Tribunal Supremo de Puerto Rico
Rivera Marrero v. Santiago Martínez
2019 TSPR 192
Poder Judicial de Puerto Rico
Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.
Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico
Rivera Marrero v. Santiago Martínez
CC-2017-882
Derecho de Familia: Impugnación de paternidad – El haber omitido en el epígrafe el nombre del menor, no priva de jurisdicción al tribunal, si de las alegaciones de la demanda se desprende que el menor es parte en el pleito y este fue emplazado correctamente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Geraldo Rivera Marrero
Certiorari
Peticionario
2019 TSPR 192
v.
203 DPR ____
Sandra E. Santiago Martínez
Recurrida
Número del Caso:
CC-2017-882
Fecha: 7 octubre de 2019
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Ponce y Aibonito, Panel IX
Abogada de la parte peticionaria:
Lcda. Hilda Esther Colón Rivera
Abogado de la parte recurrida:
Lcdo. Dennis H. Núñez Ríos
Defensor Judicial:
Lcdo. José Ángel Santini Bonilla
Materia: Derecho de Familia - Impugnación de paternidad - El haber
omitido en el epígrafe el nombre del menor, no priva de
jurisdicción al tribunal, si de las alegaciones de la demanda se
desprende que el menor es parte en el pleito y este fue emplazado
correctamente
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal.
Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Geraldo Rivera Marrero
Peticionario
v.
CC-2017-0882
Certiorari
Sandra E. Santiago Martínez
Recurrida
EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR RIVERA GARCÍA emitió la opinión del
Tribunal.
En San Juan, Puerto Rico, a 7 de octubre de 2019.
La controversia planteada en este caso gira en
torno
a
una
Específicamente,
impugnación
nos
de
corresponde
paternidad.
resolver
si
el
hecho de que el nombre de un menor no consta en el
epígrafe
de
la
demanda,
como
parte
nominal,
es
suficiente en derecho para desestimar una causa de
acción
ante
una
alegación
de
ausencia
de
parte
indispensable. Ello, a pesar de que se incluyó en
las alegaciones como demandado y se emplazó conforme
a derecho. En otros términos, si en una acción de
impugnación
de
paternidad
el
tribunal
tiene
jurisdicción sobre un menor que fue emplazado, pero
en el epígrafe de la demanda no constaba su nombre.
2
El caso, a su vez, nos lleva a examinar la figura del
defensor
judicial
y
a
determinar
si
es
una
obligación
exclusiva de quien impugna el solicitar que se nombre a un
defensor judicial para que los intereses del menor queden
debidamente protegidos.
En ese contexto, aprovechamos para reiterar nuestros
pronunciamientos en Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185 DPR
667 (2012) y Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 192 DPR 854
(2015). Veamos el trasfondo fáctico y procesal que dio
génesis al asunto que nos ocupa.
I
El
21
de
noviembre
de
2014
el Sr.
Geraldo
Rivera
Marrero (señor Rivera Marrero o el peticionario) presentó
por derecho propio una demanda de impugnación de paternidad
contra
la
Sra.
Sandra
Enid
Santiago
Martínez
(señora
Santiago Martínez o la recurrida). Alegó que por ciertas
manifestaciones que la recurrida realizó a terceros tuvo
base razonable para creer que no era el progenitor de JGRS.
Adujo que, durante el mes de junio de 2013, mientras el
menor se encontraba visitándolo en Texas, se realizaron una
prueba de ADN. Sostuvo que la prueba arrojó un resultado
negativo que lo excluyó como padre biológico de JGRS. Ante
esta nueva realidad, acudió al tribunal y solicitó que se
finiquitara su obligación de proveer pensión alimenticia.
Además, expresó que “[d]ado a que se trata de un menor de
edad, entendemos prudente el que se designe un defensor
3
judicial para que los derechos del menor sean protegidos”.
(Énfasis en el original). Ese mismo día la Secretaría del
tribunal expidió dos emplazamientos; uno a nombre de la
recurrida y el otro a nombre de JGRS, por conducto de
Sandra Enid Santiago Martínez. 1 Ambos emplazamientos se
diligenciaron al día siguiente mediante entrega personal.
Interpuesta la demanda, la señora Santiago Martínez
presentó una Moción de desestimación. 2 Alegó que procedía
desestimar la acción de impugnación de paternidad ya que se
presentó
fuera
del
término
de
caducidad
de
seis
meses
dispuesto en la Ley Núm. 215-2009. Arguyó que ese término
no
puede
ser
interrumpido
o
suspendido,
por
lo
que
el
derecho se extingue con el mero transcurso del tiempo.
Por su parte, el peticionario presentó su oposición
mediante
Réplica
[a]
moción
[de]
desestimación. 3
En
lo
pertinente, alegó que no pudo incoar su causa de acción
dentro del referido término ya que se encontraba sirviendo
en el Ejército de Estados Unidos. Sostuvo que como miembro
de las Fuerzas Armadas está cobijado por la Servicemembers
Civil Relief Act (SCRA), 50 USCA sec. 501, et seq. Así,
puntualizó que el estatuto federal extiende el periodo que
tiene una persona para ejercer una acción o procedimiento
legal mientras esté activo en el ejército. En consecuencia,
afirmó que su demanda no había caducado.
Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 89-92.
Íd., págs. 93-95.
3 Íd., págs. 96-101.
1
2
4
Así las cosas, el 20 de febrero de 2015 el Tribunal de
Primera Instancia emitió una Resolución en la que determinó
que
al
peticionario
lo
cobijaba
la
ley
federal.
En
consecuencia, resolvió que la demanda de impugnación de
paternidad
se
presentó
oportunamente.
En
su
dictamen
concedió al peticionario un término de treinta días, para
presentar prueba oficial que acreditara y certificara que
durante
el
periodo
que
comprende
de
junio
de
2013
a
noviembre de 2014 estuvo sirviendo como miembro activo de
las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. 4 Posteriormente, ese
foro notificó una Resolución mediante la cual certificó que
el señor Rivera Marrero presentó la prueba requerida y
decretó la continuación de los procedimientos. 5 A tales
efectos,
ordenó
a
las
partes
a
realizarse
la
pruebas
señora
Santiago
inmunohematológicas y de histocompatibilidad.
Inconforme
Martínez
con
este
proceder,
la
presentó
una
Moción
en
solicitud
de
reconsideración. 6 En esencia, refutó que el peticionario
estuviera cobijado por las regulaciones o leyes federales
invocadas.
El
foro
solicitud.
Aún
en
primario
proveyó
desacuerdo,
la
no
ha
recurrida
lugar
a
su
acudió
al
Tribunal de Apelaciones y reprodujo el mismo planteamiento.
4 Resolución, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 103105. Ello, ya que la prueba que presentó únicamente demostraba que se
encontraba establecido en la base militar de Fort Hood, Texas y que
estaba autorizado a ausentarse de su trabajo por un periodo de tiempo
en lo que se dilucidaba el pleito. Véase Apéndice de la Petición de
certiorari, pág. 76.
5 Véase Resolución, Apéndice de la Petición de certiorari, pág.
116.
6 Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 106-108.
5
El foro apelativo intermedio dictó una Resolución en la que
confirmó el dictamen del foro primario. Concluyó que no
hubo abuso de discreción del Tribunal de Primera Instancia
al determinar que la demanda se interpuso a tiempo. En
consecuencia, denegó el recurso de certiorari que presentó
la señora Santiago Martínez. Esta no solicitó revisión del
dictamen.
Continuados
Primera
los
Instancia,
procedimientos
ante
la
presentó
recurrida
el
Tribunal
una
de
Moción
informativa y en solicitud de orden. 7 Expresó que no se le
notificó el resultado de la prueba que se realizó al menor
y
al
peticionario.
Sostuvo,
además,
que
no
se
había
nombrado un defensor judicial al menor, a pesar de que el
señor Rivera Marrero lo solicitó en la demanda. 8 En su
comparecencia, el abogado de la recurrida dejó establecido
que él no era el representante legal del menor, sino de la
señora Santiago Martínez. Ante ello, manifestó que procedía
que se nombrara a este último un defensor judicial. El 28
de octubre de 2016 el Tribunal de Primera Instancia designó
al Lcdo. José A. Santini Bonilla como defensor judicial de
JGRS.9
El 13 de enero de 2017 el licenciado Santini Bonilla
compareció mediante Memorando de derecho y solicitud de
7
8
Íd., pág. 120.
Íd. Véase Demanda, Apéndice de la Petición de certiorari, pág.
60.
Íd., pág. 122. En la Orden señaló la vista de impugnación de
paternidad para el 2 de noviembre de 2016.
9
6
desestimación. 10 En síntesis, alegó que el emplazamiento
que se expidió a nombre de JGRS, a través de su madre, es
nulo ya que este nunca fue parte del pleito. Sustentó que
si hubiese sido la intención del peticionario demandar al
menor debió incluirlo en el epígrafe como parte demandada.
Si bien reconoció que el señor Rivera Marrero expresó en la
demanda
la
judicial,
necesidad
consideró
de
que
se nombrara
a
que
“en
ninguna
instancia
otra
un defensor
del
pleito lo reiteró”. 11 Estimó que transcurrieron más de dos
años, desde que se presentó la acción legal, sin que el
menor
haya
estado
representado
en
el
litigio.
En
consecuencia, arguyó que procedía la desestimación de la
demanda con perjuicio.
En desacuerdo con ese parecer, el señor Rivera Marrero
presentó
Réplica
y
oposición
a
memorando
de
derecho
y
solicitud de desestimación. 12 Refutó las alegaciones del
licenciado Santini Bonilla y expresó que cuando presentó la
demanda
solicitó
al
tribunal
que
asignaran
un
defensor
judicial al menor. Sin embargo, esbozó que fue el Tribunal
de Primera Instancia el que falló al no nombrarlo. Destacó
que
el
Reglas
menor
de
fue
debidamente
Procedimiento
Civil
emplazado
conforme
y
del
dentro
a
las
término
de
caducidad correspondiente, por lo que el tribunal adquirió
Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 123-128.
Íd.
12 Íd., págs. 129-140.
10
11
7
jurisdicción sobre su persona. 13 Añadió que, luego de que
el foro de primera instancia resolvió que la demanda se
presentó
dentro
de
los
términos
provistos
en
la
ley
correspondiente, la señora Santiago Martínez no acudió en
revisión ante el foro de mayor jerarquía, por lo que el
dictamen del foro apelativo advino final y firme.
Luego de evaluar los planteamientos de las partes, el
Tribunal de Primera Instancia dictó una Sentencia mediante
la cual desestimó la demanda de impugnación de paternidad
por falta de parte indispensable. En el dictamen consignó
las determinaciones de hechos siguientes:
1. El menor JGRS nació el 26 de diciembre de
2002 durante la vigencia del matrimonio entre las
partes.
2. Mediante Sentencia de divorcio del 27 de
agosto de 2009, enmendada el 5 de noviembre de
2009, el vínculo matrimonial quedó disuelto por
la causal de consentimiento mutuo.
3. El demandante Geraldo Rivera Marrero se
mantuvo activo en el servicio militar hasta el 20
de marzo de 2015.
4. El 21 de noviembre de 2014, el demandante
Rivera Marrero presentó demanda de impugnación de
paternidad contra la demandada Santiago Martínez.
5. El demandante no incluyó al menor como
parte indispensable en la demanda.
6. El demandado incluyó en su alegación #13
de la demanda de impugnación de paternidad, la
siguiente expresión: “Dado que se trata de un
El 2 de febrero de 2017 el defensor judicial del menor
compareció mediante Dúplica a réplica y oposición a memorando de
derecho y solicitud de desestimación. Planteó, nuevamente, que no
procedía expedir el emplazamiento al menor ya que este no era parte de
la demanda. Arguyó que un “emplazamiento mal expedido” no subsana el
error de no incluir parte indispensable en el pleito. Véase Apéndice
de
la
Petición
de
certiorari,
págs.
141-142
y
143-146,
respectivamente.
13
8
menor de edad, entendemos prudente que se designe
un defensor judicial, para que los derechos del
menor sean protegidos”.
7. El 21 de noviembre de 2014, a solicitud
del demandante, la Secretaría del tribunal
expidió dos emplazamientos: uno dirigido a la
demandada Sandra Enid Santiago Martínez y el otro
a [JGRS] por conducto de Sandra Enid Santiago
Martínez.
8. Ambos emplazamientos fueron diligenciados
el 4 de diciembre de 2014.
9. El demandante no presentó una solicitud
expresa para la designación de un Defensor
Judicial para el menor, posteriormente.
10. El demandante no enmendó la demanda, ni
solicitó autorización al tribunal para enmendar
la demanda de impugnación de paternidad, a los
fines de incluir como demandado al menor JGRS.
11. El 18 de marzo de 2016, se ordenaron las
pruebas de ADN y las mismas fueron realizadas el
13 de junio de 2016. El resultado de las pruebas
fue excluyente en cuanto al vínculo biológico del
demandante con el menor.
12. El 28 de octubre de 2016, se designó al
Lcdo. José A. Santini Bonilla como defensor
judicial del menor JGRS, luego de que la
demandante advirtiera al tribunal sobre la
omisión.
En esta segunda ocasión, el foro de primera instancia
consideró que el peticionario no incluyó al menor en el
pleito ni solicitó enmendar la demanda para incluirlo como
demandado.
Juzgó
encontr[aba]
en
demandante
a
que
el
los
“[l]a
única
expediente
[era]
efectos
de
que
referencia
la
expresión
‘entendía
que
del
prudente’
designar un defensor judicial y la realizada por el abogado
9
advirtiendo al tribunal del defecto”. 14 Entendió que “las
expresiones del peticionario no cumplían con los requisitos
de
una
solicitud
suficiente
en
contenido,
dirigida
al
tribunal para que se designara a un defensor judicial al
menor tiempo”. 15 (Bastardillas nuestras). En consecuencia,
resolvió
que
carecía
de
jurisdicción
para
atender
la
controversia ya que tal defecto no puede ser subsanado.
Inconforme, el 11 de mayo de 2017 el señor Rivera
Marrero acudió ante el Tribunal de Apelaciones. En esencia,
reafirmó que no procedía desestimar su causa de acción
porque el emplazamiento fue expedido conforme a derecho.
Sostuvo, además, que el foro de primera instancia había
pasado juicio sobre la presentación oportuna de su causa de
acción y había determinado que esta no había caducado.
Mediante
Sentencia,
el
foro
apelativo
intermedio
confirmó el dictamen del foro primario. Resolvió que, a
pesar
de
que
el
menor
fue
emplazado
y
de
que
el
peticionario mencionó al menor en las alegaciones de la
demanda, esta no se enmendó para incluir al menor en el
término de caducidad de seis meses establecido en la Ley
215-2009, supra. En cuanto a la protección que otorga la
SCRA, entendió que el señor Rivera Marrero “estuvo cobijado
por el estatuto hasta que fue relevado del servicio militar
el 22 de febrero de 2015. A partir de ese momento, [este]
disponía de un término de caducidad de seis meses para
14
15
Sentencia, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 43-59.
Íd.
10
incluir al menor en el pleito como parte demandada”. 16
Precisó que no fue hasta el 28 de octubre de 2016 que se
nombró
al
defensor
judicial,
cuando
había
expirado
el
término para incluir el menor en el pleito.
En
desacuerdo
presentó
una
con
Solicitud
este
de
proceder,
el
peticionario
reconsideración. 17
Ese
foro,
mediante Resolución de 18 de septiembre de 2017, la declaró
no ha lugar. 18 Inconforme aún, el 27 de diciembre de 2017
el peticionario acudió ante este Tribunal y planteó los
señalamientos de error siguientes:
A.
SI EL MERO HECHO DE QUE EL NOMBRE DEL MENOR
NO CONSTE EN EL EPÍGRAFE COMO PARTE NOMINAL ES
SUFICIENTE EN DERECHO PARA DESESTIMAR UNA CAUSA
DE ACCIÓN POR FALTA DE PARTE INDISPENSABLE, A
PESAR DE QUE EN LAS ALEGACIONES DE LA DEMANDA
SURGE QUE ÉSTE FUE INCLUIDO COMO DEMANDADO Y SE
SOLICITÓ EL NOMBRAMIENTO DE UN DEFENSOR JUDICIAL,
Y FUE DEBIDAMENTE EMPLAZADO CONFORME A DERECHO
TODO ELLO DENTRO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD.
B.
HABIÉNDOSE EMPLAZADO AL MENOR CONFORME A
DERECHO DENTRO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD, Y
TENIENDO PRESENTE QUE EN LAS ALEGACIONES DE LA
DEMANDA SURGE QUE ÉSTE FUE INCLUIDO, ERRÓ TANTO
EL TPI COMO EL TA EN DESESTIMAR LA CAUSA DE
ACCIÓN, YA QUE EL CONCEPTO “PARTE” ESTA ATADO AL
EMPLAZAMIENTO.
En
síntesis,
reafirma
que
el
menor
fue
emplazado
conforme a derecho, traído al pleito dentro del término de
caducidad
y
que
el
defensor
judicial
no
impugnó
el
diligenciamiento. Puntualiza que en nuestro ordenamiento
jurídico la persona cuyo nombre se incluye en el epígrafe
Sentencia, Apéndice de la Petición de certiorari.
Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 149.
18 Íd., pág. 162.
16
17
11
de
la
demanda,
nominal.
pero
no
que
es
Añade
se
emplaza,
con
el
se
considera
parte
diligenciamiento
del
emplazamiento que la persona se convierte propiamente en
parte del pleito. Ante ello, plantea que el emplazamiento
es lo que da paso al debido proceso de ley y el cual
viabiliza
el
ejercicio
de
la
consecuencia,
sostiene
que
no
jurisdicción
judicial.
En
procedía
desestimar
la
demanda de impugnación de paternidad.
De
otra
parte,
el
defensor
judicial
presentó
un
Alegato del menor. Aduce que el hecho de que el menor se
mencionó en las alegaciones de la demanda y se diligenció
un emplazamiento a su nombre no subsana la deficiencia de
omitir
una
parte
indispensable.
Sostiene
que
el
emplazamiento que emitió la Secretaría del tribunal es nulo
y no proporcionó jurisdicción al tribunal sobre el menor
para
adjudicar
la
controversia
conforme
lo
resuelto
en
Bonilla Ramos v. Dávila Medina, supra. Así las cosas, la
recurrida presentó un escrito mediante el cual informó que
se unía al alegato del menor.
Con el fin de atender la controversia que nos ocupa,
examinaremos
solución
los
del
preceptos
caso.
legales
Particularmente,
que
gobiernan
la
la
doctrina
de
filiación, las vías principales para establecerla y las
acciones judiciales relacionadas; los casos en los que se
ha requerido la designación de un defensor judicial y la
figura
del
emplazamiento
con
el
fin
de
auscultar
la
jurisdicción del foro de primera instancia en este asunto.
12
II
A. La doctrina de la filiación
La filiación es la relación jurídica que procede del
vínculo natural entre padres e hijos. 19 También, la hemos
definido como la
condición a la cual una persona atribuye el hecho
de tener a otra u otras por progenitores suyos;
es
un
hecho
biológico
consistente
en
la
procreación de una persona por otras, una inicial
realidad biológica recogida y regulada por el
ordenamiento jurídico con el fin de distribuir
derechos y obligaciones entre los progenitores y
los seres procreados por ellos, o dicho de otra
manera, entre padres e hijos.20
En previas interpretaciones provistas a esta figura
hemos
señalado
configuración,
que
es
la
decir,
filiación
la
tiene
filiación
una
jurídica
doble
y
la
biológica. 21 De manera que, no solo vincula a los padres
con los hijos, sino que impone derechos y obligaciones
específicas con consecuencias jurídicas indelebles. 22 Sin
embargo, la realidad biológica no siempre coincide con la
jurídica.23
J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed.,
Barcelona, Ed. Bosch, 1985, T. IV, pág. 187.
20 Sánchez v. Sánchez, 154 DPR 645, 660 (2001); Sánchez Rivera v.
Malavé Rivera, 192 DPR 854, 862 (2015); Vázquez Vélez v. Caro Moreno,
182 DPR 803, 809 (2011); Mayol v. Torres, 164 DPR 517, 529 (2005).
Véase, además, L. Díez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil,
7ma ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1997, Vol. IV, pág. 249.
21 Véanse Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, supra, pág. 862; Mayol
v. Torres, supra, pág. 529.
22
Véanse Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, supra, pág. 863;
Sánchez v. Sánchez, supra, pág. 660.
23 Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, supra, págs. 863-864; Vázquez
Vélez v. Caro Moreno, supra, pág. 809; Calo Morales v. Cartagena Calo,
129 DPR 102, 112 (1991).
19
13
Ante la importancia de la relación filial, nuestro
ordenamiento jurídico abrió la brecha legal para tratar, en
lo
posible,
de
reconciliar
ambas
realidades.
En
ese
sentido, nuestro desarrollo jurisprudencial en materia de
filiación ha tenido como norte “que brille la verdad y se
reconozca a todos los fines legales la relación biológica
entre
padres
e
hijos”. 24
Ello,
buscando
armonizar
la
necesidad de identificar la verdadera filiación biológica
y, al mismo tiempo, promover la estabilidad filial.25
Existen dos circunstancias que determinan la filiación
de un hijo respecto a su padre. 26 Por un lado, tenemos al
hijo cobijado por una presunción de legitimidad por haber
nacido vigente el matrimonio de sus padres y, por el otro,
la del hijo no matrimonial. 27 En ambos casos, el Derecho ha
establecido presupuestos de hecho para enlazar los efectos
de la filiación. Así, el matrimonio es el hecho que vincula
la filiación matrimonial y el reconocimiento es el medio
para determinar la filiación no matrimonial.28
Ahora bien, nuestro ordenamiento jurídico vislumbra
tres acciones judiciales que corresponden a la filiación, a
saber: (1) la afirmación de filiación; (2) la acción de
impugnación, y (3) la mixta. En esta última se busca la
declaración de determinada filiación mientras que se niega
Sánchez v. Sánchez, supra, pág. 662; Ramos v. Marrero, 116 DPR
357, 358 (1985).
25 Véase Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, supra, pág. 864.
26 Sánchez v. Sánchez, supra, pág. 663.
27 Íd.
28 Íd., págs. 663-665.
24
14
otra
contradictoria,
ambas
son
interdependientes
entre
sí.29
En lo pertinente al asunto ante nos, la acción de
impugnación de filiación está regulada por los Artículos
113 a 117 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA secs.
461–465. El Art. 117, según enmendado por la Ley Núm. 2152009, dispone que el padre legal tiene seis meses contados
a partir de la fecha en que advenga en conocimiento de la
inexactitud
en
la
filiación
para
instar
impugnación de presunción de paternidad. 30
la
acción
de
Para que una
acción de impugnación prospere es necesario que la acción
se presente oportunamente y que la misma esté basada en
alegaciones
específicas
que,
tomándolas
como
ciertas,
demuestren a satisfacción del juzgador que existe una duda
real sobre la exactitud de la filiación.31
Con el propósito de evitar la incertidumbre y promover
la
estabilidad
legislador
dejó
jurídica
de
la
relación
establecido
que
los
filiatoria,
términos
para
el
las
acciones de impugnación sean de caducidad. 32 Sabido es que
la caducidad es la decadencia de un derecho o su pérdida
por
no
haber
cumplido,
en
el
plazo
determinado,
la
Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, supra, págs. 862-863;
Álvareztorre Muñiz v. Sorani Jiménez, 175 DPR 398, 413–414 (2009);
Sánchez v. Sánchez, supra, pág. 670.
30 El Art. 117 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 465.
La Ley Núm. 215-2009 enmendó los términos para impugnar la paternidad
o la maternidad. Véase, además, Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185
DPR 667, 674-675 (2012).
31 Mayol v. Torres, supra, pág. 554.
32 Álvareztorre Muñiz v. Sorani Jiménez, supra; Bonilla Ramos v.
Dávila Medina, supra, pág. 676; Vázquez Vélez v. Caro Moreno, supra,
pág. 676. Véanse, además: Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, supra, pág.
864; González Rosado v. Echevarría Muñiz, 169 DPR 554, 562 (2006);
Castro v. Negrón, 159 DPR 568, 595-596 (2003).
29
15
formalidad o condición exigida por la ley. 33 Se pierde el
derecho por incumplir con las formalidades o condiciones
exigidas dentro del plazo determinado. 34 Contrario a la
prescripción, en la caducidad, teniendo en cuenta el modo
automático y directo de operar la extinción, no se dan
causas de interrupción y suspensión de la misma. 35 Ello
obedece a la finalidad de concretar de antemano el término
dentro
del
cual
podrá
ejercitarse
los
derechos.
Busca,
además, evitar la incertidumbre de la relación filiatoria y
propiciar la estabilidad jurídica. 36 Por esto, siempre que
existe un término de caducidad se extingue el derecho a la
causa de acción con el mero transcurso del tiempo.37
Por consiguiente, si la acción de impugnación no es
promovida dentro del plazo fijado en ley se consolida el
status familiae del hijo o la hija, para todos los efectos
legales,
por
haber
caducado
el
término.
38
Una
vez
transcurridos los seis meses a partir de que el presunto
padre advino en conocimiento de la inexactitud filiatoria,
el estado filiatorio adviene final y no podría ejercitarse
33
Castro v. Negrón, supra, pág. 596 esc. 25, citando a R.
Ortega-Vélez, Compendio de derecho de familia, San Juan, Publicaciones
JTS, 2000, T. I, pág. 393.
Véanse, además: Sánchez Rivera v. Malavé
Rivera, supra, pág. 864; González Rosado v. Echevarría Muñiz, supra,
562.
34 Íd.
35 Vázquez Vélez v. Caro Moreno, supra; Muñoz v. Ten General, 167
DPR 297, 302 (2006); Ortiz Rivera v. Sucn. González Martínez, 93 DPR
562, 567 (1966).
36 Bonilla Ramos v. Dávila, supra, pág. 676; Vázquez Vélez v.
Caro Moreno, supra, pág. 813; Álvareztorre Muñiz v. Sorani Jiménez,
supra, pág. 416; González Rosado v. Echevarría Muñiz, supra, pág. 568;
Castro v. Negrón, supra, pág. 596.
37 Bonilla Ramos v. Dávila, supra, pág. 676; Vázquez Vélez v.
Caro Moreno, supra, pág. 813; Muñoz v. Ten General, supra, pág. 302.
38
Véanse: Bonilla Ramos v. Dávila Medina, supra, pág. 676;
Vázquez Vélez v. Caro Moreno, supra, pág. 813.
16
la acción de impugnación, aunque la realidad biológica no
coincida con la jurídica.39
B. Parte indispensable
La Regla 16 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,
gobierna lo relacionado a la acumulación indispensable de
partes. Específicamente, la Regla 16.1 dispone que quien
tenga
un
interés
común
sin
cuya
presencia
no
pueda
adjudicarse una controversia, se hará parte en el pleito y
se
acumulará
como
demandante
o
demandada,
según
corresponda.40
Una parte se convierte en indispensable “cuando la
controversia no puede adjudicarse sin su presencia ya que
sus derechos se verían afectados”. 41 Por esa razón, si no
está presente en el litigio se trasgrede el debido proceso
de
ley
del
ausente. 42
indispensable,
el
Ante
tribunal
la
ausencia
carece
de
de
una
parte
jurisdicción
para
resolver la controversia.43
Un
menor
es
parte
indispensable
en
una
acción
de
impugnación de paternidad y la madre es, a lo sumo, una
parte demandada apropiada. 44 Esto se debe a que el efecto
que sobrellevaría la acción de impugnación de filiación se
Bonilla Ramos v. Dávila Medina, supra, págs. 676-677.
32 LPRA Ap. V.
41 Bonilla Ramos v. Dávila Medina, supra, pág. 677; Cepeda Torres
v. García Ortiz, 132 DPR 698 (1993). Véase, además, Mun. de San Juan
v. Bosque Real, S.E., 158 DPR 743 (2003), citando a Fuentes v.
Tribunal de Distrito, 73 DPR 959, 981 (1952).
42 Bonilla Ramos v. Dávila Medina, supra, pág. 677; Romero v.
S.L.G. Reyes, 164 DPR 721 (2005).
43 Íd., págs. 678-679.
44 Íd.
39
40
17
da realmente contra el menor. Esto es que el menor pasaría
a pertenecer a una familia distinta.45
Cónsono con lo anterior, las Reglas de Procedimiento
Civil también disponen que “[l]a indebida acumulación de
partes no constituirá motivo para desestimar un pleito”. 46
En
cualquier
elimine
o
momento
incorpore
el
a
tribunal
una
parte,
puede
a
ordenar
que
solicitud de
se
esta,
incluso el tribunal motu proprio, en cualquier estado del
procedimiento. 47 Cuando el tribunal ordena la inclusión de
una nueva parte, esta deberá ser traída al pleito mediante
emplazamiento, a menos que la parte comparezca de forma
voluntaria.48
C. El emplazamiento
El emplazamiento es un mecanismo procesal que tiene
como propósito notificar al demandado sobre la existencia
de una reclamación incoada en su contra. 49 Al mismo tiempo
este método de notificación permite al tribunal adquirir
jurisdicción sobre la persona demandada de forma tal que
este
quede
obligado
por
el
dictamen
que
en
su
día
Íd.
32 LPRA Ap. V. Véase, además, J. Cuevas Segarra, Tratado de
Derecho Procesal Civil, 2da ed., T. II, Pubs. JTS, 2011, pág. 699; R.
Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: Derecho procesal
civil, 5ta ed., San Juan, Ed. Lexisnexis, 2010, Sec. 1110, pág. 172.
47 Íd.
48 Véanse
Bernier González v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 637
(2018); Cirino González v. Adm. Corrección et al., 190 DPR 14, 29–30
(2014); Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 863 (2005); First
Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 DPR 901, 913 (1998). Véase,
además, Cuevas Segarra, op. cit., págs. 722-723.
49 Rivera v. Jaume, 157 DPR 562, 575 (2002).
45
46
18
recaiga. 50 La parte demandante tiene la obligación de dar
cumplimiento
estricto
a
los
requerimientos
del
emplazamiento, incluso su diligenciamiento, ya que existe
una política pública que requiere que la parte demandada
sea
emplazada
y
notificada
debidamente
para
evitar
el
fraude y que los procedimientos judiciales se utilicen para
privar a una persona de su propiedad sin el debido proceso
de ley.51
En lo pertinente a la controversia, la Regla 4.1 de
Procedimiento
Civil,
presentar
demanda,
la
32
LPRA
el
Ap.
V,
demandante
dispone
también
que,
al
deberá
presentar el formulario de emplazamiento. 52 Entonces, el
Secretario
o
Secretaria
del
Tribunal
expedirá
emplazamientos
individuales
o
adicionales
contra
cualesquiera partes demandadas.53
Al aprobarse las Reglas de Procedimiento Civil de 2009
se
acogieron
las
recomendaciones
del
Comité
Asesor
Permanente para uniformar el formulario del emplazamiento
de manera que exista una única forma oficial en cuanto al
contenido. 54 En consecuencia, en el emplazamiento se hará
constar el nombre de la parte demandada que se emplaza y se
Bernier González v. Rodríguez Becerra, supra; Márquez v.
Barreto, 143 DPR 137, 142 (1997).
51 First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., supra. Véase, además,
Informe de Reglas de Procedimiento Civil de diciembre de 2009.
52 32 LPRA Ap. V.
53 Íd.
54 El cambio fundamental consistió en añadir parte del lenguaje
de la Regla 21 (a) de las Reglas para la Administración del Tribunal
de Primera Instancia para incluir información del abogado del
demandante o los de la parte demandante cuando este no tenga
representación legal y precisar que la comparecencia del demandado es
al tribunal. Véase Cuevas Segarra, op. cit., T. I, pág. 305. Véase,
además, Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, supra, pág. 870.
50
19
expedirá
un
demandada.
55
emplazamiento
por
Ciertamente,
“el
separado
para
emplazamiento
cada
parte
debe
ser
expedido por cada parte que esté en el epígrafe de la
demanda como demandado”. (Énfasis suplido). 56 Sin embargo,
en López v. Secretaria, 162 DPR 345, 355 (2004), expresamos
lo siguiente:
[e]n una jurisdicción como la nuestra, donde lo
que se requiere es que la demanda le notifique a
la parte demandada, a grandes rasgos, las
reclamaciones que se le están haciendo, el
determinar si efectivamente se le ha notificado a
una
persona,
natural
o
jurídica,
las
reclamaciones que se le están haciendo, requiere
de un análisis más allá de simplemente auscultar
el epígrafe de la demanda. Una determinación de
esta naturaleza requiere que se analicen todas
las alegaciones de la demanda, de forma conjunta,
las unas con las otras. Si de este análisis surge
que
los
demandados
están
razonablemente
prevenidos de la reclamación que existe en su
contra, se considera que la demanda es suficiente
y no procede su desestimación. (Énfasis en el
original omitido y énfasis suplido).57
Ahora
bien,
diligenciarán
el
emplazamiento
conjuntamente.
58
El
y
la
demanda
se
diligenciamiento
se
efectúa de distintas maneras dependiendo de la persona que
se pretende emplazar. 59 Cuando en un pleito se demanda al
padre o madre con patria potestad de un menor de menos de
catorce años, en su carácter personal, y también se demanda
Íd.
Véase Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, supra, pág. 870.
57 En la expresión citamos la Regla 6.6 de Procedimiento Civil de
1979 la cual disponía que “[t]odas las alegaciones se interpretarán
con el propósito de hacer justicia”. Al aprobarse las nuevas reglas en
2009 esta regla se eliminó ya que “su contenido se encuentra implícito
en el texto de la Regla 1” actual. Véase Informe de Reglas de
Procedimiento Civil, pág. 83.
58 Véase la Regla 4.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.
59 Íd.
55
56
20
al menor en el mismo proceso, se requiere que cada uno de
estos sea debidamente emplazado. 60 De manera que, para que
el tribunal adquiera jurisdicción sobre todas las partes,
es
indispensable
que
estos
sean
emplazados
conforme
a
derecho. 61 Ello, debido a que el menor de edad tiene una
personalidad jurídica distinta a la de su padre o madre con
patria potestad. 62 En otros términos, para que los menores
sean
parte
de
procedimientos
un
pleito
judiciales
deben
comparecer
representados
por
su
a
los
padre
o
madre con patria potestad, su tutor general o un defensor
judicial.63
Conforme a las Reglas de Procedimiento Civil, si el
menor demandado tiene catorce años o más se le tiene que
entregar una copia del emplazamiento y de la demanda a él
personalmente y a su padre o madre con patria potestad. En
el caso de un menor de edad que cuente con menos de catorce
años,
se
debe
diligenciar
el
emplazamiento
mediante
su
entrega junto con una copia de la demanda al padre o madre
con patria potestad, o en ausencia de estos a su tutor. 64 A
tales
efectos,
en
lo
pertinente,
la
Regla
4.4
de
Procedimiento Civil, supra, dispone que:
60 Regla 4.4 (b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Véase,
además, Cuevas Segarra, op. cit., T. I, págs. 307-308.
61 Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, supra; Vega v. Bonilla, 153
DPR 588, 592 (2001); Pauneto v. Núñez, 115 DPR 591, 594 (1984).
62 Álvareztorre Muñiz v. Sorani Jiménez, supra. Véase, además,
Hernández Colón, op. cit., pág. 161.
63 Íd., pág. 678. Véanse, además: Álvareztorre Muñiz v. Sorani
Jiménez, supra, pág. 419; Art. 153 del Código Civil, 31 LPRA sec. 601;
Regla 15.2 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V; Hernández
Colón, op. cit., pág. 149.
64 Regla 4.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.
21
b) A una persona menor de catorce (14) años de
edad, entregando copia del emplazamiento y de la
demanda a su padre o madre con patria potestad, o
tutor o tutora.
.
.
.
.
.
.
.
.
A un(a) menor de edad de catorce (14) años de
edad o más, entregando copia del emplazamiento y
de la demanda a dicho(a) menor personalmente y a
su padre o madre con patria potestad, o a su
tutor(a) [. . .] (Énfasis suplido).
Por tal razón, consistentemente hemos señalado que “la
falta de diligenciamiento del emplazamiento (personal o por
edictos) priva al tribunal de jurisdicción sobre la persona
e invalida cualquier sentencia en su contra”. 65 Igualmente,
hemos enfatizado que “no es hasta que se diligencia el
emplazamiento y se adquiere jurisdicción que la persona
puede ser considerada propiamente parte; aunque haya sido
nombrada en el epígrafe de la demanda, hasta ese momento
solo es parte nominal”.66
(Énfasis suplido).
En Bonilla Ramos v. Dávila Medina, supra, tuvimos la
oportunidad
únicamente
de
a
la
auscultar
madre
si
del
era
menor,
suficiente
quien
emplazar
ostentaba
la
custodia y la patria potestad o si, por el contrario, el
menor es parte indispensable que debe incluirse en la causa
de acción de filiación y, por consiguiente, emplazarlo para
que el tribunal adquiera jurisdicción sobre su persona.
Medina v. Medina, 161 DPR 806 (2004); Acosta v. ABC, Inc., 142
DPR 927 (1997). Véase, además, Bernier González v. Rodríguez Becerra,
supra.
66 Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, supra, págs. 874-875; Medina
v. Medina, supra. Véase, además, Bernier González v. Rodríguez Becerra,
supra.
65
22
Allí,
el
padre
del
menor
presentó
una
acción
de
impugnación de paternidad. Demandó a la madre del menor y
no incluyó en la demanda al menor. El menor, quien al
momento contaba con catorce años, tampoco fue emplazado. La
Procuradora de Asuntos de la Familia, quien había sido
designada por el tribunal como defensora judicial, solicitó
la desestimación. Argumentó que no se ejercitó la acción ni
se perfeccionó la demanda porque no se incluyó al menor
como
parte
provisto
indispensable
por
la
Ley
en
Núm.
el
litigio
215-2009.
en
el
su
parte,
Por
término
el
peticionario planteó que no procedía desestimar la acción
sino ordenar que se incluyera al menor en el pleito.
Expresamos que “aun cuando se demande al padre, a la
madre o a la persona que ostente la patria potestad del
menor
cuya
filiación
se
impugna,
es
el
menor la
parte
realmente perjudicada y debe ser incluido en el pleito”.
Por
ello,
expresamos
que
“[n]o
en
vano
las
Reglas
de
Procedimiento Civil disponen que cuando se demanda a un
menor de catorce años o más éste debe emplazarse y además
entregársele copia de la demanda” en aras de cumplir con el
imperativo
constitucional
del
debido
proceso
de
ley.
67
(Énfasis suplido). Pues, se puede dar el caso en que los
intereses del menor estén encontrados con los de quien le
suple
capacidad
y
sea
necesario
nombrar
un
defensor
judicial. Sin embargo, “para determinar si lo anterior es
necesario o no debe notificársele al menor que ha sido
67
Bonilla Ramos v. Dávila Medina, supra, pág. 681.
23
demandado que alguien debe representarlo en el pleito”. 68
Ante ello, resolvimos que el menor cuya impugnación de
filiación
se
solicita
es
parte
indispensable,
debe
ser
incluido en el pleito y ⎯de ser mayor de catorce años⎯
emplazado correctamente dentro del término de caducidad de
seis meses que dispone la Ley Núm. 215-2009 para instar la
acción de impugnación. 69 De esta manera el menor podrá, a
través de quien ostenta la capacidad de representarle o
mediante un defensor judicial nombrado por el tribunal,
defender sus intereses.
Posteriormente, en Sánchez Rivera v. Malavé Rivera,
supra, atendimos una controversia relacionada a las normas
que rigen el emplazamiento en una acción de impugnación de
paternidad. El caso nos brindó la oportunidad de determinar
si es suficiente emitir un emplazamiento al padre o a la
madre con patria potestad, en su carácter personal y como
representante del menor, para adquirir jurisdicción sobre
este. En esa ocasión, el señor Sánchez Rivera presentó una
demanda
de
impugnación
de
paternidad
contra
la
señora
Malavé Rivera por sí y en representación de su hijo menor
de catorce años de edad. Del emplazamiento surgía que la
parte demandada únicamente era la señora Malavé Rivera. Es
decir, el encabezamiento del emplazamiento estaba dirigido
solo a ella. Esta solicitó la desestimación de la acción de
68
69
Íd.
Íd., págs. 682-683.
24
impugnación de paternidad por falta de parte indispensable
porque no se emplazó al menor.
A base de estos hechos, enunciamos que
el emplazamiento personal al padre o madre
con patria potestad de un hijo menor de catorce
años de edad, quien es a su vez parte demandada
en su carácter personal, no puede conllevar que
automáticamente el menor de edad demandado haya
quedado emplazado o sometido a la jurisdicción
del tribunal. Para que el menor quede emplazado
tiene que surgir del emplazamiento que este va
dirigido al menor de edad por conducto de su
padre o madre con patria potestad, o tutor(a). Lo
contrario implicaría abdicar el hecho de que el
menor de edad goza de una personalidad propia y
distinta a la de su representante. 70 (Énfasis
suplido).
Así, ante la falta del emplazamiento del padre o la
madre en representación del menor este Tribunal concluyó
que
[p]ara que se adquiera jurisdicción sobre el
menor demandado, es necesario que se le emplace
expresamente por conducto de su representante
legal. Sin embargo, si su representante legal
también figura como parte demandada no bastará
con que se adquiera jurisdicción sobre este para
que se entienda que el menor fue debidamente
emplazado. Es necesario que se haga constar que
tanto el representante legal como el menor
representado fueron debidamente emplazados [...].
(Énfasis suplido).71
D. El nombramiento del defensor judicial
El defensor judicial es un “tutor especial nombrado
[por el tribunal] para que represente a un incapacitado o a
70
71
Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, supra, pág. 872.
Íd., págs. 874-875.
25
un
menor
en
un
pleito
específico”. 72
El
nombramiento
procede en virtud del poder de parens patriae que ostenta
el
Estado
y
que tiene
como
único
y
principal objetivo
asegurar el bienestar de los menores e incapaces. 73 La
razón de su existencia es servir de garantía y protección a
los menores y “suplir la capacidad jurídica in actu del
menor cuando los intereses de éste son antitéticos a los de
su padre o madre”.74
Según Manresa, el origen de esta institución jurídica
emerge de la necesidad de atender a la defensa del hijo en
cualquier asunto en que su interés sea opuesto al del padre
o la madre, a cuya potestad está sometido. 75 Su naturaleza
jurídica se halla en la designación de una persona, por
mandato judicial y mediante la figura de un juez, para que
procure la representación del menor, particularmente en las
particiones hereditarias.76
Las disposiciones que regulan la figura del defensor
judicial son el Art. 160 del Código Civil, 31 LPRA sec.
617; la Regla 15.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V y
el Art. 611 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA
sec. 2666. Este último instituye que el nombramiento de
defensor se hará siempre mediante petición, en la que se ha
72 Crespo v. Cintrón, 159 DPR 290, 300 (2003), citando a R & G
Premier Bank P.R. v. Registradora, 158 DPR 241 (2002); Rivera y otros
v. Bco. Popular, 152 DPR 140 (2000); Fernández Martínez v. Tribunal
Superior, 89 DPR 754, 758 (1964).
73 Íd.
74 Véase F. Seix, Nueva enciclopedia jurídica, Barcelona, 1954,
T. VI, pág. 342.
75 Íd., pág. 343.
76 Íd., pág. 344. Véase, además, A. Majada, La incapacitación, la
tutela y sus formularios, Ed. Bosch, Barcelona, 1985, págs. 215-216.
26
de consignar, bajo juramento, que el menor de que se trata
se halla en el caso previsto por el Art. 160 del Código
Civil. El Art. 160 establece que “[s]iempre que en algún
asunto ambos padres o alguno de ellos tenga un interés
opuesto
al
de
sus
hijos
no
emancipados,
el
Tribunal
Superior nombrará a éstos un defensor judicial que los
represente en juicio o fuera de él”.77
Hemos interpretado que el interés opuesto se entenderá
cuando
exista
una
incompatibilidad
de
intereses
sobre
determinados bienes, por ser los padres y los hijos, es
decir,
cuando
los
intereses
de
los
padres
actúen
en
menoscabo de los intereses de los hijos. 78 Por ejemplo,
cuando ambos sean coparticipes de una misma herencia o,
respectivamente,
herederos
y
legatarios
de
la
misma
sucesión. 79 Algunos tratadistas opinan que en el caso en
que la madre y el hijo tengan un “interés común” en el
pleito
en
designación
el
cual
judicial
le
pueda
del
representar
defensor. 80
Es
no
procede
decir,
que
la
si
existe perfecta compatibilidad entre los intereses de la
madre o del padre con los del hijo no es necesario hacer la
77
Íd. Véase, además, ASR v. Proc. Rel. Familia, 196 DPR 944
(2016).
78
Álvareztorre Muñiz v. Sorani Jiménez, supra; Crespo v.
Cintrón, supra.
79 Íd.
80 Seix, op. cit., pág. 346. Véase, además, María Victoria Mayor
del Hoyo, Sobre la intervención del defensor judicial en los procesos
de impugnación de paternidad (comentario a la STS 481/1997, de 5 de
junio), Anuario de derecho civil, Vol. 51, Núm. 2, 1998, págs. 917936,
en:
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU
-C-1998-20091700936 (última visita, 7 de octubre de 2019).
27
designación. 81
Sostienen
que
sería
inconsistente
en
la
relación jurídico procesal si el que demanda al hijo, al
mismo tiempo defiende sus intereses. 82 En otros términos,
si el conflicto únicamente es con alguno de sus padres el
otro puede representarlo. No obstante, hay que ponderar las
circunstancias de cada caso, con criterio de amplitud a
favor de la designación de defensor judicial cuando se dude
si existe oposición entre los representantes legales y el
menor.83
Ante
una
situación
de
conflicto
de
intereses
el
Tribunal, “a petición de cualquiera de los padres, del
mismo menor, del fiscal o de cualquiera persona capaz para
comparecer en juicio”, ostenta legitimación para solicitar
que se nombre un defensor judicial. 84 Para ello, la Regla
15.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, faculta a los
tribunales para nombrar un defensor judicial que represente
81 Como norma general, los padres tienen, respecto a sus hijos no
emancipados, el deber de representarlos en el ejercicio de todas las
acciones que puedan redundar en su provecho. 31 LPRA sec. 601. “Es
sólo cuando los intereses del menor y de sus padres están en
conflicto, o si el tribunal lo cree conveniente, que al menor lo
representa su tutor general o un defensor judicial”. Cuevas Segarra,
op. cit., T. II, pág. 672; Biaggi v. Corte, 68 DPR 407 (1948) y
Agostini v. Registrador, 39 DPR 577 (1929). Véase, además, María
Victoria Mayor del Hoyo, Sobre la intervención del defensor judicial
en los procesos de impugnación de paternidad (comentario a la STS
481/1997, de 5 de junio), Anuario de derecho civil, Vol. 51, Núm. 2,
1998,
págs.
917-936,
en:
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU
-C-1998-20091700936 (última visita, 7 de octubre de 2019).
82 María Victoria Mayor del Hoyo, Sobre la intervención del defensor
judicial en los procesos de impugnación de paternidad (comentario a la
STS 481/1997, de 5 de junio), Anuario de derecho civil, Vol. 51, Núm.
2,
1998,
págs.
917-936,
en:
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU
-C-1998-20091700936 (última visita, 7 de octubre de 2019).
83 Véase Majada, op. cit., págs. 223-224.
84
Álvareztorre Muñiz v. Sorani Jiménez, supra; Crespo v.
Cintrón, supra.
28
a
un
menor
de
edad
judicialmente
en
una
o
a
causa
de
una
persona
acción
incapacitada
cuando
lo
juzgue
conveniente o esté dispuesto por ley. Así, el inciso (a)
dispone lo siguiente:
(a) Un o una menor deberá comparecer por medio de
su padre o madre con patria potestad o, en su
defecto, por medio de su tutor o tutora general.
Una persona mayor de edad o emancipada que esté
judicialmente incapacitada deberá comparecer por
medio de su tutor o tutora general. Sin embargo,
el tribunal podrá nombrarle un defensor o una
defensora judicial a cualquier menor o persona
incapacitada judicialmente siempre que lo juzgue
conveniente o esté dispuesto por ley. (Énfasis
suplido).
El inciso de esa regla contempla que, si la capacidad
de una persona está restringida por alguna condición, ya
sea minoría de edad, demencia, prodigalidad, entre otras,
queda
a
discreción
procede⎯
un
tribunal
⎯si
es
conveniente
y
nombrarle un defensor judicial. 85 Lo que rige es
criterio
discreción
del
de
de
conveniencia.
establecer
El
cualquier
Tribunal
otra
tiene
medida
la
para
proteger los intereses de la parte incapacitada, a la vez
que procura que el caso sea resuelto de una manera justa,
rápida y económica. 86
III
La controversia requiere determinar si el hecho de que
el nombre del menor no consta en el epígrafe de la demanda,
85
Véanse: Regla 15.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V;
Rivera y otros v. Bco. Popular, supra.
86 Véase Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.
29
como
parte
nominal,
es
suficiente
en
derecho
para
desestimar la causa de acción ante la alegación de ausencia
de parte indispensable. Ello, a pesar de que se realizó un
emplazamiento conforme a derecho. Veamos.
Según
se
desprende
de
la
discusión
anterior,
el
peticionario advino en conocimiento de la inexactitud de la
filiación en junio de 2013. En ese momento se encontraba
activo en el servicio militar. De las determinaciones de
hechos
del
Tribunal
de
Primera
Instancia
surge
que
desempeñó esa función hasta el 20 de marzo de 2015.
Aunque la Ley Núm. 215-2009 dispone un término de
caducidad
de
seis
meses
para
presentar
una
acción
de
impugnación de paternidad, el Tribunal de Primera Instancia
concluyó
que
al
protecciones
señor
que
Rivera
provee
la
Marrero
le
cobijaban
las
SCRA.
Al
aplicar
las
disposiciones de la ley federal resolvió, correctamente,
que,
a
pesar
de
que
este
instó
la
demanda
el
21
de
noviembre de 2014, la causa de acción se presentó a tiempo.
El Tribunal de Apelaciones, a su vez, confirmó el dictamen.
Luego
de
varios
incidentes
procesales,
el
foro
primario nombró al licenciado Santini Bonilla como defensor
judicial del menor. Este advirtió que el nombre del menor
no se incluyó en el epígrafe de la demanda y solicitó la
desestimación por falta de parte indispensable. Alegó que
el emplazamiento es nulo ya que su diligenciamiento no
subsanó
tal
omisión.
El
acogió
este
planteamiento
Tribunal
y
de
concluyó
Primera
que
Instancia
carecía
de
30
jurisdicción para atender la reclamación del señor Rivera
Marrero.
Entendió
que
el
epígrafe
de
la
demanda
debió
enmendarse para incluir al menor. Coligió que como no se
enmendó antes del plazo de caducidad de seis meses y no se
nombró
a
un
defensor
había
caducado.
judicial
Razonó,
oportunamente,
además,
que
la
la
acción
solicitud
que
realizó el peticionario para que se le nombrara un defensor
judicial “no cumplió con los requisitos de una solicitud
suficiente”.
El
Tribunal
de
Apelaciones
confirmó
al
Tribunal de Primera Instancia. En síntesis, concluyó que
desde
el
momento
en
que
se
relevó
al
peticionario
del
servicio militar, este tenía seis meses para enmendar la
demanda.
Opinó,
además,
que
al
nombrarse
un
defensor
judicial habiendo expirado ese término procedía desestimar
la demanda. Ambos foros erraron en su proceder.
Como expusimos, nuestro ordenamiento legal
establece
que para que una persona se considere parte del pleito, y
que el tribunal adquiriera jurisdicción sobre su persona,
lo importante es que se emita y diligencie un emplazamiento
conforme a derecho. Ello, aun cuando su nombre no conste en
el epígrafe de la demanda. Es decir, lo determinante es que
se utilice el mecanismo del emplazamiento con su debido
diligenciamiento
para
activar
la
jurisdicción
de
los
tribunales sobre la persona del demandado.
Según
distinguimos,
Rivera,
supra,
y,
Dávila
Medina,
supra,
en
Sánchez
posteriormente,
atendimos
en
una
Rivera
Bonilla
v.
Malavé
Ramos
situación
v.
sobre
31
impugnación
de
paternidad
en
la
que
el
menor
cuya
impugnación se solicitó no se incluyó en el pleito ni se
emplazó
conforme
disponen
las
Reglas
de
Procedimiento
Civil. Distinto al caso ante nuestra consideración, en cada
uno
de
los
casos
se
diligenció
un
único
emplazamiento
dirigido a la madre del menor; en su carácter personal y en
representación del menor. Es decir, que la única demandada
y emplazada fue la madre del menor. En ambos casos, quien
presentó la causa de acción obvió un hecho imprescindible:
presentar un emplazamiento dirigido al menor por conducto
de su padre, madre o tutor legal. Por ello, este Tribunal
resolvió
que
al no
ser
incluido
en
el
pleito
procedía
desestimar la demanda.
En el caso ante nuestra consideración, en el epígrafe
de la demanda, el peticionario incluyó como parte demandada
a
la
señora
Santiago
Martínez,
madre
del
menor.
La
Secretaría del Tribunal ⎯a solicitud del peticionario⎯
expidió dos emplazamientos: uno a nombre de “Sandra Enid
Santiago Martínez” y otro a nombre de “[JGRS], por conducto
de
Sandra
Enid
Santiago
Martínez”,
madre
con
patria
potestad y custodia. Ambos emplazamientos se diligenciaron
mediante entrega personal. Si bien el peticionario ⎯quien
compareció por derecho propio⎯ no incluyó el nombre del
menor en el encabezamiento o epígrafe de la demanda, se
presentó y diligenció un emplazamiento dirigido al menor
por conducto de su madre. Es decir, el menor se emplazó
32
conforme
a
derecho
y
el
tribunal
adquirió
jurisdicción
sobre su persona antes de culminar el plazo de caducidad de
forma tal que su madre podía, por sí y como representante
del menor, comparecer a defender sus intereses.
De
otra
parte,
acorde
con
las
disposiciones
que
regulan la figura del defensor judicial, se reconoce la
facultad de los tribunales para nombrar una persona que
represente
los
intereses
del
menor
cuando
lo
juzgue
conveniente o esté dispuesto por ley. 87 Esta representación
es
una
excepción
que
se
fundamenta
en
los
intereses
opuestos que pueden existir entre los padres y el menor. 88
El
nombramiento
de
un
defensor
judicial
no
tiene
unos
requisitos de forma particulares; menos una forma concreta
de realizar la solicitud. Basta con que la parte interesada
haga la petición cuando ambos padres o alguno de ellos
tenga un interés opuesto al de su hijo no emancipado.
En las alegaciones de la demanda, el señor Rivera
Marrero solicitó al tribunal que, “[d]ado a que se trata de
un menor de edad, entendemos prudente el que se designe un
defensor judicial para que los derechos del menor sean
protegidos”. Ante esta petición, el peticionario no tenía
que,
posteriormente,
cumplir
con
unos
requisitos
particulares, tampoco la obligación exclusiva de reiterarle
al tribunal la necesidad de nombrarle un defensor judicial
al menor. Una vez solicitado correspondía al Tribunal de
87
88
Véase Crespo v. Cintrón, supra.
Íd.
33
Primera Instancia, si lo entendía conveniente, efectuar la
correspondiente designación judicial.
Por lo tanto, resolvemos que en un caso de impugnación
de paternidad el hecho de haber omitido en el epígrafe de
la demanda el nombre de un menor no priva de jurisdicción
al tribunal si de las alegaciones de la demanda original,
interpretadas
de
forma
liberal
a
favor
de
la
parte
demandante, se desprende que el menor es parte en el pleito
y este se emplazó correctamente, según disponen las Reglas
de Procedimiento Civil. Aunque la mejor práctica es que se
incluya, la omisión del nombre en el epígrafe de la demanda
es un error de forma subsanable mediante enmienda. Como
corolario, erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar al
foro primario al desestimar la demanda de impugnación que
presentó el señor Rivera Marrero correcta y oportunamente.
IV
Por
los
fundamentos
antes
expuestos,
se
revoca
la
determinación del Tribunal de Apelaciones. En consecuencia,
se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para
que continúen los procedimientos de forma compatible con lo
aquí resuelto.
Se dictará sentencia de conformidad.
Edgardo Rivera García
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Geraldo Rivera Marrero
Peticionario
v.
CC-2017-0882
Sandra E. Santiago Martínez
Recurrida
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 7 de octubre de 2019.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, se revoca la determinación del Tribunal de
Apelaciones. En consecuencia, se devuelve el caso al
Tribunal de Primera Instancia para que continúen los
procedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto.
Notifíquese inmediatamente.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco
concurre sin opinión escrita.
José Ignacio Campos Pérez
Secretario del Tribunal Supremo