Tribunal Supremo de Puerto Rico
Hon. María de Lourdes Ramos Rivera, et al. v. Licenciada Emmalind García García
2019 TSPR 188
Poder Judicial de Puerto Rico
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Hon. María de Lourdes Ramos Rivera, et al. v. Licenciada Emmalind García García
CC-2018-197
Derecho Constitucional-Legitimación activa de un legislador en su carácter individual bajo la doctrina de vote nullification .
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Honorable María de Lourdes Ramos
Rivera, por sí y como
Vicepresidenta de la Cámara de
Representantes de Puerto Rico y el
Honorable Carlos Méndez Núñez, por
sí y como Presidente de la Cámara
de Representantes de Puerto Rico
Certiorari
2019 TSPR 188
Peticionarios
v.
203 DPR ____
Licenciada Emmalind García García
Recurrida
Número del Caso:
CC-2018-197
Fecha: 27 septiembre de 2019
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan – Panel V
Abogado de la parte peticionaria:
Verónica Ferraiuoli Hornedo
Abogados de la parte recurrida:
Lcda. Emmalind García García – (por derecho propio)
Lcdo. Guillermo Figueroa Prieto
Materia: Derecho Constitucional: Legitimación activa de un
legislador en su carácter individual bajo la doctrina de
vote nullification.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Honorable María de Lourdes
Ramos Rivera, por sí y como
Vicepresidenta de la Cámara de
Representantes de Puerto Rico y
el Honorable Carlos Méndez Núñez,
por sí y como Presidente de la
Cámara de Representantes de
Puerto Rico
CC-2018-197
Certiorari
Peticionarios
v.
Licenciada Emmalind García García
Recurrida
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff
Caraballo
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 2019.
En
siguiente
esta
oportunidad
interrogante:
debemos
¿posee
contestar
legitimación
la
activa
para presentar una causa de acción sobre anulación
del
valor
o
efectividad
del
voto
un
legislador
particular que, con la anuencia del cuerpo legislativo,
emitió un voto de abstención para un nombramiento que
por ley requiere el voto de la mayoría absoluta, pero
se confirmó con la mayoría simple?
Al
contestar
en
la
afirmativa,
examinaremos
cuáles son los criterios que los tribunales deben
ponderar para reconocer la capacidad jurídica de un
legislador ante esta clase de reclamo.
CC-2018-197
2
I
El 21 de diciembre de 2016 el Hon. Alejandro García
Padilla, Gobernador de Puerto Rico (Gobernador), convocó
la
Quinta
Asamblea
Núm.
Sesión
Extraordinaria
Legislativa
OE-2016-057
mediante
(orden
el
de
la
Decimoséptima
Boletín
Administrativo
ejecutiva).
Posteriormente,
el
27 de diciembre de 2016 el Gobernador enmendó la orden
ejecutiva
para
incluir
las
nominaciones
de
la
Lcda. Emmalind García García (nominada o recurrida) y del
Lcdo. Rafael Ortiz Carrión (licenciado Ortiz Carrión) como
miembros
alternos
del
Panel
del
Fiscal
Especial
Independiente (Panel del FEI).1 Ese día, las nominaciones
bajaron
a
votación
ante
el
pleno
de
la
Cámara
de
Representantes de Puerto Rico (Cámara).
Antes de comenzar la votación, a través del portavoz
de
la
minoría,
Hon.
José
F.
Aponte
Hernández,
la
delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) solicitó el
permiso
y
explicó
representantes
se
las
razones
abstendrían
de
por
las
votar
cuales
en
estos
cuanto
al
nombramiento de los nominados.2 Acogida la decisión por el
Adelantamos que, durante el trámite judicial en el Tribunal de
Primera Instancia, el Lcdo. Rafael Ortiz Carrión (licenciado Ortiz
Carrión) renunció al cargo de miembro alterno del Panel del Fiscal
Especial Independiente (Panel del FEI). Véase, Sentencia Parcial,
Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 59.
1
Surge del Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes de
Puerto Rico de 27 de diciembre de 2016 que, en relación con la
solicitud
de
abstención
del
voto
de
la
entonces
minoría
parlamentaria, el representante Hon. José F. Aponte Hernández
estableció la postura de la delegación Partido Nuevo Progresista al
señalar:
2
Las disposiciones sobre el nombramiento de Miembros del
Panel del Fiscal Especial Independiente disponen que la
CC-2018-197
3
entonces Presidente Incidental de la Cámara, Hon. Carlos
Hernández
López,
(Presidente
Incidental)
procedieron
a
votar. El escrutinio electrónico reflejó que la votación
final de la Cámara fue la siguiente: 24 votos a favor,
0
en
contra,
14
abstenidos
y
13
ausentes.
Luego
de
concluida la votación, el Presidente Incidental pronunció
la confirmación de los nombramientos en la Cámara, por lo
que éstos se refirieron para el consejo y consentimiento
del Senado de Puerto Rico (Senado).
El 28 de diciembre de 2016 el Senado consideró los
nombramientos de los nominados y la votación final resultó
en 20 votos a favor, 4 en contra y 3 ausentes. Ante este
cuadro, el Secretario del Senado le notificó al Gobernador,
al Secretario de Estado y al Presidente en funciones de la
______________________________________
Cámara de Representantes también entrará en lo que es
consejo y consentimiento para la confirmación de los
mismos.
En la noche de hoy se está trayendo ante este Cuerpo a
dos personas para ser parte del Panel de Fiscal Especial
Independiente. Personas que han estado en la judicatura
por tiempo, incluyendo en el Tribunal de Apelaciones de
Puerto Rico. Podemos entender de cualificaciones que
puedan tener las personas, sin embargo, la realidad es
que no se ha dado el tiempo para que uno pueda
intercambiar con los designados, con los nominados. No
hay oportunidad de uno poder saber sobre la línea que
pudiesen tener en un momento dado en lo que es un proceso
de investigación. Y no queriendo ser injustos con ellos;
que de hecho, tengo que decir, que en cierta manera son
ustedes los que están siendo injustos con ellos, al no
permitir que uno tenga un intercambio con los designados
y uno pueda tomar entonces una determinación de en vez de
oponerse o de abstenerse, poder concurrir con la
certificación del consejo y consentimiento positivo de
los nominados.
Así que, ante estas circunstancias, señor Presidente,
nuestra delegación, estará solicitando que se le permita
abstenerse en ambos nombramientos.
Esas son nuestras palabras, señor Presidente. Apéndice de
la Petición de certiorari, pág. 80.
CC-2018-197
4
Cámara que el Senado había dado su consejo y consentimiento
a los nombramientos de los nominados como miembros alternos
del Panel del FEI. A pesar de que el 29 de diciembre
de 2016 el Gobernador le extendió el nombramiento a la
recurrida como miembro alterno del Panel del FEI, ésta
juramentó para el cargo el 3 de enero de 2017.3
Por otro lado, el 2 de enero de 2017 se constituyó
la Decimoctava Asamblea Legislativa. Los miembros de la
delegación
del
PNP
-como
nueva
mayoría
parlamentaria-
escogieron al Hon. Carlos Méndez Núñez como Presidente de
la Cámara y a la Hon. María de Lourdes Ramos Rivera como
Vicepresidenta
de
ese
cuerpo
legislativo.
Ambos
representantes pertenecieron a la delegación del partido
de
minoría
que,
durante
la
Decimoséptima
Asamblea
Legislativa, se abstuvieron de votar para el nombramiento
de la recurrida.
II
Por
estos
hechos,
los
representantes
Hon.
Carlos
Méndez Núñez y Hon. María de Lourdes Ramos Rivera, por sí
y
como
Presidente
(peticionarios)
y
Vicepresidenta
presentaron
una
de
Sentencia
la
Cámara
Declaratoria
ante el Tribunal de Primera Instancia en contra de la
recurrida el 20 de enero de 2017.
Surge del expediente que aun cuando la Lcda. Emmalind García García
(nominada o recurrida) juramentó fidelidad para la toma de posesión
del cargo el 3 de enero de 2017, no fue hasta el 9 de enero de 2017
que el juramento entró al Registro de Nombramientos del Gobernador.
Apéndice de Petición de certiorari, pág. 75.
3
CC-2018-197
5
En esencia, los peticionarios alegaron que ellos y
los demás
legisladores
están sujetos a la jurisdicción
exclusiva del Panel del FEI para investigar y procesar
acciones
penales
que
involucren
a
los
miembros
de
la
Asamblea Legislativa. Por ello, y como cuestión de umbral,
afirmaron que la recurrida no contó con el voto de la
mayoría del número total de miembros que estaba compuesta
la
Decimoséptima
Asamblea
Legislativa
de
la
Cámara
conforme lo exige el Art. 10 de la Ley del Panel del FEI,
infra.4 Los peticionarios aseveraron que la pretensión de
la recurrida es ocupar el cargo de manera ilegal y la
permisibilidad de que permanezca en el puesto lacera a
perpetuidad los poderes y prerrogativas de la Cámara que
ejerce su consejo y consentimiento para el nombramiento de
los
miembros
del
Panel
del
FEI.
Así
las
cosas,
los
peticionarios solicitaron al foro de instancia que dictara
una Sentencia para declarar ultra vires el nombramiento de
la recurrida como miembro alterno del Panel del FEI.
Además
de
la
ilegalidad
peticionarios
suplicaron
que
emitiera
entredicho
provisional
un
el
del
nombramiento,
tribunal
y
de
un
los
instancia
interdicto
preliminar para impedir que la recurrida ocupara el cargo y
un
interdicto
permanente
para
evitar
que
ejerciera
las
funciones del puesto. Sin embargo, durante la vista de
interdicto preliminar y permanente celebrada el 26 de enero
Cabe señalar de que no existe controversia de que la Cámara de
Representantes de Puerto Rico (Cámara) de la Decimoséptima Asamblea
Legislativa estaba compuesta por 51 representantes.
4
CC-2018-197
6
de 2017, la recurrida presentó evidencia relacionada a la
juramentación del cargo, por lo que el foro de instancia
declaró académico este último reclamo.5
Así
el
trámite,
la
recurrida
solicitó
la
desestimación de la Demanda Jurada bajo el entendido de
que los peticionarios no tienen legitimación activa para
entablar la causa de acción.6 En apoyo a su argumento, la
recurrida esbozó que las alegaciones relacionadas al daño
son una preocupación especulativa e hipotética de que en
un futuro los peticionarios y los demás miembros de la
Legislatura pudieran ser objeto de una investigación que
ella condujera como miembro alterno del Panel del FEI. Del
mismo modo, adujo que los peticionarios no demostraron los
daños
personales,
claros
y
palpables
y
con
su
participación quedó probado que no hubo un menoscabo a sus
prerrogativas legislativas. La recurrida sostuvo que, de
ser este último el reclamo de los peticionarios, la causa
de
acción
es
improcedente
toda
vez
que
tampoco
satisficieron el requisito de legitimación pasiva al ser
una
ciudadana
procesos
que
no
se
nominó
legislativos
de
la
ni
participó
Decimoséptima
en
los
Asamblea
Legislativa.
Surge de la Minuta Resolución, que las partes intercambiaron
documentos y, ante la renuncia del licenciado Ortiz Carrión al cargo
antes de que expirara el término para juramentar, los peticionarios
desistieron de las alegaciones en contra del letrado. Apéndice de
Petición de certiorari, págs. 60-62.
5
6
Apéndice de Petición de certiorari, págs. 64-70.
CC-2018-197
En
7
segundo
comparecencia
de
lugar,
los
la
recurrida
peticionarios
aseveró
en
su
que
la
carácter
de
Presidente y Vicepresidenta de la Cámara de la Decimoctava
Asamblea Legislativa no les concede legitimación activa
para defender los intereses de los miembros ni representar
a la extinta Decimoséptima Asamblea Legislativa a la que
se imputó proceder contrario a la legislación creadora de
la
Oficina
recurrida
del
Panel
del
FEI.
Sobre
este
alegó
que
los
peticionarios
no
aspecto,
la
presentaron
evidencia que acreditara la autorización de la Cámara para
representar al cuerpo legislativo del cual forman parte.
Finalmente, la recurrida señaló que la intervención
y el remedio pretendido por los peticionarios viola la
Sec. 9 del Art. III de la Constitución del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico con relación a la facultad de cada
cámara
de
adoptar
las
reglas
de
procedimiento
y
de
gobierno interno de los cuerpos legislativos.7 Por ello,
aseveró
que
la
confirmación
de
su
nombramiento
era
un
asunto de la Cámara resuelto conforme a su reglamento y al
presidente que lo interpretó, por lo que la intervención
del tribunal de instancia constituiría una violación al
principio de separación de poderes.
Por su parte, los peticionarios se opusieron a la
solicitud de desestimación y plantearon que gozan de un
interés legítimo de que sus votos no sean anulados ni su
participación
7
en
el
proceso
de
Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 402.
confirmación
sea
CC-2018-197
8
menoscabada.
Los
peticionarios
manifestaron
tener
un
interés legítimo de que “la determinación institucional de
no prestar su consejo y consentimiento para la nominación
de [la recurrida] sea respetad[a]”.8 Finalmente, esbozaron
que
el
presente
caso
no
trata
de
un
fallido
debate
legislativo mediante el cual los legisladores procuran que
el tribunal imponga un criterio sobre el cual éstos no
hayan podido convencer a sus compañeros, sino que ganaron
el debate legislativo porque la nominada no obtuvo los
votos necesarios para su confirmación.
El Tribunal de
recurrida
replicar
desestimación
de
a
los
Primera Instancia le ordenó a
la
la
de
oposición
de
peticionarios.9
la
En
solicitud
su
Escrito
de
Réplica en Cumplimiento de Orden, la recurrida reiteró su
postura en cuanto a la ausencia de legitimación activa de
los
peticionarios
y
añadió
que
éstos
”[s]encillamente
estuvieron presentes, guardaron silencio, aceptaron que se
registrara
su
reconsideración
incidental
de
confirmado”.10
dúplica
voto
de
como
la
determinar
Estos
presentada
abstenido
determinación
que
el
argumentos
por
los
y
no
del
pidieron
Presidente
nombramiento
se
había
fueron
para
una
la
que
base
peticionarios
en
resaltaron que la confirmación de la nominada se debió a
Oposición a “Moción de Desestimación”, Apéndice de la Petición de
certiorari, pág. 237.
8
9
Apéndice de Petición de certiorari, pág. 243.
Escrito de Réplica en Cumplimiento de Orden, Apéndice de la Petición
de certiorari, pág. 251.
10
CC-2018-197
9
un error en la interpretación del Presidente Incidental
sobre
el
resultado
de
la
votación.
El
efecto
de
esta
interpretación fue anular los votos de los legisladores
que no votaron a favor del nombramiento.
El Tribunal de Primera Instancia dictó una Sentencia
en la que desestimó la causa de acción al determinar que
los
peticionarios
representación
Asamblea
de
carecen
la
Legislativa,
de
legitimación
Decimoséptima
así
como
activa
en
ni
la
Decimoctava
tampoco
en
su
carácter
individual.
El foro sentenciador razonó que los peticionarios no
demostraron
que
estaban
investidos
por
la
Cámara
para
representar a la Decimoctava Asamblea Legislativa en la
demanda y, aun si existiera una resolución al respecto,
“sería
jurídicamente
demandantes
pudieran
inadecuado
instar
esta
concluir
que
los
causa
acción
en
de
representación de la extinta Cámara de Representantes de
la
Decimoséptima
Asamblea
Legislativa,
cuyas
funciones
cesaron en el 2016 y, al presente, no existe”.11
En
cuanto
peticionarios
a
para
la
legitimación
presentar
la
causa
activa
de
de
acción
los
en
su
carácter propio, el foro de instancia determinó que, si
bien éstos fueron miembros de la Decimoséptima Asamblea
Legislativa,
se
abstuvieron
de
votar
y
así
sus
votos
fueron contabilizados. Por ello, el tribunal sentenciador
decretó que los peticionarios no demostraron el menoscabo
11
Apéndice de Petición de certiorari, pág. 273.
