Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Carlos E. Díaz Olivo
2019 TSPR 205
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Carlos E. Díaz Olivo
AB-2019-100
Resolución del Tribunal
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2019 TSPR 205
203 DPR _____
Carlos E. Díaz Olivo
(TS-7839)
Número del Caso:
Fecha:
AB-2019-100
5 de noviembre de 2019
Abogado de la parte promovida:
Por derecho propio
Materia:
Resolución del Tribunal.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Carlos E. Díaz Olivo
(TS-7839)
AB-2019-100
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 5 de noviembre de 2019.
El 29 de abril de 2019 el Hon. Raphael G. Rojas
Fernández, Juez Superior de la Región Judicial de
Bayamón, emitió una Resolución en el caso Ricardo J.
Torres Cintrón v. NY Pizza & Foods Corporations y otros
(Caso Civil Núm. DAC2015-2215) mediante la cual
refirió la conducta del Lcdo. Carlos E. Díaz Olivo a
la atención de este Tribunal. En su referido, el Juez
Rojas Fernández planteó que el licenciado Díaz Olivo
–quien funge como abogado de la parte demandada en ese
caso– realizó imputaciones ofensivas contra los jueces
que han atendido el caso1 y los demás funcionarios que
componen la Región Judicial de Bayamón. El referido
únicamente aludió a expresiones que realizó el
licenciado Díaz Olivo en los escritos que presentó en
el tribunal.
En vista de lo anterior, el Juez Rojas Fernández
imputó al licenciado Díaz Olivo violaciones a los
Cánones 9, 35 y 38 de Ética Profesional. Asimismo,
solicitó a este Tribunal ordenar el inicio de una
investigación y un proceso disciplinario al respecto.
El referido del Juez Rojas Fernández se acogió como
una queja contra el licenciado Díaz Olivo, por lo que
Estos son: la Hon. Sarah Y. Rosado Morales, el Hon. Raphael G.
Rojas Fernández y el entonces Juez Administrador de la Región
Judicial de Bayamón, el Hon. José M. D’Anglada Raffucci.
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la Secretaría de este Tribunal notificó a este último su
derecho a presentar una contestación dentro del término de
diez (10) días, según dispone la Regla 14(c) del Reglamento
del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B.
Oportunamente, el licenciado Díaz Olivo presentó su
contestación. En síntesis, alegó que el referido no se debió
al lenguaje que empleó en sus escritos ante el Tribunal. En
cambio, sostuvo que respondió a sus esfuerzos por denunciar
una serie de irregularidades en el Tribunal de Primera
Instancia de Bayamón ante la Oficina del Contralor y otras
agencias gubernamentales.2 De esta forma, el licenciado Díaz
Olivo caracterizó el referido como un acto de represalia y
negó que hubiese incurrido en violación alguna a los Cánones
de Ética Profesional.3
El Canon 9 del Código de Ética Profesional exige de los
abogados “observar para con los tribunales una conducta que
se caracterice por el mayor respeto. Ello incluye la
obligación de desalentar y evitar ataques injustificados o
atentados ilícitos contra los jueces o contra el buen orden
en la administración de la justicia en los tribunales”. 4 LPRA
Ap. IX (Énfasis suplido). Además, el mismo Canon 9 dispone
que “el deber de respeto propio para con los tribunales
incluye también la obligación de tomar las medidas que
procedan en ley contra funcionarios judiciales que abusan de
sus prerrogativas o desempeñan impropiamente sus funciones y
que
no
observan
una
actitud
cortés
y
respetuosa”.
Íd. (Énfasis suplido).
