional. Asimismo,

solicitó a este Tribunal ordenar el inicio de una

investigación y un proceso disciplinario al respecto.

El referido del Juez Rojas Fernández se acogió como

una queja contra el licenciado Díaz Olivo, por lo que

Estos son: la Hon. Sarah Y. Rosado Morales, el Hon. Raphael G.

Rojas Fernández y el entonces Juez Administrador de la Región

Judicial de Bayamón, el Hon. José M. D’Anglada Raffucci.

1

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2

la Secretaría de este Tribunal notificó a este último su

derecho a presentar una contestación dentro del término de

diez (10) días, según dispone la Regla 14(c) del Reglamento

del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B.

Oportunamente, el licenciado Díaz Olivo presentó su

contestación. En síntesis, alegó que el referido no se debió

al lenguaje que empleó en sus escritos ante el Tribunal. En

cambio, sostuvo que respondió a sus esfuerzos por denunciar

una serie de irregularidades en el Tribunal de Primera

Instancia de Bayamón ante la Oficina del Contralor y otras

agencias gubernamentales.2 De esta forma, el licenciado Díaz

Olivo caracterizó el referido como un acto de represalia y

negó que hubiese incurrido en violación alguna a los Cánones

de Ética Profesional.3

El Canon 9 del Código de Ética Profesional exige de los

abogados “observar para con los tribunales una conducta que

se caracterice por el mayor respeto. Ello incluye la

obligación de desalentar y evitar ataques injustificados o

atentados ilícitos contra los jueces o contra el buen orden

en la administración de la justicia en los tribunales”. 4 LPRA

Ap. IX (Énfasis suplido). Además, el mismo Canon 9 dispone

que “el deber de respeto propio para con los tribunales

incluye también la obligación de tomar las medidas que

procedan en ley contra funcionarios judiciales que abusan de

sus prerrogativas o desempeñan impropiamente sus funciones y

que

no

observan

una

actitud

cortés

y

respetuosa”.

Íd. (Énfasis suplido).

Es de notar que este Canon consagra un principio básico

en nuestro ordenamiento: que “[l]a práctica de la abogacía

exige hacia los tribunales constante respeto”. In re Pagán,

116 DPR 107, 111 (1985). Así, el Canon 9 requiere que “los

abogados, cuando hayan de dirigirse al tribunal –aún para

criticarle– lo hagan con respeto y deferencia”. In re Crespo

Enríquez, 147 DPR 656, 662-663 (1999). De esta manera,

reconoce

que

“[p]ara

reclamar

derechos

y

solventar

controversias no es menester lastimar la dignidad personal ni

institucional de los miembros de la judicatura, como de

ninguna otra persona”; después de todo, “el que un abogado

defienda apasionada y diligentemente la causa de acción de su

cliente no es incompatible con la exigencia de que cuando

vaya a dirigirse al tribunal lo haga respetuosa y

Las irregularidades a las que se refiere el licenciado Díaz Olivo

consisten en errores cometidos al notificar resoluciones y órdenes

judiciales; demoras en producir la regrabación de vistas durante la

emergencia que provocó el huracán María, y alegaciones de intervención

indebida de jueces en el proceso judicial en el que figuraba como abogado,

entre otras. Cabe resaltar que aquellos señalamientos que tenían mérito

fueron atendidos. Posteriormente, se le notificó al licenciado Díaz Olivo

que los errores fueron corregidos y se le explicó por qué se cometieron.

3 Contestación del promovido, págs. 8, 40.

2

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3

decorosamente”. In re Pagán, supra; In re Crespo Enríquez,

supra, pág. 663. Hemos resuelto que un abogado falta el

respeto al tribunal cuando realiza imputaciones infundadas

que “tienda[n] a degradar o a afectar la dignidad,

honorabilidad e integridad de los tribunales o de sus

funcionarios o que puedan debilitar o destruir el respeto a

o la confianza pública en los mismos”. In re Andréu Ribas,

81 DPR 90, 119 (1959).4

Surge palmariamente de nuestra jurisprudencia sobre el

Canon 9 que las determinaciones judiciales adversas nunca

justifican el uso de lenguaje impropio e hiriente por parte

de los abogados de la parte adversamente afectada por el

dictamen. En tales situaciones, corresponde a los abogados

utilizar las herramientas que el propio ordenamiento les

provee para procurar la revisión ante un tribunal de mayor

jerarquía. In re Pagán, supra; In re Crespo Enríquez, supra,

pág. 663. Simple y llanamente, ningún abogado “tiene licencia

absoluta en el uso del lenguaje para poner en entredicho o

mancillar la dignidad de los jueces”. In re Cardona Álvarez,

116 DPR 895, 906 (1986).

Del referido del Juez Rojas Fernández se desprende que

el licenciado Díaz Olivo presentó escritos ante el Tribunal

de Primera Instancia, Región Judicial de Bayamón, en los que

–mediante lenguaje destemplado y mordaz– mancilló la dignidad

de varios jueces e incluso de los demás funcionarios que allí

laboran. Mediante varias mociones y recursos, el licenciado

Díaz Olivo caracterizó el juicio en el que intervino como

abogado como “una farsa” y “una mueca burda a los nobles y

altruistas preceptos, sobre los cuales los padres fundadores

edificaron nuestro sistema constitucional” (Solicitud de

Inhibición, pág. 9); sostuvo que “[l]a decomposición del

significado de las palabras para la articulación de nuevas

acepciones al castellano que se escenifica en la dependencia

En In re Martínez, Jr., 108 DPR 158 (1978), suspendimos del ejercicio

de la abogacía por un término de tres meses a un abogado que utilizó la

frase “chantaje judicial” en una moción de reconsideración que presentó

ante este Tribunal. Luego de concluir que el abogado violentó el Canon 9

de Ética Profesional al así proceder, expresamos lo siguiente:

4

La conducta de este abogado constituye un agravio no s[o]lo

para la dignidad del Tribunal sino para la tradición de honor

y respeto de la profesión jurídica de Puerto Rico. El signo

de destemplanza en este miembro del Colegio de Abogados puede

o no ser indicio de una deformación profunda y de una total

inadaptabilidad a los Cánones de Ética que lo descualifican

para seguir perteneciendo a la comunidad forense. Su conducta

es una rara y muy infrecuente mancha en la larga historia del

abogado puertorriqueño, esforzado en su quehacer y celoso

guardador en todo momento de la dignidad y prestigio de

nuestros tribunales que son una e inseparables de la propia

dignidad y prestigio de la profesión de abogado.

Íd., págs. 163-164 (Énfasis suplido).

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4

gubernamental que es esta Sala de Bayamón del Tribunal de

Primera Instancia, se inserta y acomoda en el sin sentido

[sic] que asfixia a [sic] país en el manejo de sus asuntos

públicos” (Urgente moción en honor a la verdad y solicitud de

ejercicio de prudencia, pág. 5); especuló que, por razón de

haberse notificado la Resolución incorrecta, “el sistema

judicial” quiso comunicarle “que la Juez[a] Rosado Morales

nos mintió o que nos engañó o que nos indujo a error o que

nos burló en la confianza institucional que necesariamente

había que prestarle a sus palabras como funcionaria del

Estado” (Íd.); expresó que la Jueza Sarah Y. Rosado Morales

“en vez de actuar con la diligencia y estar a la altura que

las circunstancias exigían, obvió su deber de funcionario

público […] [y] prefirió callar cuando venía obligada a

revelar la crisis que con su imprudencia había ocasionado,

para de esta manera permanecer en el pleito que tanto le

interesaba” (Moción informativa para la preservación del

récord

histórico,

págs.