CC-2018-197
10
a sus prerrogativas legislativas. A pesar de la alegación
de los peticionarios sobre la insuficiencia en los votos
exigidos
por
legislación
para
la
aprobación
del
nombramiento de la recurrida en la Cámara, el foro de
instancia entendió que éstos tampoco abundaron sobre la
conexión
entre
el
daño
sufrido
y
la
causa
de
acción
ejercitada.
El Tribunal de Primera Instancia expresó que los
peticionarios,
en
fiscalizadoras,
el
ejercicio
debieron
de
utilizar
las
funciones
los
mecanismos
“razonables y necesarios” para viabilizar su participación
plena
en
todas
legislativo.12
las
En
etapas
ese
críticas
contexto,
del
dispuso
proceso
que
los
peticionarios estuvieron presentes durante la lectura del
Informe de la Comisión de Gobierno sobre la designación de
la
recurrida
y,
por
ello,
tuvieron
ante
sí
las
cualificaciones de la nominada. En fin, según el foro de
instancia, la pretensión de los peticionarios era procurar
la
intervención
Reglamento
de
judicial
la
con
Cámara,
la
infra,
interpretación
del
realizada
el
por
Presidente Incidental al momento de considerar los votos
necesarios para el nombramiento de la recurrida. Es decir,
los
peticionarios
propusieron
trasladar
el
debate
legislativo al foro judicial.
Inconforme
acudieron
12
sin
con
la
éxito
ante
decisión,
el
los
Tribunal
Apéndice de Petición de certiorari, pág. 274.
de
peticionarios
Apelaciones.
CC-2018-197
Allí,
11
éstos
reiteraron
que
poseen
legitimación
activa
porque tienen un interés legítimo de que sus votos no sean
anulados completamente y, por ende, su participación en el
proceso legislativo se menoscabe. Según los peticionarios,
el tribunal de instancia tenía la facultad para considerar
la corrección legal de la determinación del Presidente
Incidental de la Cámara relacionado al efecto de los votos
sobre el consejo y consentimiento a la nominación de la
recurrida
sin
afectar
la
doctrina
de
la
separación
de
poderes.
Por su parte, la recurrida presentó su oposición a
la impugnación de la Sentencia. En esencia, insistió en
todos
los
argumentos
presentados
ante
el
foro
de
instancia.13
Así las cosas, el Tribunal de Apelaciones confirmó
la
Sentencia
del
foro
apelado.
El
foro
apelativo
intermedio determinó que los peticionarios: (1) en vez de
votar en contra de la confirmación de la recurrida se
abstuvieron
de
emitir
su
voto,
menoscabo de
sus prerrogativas
(2)
no
alegaron
legislativas,
y (3)
el
los
daños manifestados son especulativos porque descansan en
que, tal vez, en el futuro, uno de los legisladores podría
ser
objeto
de
alguna
actuación
de
la
recurrida
en
el
En resumen, la recurrida argumentó que los peticionarios presentaron
y comparecieron en la Demanda Jurada como Presidente y Vicepresidenta
de la Decimoctava Asamblea Legislativa para impugnar una determinación
de la Decimoséptima Asamblea Legislativa que ya no existe, por lo que
cualquier imputación de error de los trabajos que realizó ésta es
improcedente en Derecho. Reiteró que la postura de los peticionarios
relacionada al daño sufrido depende de supuestos especulativos e
hipotéticos y no pueden ser considerados suficientes en Derecho para
la reclamación de un menoscabo a sus prerrogativas legislativas.
13
CC-2018-197
12
ejercicio de sus funciones. Finalmente, determinó que la
comparecencia de los peticionarios a nombre de la Cámara
era improcedente toda vez que el cuerpo legislativo no
demostró
cómo
se
había
violentado
su
prerrogativa
constitucional en cuanto al descargue de su función de
confirmación del nombramiento de la recurrida.
Oportunamente,
los
peticionarios
recurrieron
ante
nos mediante una Petición de certiorari. En síntesis, los
peticionarios plantean que poseen legitimación activa para
reivindicar
tanto
el
valor
de
sus
votos
como
la
prerrogativa de la Cámara de rechazar la nominación de la
recurrida como miembro alterno del Panel del FEI.
Por su parte, la recurrida reiteró que no se coartó
la
participación
de
los
peticionarios
en
el
trámite
legislativo para cumplir con el requisito del daño claro y
palpable, sino, además, éstos tenían que demostrar que la
recurrida fue la causante del daño.
Para delimitar la controversia que consideramos, y
debido
a
que
Cámara
los
los
peticionarios
autorizó
a
presentar
no
acreditaron
la
causa
de
que
la
acción
a
nombre del Cuerpo, no atenderemos si la Cámara posee o no
legitimación activa. Ahora bien, resta determinar si los
peticionarios poseen legitimación activa en su carácter
individual conforme a la doctrina de vote nullification.
III
A.
Legitimación activa
CC-2018-197
El
13
concepto
de
justiciabilidad
requiere
la
existencia de un caso o controversia real para que los
tribunales puedan ejercer válidamente el poder judicial.14
De modo que la intervención del tribunal tendrá lugar
únicamente
entre
si
existe
una
controversia
genuina
surgida
partes
opuestas
que
tienen
interés
real
un
en
obtener un remedio que afecte sus relaciones jurídicas.15
No
se
considera
una
controversia
justiciable
cuando: “(1) se procura resolver una cuestión política;
(2)
una
de
las
partes
carece
de
legitimación
activa;
(3) hechos posteriores al comienzo del pleito han tornado
la
controversia
tratando
de
en
obtener
académica;
(4)
una
consultiva,
opinión
las
partes
o
están
(5)
se
intenta promover un pleito que no está maduro”.16 Éstas
son las doctrinas de autolimitación judicial.
En particular, la doctrina de legitimación activa
se define como “la capacidad que se le requiere a la
parte
promovente
de
una
acción
para
comparecer
como
litigante ante el tribunal, realizar con eficiencia actos
procesales
y,
vinculante”.17
de
A
esta
través
forma,
obtener
de
legitimación
la
una
sentencia
activa
el
14
Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 60 (2009);
Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 DPR 715, 720 (1980).
Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, supra, citando ELA v.
Aguayo, 80 DPR 552, 558–559 (1958).
15
16
Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 DPR 59, 68–69 (2017), citando a
Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 932 (2011) y a
Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 421–422 (1994).
17
Bhatia Gautier v. Gobernador, supra, pág. 69.
CC-2018-197
14
promovente procura demostrarle al tribunal que su interés
es “de tal índole que, con toda probabilidad, habrá de
proseguir su causa de acción vigorosamente y habrá de
traer
a
la
atención
del
tribunal
las
cuestiones
en
controversia”.18 De manera que, ante la falta de una ley
que expresamente la confiera, existe legitimación activa
cuando:
“(1) la parte que reclama ha sufrido un daño
claro
palpable;
y
preciso,
no
(2)
el
daño
es
real,
abstracto
o
hipotético;
(3)
inmediato
existe
y
una
relación causal razonable entre la acción que se ejecuta
y el daño alegado, y (4) la causa de acción surge al
amparo de la Constitución o de alguna ley”.19
Cuando la causa de acción se presenta en contra de
agencias y funcionarios gubernamentales, los tribunales
interpretarán los criterios de la legitimación activa de
manera
flexible
y
liberal
y
el
análisis
de
las
alegaciones se debe hacer de la manera más favorable y
liberal para el promovente del litigio.20
B.
Legitimación activa de los legisladores
En
distintas
oportunidades
hemos
reconocido
los
escenarios en los cuales un legislador posee legitimación
activa. Para ello, al igual que un ciudadano particular,
______________________________________
Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., 157 DPR 360, 371
(2002), Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407, 413 (1982).
18
19
Acevedo Vilá v. Meléndez, 164 DPR 875, 885 (2005) citando a
P.P.D. v. Gobernador I, 139 DPR 643 (1995); Hernández Torres v.
Hernández Colón et al., 131 DPR 593 (1992); Hernández Agosto v.
Romero Barceló, supra.
20
Bhatia Gautier v. Gobernador, supra, págs. 69-70.
CC-2018-197
15
un legislador tiene que cumplir con los requisitos de
standing.21
A través de la jurisprudencia hemos avalado que un
legislador ostenta capacidad jurídica si: (1) defiende un
interés individual tradicional vinculado con el proceso
legislativo e invocado frente a funcionarios del Cuerpo
tanto en su carácter particular como en representación de
un
grupo
ilegal
de
del
dicho
Cuerpo,22
ejecutivo,23
(2)
(3)
impugna
las
reglas
una
actuación
senatoriales
coartan su derecho constitucional de participar en las
etapas esenciales y significativas en las comisiones del
Cuerpo,24
(4)
cuestiona
las
reglas
senatoriales
que
impugna el intento del Senado de excluir a un senador de
su
escaño
mientras
se
determina
la
validez
de
su
elección,25 (5) para “solicitar un injunction y sentencia
declaratoria con el objetivo de cuestionar que una persona
está
ocupando
un
cargo
en
detrimento
de
su
poder
de
confirmación”(Énfasis en el original);26 y (6) para vindicar
su prerrogativa y función constitucional como lo es la
participación en el proceso de confirmación de consejo y
21
Bhatia Gautier v. Gobernador, supra, pág. 71.
22
Noriega v. Hernández Colón, supra, pág. 428.
23
Íd.
24
Silva v. Hernández Agosto, 118 DPR 45 (1986).
25
Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750 (1977).
Senado de Puerto Rico v. Hon. Pedro Pierluisi Urrutia, 2019 TSPR 138,
203 DPR ___ (2019) citando a Hernández Agosto v. López Nieves,
114 DPR 601, 646 (1983).
26
CC-2018-197
16
consentimiento
de
un
nombramiento
de
un
funcionario
público.27
Ahora bien, debemos dejar claro que, tanto en los
foros federales como en los estados de la unión, resulta
difícil reconocer la legitimación activa de un legislador
en su carácter individual.28 Por ello, además de analizar
de
manera
favorable
y
liberal
las
alegaciones
del
legislador, es necesario examinar las particularidades de
los hechos de forma detallada.
En Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407,
415 (1982), sucedió que el primer mandatario del País
omitió enviar el nombramiento de un funcionario público
que continuaría en el equipo de trabajo del Gobernador de
Puerto Rico durante el segundo término de su mandato.
El Presidente del Senado impugnó la actuación del primer
ejecutivo
y
prerrogativa
reclamó
que
legislativa
el
de
proceder
impartir
su
violentó
su
consejo
y
consentimiento. Trabada la controversia, resolvimos que
los legisladores poseen legitimación activa al tener “un
interés
legítimo
en
participar
en
el
proceso
constitucional de impartir consejo y consentimiento a la
nominación
de
funcionarios
públicos”.29
Este
Tribunal
alcanzó esa conclusión luego de examinar jurisprudencia de
27
Hernández Agosto v. Romero Barceló, supra, pág. 415.
28
Noriega v. Hernández Colón, supra, pág. 431.
Hernández Agosto v. Romero Barceló, supra, pág. 416 (1982). Véase
además, Nogueras v. Hernández Colón, 127 DPR 638, 644 (1991).
29
CC-2018-197
otras
17
jurisdicciones
de
las
cuales
aludimos
a
la
siguiente:
En Kennedy v. S[a]mpson, 511 F.2d 430 (1974),
se reconoció la capacidad jurídica de un
miembro
del
Senado
para
proteger
la
efectividad de su voto en una ley a la cual el
Presidente de los Estados Unidos le había
impartido
un
veto
de
bolsillo.
(Énfasis
nuestro).30
Resulta importante señalar que, como discutiremos en
detalle
más
adelante,
resolvió
conforme
a
la
Kennedy
norma
v.
Sampson,
pautada
por
supra,
el
se
Tribunal
Supremo Federal en Coleman v. Miller, 307 US 433 (1939).
En Coleman v. Miller, supra, el Senado de Kansas
contaba con 40 miembros de los cuales 20 se opusieron a
la
ratificación
Estado
Unidos
Amendment).
La
de
la
enmienda
a
sobre
el
trabajo
infantil
(Child
empate
la
consecuencia
del
la
Constitución
en
de
Labor
votación
procuró el voto decisivo del vicegobernador. Ante este
cuadro,
los
senadores
que
votaron
en
contra
de
la
ratificación presentaron una causa de acción para impedir
la contabilización del voto del desempate. Aun cuando el
Tribunal Supremo Federal se encontró igualmente dividido
en cuanto a los méritos de la controversia, sí determinó
que los demandantes tenían legitimación activa bajo el
razonamiento siguiente:
Here, the plaintiffs include twenty senators,
whose votes against ratification have been
overridden and virtually held for naught
although
if
they
are
right
in
their
contentions
their
votes
would
have
been
30
Hernández Agosto v. Romero Barceló, supra, págs. 415-416.
CC-2018-197
18
sufficient to defeat ratification. We think
that these senators have a plain, direct and
adequate
interest
in
maintaining
the
effectiveness of their votes. Petitioners come
directly within the provisions of the statute
governing our appellate jurisdiction. They
have set up and claimed a right and privilege
under the Constitution of the United States to
have their votes given effect and the state
court has denied that right and privilege.
(Énfasis nuestro).31
Como
mencionamos,
el
Máximo
Foro
Federal
no
consideró los méritos de la controversia, pero manifestó
que -si los senadores estaban en lo correcto- los votos
en contra de la ratificación de la enmienda propuesta
fueron anulados y, para todo efecto práctico, quedaron en
nada. De este modo, para el Tribunal Supremo Federal no
hubo duda de que, aun cuando los demandantes participaron
del
proceso
interés
legislativo,
claro,
directo
los
y
legisladores
adecuado
en
tenían
un
mantener
la
efectividad de sus votos, derecho y privilegio denegado
por la corte estatal.
Por
otro
lado,
si
bien
el
Foro
Supremo
Federal
permitió este tipo de causa de acción, hemos manifestado
que
Coleman
criterios
al
v.
Miller,
momento
de
supra,
no
evaluar
un
estableció
reclamo
unos
sobre
la
anulación de la efectividad de un voto legislativo que
nos
permita
intervenir
sin
considerar
el
riesgo
infringir el principio de separación de poderes.32
31
Coleman v. Miller, 307 US 433, 438 (1939).
32
Noriega v. Hernández Colón, supra, esc.24, pág. 432.
de
CC-2018-197
19
Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones para el
Circuito
del
Distrito
de
Columbia
tuvo
ante
sí
a
Kennedy v. Sampson, supra. Los hechos de este caso se
originaron cuando un senador votó a favor de una medida
legislativa en la que el Presidente de los Estados Unidos
procuró
un
veto
de
bolsillo.
Por
ello,
el
senador
presentó una causa de acción en contra del Administrador
de la Administración de Servicios Generales y del Jefe de
los Registros de la Casa Blanca para que publicaran que
la medida legislativa había cobrado vigencia en la fecha
en que se expiró el término que dispone la Constitución
de
los
Estados
Unidos
para
que
el
primer
mandatario
firmara
el proyecto de ley.
El senador afirmó que el
receso
no
para
era
impedimento
que
el
Presidente
devolviera la medida legislativa firmada.
Por su parte, los demandados argumentaron que la
medida no se aprobó a raíz del veto de bolsillo, que el
senador no representaba al Congreso y, por tal motivo,
carecía
de
capacidad
jurídica
para
su
reclamo.
