LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

El Pueblo v. Wilfredo Ruiz

2019 TSPR 204

Poder Judicial de Puerto Rico

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El Pueblo v. Wilfredo Ruiz

CC-2018-119

Resolución del Tribunal con Voto particular de conformidad y Votos particulares disidentes

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

Wilfredo Ruiz

Certiorari

2019 TSPR 204

203 DPR ____

Peticionario

Número del Caso:

CC-2018-119

Fecha: 6 noviembre de 2019

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Bayamón y Carolina, Panel VIII

Abogado de la parte peticionaria:

Lcdo. Eduardo J. González De Jesús

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Luis Román Negrón

Procurador General

Materia: Resolución del Tribunal con Voto particular de conformidad

y Votos particulares disidentes.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo

Rico

de

Puerto

Recurrido

CC-2018-0119

Certiorari

v.

Wilfredo Ruiz

Peticionario

RESOLUCIÓN

San Juan, Puerto Rico, a 6 de noviembre de 2019.

Examinada la petición de certiorari, presentada por

el Sr. Wilfredo Ruiz, se provee no ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez Torres

emitió un Voto particular de conformidad al cual se le

unieron los Jueces Asociados señores Rivera García y

Feliberti Cintrón. Los Jueces Asociados señores Kolthoff

Caraballo, Estrella Martínez y Colón Pérez emitieron

respectivamente Votos particulares disidentes. La Jueza

Presidenta Oronoz Rodríguez se unió al Voto particular

disidente del Juez Asociado señor Estrella Martínez.

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2018-0119

Wilfredo Ruiz

Peticionario

Voto particular de conformidad emitido por el Juez Asociado Señor

Martínez Torres al cual se unieron los Jueces Asociados Señor Rivera

García y Señor Feliberti Cintrón

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de noviembre de 2019.

En

este

caso,

me

parece

que

el

Ministerio

Público satisfizo el requisito de razonabilidad para

tratar

de

lograr

la

comparecencia

del

testigo

ausente, que se entiende que está en New Jersey o

Connecticut. Concluir lo contrario es exigir que se

haga algo más, pues esa obligación no se extiende a

hacer gestiones inútiles, cuya probabilidad de hallar

al

testigo

sea

altamente

improbable.

Por

los

fundamentos que expongo a continuación, entiendo que

en este caso se hicieron las diligencias pertinentes

para localizar al testigo.

CC-2018-0119

2

I

En los hechos pertinentes a la controversia que tenemos

ante nuestra consideración, el Ministerio Público presentó

cargos contra el Sr. Wilfredo Ruiz por hechos ocurridos el 7

de abril de 2014. Durante la vista preliminar, el Ministerio

Público ofreció el testimonio del señor Gabriel Caraballo

Atanasio, quien era el único testigo de los hechos imputados

en contra del señor Ruiz. El testimonio del señor Caraballo

Atanasio

fue

dado

bajo

juramento

y

sujeto

a

contrainterrogatorio. El señor Ruiz se acogió a su derecho a

juicio por jurado.

Luego de varios incidentes procesales, el 14 de febrero

de 2017 comenzó el desfile de prueba. Ese mismo día, el

Ministerio Público informó que no había podido localizar al

señor Caraballo Atanasio. Solicitó que se determinara que era

un testigo no disponible y que se celebrara una vista en

ausencia del jurado para demostrar las gestiones realizadas

por el Pueblo para localizarlo. Además, el Ministerio Público

solicitó que el testimonio del señor Caraballo Atanasio fuera

sustituido

por

el

testimonio

que

ofreció

en

la

vista

preliminar.

Durante

la

vista

al

amparo

de

la

Regla

109(A)

de

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, el Ministerio Público presentó el

testimonio del agente Alex Montañez Molina, quien afirmó que

conocía al señor Caraballo Atanasio y que este declaró en la

vista preliminar. En síntesis, el agente declaró que fue a

buscar al señor Caraballo Atanasio a la casa de su tío en el

CC-2018-0119

3

Barrio Hato Nuevo de Guaynabo y que el tío le dijo que su

sobrino se había ido a New Jersey. Sin embargo, el tío del

señor Caraballo Atanasio indicó que antes de irse estuvo

viviendo

con

su

abuela

en

el

Barrio

Camarones,

Sector

Mangotín en Guaynabo. Tampoco lo encontró en casa de la

abuela,

pero

al

entrevistarla

Caraballo

Atanasio

Montañez

Molina

corroboró

que

el

señor

Además,

el

agente

se

había

mudado.

declaró

que

diligenció

subpoenas

en

el

Departamento de la Familia, Departamento de Hacienda y en el

Departamento de Transportación y Obras Públicas y que todas

resultaron

infructuosas.

También

testificó,

que

su

supervisor, el Sargento Bonilla, le indicó que hizo gestiones

con el Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives,

pero que estas fueron negativas.

Luego

de

escuchar

el

testimonio,

el

foro

primario

concluyó que las gestiones que realizó el Ministerio Público

eran suficientes y que procedía declarar no disponible al

testigo.

Mediante

una

solicitud

de

reconsideración,

la

defensa del peticionario argumentó que la última gestión

realizada había sido aproximadamente seis meses antes de la

vista y que, por tratarse de un juicio por jurado, los

derechos

constitucionales

a

la

confrontación

y

al

contrainterrogatorio cobraban mayor relevancia. Ante estos

planteamientos, el Tribunal de Primera Instancia ordenó al

Ministerio Público realizar una gestión adicional con el tío

para localizar al testigo y continuar la vista el próximo

día.

CC-2018-0119

4

Al día siguiente, declaró el tío del testigo, el Sr.

Miguel Ángel Rivera Fuentes, quien testificó que vivía en el

Barrio Hato Nuevo de Guaynabo. Declaró desconocer el paradero

de su sobrino. Indicó que la madre de su sobrino vivía en

Connecticut. Además, declaró que su sobrino decidió irse de

Puerto

Rico

al

enterarse

que

habían

ido

por

el

barrio

buscándolo con armas largas. Añadió que su sobrino se había

ido hacía más de un año. También dijo que conoció al agente

Montañez Molina, porque desde comienzos del caso este último

lo

visitó

en

varias

ocasiones.

Según

el

testimonio,

su

sobrino lo llamó dos meses después de que el agente lo visitó.

Posteriormente, cuando el agente volvió a visitar al tío,

este último le proveyó el número de teléfono desde el cual

su sobrino lo llamó en una ocasión. Tras escuchar ambos

testimonios,

el

foro

primario

reiteró

su

determinación,

procedió a declarar al testigo como uno no disponible y

autorizó a utilizar en juicio el testimonio dado por este en

vista preliminar.

Inconforme, el señor Ruiz acudió ante el Tribunal de

Apelaciones y presentó una solicitud de certiorari. Allí,

señaló que el foro primario erró al concluir que el Ministerio

Público realizó las debidas diligencias para conseguir al

testigo

y

como

consecuencia

declararlo

no

disponible,

lesionando así- supuestamente- su derecho a la confrontación.

Por

su

parte,

el

Procurador

General

compareció

argumentó que la Regla 806(A)(5) de Evidencia, supra, solo

y

CC-2018-0119

5

exige gestionar la comparecencia del testigo mediante una

citación, con lo cual el Ministerio Público cumplió. Además,

expresó que los fiscales realizaron esfuerzos de buena fe

para citar al testigo. El Tribunal de Apelaciones confirmó

el dictamen del Tribunal de Primera Instancia.

Ante esto, el señor Ruiz acudió ante este foro y presentó una

solicitud

de

certiorari.

En

esencia

planteó

los

mismos

errores que planteó en el foro apelativo intermedio. Sin

embargo, presentó una moción en auxilio de jurisdicción para

que se paralizara el juicio por jurado, en lo que evaluábamos

su recurso. Ante esta situación, proveímos ha lugar a la

moción en auxilio de jurisdicción y paralizamos el caso.

Asimismo, le solicitamos al Estado que mostrara causa por la

cual no se debía expedir el recurso y revocar al Tribunal de

Apelaciones. Tras evaluar el expediente, estoy de acuerdo con

la determinación de proveer no ha lugar a la solicitud de

certiorari.

II

Está

establecido

que

por

imperativo

del

derecho

constitucional a la confrontación con los testigos que se

reconoce en la Enmienda Sexta de la Constitución de Estados

Unidos y en el Art. II, Sec. 11 de la Constitución de Puerto

Rico, 1 LPRA, así como en la Regla 806 de Evidencia, supra,

solamente se admite como prueba la declaración de un testigo

ausente si el Ministerio Público hizo todas las gestiones

razonables para lograr su comparecencia. Barber v. Page, 390

US 719 (1968). Ahora bien, al gobierno no se le requiere

CC-2018-0119

6

hacer gestiones que no conducen a nada. No basta con tratar

de

diligenciar

una

citación,

pero

no

hay

que

seguir

insistiendo cuando es evidente que no es probable dar con el

testigo

ausente.

Siempre

es

posible

imaginar

pasos

adicionales que el Estado pudo tomar, pero ese no es el

estándar aplicable. No se requiere que el Estado agote todas

las gestiones posibles, aunque su posibilidad de éxito sea

escasa. Hardy v. Cross, 565 US 65 (2011). En fin, el criterio

rector es la razonabilidad de las medidas que el Estado tomó.

Ohio v. Roberts, 448 US 56 (1980). Así, por ejemplo, cuando

un testigo abandonó la jurisdicción y ni siquiera su familia

sabe con certeza dónde está, no se requiere que el Ministerio

Público siga haciendo gestiones con poca probabilidad de

éxito. Íd.

En este caso, se puede concluir que cualquier gestión

para localizar

al señor Caraballo Atanasio tendría poca

posibilidad de éxito. Solo existe un indicio de que el testigo

se encuentra en Connecticut o en New Jersey. Ante eso, este

Tribunal exige que se hagan gestiones con las autoridades

federales y con las estatales de Connecticut y hasta de New

Jersey, otro posible destino del testigo.

No sé qué gestiones podría hacer el Ministerio Público

en esos dos estados de la Unión que pudieran tener alguna

probabilidad razonable de éxito. Después de todo, New Jersey

ocupa 8,723 millas cuadradas con una población estimada de

8,922,547

habitantes.

Population

Review,

New

Jersey

Population

2018,

World

http://worldpopulationreview.com/states/new-

CC-2018-0119

7

jersey-population/, consultado por última vez el 18 de octubre

de 2019. Es el estado de mayor densidad poblacional (1,022.8

personas por milla cuadrada). Íd. Por su parte, Connecticut

tiene un área de 5,567 millas cuadradas y una población

estimada

para

Population

2017

de

3,572,665

Estimates

2018,

habitantes.

US

Connecticut

Census

Bureau,

https://factfinder.census.gov/faces/nav/jsf/pages/comm

unity_facts.xhtml?src=bkmk, consultado por última vez el

18 de octubre de 2019. Es el cuarto estado en densidad

poblacional, con 641.7 habitantes por milla cuadrada.

¿En qué lugar las autoridades iban a buscar al testigo

en esos dos estados? ¿En una zona urbana o rural? ¿En qué

ciudad? ¿En Trenton? ¿En Newark o en Paterson? ¿En Hartford?

¿New Haven? ¿Bridgeport? ¿En otra ciudad? Esto no es tan

simple como buscar a alguien en una calle pequeña de una

urbanización. Basta advertir cuán fácil es desaparecer en una

jungla de concreto en esos estados.

Aseverar que el testigo puede estar en algún lugar de

un estado o del otro es decir que no se sabe dónde está.

No

hay diligencia adicional posible que hacer con tan poca

información disponible. La realidad es que en este caso el

Ministerio Público hizo las gestiones razonables para tratar

de

que

el

testigo

de

cargo

compareciera.

Visitó

a

los

familiares, quienes dijeron que desconocían el paradero del

testigo. Diligenció sin éxito requerimientos de información

en el Departamento de la Familia y en el Departamento de

Transportación

y

Obras

Públicas.

Además,

trató

de

CC-2018-0119

8

localizarlo, sin éxito, al hacer gestiones con el Bureau of

Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives.

Por último, me preocupa el efecto sobre el interés

público de requerir hacer más diligencias en casos como este.

No olvidemos que, en este caso en particular, el testigo se

ausentó -desapareció- por miedo a su seguridad. Temía por su

vida. Al hacer más difícil al Ministerio Público presentar

el testimonio perpetuado de un testigo desaparecido, le damos

un

incentivo

al

crimen

organizado

para

amenazar

a

los

testigos si no desaparecen de la jurisdicción antes del

juicio. El testigo preferirá esfumarse para evitar daños a

él o su familia, y como siempre hay gestiones adicionales que

hacer,

aunque

Ministerio

su

posibilidad

Público

no

podrá

de

éxito

utilizar

sea

el

“remota”,

el

testimonio

que

preservó de ese testigo ausente. Eso aumenta la posibilidad

de que los criminales queden impunes ante la inadmisibilidad

de evidencia en su contra.

El criterio jurisprudencial de razonabilidad de las

gestiones del Ministerio Público para lograr la comparecencia

del testigo hace un balance adecuado entre los derechos de

los

acusados

y

el

interés

público.

Las

gestiones

con

“remotas” posibilidades de éxito no son razonables; son las

gestiones inútiles que hasta hoy se entendían innecesarias.

Hardy v. Cross, supra. De esta forma, resolver lo contrario

es exigir

CC-2018-0119

9

lo que siempre habíamos dicho que no era necesario, por lo

que estoy conforme con el resultado al que llegó el foro

inferior.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

CC-2018-0119

Certiorari

v.

Wilfredo Ruiz

Peticionario

Voto particular disidente emitido por el Juez Asociado señor

Kolthoff Caraballo

San Juan, Puerto Rico, a 6 de noviembre de 2019.

En las circunstancias de este caso ciertamente

no se cumplió con el requisito que exige la Regla 806

de las Reglas de Evidencia,1 relacionado al deber que

tiene el Estado de haber ‘desplegado diligencia para

conseguir’

la

comparecencia

del

testigo.

Es

decir,

haber realizado los esfuerzos razonables conducentes a

localizarlo.

Esto,

pues

el

Estado

cesó

de

hacer

esfuerzos para conseguir al testigo 6 meses antes del

inicio del juicio.

____________________

1

32 LPRA Ap. VI, R. 806.

CC-2018-0119

2

Ahora bien, en la situación particular de este caso,

un esfuerzo razonable hubiera sido que el Estado -al menoshubiese repetido las mismas gestiones que se realizaron, pero

en fechas mucho más cercanas o próximas al inicio del juicio,

confirmando así que el testigo no había regresado a la

jurisdicción recientemente y, por lo tanto, permanecía como

testigo no disponible.

El problema aquí no fue uno de ausencia de intensidad

en la gestión, sino que de falta de actualización (update)

en fechas más cercanas al inicio del juicio de las gestiones

que correctamente se habían realizado. Eso bastaba para poner

a los tribunales a quo en posición de poder resolver que

ciertamente se había desplegado la diligencia necesaria y

razonable para concluir que el testigo no estaba disponible.

Por todo lo anterior, disiento de la determinación de

este Tribunal, pues entiendo que procedía la expedición del

recurso.

Erick V. Kolthoff Caraballo

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2018-0119

Certiorari

Wilfredo Ruiz

Peticionario

Voto particular disidente

ESTRELLA MARTÍNEZ

emitido

por

el

Juez

Asociado

señor

San Juan, Puerto Rico, a 6 de noviembre de 2019.

Ante los avances tecnológicos y las relaciones

de cooperación mutua en la lucha contra el crimen

entre las diversas jurisdicciones de los Estados

Unidos, resulta alarmante que el Gobierno de Puerto

Rico no haya realizado gestión alguna, durante los

seis (6) meses previos a un juicio, para localizar

al único testigo presencial de los hechos cuyo

paradero apuntaba a que reside en New Jersey o

Connecticut,

según

información

provista

por

su

propia familia. Igualmente, preocupante es que una

Mayoría de este Tribunal, con un “no ha lugar”,

avale ese cuadro de omisiones, a pesar de las

garantías constitucionales reconocidas por nuestro

CC-2018-0119

2

ordenamiento jurídico, incluso en la jurisprudencia del

Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Por ello, disiento.

I

Los hechos que originan la controversia ante nuestra

consideración se remontan al 7 de abril de 2014, cuando el

Ministerio Público presentó cargos contra el Sr. Wilfredo

Ruiz (señor Ruiz o peticionario).1 En la correspondiente

vista

preliminar,

testimonio

del

el

Sr.

Ministerio

Ramón

G.

Público

Caraballo

presentó

Atanasio

el

(señor

Caraballo o testigo de cargo), único testigo presencial de

los hechos, quien testificó bajo juramento y fue sujeto a

contrainterrogatorio.

En

la

vista

se

encontró

causa

probable por los delitos imputados.

Así las cosas, el 14 de agosto de 2017, cuando estaba

pautado empezar el desfile de prueba en el juicio en su

fondo,2 el Ministerio Público solicitó que se declarara al

señor Caraballo como testigo no disponible y se admitiera

su testimonio anterior realizado en la vista preliminar.3

1Se

le imputaron violaciones al Art. 93 del Código

Penal, 33 LPRA sec. 5142, y a los Arts. 5.04 y 5.15 de la

Ley de Armas de Puerto Rico, 25 LPRA secs. 458 y 458n.

2Es

meritorio señalar que el juicio en su fondo será

por jurado.

3Debemos

señalar que la defensa informó que no tiene

reparos en que se admita la prueba siguiente: Informe médico

forense; Informe de hallazgo de escena; el testimonio del

agente Marco A. Betancourt Reyes, custodio de la escena, y

el testimonio de Mariluz Nevares Guadalupe. En consecuencia,

sólo resta presentar el testimonio del agente Alex Montañez

Molina (agente Montañez); el testimonio de Nychira M. Ríos

Acevedo y el testimonio de Ramón G. Caraballo Atanasio (señor

Caraballo). Petición de certiorari, pág. 2.

CC-2018-0119

3

Fundamentó su petición en que no había logrado localizarlo.

De esa forma, solicitó que se procediera con una vista

evidenciaria, conforme a la Regla 109 de las de Evidencia,

32 LPRA Ap. VI, R. 109, para demostrar las diligencias que

habían

realizado

para

localizarlo

y

lograr

obtener

su

comparecencia para ese día. A esos efectos, el Tribunal de

Primera Instancia permitió que se presentara la prueba

correspondiente sobre las gestiones realizadas.

En las vistas evidenciarias,

presentó

como

testigo

(agente

Montañez).

el Ministerio Público

al

agente

Alex

Montañez

Según

consta

en

Resolución

la

Molina

del

Tribunal de Primera Instancia, éste declaró que después de

la vista preliminar, visitó al testigo de cargo en varias

ocasiones en la casa de su tío, lugar en el cual residía

después de los hechos imputados. En una ocasión, el tío le

informó que el señor Caraballo se había mudado a los Estados

Unidos,

específicamente

a

New

Jersey.

No

obstante,

le

expresó que, previo a irse, se había mudado a la casa de

su abuela, donde residió antes de los hechos imputados al

peticionario. Por lo cual, el agente Montañez señaló que

la visitó y corroboró con la abuela que el testigo se había

ido a los Estados Unidos un mes antes de su visita. Luego,

declaró que diligenció subpoenas al Departamento de la

Familia, Departamento de Hacienda y al Departamento de

Transportación

y

Obras

Públicas,

infructuosos.

Por

lo

le

cual,

los

cuales

solicitó

ayuda

fueron

a

su

supervisor, el Sargento Bonilla, quién le indicó que hizo

CC-2018-0119

4

gestiones con las autoridades federales, específicamente,

con el Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives

(ATF), pero también la gestión fue ineficaz. Por último,

atestiguó que la última fecha en la que hizo gestión alguna

fue en febrero de 2017, es decir, seis meses antes de la

vista.4

Al día siguiente testificó el Sr. Miguel A. Rivera

Fuentes

(señor

Rivera),

tío

del

señor

Caraballo.

Éste

declaró que la madre del testigo vive en Connecticut. Así

también, afirmó que al momento de la vista no sabía el

paradero exacto de su sobrino y que éste decidió mudarse

de Puerto Rico hacía más de un año, ya que se sentía

amenazado por personas que lo iban a buscar con armas largas

en su barrio. A su vez, aseveró que incluso pensaba que el

caso ya había terminado.

Por otro lado, el señor Rivera expresó, en cuanto a las

diligencias del Ministerio Público, que el agente Montañez

lo visitó entre cuatro a cinco ocasiones, antes que el

señor Caraballo se fuera a los Estados Unidos. En la última

ocasión,

4A

fecha

que

no

recordaba

exactamente

pero

que

pesar de que no surge de la Resolución del Tribunal

de Primera Instancia, las partes en sus alegatos reconocen

que el foro primario, luego del testimonio del agente

Montañez, concluyó que el señor Caraballo era un testigo no

disponible.

Sin

embargo,

tras

una

solicitud

de

reconsideración por parte de la defensa, el tribunal ordenó

que se hicieran gestiones adicionales con el tío del señor

Caraballo, debido a que entendió que no era razonable el

tiempo entre la última gestión para localizar el testigo y

la celebración de la vista, entiéndase, seis meses. Por lo

cual, el Ministerio Público presentó como testigo, al otro

día, al referido tío, el Sr. Miguel A. Rivera Fuentes.

CC-2018-0119

5

entendía que había sido un año o año y medio antes de la

vista, le informó que su

desconocía

de

su

sobrino se había

paradero.

Empero,

indicó

ido

y que

que

en

una

ocasión el señor Caraballo lo llamó para decirle que estaba

bien y, luego, cuando el agente volvió a visitarlo buscó

el celular donde tenía registrado el número de teléfono de

aquella llamada. Por último, declaró que su madre, la

abuela del testigo de cargo, a diferencia de lo declarado

por el agente Martínez, llevaba dos años encamada y no

podía hablar.

Luego de culminada la presentación de la prueba, el

Tribunal

de

Primera

Instancia

concluyó

que

la

no

disponibilidad del testigo de cargo no era atribuible al

Ministerio Público. Más aún, determinó que el hecho de que

el testigo abandonó la jurisdicción de Puerto Rico estuvo

fuera de su alcance. Por lo cual, dictaminó que, al ser

razonables las gestiones realizadas para localizarlo, el

señor Caraballo era un testigo no disponible y autorizó

sustituir el posible testimonio que ofrecía en sala por el

realizado en la vista preliminar.

Inconforme,

Apelaciones.

el

señor

Señaló

que

Ruiz

el

acudió

foro

al

Tribunal

de

primario

incidió

al

concluir que el testigo de cargo era uno no disponible a

pesar de no haberse establecido que se hicieron las debidas

diligencias ni se utilizaron los medios razonables para

localizar al testigo, con el efecto de violar su derecho

constitucional a la confrontación. Particularmente, arguyó

CC-2018-0119

que

desde

6

mayo

conocimiento

de

de

2016

el

Ministerio

Público

que

el

señor

Caraballo

estaba

tenía

en

los

Estados Unidos y que las diligencias que realizó el agente

Montañez fueron una mera formalidad e insuficientes. Más

aún, señaló que las gestiones no fueron de buena fe, ya que

el agente Montañez no visitó al tío por más de un año desde

que supo que el testigo se había ido para los Estados

Unidos.

Por su parte, el Estado alegó que de los testimonios

del agente Montañez y del señor Rivera surgió claramente

la no disponibilidad del señor Caraballo. Ello, debido a

que

se

fue

de

Puerto

Rico

sin

decir

a

dónde

por

su

seguridad. Asimismo, enfatizó que se hizo todo lo posible

para localizarlo, por ejemplo, citaciones y solicitar ayuda

a

agentes

federales.

Por

lo

cual,

argumentó

que

se

satisfizo el requisito de realizar diligencias razonables

de buena fe y que las gestiones que se realizaron fueron

suficientes según la jurisprudencia federal.

Ponderados

los

argumentos

de

las

partes,

apelativo

intermedio

confirmó

al

Tribunal

Instancia.

Asimismo,

concluyó

que,

dado

de

que

el

foro

Primera

el

señor

Caraballo abandonó Puerto Rico por miedo a su seguridad,

era

altamente

improbable

que

esfuerzos

adicionales

resultaran en localizar al testigo. Así pues, determinó que

esfuerzos, más allá de los realizados, serían inútiles e

innecesarios.

CC-2018-0119

En

7

desacuerdo,

el

peticionario

acudió

ante

este

Tribunal. En esencia, reproduce los argumentos esgrimidos

ante el foro recurrido. A su vez, presentó una moción en

auxilio de jurisdicción, dado que, si no paralizábamos los

procedimientos en el foro primario, continuaría el juicio

por jurado. A esos efectos, ordenamos la paralización de

los procedimientos y le concedimos al Estado un término de

veinte días para que mostrara causa por la cual no se debía

expedir el recurso y revocar al Tribunal de Apelaciones.

En cumplimiento de nuestra orden, así lo hizo.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procede examinar el derecho aplicable.

II

Por su importancia en el caso de autos, es pertinente

examinar

de

forma

somera

lo

que

se

ha

conocido

jurisprudencialmente como el derecho a la confrontación.

Al respecto, la Enmienda Sexta de la Constitución de los

Estados Unidos dispone que “[i]n all criminal prosecutions,

the accused shall enjoy the right . . . to be confronted

with the witnesses against him. . .”. Enmda. VI, Const. EE.

UU., LPRA, Tomo 1. Por su parte, la Sección 11 de la Carta

de Derechos de la Constitución de Puerto Rico establece que

“[e]n todos los procesos criminales, el acusado disfrutará

del derecho . . . a carearse con los testigos de cargo . .

.”. (Énfasis suplido) Art. II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA,

Tomo 1, ed. 2016, pág. 354.

CC-2018-0119

8

Según se ha reconocido, ese derecho a la confrontación

atiende tres aspectos: el derecho del acusado de confrontar

cara

a

cara

a

los

testigos

adversos;

el

derecho

a

contrainterrogarlos, y el derecho a que se excluya la

prueba de referencia que el Ministerio Público intente

presentar en su contra. Pueblo v. Pérez Santos, 195 DPR

262, 269-270 (2016); Pueblo v. Santos Santos, 185 DPR 709,

720 (2012). Véanse, además, E.L. Chiesa Aponte, Reglas de

Evidencia comentadas, Eds. SITUM, Inc., 2016, pág. 282;

E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico

y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1991, V. I, pág.

569.

No empece a lo anterior, hemos indicado que, en algunas

instancias,

“el

derecho

del

acusado

a

carearse

y

contrainterrogar a los testigos de cargos habrá de ceder

ante la admisibilidad de cierta prueba de referencia, sin

que ello implique una violación constitucional”. Pueblo v.

Pérez

Santos,

supra,

pág.

270.

Por

ello,

en

nuestro

ordenamiento probatorio existen múltiples excepciones a la

prohibición de la prueba de referencia.

A esos efectos, cuando se pretenda presentar prueba

de referencia contra un acusado, habrá que examinar si se

viola el derecho a la confrontación, según reconocido en

la Constitución de los Estados Unidos y en la Constitución

de Puerto Rico. Para realizar ese ejercicio, el Tribunal

Supremo federal ha indicado que lo primordial es determinar

si

la

prueba

de

referencia

presentada

es

de

carácter

CC-2018-0119

9

testimonial. Es decir, únicamente la prueba de referencia

con

carácter

testimonial

activa

el

derecho

a

la

confrontación. Crawford v. Washington, 541 U.S. 36, 52-53

(2004). Véase, además, Pueblo v. Guerrido López, 179 DPR

950, 967 (2010).5

A raíz de ello, la normativa es que la cláusula de

confrontación

de

la

Enmienda

Sexta

de

la

Constitución

federal “sólo permite la admisión en evidencia de una

declaración testimonial hecha contra un acusado fuera de

corte

si

(1)

el

declarante

no

está

disponible

para

comparecer al juicio y (2) el acusado tuvo la oportunidad

de contrainterrogar al declarante en el momento en que se

hizo la declaración”. (Énfasis suplido). Pueblo v. Santos

Santos,

supra,

pág.

721.

Véase,

además,

Crawford

v.

Washington, supra.

III

La

prueba

de

referencia

es

definida

como

una

declaración, oral o escrita, “que no sea la que la persona

declarante hace en un juicio o vista, que se ofrece en

evidencia para probar la verdad de lo aseverado”. 32 LPRA

Ap. VI, R. 801. La norma general en el derecho probatorio

es que la prueba de referencia no es admisible en el

5Una

declaración es testimonial y, por consiguiente,

inadmisible en corte, cuando su propósito principal es crear

un sustituto extrajudicial para el testimonio que se

ofrecería en corte. Michigan v. Bryant, 562 U.S. 344, 359360 (2011). Véanse, también, Pueblo v. Pérez Santos, 195 DPR

262, 271 (2016); Pueblo v. Santos Santos, 185 DPR 709, 723

(2012).

CC-2018-0119

10

tribunal. 32 LPRA Ap. VI, R. 804. Su exclusión se da “por

razón de que la parte contra quien se ofrece la evidencia

no ha tenido oportunidad de confrontarse con el declarante,

particularmente

en

cuanto

a

la

oportunidad

de

contrainterrogarlo”. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia

comentadas, op. cit., pág. 282.

No

obstante

lo

anterior,

en

nuestro

ordenamiento

probatorio esa regla general de exclusión de prueba de

referencia

está

sujeta

excepción

válida

a

a

esa

múltiples

excepciones.

norma

al

y

derecho

Como

a

la

confrontación, el ordenamiento probatorio permite admitir

como prueba en un juicio el testimonio anterior de un

testigo

no

disponible.

Su

cimiento

es

que

aunque

se

prefiere el testimonio en corte, el testimonio fuera de la

corte es permitido si se prueba que el declarante no está

disponible. McCormick on Evidence (K.S. Broun ed.), 7ma

ed., Thompson Reuters, 2013, V. II, sec. 253, pág. 243;

D.W. Louisell y C.B. Mueller, Federal Evidence, The Lawyer

Co-operative Publishing Co., 1980, Vol. IV, sec. 486, pág.

1022. Así pues, las Reglas de Evidencia de Puerto Rico en

la Regla 806 recogen la referida excepción. En el inciso

(a) se disponen las ocasiones en las cuales efectivamente

un testigo puede ser clasificado como no disponible. Entre

ellas, y pertinente al caso de autos, el subinciso (5)

menciona que un testigo será no disponible cuando “está

ausente de la vista y quien propone la declaración ha

desplegado

diligencia

para

conseguir

su

comparecencia

CC-2018-0119

11

mediante citación del tribunal”. (Énfasis suplido). 32 LPRA

Ap. VI, R. 806. A ello, añade que “[n]o se entenderá que

una persona declarante está no disponible como testigo si

ello ha sido motivado por la gestión o conducta de quien

propone la declaración con el propósito de evitar que la

persona declarante comparezca o testifique”. Íd. De ese

modo,

la

indisponibilidad

del

testigo

no

puede

ser

promovida por la parte, dado a que un proponente no debe

beneficiarse

de

las

consecuencias

procesales

de

la

indisponibilidad que ha causado. E. Vélez Rodríguez, La

prueba de referencia y sus excepciones, San Juan, 2010,

InterJuris, pág. 249.

Sobre el particular, el Profesor Chiesa Aponte comenta

que es la causal más importante de no disponibilidad del

testigo.

Ello,

ya

que

“el

tribunal

debe

hacer

una

determinación cautelosa de que el proponente ha hecho todo

lo razonablemente posible para lograr la comparecencia del

declarante”. (Énfasis suplido). Chiesa Aponte, Reglas de

evidencia comentadas, op. cit., pág. 326. Es decir, “tendrá

que demostrar que ha hecho todo esfuerzo razonable” pero

que

a

pesar

de

ello

no

ha

sido

posible

lograr

la

comparecencia del testigo. E.L. Chiesa Aponte, Tratado de

Derecho Probatorio: Reglas de Evidencia de Puerto Rico y

Federales, República Dominicana, Ed. Corripio, C. por A.,

T. II, pág. 728. A esos efectos, se deben llevar a cabo

esfuerzos para procurar, específicamente, la comparecencia

del

testigo,

no

meramente

para

demostrar

la

CC-2018-0119

12

indisponibilidad. Louisell y Mueller, op. cit., pág. 1049.

Para ello, no es necesario “explicar o demostrar la razón

de la indisponibilidad del declarante”. Vélez Rodríguez,

op. cit., pág. 249. Eso es así, debido a las dificultades

que tiene el demostrar las razones de la indisponibilidad

por ser tan variadas. Íd.

De modo que, la mera ausencia del declarante no es

suficiente. Se debe demostrar la inhabilidad de procurar

la comparecencia del testigo, ya sea por los procesos

estatuidos o realizando medidas razonables para procurarla.

McCormick on Evidence, op. cit., pág. 248; C.S. Fishman,

Jones on Evidence Civil and Criminal, 7ma ed., Thompson

West, 2003, Vol. 5, sec. 36:12, pág. 428.

Lo anterior es así, debido a que, en casos criminales,

está en pugna el derecho a la confrontación del acusado.

Chiesa Aponte, Reglas de evidencia comentadas, op. cit.6

Como

bien

comenta

disponibilidad

es

el

Profesor

considerada

Chiesa

un

Aponte,

“requisito

de

la

no

rango

constitucional, bajo la cláusula de confrontación de la

Sexta Enmienda, para admitir testimonio anterior contra un

acusado”. Chiesa Aponte, Tratado de Derecho Probatorio, op.

cit., pág. 730. Más aún, en los casos que el declarante “es

6Tratadistas

al respecto han interpretado que, en ciertas

circunstancias, en los casos criminales, los tribunales

deben requerirle mayor diligencia al Ministerio Público que

a otros litigantes. C.S. Fishman, Jones on Evidence Civil

and Criminal, 7ma ed., Thompson West, 2003, Vol. 5, sec.

36:14, pág. 433.

CC-2018-0119

13

testigo de cargo, la cláusula de confrontación le imparte

rango constitucional al rigor exigido al gobierno para

tratar de lograr la comparecencia del testigo”. (Énfasis

suplido) Íd., pág. 729.

Se ha reconocido que para el Estado, por los recursos

especiales y el poder que tiene especialmente en casos

importantes o en los testigos de suma importancia, no es

suficiente para establecer la indisponibilidad el hecho que

se haya citado al testigo. El Ministerio Público debe

realizar

una

búsqueda

del

testigo

o

buscar

la

forma

apropiada de compelerlo a comparecer al juicio. Louisell y

C.B. Mueller, op. cit., pág. 1051. Y es que se reconoce que

el

gobierno

tiene

los

recursos

investigativos

para

localizar y hacer que comparezca el testigo al juicio.

Incluso, tiene el poder de arrestar y realizar la citación

correspondiente. Íd., págs. 1050-1051.

Al contrario, ello no es necesariamente requerido a

partes

privadas.

Íd.,

pág.

1052.

El

Profesor

Vélez

Rodríguez comenta que en casos civiles “la regla exige, de

minimis, que el proponente demuestre el diligenciamiento

de una citación (subpoena) judicial al declarante o el

haber intentado deponer a éste”. Vélez Rodríguez, op. cit.,

pág. 250. Por su parte, “[e]l Estado debe demostrar un

grado de diligencia más allá de la mera citación judicial,

particularmente si las circunstancias permitían inferir que

ésta era un gesto fútil o ineficaz”. Íd.

CC-2018-0119

14

Este Tribunal no se ha expresado significativamente

en torno a las diligencias que debe hacer el proponente de

una prueba de referencia para lograr probar que un testigo

no

está

disponible.

Probatorio,

op.

Chiesa

cit.,

Aponte,

pág.

730.

Tratado

No

de

Derecho

obstante,

hemos

realizado una serie de pronunciamientos en interpretación

de esa regla probatoria. Examinemos cuáles son.

En Pueblo v. Ruiz Lebrón, 111 DPR 435 (1981), el

acusado

se

ausentó

en

el

juicio.

Ante

ello,

éste

se

recalendarizó. Sin embargo, para la fecha que se señaló,

el testigo esencial de cargo no estaría en Puerto Rico. Por

ende, el tribunal ordenó que se tomara una deposición de

su testimonio en presencia del acusado y de su abogado.

Efectivamente, la deposición ocurrió, pero únicamente en

la presencia del abogado de la defensa. En el juicio, la

defensa objetó la grabación y alegó que la presencia del

acusado

en

la

deposición

era

parte

del

derecho

a

la

confrontación.

Al analizar la antigua Regla 64 de las de Evidencia,

similar a la actual y fundamentado en la jurisprudencia

federal, este Tribunal indicó por primera vez que no se

“satisface la exigencia constitucional de confrontación ‘a

menos que el Ministerio Público haya realizado un esfuerzo

de buena fe para conseguir su presencia en el juicio’”.

(Énfasis suplido) Pueblo v. Ruiz Lebrón, supra, pág. 447

(citando a Barber v. Page, 390 U.S. 719, 724-725 (1968)).

Sin embargo, en ese caso, concluimos que el Ministerio

CC-2018-0119

15

Público logró probar la no disponibilidad del testigo,

debido a que la defensa suspendió el juicio sabiendo la

indisponibilidad

del

testigo

y

éste

participó

en

la

deposición.

Por otro lado, en Pueblo v. Pellot Pérez, 121 DPR 791

(1988), el testigo de la vista preliminar no compareció al

juicio. El tribunal ordenó a los alguaciles gestionar el

arresto. Al no lograr encontrarlo, el Ministerio Público

ofreció como prueba la declaración del testigo por voz del

fiscal que había estado en la vista preliminar, y el

tribunal lo permitió. El acusado alegó que el Ministerio

Público no demostró que desplegó las diligencias necesarias

para conseguir la comparecencia del testigo.

Ante ese cuadro, en aquel momento, concluimos que

quedó demostrado que la comparecencia del testigo no se

pudo lograr por medio de una citación del tribunal u otros

medios razonables y que se habían hecho esfuerzos de buena

fe para lograr la comparecencia. A su vez, el Ministerio

Público presentó prueba sobre las gestiones infructuosas

realizadas por la Policía y los alguaciles.

Asimismo,

en

el

contexto

civil,

también

hemos

reconocido la responsabilidad del proponente de demostrar

la

indisponibilidad

diligencias

Rexach

para

Bonet,

su

124

de

un

testigo

comparecencia.

DPR

427

(1989),

con

En

las

Nieves

este

debidas

López

Tribunal

v.

negó

reconocer que se habían hecho las debidas diligencias para

probar la indisponibilidad del testigo. En el caso, una

CC-2018-0119

16

demandada no pudo ser localizada, y por tal razón, el

demandante utilizó en el juicio una expresión que ella le

hizo después de un choque. La expresión fue debidamente

objetada

por

constituir

prueba

de

referencia.

El

foro

primario dictaminó que no se habían hecho las debidas

diligencias

para

que

ésta

compareciera.

Este

Tribunal

confirmó, pues entendió que el demandante no hizo las

debidas gestiones, ya que no le solicitó a la demandada la

licencia de conducir ni anotó la tablilla del automóvil.

Por último, en Rivera Jiménez v. Garrido & Co., Inc.,

134 DPR 840 (1993), el foro primario se negó a admitir una

deposición de un policía tras un accidente. En ella había

declaraciones de un testigo codemandado. Este Tribunal

revocó, dado que entendió que se logró demostrar que las

diligencias del Estado para intentar localizar al testigo

fueron razonables y adecuadas. Particularmente, se presentó

una declaración jurada que establecía que la hermana del

testigo no sabía en qué lugar en específico de los Estados

Unidos estaba el testigo.

IV

A.

Teniendo

en

mente

el

derecho

constitucional

a

la

confrontación, procede examinar los pronunciamientos del

Tribunal Supremo federal en cuanto a los requisitos para

poder demostrar la no disponibilidad del testigo. Esta

jurisprudencia es normativa en nuestra jurisdicción dado

que la Cláusula de Confrontación reconocida en la Enmienda

CC-2018-0119

17

Sexta aplica a los estados. Pointer v. Texas, 380 US 400,

403-406 (1965). Así lo hemos observado en este Tribunal.

Pueblo v. Guerrido López, supra, pág. 962. Asimismo, esas

determinaciones constituyen el mínimo de protección que

estamos

obligados

a

reconocer. Íd.,

pág.

963. Nótese,

además, que las Reglas de Evidencia federal contienen una

disposición similar a la nuestra. Véase, Fed. R. Evid. 804.7

7La

Regla 804 (a) de Evidencia federal dispone de la

manera siguiente:

(a) Criteria for Being Unavailable. A declarant

is considered to be unavailable as a witness if the

declarant:

. . . .

(5) is absent from the trial or hearing

and the statement’s proponent has not been

able, by process or other reasonable

means, to procure:

(A) the declarant’s attendance, in

the case of a hearsay exception

under Rule 804(b)(1) or (6); or

(B) the declarant’s attendance or

testimony, in the case of a hearsay

exception under Rule 804(b)(2), (3),

or (4). Fed. R. Evid. 804.

Como bien señala el Primer Examen de las Reglas de

Evidencia de 1979, la Regla 804 federal es mucho más rigurosa

que su homóloga en Puerto Rico. Se exige en algunas

instancias haber tomado una deposición. Por otro lado, la

Regla 804 federal expresamente exige, además de que se haya

emitido un subpoena, que se procure su asistencia por otros

medios razonables. A pesar de que las Reglas de Evidencia de

Puerto Rico no lo exige expresamente, cuando proceda el

derecho a la confrontación se exige un procedimiento o

estándar

igualmente

riguroso.

Conferencia

Judicial,

Decimotercera Sesión Plenaria, Tribunal Supremo, Primer

examen de las Reglas de Evidencia de 1979: Comentarios y

Recomendaciones, 1986, pág. 398.

CC-2018-0119

18

En Barber v. Page, supra, fue la primera ocasión que

el Tribunal Supremo de los Estados Unidos interpretó la

excepción

de

la

prueba

de

referencia

del

testigo

no

disponible. Particularmente, analizó los requisitos que

deberán

probarse

para

establecer

que

el

testigo

está

ausente de la vista. En esa ocasión, el testigo estaba

encarcelado en una prisión federal en otro estado, por lo

que el Ministerio Público solicitó que se admitiera el

testimonio del testigo realizado en la vista preliminar,

ya que no estaba en su jurisdicción. Al revocar, el foro

supremo federal dispuso que “a witness is not ‘unavailable’

for

purposes

of

the

foregoing

confrontation requirement

unless

exception

the

to

the

prosecutorial

authorities have made a good-faith effort to obtain his

presence at trial”. (Énfasis suplido). Íd., págs. 724-725.

Por lo cual, concluyó que, en ese caso, el Estado no cumplió

con tal requisito al no haber realizado algún tipo de

esfuerzo para obtener la comparecencia del testigo.

Cabe resaltar que el Tribunal Supremo federal tomó

conocimiento que varios tribunales habían asumido que la

mera ausencia del testigo en la jurisdicción era base

suficiente para declarar su indisponibilidad. No obstante,

sobre esa teoría aclaró y dispuso que "it is clear that at

the present time increased cooperation between the States

themselves

and

between

Government

has

largely

the

States

deprived

it

and

of

the

any

Federal

continuing

validity in the criminal law”. Barber v. Page, supra, pág.

CC-2018-0119

19

723. De esa forma, negó que el derecho a la confrontación

pudiera cumplirse tan livianamente. Íd., pág. 725. Por

último, expresó que en los supuestos cuando un testigo no

está encarcelado, la Uniform Act to Secure the Attendance

of Witnesses from Without a State in Criminal Proceedings

permite que un estado procure que la corte de otro estado

ordene al testigo a comparecer en el estado solicitante.

Íd., esc. 4.8

Al año siguiente, el Tribunal Supremo federal resolvió

Berger v. California, 393 U.S. 314 (1969), en el cual se

concluyó que Barber v. Page, supra, era retroactivo. Allí,

además, se indicó que “the absence of a witness from the

8La

Uniform Act to Secure the Attendance of Witnesses

from Without a State in Criminal Proceedings fue adoptada

por The National Conference of Commissioners on Uniform

State Laws. Ésta fue aprobada por la mayoría de los estados,

incluyendo a Puerto Rico. Ella “establece un mecanismo para

obtener una orden judicial del estado donde reside un testigo

y compelerlo a testificar”. Pueblo v. Rosario Allende, 135

DPR 357, 358 (1994). Como bien dispusimos, “[a] menos que

exista un acuerdo o convenio, ningún estado puede obligar a

un no residente a comparecer así”. Íd. pág. 360. El proceso

es simple:

La ley es aplicable sólo entre dos estados que

la hayan adoptado. El primer paso que se ha de

tomar es solicitar del juez en el Estado en que se

llevará a cabo el juicio (demanding state) una

certificación que, entre otros hechos, establezca

que el testigo es uno material en un proceso

pendiente en una corte de récord en ese Estado.

Esta certificación se remite a un juez de una corte

de récord en el estado en que se encuentra el

testigo (requested state). Este juez, luego de una

vista, emite las órdenes apropiadas. Íd. pág. 358,

esc. 2 (citando a Uniform Act to Secure Attendance

of Witnesses from Whiout a State in Criminal

Proceeding, 44 A.L.R.2d. 732, 733 (1955)).

CC-2018-0119

jurisdiction

20

would

not

justify

the

use

at

trial

of

preliminary hearing testimony unless the State had made a

good-faith effort to secure the witness' presence”. Berger

v. California, supra, pág. 315. Comentarios de tratadistas

a esa jurisprudencia interpretan que en ese caso se sugiere

que el Estado no podrá establecer buena fe a menos que

agote todos los procedimientos obligatorios estatuidos o

demuestre

que

son

fútiles.

E.J.

Imwinkelried

y

otros,

Courtroom Criminal Evidence, 5ta ed., LexisNexis, 2011,

Vol. I, sec. 1303, págs. 13-5 – 13-6.

Casi cuatro años más tarde se resolvió Mancusi v.

Stubbs, 408 U.S. 204 (1972). En ese caso, el testigo,

después de testificar en el primer juicio, se había mudado

a Suecia. El Estado trató de conseguirlo en la última

dirección en los Estados Unidos, pero resultó infructuoso.

El hijo del testigo confirmó la mudanza de su padre. Así

pues, el tribunal decidió admitir el testimonio anterior

del testigo que fue realizado en el primer juicio. No

obstante,

el

Tribunal

de

Apelaciones

para

el

Segundo

Circuito revocó. A eso, el máximo foro federal atendió y

reafirmó

lo

dicho

en

Barber

v.

Page,

supra.

Empero,

distinguió ambos casos en que en Mancusi v. Stubbs, supra,

el testigo no estaba meramente ausente del estado, sino que

vivía de forma permanente en otro país. De esa forma, al

revocar, reconoció las limitaciones de los estados cuando

se trata de un testigo que se mudó a otro país. Por esa

CC-2018-0119

21

razón, sostuvo que los estados dependerán de la asistencia

voluntaria del gobierno del otro país.9

Tiempo después, y hace más de tres décadas, en el famoso

caso de Ohio v. Roberts, 448 U.S. 56 (1980),10 el Tribunal

Supremo federal volvió a atender la constitucionalidad de

las diligencias del Estado para declarar un testigo no

disponible. En esa ocasión, la testigo, después de la vista

preliminar, se fue del estado de Ohio. En la vista para

determinar su indisponibilidad, su madre testificó que no

sabía a dónde se había ido. Incluso, que cuando la hija la

llamó, le dijo que estaría viajando fuera del estado.

Ante esos hechos, el máximo foro de los Estados Unidos

resolvió que la testigo era una no disponible. Concluyó que

el

Estado

había

hecho

esfuerzos

de

buena

fe

para

localizarla, debido a que era casi imposible que esfuerzos

adicionales resultaran en localizar efectivamente a la

testigo. En la decisión tuvo mucho peso que los padres

tenían gran interés y preocupación por el paradero de su

hija y ellos no sabían de ella, incluso a pesar de que

9Se

ha reconocido que, a pesar de que un testigo viva o

esté en una nación extranjera, los tribunales deben analizar

si se ha hecho algún esfuerzo para obtener la comparecencia

del testigo. C.A. Wright y J. Bellin, Federal Practice and

Procedure: Evidence, Thomson Reuters, 2017, V. 30B, sec.

6968, pág. 508. Incluso, se exige que se solicite la

extradición o algún otro proceso estatuido para permitir la

comparecencia del testigo. Íd., pág. 509; U.S. v. Curbello,

940 F.2d. 1503, 1506 (11mo Cir. 1991).

10Revocado

en otros extremos no aplicables a la

controversia ante nos por Crawford v. Washington, 541 U.S.

36 (2004).

CC-2018-0119

22

realizaban esfuerzos razonables para conseguirla. Además,

el tribunal dispuso que, a diferencia de Mancusi v. Stubbs,

supra, en esa ocasión no había indicios claros, si alguno,

del paradero de la testigo. A su vez, en comparación con

Barber v. Page, supra, el paradero era desconocido y nada

aseguraba que de ser encontrada pudiera ser forzada a

regresar a Ohio.

Para tomar la decisión, el Tribunal expresó que no se

requiere que el Estado haga actos inútiles. Por lo tanto,

si no existe la posibilidad de obtener la comparecencia del

testigo, la "buena fe" no exige acto alguno por parte del

Estado.

Sin

embargo,

expresó

que

“if

there

is

a

possibility, albeit remote, that affirmative measures might

produce

the

declarant,

the

obligation

of

good

faith may demand their effectuation”. (Énfasis suplido).

Ohio v. Roberts, supra, pág. 74. Por lo cual, determinó que

la pregunta que los tribunales deben contestar es si el

testigo no está disponible a pesar de los esfuerzos de

buena

fe

realizados

antes

del

juicio

para

ubicar

y

presentar a ese testigo. Le toca a la parte proponente, en

ese

caso

al

Ministerio

Público,

establecer

la

carga

probatoria. Íd., págs. 74-75; Véase, además, Chiesa Aponte,

Tratado de Derecho Probatorio, op. cit., pág. 721.

Por último, en esta década se resolvió Hardy v. Cross,

565 U.S. 65 (2011) (Per curiam). En ese caso, la testigo y

víctima

que

declaró

en

un

primer

juicio

no

pudo

ser

localizada para el segundo juicio. El Estado informó que

CC-2018-0119

23

después del juicio estuvo en contacto con la testigo y que

todo

apuntaba

a

que

testificaría.

Sin

embargo,

tiempo

después la familia le indicó que desconocía dónde estaba y

que se encontraba muy temerosa y preocupada de testificar.

Entre las diligencias realizadas por el Estado estuvieron

las siguientes: visitas constantes a su casa en diferentes

horarios;

conversaciones

personales

y

telefónicas

con

familiares; verificaron en la oficina médica de la ciudad

y hospitales; verificaron las prisiones; verificaron la

escuela de la testigo; verificaron con familiares de un

exnovio;

verificaron

con

la

oficina

del

Secretario

de

Estado de Illinois; verificaron en el departamento de ayuda

social;

verificaron

en

el

departamento

de

salud;

verificaron en la morgue; verificaron en el correo postal,

y verificaron en el departamento de inmigración. Incluso,

las investigaciones continuaron hasta el día de la vista.

Al resolver que la testigo no estaba disponible, el

Tribunal Supremo federal reiteró la jurisprudencia antes

reseñada.

Asimismo,

destacó

que

en

ese

caso

no

era

necesario realizar esfuerzos a los cuales los familiares

no hicieron referencia. No obstante, mencionó que cuando

un testigo desaparece antes del juicio, siempre es posible

pensar en pasos adicionales que el Ministerio Público puede

tomar para asegurar la presencia del testigo. Sin embargo,

destacó que la Sexta Enmienda no requiere que el Ministerio

Público

agote

cada

posibilidad

de

investigación,

sin

CC-2018-0119

24

importar cuán poco prometedor sea. Hardy v. Cross, supra,

pág. 495.

B.

Ante

ese

cuadro,

tanto

los

diferentes

tribunales

apelativos federales, los tribunales supremos de otros

estados, así como los tratadistas han tenido la oportunidad

de

examinar

la

normativa

expuesta

en

el

contexto

de

diversas controversias que arrojan luz a la que nos ocupa.

Al examinarla, podemos constatar la rigurosidad que debe

mediar en la determinación de no disponibilidad de un

testigo en los pleitos penales. Veamos.

De ordinario, la no disponibilidad del testigo se debe

probar mediante los procesos estatuidos, entre ellos están

los subpoenas o citación al tribunal. Si el testigo no se

puede localizar, entonces el proponente de la declaración

debe establecerlo demostrando esfuerzos sustanciales o de

buena fe. McCormick on Evidence, op. cit., págs. 248-249.

El estándar aplicable es uno de diligencia y razonabilidad.

Íd., pág. 250; Vélez Rodríguez, op. cit., pág. 250. Por

ello, al momento de probar las diligencias realizadas, se

deben demostrar con especificidad los esfuerzos razonables

realizados

Bellin,

op.

11Esos

y

que

éstos

fueron

cit.,

sec.

6968,

infructuosos.

pág.

507.11

Wright

y

Asimismo,

el

esfuerzos sustanciales y de buena fe incluyen el

demostrar que se trató de localizar, de rastrear y de citar

al testigo. Fishman, op. cit. (“‘Other reasonable means’

requires the offering party to show that a reasonable effort

has been made to locate, track down, and subpoena a declarant

CC-2018-0119

25

proponente de la declaración deberá actuar de buena fe y

de una manera competente. Íd.; U.S. v. Yida, 498 F.3d 945,

952 (9no Cir. 2007). Se ha señalado que, en esas ocasiones,

el Estado deberá demostrar que la búsqueda del testigo fue

tan rigurosa como si tuviera que buscar a un testigo

esencial sin tener el beneficio del testimonio anterior que

pretende presentar. Fishman, op. cit., pág. 430; U.S. v.

Lynch, 499 F.2d 1011, 1023 (D.C. Cir. 1974).

Así pues, se ha expresado que se considerará esfuerzos

razonables actos como tratar de contactar al testigo a

alguna

dirección

conocida

o

asociada,

incluyendo

familiares, y la utilización de subpoenas. Wright y Bellin,

op.

cit.,

sec.

6968,

pág.

507.

También,

es

altamente

sugerido que se deben consultar fuentes de información como

el lugar de trabajo, las compañías de bienestar social, el

correo postal y las agencias de servicios sociales. A su

vez, en la era moderna que vivimos, se pueden examinar las

redes sociales y los recursos del internet para tratar de

conseguir su localización. Imwinkelried, op. cit., sec.

1304,

pág.

13-10.12

Por

lo

tanto,

el

simple

hecho

de

who is missing or who may be deliberately evading being

served”).

12Véanse,

por ejemplos, U.S. v. Flenoid, 949 F.2d 970,

972-973 (8vo Cir. 1991) (En este caso se hicieron

diligencias como buscar en su última dirección y lugar de

trabajo, verificar su reporte de crédito para obtener su

más reciente dirección y los servicios que obtuvo.); U.S.

v. Berry, 808 F.2d 836 (4to Cir. 1986) (disposición no

publicada) (El tribunal confirmó la no disponibilidad del

testigo dado que no se logró encontrar a pesar de los

esfuerzos por parte del Estado. En ese caso, el gobierno

CC-2018-0119

26

preguntarle al testigo si comparecerá no equivale a un

método adecuado para procurar la comparecencia del testigo.

Wright

y

Bellin,

op.

cit.,

sec.

6968,

pág.

507.

Específicamente, en casos criminales, se ha interpretado

que el Estado tiene la responsabilidad de mantener contacto

con los testigos después que sea evidente que el testimonio

será necesario en el juicio y deberá realizar los arreglos

pertinentes para obtener la presencia del testigo cuando

la fecha del juicio sea calendarizada. Para ello, como se

mencionó, el Ministerio Público deberá desplegar la debida

diligencia. Imwinkelried, op. cit., págs. 13-9 - 13-10.

Sólo se excusará de llevar a cabo esfuerzo cuando no

haya probabilidad de obtener la comparecencia, es decir,

cuando la probabilidad sea casi cero o fútil. U.S. v.

Aguilar-Tamayo, 300 F.3d 562, 565 (5to Cir. 2002); U.S. v.

Winn, 767 F.2d 527, 530 (9no Cir. 1985); Wright y Bellin,

op. cit., pág. 509; Louisell y Mueller, op. cit., pág.

1067.13 En contraste, cuando sí haya alguna posibilidad

real, las partes deben realizar esfuerzos a esos efectos.

U.S. v. Aguila-Tamayo, supra, pág. 566. Wright y Bellin,

op. cit., pág. 509. El consenso es que el proponente de la

estatal hizo esfuerzo para localizarlo; agentes del FBI

verificaron los registros de los vehículos de motor y de

crédito del testigo, hablaron con sus padres y vigilaron

su área de residencia, entre otros.).

13Se

podría considerar que una probabilidad es fútil

cuando no se conoce la identidad o la dirección del testigo

y no puede ser razonablemente descubierta. Wright y Bellin,

op. cit., pág. 509.

CC-2018-0119

27

declaración debe agotar todos los procesos, excepto que

demuestre que alguna medida sea fútil. Imwinkelried, op.

cit., sec. 1303, pág. 13-7.

Además,

ese

estándar

de

buena

fe

y

razonabilidad

requiere que se procure la comparecencia del testigo dentro

de un tiempo razonable. Véanse, Jackson v. Brown, 513 F.3d

1057, 1084 (9no Cir. 2008) (El tribunal determinó que el

Estado no hizo esfuerzos de buena fe para contactar a un

testigo. El investigador no había hecho gestión alguna por

casi dos meses, semanas antes del juicio. Concluyó que la

Enmienda Sexta requiere esfuerzos de buena fe antes del

juicio.); U.S. v. Quinn, 901 F.2d 522, 527-528 (6to Cir.

1990) (El tribunal determinó que el Ministerio Público no

fue diligente al no entregarle al oficial el subpoena en

un tiempo razonable); U.S. Puckett, 692 F.2d 663, 670 (10mo

Cir. 1982) (El tribunal determinó que se tardaron en citar

al testigo a sólo dos semanas antes del juicio, por lo que

no era un testigo no disponible.).

A causa de lo antes mencionado, los tribunales tienen

la

responsabilidad

de

evaluar

si

quien

ofrece

la

declaración llevó a cabo los esfuerzos razonables para

asegurar la presencia del testigo. Fishman, op. cit., pág.

429. Es decir, deberán examinar si se han hecho esfuerzos

de

naturaleza

14Sobre

bona

fide.14

Por

el

contrario,

si

el

los factores a considerar para determinar la

razonabilidad de los hechos realizados, el Profesor Vélez

Rodríguez expone lo siguiente:

CC-2018-0119

28

proponente no ha tratado seriamente de obtener la presencia

del testigo, la excepción a la prueba de referencia basada

en la no disponibilidad del testigo no debe estar viable

para esa parte. Wright y Bellin, op. cit., sec. 6968, pág.

507. El examen a realizar por los tribunales debe ser uno

extremadamente riguroso. R. Emmanuelli Jiménez, Prontuario

Derecho Probatorio Puertorriqueño, San Juan, 4ta ed., Eds.

SITUM,

2015,

Procesal

pág.

542;

E.L.

Puertorriqueña:

Chiesa

Aponte,

Evidencia,

San

Práctica

Juan,

Publicaciones JTS Inc., supl. 1988, pág. 76.

Esta

línea

jurisprudencial

federal,

en

la

cual

se

requiere buena fe y razonabilidad por parte del proponente,

se debe examinar caso a caso y no de forma rígida. Wright

y Bellin, op. cit., pág. 508; U.S. v. Tirado-Tirado, 563

F.3d 117, 123 (5to Cir. 2009);15 Christian v. Rhode, 41 F.3d

En términos de determinar la razonabilidad de

las gestiones del Ministerio Público, la doctrina

ha considerado factores tales como el control que

tuvo el Estado respecto a la persona declarante,

los mecanismos de citación disponibles para la

citación,

la

viabilidad

del

ejercicio

de

jurisdicción in personam sobre el declarante, el

carácter esencial del testimonio, tales como la

deposición... si el Estado permitió al declarante

abandonar la jurisdicción y si, posteriormente a

ello, realizó gestiones encaminadas a lograr su

comparecencia. E. Vélez Rodríguez, La prueba de

referencia y sus excepciones, San Juan, 2010,

InterJuris, pág. 251.

15En

U.S. v. Tirado-Tirado, 563 F.3d 117, 123 (5to Cir.

2009), el tribunal determinó lo siguiente:

“Because of the importance our constitutional

tradition attaches to a defendant's right to

confrontation, the ‘good faith effort’ requirement

demands much more than a merely perfunctory effort

CC-2018-0119

29

461, 467 (9no Cir. 1994). Los tribunales deberán examinar

la dificultad para procurar el testigo y las circunstancias

del caso. Wright y Bellin, op. cit., pág. 508.16 Incluso,

algunos

tribunales

han

enfatizado

en

analizar

la

importancia del testigo en el caso. U.S. v. Johnson, 108

F.3d 919, 922 (8vo Cir. 1997) (“The question of reasonable

means cannot be divorced from the significance of the

witness to the proceeding at hand, the reliability of the

former testimony, and whether there is reason to believe

that

the

opposing

party's

prior

cross

exam

was

inadequate”.). Con ello concuerdan Louisell y Mueller al

exponer que el análisis de razonabilidad de las medidas que

debió haber tomado el Estado para asegurar la comparecencia

del

testigo

debe

ser

en

función

de

la

importancia

previsible del testimonio del testigo en el juicio, su

naturaleza

y

el

grado

de

riesgo

de

que

desaparezca.

Louisell y Mueller, op. cit., págs. 1060-1061.

V

by the government,” but “[t]he inevitable question

of precisely how much effort is required on the

part of the government to reach the level of a ‘good

faith’ and ‘reasonable’ effort eludes absolute

resolution applicable to all cases”. United States

v. Allie, 978 F.2d 1401, 1406, 1408 (5th Cir. 1992).

16Para

demostrar la ausencia del testigo, las respuestas

recibidas durante la búsqueda deben ser admisibles. Ello

servirá de prueba de las debidas diligencias de la búsqueda

del testigo. J.H. Wigmore, Evidence in Trial at Common Law,

Boston, 1974, Vol. V, sec. 1414, pág. 238.

CC-2018-0119

30

Más allá de la jurisprudencia antes expuesta, este

Tribunal y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no han

tenido

la

oportunidad

particulares

para

de

demostrar

examinar

la

los

parámetros

indisponibilidad

de

un

testigo cuando el Ministerio Público conoce que está en

otro estado de los Estados Unidos y no particularmente en

una prisión. No obstante lo anterior, distintos tribunales

estatales y federales se ha enfrentado a esa controversia.

Como vimos, anteriormente los tribunales establecieron

de forma general que el mero hecho de que el testigo

estuviera

fuera

de

la

jurisdicción

lo

hacía

uno

no

disponible. Sin embargo, en tiempos modernos se exigen

diligencias de mayor peso que tiendan a demostrar la no

disponibilidad de un testigo. Imwinkelried, op. cit., pág.

13-5. Incluso, se ha establecido que esa primera teoría es

obsoleta. Louisell y Mueller, op. cit., pág. 1052; J.H.

Wigmore, Evidence in Trial at Common Law, Boston, 1974,

Vol. V, sec. 1404, pág. 211. Véase, además, Barber v. Page,

supra, pág. 723. De esa forma, algunos tribunales han

tomado en consideración el hecho de que el testigo esté

fuera del alcance de los procesos de la corte como un factor

a considerar para determinar la disponibilidad. Véase, U.S.

v. Terrazas-Montano, 747 F.2d 467 (8vo Cir. 1984). Empero,

otros tribunales exponen que incluso si el testigo está

fuera de la jurisdicción del tribunal, el proponente de la

declaración debe hacer esfuerzos diligentes para procurar

CC-2018-0119

31

la asistencia.17 Wright y Bellin, op. cit., sec. 6968, pág.

507; J.B. Weinstein y M.A. Berger, Weinstein’s Federal

Evidence,

2da

ed.,

LexisNexis,

2018,

Vol.

V,

sec.

804.03[6][b][i], pág. 804-18.18

17Véanse,

por ejemplo, People v. Herrera, 232 P.3d 710

(Cal. 2010) (El tribunal determinó que fue suficiente que el

Estado buscara un investigador estatal para que contactara

a la INTERPOL en El Salvador.); U.S. v. Ozsusamlar, 349 Fed.

Appx. 610 (2do Cir. 2009) (no publicada) (El tribunal

determinó que se habían hecho esfuerzos de buena fe, dado

que al Estado conocer que el testigo no estaba en los Estados

Unidos, sino en Turquía, contactó a la oficina legal del FBI

en ese país para pedir ayuda.); U.S. v. Pena-Gutierrez, 222

F.3d 1080 (9no Cir. 2000) (Se tenía conocimiento de la

dirección del testigo en México y no lo contactaron. El

tribunal resolvió que el Estado no demostró tener razón para

creer que el testigo no respondería al requerimiento de

volver a los Estados Unidos para testificar.); Rice v.

Janovich, 742 P.2d 1230, 1236 (Wash. 1987) (El tribunal

concluyó que el hecho de que una persona esté fuera de la

jurisdicción y sea difícil de citar no es suficiente para

declarar al testigo no disponible. Es necesario esfuerzos

razonables para obtener la asistencia del testigo.);

Williams v. Collins Communications, Inc., 720 P. 2d 880, 889

(Wyo. 1986) (El tribunal reafirmó que la ausencia de un

testigo de la jurisdicción, sin ningún otro esfuerzo, no es

suficiente para demostrar la indisponibilidad.); U.S. v.

Rothbart, 653 F.2d 462 (10mo Cir. 1981) (El tribunal dispuso

que un testigo no es uno no disponible por el simple hecho

de estar fuera de la jurisdicción de la corte. En ese caso,

el Estado tomó una deposición a pesar que podía procurar la

comparecencia del testigo por medio del subpoena que había

efectuado.); Government of the Canal Zone v. P. (Pinto), 590

F.2d 1344 (5to Cir. 1979) (El tribunal determinó que no había

indisponibilidad del testigo debido a que lo único que alegó

el Estado fue que los testigos habían salido de la Zona del

Canal.); Janich Bros., Inc. v. American Distilling Co., 570

F.2d 848, 859 (9no Cir. 1977) (El tribunal negó la alegación

de que estar fuera de la jurisdicción establece la

indisponibilidad del testigo. Al contrario, señaló que debe

haber esfuerzos diligentes para procurar la presencia del

testigo.).

18Cuando

el testigo está fuera del alcance de los

procesos, más allá de estar en prisión como ocurrió en Barber

v. Page, 390 U.S. 719 (1968), lo mínimo que se puede hacer

para cumplir con el derecho a la confrontación es pedir la

comparecencia y ofrecerle, dentro de las circunstancias, el

CC-2018-0119

32

Uno de ellos fue en U.S. v. Mann, 590 F.2d 361 (1er

Cir. 1978). En esa ocasión, a la testigo se le tomó una

deposición,

pero

al

momento

del

juicio

el

Ministerio

Público quiso presentar en evidencia la misma, ya que la

testigo

no

Apelaciones

estaba

en

para

Primer

el

Puerto

Rico.

Circuito

El

Tribunal

determinó

que

de

el

Ministerio Público no logró demostrar que la testigo era

una no disponible. Enfatizó que la declarante era de suma

importancia en el caso, debido a que éste dependía casi en

su totalidad de su testimonio. Sin embargo, el Estado no

hizo nada para mantener la testigo bajo su custodia, como

proveer un lugar de alojamiento o quitándole su pasaporte.

Tampoco la citó por medio de un subpoena. De esa forma, el

Tribunal entendió que la deposición se hizo con el fin de

que la testigo se fuera de la jurisdicción.

Sobre las medidas a realizar por el Ministerio Público

para demostrar la no disponibilidad del testigo, se indicó

lo siguiente:

Courts have consistently held that, pursuant

to Rule 804(a)(5), the proponent must show at least

a good faith effort to procure the witness'

attendance. Even where the absent witness is beyond

the court's jurisdiction, “the government must show

diligent effort on its part to secure the

(witness') voluntary return to testify.” (Énfasis

suplido). Government of the Virgin Islands v.

Aquino, 378 F.2d 540, 551 (3d Cir. 1967).

Furthermore, the effort must be “genuine and bona

fide”. Id. at 552. U.S. v. Mann, supra, pág. 367.

pagarle el viaje y los gastos en que incurra el testigo.

McCormick on Evidence (K.S. Broun ed.), 7ma ed., Thompson

Reuters, 2013, V. II, sec. 253, pág. 250.

CC-2018-0119

33

Al final, el Tribunal dispuso que la testigo era vital

para el caso. Sin embargo, el Estado no había realizado

gestiones suficientes para asegurar la presencia, como si

el testimonio anterior no existiera. Por ende, concluyó que

los requerimientos de buena fe no pueden ser satisfechos

con esfuerzos superficiales.

En

cuanto

a

las

diligencias

para

procurar

la

comparecencia de un testigo, del cual se tiene conocimiento

de su paradero en otro estado de los Estados Unidos, en

U.S. v. Harbin, 112 F.3d 974 (8vo Cir. 1997), el tribunal

concluyó que el testigo no era uno indisponible, ya que el

Ministerio Público no logró demostrar con esfuerzos de

buena fe la indisponibilidad. Particularmente, en el caso

llevado a cabo en Arkansas, se tenía conocimiento de que

la testigo estaba viviendo en Mississippi. El tribunal

razonó que no se presentó prueba de que el Estado haya

buscado en Mississippi o cada cierto tiempo a su casa en

Arkansas cuando iba a visitar a su madre.19

19Compare

con U.S. v. Acevedo-Ramos, 842 F.2d 5 (1ro

Cir. 1988) en el cual el tribunal declaró al testigo como

uno no disponible debido a que a pesar de que el Ministerio

Público lo localizó, el estado de Massachusetts no permitió

el traslado del testigo, ya que estaba encarcelado esperando

para ser enjuiciado. Se concluyó que el Estado hizo

diligencias de buena fe para obtener la comparecencia. Igual

situación ocurrió en U.S. v. Casamento, 887 F.2d 1141 (2do

Cir. 1989) pero con el gobierno de Italia. Véase, también,

Mechler v. Procunier, 754 F.2d 1294 (5to Cir. 1985) (El

tribunal declaró a la testigo como una no disponible. El

Estado demostró que hizo esfuerzos razonables en Texas,

lugar en el cual se llevaba a cabo el juicio, y en Illinois,

estado donde la testigo indicó que se había mudado.).

CC-2018-0119

34

De otra parte, en Mitchell v. State, 572 So.2d 865

(Miss. 1990), el tribunal confirmó la indisponibilidad de

la testigo. Se fundamentó en que la policía contactó al

FBI, a la policía del estado en el cual se creía que la

testigo se había mudado y al departamento de ayuda social,

entre otros. Señaló que la mera ausencia en el estado del

juicio

no

es

suficiente

para

determinar

la

indisponibilidad.20

20Véanse,

además, State v. Montano, 65 P.3d 61, 69

(Ariz. 2003) (“Moving from one state to another cannot be

the sole basis for unavailability of a witness; good faith

efforts to locate him or her are still required”.); Crochiere

v. Board of Educ. ff Town of Enfield, 630 A.2d 1027, 1040

(Conn.

1993)

(“A witness residing

in another state is

not unavailable for that reason alone”.); State v. Edwards,

665 P.2d 59, 64 (Ariz. 1983) (“The fact that a witness has

possibly left the jurisdiction does not result in the

automatic finding of unavailability. In situations where

there is evidence that the witness has left the jurisdiction,

the State must continue to use diligent efforts to locate

the witness. As with the service of in-state subpoenas, a

good-faith effort would ordinarily require the State to

utilize the Uniform Act to secure the Attendance of Witnesses

from Without a State in Criminal Proceedings, A.R.S. §§ 13–

4091 to –4096, unless to do so would be futile”. (citas

omitidas)); State v. Kim, 519 P.2d 1241, 1244 (Haw. 1974)

(“Establishing that a witness has a forwarding address in

another state at

best

only

tends

to

prove

the witness's absence from Hawaii. The state must show a

good faith effort to ascertain the actual location of

the witness, and thereafter, if necessary, to attempt to

compel the witness's attendance at trial through use of the

Uniform Act to Secure the Attendance of Witnesses from

Without a State in Criminal Proceedings. Unless the state

can show a good faith attempt to use this statute to assure

attendance of the witness, the state may not introduce the

pre-trial testimony of the absent witness”. (cita omitida));

J.C. Latimer, Confrontation After Crawford: The Decision’s

CC-2018-0119

35

Distinto a los casos anteriores es cuando no se tiene

conocimiento

de

la

dirección

o

de

cualquier

otra

información que pueda dar con el paradero del testigo. En

esas circunstancias, es razonable que el Estado no deba

realizar otros esfuerzos adicionales. U.S. v. Winn, supra,

pág. 530. No obstante, el proponente de la declaración debe

demostrar que su falta de conocimiento del paradero del

testigo no se debe a la falta de esfuerzos para descubrirlo.

Para ello debe probar que hizo una búsqueda honesta y

diligente. Wigmore, op. cit., 1972, Vol. IV, sec. 1313,

pág. 747. Para concluir que un testigo está desaparecido

se requiere demostrar la inhabilidad del proponente de

encontrarlo, a pesar de una búsqueda diligente. Íd., Vol.

V, sec. 1405, pág. 215.

Además, el Profesor Chiesa Aponte, analizando todo lo

anterior, nos destaca lo siguiente:

Claramente no basta diligenciar una citación

(subpoena), pero tampoco puede exigírsele al

gobierno que siga insistiendo cuando dar con el

testigo parece muy improbable. Nada puede hacer el

gobierno para obligar a comparecer al extranjero

que se halla fuera de los Estados Unidos, salvo que

fuera posible la extradición. Si se trata de un

ciudadano americano que reside permanentemente en

el extranjero, habrá que examinar el poder del

gobierno para lograr la comparecencia del testigo.

El gobierno debe, en fin tomar todas las medidas

razonables para que el testigo (declarante) no

abandone la jurisdicción o para que regrese si se

ha

marchado.

El

criterio

rector

será

la

razonabilidad de las medidas tomadas por el

gobierno

para

lograr

la

comparecencia

del

Impact on How Hearsay Is Analyzed Under the Confrontation

Clause, 36 Seton Hall L. Rev. 327, 350-351 (2006).

CC-2018-0119

36

declarante. (Énfasis suplido). Chiesa Aponte,

Tratado de derecho probatorio, op. cit., pág. 730.

Además, en su discusión de U.S. v. Mann, supra, expresó

lo siguiente:

[E]n el deber de usar todo medio razonable para

asegurar la comparecencia del testigo en el juicio

está implícito el deber de usar todo medio

disponible para evitar que un testigo se ausente

antes del juicio. Es decir, cuando el testigo está

fuera de la jurisdicción, debe hacerse todo lo

posible para traerlo el día del juicio; cuando está

dentro de la jurisdicción, debe hacerse todo lo

posible para evitar que se ausente. (Énfasis

suplido).

Chiesa

Aponte,

Práctica

Procesal

Puertorriqueña: Evidencia, op. cit., pág. 338.

Véanse, además, U.S. v. Tirado-Tirado, supra, págs.

124-125; U.S. v. Allie, 978 F.2d 1401, 1407 (5to

Cir. 1992).

En consideración al marco jurídico enunciado, veamos su

aplicación.

VI

La controversia en este caso se reducía a resolver si

el Ministerio Público logró probar la indisponibilidad del

testigo de cargo. El señor Ruiz alega que el Estado no hizo

las

debidas

diligencias

ni

se

utilizaron

los

medios

razonables para localizar al señor Caraballo. De esa forma,

arguye que se le violó su derecho a la confrontación.

Específicamente, sostiene que el Ministerio Público tenía

conocimiento que el testigo está en los Estados Unidos,

posiblemente en los estados de Connecticut o New Jersey, y

no realizó esfuerzos de buena fe en esas localidades.

CC-2018-0119

37

Asimismo, cuestiona que no se hayan realizado gestiones

hace más de un año, es decir, en un tiempo razonable.

Por

esencia,

su

parte,

que

evidenciaria

los

el

Ministerio

testigos

demostraron

la

Público

presentados

argumenta,

en

en

la

vista

indisponibilidad

del

señor

Caraballo. A su vez, señala que la jurisprudencia federal

es determinante en cuanto a que no es necesario hacer

gestiones adicionales ante escasas probabilidades de lograr

su comparecencia cuando el testigo se niega a testificar.

Así, explica que el señor Caraballo se niega a testificar

y, ante amenazas a su seguridad, decidió mudarse a los

Estados Unidos. Por lo que argumenta que realizar gestiones

adicionales tendría gran improbabilidad de éxito. Es decir,

sostiene que demás gestiones serían inútiles y costosas.

Luego de examinar los escritos de las partes, concluyo

que le asiste la razón al peticionario. Ante la totalidad

de

las

circunstancias,

el

Ministerio

Público

no

logró

demostrar la indisponibilidad del testigo, a saber: las

diligencias para lograr la comparecencia del testigo se

centraron en Puerto Rico cuando se tenía conocimiento que

el

testigo

había

abandonado

la

jurisdicción

hacia

los

Estados Unidos; no se realizaron gestiones de búsqueda en

los posibles estados en los que se podía encontrar el

testigo; transcurrieron más de seis meses en los que el

Estado no realizó diligencia alguna dirigida a dar con el

paradero

del

testigo;

se

trataba

del

único

testigo

presencial de los hechos; y el Estado no logró retenerlo

CC-2018-0119

38

en la jurisdicción y ofrecerle la protección que requería,

en cuyo caso, debió ejercer diligencias para mantener la

ubicación o, como mínimo, dar con su paradero. De ese modo,

el Estado debió haber realizado diligencias razonables y

de buena fe para tratar de compeler al testigo a comparecer

a la vista. Según la jurisprudencia federal, es requisito

indispensable para probar la indisponibilidad del testigo

que el Estado haya realizado esfuerzos de buena fe para

obtener su comparecencia en el juicio, lo que significa el

haber tratado de localizar, rastrear y citar al testigo.

Como mencioné, en el caso de autos eso no ocurrió. A

pesar

de

que

el

Ministerio

Público

sí

realizó

varias

gestiones, éstas no cumplieron con el rigor exigido por el

derecho

constitucional

a

la

confrontación.

Entre

las

diligencias realizadas están las siguientes: subpoenas a

diferentes agencias gubernamentales en Puerto Rico; varias

visitas a la casa del tío del testigo; visita a la casa de

la

abuela;

el

agente

Montañez

se

comunicó

con

su

supervisor, quien le expresó que había hecho gestiones con

un agente federal que conocía. No obstante, estas gestiones

demostraron que posiblemente el testigo no estaba en Puerto

Rico, como bien señaló el tío del testigo. Por tanto, al

descartar la presencia del testigo en nuestra jurisdicción

y al tener información de dos estados en específico de los

Estados

Unidos,

la

buena

fe

requería

que

se

hicieran

gestiones en esos estados conducentes a localizar al señor

Caraballo.

CC-2018-0119

39

Así pues, el Ministerio Público debió haber realizado

toda medida razonablemente posible y de esa forma demostrar

que, aun así, no fue posible lograr la comparecencia del

señor Caraballo. Como bien dispuso el Tribunal Supremo

federal

en

Ohio

v.

Roberts,

supra,

si

existe

una

posibilidad, aunque sea remota, que la medida a tomar hará

que el testigo comparezca, la obligación de la buena fe

puede requerir que se realice. Precisamente, en el caso

ante nos sí existe un posible indicio del paradero del

testigo. Por tanto, lo que procedía era que se hicieran

gestiones

con

correspondientes

las

en

los

entidades

estados

de

gubernamentales

Connecticut

y

New

Jersey, además de las entidades federales, para auscultar

la posibilidad de localizarlo; y de localizarlo hacer las

gestiones para citarlo.

Además, no puedo avalar el hecho de que no se hayan

hecho gestiones en un tiempo razonable. Como bien se ha

reconocido en varios de los foros apelativos federales, la

buena fe exige que se hagan las gestiones en un tiempo

adecuado. Adviértase que de los testimonios presentados

surge que el Estado no hizo diligencias en más de seis

meses. Incluso, el tío del testigo señaló que había pasado

de un año a un año y medio desde la última vez que el agente

Montañez lo visitó. No deberíamos avalar tal práctica.

Por ende, resulta imperativo razonar que el Tribunal de

Primera Instancia abusó de su discreción, ya que debió

hacer

una

determinación

cautelosa

de

todos

los hechos

CC-2018-0119

40

presentados. A mi juicio, el foro primario erró al no tomar

en

consideración

el

hecho

material

importante

de

la

posibilidad de que el testigo estuviera en Connecticut o

New Jersey, a su vez que no se habían hecho gestiones en

un tiempo razonable. De esta forma, falló en auscultar si

se realizaron todas las medidas razonablemente posibles

antes de declarar al testigo como uno no disponible. Al

contrario, sin justificación ni fundamento alguno, concluyó

que serían inútiles y fútiles gestiones adicionales. A su

vez, incidió al determinar que el testigo era uno no

disponible dado que la ausencia no era atribuible al Estado

y

que

su

criterios

traslado

por

sí

estuvo

solos,

fuera

según

de

su

alcance.

discutido,

no

Estos

son

los

requeridos por la jurisprudencia aplicable.

Nótese, además, que en este caso el señor Caraballo era

el

único

testigo

importancia

para

que

la

vio

prueba

los

del

hechos,

por

Ministerio

lo

que

su

Público

es

incuestionable. Esto es de mucha importancia para requerir

al Estado una diligencia mayor en la búsqueda del testigo.

A su vez, es un elemento que debieron tomar en cuenta los

foros recurridos para determinar la adecuacidad de las

gestiones realizadas. Al no hacerlo, sostengo que erraron

en su evaluación.

Como he mencionado, la determinación de si un testigo

está indisponible es una decisión que se debe realizar caso

a caso y que los tribunales apelativos debemos revisar

conforme

el

estándar

de

abuso

de

discreción.

Como

el

CC-2018-0119

requisito

41

establecido

jurisprudencialmente

es

uno

de

razonabilidad y diligencia conforme a la buena fe, no se

debe aplicar una norma mecánica ni automática. Sin embargo,

acogiendo la jurisprudencia discutida, este Tribunal debió

reconocer

que

cuando

se

tenga información

de

posibles

estados en específicos en los cuales el testigo se haya

trasladado, el simple hecho de no estar en Puerto Rico no

es suficiente para establecer la indisponibilidad. Máxime

ante los avances tecnológicos y la cooperación mutua en la

lucha contra el crimen entre las diversas jurisdicciones

de los Estados Unidos.

En resumen, la mera ausencia del testigo en nuestra

jurisdicción no debe justificar, por sí sólo, el uso en el

juicio del testimonio en la vista preliminar. Aun si está

fuera

de

la

jurisdicción,

se

deben

requerir

esfuerzos

diligentes para procurar la asistencia del testigo. Así

pues, se requiere que se hagan diligencias razonables y de

buena fe conducentes a poder encontrarlo y compelerlo a

comparecer al juicio. La excepción debe ser cuando no se

tenga conocimiento alguno del paradero y no pueda ser

razonablemente descubierta, es decir, cuando las gestiones

sean fútiles. Para ello, se debe demostrar que se hizo una

búsqueda

honesta

y

diligente,

y

que

la

falta

de

conocimiento no es atribuible a la falta de esfuerzo en

descubrirlo. A su vez, sostengo que las diligencias a

CC-2018-0119

42

realizar deberán efectuarse en un tiempo razonable, que se

determinará caso a caso.21

En momentos de tantos adelantos tecnológicos se hace

meritorio

que

el

Ministerio

Público

realice

actos

razonables y afirmativos para tratar de localizar a los

testigos y citarlos correspondientemente. Por eso, entiendo

que cuando se tiene información de la posible mudanza de

un testigo a potenciales estados de los Estados Unidos, es

sumamente razonable exigir que se hagan actos afirmativos

para

procurar

localizarlo

y

eventualmente

citarlo

o

compelerlo a comparecer. Ello, conforme con los reiterados

acuerdos colaborativos entre los estados y las entidades

federales reconocidos desde Barber v. Page, supra.

Por consiguiente, cuando se pretenda establecer que un

testigo no está disponible, los foros de instancia deben

ejercer su función con suma cautela, y asegurarse que se

hicieron esfuerzos razonables y de buena fe. Al contrario,

no deben permitir que se pruebe la indisponibilidad con

gestiones superficiales y proforma.

Recuérdese

Ministerio

que

Público

en

los

casos

pretenda

criminales,

presentar

un

cuando

el

testimonio

anterior, probar la indisponibilidad del testigo es un

21A

modo de ejemplo y sin que signifique una lista

taxativa de las posibles diligencias, en el caso ante nos,

lo que procedía era que se hicieran gestiones coetáneas, con

el uso de los recursos tecnológicos disponibles y con las

entidades gubernamentales correspondientes en los estados de

Connecticut y New Jersey, además de las entidades federales,

para auscultar la posibilidad de localizarlo; y de

localizarlo hacer las gestiones para citarlo.

CC-2018-0119

43

requisito constitucional del derecho a la confrontación que

no puede ser tomado livianamente. Así pues, no me parece

acertado permitir que en la actualidad, con los avances

tecnológicos que existen, y los acuerdos colaborativos

entre los estados y el gobierno federal, se tome tan

livianamente las diligencias que deben realizarse para

procurar la comparecencia del testigo. Más aún, cuando

existen

mecanismos

como

la

Uniform

Act

to

Secure

the

Attendance of Witnesses from Without a State in Criminal

Proceedings.22 De esa forma, tan pronto es localizado un

testigo con la ayuda de entidades gubernamentales, se puede

utilizar ese mecanismo para obligarlo a comparecer como

testigo en el juicio.

A

esos

efectos,

hubiese

expedido

el

recurso

de

certiorari ante nuestra consideración y revocado a los

foros

inferiores

evaluación

declarar

de

al

los

porque

incidieron

al

hechos

presentados

y

de

esta

uno

no

disponible.

señor

Caraballo

como

realizar

su

forma

Conforme a la discreción que tenemos para otorgarle a

nuestras

decisiones

judiciales

efecto

prospectivo,23

hubiese devuelto el caso al Tribunal de Primera Instancia

22Véase,

por ejemplo, Mechler v. Procunier, supra, en

el cual se utilizó el Uniform Act to Secure the Attendance

of Witnesses from Without a State in Criminal Proceedings.

Resáltese que los estados de New Jersey y Connecticut cuentan

con disposiciones a esos efectos. N.J. Stat. Ann. sec. 2A:8119 (West); Conn. Gen. Stat. Ann. sec. 54-82i (West). Similar

disposición tenemos en Puerto Rico. 34 LPRA sec. 1471.

23Véase,

(2004).

Datiz v. Hospital Episcopal, 163 DPR 10, 17

CC-2018-0119

44

y concedido un tiempo razonable al Ministerio Público para

que

realizara

las

gestiones

conducentes

a

procurar

la

comparecencia del testigo. Ello, ante la consideración de

que nunca nos habíamos expresado sobre las diligencias

requeridas para demostrar la indisponibilidad de un testigo

en los supuestos cuando la persona se trasladó a otro estado

de los Estados Unidos. Más aún, tampoco nos hemos expresado

si era necesario que se hicieran las diligencias en un

tiempo razonable.

Como se puede apreciar, la no expedición del recurso de

epígrafe

premia

cabalmente

la

con

constitucionales.

desidia

sus

del

Estado

obligaciones

Particularmente,

cuando

de

no

y

exigencias

las

cumplir

gestiones

realizadas para localizar un testigo de cargo en un proceso

criminal se centran en lugares donde de antemano se sabe

no será localizado. Tal actuación no puede ser catalogada

de buena fe ni razonable y, como tal, vulnera el derecho

constitucional

a

la

confrontación.

Es

por

ello

que

disiento.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2018-0119

Certiorari

Wilfredo Ruiz

Peticionario

Voto particular disidente emitido por el Juez Asociado señor COLÓN

PÉREZ.

En San Juan, Puerto Rico a 6 de noviembre de 2019.

Disentimos enérgicamente del curso de acción seguido

por una mayoría de este Tribunal en el presente caso, ello

por entender que, en lo que respecta a la causa de epígrafe,

el Ministerio Público no desplegó la diligencia requerida

por la Regla 806 de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI,

para considerar a un testigo como no disponible.24 Testigo

que, en el presente caso, fue el único que presenció los

hechos

por los cuales se le acusó al señor Wilfredo Ruiz.

En esencia, como excepción a la regla general sobre prueba de

referencia, la Regla 806(a)(5) expresa que se considerará como no

disponible un testigo que esté ausente de cierta vista y quien propone

la declaración ha desplegado diligencia para conseguir su comparecencia

mediante citación del tribunal. 32 LPRA Ap. VI, R. 806.

24

CC-2018-0119

2

El testigo de cargo al cual hacemos referencia es el

señor Ramón G. Caraballo Atanasio, quien testificó bajo

juramento

en

la

vista

preliminar

y

estuvo

sujeto

a

contrainterrogatorio. Durante dicha vista preliminar, se

encontró causa probable para acusar al señor Wilfredo Ruiz

por violar el Art. 93 del Código Penal, 33 LPRA sec. 5142,

así como los Arts. 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas de Puerto

Rico, 25 LPRA secs. 458 y 458n.

Consecuentemente,

debido

a

la

importancia

del

testimonio del referido testigo, -- y máxime cuando se trata

aquí de un caso donde de recaer sentencia en contra del

imputado del delito éste podría pasar toda su vida privado

de su libertad --, el Ministerio Público debió realizar

gestiones adicionales para lograr su comparecencia. Cruzarse

de brazos por seis (6) meses, antes del inicio del juicio

en

su

fondo,

sin

realizar

gestión

alguna,

para

luego

reclamar que el testigo no estaba disponible, no es una

acción que podamos avalar. No al menos el juez que suscribe.

En ese sentido, era necesario que el Ministerio Público

empleara

mayor

diligencia

para

tratar

de

dar

con

el

mencionado testigo dentro del referido periodo de tiempo o,

en

la

alternativa,

acreditar

que

dichas

gestiones

se

realizaron y no rindieron frutos. Nada de eso ocurrió aquí.

Siendo ello así, somos del criterio que -- en lo que

respecta al caso de marras -- hubo una violación crasa a la

cláusula constitucional de confrontación que cobijaba al

CC-2018-0119

3

acusado.25 Recordemos que, conforme dicha cláusula, el debido

proceso de ley exige que todo acusado tenga derecho a

carearse y contrainterrogar a los testigos adversos, así

como a que se excluya prueba de referencia que se pretenda

utilizar en su contra. Véase, Pueblo v. Santos Santos, 185

DPR

709

(2012),

citando

a

L.E.

Chiesa

Aponte,

Derecho

procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia,

Ed. Forum, 1992, Vol. II, pag. 569. Véase, además, Pueblo

v. Guerrido López, 179 DPR 950, 958 (2010).

Sobre el particular, debemos señalar también que la

Constitución

del

Estado

Libre

Asociado

de

Puerto

Rico

reconoce el derecho a la vida y la libertad como un derecho

fundamental y establece que ninguna persona será privada de

su libertad o propiedad sin el debido proceso de ley. Art.

II, Sec. 7, Const. E.L.A., LPRA, Tomo I, ed. 2016, pág. 301.

Ciertamente, avalar actuaciones del Ministerio Público tales

como las del caso de autos, no salvaguardan tan primordial

disposición constitucional. Disposición que representa los

imperativos de la justicia fundamental a los que tienen

derecho los ciudadanos y ciudadanas ante una investigación

y proceso criminal. Véase, Pueblo v. Arzuaga,

En lo pertinente, la Sección 11 del Artículo II de la Constitución del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone que, en todos los procesos

criminales, el acusado disfrutará del derecho a, entre otros, carearse

con los testigos de cargo. Art. II, Sec. 11, CONST. ELA, LPRA, Tomo 1. De

igual manera, la Enmienda Sexta de la Constitución de Estados Unidos

establece que, en un proceso criminal, todo acusado disfrutará del derecho

a confrontar a los testigos que se presenten en su contra. Emda. VI,

CONST. EE.UU., LPRA, Tomo 1.

25

CC-2018-0119

4

160 DPR 520 (2003), citando a Chiesa Aponte, op. cit., pág.

23-24.

Es, pues, por todo lo anterior, que respetuosamente

disentimos del curso de acción seguido por una mayoría de

este Tribunal.

Ángel Colón Pérez

Juez Asociado