Es de notar que este Canon consagra un principio básico
en nuestro ordenamiento: que “[l]a práctica de la abogacía
exige hacia los tribunales constante respeto”. In re Pagán,
116 DPR 107, 111 (1985). Así, el Canon 9 requiere que “los
abogados, cuando hayan de dirigirse al tribunal –aún para
criticarle– lo hagan con respeto y deferencia”. In re Crespo
Enríquez, 147 DPR 656, 662-663 (1999). De esta manera,
reconoce
que
“[p]ara
reclamar
derechos
y
solventar
controversias no es menester lastimar la dignidad personal ni
institucional de los miembros de la judicatura, como de
ninguna otra persona”; después de todo, “el que un abogado
defienda apasionada y diligentemente la causa de acción de su
cliente no es incompatible con la exigencia de que cuando
vaya a dirigirse al tribunal lo haga respetuosa y
Las irregularidades a las que se refiere el licenciado Díaz Olivo
consisten en errores cometidos al notificar resoluciones y órdenes
judiciales; demoras en producir la regrabación de vistas durante la
emergencia que provocó el huracán María, y alegaciones de intervención
indebida de jueces en el proceso judicial en el que figuraba como abogado,
entre otras. Cabe resaltar que aquellos señalamientos que tenían mérito
fueron atendidos. Posteriormente, se le notificó al licenciado Díaz Olivo
que los errores fueron corregidos y se le explicó por qué se cometieron.
3 Contestación del promovido, págs. 8, 40.
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decorosamente”. In re Pagán, supra; In re Crespo Enríquez,
supra, pág. 663. Hemos resuelto que un abogado falta el
respeto al tribunal cuando realiza imputaciones infundadas
que “tienda[n] a degradar o a afectar la dignidad,
honorabilidad e integridad de los tribunales o de sus
funcionarios o que puedan debilitar o destruir el respeto a
o la confianza pública en los mismos”. In re Andréu Ribas,
81 DPR 90, 119 (1959).4
Surge palmariamente de nuestra jurisprudencia sobre el
Canon 9 que las determinaciones judiciales adversas nunca
justifican el uso de lenguaje impropio e hiriente por parte
de los abogados de la parte adversamente afectada por el
dictamen. En tales situaciones, corresponde a los abogados
utilizar las herramientas que el propio ordenamiento les
provee para procurar la revisión ante un tribunal de mayor
jerarquía. In re Pagán, supra; In re Crespo Enríquez, supra,
pág. 663. Simple y llanamente, ningún abogado “tiene licencia
absoluta en el uso del lenguaje para poner en entredicho o
mancillar la dignidad de los jueces”. In re Cardona Álvarez,
116 DPR 895, 906 (1986).
Del referido del Juez Rojas Fernández se desprende que
el licenciado Díaz Olivo presentó escritos ante el Tribunal
de Primera Instancia, Región Judicial de Bayamón, en los que
–mediante lenguaje destemplado y mordaz– mancilló la dignidad
de varios jueces e incluso de los demás funcionarios que allí
laboran. Mediante varias mociones y recursos, el licenciado
Díaz Olivo caracterizó el juicio en el que intervino como
abogado como “una farsa” y “una mueca burda a los nobles y
altruistas preceptos, sobre los cuales los padres fundadores
edificaron nuestro sistema constitucional” (Solicitud de
Inhibición, pág. 9); sostuvo que “[l]a decomposición del
significado de las palabras para la articulación de nuevas
acepciones al castellano que se escenifica en la dependencia
En In re Martínez, Jr., 108 DPR 158 (1978), suspendimos del ejercicio
de la abogacía por un término de tres meses a un abogado que utilizó la
frase “chantaje judicial” en una moción de reconsideración que presentó
ante este Tribunal. Luego de concluir que el abogado violentó el Canon 9
de Ética Profesional al así proceder, expresamos lo siguiente:
4
La conducta de este abogado constituye un agravio no s[o]lo
para la dignidad del Tribunal sino para la tradición de honor
y respeto de la profesión jurídica de Puerto Rico. El signo
de destemplanza en este miembro del Colegio de Abogados puede
o no ser indicio de una deformación profunda y de una total
inadaptabilidad a los Cánones de Ética que lo descualifican
para seguir perteneciendo a la comunidad forense. Su conducta
es una rara y muy infrecuente mancha en la larga historia del
abogado puertorriqueño, esforzado en su quehacer y celoso
guardador en todo momento de la dignidad y prestigio de
nuestros tribunales que son una e inseparables de la propia
dignidad y prestigio de la profesión de abogado.
Íd., págs. 163-164 (Énfasis suplido).
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gubernamental que es esta Sala de Bayamón del Tribunal de
Primera Instancia, se inserta y acomoda en el sin sentido
[sic] que asfixia a [sic] país en el manejo de sus asuntos
públicos” (Urgente moción en honor a la verdad y solicitud de
ejercicio de prudencia, pág. 5); especuló que, por razón de
haberse notificado la Resolución incorrecta, “el sistema
judicial” quiso comunicarle “que la Juez[a] Rosado Morales
nos mintió o que nos engañó o que nos indujo a error o que
nos burló en la confianza institucional que necesariamente
había que prestarle a sus palabras como funcionaria del
Estado” (Íd.); expresó que la Jueza Sarah Y. Rosado Morales
“en vez de actuar con la diligencia y estar a la altura que
las circunstancias exigían, obvió su deber de funcionario
público […] [y] prefirió callar cuando venía obligada a
revelar la crisis que con su imprudencia había ocasionado,
para de esta manera permanecer en el pleito que tanto le
interesaba” (Moción informativa para la preservación del
récord
histórico,
págs.
2-3);
calificó
un
error
administrativo que provocó la notificación de la Resolución
judicial incorrecta como “una mutilación crasa e impermisible
de la función judicial” (Íd., pág. 8). Asimismo, sostuvo que
“los funcionarios judiciales, crearon un caos e indujeron a
error […] convirtiendo en mueca dolorosa y desafortunada, tan
vital función pública”) (Íd., pág. 8); atribuyó al Juez Rojas
Fernández un “arrojo entusiasta a trasgredir la naturaleza y
esencia misma de un pleito interdictal sumario de ámbito
limitado” (Moción de inhibición, pág. 1), y –ante una
denegatoria de una moción de traslado que presentó– sugirió
que ello se podría deber “a otro de los múltiples errores,
fallas graves e irregularidades que parece[n] caracterizar la
operación del Tribunal de Bayamón” (Íd., pág. 3). Cabe
resaltar que estas son solo algunas de las múltiples
expresiones innecesarias, irrespetuosas y ofensivas que
identificamos al examinar los autos de este caso.
Reconocemos, como lo hemos hecho en el pasado, que “la
crítica constructiva a la labor judicial siempre es
bienvenida y necesaria por cuanto quizás constituye la
‘medicina’ más eficaz y necesaria para mejorar la labor
judicial que realizamos. Ello no obstante, esas expresiones,
escritos y críticas deben ser realizadas de manera correcta
y respetuosa por parte de los abogados”. In re Markus, 158 DPR
881, 884 (2003) (Énfasis suplido). No albergamos duda de que
el licenciado Díaz Olivo violentó el Canon 9 de Ética
Profesional al dirigirse al tribunal como lo hizo. Este
Tribunal exige de sus profesionales del derecho un
comportamiento respetuoso, circunspecto y ético. Por tanto,
una vez más nos vemos obligados a reiterar que “[l]a profesión
debe quedar apercibida de que no estamos en disposición de
tolerar esa clase de conducta. Ningún abogado de este País
[…] posee licencia para poner en entredicho, o mancillar, la
dignidad de los jueces”. In re Markus, 158 DPR 887, 881
(2003). Toda persona que se presenta ante nuestros tribunales
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tiene derecho a realizar críticas constructivas. No obstante,
como funcionarios del Tribunal, los profesionales del derecho
tienen que discernir entre su deber indelegable de abogar por
los derechos de sus representados y de promover la solución
justa de los casos en los que intervie nen, y lo que
constituye un ataque que lastima la dignidad personal y/o
institucional de la Judicatura. Este Tribunal no tolerará
expresiones que falten el respeto a los jueces y juezas, así
como al personal que integra este Poder Judicial.
Examinado el referido que presentó el Juez Rojas
Fernández y la contestación del promovido, se amonesta al
licenciado Díaz Olivo por violentar el Canon 9 de Ética
Profesional,
4
LPRA
Ap.
IX,
al
utilizar
lenguaje
irrespetuoso, destemplado y mordaz para mancillar la
dignidad e integridad de la Hon. Sarah Y. Rosado Morales,
el Hon. Raphael
G.
Rojas
Fernández
y
el
entonces
Juez Administrador de la Región Judicial de Bayamón, el
Hon. José M. D’Anglada Raffucci, así como de los funcionarios
y funcionarias que laboran en la Región Judicial de Bayamón.
Enfatizamos que imponemos esta sanción únicamente por razón
de las expresiones que el licenciado Díaz Olivo realizó en
sus comparecencias escritas ante el Tribunal de Primera
Instancia de Bayamón. Le apercibimos de su deber de dar fiel
cumplimiento a los Cánones de Ética Profesional, en
particular en lo que respecta el Canon 9, el cual le impone
la responsabilidad de observar en todo momento una conducta
caracterizada por el mayor respeto ante los jueces y otros
funcionarios del tribunal. Por último, le apercibimos que de
repetirse este tipo de actuación podrá ser objeto de sanciones
más severas, incluso la suspensión del ejercicio de la
profesión. Así las cosas, ordenamos el archivo de la queja.
Notifíquese y publíquese.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez está
conforme con la Resolución que antecede y hace constar la
siguiente expresión:
La Rama Judicial toma con seriedad extrema los
señalamientos de la ciudadanía con respecto a
irregularidades o deficiencias en los procesos
judiciales
y
en
la
administración
de
los
tribunales. “[L]a crítica ponderada, razonada,
juiciosa, sea acertada o no […] es indispensable
para el buen funcionamiento de la justicia”. José
Trías Monge, Discurso pronunciado en la Conferencia
Judicial de diciembre de 1982, Tribunal Supremo de
Puerto Rico, pág. 152. La crítica constructiva no
solo es bienvenida, sino que resulta esencial para
el funcionamiento óptimo de cualquier entidad,
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pública o privada; ciertamente lo es para el Poder
Judicial.
Ahora bien, la apertura a la crítica
constructiva no exime a este Tribunal de cumplir
con su deber indelegable de asegurar que la
conducta de los integrantes de la profesión legal
se ajuste a las normas éticas mínimas que rigen en
nuestro
ordenamiento.
Así
pues,
el
buen
funcionamiento del Poder Judicial también depende
de que este Tribunal ejerza de manera consistente
su poder inherente para sancionar a aquellos
abogados o abogadas que incurran en violaciones a
los Cánones de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX.
Contrario a lo que intiman algunos de mis
compañeros, la incidencia de errores durante un
pleito no justifica que un abogado emplee lenguaje
ofensivo e irrespetuoso en sus comparecencias
orales o escritas ante un tribunal. Ello constituye
una violación evidente al Canon 9 de Ética
Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Asumir responsabilidad
por
los
errores
humanos,
administrativos
o
inclusive en la adjudicación sustantiva de una
controversia es perfectamente compatible con
nuestro deber de velar por que los integrantes de
la profesión legal cumplan con los Cánones de Ética
Profesional, que exigen un deber de civismo,
respeto y consideración a las partes y al tribunal
y sus componentes. Resulta preocupante que algunos
miembros de esta Curia sostengan que se tiene que
escoger entre reconocer que se cometieron errores
y hacer cumplir el Canon 9 de Ética Profesional.
Más aún, cuando no toleraríamos —y en efecto, no
hemos tolerado— que mediante comparecencias ante
este Tribunal los abogados realicen ataques
personalistas
contra
sus
integrantes
o
que
cuestionen la integridad y dignidad del Poder
Judicial al que pertenecemos. Si no toleramos estos
ataques cuando se dirigen a este foro, ¿por qué
permitiríamos que tal conducta permanezca impune
desde un punto de vista disciplinario cuando ocurre
a nivel del foro de primera instancia?
No debe quedar duda de que un abogado o una
abogada violenta los Cánones de Ética Profesional
cuando utiliza sus comparecencias ante el tribunal
como
un
arma
para
canalizar
“la
crítica
destemplada, irreflexiva, estridente, […] que es
criatura de la pasión, el abanderamiento, el afán
incontenible de que se cumpla nuestra voluntad a
toda costa”. Trías Monge, op. cit. Ninguna
desavenencia con el tribunal justifica el que un
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profesional del derecho ignore los Cánones de Ética
Profesional. Examinadas las expresiones que realizó
el Lcdo. Carlos E. Díaz Olivo en comparecencias
escritas ante el Tribunal de Primera Instancia de
Bayamón, estoy convencida de que –aun si estuvieron
motivadas en parte por un deseo legítimo de
criticar constructivamente la labor del tribunal–
estas ameritan una amonestación. Por ello, estoy
conforme con la Resolución que una Mayoría decidió
emitir sobre este asunto.
La Jueza Asociada señora Pabón Charneco disiente y hace
constar la siguiente expresión:
La Rama Judicial debe asumir responsabilidad
cuando comete errores. Los ciudadanos han de tener
confianza en nuestro sistema de justicia. Por lo
tanto, aquellas acciones que perpetúen desconfianza
en los procesos judiciales deben ser repudiadas. En
el caso Ricardo J. Torres Cintrón v. NY Pizza &
Foods Corporations y otros (Caso Civil Núm.
DAC2015-2215)
hubo
una
gran
cantidad
de
irregularidades serias en el proceso. La Resolución
que emite una Mayoría de este Tribunal se limita a
mencionar algunas de ellas superficialmente en la
nota al calce número dos. Las expresiones del
Lcdo. Carlos Díaz Olivo denotan, naturalmente, un
desagrado con los numerosos errores cometidos por
la Rama Judicial en el trámite. Si bien los abogados
tienen la obligación de dirigirse respetuosamente
a los tribunales, los tribunales también tienen la
obligación de cumplir cabalmente con sus deberes
para que, a través de procesos razonables, se logre
efectivamente la búsqueda de la verdad y la
justicia. Ante esto, disiento enérgicamente de la
determinación que hoy anuncia este Tribunal.
El Juez Asociado señor Estrella Martínez emite la
siguiente expresión disidente, a la cual se une la Jueza
Asociada señora Pabón Charneco:
El asunto que nos ocupa, en lo que concierne
al ámbito disciplinario, debió culminar con un
archivo y nada más. Ello, sin perjuicio de que la
información y el insumo recibido a través del
referido
del
Honorable
Tribunal
de
Primera
Instancia y de la contestación ofrecida por el
Lcdo. Carlos Díaz Olivo sean parte de los
instrumentos que nos sirvan de norte para mejorar
día a día nuestro sistema judicial. Así lo reconoce
este Tribunal cuando admite en su Resolución que la
Administración de Tribunales se vio precisada a
tomar medidas correctivas a la luz de los
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señalamientos del referido letrado.
Entonces,
realmente lo que parece motivar al Tribunal a
emitir
una
sanción
disciplinaria
son
las
expresiones contenidas en los escritos judiciales
suscritos por el licenciado Díaz Olivo, toda vez
que cualquier expresión realizada por el letrado
como parte de su rol de analista noticioso
ameritaría un tratamiento distinto. Ciertamente,
esas expresiones ni ninguna otra conducta es la que
tenemos ante nuestra consideración. En ese sentido,
sus expresiones públicas o cualquier otra acción de
fiscalización que no forme parte del referido no
pesan en mi ánimo al momento de adjudicar esta
controversia.
Aunque
hubiese
canalizado
los
señalamientos que desembocaron en este asunto con
un tono distinto, opino que el lenguaje utilizado
por el abogado en sus escritos judiciales podrá ser
uno apasionado, adversativo y fiscalizador, pero no
violatorio de los Cánones de Ética Profesional. Sin
embargo, este Tribunal más que un archivo del
asunto disciplinario realmente emite una resolución
con sanciones disciplinarias concretas y con una
extensión que se asemeja más a una Opinión Per
Curiam
publicada.
En
consecuencia,
en
esta
expresión consigno mi disenso en torno a la
extensión de la sanción y más importante aun del
hecho de que nos alejemos del lenguaje que
ordinariamente
este
Tribunal
utiliza
para
amonestar, apercibir y archivar. Aunque reconozco
la facultad de este Tribunal para emitir tal
dictamen no puedo concurrir con el curso de acción
tomado y la determinación expresa de la Mayoría de
que el letrado violó el Canon 9 de Ética
Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Ante el cuadro fáctico
y procesal expuesto, aunque no comparto la
totalidad del estilo utilizado por el licenciado
Díaz Olivo al manifestar sus preocupaciones, ello
no me puede llevar a avalar la totalidad de las
conclusiones de esta resolución. Por eso, más allá
de la acción de archivar, respetuosamente disiento
del curso de acción tomado por este Tribunal.
El Juez Asociado señor Colón Pérez no intervino. El Juez
Asociado señor Kolthoff Caraballo está inhibido.
José Ignacio Campos Pérez
Secretario del Tribunal Supremo