Para
sustentar sus contenciones, las partes se apoyaron en la
misma cláusula constitucional y en la decisión de Coleman
v. Miller, supra.
En
Tribunal
cuanto
de
a
los
Apelaciones
argumentos
Federal
de
las
partes,
el
para
el
Distrito
de
Columbia dispuso:
That provision, article I, section 7, is one
of several in the Constitution which implement
the ‘separation of powers' doctrine. Taken
CC-2018-197
20
together,
these
provisions
define
the
prerogatives of each governmental branch in a
manner which prevents overreaching by any one
of
them.
The
provision
under
discussion
allocates to the executive and legislative
branches their respective roles in the lawmaking process. When either branch perceives
an intrusion upon its legislative power by the
other, this clause is appropriately invoked.
The gist of appellee's complaint is that such
an intrusion has occurred as a result of the
President's misinterpretation of this clause
and that a consequence of this intrusion is
the nullification of appellee's vote in favor
of the bill in question; hence, the complaint
alleges injury to an interest of appellee as a
member of the legislative branch of the
government, an interest among those protected
by article I, section 7[…].
Appellants correctly point out that the votes
of the twenty plaintiffs in Coleman had
peculiar legal significance as a bloc, i.e.:
these
votes
were
sufficient
to
prevent
ratification absent the challenged vote of the
Lieutenant Governor. Appellants read Coleman
as holding that the plaintiff legislators had
standing only as a group for the purpose of
protecting the collective effectiveness of
their votes. In a like vein, appellants
contend that appellee's vote in favor of
S. 3418 has no legal significance independent
of the other votes in favor of the bill. Any
injury to him occasioned by the President's
action, it is argued, is ‘derivative’ in
nature. In appellants' view, only the Senate
or the Congress has sustained the ‘direct’
injury necessary to confer standing (assuming
that the veto of S. 3418 was invalid).33
El foro apelativo federal razonó que el interés del
senador no era directo sino uno indirecto o derivativo,
pero éste era uno sustancial al expresar:
In the present case, appellee has alleged that
conduct by officials of the executive branch
amounted to an illegal nullification not only
of Congress' exercise of its power, but also
of appellee's exercise of his power. In the
33
Kennedy v. Sampson, 511 F.2d 430, 434 (1974).
CC-2018-197
21
language of the Coleman opinion, appellee's
object in this lawsuit is to vindicate the
effectiveness of his vote. No more essential
interest could be asserted by a legislator. We
are satisfied, therefore, that the purposes of
the standing doctrine are fully served in this
litigation.34
En varias ocasiones Kennedy v. Sampson, supra, nos
ha servido como base para determinar si un legislador
posee o no legitimación activa en su carácter individual.
Así, cuando este Tribunal declaró en Hernández Torres v.
Hernández Colón, 129 DPR 824 (1992) que los legisladores
no tenían legitimación activa para vindicar un interés
general, reiteramos la norma de que el legislador posee
standing para vindicar su interés personal en cuanto al
ejercicio
de
sus
prerrogativas,
tanto
directa
como
tanto
en
foros
derivada.35
Previamente
federales
como
en
señalamos
los
que,
estados
de
la
los
unión,
resulta
difícil reconocer la legitimación activa de un legislador
particular. En lo concerniente a esta ardua tarea, hemos
expresado que:
La dificultad en estos casos estriba en
precisar cuál, o cuáles, son las prerrogativas
que validan reconocer una acción de un
legislador particular --que no goza del apoyo
de uno o los dos cuerpos legislativos-- y que
se han visto afectados por el poder ejecutivo.
El Tribunal Supremo federal no ha pautado los
criterios en torno a dicha norma. Tanto los
tribunales federales, como los comentaristas
34
Kennedy v. Sampson, supra, pág. 436.
Hernández Torres v. Hernández Colón, 129 DPR 824, 842 (1992),
citando a Hernández Agosto v. Romero Barceló, supra y a Kennedy v.
Sampson, supra.
35
CC-2018-197
22
en este ámbito, discrepan marcadamente en
cuanto a si debe conferírsele legitimación
activa a un legislador particular. Algunas de
las objeciones reconocidas en la jurisdicción
federal para negarle legitimación activa a un
legislador
particular
fueron
esbozadas
y
adoptadas en los casos antes citados de
[Hernández Torres v. Hernández Colón, 129 DPR
824,
837
(1992)].
No
obstante,
estas
instancias, en la jurisdicción federal se le
ha
reconocido
legitimación
activa
a
un
legislador
particular
cuando
este
ha
demostrado la anulación de un vot[o] pasado o
futuro que puede ser razonablemente vinculada
con la acción impugnada,[…].36
Estas
expresiones
nos
llevaron
a
concluir
en
Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406 (1994), que el
representante
Hon.
David
Noriega
Rodríguez
carecía
de
legitimación activa porque no demostró que la firma del
Gobernador,
para
la
aprobación
de
las
resoluciones
conjuntas que con su voto favoreció, le causó un daño
claro y palpable a sus prerrogativas legislativas ni que
se hubiese anulado su voto pasado37
Posterior a esta decisión, el Foro Supremo Federal
atendió Raines v. Byrd, 521 US 811 (1997). Los hechos de
36
37
Noriega v. Hernández Colón, supra, 431-433 (1994).
Es menester señalar que el representante, Hon. David Noriega
Rodríguez (representante Noriega Rodríguez) votó a favor de una de
las Resoluciones Conjuntas que posteriormente impugnó. Debido a que
el representante Noriega Rodríguez no combatió legislativamente las
Resoluciones no encontramos base para entender que la aprobación por
parte del Gobernador le hubiese causado un daño claro y palpable a
sus prerrogativas legislativas. De este modo, contrario a Kennedy v.
Sampson, supra, consideramos que la firma del Primer Ejecutivo, “no
anuló el voto pasado del Representante Noriega; todo lo contrario,
favoreció la posición que éste asumió en la aprobación de las
referidas medidas.”
Por ello, entendimos que el “Representante
Noriega Rodríguez no tenía legitimación activa para impugnar una Ley,
la cual él con su actuación legislativa favoreció”. Noriega v.
Hernández Colón, supra, pág. 433.
CC-2018-197
23
este caso se remontan cuando el Senado aprobó un proyecto
de ley intitulado Ley de Veto de Línea (Line Item Veto
Act) con una votación de 69 a 31. Al día siguiente, la
Cámara de Representantes Federal aprobó el proyecto con
una votación de 232 a 177. Luego de la aprobación de la
ley,
6
porque
congresistas
permitía
impugnaron
que,
luego
de
la legislación
aprobada
convertida
ley,
en
el
Presidente omitiera el requisito de la ponderación previa
por
los
cuerpos
legislativos
y
quedó
autorizado
para
cancelar ciertas medidas de gastos y beneficios fiscales.
En
palabras
más
sencillas,
el
poder
extendido
al
Presidente, según alegaron los legisladores, disminuyó el
poder institucional del Congreso.
Esta legislación expresamente confería standing a
los
miembros
del
Congreso
o
a
particulares
que
se
afectaran con la promulgación de la ley. Sin embargo, el
daño concreto y directo alegado por los legisladores se
basó
en
sus
capacidades
oficiales
y,
al
momento
que
presentaron la causa de acción, el Presidente no había
ejercido la facultad concedida por el estatuto. Por lo
tanto, respecto a este asunto, el caso no estaba maduro.
En lo pertinente al reclamo de la efectividad de la
votación,
los
promulgada
causó
medida
que
legisladores
argumentaron
un
tipo
de
resultó
en
una
daño
que
la
institucional
disminución
del
ley
en
la
poder
legislativo que necesariamente provocaba un daño a los
legisladores
del
Congreso.
Asimismo,
alegaron
que
CC-2018-197
24
ostentaban legitimación activa basado en la pérdida del
poder político y no en la pérdida de un derecho personal.
Por
lo
antes
señalado,
el
Tribunal
Supremo
de
Estados Unidos determinó que los demandantes no tenían
standing precisamente porque el daño era institucional y
no
lo
suficientemente
concreto
y
personal
porque
los
congresistas poseían un remedio político adecuado en la
medida que posteriormente podían votar para derogar el
estatuto o para proporcionar proyectos de ley de gastos
individuales con una exención legal.38
La conclusión alcanzada por el Foro Supremo Federal
se
fundamentó
en
un
claro
contraste
del
caso
con
lo
resuelto en Coleman v. Miller, supra, al establecer lo
siguiente:
It
is
obvious,
then,
that
our
holding
in Coleman stands […] for the proposition that
legislators
whose
votes
would
have
been
sufficient to defeat (or enact) a specific
legislative Act have standing to sue if that
legislative action goes into effect (or does
not go into effect), on the ground that their
votes have been completely nullified.
It should be equally obvious that appellees'
claim does not fall within our holding
in Coleman, as thus understood. They have not
alleged that they voted for a specific bill,
that there were sufficient votes to pass the
bill, and that the bill was nonetheless deemed
defeated. In the vote on the Act, their votes
were given full effect. They simply lost that
vote. Nor can they allege that the Act will
nullify their votes in the future in the same
way that the votes of the Coleman legislators
had been nullified. In the future, a majority
of Senators and Congressmen can pass or reject
appropriations bills; the Act has no effect on
this process. In addition, a majority of
38
Raines v. Byrd, 521 US 811, 829 (1997).
CC-2018-197
25
Senators and Congressmen can vote to repeal
the Act, or to exempt a given appropriations
bill
(or
a
given
provision
in
an
appropriations bill) from the Act; again, the
Act
has
no
effect
on
this
process. Coleman thus
provides
little
meaningful precedent for appellees' argument.
(Énfasis nuestro) (Citas omitidas)39
Asimismo,
señaló
que
el
uso
de
la
palabra
“efectividad” para aplicar la norma sentada en Coleman v.
Miller, supra, sería extender más allá el contexto de lo
pretendido en la Opinión. La razón vertida por el Foro
Federal relacionado a este asunto es que “[t]here is a
vast difference between the level of vote nullification
at
issue
in Coleman and
the
abstract
dilution
of
institutional legislative power that is alleged here”.40
Obsérvese
que,
supra,
en
Raines
Federal
desarrolló
v.
un
contrario
a
Byrd,
supra,
test
para
Coleman
el
v.
Miller,
Tribunal
Supremo
conferir
legitimación
activa por vote nullification, a saber: los legisladores
cuyos
(o
votos
hubiesen
promulgar)
un
sido
proyecto
suficientes
de
ley
para
derrotar
poseen
capacidad
jurídica para demandar basado en que sus votos han sido
completamente anulados, si la legislación entra en vigor
(o no entra en vigor). (Traducción nuestra).
Así, mediante el test se examinaron las alegaciones
y las particularidades del caso para así develar si en
efecto
se
anuló
la
efectividad
39
Raines v. Byrd, supra, págs. 823–824.
40
Íd., pág. 826.
del
voto
de
los
CC-2018-197
legisladores
26
o
simplemente
perdieron
la
batalla
legislativa. Es decir, los legisladores tenían que alegar
que:
(1)
votaron
por
un
proyecto
de
ley
específico;
(2) los votos de los legisladores tuvieron pleno efecto
en
la
votación;
aprobar
la
(3)
que
hubo
votos
suficientes
medida,
pero
se
consideró
para
derrotada;
y
(4) como consecuencia de lo anterior, sus votos fueron
anulados. En relación con este último elemento, según la
delimitación
que
Raines
v.
Byrd,
supra,
formuló
de
Coleman v. Miller, supra, ocurre lo mismo si hubo los
votos
suficientes
para
derrotar
la
pieza
legislativa,
pero se consideró aprobada por el cuerpo legislativo.
Además,
el
Alto
Foro
Federal
instruyó
a
los
tribunales que es importante considerar la existencia de
un remedio legislativo adecuado y si otra persona podría
impugnar la actuación legislativa.41
Contrario
federales
supra,
a
algunas
inferiores,
haya
no
revocado
decisiones
creemos
sub
que
silentio
de
tribunales
Raines
la
v.
Byrd,
decisión
de
Kennedy v. Sampson, supra, en el contexto de la concesión
de
legitimación
haya
comparecido
activa
sin
a
un
permiso
legislador
particular
del
legislativo
cuerpo
que
y
que, como consecuencia de las acciones del ejecutivo, se
haya anulado su voto.42
41
42
Raines v. Byrd, supra, pág. 829.
Es claro que Raines v. Byrd, supra, redujo la interpretación de
Coleman v. Miller, supra, en cuanto a lo que implica la efectividad
del voto limitando la capacidad jurídica de un legislador cuando los
CC-2018-197
27
Recientemente, el Tribunal Federal para el Distrito
de Columbia emitió una opinión y orden en Blumenthal v.
Trump, 335 F. Supp.3d 45 (2018) y discutió ampliamente
los
precedentes
del
Tribunal
Supremo
Federal
y
del
Tribunal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de
Columbia. Lo anterior para concluir que las acciones del
Presidente Donald J. Trump de aceptar emolumentos sin el
consentimiento del Congreso constituían una violación a
la Constitución de los Estados Unidos y resultó en la
anulación del voto de los congresistas.
Entre los asuntos discutidos, citando a Campbell v.
Clinton,
203
F.3d
19
de
la
palabra
evaluación
contexto
de
Raines
v.
(2000),
el
caso
reprodujo
la
dentro
del
manifestar
lo
“nullification”
Byrd,
supra,
al
siguiente:
We think the key to understanding the Court’s
treatment of Coleman and its use of the word
nullification is its implicit recognition that a
ratification vote on a constitutional amendment
is an unusual situation. It is not at all clear
whether
once
the
amendment
was
“deemed
ratified,” see Raines, 521 U.S. at 822, 117
S.Ct. 2312, the Kansas Senate could have done
anything to reverse that position. We think that
must be what the Supreme Court implied when it
said the Raines plaintiffs could not allege that
the “[Line Item Veto Act] would nullify their
votes in the future,” and that, after all, a
majority of senators and congressmen could
always repeal the Line Item Veto Act. Id. at
824, 117 S.Ct. 2312 (emphasis added). The
Coleman senators, by contrast, may well have
been powerless to rescind a ratification of a
______________________________________
votos hayan sido suficientes para derrotar o promulgar una medida
legislativa específica que entre o no en vigor, contención basada en
que sus votos han sido completamente anulados. Véase además,
Chenoweth v. Clinton, 181 F.3d 112, 116–17 (1999).
CC-2018-197
28
constitutional amendment that they claimed had
been defeated. In other words, they had no
legislative remedy. (Énfasis nuestro).43
Nótese
que
al
interpretar
la
palabra
anulación,
ésta se refiere a una situación inusual y que, de no
tomar
acción,
se
ata
a
un
que,
según
futuro
se
anula
completamente
si
legislativo
no
se
puede
derogar
la
anterior
implica
que,
Lo
v.
Byrd,
irreversible.
Recordemos
legislativa.44
Raines
resultado
supra,
mediante
inexistencia de un remedio legislativo,
el
el
voto
proceso
actuación
ante
la
corresponde la
intervención judicial.
A
modo
didáctico,
Blumenthal
v.
Trump,
supra,
repasa la jurisprudencia para recordarnos las instancias
en
las
cuales
se
considerará
que
un
voto
ha
sido
completamente anulado, cuando: (1) “a bloc of individual
state ‘legislators whose votes would have been sufficient
to
defeat
standing
(or
to
enact)
sue
if
a
that
specific
legislative
legislative
action
Act
have
goes
into
effect (or does not go into effect), on the ground that
their votes have been completely nullified.’”45; (2) “the
legislature,
as
an
institutional
plaintiff
authorizing
the lawsuit, had standing to sue based on the alleged
43
Campbell v. Clinton, 203 F.3d 19, 22-23 (2000).
44
Raines v. Byrd, supra, pág. 824.
45
Blumenthal v. Trump, 335 F.Supp.3d
Raines v. Byrd, supra, pág. 823.
45,
58
(2018)
citando
a
CC-2018-197
29
nullification of their votes ‘now’ or ‘in the future’ as
a result of a ballot initiative”.46
Asimismo, conforme a las decisiones del Tribunal de
Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia, el
caso
expone
algunas
anulación
de
la
confieren
capacidad
circunstancias
efectividad
del
jurídica
a
que
voto
un
constituyen
que,
a
legislador
su
en
la
vez,
su
carácter individual, a saber: (1) “treating a vote that
did not pass as if it had, or vice versa”47; (2) “that a
[…] vote on a [specific Bill] is a unusual situation”
[…][with] “no legislative remedy”;48 y finalmente (3)”when
it was the [executive branch’s] action, rather than “a
lack of legislative support,” that nullified the Member’s
vote”.49
De
la
tendencia
federal
notamos
que,
si
el
legislador reclama la anulación de la efectividad de su
voto,
cumple
con
el
test
y
no
tiene
un
remedio
legislativo adecuado ni otra persona puede impugnar la
actuación legislativa, tiene derecho a presentar la causa
de acción, o sea, standing.
Ciertamente,
es
posible
armonizar
en
nuestra
jurisdicción los criterios esbozados en la esfera federal
Blumenthal v. Trump, supra, pág. 58, citando Arizona State
Legislature v. Arizona Independent Redistricting Com'n, 135 S.Ct.
2652, 2667 (2015), 576 U. S. ___ (2015).
46
47
Campbell v. Clinton, supra, pág. 22.
48
Íd., págs. 22-23.
49
Chenoweth v. Clinton, 181 F.3d 112, 117 (1999).
CC-2018-197
al
momento
30
de
evaluar
la
capacidad
jurídica
de
un
legislador que reclama que la efectividad de su voto ha
sido anulada.
En primer lugar, es sabido que un legislador tiene
que pasar el crisol de poseer la capacidad jurídica como
cualquier
ciudadano
promovida
es
un
particular.
funcionario
Segundo,
público,
si
“los
la
parte
tribunales
interpretarán los criterios de la legitimación activa de
manera
flexible
y
liberal
y
el
análisis
de
las
alegaciones se debe hacer de la manera más favorable y
liberal para el promovente del litigio”.50 A su vez, es
necesario observar al detalle las particularidades del
caso.
Tercero,
las
alegaciones
deben
incluir
lo
siguiente: (1) que hubo una votación de un proyecto de
ley o resolución conjunta o concurrente o nombramiento
específico; (2) que luego de la votación, los votos sean
suficientes para aprobar o derrotar la medida, resolución
o
nombramiento;51
consignaron
y
(3)
en
la
contabilizaron
votación,
sus
plenamente;
(4)
votos
se
que
el
proyecto de ley sea aprobado, pero considerado rechazado
por
el
cuerpo
legislativo
o
viceversa;
(5)
luego
de
aprobada o derrotada no haya un remedio legislativo que
permita
50
derogar
la
medida,
resolución
o
nombramiento;
Bhatia Gautier v. Gobernador, supra, págs. 69-70.
Destacamos que, en el contexto de los nombramientos, la votación de
éstos dependerá de las exigencias del ordenamiento constitucional o
estatutario o si debe ajustarse al reglamento legislativo.
51
CC-2018-197
31
(6) que el resultado de la aprobación o rechazo tuvo el
efecto de anular completamente el voto.
Si
un
esbozados,
legislador
tendrá
cumple
capacidad
con
los
jurídica
criterios
para
antes
proteger
la
efectividad de su voto con o sin la concurrencia de otros
miembros del cuerpo legislativo que se trate.52 Resaltamos
que, en este tipo de causa de acción, necesariamente el
legislador
tiene
que
haber
participado
del
proceso
legislativo.
C.
El efecto del voto de abstención en el Reglamento de
la Cámara de Representantes
Para atender los planteamientos esbozados por las
partes, resulta necesario, además, considerar si la causa
de acción para reclamar la anulación de la efectividad
del
voto
es
reconocidos
de
aplicación
en
los
a
los
reglamentos
consientes
de
nuestra
obligación
principio
de
separación
de
votos
de
abstención
parlamentarios.
Así,
autoimpuesta
el
poderes
que
rige
por
nuestro
sistema republicano de Gobierno que, además, nos impone
la
doctrina
de
cuestión
política,
hemos
expresado
siguiente:
[S]i la Constitución confiere una facultad
expresa a una rama de gobierno y ésta es de
naturaleza política, la misma no estará sujeta
a revisión judicial salvo que dicha facultad
sea
ejecutada
incorrectamente,
afectando
derechos constitucionales de igual jerarquía.
Cuando
así
suceda,
nuestro
ordenamiento
jurídico no puede evadir la responsabilidad
constitucional de interpretar el derecho en
casos
de
conflicto
entre
las
ramas
52
Kennedy v. Sampson, supra, pág. 435.
lo
CC-2018-197
32
gubernamentales,
ya
que
éstas
no
pueden
convertirse en árbitros de sus propios actos.
Ahora
bien,
cuando
ejercemos
la
función
ineludible e indelegable de interpretar el
Derecho en casos de conflictos sobre derechos
políticos, así como la constitucionalidad de
las fuentes de esos derechos, debemos actuar
con mesura, respetando el criterio de otros
cuerpos gubernamentales sobre la extensión de
sus propios poderes.
Al examinar la validez constitucional de una
actuación
legislativa
impugnada
por
un
legislador hemos expresado que los tribunales
son los encargados de “definir [los] contornos
[de las facultades del Poder Legislativo y
Ejecutivo] y la determinación de la validez de
su[s] ejercicio[s] son asuntos cuidadosamente
reservados a los tribunales”. […] En esa
ocasión señalamos que el Poder Judicial es el
intérprete
final
de
la
Constitución.
Haciéndonos eco de las palabras de Alexander
Hamilton en El Federalista, expresamos que los
cuerpos legislativos no pueden ser los jueces
constitucionales
de
sus
propios
poderes.
53
(Citas omitidas).
En ese contexto, la Sec. 9 del Art. III de nuestra
Constitución establece que “cada cámara […]adoptará las
reglas
propias
de
cuerpos
legislativos
para
sus
procedimientos y gobierno interno” y esta facultad como
“corolario
del
procedimientos
poder
es
de
inherente
para
controlar
arraigo
histórico
en
sus
nuestra
jurisdicción”.54 Sin embargo, podemos atender las reglas
legislativas “a tono con la prudencia y mesura que debe
existir al revisar un asunto asignado por la Constitución
a
otra
rama
de
gobierno,
la
revisión
judicial
será
Noriega Rodríguez v. Jarabo, 136 DPR 497, 516 (1994), Const. ELA,
LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 402.
53
54
Noriega Rodríguez v. Jarabo, supra, pág. 517.
CC-2018-197
33
admisible sólo si existen criterios judiciales apropiados
para resolver la controversia”.55
En consideración al interés público que representa,
resulta necesario repasar nuestras expresiones en torno a
las
votaciones
de
los
legisladores,
según
lo
expone
nuestra Constitución y el Reglamento de la Cámara.
En Noriega Rodríguez v. Jarabo, 136 DPR 497, 517
(1994), atendimos la controversia de si la denegatoria de
una abstención de votación y la consecuente ausencia de
registro de abstención en el Libro de Actas lesionaron
las prerrogativas legislativas de 2 representantes. Este
Tribunal resolvió en la negativa.
en
sí
nos
brinda
una
Sin embargo, el caso
lección
en
torno
a
la
responsabilidad de los legisladores de votar y el efecto
que
tiene
el
voto
de
abstención
en
el
proceso
legislativo.
Primero, establecimos que los reglamentos de los
cuerpos
legislativos
constituyen
ley
para
tienen
la
vigencia
Asamblea
limitada
Legislativa
que
y
los
aprueba.56 Además, las normas aplicables o “[l]as fuentes
de
las
reglas
del
proceso
legislativo
son
las
disposiciones constitucionales o estatutarias, las reglas
adoptadas
por
decisiones
la
propia
judiciales,
Asamblea
las
Legislativa,
fuentes
55
Noriega Rodríguez v. Jarabo, supra, pág. 518.
56
Íd., pág. 520.
de
las
derecho
CC-2018-197
34
parlamentario, las costumbres, el uso, las órdenes o las
resoluciones de la Asamblea”.57
También, la “interpretación que hace un cuerpo de
sus
reglas
de
procedimiento
debe
ser
aceptada
por
un
tribunal a menos que la misma sea claramente errónea”. A
su vez, reconocimos que la naturaleza de los reglamentos
legislativos “son fuente de posibles conflictos entre los
miembros de la Asamblea”.58
Así,
el
caso
nos
recalca
que
por
mandato
constitucional el quórum de la Cámara de Representantes
”se
constituye
[Asimismo],
se
con
veintiséis
requieren
los
(26)
votos
de
representantes.
veintiséis
(26)
representantes para lograr una mayoría absoluta para la
aprobación de un proyecto de ley, resolución conjunta o
concurrente”.(Énfasis nuestro).59
Por último, y en lo concierne a cuál es el efecto
de la abstención del voto de un legislador en el trámite
parlamentario,
concluimos
que
el
voto
de
abstención
afecta el proceso legislativo cerrando la llave de paso
y, en consecuencia, no fluye la obra gubernamental o los
asuntos de interés público.60
Ahora bien, contrario al voto a favor y en contra
(que
sea
expreso),
el
voto
de
abstención
57
Noriega Rodríguez v. Jarabo, supra, pág. 520.
58
Íd., pág. 521.
59
Íd., págs. 528-529.
60
Íd., pág. 529.
no
es
de
CC-2018-197
35
entronque constitucional, sino es “materia regulada por
el derecho parlamentario y las reglas internas de cada
asamblea”.61 No obstante, esta práctica se ha permitido
desde
antes
presente
y,
de
la
Convención
Constituyente
por
el
resultado
que
podría
hasta
el
provocar
la
abstención del voto, es que se fomenta la participación
de los legisladores en el proceso parlamentario.62 Como
veremos
más
adelante
en
el
Reglamento
infra,
las
regulaciones
al
voto
de
de
la
abstención
Cámara,
no
ha
cuestiona
la
cambiado.
En
el
presente
constitucionalidad
de
caso
una
no
regla,
se
sin
embargo,
ante
la
interpretación errónea de una norma legislativa, estamos
facultados para intervenir. Veamos las disposiciones del
Reglamento de la Cámara de Representantes de Puerto Rico,
R. de la C. 126, Decimoséptima Asamblea Legislativa, 15
de enero de 2013, (Reglamento de la Cámara) que gobiernan
o inciden en la votación, la abstención del voto y la
reconsideración.
De
entrada,
en
lo
concerniente
al
voto
del
legislador, hemos expresado lo siguiente:
[L]a Constitución expresa que “[l]as Cámaras
llevarán libros de actas donde harán constar
lo relativo al trámite de los proyectos y las
votaciones emitidas a favor y en contra de los
mismos”. Art. III, Sec. 17, Const. E.L.A.,
supra, ed. 1982, pág. 344. Además, señala que
61
Noriega Rodríguez v. Jarabo, supra, pág. 532.
Íd., pág. 526, Art. III, Sec. 17, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed.
2016, págs.410-411.
62
CC-2018-197
36
los proyectos de ley deberán ser aprobados por
una mayoría total de los miembros de cada
Cámara y que “[t]oda aprobación final o
reconsideración
de
un
proyecto
será
en
votación por lista”. Art. III, Sec. 19, Const.
E.L.A., supra, ed. 1982, pág. 346.63
Este deber de la Asamblea Legislativa contenido en
la Sección 36 del Reglamento de la Cámara, supra, está
relacionado con el calendario de aprobaciones finales.
Mediante la Sección 36.3 del Reglamento de la Cámara,
supra, se establece la votación para la aprobación final
de
una
pieza
legislativa
o
resolución
conjunta
o
concurrente.
Sección 36.3.-Votación
La votación para la aprobación final de
cualquier
proyecto
de
ley
o
resolución
conjunta o concurrente se llevará a efecto por
lista
o
por
votación
electrónica
y
el
resultado será anotado en el Acta. Ningún
proyecto de ley o resolución será aprobado a
menos que una mayoría absoluta de los miembros
de la Cámara vote a favor de la aprobación de
la misma. (Énfasis nuestro).64
En cuanto a la votación por lista, el Reglamento de
la Cámara, supra, establece lo siguiente:
Sección 37.4.-Votación Electrónica o Votación
por lista
.
.
.
.
.
.
.
Para los fines de cualquier disposición legal
que contemple una votación por lista, la
votación electrónica certificada surtirá el
mismo efecto. (Énfasis nuestro).65
63
Noriega Rodríguez v. Jarabo, supra, págs. 530-531.
Reglamento de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, R. de la
C. 126, Decimoséptima Asamblea Legislativa, 15 de enero de 2013,
(Reglamento de la Cámara), pág. 124.
64
65
Íd.,págs. 125-126.
CC-2018-197
37
Es importante resaltar que “la votación por lista
es un medio de fijar la responsabilidad individual por la
aprobación o rechazo de una medida”.66
Por otro lado, la Sección 37.5 del Reglamento de la
Cámara, supra, rige los asuntos de los votos de abstención
y, en lo pertinente, dispone lo siguiente:
Sección 37.5.-Participación en las votaciones;
abstenciones
Los Representantes presentes al momento de
efectuarse
una
votación
por
lista
o
electrónica vendrán obligados a emitir su
voto, excepto en los casos que a continuación
se indican:
.
.
.
.
.
.
.
.
(c) los Representantes podrán abstenerse de
votar con el consentimiento de la mayoría
presente cuando no estén preparados para
emitir su voto por desconocimiento del
asunto sometido a votación.
En
todos
aquellos
casos
en
que
un
Representante solicite que se le permita
abstenerse de votar, el asunto se resolverá
sin debate.
En caso de autorizarse la abstención, el
Presidente ordenará al Secretario que permita
al Representante abstenerse en el Sistema
Electrónico de Votación. Si la decisión de la
Cámara fuere en la negativa, el Representante
que solicitó la abstención vendrá obligado a
emitir su voto.
En el caso de una votación por lista, si al
ser llamado a emitir su voto y estando en
sala, el Representante se negara a votar, o
votare abstenido habiendo sido denegada su
petición
o
no
habiendo
solicitado
la
abstención se entenderá que está votando en
contra y así se consignará en la hoja de
votación. (Énfasis nuestro)67
66
Noriega Rodríguez v. Jarabo, supra, pág. 531, esc.56.
67
Reglamento de la Cámara, supra, págs. 126-127.
CC-2018-197
38
Resaltamos que, según nuestra Opinión en Noriega
Rodríguez v. Jarabo, supra, un voto de abstención puede
constituir un obstáculo cuando no se logra la mayoría
absoluta de los miembros que componen el cuerpo. Por lo
tanto, la consecuencia de la autorización del voto de
abstención es que se tiene que consignar para determinar
si la pieza legislativa o la resolución o el nombramiento
que
exija
la
mayoría
absoluta
contó
con
los
votos
necesarios. Es decir, el voto de abstención autorizado
por
el
facto,
cuerpo
legislativo
no
jure.
de
Lo
es
como
anterior
voto
es
en
contra
de
porque,
según
la
precitada sección del Reglamento de la Cámara, supra, si
al llamar a un representante a la votación por lista y se
encuentre
en
sala,
pero:
(1)
se
niega
a
votar;
(2) se abstiene de votar, sin autorización para hacerlo;
o
(3)
se
solicitud
abstiene
se
de
entenderá
votar,
que
luego
de
en
contra
votó
denegada
y
así
su
se
consignará en la hoja de votación.
En cuanto al asunto del trámite de reconsideración,
éste es gobernado por la Sección 39 del Reglamento de la
Cámara,
supra.
En
específico,
la
Sección
39.3
del
Reglamento de la Cámara, supra, dispone el procedimiento
de
la
solicitud
peticionarla
de
cuando
reconsideración
la
votación
disposición establece lo siguiente:
es
y
quiénes
por
pueden
lista.
La
CC-2018-197
39
Sección 39.3.-Reconsideración en votación por
lista o electrónica
.
.
.
.
.
.
.
.
Cuando una votación se hubiere llevado a cabo
por lista o electrónica, solamente podrá
solicitar la reconsideración de la medida
legislativa
o
asunto
votado
cualquier
representante que, mediante su voto, fuere
parte del grupo que obtuvo la mayoría en esa
votación. (Énfasis nuestro).68
Nótese
que
cuando
la
votación
es
por
lista
o
electrónica, solamente los legisladores que fueron parte
del
grupo
que
obtuvo
la
mayoría
de
los
votos
podrá
solicitar la reconsideración. De lo contrario, no podrá
solicitar la reconsideración del asunto votado.
D.
El caso Acevedo Vilá v. Meléndez
De entrada, esta situación en particular nos lleva a
evaluar el planteamiento de la recurrida y la decisión de
los foros recurridos de que, conforme a Acevedo Vilá v.
Meléndez, 164 DPR 875 (2005), los legisladores carecían de
standing
para
presentar
la
causa
de
acción.
Veamos
los
hechos del caso.
El Hon. Aníbal Acevedo Vilá, Gobernador de Puerto
Rico (Gobernador), envió al Senado el nombramiento de la
Sra. Marisara Pont Marchese
(señora Pont
Marchese)
para
ocupar el puesto de Secretaria de Estado. Luego de contar
con el aval del Senado -de 26 votos a favor y 1 en contrael nombramiento de la señora Pont Marchese pasó ante la
consideración de la Cámara. La primera votación se celebró a
viva voz. No obstante, el representante Hon. Víctor García
68
Reglamento de la Cámara, supra, págs. 130-131.
CC-2018-197
40
San Inocencio notificó que la votación tenía que ser por
lista. El portavoz de la minoría, el representante Hon.
Héctor Ferrer Ríos (representante Ferrer Ríos), secundó la
petición por ser cónsona con el Reglamento de la Cámara al
disponer
que
los
nombramientos
se
consideraban
mediante
votación por lista. El resultado de la votación por lista
reflejó que la nominada obtuvo 24 votos a favor y 16 en
contra. A raíz del resultado, el entonces Presidente de la
Cámara,
Hon.
José
Aponte
Hernández,
declaró
que
el
nombramiento de la señora Pont Marchese no contó con el
respaldo de la mayoría absoluta del Cuerpo. Luego de que el
representante Ferrer Ríos alegó que para la aprobación se
requería una mayoría simple, el Presidente de la Cámara
mantuvo su determinación de que la señora Pont Marchese no
fue confirmada.
El representante Hon. Luis Pérez Ortiz, quien había
votado a favor de la nominada, solicitó la reconsideración
de la votación junto con otros 5 representantes. En la
votación de la reconsideración, la nominada obtuvo 20 votos
a favor y 22 en contra, por lo que el Presidente de la
Cámara pronunció que la nominada no había sido confirmada. A
raíz
de
la
notificarle
votación,
al
se
Gobernador
emitió
que
su
la
certificación
nominada
no
para
resultó
favorecida.
Por estos hechos, el representante Ferrer Ríos, el
Gobernador y la señora Pont Marchese presentaron un auto de
Mandamus para ordenar la validez de la votación por lista
CC-2018-197
41
inicial, porque la votación en reconsideración era errada,
y,
además,
solicitó
la
expedición
de
la
certificación
confirmando el nombramiento de la nominada.
Evaluada la controversia, este Tribunal determinó que
los demandantes no tenían legitimación activa. Al evaluar
los hechos nos percatamos que: (1) era un auto de Mandamus;69
(2)
el
representante
Ferrer
Ríos
votó
a
favor
del
nombramiento de la señora Pont Marchese; (3) debido a que
votó a favor y era parte del voto mayoritario simple, tuvo
el
beneficio
de
la
reconsideración
solicitada
por
otro
representante; (4) se consignaron los votos -el inicial y el
de
reconsideración-
del
representante
Ferrer
Ríos;
y
(5) ante la falta de comparecencia de 2 representantes, este
Tribunal
no
pudo
considerar
el
planteamiento
del
representante Ferrer Ríos en torno al cómputo de los votos
emitidos por error en la reconsideración del nombramiento.
Aun si consideramos el caso dentro del contexto de
Raines v. Byrd, supra, el representante Ferrer Ríos no tenía
legitimación activa. El representante Ferrer Ríos votó a
favor de la nominada y, en consecuencia, gozó de remedios
legislativos, entre estos, la reconsideración. Asimismo, el
representante
Ferrer
Ríos
nombramiento
específico
y
sí
alegó
que
votó
que
la
votación
por
un
final
era
suficiente para la confirmación, pero la realidad es que la
nominada no obtuvo los votos necesarios para la aprobación
Según expresamos en Acevedo Vilá v. Meléndez, supra, págs. 906-907,
el auto de Mandamus era improcedente. Es decir, no era el recurso
adecuado.
69
CC-2018-197
42
del nombramiento en la reconsideración concedida, conforme
disponía el reglamento del cuerpo legislativo. Es decir,
“they simply lost that vote”70 y mediante un recurso de
Mandamus pretendió trasladar el debate legislativo al foro
judicial.
Cabe apuntar que al discutir la capacidad jurídica de
la señora Pont Marchese, expresamos lo siguiente:
[L]a Sra. Marisara Pont Marchese no ha expuesto
un daño claro y palpable más allá de la pérdida
de su expectativa y de su deseo de servir a
Puerto Rico como la Secretaria del Departamento
de Estado. Independientemente de los méritos de
su nominación por el Gobernador, la señora Pont
Marchese no tiene un derecho sobre dicho cargo
precisamente porque no ha sido confirmada por
ambas cámaras, según lo requiere el Art. IV,
Sec. 5 de nuestra Constitución, supra. Tampoco
se
han
expedido
las
correspondientes
credenciales ni ha prestado su juramento una vez
nombrada, como ocurrió en el caso United States
v. Smith, 286 U.S. 6 (1932). En vista de ello,
este Tribunal no puede confeccionar un remedio
judicial
que
no
conlleve
una
intromisión
indebida en el poder legislativo. (Énfasis
nuestro).71
Con estas expresiones descartamos el planteamiento de
la recurrida de que los legisladores incumplieron con el
requisito de legitimación pasiva al señalar que no se nominó
para el cargo ni participó en la votación que, según alegó,
la favoreció en la confirmación del nombramiento. Contrario
a lo aseverado, la recurrida era la razón por la cual se
llevó a cabo el procedimiento legislativo.
70
Raines v. Byrd, supra, pág. 824.
71
Acevedo Vilá v. Meléndez, supra, pág. 888.
CC-2018-197
Por
43
último,
para
poder
disponer
de
la
presente
controversia es necesario revisar el Art. 10 de la Ley Núm.
2 de 23 de febrero de 1988, según enmendada, conocida como
la Ley para Crear la Oficina del Panel sobre el Fiscal
Especial Independiente (Ley del Panel del FEI), 3 LPRA sec.
99(h)
et
seq.,
que,
según
los
peticionarios,
surgía
la
obligación de impartir el consejo y consentimiento conforme
a la mayoría absoluta que componen el Cuerpo y no por el
voto de la mayoría simple que resultó en la confirmación del
nombramiento.
E.
La Ley del Panel del FEI
El
Art.
10
de
la
Ley
del
FEI,
supra,
regula
la
designación de los miembros en propiedad y los alternos del
Panel
sobre
el
Fiscal
Especial
y,
en
lo
pertinente,
establece lo siguiente:
El Gobernador de Puerto Rico designará, con
el consejo y consentimiento de la mayoría del
número total de los miembros que componen el
Senado y la Cámara de Representantes de Puerto
Rico, tres miembros en propiedad con experiencia
en el campo de derecho penal. Estos tres
(3) miembros constituirán el Panel y serán
seleccionados de entre los ex jueces del
Tribunal Supremo, del Tribunal de Apelaciones, o
del Tribunal de Primera Instancia. El Gobernador
de Puerto Rico también designará, de la misma
forma, de entre los ex jueces del Tribunal
Supremo,
del
Tribunal
de
Apelaciones
o del Tribunal de Primera Instancia dos (2)
miembros alternos que formarán parte del Panel
en caso de inhibición o de alguna otra
circunstancia que impida a cualquier miembro en
propiedad desempeñar sus funciones.[…]. (Énfasis
nuestro). 72
72
3 LPRA sec. 99(q).
CC-2018-197
44
Asimismo, el nombramiento del miembro en propiedad y
del miembro alterno tienen un término de 10 años que “se
computará a partir de la fecha en que éstos prestaron su
juramento, una vez confirmados por el Senado y la Cámara de
Representantes”.73
Como
ya
hemos
mencionado,
si
no
se
activa
la
disposición constitucional sobre la representación de los
partidos de minoría, “el quórum del Cuerpo se constituye con
veintiséis (26) representantes. [Asimismo], se requieren los
votos de
veintiséis (26)
representantes para
lograr una
mayoría absoluta para la aprobación de un proyecto de ley,
resolución conjunta o concurrente” 74.
Según la legislación, esa es la cantidad de votos que
se requiere tanto para el nombramiento de un miembro en
propiedad como para un miembro alterno del Panel del FEI.
IV
Luego del análisis esbozado, debemos cuestionarnos si
la acción de la Cámara de confirmar el nombramiento de la
nominada
anuló
abstención
la
de
los
efectividad
o
el
peticionarios.
valor
del
voto
de
Contestamos
en
la
afirmativa.
En esencia, los peticionarios procuran reivindicar el
valor
del
voto
de
abstención
y
así
defender
su
interés
individual vinculado al proceso legislativo. Esgrimen que el
caso no se trata del poder inherente asignado a la Asamblea
73
3 LPRA sec. 99(q).
74
Noriega Rodríguez v. Jarabo, supra, págs. 528-529.
CC-2018-197
Legislativa,
45
sino
estatutaria en
del
cumplimiento
la que la Rama
de
una
Legislativa
disposición
estableció
la
manera en que ésta prestaría su consejo y consentimiento para
el nombramiento que la Rama Ejecutiva propuso al cargo del
miembro alterno del Panel del FEI.
Por otro lado, el argumento central de la recurrida es
que los peticionarios participaron del proceso legislativo,
se
abstuvieron
de
votar,
se
consignaron
sus
votos
y
el
nombramiento se celebró conforme lo dispone el Reglamento de
la
Cámara,
supra,
según
lo
interpretó
el
Presidente
Incidental de la Decimoséptima Asamblea Legislativa. Por tal
motivo, reitera que los peticionarios carecen de legitimación
activa porque no se menoscabó la prerrogativa legislativa que
poseen.
Las particularidades del presente caso se distinguen
de Acevedo Vilá v. Meléndez, supra. Analicemos el test de
Raines v. Byrd, supra, para demostrar si la actuación de la
Cámara anuló la efectividad o valor del voto de abstención de
los peticionarios.
En el presente caso, los peticionarios alegaron que la
Cámara tenía ante su consideración el nombramiento de la
recurrida como miembro alterno del Panel del FEI. Éstos,
afirmaron
que,
luego
de
que
el
portavoz
de
la
minoría
explicara las razones por las cuales su grupo se abstendría
de votar, la Cámara les permitió consignar la abstención de
la votación.
CC-2018-197
46
Como
mencionáramos,
la
votación
final
del
nombramiento de la recurrida resultó en 24 votos a favor, 0
en
contra,
14
abstenidos
y
13
ausentes.
Conforme
a
la
precitada legislación, la designación de la recurrida como
miembro alterno del Panel del FEI requiere el consentimiento
de la mayoría absoluta de ambos cuerpos legislativos. Es
decir, el quórum exigido para la confirmación del cargo era
de 26 votos a favor. No obstante, la Cámara no consideró que
las disposiciones estatutarias, las reglas que adopta y la
jurisprudencia de este Tribunal son algunas de las normas
aplicables
o
“[l]as
fuentes
de
las
reglas
del
proceso
legislativo”.75 O sea, la Casa de las Leyes tiene que cumplir
con la legislación que aprueba, el reglamento que promulga y
acatar las decisiones que tomamos.
Ahora
abstención
bien,
no
indistintamente
es
de
de
entronque
que
el
voto
de
constitucional,
su
reconocimiento en el Reglamento de la Cámara, supra, le
extiende un carácter estatuario, pues los reglamentos de los
cuerpos
legislativos
constituyen
ley
para
la
Asamblea
Legislativa que los aprueba.76 Además, es una realidad que
ante un mandato legislativo que requiere que se apruebe un
nombramiento por mayoría absoluta, un voto de abstención
tiene
el
efecto
de
constituir
un
voto
menos
de
los
requeridos por ley para alcanzar el mínimo necesario para
que el nombramiento sea válido.
75
Noriega Rodríguez v. Jarabo, supra, pág. 520.
76
Íd.
CC-2018-197
47
Por otro lado, tal como expresamos en el pasado y hoy
reiteramos,
el
voto
de
abstención
en
una
votación
que
requiera la mayoría absoluta podría cerrar la llave de paso
del asunto de interés público considerado por el cuerpo
legislativo. En este caso, el nombramiento de la recurrida.
Una
vez
permitida
la
abstención
del
voto
por
la
Cámara, tiene que surtir efecto si, como en este caso, la
votación final del nombramiento de la recurrida no logró
alcanzar la mayoría absoluta que requiere la Ley del Panel
del FEI. Por ello, no hay duda de que, según alegaron los
peticionarios, los votos fueron suficientes para rechazar el
nombramiento confirmado por la Cámara.
Finalmente, para determinar si a los peticionarios
les
anularon
contestar
la
la
efectividad
siguiente
del
voto,
interrogante:
además,
los
debemos
peticionarios,
¿tenían un remedio legislativo adecuado?
Conforme
a
la
Sección
39.3
del
Reglamento
de
la
Cámara, supra, solo aquellos que fueron parte del grupo de
legisladores que obtuvieron la mayoría de los votos podían
solicitar
la
reconsideración
de
la
votación
final.
Al
consignarse el voto de abstención de los peticionarios y
éstos no ser parte del grupo que votó con la mayoría,
estaban impedidos de
solicitar
la reconsideración de la
votación final.
Además de lo anterior, por la naturaleza inusual del
nombramiento no es posible revertirlo mediante un trámite
legislativo posterior, sino que, para ello, es necesario
CC-2018-197
solicitar
48
la
nombramiento
intervención
de
un
miembro
judicial.
del
Panel
Inusual,
porque
el
del
tiene
un
FEI
término de 10 años, computado desde que es confirmado por la
Rama Legislativa. Por lo tanto, correspondía la intervención
judicial.
Así las cosas, resolvemos que la confirmación del
nombramiento de la recurrida por parte de la Cámara sin
contar con los votos suficientes provocó la anulación de la
efectividad del voto de abstención de los peticionarios, y
ante
la
ausencia
de
remedio
legislativo
disponible,
la
acción del cuerpo legislativo constituyó un daño concreto y
directo al palio del Art. 10 de la Ley del Panel del FEI,
supra, y del Reglamento de la Cámara, supra.
Por
lo
tanto,
contrario
a
tribunales
de
menor
jerarquía,
los
lo
resuelto
por
peticionarios
los
poseen
legitimación activa en su carácter individual para presentar
la causa de acción por la anulación de la efectividad o
valor del voto.
V
Por
los
fundamentos
antes
expuestos,
se
revoca
al
Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de
Primera Instancia para que atienda el caso conforme a lo aquí
resuelto.
Se dictará sentencia de conformidad.
Erick V. Kolthoff Caraballo
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Honorable María de Lourdes
Ramos Rivera, por sí y como
Vicepresidenta de la Cámara de
Representantes de Puerto Rico y
el Honorable Carlos Méndez Núñez,
por sí y como Presidente de la
Cámara de Representantes de
Puerto Rico
CC-2018-197
Certiorari
Peticionarios
v.
Licenciada Emmalind García García
Recurrida
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 2019.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede la cual se hace formar parte íntegra de la
presente, se revoca al Tribunal de Apelaciones y se
devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia
para que atienda el caso conforme a lo aquí resuelto.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica
el Secretario del Tribunal Supremo. La Juez Asociada
señora Rodríguez Rodríguez y el Juez Asociado señor
Colón Pérez emitieron Opiniones disidentes. La Jueza
Presidenta Oronoz Rodríguez no interviene.
José Ignacio Campos Pérez
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
María de Lourdes Ramos
Rivera,
por
sí
y
como
Vicepresidenta de la Cámara
de Representantes de Puerto
Rico y el Hon. Carlos Méndez
Núñez,
por
sí
y
como
Presidente de la Cámara de
Representantes de Puerto Rico
Hon.
Núm. CC-2018-0197
Peticionarios
v.
Lcda. Emmalind García García
Recurrida
Opinión disidente emitida
Rodríguez Rodríguez
por
la
Juez
Asociada
señora
San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 2019
“I
can
believe
provided
that
it
incredible”
anything,
is
quite
-Oscar Wilde
La Opinión que hoy suscribe una mayoría es abiertamente
inconsistente
con
los
dictámenes
recientes
de
esa
misma
mayoría relacionados con la doctrina de legitimación activa.
¿A
qué
obedece
naturaleza
del
este
zigzagueante
reclamo
presentado
estándar?
o
de
una
¿Deriva
de
la
consideración
templada de la identidad de los sujetos que lo realizan y su
cumplimiento con los requisitos que la doctrina exige?
Es
incuestionable que el dictamen que hoy se emite propende al
desarrollo de una normativa ininteligible que aun a la propia
CC-2018-0197
2
mayoría se le dificulta aplicar. Por entender que el concepto
de legitimación activa alude a la capacidad de un reclamante
de ejercitar un derecho y su análisis necesariamente ha de
enfilarse en la titularidad del interés reclamado, disiento
del dictamen que hoy emite este Tribunal.
En esencia, la controversia planteada requería determinar
si dos legisladores ostentan legitimación activa para impugnar
la confirmación de una nominada a un puesto gubernamental por
parte de la Cámara de Representantes. Ello, luego de que ambos
se abstuvieron de emitir un voto a favor o en contra de la
nominada.
En
otras
plenamente
en
el
palabras,
proceso
a
pesar
de
haber
participado
legislativo
de
confirmación
y
de
haber tenido la oportunidad de emitir sus respectivos votos,
los dos legisladores recurrieron a los foros judiciales para
solicitar,
mediante
una
demanda
de
injunction
y
sentencia
declaratoria, que se declarara ilegal el nombramiento. Por
entender que los foros recurridos actuaron correctamente al
determinar
que
estos
legisladores
carecían
de
legitimación
activa, disiento de la Opinión que hoy suscribe una mayoría.
No albergo duda de que los legisladores a quienes una mayoría
hoy les reconoce legitimación activa fundamentaron su reclamo
en
un
daño
puramente
imaginativo
e
hipotético
supuestos y conjeturas altamente improbables.
basado
en
CC-2018-0197
3
I.
Los
hechos
que
originan
la
controversia
ante
nuestra
consideración se consignan en la Opinión mayoritaria, por lo
que limito mi exposición a lo fundamental. El 27 de diciembre
de
2016,
Asamblea
la
Cámara
Legislativa
de
Representantes
declaró
aprobada
de
la
Decimoséptima
la
nominación
de
la
Lcda. Emmalind García García como Miembro Alterno del Panel
sobre el Fiscal Especial Independiente. A esos efectos, el 28
de
diciembre
de
2016,
la
secretaria
de
la
Cámara
de
Representantes envió una carta al entonces Gobernador, Hon.
Alejandro
García
Padilla,
informándole
que
ese
cuerpo
legislativo había considerado y había dado su consentimiento a
la nominación. Véase Ap., en la pág. 73. Ese mismo día, el
secretario del Senado también envió una carta al Gobernador
informándole la confirmación de la licenciada García García al
cargo por parte del Senado. Id. en la pág. 47. Contando con el
consejo y consentimiento de ambas cámaras legislativas, el 3
de enero de 2017, la licenciada García García juramentó como
Miembro
Alterno
del
Panel
del
Fiscal
Independiente
y
tomó
posesión del cargo. Id. en la pág. 75.
El 20 de enero de 2017, el Hon. Carlos Méndez Núñez y la
Hon.
María
de
Vicepresidenta
de
Lourdes
la
Ramos
Cámara
de
Rivera,
Presidente
Representantes
de
y
la
Decimoctava Asamblea Legislativa, respectivamente, presentaron
una
demanda
sobre
sentencia
declaratoria
e
injunction
en
CC-2018-0197
4
contra de la licenciada García García. En ésta, alegaron que
comparecían “por sí” y -en el caso del representante Méndez
Núñez-
en
calidad
Representantes.
de
Presidente
Mediante
la
de
demanda,
la
Cámara
solicitaron
de
que
se
decretara la nulidad del nombramiento de la licenciada García
García, en tanto y cuanto ésta no obtuvo los votos necesarios
para ser confirmada. Específicamente, sostuvieron que el Art.
10 de la Ley del Fiscal Especial Independiente, Ley Núm. 2 de
23 de febrero de 1988, 3 LPRA sec. 99q, requería 26 votos a
favor y que la letrada solamente había obtenido 24. Ello, dado
que hubo 14 representantes abstenidos y 13 ausentes, si bien
ninguno votó en contra de la nominada.
El
6
de
febrero
de
2017,
la
licenciada
García
García
presentó una Moción de Desestimación en la que arguyó que los
representantes
Méndez
Núñez
para
y
legitimación
activa
legisladores
y
en
representación
Representantes
de
la
Ramos
impugnar
de
Decimoséptima
Rivera
carecían
su
nombramiento
la
extinta
Asamblea
de
como
Cámara
de
Legislativa.
Adujo, además, que los legisladores se habían abstenido de
votar y que no habían alegado un daño real y palpable como
consecuencia
de
parte,
opusieron
se
su
nombramiento.
a
la
Los
legisladores,
desestimación
de
la
por
su
demanda
planteando que tenían un “interés legítimo en que sus votos no
sean anulados ni su participación en el proceso menoscabado”.
Sostuvieron que la confirmación que pretendían impugnar había
CC-2018-0197
5
tenido el efecto de anular los votos de aquellos legisladores
que no votaron a favor del nombramiento.
Tanto el Tribunal de Primera Instancia como el Tribunal de
Apelaciones
carecían
concluyeron
de
que,
legitimación
en
efecto,
activa
para
los
legisladores
incoar
la
demanda
solicitando la nulidad del nombramiento. Ello, puesto que, al
abstenerse de votar, ejercieron sus prerrogativas legislativas
y no surgía que se le hubiese afectado su participación plena
en los procesos. Asimismo, ambos foros concluyeron que los
legisladores carecían de legitimación activa para comparecer
en
representación
de
una
Cámara
de
Representantes
cuyas
funciones cesaron en el año 2016. Determinaron, además, que
los legisladores no habían demostrado cómo la confirmación de
la licenciada García García les había causado un daño claro,
real
y
palpable
o
les
había
lesionado
sus
derechos
y
prerrogativas legislativas durante el proceso. Por último, el
Tribunal
de
Apelaciones
destacó
que
el
argumento
de
los
legisladores en torno a cómo su legitimación se fundamentaba
en
que
estaban
sujetos
a
la
jurisdicción
investigativa
y
acusatoria del Panel era uno frívolo que descansaba en la
suposición -altamente especulativapudiese
ser
licenciada
objeto
García
de
alguna
García
de que alguno de ellos
investigación
participara
por
en
la
que
la
razón
de
la
no
intervención de algún miembro en propiedad.
Insatisfechos,
Tribunal
e
los
insistieron
legisladores
en
que
recurrieron
poseían
ante
este
legitimación
para
CC-2018-0197
6
impugnar el nombramiento de la licenciada García García por sí
y en representación de la Cámara de Representantes. Con la
Opinión que se emite durante el día de hoy, una mayoría de
este Tribunal les da la razón y devuelve el caso al Tribunal
de
Primera
Instancia
para
que
adjudique
los
méritos
sustantivos de su reclamo. Tal y como discuto a continuación,
ese proceder se desentiende de los requisitos concernientes a
la
doctrina
de
legitimación
activa
y
es
contrario
a
la
jurisprudencia de este Tribunal relacionada con la aplicación
de esa doctrina a los legisladores.
II.
Recientemente, este Tribunal dictaminó que un legislador
posee legitimación activa cuando procura vindicar un interés
personal en el ejercicio pleno de sus funciones legislativas,
según
éstas
se
ven
afectadas
por
actuaciones
de
la
Rama
Ejecutiva. Solo entonces el legislador estará en posición de
demostrar a los tribunales que sus derechos constitucionales o
estatutarios
han
sido
vulnerados.
Véase
Bhatia
Gautier
v.
Gobernador, 199 DPR 59 (2017). Es por ello que, tal y como
reiteramos hace apenas un mes, al incoar un reclamo judicial,
los legisladores no están exentos de cumplir con los criterios
de legitimación activa, “a saber, la existencia de un daño
claro y real, no imaginario o hipotético”. Senado de Puerto
Rico v. Gobierno de Puerto Rico, 2019 TSPR 138 (2019).
CC-2018-0197
Al
7
aplicar
legisladores,
la
en
(1994)
resolvimos
activa
para
doctrina
de
legitimación
Noriega
v.
que
legislador
un
impugnar
Hernández
la
no
aprobación
Colón,
a
DPR
406
135
tenía
de
activa
legitimación
unas
medidas
legislativas porque no se había opuesto a ellas durante el
trámite legislativo.
En este caso, como se indicó, ninguno de
los dos legisladores que comparecieron como demandantes ante
el
Tribunal
de
Primera
Instancia
votó
nombramiento de la licenciada García García.
sería
suficiente
peticionarios.
Se
para
rechazar
pretende,
los
sin
en
contra
Noriega, supra,
reclamos
embargo,
del
de
equiparar
los
su
abstención de emitir un voto durante el proceso legislativo
con
un
voto
en
contra
de
la
licenciada
García
García.
Este razonamiento tautológico es propio de la nigromancia, mas
no de la argumentación jurídica.
Curiosamente, los legisladores en este caso sostienen que
“tienen un interés legítimo por que sus votos no sean anulados
o su participación en el proceso menoscabada”. La lógica dicta
que solamente un voto en contra tiene el efecto de anular un
voto a favor. La mayoría, sin embargo, en un claro desafío a
esa
lógica,
concluye
que
“la
acción
de
la
Cámara
de
Representantes de confirmar el nombramiento de la nominada
anuló el valor del voto de abstención de los peticionarios”.
Ponencia en la pág. 44. Distinto a esta conclusión, y conforme
a lo resuelto en Noriega, supra, los legisladores en este caso
carecen de legitimación activa para impugnar una actuación
CC-2018-0197
8
legislativa a la cual no se opusieron. Dado que activamente se
negaron a votar a favor o en contra de la nominada, resulta un
oxímoron denominar su abstención como un voto.77
Al
equiparar
votarle
en
su
contra
abstención
a
un
con
el
nombramiento
acto
del
afirmativo
Ejecutivo,
de
los
legisladores pretenden -por la vía judicial- tener una segunda
oportunidad
de
intervenir
en
un
proceso
en
el
que
ya
participaron y para el cual su posición no prevaleció. En
otras palabras, procuran “trasladar el debate legislativo de
la
arena
Tribunal
política
al
foro
judicial”;
censuró
enérgicamente
en
proceder
Hernández
que
este
Torres
v.
Gobernador I, 129 DPR 824, 842 (1992). Lo que es peor, ese
traslado se da en virtud de una renuencia afirmativa por parte
de
los
legisladores
que
comparecen
ante
este
Tribunal
de
incidir activamente en el resultado de ese debate mediante la
emisión de un voto cuantificable a favor o en contra del
nombramiento.
Como
ya
indicamos,
debido
a
que
los
legisladores no se opusieron al nombramiento de la licenciada
García García durante el transcurso del debate legislativo,
“En la figura que se llama oxímoron, se aplica a una palabra
un epíteto que parece contradecirla; así los gnósticos
hablaron de luz oscura, los alquimistas, de un sol negro.”
Jorge Luis Borges, El Zahir en El Aleph, en la pág. 42
(Alianza Editorial 1997). Véase además, Henry M. Robert III et
al., Robert’s Rules of Order, Frequently Asked Questions,
disponible
en
http://www.robertsrules.com/faq.html#6
(“The
phrase ‘abstention votes’ is an oxymoron, an abstention being
a refusal to vote. To abstain means to refrain from voting,
and, as a consequence, there can be no such thing as an
’abstention vote.’”).
77
CC-2018-0197
9
están impedidos de impugnar el resultado de éste ante un foro
judicial. Eso fue justamente lo que este Tribunal dictaminó en
Noriega, supra.
Resulta
inconcebible
que
una
mayoría
entienda
que
el
efecto de la abstención de los legisladores en este caso fue
anular “el valor” de los votos que conscientemente se negaron
a emitir. Incontrovertiblemente, los legisladores a quienes
este Tribunal les permite un segundo turno al bate con la
Opinión
que
legislativo,
antecede
estuvieron
presentes
no
excluidos
de
fueron
éste,
en
el
debate
tuvieron
amplia
oportunidad de participar y votar a favor o en contra del
nombramiento.
No
afirmativamente-
obstante,
decidieron
-consciente
y
abstenerse del ejercicio de sus deberes y
funciones como integrantes de la Cámara de Representantes.
Contrario
a
lo
que
hace
la
mayoría,
me
resulta
imposible
atribuirle valor alguno a ese proceder, mucho menos cuando
ello conlleva soslayar el principio de separación de poderes y
desvirtuar por completo la doctrina de legitimación activa.78
Del expediente surge que los legisladores ni tan siquiera
alertaron al cuerpo legislativo sobre la supuesta “anulación
del valor de sus votos”. Por el contrario, optaron por
observar -pasivamente y sin oposición- cómo el Presidente
incidental de la Cámara determinó que el nombramiento había
sido confirmado, cómo se le envió la certificación a esos
efectos al Gobernador y cómo la licenciada García García
juramentó a su cargo. Incluso, esperaron a que culminara la
decimoséptima Asamblea Legislativa, foro ante el cual se dio
el debate durante el cual se abstuvieron de votar. Luego de
tanta inercia, decidieron acudir a los tribunales a reclamar
la presunta ilegalidad de la actuación de una cámara
legislativa que ya no está en funciones y de un gobernador
cuyo mandato culminó.
78
CC-2018-0197
10
Tal
y
como
se
oponerse
a
la
solicitud
legitimación
destaca
activa
en
de
la
Opinión
mayoritaria,
desestimación
presentada
por
la
por
al
falta
recurrida,
de
los
legisladores plantearon que gozaban de “un interés legítimo de
que sus votos no sean anulados ni su participación en el
proceso de confirmación sea menoscabada”. Opinión, en la pág.
8.
A lo largo de la ponencia, al exponer y evaluar los
argumentos
de
los
peticionarios,
la
mayoría
continúa
refiriéndose al interés legítimo de éstos de que sus votos no
sean
anulados
“completamente”.
A
todas
luces,
pues,
a
la
propia mayoría se le dificulta discernir las implicaciones de
una abstención en un proceso legislativo. Así, al resumir los
argumentos
de
los
peticionarios,
la
mayoría
continúa
refiriéndose al interés legítimo de éstos de que sus “votos”
no sean anulados “completamente”.
Al
margen
legisladores
del
aquí
significado
peticionarios
que
le
la
mayoría
atribuyan
al
y
los
adverbio
“completamente” en este contexto, la realidad inescapable es
que los legisladores peticionarios no votaron ni a favor ni en
contra
del
nombramiento
de
la
licenciada
García
García.
A
pesar de que un acto que nunca se concretó no puede ser objeto
de una anulación -completa o parcial- la mayoría recurre a la
doctrina de vote nullification para investir indebidamente a
los legisladores de legitimación activa. La mayoría incluso
reformula la controversia y se refiere a la causa de acción de
impugnación del nombramiento de la licenciada García García
CC-2018-0197
como
“una
11
causa
de
acción
sobre
anulación
del
valor
o
efectividad del voto de un legislador”. Opinión en la pág. 1.79
La
propia
Opinión
suscrita
por
la
mayoría
revela
una
cándida confusión y ambivalencia en torno al efecto de la
abstención de los legisladores peticionarios. Por un lado, en
la Opinión se afirma que “el voto de abstención autorizado por
el cuerpo legislativo es como (sic.) voto en contra de facto,
no de jure”. Id. en la pág. 38. No obstante, al concluir la
ponencia se establece que “la confirmación del nombramiento de
la recurrida por parte de la cámara sin contar con los votos
suficientes provocó la anulación de la efectividad del voto de
abstención de los peticionarios”. Id. en la pág. 48.
Este
difuso
interrogantes:
y
¿un
enrevesado
“voto
en
análisis
contra
de
plantea
facto”
serias
tiene
una
efectividad distinta a la de un voto en contra, sin más? Si la
mayoría
en
realidad
considera
que
un
“voto
de
abstención”
autorizado es -para todos los efectos- un voto en contra, ¿por
qué recurrir a la doctrina de vote nullification? No queda
claro entonces cuáles fueron los votos nulificados: ¿los votos
Por más que la mayoría intente fungir como la representación
legal de los legisladores peticionarios, hasta el punto de
reformular la controversia, del expediente surge claramente
que en la demanda que éstos presentaron ante el Tribunal de
Primera Instancia solicitaron que se declarara “ilegal y ultra
vires” el nombramiento de la licenciada García García mediante
el mecanismo de sentencia declaratoria. Véase Ap. en la pág.
21, Demanda Jurada de 19 de enero de 2017. Fundamentaron su
legitimación activa en “que se encuentran sujetos a la
jurisdicción investigativa y acusatoria de miembros del Panel
del FEI que pretenden ostentar sus cargos de manera ilegal”.
Id.
79
CC-2018-0197
12
en contra de facto o los votos de abstención que son votos en
contra de facto? ¿No son lo mismo? ¿Puede anularse un acto que
nunca ocurrió? Si en efecto una abstención autorizada tiene el
mismo efecto de un voto en contra ¿no era más fácil resolver
la controversia cuantificando las abstenciones como votos en
contra?
Tal y como se adelantó, el razonamiento de la mayoría
no es más que un oxímoron, pues una abstención autorizada
consiste
en
atribuirle
rehusarse
a
ese
a
acto
emitir
un
afirmativo
voto
de
y
no
es
imposible
votar
un
cualitativo que no tiene, el de un voto emitido.
valor
En otras
palabras, por arte de magia esa decisión consciente de no
votar se trasmuta en un voto.
Además
de
escudriñar
exhaustivamente
jurisprudencia
federal relacionada con la doctrina de vote nullification, la
mayoría hace un esfuerzo –poco convincente, pero que honra a
Gordias dicho sea de paso- por conciliar su determinación con
lo resuelto por este Tribunal en Acevedo Vilá v. Meléndez, 164
DPR 875 (2005).
no
tiene
En Acevedo Vilá se concluyó que un legislador
legitimación
certificado
demuestre
por
que
activa
la
Cámara
durante
el
para
impugnar
el
de
Representantes
proceso
legislativo
resultado
salvo
que
le
violó
se
alguna prerrogativa o derecho como legislador. Acevedo Vilá,
164
DPR
en
pertinente
las
al
págs.
caso
887-88.
ante
nuestra
A grandes
rasgos,
consideración,
en
y
en
lo
Acevedo
Vilá, supra, un legislador que había votado a favor de la
confirmación de una nominada cuestionó la certificación de la
CC-2018-0197
13
Cámara que colgaba la nominación.
Este Tribunal concluyó que
el legislador no alegó que en el proceso de confirmación se le
hubiesen
lesionado
sus
derechos
y
prerrogativas
constitucionales, por lo que carecía de legitimación activa
para impugnar el resultado de los procedimientos. Id. en la
pág. 887.
Conviene reiterar que, en este caso, los legisladores que
procuran
impugnar
el
nombramiento
de
la
licenciada
García
García ni tan siquiera le votaron en contra, sino que se
abstuvieron de votar. Justamente porque decidieron no votar a
favor o en contra en el proceso de confirmación mediante su
abstención,
están
impedidos
de
alegar
ante
los
foros
judiciales que sus derechos y prerrogativas constitucionales
fueron lesionadas durante éste. Sin lugar a duda, pues, y
según
lo
pautado
legitimación
en
activa
Acevedo
para
Vilá,
impugnar
la
supra,
carecen
de
certificación
del
resultado de un proceso para el cual se abstuvieron de emitir
un voto. El nudo que la mayoría teje para darle la vuelta a
este caso tendrá que esperar, supongo, por Alejandro Magno
para desenredarlo.
Por último, resulta imperativo destacar que, con relación
al requisito de la existencia de un daño corroborable, en
Lozada Sánchez v. JCA, 184 DPR 898 (2012), una mayoría de este
Tribunal
se
negó
a
reconocerle
legitimación
activa
a
unos
vecinos de un proyecto para la construcción de un gasoducto.
Conforme
a
la
Declaración
de
Impacto
Ambiental
de
ese
CC-2018-0197
gasoducto,
14
éste
representaba
“un
impacto
ambiental
significativo, debido a la extensión territorial que abarca y
la diversidad de áreas que atraviesa”. Lozada Sánchez, 184 DPR
en la pág. 928 (citando Declaración de Impacto Ambiental Final
para el Proyecto Vía Verde de Puerto Rico, págs. I-7 a I-8
(DIA-F
de
Vía
Verde),
disponible
http://www.aeepr.com/viaverde—DIAP2.asp).
En aquel
en
momento,
los vecinos alegaron que, conforme a la propia Declaración de
Impacto Ambiental y otra evidencia presentada,
el proyecto
representaba “una amenaza directa a su tranquilidad, su salud,
su
permanencia
en
sus
residencias,
el
disfrute
de
sus
propiedades y de la naturaleza que las rodea, la utilidad de
sus
terrenos,
su
sustento
económico,
las
condiciones
ambientales, la seguridad, la calidad de vida y la vida misma
de las personas que residen en esas áreas”. Id.
Al negarle legitimación activa y acceso a los tribunales a
este grupo de vecinos, la misma mayoría que hoy suscribe la
Opinión que antecede reiteró que “una controversia abstracta,
ausente un perjuicio o amenaza real y vigente a los derechos
de
la
parte
que
los
reclama,
no
presenta
el
caso
y
controversia que la Constitución exige para que los tribunales
puedan intervenir.” Lozada Sánchez, 184 DPR en la pág. 917
(citas omitidas). La mayoría razonó que invocar un mero “temor
por
su
seguridad”
era
insuficiente
para
demostrar
un
daño
concreto. Id. en la pág. 922. Para ser suficiente, se indicó,
el daño alegado debía ser “claro, específico y no abstracto,
CC-2018-0197
15
hipotético y especulativo”. Id.
¿Cómo esa norma es compatible
con este caso? Adivina, adivinador.
En
dictámenes
posteriores,
las
expresiones
de
este
Tribunal han sido contundentes al afirmar que, ausente “un
daño
claro,
particular
palpable,
real
legitimación
y
activa
inmediato
y
preciso”
no
se
le
ciudadano
que
desee
sustancial,
a
un
o
un
debe
interés
reconocer
impugnar
un
nombramiento por parte del Gobernador. Véase Torres Montalvo
v.
Gobernador
ELA,
194
DPR
760,
767
(2016).
Asimismo,
en
Nieves Huertas v. ELA I, 189 DPR 611 (2013), caso en el que se
impugnaron nombramientos de jueces, fiscales e incluso un Juez
Asociado
de
este
Tribunal,
se
advirtió
que
reconocerle
legitimación activa a unos ciudadanos que alegaban que los
nombramientos
“implicaría
por
que
parte
cualquier
del
Ejecutivo
persona
pueda
eran
impugnar
inválidos
o
hacer
cualquier reclamación ante la violación de cualquier ley sin
que tenga la necesidad de exponer el daño específico que tal
actuación provoca”. Id. en la pág. 617.80
En el caso ante nos, los legisladores también fundamentan
su legitimación activa individual en la posibilidad de que
sean objeto de un proceso investigativo y acusatorio en el que
la licenciada García García funja como Miembro Alterno del
En Nieves Huertas, supra, este Tribunal subrayó, además, que
los ciudadanos que impugnaban los nombramientos de los jueces
carecían de legitimación activa porque reclamaban “escueta e
hipotéticamente . . . una posibilidad de nulidad de los
dictámenes emitidos por estos funcionarios”. Nieves Huertas,
189 DPR en la pág. 617.
80
CC-2018-0197
16
Panel del FEI. Esta contención requiere la concurrencia de al
menos tres condiciones: (1) que los legisladores sean acusados
de cometer o en efecto cometan actos constitutivos de delito
que sean objeto de investigación por el Panel del FEI; (2) que
uno de los miembros permanentes del Panel del FEI se inhiba de
participar
en
la
investigación
de
los
actos
que
le
sean
imputados y (3) que la licenciada García García sea asignada
como Miembro Alterno al caso.
Más allá de intimar que en algún momento vislumbran ser
acusados de delito e investigados por el Panel del FEI, la
contención de los legisladores es mucho menos contundente que
ese temor por la seguridad física de un grupo de vecinos que
fue tan ligeramente atendido (y descartado) por la mayoría de
este Tribunal en Lozada Sánchez, supra. Hoy, el temor de unos
legisladores a ser acusados e investigados por un Panel del
FEI que podría constituirse por un miembro alterno por el cual
se abstuvieron de votar a favor o en contra aparenta ser más
que suficiente.
III.
Convencida de que los legisladores peticionarios carecen
de
legitimación
activa
para
incoar
un
reclamo
ante
los
tribunales, disiento de la Opinión que se suscribe hoy. En
nuestro
Estado
excepciones,
gordianos
de
Derecho
extravíos,
tejidos,
que
no
debe
decisiones
respondan
a
haber
cabida
rebuscadas
intereses
y
para
nudos
exógenos
a
CC-2018-0197
17
nuestro deber constitucional de impartir justicia de manera
imparcial.
Determinar
la
legitimación
activa
de
una
parte
únicamente en función de la naturaleza de su reclamo y en cómo
algunos miembros de este Foro se identifican o sensibilizan
con
éste
es
una
práctica
antijurídica,
antidemocrática
y
anticonstitucional. Al margen de las percepciones de algunos
integrantes de este Tribunal sobre los méritos del reclamo
incoado por los legisladores, el hecho de que éstos incumplan
con
los
requisitos
mínimos
de
la
doctrina
de
legitimación
activa -según aplicados anteriormente de forma tan rigurosa y
restrictiva por la propia mayoría- ameritaba la desestimación,
sin más, de este pleito. Es en casos como éste, en los cuales
la
“norma”
que
se
pauta
está
completamente
desligada
de
nuestros dictámenes previos, que se desgasta nuestra imagen de
imparcialidad
y
se
desvanece
la
buena
voluntad
que
como
Institución nos agenciamos recientemente en Senado de Puerto
Rico v. Gobierno de Puerto Rico, 2019 TSPR 138.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Honorable María de Lourdes
Ramos Rivera, por sí y como
Vicepresidenta de la Cámara de
Representantes de Puerto Rico y
el Honorable Carlos Méndez
Núñez, por sí y como Presidente
de la Cámara de Representantes
de Puerto Rico
CC-2018-0197
Certiorari
Peticionarios
v.
Licenciada Emmalind García García
Recurrida
Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.
En San Juan, Puerto Rico a 27 de septiembre de
2019.
Si bien en el pasado hemos reconocido que, en
determinadas
circunstancias,
los
miembros
de
la
Asamblea Legislativa del país tienen legitimación
activa
para
vindicar
lesiones
a
sus
poderes
y
prerrogativas constitucionales, somos del criterio
que en esta ocasión -- al estar ante un escenario
matizado por alegaciones abstractas, hipotéticas y
totalmente especulativas -- no se cumplieron las
exigencias impuestas por la referida vertiente de
la doctrina de justiciabilidad. Lo anterior, por
sí
solo,
y
en
correcto
derecho,
exigía
que
el
presente caso fuese desestimado.
Al
no
ser
ese
el
criterio
enérgicamente disentimos. Veamos.
mayoritario,
CC-2018-0197
2
I.
Los
hechos
medulares
que
dan
margen
al
presente
litigio no están en controversia y éstos se recogen con
particular
precisión
en
la
Opinión
que
hoy
emite
este
Tribunal, razón por la cual hemos decidido adoptar los
mismos por referencia. Procedemos, pues, con la exposición
del derecho aplicable.
A.
Como es sabido, en nuestra jurisdicción los tribunales
estamos
llamados
a
atender
únicamente
aquellas
controversias que sean justiciables. P.I.P. v. E.L.A, 186
DPR 1 (2012); Lozada Sánchez v. JCA, 184 DPR 898 (2012);
Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920 (2011).
Ello
es
así,
puesto
que,
desde
hace
ya
varias
décadas
atrás, decidimos adoptar -- por vía jurisprudencial -- tal
requisito
de
autolimitación
judicial
existente
en
la
jurisdicción federal. Asoc. de Periodistas v. González, 127
DPR 704 (1991), esc. 6; Estado Libre Asociado de P.R. v.
Aguayo, 80 DPR 552 (1958). Véase, además, J. J. Álvarez
González,
Derecho
constitucional
de
Puerto
Rico
y
relaciones constitucionales con los Estados Unidos, Bogotá,
Ed. Temis, 2009, pág. 97.
En
esencia,
la
doctrina
de
justiciabilidad
busca
evitar la obtención de un fallo sobre una controversia que
en realidad no existe, una determinación sobre un derecho
que
no
ha
sido
reclamado,
o
una
sentencia
que,
en
el
CC-2018-0197
3
momento en que se dicta, no podrá tener efectos prácticos
sobre una controversia. Moreno v. Pres. U.P.R. II, 178 DPR
969 (2010); Estado Libre Asociado de P.R. v. Aguayo, supra.
Dicho de otro modo, los tribunales sólo están llamados a
atender
controversias
intereses
opuestos
sobre
relaciones
las
pleito.
Asoc.
y
genuinas
que,
al
jurídicas
Fotoperiodistas
y
vivas,
resolverse,
entre
v.
las
Rivera
donde
existan
tengan
efecto
partes
en
el
Schatz,
supra;
Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406 (1994);
Estado
Libre Asociado de P.R. v. Aguayo, 80 DPR 552 (1958).
B.
Una
de
las
vertientes
de
la
doctrina
de
justiciabilidad es aquella que se conoce como legitimación
activa.
Ésta
busca
que
“el
promovente
de
[determinada]
acción [sea] uno cuyo interés es de tal índole que, con
toda probabilidad, habrá de proseguir su causa de acción
vigorosamente y habrá de traer a la atención del tribunal
las cuestiones en controversia”. Asoc. Fotoperiodistas v.
Rivera Schatz, supra; Hernández Torres v. Hernández Colón
et al., 131 DPR 593 (1992); Hernández Agosto v. Romero
Barceló, 112 DPR 407, (1982).
Así
pues,
para
que
en
un
litigio
se
le
reconozca
legitimación activa a una parte ésta debe satisfacer los
siguientes requisitos: (1) haber sufrido un daño claro y
palpable; (2) el referido daño debe ser real, inmediato y
preciso, no abstracto o hipotético; (3) debe existir una
CC-2018-0197
conexión
4
entre
el
daño
sufrido
y
la
causa
de
acción
ejercitada, y (4) la causa de acción debe surgir al amparo
de
la
Constitución
Gobernador, 199
o
DPR
de
59
una
ley.
Bhatia
(2017);
Col.
Gautier
Peritos
Elec.
v.
v.
A.E.E., 150 DPR 327 (2000); Hernández Torres v. Gobernador,
129 DPR 824 (1992).
Sobre el particular, pero ya más en específico en lo
relacionado a aquellos escenarios donde los miembros de la
Asamblea Legislativa comparecen como partes en un litigio,
este
Tribunal
ha
reconocido
que
éstos
“tiene[n]
acción
legitimada para defender un interés individual tradicional,
vinculado
con
el
representante[s]
proceso
oficialmente
legislativo
nombrado[s]
por
o
como
el
cuerpo
para impugnar una actuación ejecutiva”. Hernández Torres v.
Gobernador,
supra,
pág.
837.
Para
así
hacerlo,
hemos
sentenciado que los miembros de la Asamblea Legislativa
deberán cumplir con los mismos requisitos de legitimación
activa
que
se
exigen
a
cualquier
ciudadano
particular,
razón por la cual deben demostrar haber sufrido un daño
claro,
palpable,
legislativas
o
real
no
e
inmediato
a
sus
haber
contado
con
prerrogativas
los
mecanismos
razonables y necesarios que le permitiesen su participación
plena
en
todas
las
etapas
esenciales
del
proceso
legislativo. Bhatia Gautier v. Gobernador, supra; Hernández
Torres v. Hernández Colón et al., supra; Hernández Torres
v. Gobernador, supra. Es decir, estos no pueden satisfacer
las
exigencias
que
plantea
la
doctrina
de
legitimación
CC-2018-0197
5
activa invocando prerrogativas abstractas y desligadas del
ejercicio de sus funciones legislativas. Bhatia Gautier v.
Gobernador, supra; Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz,
supra; Noriega v. Hernández Colón, supra; Hernández Torres
v. Hernández Colón et al., supra.
Cónsono con lo anterior, también hemos señalado que,
al
atender
Asamblea
reclamos
instados
por
los
miembros
de
la
Legislativa,
“[l]os
tribunales
deberán
quedar
convencidos de que no se trata de un traslado del debate
legislativo al foro judicial y sí de una verdadera lesión a
sus
prerrogativas
legislativas”.
(Énfasis
suplido)
Hernández Torres v. Hernández Colón et al., supra, pág.
601.81 A este último señalamiento, el juzgador o juzgadora
debe prestar particular atención.
Dicho ello, a modo de ejemplo, es menester señalar que
en nuestra jurisdicción se ha reconocido legitimación a los
miembros
de
escenarios:
la
Asamblea
cuando
se
Legislativa
cuestiona
la
en
los
siguientes
elegibilidad
de
un
legislador para ocupar un escaño legislativo (Santa Aponte
v. Srio. de Hacienda, 105 DPR 750 (1977); cuando un cuerpo
legislativo busca vindicar su derecho a brindar su consejo
y
consentimiento
gobernador
que
a
los
integrantes
ha
sido
reelegido
del
gabinete
(Hernández
de
un
Agosto
v.
Romero Barceló, supra); cuando se impugnan ciertas reglas
En Acevedo Vilá v. Meléndez, 164 DPR 875 (2005), este Tribunal
resolvió que un miembro de la Asamblea Legislativa no tiene
legitimación activa para impugnar cierto resultado certificado por la
Cámara de Representantes, a menos que alegue que durante el proceso se
violó alguno de sus derechos o prerrogativas constitucionales.
81
CC-2018-0197
6
que coartan el derecho constitucional de las minorías a
participar
en
los
procedimientos
celebrados
en
las
comisiones del Senado (Silva v. Hernández Agosto, 118 DPR
45 (1986); cuando una regla interna de uno de los cuerpos
legislativos
impide
registrar
la
abstención
de
los
legisladores en una votación (Acevedo Vilá v. Meléndez, 164
DPR 875 (2005)); y cuando un legislador alega que se le
está violando su derecho constitucional a obtener acceso a
información pública (Bhatia Gautier v. Gobernador, supra).
Por otro lado, este Tribunal ha establecido que los
miembros de la Asamblea Legislativa no tienen legitimación
activa
para
iniciar
un
litigio
cuando
éstos
o
éstas
pretenden demandar en representación de sus votantes o del
interés público. Acevedo Vilá v. Meléndez, supra. De igual
modo,
a
éstos
o
éstas
tampoco
se
les
ha
reconocido
legitimación activa para demandar bajo el pretexto de que
se
le
han
afectado
sus
prerrogativas
constitucionales,
cuando han tenido participación plena en todas las etapas
de los procesos legislativos. Íd.
Sobre este último escenario, y
por ser en extremo
pertinente para la correcta disposición de la controversia
que nos ocupa, es menester señalar aquí que en Noriega v.
Hernández Colón, supra, resolvimos que un miembro de la
Asamblea
Legislativa
no
tenía
legitimación
activa
para
incoar cierto litigio, toda vez que éste no se opuso a la
aprobación de las medidas legislativas que luego impugnó
por la vía judicial. En esa ocasión, expresamos que “[e]n
CC-2018-0197
7
vista de que [el legislador] no combatió legislativamente
[las
medidas
impugnadas],
somos
del
criterio
que
la
aprobación de las mismas […] no le causó un daño claro y
palpable a sus prerrogativas legislativas”. Íd., pág. 433.
Es,
precisamente,
a
la
luz
de
la
normativa
antes
expuesta -- y no de otra -- que este Tribunal debió atender
las controversias ante su consideración. Como una mayoría
del Tribunal no lo hizo, procedemos a así hacerlo.
II.
Como correctamente se recoge en la Opinión que hoy
emite este Tribunal, en el presente caso, allá para el mes
de enero de 2017, los representantes Carlos Méndez Núñez y
María de Lourdes Ramos Rivera
acudieron al Tribunal de
Primera Instancia e instaron el litigio que nos ocupa por
entender que, aunque la nominación de la licenciada García
García al cargo de Miembro Alterno del PFEI fue declarada
como aprobada por la Cámara de Representantes de Puerto
Rico, ésta en realidad no obtuvo los votos necesarios para
ser confirmada por dicho cuerpo legislativo. Al respecto,
los mencionados representantes plantearon que la Ley del
Fiscal Especial Independiente, según enmendada, Ley Núm. 2
de 23 de febrero de 1988, 3 LPRA sec. 99h et seq., exigía
que
los
miembros
del
PFEI
contasen
con
el
consejo
y
consentimiento de la mayoría del número total de miembros
que componían el Senado y la Cámara de Representantes. Sin
embargo,
estos
sostuvieron
que,
en
lo
relacionado
al
nombramiento de la licenciada García García como Miembro
CC-2018-0197
Alterno
8
del
PFEI,
la
votación
final
en
la
Cámara
de
Representantes fue de veinticuatro (24) votos a favor, cero
(0)
en
contra,
ausentes.
catorce
Siendo
ello
(14)
así,
abstenidos
y
según
y
trece
(13)
argumentaron
los
representantes Méndez Núñez y Ramos Rivera, la licenciada
García
García
no
obtuvo
suficientes
votos
para
su
confirmación, pues al momento de la votación, la Cámara de
Representantes estaba compuesta por cincuenta y un (51)
miembros, por lo que se requerían veintiséis (26) votos a
favor de su nominación.
Enterada de lo anterior, la licenciada García García
solicitó la desestimación de la causa de acción incoada en
su contra por entender que los representantes que instaron
la
misma
carecían
de
legitimación
activa
para
ello.
A
juicio de ésta, los representantes Méndez Núñez y Ramos
Rivera
no
palpable,
demostraron
real
e
haber
sufrido
inmediato
en
un
sus
daño
claro,
prerrogativas
legislativas.
A dicha solicitud, los mencionados representantes se
opusieron.
En
esencia,
basaron
su
reclamo
de
poseer
legitimación activa para llevar la causa de epígrafe en
que: (1) permitir que la nominada permaneciese en su cargo
tendría
el
efecto
de
anular
sus
votos
de
abstención,
afectando así sus prerrogativas legislativas y (2) en que,
como miembros de la Asamblea Legislativa, se encuentran
sujetos a la autoridad investigativa del PFEI.
CC-2018-0197
9
Evaluados
los
planteamientos
de
ambas
partes,
el
Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso de marras
por entender que los representantes Méndez Núñez y Ramos
Rivera carecían de legitimación activa para presentar el
mismo. Dicha determinación fue confirmada por el Tribunal
de
Apelaciones.
Tanto
el
foro
primario,
como
el
foro
apelativo intermedio, actuaron correctamente.
Y es que, a todas luces, los fundamentos esgrimidos
por los mencionados representantes no hacen justiciable el
caso ante nuestra consideración. Dos son las razones que
nos mueven a concluir lo anterior.
En
primer
lugar,
en
cuanto
a
la
alegación
de
los
representantes Méndez Núñez y Ramos Rivera respecto a que
permitir que la licenciada García García permaneciese en su
cargo tendría el efecto de anular sus votos, debemos dejar
meridianamente claro que los mencionados legisladores se
abstuvieron
de
votar
en
lo
relacionado
al
referido
nombramiento. Es decir, no votaron ni a favor ni en contra
del nombramiento de la licenciada García García.
Sobre el particular, como mencionamos anteriormente,
basta con señalar que en Noriega v. Hernández Colón, supra,
este
Tribunal
resolvió
que
un
miembro
de
la
Asamblea
Legislativa no tenía legitimación activa para incoar cierto
litigio, toda vez que éste no se opuso a la aprobación de
las
medidas
legislativas
que
luego
impugnó
por
la
vía
judicial. Sentenciamos en esa ocasión que, “[e]n vista de
que
[el
legislador]
no
combatió
legislativamente
[las
CC-2018-0197
10
medidas impugnadas], somos del criterio que la aprobación
de las mismas […] no le causó un daño claro y palpable a
sus prerrogativas legislativas”. Íd., pág. 433.
Lo
anterior,
aunque
en
un
contexto
distinto,
fue
precisamente lo que ocurrió en el presente caso. Aquí los
legisladores
Méndez
Núñez
cruzarse
brazos
y,
de
Rivera
el
foro
nombramiento
de
la
el
García.
obstante,
pretenden
Ramos
en
cuestionaron
No
y
hacerlo
legislativo,
licenciada
ahora,
ante
haber
sufrido
sin
decidieron
el
foro
un
no
García
judicial,
daño
claro,
palpable, real e inmediato que les otorgue legitimación
activa para ello.
De otra parte, los representantes Méndez Núñez y Ramos
Rivera
tampoco
alegaron
haber
sido
privados
de
una
participación activa y plena en todas las etapas críticas
del proceso legislativo relacionado con la confirmación de
la licenciada García García.
Recordemos que en Acevedo
Vilá v. Meléndez, supra, precisamente en el contexto de una
disputa
sobre
Representantes
si
una
resultó
en
votación
una
de
la
Cámara
de
confirmación
válida,
este
Tribunal resolvió que un legislador no tenía legitimación
activa para impugnar el resultado certificado por la Cámara
de Representantes, a menos que se alegase que durante el
mencionado
proceso
prerrogativa,
cosa
se
que
le
tampoco
violó
algún
ocurrió.
Lo
derecho
dicho
o
hasta
ahora, por sí solo, era razón suficiente para desestimar el
caso de marras, como correctamente lo hizo el Tribunal de
CC-2018-0197
Primera
11
Instancia,
dictamen
que
fue
confirmado
por
el
anterior,
en
Tribunal de Apelaciones.
Ahora
bien,
independientemente
de
lo
segundo lugar, es menester señalar que el mero hecho de
poder estar sujetos a ser investigados por el PFEI, como
alegan
los
representantes
Méndez
Núñez
y
Ramos
Rivera,
tampoco es una razón suficiente que les conceda a éstos
legitimación activa para, en escenarios como los que están
aquí en controversia, acudir al Tribunal a vindicar sus
alegados
derechos.
Estas
son,
como
mínimo,
alegaciones
abstractas, hipotéticas y totalmente especulativas.
Adviértase que no se alega aquí que los mencionados
representantes
son
objeto
de
alguna
investigación,
o
víctimas de determinada actuación por parte del PFEI. Mucho
menos se argumenta alguna participación en un proceso de
esta naturaleza por parte de la licenciada García García,
funcionaria que éstos aducen no posee los requisitos en ley
para formar parte -- como Miembro Alterno -- del PFEI.
Como bien se desprende de la Opinión que hoy emite
este Tribunal, en las alegaciones que forman parte de su
demanda, los representantes Méndez Núñez y Ramos Rivera se
limitan a manifestar su preocupación respecto a que, en su
día, éstos pudiesen ser investigados por el PFEI con la
participación
de
la
licenciada
García
García
(en
la
eventualidad de que alguno de sus miembros en propiedad no
pudiese intervenir), lo que le causaría un daño. Como ya
mencionamos, lo anterior por sí solo, tampoco le concede
CC-2018-0197
12
legitimación activa a un miembro de la Asamblea Legislativa
para tocar las puertas de un Tribunal.
En fin, ¿dónde está el daño claro, palpable, real e
inmediato
que
reconocerle
exige
nuestra
legitimación
jurisprudencia
activa
a
los
para
poder
representantes
en
cuestión para incoar el presente litigio? En el caso de
marras simplemente no existe.
Recordemos
miembros
de
que,
la
al
atender
Asamblea
acciones
Legislativa,
promovidas
el
juzgador
por
o
juzgadora debe “quedar [convencido o convencida] de que no
se trata de un traslado del debate legislativo al foro
judicial y sí de una verdadera lesión a sus prerrogativas
legislativas”.
(Énfasis
suplido)
Hernández
Torres
v.
Hernández Colón et al., supra, pág. 601. Aquí, a todas
luces, se pretendió trasladar el debate legislativo a este
Tribunal. A esa pretensión -- al menos para quien suscribe
--
no
podemos
acceder.
No
se
cometieron
los
errores
señalados.
III.
Es,
pues,
por
los
fundamentos
antes
expuestos
que
enérgicamente disentimos del proceder de una mayoría de
este Tribunal en el día de hoy.
Ángel Colón Pérez
Juez Asociado