2-3);

calificó

un

error

administrativo que provocó la notificación de la Resolución

judicial incorrecta como “una mutilación crasa e impermisible

de la función judicial” (Íd., pág. 8). Asimismo, sostuvo que

“los funcionarios judiciales, crearon un caos e indujeron a

error […] convirtiendo en mueca dolorosa y desafortunada, tan

vital función pública”) (Íd., pág. 8); atribuyó al Juez Rojas

Fernández un “arrojo entusiasta a trasgredir la naturaleza y

esencia misma de un pleito interdictal sumario de ámbito

limitado” (Moción de inhibición, pág. 1), y –ante una

denegatoria de una moción de traslado que presentó– sugirió

que ello se podría deber “a otro de los múltiples errores,

fallas graves e irregularidades que parece[n] caracterizar la

operación del Tribunal de Bayamón” (Íd., pág. 3). Cabe

resaltar que estas son solo algunas de las múltiples

expresiones innecesarias, irrespetuosas y ofensivas que

identificamos al examinar los autos de este caso.

Reconocemos, como lo hemos hecho en el pasado, que “la

crítica constructiva a la labor judicial siempre es

bienvenida y necesaria por cuanto quizás constituye la

‘medicina’ más eficaz y necesaria para mejorar la labor

judicial que realizamos. Ello no obstante, esas expresiones,

escritos y críticas deben ser realizadas de manera correcta

y respetuosa por parte de los abogados”. In re Markus, 158 DPR

881, 884 (2003) (Énfasis suplido). No albergamos duda de que

el licenciado Díaz Olivo violentó el Canon 9 de Ética

Profesional al dirigirse al tribunal como lo hizo. Este

Tribunal exige de sus profesionales del derecho un

comportamiento respetuoso, circunspecto y ético. Por tanto,

una vez más nos vemos obligados a reiterar que “[l]a profesión

debe quedar apercibida de que no estamos en disposición de

tolerar esa clase de conducta. Ningún abogado de este País

[…] posee licencia para poner en entredicho, o mancillar, la

dignidad de los jueces”. In re Markus, 158 DPR 887, 881

(2003). Toda persona que se presenta ante nuestros tribunales

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tiene derecho a realizar críticas constructivas. No obstante,

como funcionarios del Tribunal, los profesionales del derecho

tienen que discernir entre su deber indelegable de abogar por

los derechos de sus representados y de promover la solución

justa de los casos en los que intervie nen, y lo que

constituye un ataque que lastima la dignidad personal y/o

institucional de la Judicatura. Este Tribunal no tolerará

expresiones que falten el respeto a los jueces y juezas, así

como al personal que integra este Poder Judicial.

Examinado el referido que presentó el Juez Rojas

Fernández y la contestación del promovido, se amonesta al

licenciado Díaz Olivo por violentar el Canon 9 de Ética

Profesional,

4

LPRA

Ap.

IX,

al

utilizar

lenguaje

irrespetuoso, destemplado y mordaz para mancillar la

dignidad e integridad de la Hon. Sarah Y. Rosado Morales,

el Hon. Raphael

G.

Rojas

Fernández

y

el

entonces

Juez Administrador de la Región Judicial de Bayamón, el

Hon. José M. D’Anglada Raffucci, así como de los funcionarios

y funcionarias que laboran en la Región Judicial de Bayamón.

Enfatizamos que imponemos esta sanción únicamente por razón

de las expresiones que el licenciado Díaz Olivo realizó en

sus comparecencias escritas ante el Tribunal de Primera

Instancia de Bayamón. Le apercibimos de su deber de dar fiel

cumplimiento a los Cánones de Ética Profesional, en

particular en lo que respecta el Canon 9, el cual le impone

la responsabilidad de observar en todo momento una conducta

caracterizada por el mayor respeto ante los jueces y otros

funcionarios del tribunal. Por último, le apercibimos que de

repetirse este tipo de actuación podrá ser objeto de sanciones

más severas, incluso la suspensión del ejercicio de la

profesión. Así las cosas, ordenamos el archivo de la queja.

Notifíquese y publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez está

conforme con la Resolución que antecede y hace constar la

siguiente expresión:

La Rama Judicial toma con seriedad extrema los

señalamientos de la ciudadanía con respecto a

irregularidades o deficiencias en los procesos

judiciales

y

en

la

administración

de

los

tribunales. “[L]a crítica ponderada, razonada,

juiciosa, sea acertada o no […] es indispensable

para el buen funcionamiento de la justicia”. José

Trías Monge, Discurso pronunciado en la Conferencia

Judicial de diciembre de 1982, Tribunal Supremo de

Puerto Rico, pág. 152. La crítica constructiva no

solo es bienvenida, sino que resulta esencial para

el funcionamiento óptimo de cualquier entidad,

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pública o privada; ciertamente lo es para el Poder

Judicial.

Ahora bien, la apertura a la crítica

constructiva no exime a este Tribunal de cumplir

con su deber indelegable de asegurar que la

conducta de los integrantes de la profesión legal

se ajuste a las normas éticas mínimas que rigen en

nuestro

ordenamiento.

Así

pues,

el

buen

funcionamiento del Poder Judicial también depende

de que este Tribunal ejerza de manera consistente

su poder inherente para sancionar a aquellos

abogados o abogadas que incurran en violaciones a

los Cánones de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX.

Contrario a lo que intiman algunos de mis

compañeros, la incidencia de errores durante un

pleito no justifica que un abogado emplee lenguaje

ofensivo e irrespetuoso en sus comparecencias

orales o escritas ante un tribunal. Ello constituye

una violación evidente al Canon 9 de Ética

Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Asumir responsabilidad

por

los

errores

humanos,

administrativos

o

inclusive en la adjudicación sustantiva de una

controversia es perfectamente compatible con

nuestro deber de velar por que los integrantes de

la profesión legal cumplan con los Cánones de Ética

Profesional, que exigen un deber de civismo,

respeto y consideración a las partes y al tribunal

y sus componentes. Resulta preocupante que algunos

miembros de esta Curia sostengan que se tiene que

escoger entre reconocer que se cometieron errores

y hacer cumplir el Canon 9 de Ética Profesional.

Más aún, cuando no toleraríamos —y en efecto, no

hemos tolerado— que mediante comparecencias ante

este Tribunal los abogados realicen ataques

personalistas

contra

sus

integrantes

o

que

cuestionen la integridad y dignidad del Poder

Judicial al que pertenecemos. Si no toleramos estos

ataques cuando se dirigen a este foro, ¿por qué

permitiríamos que tal conducta permanezca impune

desde un punto de vista disciplinario cuando ocurre

a nivel del foro de primera instancia?

No debe quedar duda de que un abogado o una

abogada violenta los Cánones de Ética Profesional

cuando utiliza sus comparecencias ante el tribunal

como

un

arma

para

canalizar

“la

crítica

destemplada, irreflexiva, estridente, […] que es

criatura de la pasión, el abanderamiento, el afán

incontenible de que se cumpla nuestra voluntad a

toda costa”. Trías Monge, op. cit. Ninguna

desavenencia con el tribunal justifica el que un

6

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profesional del derecho ignore los Cánones de Ética

Profesional. Examinadas las expresiones que realizó

el Lcdo. Carlos E. Díaz Olivo en comparecencias

escritas ante el Tribunal de Primera Instancia de

Bayamón, estoy convencida de que –aun si estuvieron

motivadas en parte por un deseo legítimo de

criticar constructivamente la labor del tribunal–

estas ameritan una amonestación. Por ello, estoy

conforme con la Resolución que una Mayoría decidió

emitir sobre este asunto.

La Jueza Asociada señora Pabón Charneco disiente y hace

constar la siguiente expresión:

La Rama Judicial debe asumir responsabilidad

cuando comete errores. Los ciudadanos han de tener

confianza en nuestro sistema de justicia. Por lo

tanto, aquellas acciones que perpetúen desconfianza

en los procesos judiciales deben ser repudiadas. En

el caso Ricardo J. Torres Cintrón v. NY Pizza &

Foods Corporations y otros (Caso Civil Núm.

DAC2015-2215)

hubo

una

gran

cantidad

de

irregularidades serias en el proceso. La Resolución

que emite una Mayoría de este Tribunal se limita a

mencionar algunas de ellas superficialmente en la

nota al calce número dos. Las expresiones del

Lcdo. Carlos Díaz Olivo denotan, naturalmente, un

desagrado con los numerosos errores cometidos por

la Rama Judicial en el trámite. Si bien los abogados

tienen la obligación de dirigirse respetuosamente

a los tribunales, los tribunales también tienen la

obligación de cumplir cabalmente con sus deberes

para que, a través de procesos razonables, se logre

efectivamente la búsqueda de la verdad y la

justicia. Ante esto, disiento enérgicamente de la

determinación que hoy anuncia este Tribunal.

El Juez Asociado señor Estrella Martínez emite la

siguiente expresión disidente, a la cual se une la Jueza

Asociada señora Pabón Charneco:

El asunto que nos ocupa, en lo que concierne

al ámbito disciplinario, debió culminar con un

archivo y nada más. Ello, sin perjuicio de que la

información y el insumo recibido a través del

referido

del

Honorable

Tribunal

de

Primera

Instancia y de la contestación ofrecida por el

Lcdo. Carlos Díaz Olivo sean parte de los

instrumentos que nos sirvan de norte para mejorar

día a día nuestro sistema judicial. Así lo reconoce

este Tribunal cuando admite en su Resolución que la

Administración de Tribunales se vio precisada a

tomar medidas correctivas a la luz de los

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señalamientos del referido letrado.

Entonces,

realmente lo que parece motivar al Tribunal a

emitir

una

sanción

disciplinaria

son

las

expresiones contenidas en los escritos judiciales

suscritos por el licenciado Díaz Olivo, toda vez

que cualquier expresión realizada por el letrado

como parte de su rol de analista noticioso

ameritaría un tratamiento distinto. Ciertamente,

esas expresiones ni ninguna otra conducta es la que

tenemos ante nuestra consideración. En ese sentido,

sus expresiones públicas o cualquier otra acción de

fiscalización que no forme parte del referido no

pesan en mi ánimo al momento de adjudicar esta

controversia.

Aunque

hubiese

canalizado

los

señalamientos que desembocaron en este asunto con

un tono distinto, opino que el lenguaje utilizado

por el abogado en sus escritos judiciales podrá ser

uno apasionado, adversativo y fiscalizador, pero no

violatorio de los Cánones de Ética Profesional. Sin

embargo, este Tribunal más que un archivo del

asunto disciplinario realmente emite una resolución

con sanciones disciplinarias concretas y con una

extensión que se asemeja más a una Opinión Per

Curiam

publicada.

En

consecuencia,

en

esta

expresión consigno mi disenso en torno a la

extensión de la sanción y más importante aun del

hecho de que nos alejemos del lenguaje que

ordinariamente

este

Tribunal

utiliza

para

amonestar, apercibir y archivar. Aunque reconozco

la facultad de este Tribunal para emitir tal

dictamen no puedo concurrir con el curso de acción

tomado y la determinación expresa de la Mayoría de

que el letrado violó el Canon 9 de Ética

Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Ante el cuadro fáctico

y procesal expuesto, aunque no comparto la

totalidad del estilo utilizado por el licenciado

Díaz Olivo al manifestar sus preocupaciones, ello

no me puede llevar a avalar la totalidad de las

conclusiones de esta resolución. Por eso, más allá

de la acción de archivar, respetuosamente disiento

del curso de acción tomado por este Tribunal.

El Juez Asociado señor Colón Pérez no intervino. El Juez

Asociado señor Kolthoff Caraballo está inhibido.

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo