LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Rivera Marrero v. Santiago Martínez

2019 TSPR 192

Poder Judicial de Puerto Rico

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Rivera Marrero v. Santiago Martínez

CC-2017-882

Derecho de Familia: Impugnación de paternidad – El haber omitido en el epígrafe el nombre del menor, no priva de jurisdicción al tribunal, si de las alegaciones de la demanda se desprende que el menor es parte en el pleito y este fue emplazado correctamente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Geraldo Rivera Marrero

Certiorari

Peticionario

2019 TSPR 192

v.

203 DPR ____

Sandra E. Santiago Martínez

Recurrida

Número del Caso:

CC-2017-882

Fecha: 7 octubre de 2019

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Ponce y Aibonito, Panel IX

Abogada de la parte peticionaria:

Lcda. Hilda Esther Colón Rivera

Abogado de la parte recurrida:

Lcdo. Dennis H. Núñez Ríos

Defensor Judicial:

Lcdo. José Ángel Santini Bonilla

Materia: Derecho de Familia - Impugnación de paternidad - El haber

omitido en el epígrafe el nombre del menor, no priva de

jurisdicción al tribunal, si de las alegaciones de la demanda se

desprende que el menor es parte en el pleito y este fue emplazado

correctamente

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Geraldo Rivera Marrero

Peticionario

v.

CC-2017-0882

Certiorari

Sandra E. Santiago Martínez

Recurrida

EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR RIVERA GARCÍA emitió la opinión del

Tribunal.

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de octubre de 2019.

La controversia planteada en este caso gira en

torno

a

una

Específicamente,

impugnación

nos

de

corresponde

paternidad.

resolver

si

el

hecho de que el nombre de un menor no consta en el

epígrafe

de

la

demanda,

como

parte

nominal,

es

suficiente en derecho para desestimar una causa de

acción

ante

una

alegación

de

ausencia

de

parte

indispensable. Ello, a pesar de que se incluyó en

las alegaciones como demandado y se emplazó conforme

a derecho. En otros términos, si en una acción de

impugnación

de

paternidad

el

tribunal

tiene

jurisdicción sobre un menor que fue emplazado, pero

en el epígrafe de la demanda no constaba su nombre.

2

El caso, a su vez, nos lleva a examinar la figura del

defensor

judicial

y

a

determinar

si

es

una

obligación

exclusiva de quien impugna el solicitar que se nombre a un

defensor judicial para que los intereses del menor queden

debidamente protegidos.

En ese contexto, aprovechamos para reiterar nuestros

pronunciamientos en Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185 DPR

667 (2012) y Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 192 DPR 854

(2015). Veamos el trasfondo fáctico y procesal que dio

génesis al asunto que nos ocupa.

I

El

21

de

noviembre

de

2014

el Sr.

Geraldo

Rivera

Marrero (señor Rivera Marrero o el peticionario) presentó

por derecho propio una demanda de impugnación de paternidad

contra

la

Sra.

Sandra

Enid

Santiago

Martínez

(señora

Santiago Martínez o la recurrida). Alegó que por ciertas

manifestaciones que la recurrida realizó a terceros tuvo

base razonable para creer que no era el progenitor de JGRS.

Adujo que, durante el mes de junio de 2013, mientras el

menor se encontraba visitándolo en Texas, se realizaron una

prueba de ADN. Sostuvo que la prueba arrojó un resultado

negativo que lo excluyó como padre biológico de JGRS. Ante

esta nueva realidad, acudió al tribunal y solicitó que se

finiquitara su obligación de proveer pensión alimenticia.

Además, expresó que “[d]ado a que se trata de un menor de

edad, entendemos prudente el que se designe un defensor

3

judicial para que los derechos del menor sean protegidos”.

(Énfasis en el original). Ese mismo día la Secretaría del

tribunal expidió dos emplazamientos; uno a nombre de la

recurrida y el otro a nombre de JGRS, por conducto de

Sandra Enid Santiago Martínez. 1 Ambos emplazamientos se

diligenciaron al día siguiente mediante entrega personal.

Interpuesta la demanda, la señora Santiago Martínez

presentó una Moción de desestimación. 2 Alegó que procedía

desestimar la acción de impugnación de paternidad ya que se

presentó

fuera

del

término

de

caducidad

de

seis

meses

dispuesto en la Ley Núm. 215-2009. Arguyó que ese término

no

puede

ser

interrumpido

o

suspendido,

por

lo

que

el

derecho se extingue con el mero transcurso del tiempo.

Por su parte, el peticionario presentó su oposición

mediante

Réplica

[a]

moción

[de]

desestimación. 3

En

lo

pertinente, alegó que no pudo incoar su causa de acción

dentro del referido término ya que se encontraba sirviendo

en el Ejército de Estados Unidos. Sostuvo que como miembro

de las Fuerzas Armadas está cobijado por la Servicemembers

Civil Relief Act (SCRA), 50 USCA sec. 501, et seq. Así,

puntualizó que el estatuto federal extiende el periodo que

tiene una persona para ejercer una acción o procedimiento

legal mientras esté activo en el ejército. En consecuencia,

afirmó que su demanda no había caducado.

Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 89-92.

Íd., págs. 93-95.

3 Íd., págs. 96-101.

1

2

4

Así las cosas, el 20 de febrero de 2015 el Tribunal de

Primera Instancia emitió una Resolución en la que determinó

que

al

peticionario

lo

cobijaba

la

ley

federal.

En

consecuencia, resolvió que la demanda de impugnación de

paternidad

se

presentó

oportunamente.

En

su

dictamen

concedió al peticionario un término de treinta días, para

presentar prueba oficial que acreditara y certificara que

durante

el

periodo

que

comprende

de

junio

de

2013

a

noviembre de 2014 estuvo sirviendo como miembro activo de

las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. 4 Posteriormente, ese

foro notificó una Resolución mediante la cual certificó que

el señor Rivera Marrero presentó la prueba requerida y

decretó la continuación de los procedimientos. 5 A tales

efectos,

ordenó

a

las

partes

a

realizarse

la

pruebas

señora

Santiago

inmunohematológicas y de histocompatibilidad.

Inconforme

Martínez

con

este

proceder,

la

presentó

una

Moción

en

solicitud

de

reconsideración. 6 En esencia, refutó que el peticionario

estuviera cobijado por las regulaciones o leyes federales

invocadas.

El

foro

solicitud.

Aún

en

primario

proveyó

desacuerdo,

la

no

ha

recurrida

lugar

a

su

acudió

al

Tribunal de Apelaciones y reprodujo el mismo planteamiento.

4 Resolución, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 103105. Ello, ya que la prueba que presentó únicamente demostraba que se

encontraba establecido en la base militar de Fort Hood, Texas y que

estaba autorizado a ausentarse de su trabajo por un periodo de tiempo

en lo que se dilucidaba el pleito. Véase Apéndice de la Petición de

certiorari, pág. 76.

5 Véase Resolución, Apéndice de la Petición de certiorari, pág.

116.

6 Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 106-108.

5

El foro apelativo intermedio dictó una Resolución en la que

confirmó el dictamen del foro primario. Concluyó que no

hubo abuso de discreción del Tribunal de Primera Instancia

al determinar que la demanda se interpuso a tiempo. En

consecuencia, denegó el recurso de certiorari que presentó

la señora Santiago Martínez. Esta no solicitó revisión del

dictamen.

Continuados

Primera

los

Instancia,

procedimientos

ante

la

presentó

recurrida

el

Tribunal

una

de

Moción

informativa y en solicitud de orden. 7 Expresó que no se le

notificó el resultado de la prueba que se realizó al menor

y

al

peticionario.

Sostuvo,

además,

que

no

se

había

nombrado un defensor judicial al menor, a pesar de que el

señor Rivera Marrero lo solicitó en la demanda. 8 En su

comparecencia, el abogado de la recurrida dejó establecido

que él no era el representante legal del menor, sino de la

señora Santiago Martínez. Ante ello, manifestó que procedía

que se nombrara a este último un defensor judicial. El 28

de octubre de 2016 el Tribunal de Primera Instancia designó

al Lcdo. José A. Santini Bonilla como defensor judicial de

JGRS.9

El 13 de enero de 2017 el licenciado Santini Bonilla

compareció mediante Memorando de derecho y solicitud de

7

8

Íd., pág. 120.

Íd. Véase Demanda, Apéndice de la Petición de certiorari, pág.

60.

Íd., pág. 122. En la Orden señaló la vista de impugnación de

paternidad para el 2 de noviembre de 2016.

9

6

desestimación. 10 En síntesis, alegó que el emplazamiento

que se expidió a nombre de JGRS, a través de su madre, es

nulo ya que este nunca fue parte del pleito. Sustentó que

si hubiese sido la intención del peticionario demandar al

menor debió incluirlo en el epígrafe como parte demandada.

Si bien reconoció que el señor Rivera Marrero expresó en la

demanda

la

judicial,

necesidad

consideró

de

que

se nombrara

a

que

“en

ninguna

instancia

otra

un defensor

del

pleito lo reiteró”. 11 Estimó que transcurrieron más de dos

años, desde que se presentó la acción legal, sin que el

menor

haya

estado

representado

en

el

litigio.

En

consecuencia, arguyó que procedía la desestimación de la

demanda con perjuicio.

En desacuerdo con ese parecer, el señor Rivera Marrero

presentó

Réplica

y

oposición

a

memorando

de

derecho

y

solicitud de desestimación. 12 Refutó las alegaciones del

licenciado Santini Bonilla y expresó que cuando presentó la

demanda

solicitó

al

tribunal

que

asignaran

un

defensor

judicial al menor. Sin embargo, esbozó que fue el Tribunal

de Primera Instancia el que falló al no nombrarlo. Destacó

que

el

Reglas

menor

de

fue

debidamente

Procedimiento

Civil

emplazado

conforme

y

del

dentro

a

las

término

de

caducidad correspondiente, por lo que el tribunal adquirió

Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 123-128.

Íd.

12 Íd., págs. 129-140.

10

11

7

jurisdicción sobre su persona. 13 Añadió que, luego de que

el foro de primera instancia resolvió que la demanda se

presentó

dentro

de

los

términos

provistos

en

la

ley

correspondiente, la señora Santiago Martínez no acudió en

revisión ante el foro de mayor jerarquía, por lo que el

dictamen del foro apelativo advino final y firme.

Luego de evaluar los planteamientos de las partes, el

Tribunal de Primera Instancia dictó una Sentencia mediante

la cual desestimó la demanda de impugnación de paternidad

por falta de parte indispensable. En el dictamen consignó

las determinaciones de hechos siguientes:

1. El menor JGRS nació el 26 de diciembre de

2002 durante la vigencia del matrimonio entre las

partes.

2. Mediante Sentencia de divorcio del 27 de

agosto de 2009, enmendada el 5 de noviembre de

2009, el vínculo matrimonial quedó disuelto por

la causal de consentimiento mutuo.

3. El demandante Geraldo Rivera Marrero se

mantuvo activo en el servicio militar hasta el 20

de marzo de 2015.

4. El 21 de noviembre de 2014, el demandante

Rivera Marrero presentó demanda de impugnación de

paternidad contra la demandada Santiago Martínez.

5. El demandante no incluyó al menor como

parte indispensable en la demanda.

6. El demandado incluyó en su alegación #13

de la demanda de impugnación de paternidad, la

siguiente expresión: “Dado que se trata de un

El 2 de febrero de 2017 el defensor judicial del menor

compareció mediante Dúplica a réplica y oposición a memorando de

derecho y solicitud de desestimación. Planteó, nuevamente, que no

procedía expedir el emplazamiento al menor ya que este no era parte de

la demanda. Arguyó que un “emplazamiento mal expedido” no subsana el

error de no incluir parte indispensable en el pleito. Véase Apéndice

de

la

Petición

de

certiorari,

págs.

141-142

y

143-146,

respectivamente.

13

8

menor de edad, entendemos prudente que se designe

un defensor judicial, para que los derechos del

menor sean protegidos”.

7. El 21 de noviembre de 2014, a solicitud

del demandante, la Secretaría del tribunal

expidió dos emplazamientos: uno dirigido a la

demandada Sandra Enid Santiago Martínez y el otro

a [JGRS] por conducto de Sandra Enid Santiago

Martínez.

8. Ambos emplazamientos fueron diligenciados

el 4 de diciembre de 2014.

9. El demandante no presentó una solicitud

expresa para la designación de un Defensor

Judicial para el menor, posteriormente.

10. El demandante no enmendó la demanda, ni

solicitó autorización al tribunal para enmendar

la demanda de impugnación de paternidad, a los

fines de incluir como demandado al menor JGRS.

11. El 18 de marzo de 2016, se ordenaron las

pruebas de ADN y las mismas fueron realizadas el

13 de junio de 2016. El resultado de las pruebas

fue excluyente en cuanto al vínculo biológico del

demandante con el menor.

12. El 28 de octubre de 2016, se designó al

Lcdo. José A. Santini Bonilla como defensor

judicial del menor JGRS, luego de que la

demandante advirtiera al tribunal sobre la

omisión.

En esta segunda ocasión, el foro de primera instancia

consideró que el peticionario no incluyó al menor en el

pleito ni solicitó enmendar la demanda para incluirlo como

demandado.

Juzgó

encontr[aba]

en

demandante

a

que

el

los

“[l]a

única

expediente

[era]

efectos

de

que

referencia

la

expresión

‘entendía

que

del

prudente’

designar un defensor judicial y la realizada por el abogado

9

advirtiendo al tribunal del defecto”. 14 Entendió que “las

expresiones del peticionario no cumplían con los requisitos

de

una

solicitud

suficiente

en

contenido,

dirigida

al

tribunal para que se designara a un defensor judicial al

menor tiempo”. 15 (Bastardillas nuestras). En consecuencia,

resolvió

que

carecía

de

jurisdicción

para

atender

la

controversia ya que tal defecto no puede ser subsanado.

Inconforme, el 11 de mayo de 2017 el señor Rivera

Marrero acudió ante el Tribunal de Apelaciones. En esencia,

reafirmó que no procedía desestimar su causa de acción

porque el emplazamiento fue expedido conforme a derecho.

Sostuvo, además, que el foro de primera instancia había

pasado juicio sobre la presentación oportuna de su causa de

acción y había determinado que esta no había caducado.

Mediante

Sentencia,

el

foro

apelativo

intermedio

confirmó el dictamen del foro primario. Resolvió que, a

pesar

de

que

el

menor

fue

emplazado

y

de

que

el

peticionario mencionó al menor en las alegaciones de la

demanda, esta no se enmendó para incluir al menor en el

término de caducidad de seis meses establecido en la Ley

215-2009, supra. En cuanto a la protección que otorga la

SCRA, entendió que el señor Rivera Marrero “estuvo cobijado

por el estatuto hasta que fue relevado del servicio militar

el 22 de febrero de 2015. A partir de ese momento, [este]

disponía de un término de caducidad de seis meses para

14

15

Sentencia, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 43-59.

Íd.

10

incluir al menor en el pleito como parte demandada”. 16

Precisó que no fue hasta el 28 de octubre de 2016 que se

nombró

al

defensor

judicial,

cuando

había

expirado

el

término para incluir el menor en el pleito.

En

desacuerdo

presentó

una

con

Solicitud

este

de

proceder,

el

peticionario

reconsideración. 17

Ese

foro,

mediante Resolución de 18 de septiembre de 2017, la declaró

no ha lugar. 18 Inconforme aún, el 27 de diciembre de 2017

el peticionario acudió ante este Tribunal y planteó los

señalamientos de error siguientes:

A.

SI EL MERO HECHO DE QUE EL NOMBRE DEL MENOR

NO CONSTE EN EL EPÍGRAFE COMO PARTE NOMINAL ES

SUFICIENTE EN DERECHO PARA DESESTIMAR UNA CAUSA

DE ACCIÓN POR FALTA DE PARTE INDISPENSABLE, A

PESAR DE QUE EN LAS ALEGACIONES DE LA DEMANDA

SURGE QUE ÉSTE FUE INCLUIDO COMO DEMANDADO Y SE

SOLICITÓ EL NOMBRAMIENTO DE UN DEFENSOR JUDICIAL,

Y FUE DEBIDAMENTE EMPLAZADO CONFORME A DERECHO

TODO ELLO DENTRO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD.

B.

HABIÉNDOSE EMPLAZADO AL MENOR CONFORME A

DERECHO DENTRO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD, Y

TENIENDO PRESENTE QUE EN LAS ALEGACIONES DE LA

DEMANDA SURGE QUE ÉSTE FUE INCLUIDO, ERRÓ TANTO

EL TPI COMO EL TA EN DESESTIMAR LA CAUSA DE

ACCIÓN, YA QUE EL CONCEPTO “PARTE” ESTA ATADO AL

EMPLAZAMIENTO.

En

síntesis,

reafirma

que

el

menor

fue

emplazado

conforme a derecho, traído al pleito dentro del término de

caducidad

y

que

el

defensor

judicial

no

impugnó

el

diligenciamiento. Puntualiza que en nuestro ordenamiento

jurídico la persona cuyo nombre se incluye en el epígrafe

Sentencia, Apéndice de la Petición de certiorari.

Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 149.

18 Íd., pág. 162.

16

17

11

de

la

demanda,

nominal.

pero

no

que

es

Añade

se

emplaza,

con

el

se

considera

parte

diligenciamiento

del

emplazamiento que la persona se convierte propiamente en

parte del pleito. Ante ello, plantea que el emplazamiento

es lo que da paso al debido proceso de ley y el cual

viabiliza

el

ejercicio

de

la

consecuencia,

sostiene

que

no

jurisdicción

judicial.

En

procedía

desestimar

la

demanda de impugnación de paternidad.

De

otra

parte,

el

defensor

judicial

presentó

un

Alegato del menor. Aduce que el hecho de que el menor se

mencionó en las alegaciones de la demanda y se diligenció

un emplazamiento a su nombre no subsana la deficiencia de

omitir

una

parte

indispensable.

Sostiene

que

el

emplazamiento que emitió la Secretaría del tribunal es nulo

y no proporcionó jurisdicción al tribunal sobre el menor

para

adjudicar

la

controversia

conforme

lo

resuelto

en

Bonilla Ramos v. Dávila Medina, supra. Así las cosas, la

recurrida presentó un escrito mediante el cual informó que

se unía al alegato del menor.

Con el fin de atender la controversia que nos ocupa,

examinaremos

solución

los

del

preceptos

caso.

legales

Particularmente,

que

gobiernan

la

la

doctrina

de

filiación, las vías principales para establecerla y las

acciones judiciales relacionadas; los casos en los que se

ha requerido la designación de un defensor judicial y la

figura

del

emplazamiento

con

el

fin

de

auscultar

la

jurisdicción del foro de primera instancia en este asunto.

12

II

A. La doctrina de la filiación

La filiación es la relación jurídica que procede del

vínculo natural entre padres e hijos. 19 También, la hemos

definido como la

condición a la cual una persona atribuye el hecho

de tener a otra u otras por progenitores suyos;

es

un

hecho

biológico

consistente

en

la

procreación de una persona por otras, una inicial

realidad biológica recogida y regulada por el

ordenamiento jurídico con el fin de distribuir

derechos y obligaciones entre los progenitores y

los seres procreados por ellos, o dicho de otra

manera, entre padres e hijos.20

En previas interpretaciones provistas a esta figura

hemos

señalado

configuración,

que

es

la

decir,

filiación

la

tiene

filiación

una

jurídica

doble

y

la

biológica. 21 De manera que, no solo vincula a los padres

con los hijos, sino que impone derechos y obligaciones

específicas con consecuencias jurídicas indelebles. 22 Sin

embargo, la realidad biológica no siempre coincide con la

jurídica.23

J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed.,

Barcelona, Ed. Bosch, 1985, T. IV, pág. 187.

20 Sánchez v. Sánchez, 154 DPR 645, 660 (2001); Sánchez Rivera v.

Malavé Rivera, 192 DPR 854, 862 (2015); Vázquez Vélez v. Caro Moreno,

182 DPR 803, 809 (2011); Mayol v. Torres, 164 DPR 517, 529 (2005).

Véase, además, L. Díez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil,

7ma ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1997, Vol. IV, pág. 249.

21 Véanse Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, supra, pág. 862; Mayol

v. Torres, supra, pág. 529.

22

Véanse Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, supra, pág. 863;

Sánchez v. Sánchez, supra, pág. 660.

23 Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, supra, págs. 863-864; Vázquez

Vélez v. Caro Moreno, supra, pág. 809; Calo Morales v. Cartagena Calo,

129 DPR 102, 112 (1991).

19

13

Ante la importancia de la relación filial, nuestro

ordenamiento jurídico abrió la brecha legal para tratar, en

lo

posible,

de

reconciliar

ambas

realidades.

En

ese

sentido, nuestro desarrollo jurisprudencial en materia de

filiación ha tenido como norte “que brille la verdad y se

reconozca a todos los fines legales la relación biológica

entre

padres

e

hijos”. 24

Ello,

buscando

armonizar

la

necesidad de identificar la verdadera filiación biológica

y, al mismo tiempo, promover la estabilidad filial.25

Existen dos circunstancias que determinan la filiación

de un hijo respecto a su padre. 26 Por un lado, tenemos al

hijo cobijado por una presunción de legitimidad por haber

nacido vigente el matrimonio de sus padres y, por el otro,

la del hijo no matrimonial. 27 En ambos casos, el Derecho ha

establecido presupuestos de hecho para enlazar los efectos

de la filiación. Así, el matrimonio es el hecho que vincula

la filiación matrimonial y el reconocimiento es el medio

para determinar la filiación no matrimonial.28

Ahora bien, nuestro ordenamiento jurídico vislumbra

tres acciones judiciales que corresponden a la filiación, a

saber: (1) la afirmación de filiación; (2) la acción de

impugnación, y (3) la mixta. En esta última se busca la

declaración de determinada filiación mientras que se niega

Sánchez v. Sánchez, supra, pág. 662; Ramos v. Marrero, 116 DPR

357, 358 (1985).

25 Véase Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, supra, pág. 864.

26 Sánchez v. Sánchez, supra, pág. 663.

27 Íd.

28 Íd., págs. 663-665.

24

14

otra

contradictoria,

ambas

son

interdependientes

entre

sí.29

En lo pertinente al asunto ante nos, la acción de

impugnación de filiación está regulada por los Artículos

113 a 117 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA secs.

461–465. El Art. 117, según enmendado por la Ley Núm. 2152009, dispone que el padre legal tiene seis meses contados

a partir de la fecha en que advenga en conocimiento de la

inexactitud

en

la

filiación

para

instar

impugnación de presunción de paternidad. 30

la

acción

de

Para que una

acción de impugnación prospere es necesario que la acción

se presente oportunamente y que la misma esté basada en

alegaciones

específicas

que,

tomándolas

como

ciertas,

demuestren a satisfacción del juzgador que existe una duda

real sobre la exactitud de la filiación.31

Con el propósito de evitar la incertidumbre y promover

la

estabilidad

legislador

dejó

jurídica

de

la

relación

establecido

que

los

filiatoria,

términos

para

el

las

acciones de impugnación sean de caducidad. 32 Sabido es que

la caducidad es la decadencia de un derecho o su pérdida

por

no

haber

cumplido,

en

el

plazo

determinado,

la

Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, supra, págs. 862-863;

Álvareztorre Muñiz v. Sorani Jiménez, 175 DPR 398, 413–414 (2009);

Sánchez v. Sánchez, supra, pág. 670.

30 El Art. 117 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 465.

La Ley Núm. 215-2009 enmendó los términos para impugnar la paternidad

o la maternidad. Véase, además, Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185

DPR 667, 674-675 (2012).

31 Mayol v. Torres, supra, pág. 554.

32 Álvareztorre Muñiz v. Sorani Jiménez, supra; Bonilla Ramos v.

Dávila Medina, supra, pág. 676; Vázquez Vélez v. Caro Moreno, supra,

pág. 676. Véanse, además: Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, supra, pág.

864; González Rosado v. Echevarría Muñiz, 169 DPR 554, 562 (2006);

Castro v. Negrón, 159 DPR 568, 595-596 (2003).

29

15

formalidad o condición exigida por la ley. 33 Se pierde el

derecho por incumplir con las formalidades o condiciones

exigidas dentro del plazo determinado. 34 Contrario a la

prescripción, en la caducidad, teniendo en cuenta el modo

automático y directo de operar la extinción, no se dan

causas de interrupción y suspensión de la misma. 35 Ello

obedece a la finalidad de concretar de antemano el término

dentro

del

cual

podrá

ejercitarse

los

derechos.

Busca,

además, evitar la incertidumbre de la relación filiatoria y

propiciar la estabilidad jurídica. 36 Por esto, siempre que

existe un término de caducidad se extingue el derecho a la

causa de acción con el mero transcurso del tiempo.37

Por consiguiente, si la acción de impugnación no es

promovida dentro del plazo fijado en ley se consolida el

status familiae del hijo o la hija, para todos los efectos

legales,

por

haber

caducado

el

término.

38

Una

vez

transcurridos los seis meses a partir de que el presunto

padre advino en conocimiento de la inexactitud filiatoria,

el estado filiatorio adviene final y no podría ejercitarse

33

Castro v. Negrón, supra, pág. 596 esc. 25, citando a R.

Ortega-Vélez, Compendio de derecho de familia, San Juan, Publicaciones

JTS, 2000, T. I, pág. 393.

Véanse, además: Sánchez Rivera v. Malavé

Rivera, supra, pág. 864; González Rosado v. Echevarría Muñiz, supra,

562.

34 Íd.

35 Vázquez Vélez v. Caro Moreno, supra; Muñoz v. Ten General, 167

DPR 297, 302 (2006); Ortiz Rivera v. Sucn. González Martínez, 93 DPR

562, 567 (1966).

36 Bonilla Ramos v. Dávila, supra, pág. 676; Vázquez Vélez v.

Caro Moreno, supra, pág. 813; Álvareztorre Muñiz v. Sorani Jiménez,

supra, pág. 416; González Rosado v. Echevarría Muñiz, supra, pág. 568;

Castro v. Negrón, supra, pág. 596.

37 Bonilla Ramos v. Dávila, supra, pág. 676; Vázquez Vélez v.

Caro Moreno, supra, pág. 813; Muñoz v. Ten General, supra, pág. 302.

38

Véanse: Bonilla Ramos v. Dávila Medina, supra, pág. 676;

Vázquez Vélez v. Caro Moreno, supra, pág. 813.

16

la acción de impugnación, aunque la realidad biológica no

coincida con la jurídica.39

B. Parte indispensable

La Regla 16 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

gobierna lo relacionado a la acumulación indispensable de

partes. Específicamente, la Regla 16.1 dispone que quien

tenga

un

interés

común

sin

cuya

presencia

no

pueda

adjudicarse una controversia, se hará parte en el pleito y

se

acumulará

como

demandante

o

demandada,

según

corresponda.40

Una parte se convierte en indispensable “cuando la

controversia no puede adjudicarse sin su presencia ya que

sus derechos se verían afectados”. 41 Por esa razón, si no

está presente en el litigio se trasgrede el debido proceso

de

ley

del

ausente. 42

indispensable,

el

Ante

tribunal

la

ausencia

carece

de

de

una

parte

jurisdicción

para

resolver la controversia.43

Un

menor

es

parte

indispensable

en

una

acción

de

impugnación de paternidad y la madre es, a lo sumo, una

parte demandada apropiada. 44 Esto se debe a que el efecto

que sobrellevaría la acción de impugnación de filiación se

Bonilla Ramos v. Dávila Medina, supra, págs. 676-677.

32 LPRA Ap. V.

41 Bonilla Ramos v. Dávila Medina, supra, pág. 677; Cepeda Torres

v. García Ortiz, 132 DPR 698 (1993). Véase, además, Mun. de San Juan

v. Bosque Real, S.E., 158 DPR 743 (2003), citando a Fuentes v.

Tribunal de Distrito, 73 DPR 959, 981 (1952).

42 Bonilla Ramos v. Dávila Medina, supra, pág. 677; Romero v.

S.L.G. Reyes, 164 DPR 721 (2005).

43 Íd., págs. 678-679.

44 Íd.

39

40

17

da realmente contra el menor. Esto es que el menor pasaría

a pertenecer a una familia distinta.45

Cónsono con lo anterior, las Reglas de Procedimiento

Civil también disponen que “[l]a indebida acumulación de

partes no constituirá motivo para desestimar un pleito”. 46

En

cualquier

elimine

o

momento

incorpore

el

a

tribunal

una

parte,

puede

a

ordenar

que

solicitud de

se

esta,

incluso el tribunal motu proprio, en cualquier estado del

procedimiento. 47 Cuando el tribunal ordena la inclusión de

una nueva parte, esta deberá ser traída al pleito mediante

emplazamiento, a menos que la parte comparezca de forma

voluntaria.48

C. El emplazamiento

El emplazamiento es un mecanismo procesal que tiene

como propósito notificar al demandado sobre la existencia

de una reclamación incoada en su contra. 49 Al mismo tiempo

este método de notificación permite al tribunal adquirir

jurisdicción sobre la persona demandada de forma tal que

este

quede

obligado

por

el

dictamen

que

en

su

día

Íd.

32 LPRA Ap. V. Véase, además, J. Cuevas Segarra, Tratado de

Derecho Procesal Civil, 2da ed., T. II, Pubs. JTS, 2011, pág. 699; R.

Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: Derecho procesal

civil, 5ta ed., San Juan, Ed. Lexisnexis, 2010, Sec. 1110, pág. 172.

47 Íd.

48 Véanse

Bernier González v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 637

(2018); Cirino González v. Adm. Corrección et al., 190 DPR 14, 29–30

(2014); Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 863 (2005); First

Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 DPR 901, 913 (1998). Véase,

además, Cuevas Segarra, op. cit., págs. 722-723.

49 Rivera v. Jaume, 157 DPR 562, 575 (2002).

45

46

18

recaiga. 50 La parte demandante tiene la obligación de dar

cumplimiento

estricto

a

los

requerimientos

del

emplazamiento, incluso su diligenciamiento, ya que existe

una política pública que requiere que la parte demandada

sea

emplazada

y

notificada

debidamente

para

evitar

el

fraude y que los procedimientos judiciales se utilicen para

privar a una persona de su propiedad sin el debido proceso

de ley.51

En lo pertinente a la controversia, la Regla 4.1 de

Procedimiento

Civil,

presentar

demanda,

la

32

LPRA

el

Ap.

V,

demandante

dispone

también

que,

al

deberá

presentar el formulario de emplazamiento. 52 Entonces, el

Secretario

o

Secretaria

del

Tribunal

expedirá

emplazamientos

individuales

o

adicionales

contra

cualesquiera partes demandadas.53

Al aprobarse las Reglas de Procedimiento Civil de 2009

se

acogieron

las

recomendaciones

del

Comité

Asesor

Permanente para uniformar el formulario del emplazamiento

de manera que exista una única forma oficial en cuanto al

contenido. 54 En consecuencia, en el emplazamiento se hará

constar el nombre de la parte demandada que se emplaza y se

Bernier González v. Rodríguez Becerra, supra; Márquez v.

Barreto, 143 DPR 137, 142 (1997).

51 First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., supra. Véase, además,

Informe de Reglas de Procedimiento Civil de diciembre de 2009.

52 32 LPRA Ap. V.

53 Íd.

54 El cambio fundamental consistió en añadir parte del lenguaje

de la Regla 21 (a) de las Reglas para la Administración del Tribunal

de Primera Instancia para incluir información del abogado del

demandante o los de la parte demandante cuando este no tenga

representación legal y precisar que la comparecencia del demandado es

al tribunal. Véase Cuevas Segarra, op. cit., T. I, pág. 305. Véase,

además, Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, supra, pág. 870.

50

19

expedirá

un

demandada.

55

emplazamiento

por

Ciertamente,

“el

separado

para

emplazamiento

cada

parte

debe

ser

expedido por cada parte que esté en el epígrafe de la

demanda como demandado”. (Énfasis suplido). 56 Sin embargo,

en López v. Secretaria, 162 DPR 345, 355 (2004), expresamos

lo siguiente:

[e]n una jurisdicción como la nuestra, donde lo

que se requiere es que la demanda le notifique a

la parte demandada, a grandes rasgos, las

reclamaciones que se le están haciendo, el

determinar si efectivamente se le ha notificado a

una

persona,

natural

o

jurídica,

las

reclamaciones que se le están haciendo, requiere

de un análisis más allá de simplemente auscultar

el epígrafe de la demanda. Una determinación de

esta naturaleza requiere que se analicen todas

las alegaciones de la demanda, de forma conjunta,

las unas con las otras. Si de este análisis surge

que

los

demandados

están

razonablemente

prevenidos de la reclamación que existe en su

contra, se considera que la demanda es suficiente

y no procede su desestimación. (Énfasis en el

original omitido y énfasis suplido).57

Ahora

bien,

diligenciarán

el

emplazamiento

conjuntamente.

58

El

y

la

demanda

se

diligenciamiento

se

efectúa de distintas maneras dependiendo de la persona que

se pretende emplazar. 59 Cuando en un pleito se demanda al

padre o madre con patria potestad de un menor de menos de

catorce años, en su carácter personal, y también se demanda

Íd.

Véase Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, supra, pág. 870.

57 En la expresión citamos la Regla 6.6 de Procedimiento Civil de

1979 la cual disponía que “[t]odas las alegaciones se interpretarán

con el propósito de hacer justicia”. Al aprobarse las nuevas reglas en

2009 esta regla se eliminó ya que “su contenido se encuentra implícito

en el texto de la Regla 1” actual. Véase Informe de Reglas de

Procedimiento Civil, pág. 83.

58 Véase la Regla 4.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.

59 Íd.

55

56

20

al menor en el mismo proceso, se requiere que cada uno de

estos sea debidamente emplazado. 60 De manera que, para que

el tribunal adquiera jurisdicción sobre todas las partes,

es

indispensable

que

estos

sean

emplazados

conforme

a

derecho. 61 Ello, debido a que el menor de edad tiene una

personalidad jurídica distinta a la de su padre o madre con

patria potestad. 62 En otros términos, para que los menores

sean

parte

de

procedimientos

un

pleito

judiciales

deben

comparecer

representados

por

su

a

los

padre

o

madre con patria potestad, su tutor general o un defensor

judicial.63

Conforme a las Reglas de Procedimiento Civil, si el

menor demandado tiene catorce años o más se le tiene que

entregar una copia del emplazamiento y de la demanda a él

personalmente y a su padre o madre con patria potestad. En

el caso de un menor de edad que cuente con menos de catorce

años,

se

debe

diligenciar

el

emplazamiento

mediante

su

entrega junto con una copia de la demanda al padre o madre

con patria potestad, o en ausencia de estos a su tutor. 64 A

tales

efectos,

en

lo

pertinente,

la

Regla

4.4

de

Procedimiento Civil, supra, dispone que:

60 Regla 4.4 (b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Véase,

además, Cuevas Segarra, op. cit., T. I, págs. 307-308.

61 Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, supra; Vega v. Bonilla, 153

DPR 588, 592 (2001); Pauneto v. Núñez, 115 DPR 591, 594 (1984).

62 Álvareztorre Muñiz v. Sorani Jiménez, supra. Véase, además,

Hernández Colón, op. cit., pág. 161.

63 Íd., pág. 678. Véanse, además: Álvareztorre Muñiz v. Sorani

Jiménez, supra, pág. 419; Art. 153 del Código Civil, 31 LPRA sec. 601;

Regla 15.2 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V; Hernández

Colón, op. cit., pág. 149.

64 Regla 4.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.

21

b) A una persona menor de catorce (14) años de

edad, entregando copia del emplazamiento y de la

demanda a su padre o madre con patria potestad, o

tutor o tutora.

.

.

.

.

.

.

.

.

A un(a) menor de edad de catorce (14) años de

edad o más, entregando copia del emplazamiento y

de la demanda a dicho(a) menor personalmente y a

su padre o madre con patria potestad, o a su

tutor(a) [. . .] (Énfasis suplido).

Por tal razón, consistentemente hemos señalado que “la

falta de diligenciamiento del emplazamiento (personal o por

edictos) priva al tribunal de jurisdicción sobre la persona

e invalida cualquier sentencia en su contra”. 65 Igualmente,

hemos enfatizado que “no es hasta que se diligencia el

emplazamiento y se adquiere jurisdicción que la persona

puede ser considerada propiamente parte; aunque haya sido

nombrada en el epígrafe de la demanda, hasta ese momento

solo es parte nominal”.66

(Énfasis suplido).

En Bonilla Ramos v. Dávila Medina, supra, tuvimos la

oportunidad

únicamente

de

a

la

auscultar

madre

si

del

era

menor,

suficiente

quien

emplazar

ostentaba

la

custodia y la patria potestad o si, por el contrario, el

menor es parte indispensable que debe incluirse en la causa

de acción de filiación y, por consiguiente, emplazarlo para

que el tribunal adquiera jurisdicción sobre su persona.

Medina v. Medina, 161 DPR 806 (2004); Acosta v. ABC, Inc., 142

DPR 927 (1997). Véase, además, Bernier González v. Rodríguez Becerra,

supra.

66 Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, supra, págs. 874-875; Medina

v. Medina, supra. Véase, además, Bernier González v. Rodríguez Becerra,

supra.

65

22

Allí,

el

padre

del

menor

presentó

una

acción

de

impugnación de paternidad. Demandó a la madre del menor y

no incluyó en la demanda al menor. El menor, quien al

momento contaba con catorce años, tampoco fue emplazado. La

Procuradora de Asuntos de la Familia, quien había sido

designada por el tribunal como defensora judicial, solicitó

la desestimación. Argumentó que no se ejercitó la acción ni

se perfeccionó la demanda porque no se incluyó al menor

como

parte

provisto

indispensable

por

la

Ley

en

Núm.

el

litigio

215-2009.

en

el

su

parte,

Por

término

el

peticionario planteó que no procedía desestimar la acción

sino ordenar que se incluyera al menor en el pleito.

Expresamos que “aun cuando se demande al padre, a la

madre o a la persona que ostente la patria potestad del

menor

cuya

filiación

se

impugna,

es

el

menor la

parte

realmente perjudicada y debe ser incluido en el pleito”.

Por

ello,

expresamos

que

“[n]o

en

vano

las

Reglas

de

Procedimiento Civil disponen que cuando se demanda a un

menor de catorce años o más éste debe emplazarse y además

entregársele copia de la demanda” en aras de cumplir con el

imperativo

constitucional

del

debido

proceso

de

ley.

67

(Énfasis suplido). Pues, se puede dar el caso en que los

intereses del menor estén encontrados con los de quien le

suple

capacidad

y

sea

necesario

nombrar

un

defensor

judicial. Sin embargo, “para determinar si lo anterior es

necesario o no debe notificársele al menor que ha sido

67

Bonilla Ramos v. Dávila Medina, supra, pág. 681.

23

demandado que alguien debe representarlo en el pleito”. 68

Ante ello, resolvimos que el menor cuya impugnación de

filiación

se

solicita

es

parte

indispensable,

debe

ser

incluido en el pleito y ⎯de ser mayor de catorce años⎯

emplazado correctamente dentro del término de caducidad de

seis meses que dispone la Ley Núm. 215-2009 para instar la

acción de impugnación. 69 De esta manera el menor podrá, a

través de quien ostenta la capacidad de representarle o

mediante un defensor judicial nombrado por el tribunal,

defender sus intereses.

Posteriormente, en Sánchez Rivera v. Malavé Rivera,

supra, atendimos una controversia relacionada a las normas

que rigen el emplazamiento en una acción de impugnación de

paternidad. El caso nos brindó la oportunidad de determinar

si es suficiente emitir un emplazamiento al padre o a la

madre con patria potestad, en su carácter personal y como

representante del menor, para adquirir jurisdicción sobre

este. En esa ocasión, el señor Sánchez Rivera presentó una

demanda

de

impugnación

de

paternidad

contra

la

señora

Malavé Rivera por sí y en representación de su hijo menor

de catorce años de edad. Del emplazamiento surgía que la

parte demandada únicamente era la señora Malavé Rivera. Es

decir, el encabezamiento del emplazamiento estaba dirigido

solo a ella. Esta solicitó la desestimación de la acción de

68

69

Íd.

Íd., págs. 682-683.

24

impugnación de paternidad por falta de parte indispensable

porque no se emplazó al menor.

A base de estos hechos, enunciamos que

el emplazamiento personal al padre o madre

con patria potestad de un hijo menor de catorce

años de edad, quien es a su vez parte demandada

en su carácter personal, no puede conllevar que

automáticamente el menor de edad demandado haya

quedado emplazado o sometido a la jurisdicción

del tribunal. Para que el menor quede emplazado

tiene que surgir del emplazamiento que este va

dirigido al menor de edad por conducto de su

padre o madre con patria potestad, o tutor(a). Lo

contrario implicaría abdicar el hecho de que el

menor de edad goza de una personalidad propia y

distinta a la de su representante. 70 (Énfasis

suplido).

Así, ante la falta del emplazamiento del padre o la

madre en representación del menor este Tribunal concluyó

que

[p]ara que se adquiera jurisdicción sobre el

menor demandado, es necesario que se le emplace

expresamente por conducto de su representante

legal. Sin embargo, si su representante legal

también figura como parte demandada no bastará

con que se adquiera jurisdicción sobre este para

que se entienda que el menor fue debidamente

emplazado. Es necesario que se haga constar que

tanto el representante legal como el menor

representado fueron debidamente emplazados [...].

(Énfasis suplido).71

D. El nombramiento del defensor judicial

El defensor judicial es un “tutor especial nombrado

[por el tribunal] para que represente a un incapacitado o a

70

71

Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, supra, pág. 872.

Íd., págs. 874-875.

25

un

menor

en

un

pleito

específico”. 72

El

nombramiento

procede en virtud del poder de parens patriae que ostenta

el

Estado

y

que tiene

como

único

y

principal objetivo

asegurar el bienestar de los menores e incapaces. 73 La

razón de su existencia es servir de garantía y protección a

los menores y “suplir la capacidad jurídica in actu del

menor cuando los intereses de éste son antitéticos a los de

su padre o madre”.74

Según Manresa, el origen de esta institución jurídica

emerge de la necesidad de atender a la defensa del hijo en

cualquier asunto en que su interés sea opuesto al del padre

o la madre, a cuya potestad está sometido. 75 Su naturaleza

jurídica se halla en la designación de una persona, por

mandato judicial y mediante la figura de un juez, para que

procure la representación del menor, particularmente en las

particiones hereditarias.76

Las disposiciones que regulan la figura del defensor

judicial son el Art. 160 del Código Civil, 31 LPRA sec.

617; la Regla 15.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V y

el Art. 611 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA

sec. 2666. Este último instituye que el nombramiento de

defensor se hará siempre mediante petición, en la que se ha

72 Crespo v. Cintrón, 159 DPR 290, 300 (2003), citando a R & G

Premier Bank P.R. v. Registradora, 158 DPR 241 (2002); Rivera y otros

v. Bco. Popular, 152 DPR 140 (2000); Fernández Martínez v. Tribunal

Superior, 89 DPR 754, 758 (1964).

73 Íd.

74 Véase F. Seix, Nueva enciclopedia jurídica, Barcelona, 1954,

T. VI, pág. 342.

75 Íd., pág. 343.

76 Íd., pág. 344. Véase, además, A. Majada, La incapacitación, la

tutela y sus formularios, Ed. Bosch, Barcelona, 1985, págs. 215-216.

26

de consignar, bajo juramento, que el menor de que se trata

se halla en el caso previsto por el Art. 160 del Código

Civil. El Art. 160 establece que “[s]iempre que en algún

asunto ambos padres o alguno de ellos tenga un interés

opuesto

al

de

sus

hijos

no

emancipados,

el

Tribunal

Superior nombrará a éstos un defensor judicial que los

represente en juicio o fuera de él”.77

Hemos interpretado que el interés opuesto se entenderá

cuando

exista

una

incompatibilidad

de

intereses

sobre

determinados bienes, por ser los padres y los hijos, es

decir,

cuando

los

intereses

de

los

padres

actúen

en

menoscabo de los intereses de los hijos. 78 Por ejemplo,

cuando ambos sean coparticipes de una misma herencia o,

respectivamente,

herederos

y

legatarios

de

la

misma

sucesión. 79 Algunos tratadistas opinan que en el caso en

que la madre y el hijo tengan un “interés común” en el

pleito

en

designación

el

cual

judicial

le

pueda

del

representar

defensor. 80

Es

no

procede

decir,

que

la

si

existe perfecta compatibilidad entre los intereses de la

madre o del padre con los del hijo no es necesario hacer la

77

Íd. Véase, además, ASR v. Proc. Rel. Familia, 196 DPR 944

(2016).

78

Álvareztorre Muñiz v. Sorani Jiménez, supra; Crespo v.

Cintrón, supra.

79 Íd.

80 Seix, op. cit., pág. 346. Véase, además, María Victoria Mayor

del Hoyo, Sobre la intervención del defensor judicial en los procesos

de impugnación de paternidad (comentario a la STS 481/1997, de 5 de

junio), Anuario de derecho civil, Vol. 51, Núm. 2, 1998, págs. 917936,

en:

https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU

-C-1998-20091700936 (última visita, 7 de octubre de 2019).

27

designación. 81

Sostienen

que

sería

inconsistente

en

la

relación jurídico procesal si el que demanda al hijo, al

mismo tiempo defiende sus intereses. 82 En otros términos,

si el conflicto únicamente es con alguno de sus padres el

otro puede representarlo. No obstante, hay que ponderar las

circunstancias de cada caso, con criterio de amplitud a

favor de la designación de defensor judicial cuando se dude

si existe oposición entre los representantes legales y el

menor.83

Ante

una

situación

de

conflicto

de

intereses

el

Tribunal, “a petición de cualquiera de los padres, del

mismo menor, del fiscal o de cualquiera persona capaz para

comparecer en juicio”, ostenta legitimación para solicitar

que se nombre un defensor judicial. 84 Para ello, la Regla

15.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, faculta a los

tribunales para nombrar un defensor judicial que represente

81 Como norma general, los padres tienen, respecto a sus hijos no

emancipados, el deber de representarlos en el ejercicio de todas las

acciones que puedan redundar en su provecho. 31 LPRA sec. 601. “Es

sólo cuando los intereses del menor y de sus padres están en

conflicto, o si el tribunal lo cree conveniente, que al menor lo

representa su tutor general o un defensor judicial”. Cuevas Segarra,

op. cit., T. II, pág. 672; Biaggi v. Corte, 68 DPR 407 (1948) y

Agostini v. Registrador, 39 DPR 577 (1929). Véase, además, María

Victoria Mayor del Hoyo, Sobre la intervención del defensor judicial

en los procesos de impugnación de paternidad (comentario a la STS

481/1997, de 5 de junio), Anuario de derecho civil, Vol. 51, Núm. 2,

1998,

págs.

917-936,

en:

https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU

-C-1998-20091700936 (última visita, 7 de octubre de 2019).

82 María Victoria Mayor del Hoyo, Sobre la intervención del defensor

judicial en los procesos de impugnación de paternidad (comentario a la

STS 481/1997, de 5 de junio), Anuario de derecho civil, Vol. 51, Núm.

2,

1998,

págs.

917-936,

en:

https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU

-C-1998-20091700936 (última visita, 7 de octubre de 2019).

83 Véase Majada, op. cit., págs. 223-224.

84

Álvareztorre Muñiz v. Sorani Jiménez, supra; Crespo v.

Cintrón, supra.

28

a

un

menor

de

edad

judicialmente

en

una

o

a

causa

de

una

persona

acción

incapacitada

cuando

lo

juzgue

conveniente o esté dispuesto por ley. Así, el inciso (a)

dispone lo siguiente:

(a) Un o una menor deberá comparecer por medio de

su padre o madre con patria potestad o, en su

defecto, por medio de su tutor o tutora general.

Una persona mayor de edad o emancipada que esté

judicialmente incapacitada deberá comparecer por

medio de su tutor o tutora general. Sin embargo,

el tribunal podrá nombrarle un defensor o una

defensora judicial a cualquier menor o persona

incapacitada judicialmente siempre que lo juzgue

conveniente o esté dispuesto por ley. (Énfasis

suplido).

El inciso de esa regla contempla que, si la capacidad

de una persona está restringida por alguna condición, ya

sea minoría de edad, demencia, prodigalidad, entre otras,

queda

a

discreción

procede⎯

un

tribunal

⎯si

es

conveniente

y

nombrarle un defensor judicial. 85 Lo que rige es

criterio

discreción

del

de

de

conveniencia.

establecer

El

cualquier

Tribunal

otra

tiene

medida

la

para

proteger los intereses de la parte incapacitada, a la vez

que procura que el caso sea resuelto de una manera justa,

rápida y económica. 86

III

La controversia requiere determinar si el hecho de que

el nombre del menor no consta en el epígrafe de la demanda,

85

Véanse: Regla 15.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V;

Rivera y otros v. Bco. Popular, supra.

86 Véase Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.

29

como

parte

nominal,

es

suficiente

en

derecho

para

desestimar la causa de acción ante la alegación de ausencia

de parte indispensable. Ello, a pesar de que se realizó un

emplazamiento conforme a derecho. Veamos.

Según

se

desprende

de

la

discusión

anterior,

el

peticionario advino en conocimiento de la inexactitud de la

filiación en junio de 2013. En ese momento se encontraba

activo en el servicio militar. De las determinaciones de

hechos

del

Tribunal

de

Primera

Instancia

surge

que

desempeñó esa función hasta el 20 de marzo de 2015.

Aunque la Ley Núm. 215-2009 dispone un término de

caducidad

de

seis

meses

para

presentar

una

acción

de

impugnación de paternidad, el Tribunal de Primera Instancia

concluyó

que

al

protecciones

señor

que

Rivera

provee

la

Marrero

le

cobijaban

las

SCRA.

Al

aplicar

las

disposiciones de la ley federal resolvió, correctamente,

que,

a

pesar

de

que

este

instó

la

demanda

el

21

de

noviembre de 2014, la causa de acción se presentó a tiempo.

El Tribunal de Apelaciones, a su vez, confirmó el dictamen.

Luego

de

varios

incidentes

procesales,

el

foro

primario nombró al licenciado Santini Bonilla como defensor

judicial del menor. Este advirtió que el nombre del menor

no se incluyó en el epígrafe de la demanda y solicitó la

desestimación por falta de parte indispensable. Alegó que

el emplazamiento es nulo ya que su diligenciamiento no

subsanó

tal

omisión.

El

acogió

este

planteamiento

Tribunal

y

de

concluyó

Primera

que

Instancia

carecía

de

30

jurisdicción para atender la reclamación del señor Rivera

Marrero.

Entendió

que

el

epígrafe

de

la

demanda

debió

enmendarse para incluir al menor. Coligió que como no se

enmendó antes del plazo de caducidad de seis meses y no se

nombró

a

un

defensor

había

caducado.

judicial

Razonó,

oportunamente,

además,

que

la

la

acción

solicitud

que

realizó el peticionario para que se le nombrara un defensor

judicial “no cumplió con los requisitos de una solicitud

suficiente”.

El

Tribunal

de

Apelaciones

confirmó

al

Tribunal de Primera Instancia. En síntesis, concluyó que

desde

el

momento

en

que

se

relevó

al

peticionario

del

servicio militar, este tenía seis meses para enmendar la

demanda.

Opinó,

además,

que

al

nombrarse

un

defensor

judicial habiendo expirado ese término procedía desestimar

la demanda. Ambos foros erraron en su proceder.

Como expusimos, nuestro ordenamiento legal

establece

que para que una persona se considere parte del pleito, y

que el tribunal adquiriera jurisdicción sobre su persona,

lo importante es que se emita y diligencie un emplazamiento

conforme a derecho. Ello, aun cuando su nombre no conste en

el epígrafe de la demanda. Es decir, lo determinante es que

se utilice el mecanismo del emplazamiento con su debido

diligenciamiento

para

activar

la

jurisdicción

de

los

tribunales sobre la persona del demandado.

Según

distinguimos,

Rivera,

supra,

y,

Dávila

Medina,

supra,

en

Sánchez

posteriormente,

atendimos

en

una

Rivera

Bonilla

v.

Malavé

Ramos

situación

v.

sobre

31

impugnación

de

paternidad

en

la

que

el

menor

cuya

impugnación se solicitó no se incluyó en el pleito ni se

emplazó

conforme

disponen

las

Reglas

de

Procedimiento

Civil. Distinto al caso ante nuestra consideración, en cada

uno

de

los

casos

se

diligenció

un

único

emplazamiento

dirigido a la madre del menor; en su carácter personal y en

representación del menor. Es decir, que la única demandada

y emplazada fue la madre del menor. En ambos casos, quien

presentó la causa de acción obvió un hecho imprescindible:

presentar un emplazamiento dirigido al menor por conducto

de su padre, madre o tutor legal. Por ello, este Tribunal

resolvió

que

al no

ser

incluido

en

el

pleito

procedía

desestimar la demanda.

En el caso ante nuestra consideración, en el epígrafe

de la demanda, el peticionario incluyó como parte demandada

a

la

señora

Santiago

Martínez,

madre

del

menor.

La

Secretaría del Tribunal ⎯a solicitud del peticionario⎯

expidió dos emplazamientos: uno a nombre de “Sandra Enid

Santiago Martínez” y otro a nombre de “[JGRS], por conducto

de

Sandra

Enid

Santiago

Martínez”,

madre

con

patria

potestad y custodia. Ambos emplazamientos se diligenciaron

mediante entrega personal. Si bien el peticionario ⎯quien

compareció por derecho propio⎯ no incluyó el nombre del

menor en el encabezamiento o epígrafe de la demanda, se

presentó y diligenció un emplazamiento dirigido al menor

por conducto de su madre. Es decir, el menor se emplazó

32

conforme

a

derecho

y

el

tribunal

adquirió

jurisdicción

sobre su persona antes de culminar el plazo de caducidad de

forma tal que su madre podía, por sí y como representante

del menor, comparecer a defender sus intereses.

De

otra

parte,

acorde

con

las

disposiciones

que

regulan la figura del defensor judicial, se reconoce la

facultad de los tribunales para nombrar una persona que

represente

los

intereses

del

menor

cuando

lo

juzgue

conveniente o esté dispuesto por ley. 87 Esta representación

es

una

excepción

que

se

fundamenta

en

los

intereses

opuestos que pueden existir entre los padres y el menor. 88

El

nombramiento

de

un

defensor

judicial

no

tiene

unos

requisitos de forma particulares; menos una forma concreta

de realizar la solicitud. Basta con que la parte interesada

haga la petición cuando ambos padres o alguno de ellos

tenga un interés opuesto al de su hijo no emancipado.

En las alegaciones de la demanda, el señor Rivera

Marrero solicitó al tribunal que, “[d]ado a que se trata de

un menor de edad, entendemos prudente el que se designe un

defensor judicial para que los derechos del menor sean

protegidos”. Ante esta petición, el peticionario no tenía

que,

posteriormente,

cumplir

con

unos

requisitos

particulares, tampoco la obligación exclusiva de reiterarle

al tribunal la necesidad de nombrarle un defensor judicial

al menor. Una vez solicitado correspondía al Tribunal de

87

88

Véase Crespo v. Cintrón, supra.

Íd.

33

Primera Instancia, si lo entendía conveniente, efectuar la

correspondiente designación judicial.

Por lo tanto, resolvemos que en un caso de impugnación

de paternidad el hecho de haber omitido en el epígrafe de

la demanda el nombre de un menor no priva de jurisdicción

al tribunal si de las alegaciones de la demanda original,

interpretadas

de

forma

liberal

a

favor

de

la

parte

demandante, se desprende que el menor es parte en el pleito

y este se emplazó correctamente, según disponen las Reglas

de Procedimiento Civil. Aunque la mejor práctica es que se

incluya, la omisión del nombre en el epígrafe de la demanda

es un error de forma subsanable mediante enmienda. Como

corolario, erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar al

foro primario al desestimar la demanda de impugnación que

presentó el señor Rivera Marrero correcta y oportunamente.

IV

Por

los

fundamentos

antes

expuestos,

se

revoca

la

determinación del Tribunal de Apelaciones. En consecuencia,

se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para

que continúen los procedimientos de forma compatible con lo

aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

Edgardo Rivera García

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Geraldo Rivera Marrero

Peticionario

v.

CC-2017-0882

Sandra E. Santiago Martínez

Recurrida

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de octubre de 2019.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, se revoca la determinación del Tribunal de

Apelaciones. En consecuencia, se devuelve el caso al

Tribunal de Primera Instancia para que continúen los

procedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto.

Notifíquese inmediatamente.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco

concurre sin opinión escrita.

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo