LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Hon. María de Lourdes Ramos Rivera, et al. v. Licenciada Emmalind García García

2019 TSPR 188

Poder Judicial de Puerto Rico

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Hon. María de Lourdes Ramos Rivera, et al. v. Licenciada Emmalind García García

CC-2018-197

Derecho Constitucional-Legitimación activa de un legislador en su carácter individual bajo la doctrina de vote nullification .

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Honorable María de Lourdes Ramos

Rivera, por sí y como

Vicepresidenta de la Cámara de

Representantes de Puerto Rico y el

Honorable Carlos Méndez Núñez, por

sí y como Presidente de la Cámara

de Representantes de Puerto Rico

Certiorari

2019 TSPR 188

Peticionarios

v.

203 DPR ____

Licenciada Emmalind García García

Recurrida

Número del Caso:

CC-2018-197

Fecha: 27 septiembre de 2019

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan – Panel V

Abogado de la parte peticionaria:

Verónica Ferraiuoli Hornedo

Abogados de la parte recurrida:

Lcda. Emmalind García García – (por derecho propio)

Lcdo. Guillermo Figueroa Prieto

Materia: Derecho Constitucional: Legitimación activa de un

legislador en su carácter individual bajo la doctrina de

vote nullification.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Honorable María de Lourdes

Ramos Rivera, por sí y como

Vicepresidenta de la Cámara de

Representantes de Puerto Rico y

el Honorable Carlos Méndez Núñez,

por sí y como Presidente de la

Cámara de Representantes de

Puerto Rico

CC-2018-197

Certiorari

Peticionarios

v.

Licenciada Emmalind García García

Recurrida

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff

Caraballo

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 2019.

En

siguiente

esta

oportunidad

interrogante:

debemos

¿posee

contestar

legitimación

la

activa

para presentar una causa de acción sobre anulación

del

valor

o

efectividad

del

voto

un

legislador

particular que, con la anuencia del cuerpo legislativo,

emitió un voto de abstención para un nombramiento que

por ley requiere el voto de la mayoría absoluta, pero

se confirmó con la mayoría simple?

Al

contestar

en

la

afirmativa,

examinaremos

cuáles son los criterios que los tribunales deben

ponderar para reconocer la capacidad jurídica de un

legislador ante esta clase de reclamo.

CC-2018-197

2

I

El 21 de diciembre de 2016 el Hon. Alejandro García

Padilla, Gobernador de Puerto Rico (Gobernador), convocó

la

Quinta

Asamblea

Núm.

Sesión

Extraordinaria

Legislativa

OE-2016-057

mediante

(orden

el

de

la

Decimoséptima

Boletín

Administrativo

ejecutiva).

Posteriormente,

el

27 de diciembre de 2016 el Gobernador enmendó la orden

ejecutiva

para

incluir

las

nominaciones

de

la

Lcda. Emmalind García García (nominada o recurrida) y del

Lcdo. Rafael Ortiz Carrión (licenciado Ortiz Carrión) como

miembros

alternos

del

Panel

del

Fiscal

Especial

Independiente (Panel del FEI).1 Ese día, las nominaciones

bajaron

a

votación

ante

el

pleno

de

la

Cámara

de

Representantes de Puerto Rico (Cámara).

Antes de comenzar la votación, a través del portavoz

de

la

minoría,

Hon.

José

F.

Aponte

Hernández,

la

delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) solicitó el

permiso

y

explicó

representantes

se

las

razones

abstendrían

de

por

las

votar

cuales

en

estos

cuanto

al

nombramiento de los nominados.2 Acogida la decisión por el

Adelantamos que, durante el trámite judicial en el Tribunal de

Primera Instancia, el Lcdo. Rafael Ortiz Carrión (licenciado Ortiz

Carrión) renunció al cargo de miembro alterno del Panel del Fiscal

Especial Independiente (Panel del FEI). Véase, Sentencia Parcial,

Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 59.

1

Surge del Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes de

Puerto Rico de 27 de diciembre de 2016 que, en relación con la

solicitud

de

abstención

del

voto

de

la

entonces

minoría

parlamentaria, el representante Hon. José F. Aponte Hernández

estableció la postura de la delegación Partido Nuevo Progresista al

señalar:

2

Las disposiciones sobre el nombramiento de Miembros del

Panel del Fiscal Especial Independiente disponen que la

CC-2018-197

3

entonces Presidente Incidental de la Cámara, Hon. Carlos

Hernández

López,

(Presidente

Incidental)

procedieron

a

votar. El escrutinio electrónico reflejó que la votación

final de la Cámara fue la siguiente: 24 votos a favor,

0

en

contra,

14

abstenidos

y

13

ausentes.

Luego

de

concluida la votación, el Presidente Incidental pronunció

la confirmación de los nombramientos en la Cámara, por lo

que éstos se refirieron para el consejo y consentimiento

del Senado de Puerto Rico (Senado).

El 28 de diciembre de 2016 el Senado consideró los

nombramientos de los nominados y la votación final resultó

en 20 votos a favor, 4 en contra y 3 ausentes. Ante este

cuadro, el Secretario del Senado le notificó al Gobernador,

al Secretario de Estado y al Presidente en funciones de la

______________________________________

Cámara de Representantes también entrará en lo que es

consejo y consentimiento para la confirmación de los

mismos.

En la noche de hoy se está trayendo ante este Cuerpo a

dos personas para ser parte del Panel de Fiscal Especial

Independiente. Personas que han estado en la judicatura

por tiempo, incluyendo en el Tribunal de Apelaciones de

Puerto Rico. Podemos entender de cualificaciones que

puedan tener las personas, sin embargo, la realidad es

que no se ha dado el tiempo para que uno pueda

intercambiar con los designados, con los nominados. No

hay oportunidad de uno poder saber sobre la línea que

pudiesen tener en un momento dado en lo que es un proceso

de investigación. Y no queriendo ser injustos con ellos;

que de hecho, tengo que decir, que en cierta manera son

ustedes los que están siendo injustos con ellos, al no

permitir que uno tenga un intercambio con los designados

y uno pueda tomar entonces una determinación de en vez de

oponerse o de abstenerse, poder concurrir con la

certificación del consejo y consentimiento positivo de

los nominados.

Así que, ante estas circunstancias, señor Presidente,

nuestra delegación, estará solicitando que se le permita

abstenerse en ambos nombramientos.

Esas son nuestras palabras, señor Presidente. Apéndice de

la Petición de certiorari, pág. 80.

CC-2018-197

4

Cámara que el Senado había dado su consejo y consentimiento

a los nombramientos de los nominados como miembros alternos

del Panel del FEI. A pesar de que el 29 de diciembre

de 2016 el Gobernador le extendió el nombramiento a la

recurrida como miembro alterno del Panel del FEI, ésta

juramentó para el cargo el 3 de enero de 2017.3

Por otro lado, el 2 de enero de 2017 se constituyó

la Decimoctava Asamblea Legislativa. Los miembros de la

delegación

del

PNP

-como

nueva

mayoría

parlamentaria-

escogieron al Hon. Carlos Méndez Núñez como Presidente de

la Cámara y a la Hon. María de Lourdes Ramos Rivera como

Vicepresidenta

de

ese

cuerpo

legislativo.

Ambos

representantes pertenecieron a la delegación del partido

de

minoría

que,

durante

la

Decimoséptima

Asamblea

Legislativa, se abstuvieron de votar para el nombramiento

de la recurrida.

II

Por

estos

hechos,

los

representantes

Hon.

Carlos

Méndez Núñez y Hon. María de Lourdes Ramos Rivera, por sí

y

como

Presidente

(peticionarios)

y

Vicepresidenta

presentaron

una

de

Sentencia

la

Cámara

Declaratoria

ante el Tribunal de Primera Instancia en contra de la

recurrida el 20 de enero de 2017.

Surge del expediente que aun cuando la Lcda. Emmalind García García

(nominada o recurrida) juramentó fidelidad para la toma de posesión

del cargo el 3 de enero de 2017, no fue hasta el 9 de enero de 2017

que el juramento entró al Registro de Nombramientos del Gobernador.

Apéndice de Petición de certiorari, pág. 75.

3

CC-2018-197

5

En esencia, los peticionarios alegaron que ellos y

los demás

legisladores

están sujetos a la jurisdicción

exclusiva del Panel del FEI para investigar y procesar

acciones

penales

que

involucren

a

los

miembros

de

la

Asamblea Legislativa. Por ello, y como cuestión de umbral,

afirmaron que la recurrida no contó con el voto de la

mayoría del número total de miembros que estaba compuesta

la

Decimoséptima

Asamblea

Legislativa

de

la

Cámara

conforme lo exige el Art. 10 de la Ley del Panel del FEI,

infra.4 Los peticionarios aseveraron que la pretensión de

la recurrida es ocupar el cargo de manera ilegal y la

permisibilidad de que permanezca en el puesto lacera a

perpetuidad los poderes y prerrogativas de la Cámara que

ejerce su consejo y consentimiento para el nombramiento de

los

miembros

del

Panel

del

FEI.

Así

las

cosas,

los

peticionarios solicitaron al foro de instancia que dictara

una Sentencia para declarar ultra vires el nombramiento de

la recurrida como miembro alterno del Panel del FEI.

Además

de

la

ilegalidad

peticionarios

suplicaron

que

emitiera

entredicho

provisional

un

el

del

nombramiento,

tribunal

y

de

un

los

instancia

interdicto

preliminar para impedir que la recurrida ocupara el cargo y

un

interdicto

permanente

para

evitar

que

ejerciera

las

funciones del puesto. Sin embargo, durante la vista de

interdicto preliminar y permanente celebrada el 26 de enero

Cabe señalar de que no existe controversia de que la Cámara de

Representantes de Puerto Rico (Cámara) de la Decimoséptima Asamblea

Legislativa estaba compuesta por 51 representantes.

4

CC-2018-197

6

de 2017, la recurrida presentó evidencia relacionada a la

juramentación del cargo, por lo que el foro de instancia

declaró académico este último reclamo.5

Así

el

trámite,

la

recurrida

solicitó

la

desestimación de la Demanda Jurada bajo el entendido de

que los peticionarios no tienen legitimación activa para

entablar la causa de acción.6 En apoyo a su argumento, la

recurrida esbozó que las alegaciones relacionadas al daño

son una preocupación especulativa e hipotética de que en

un futuro los peticionarios y los demás miembros de la

Legislatura pudieran ser objeto de una investigación que

ella condujera como miembro alterno del Panel del FEI. Del

mismo modo, adujo que los peticionarios no demostraron los

daños

personales,

claros

y

palpables

y

con

su

participación quedó probado que no hubo un menoscabo a sus

prerrogativas legislativas. La recurrida sostuvo que, de

ser este último el reclamo de los peticionarios, la causa

de

acción

es

improcedente

toda

vez

que

tampoco

satisficieron el requisito de legitimación pasiva al ser

una

ciudadana

procesos

que

no

se

nominó

legislativos

de

la

ni

participó

Decimoséptima

en

los

Asamblea

Legislativa.

Surge de la Minuta Resolución, que las partes intercambiaron

documentos y, ante la renuncia del licenciado Ortiz Carrión al cargo

antes de que expirara el término para juramentar, los peticionarios

desistieron de las alegaciones en contra del letrado. Apéndice de

Petición de certiorari, págs. 60-62.

5

6

Apéndice de Petición de certiorari, págs. 64-70.

CC-2018-197

En

7

segundo

comparecencia

de

lugar,

los

la

recurrida

peticionarios

aseveró

en

su

que

la

carácter

de

Presidente y Vicepresidenta de la Cámara de la Decimoctava

Asamblea Legislativa no les concede legitimación activa

para defender los intereses de los miembros ni representar

a la extinta Decimoséptima Asamblea Legislativa a la que

se imputó proceder contrario a la legislación creadora de

la

Oficina

recurrida

del

Panel

del

FEI.

Sobre

este

alegó

que

los

peticionarios

no

aspecto,

la

presentaron

evidencia que acreditara la autorización de la Cámara para

representar al cuerpo legislativo del cual forman parte.

Finalmente, la recurrida señaló que la intervención

y el remedio pretendido por los peticionarios viola la

Sec. 9 del Art. III de la Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico con relación a la facultad de cada

cámara

de

adoptar

las

reglas

de

procedimiento

y

de

gobierno interno de los cuerpos legislativos.7 Por ello,

aseveró

que

la

confirmación

de

su

nombramiento

era

un

asunto de la Cámara resuelto conforme a su reglamento y al

presidente que lo interpretó, por lo que la intervención

del tribunal de instancia constituiría una violación al

principio de separación de poderes.

Por su parte, los peticionarios se opusieron a la

solicitud de desestimación y plantearon que gozan de un

interés legítimo de que sus votos no sean anulados ni su

participación

7

en

el

proceso

de

Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 402.

confirmación

sea

CC-2018-197

8

menoscabada.

Los

peticionarios

manifestaron

tener

un

interés legítimo de que “la determinación institucional de

no prestar su consejo y consentimiento para la nominación

de [la recurrida] sea respetad[a]”.8 Finalmente, esbozaron

que

el

presente

caso

no

trata

de

un

fallido

debate

legislativo mediante el cual los legisladores procuran que

el tribunal imponga un criterio sobre el cual éstos no

hayan podido convencer a sus compañeros, sino que ganaron

el debate legislativo porque la nominada no obtuvo los

votos necesarios para su confirmación.

El Tribunal de

recurrida

replicar

desestimación

de

a

los

Primera Instancia le ordenó a

la

la

de

oposición

de

peticionarios.9

la

En

solicitud

su

Escrito

de

Réplica en Cumplimiento de Orden, la recurrida reiteró su

postura en cuanto a la ausencia de legitimación activa de

los

peticionarios

y

añadió

que

éstos

”[s]encillamente

estuvieron presentes, guardaron silencio, aceptaron que se

registrara

su

reconsideración

incidental

de

confirmado”.10

dúplica

voto

de

como

la

determinar

Estos

presentada

abstenido

determinación

que

el

argumentos

por

los

y

no

del

pidieron

Presidente

nombramiento

se

había

fueron

para

una

la

que

base

peticionarios

en

resaltaron que la confirmación de la nominada se debió a

Oposición a “Moción de Desestimación”, Apéndice de la Petición de

certiorari, pág. 237.

8

9

Apéndice de Petición de certiorari, pág. 243.

Escrito de Réplica en Cumplimiento de Orden, Apéndice de la Petición

de certiorari, pág. 251.

10

CC-2018-197

9

un error en la interpretación del Presidente Incidental

sobre

el

resultado

de

la

votación.

El

efecto

de

esta

interpretación fue anular los votos de los legisladores

que no votaron a favor del nombramiento.

El Tribunal de Primera Instancia dictó una Sentencia

en la que desestimó la causa de acción al determinar que

los

peticionarios

representación

Asamblea

de

carecen

la

Legislativa,

de

legitimación

Decimoséptima

así

como

activa

en

ni

la

Decimoctava

tampoco

en

su

carácter

individual.

El foro sentenciador razonó que los peticionarios no

demostraron

que

estaban

investidos

por

la

Cámara

para

representar a la Decimoctava Asamblea Legislativa en la

demanda y, aun si existiera una resolución al respecto,

“sería

jurídicamente

demandantes

pudieran

inadecuado

instar

esta

concluir

que

los

causa

acción

en

de

representación de la extinta Cámara de Representantes de

la

Decimoséptima

Asamblea

Legislativa,

cuyas

funciones

cesaron en el 2016 y, al presente, no existe”.11

En

cuanto

peticionarios

a

para

la

legitimación

presentar

la

causa

activa

de

de

acción

los

en

su

carácter propio, el foro de instancia determinó que, si

bien éstos fueron miembros de la Decimoséptima Asamblea

Legislativa,

se

abstuvieron

de

votar

y

así

sus

votos

fueron contabilizados. Por ello, el tribunal sentenciador

decretó que los peticionarios no demostraron el menoscabo

11

Apéndice de Petición de certiorari, pág. 273.

CC-2018-197

10

a sus prerrogativas legislativas. A pesar de la alegación

de los peticionarios sobre la insuficiencia en los votos

exigidos

por

legislación

para

la

aprobación

del

nombramiento de la recurrida en la Cámara, el foro de

instancia entendió que éstos tampoco abundaron sobre la

conexión

entre

el

daño

sufrido

y

la

causa

de

acción

ejercitada.

El Tribunal de Primera Instancia expresó que los

peticionarios,

en

fiscalizadoras,

el

ejercicio

debieron

de

utilizar

las

funciones

los

mecanismos

“razonables y necesarios” para viabilizar su participación

plena

en

todas

legislativo.12

las

En

etapas

ese

críticas

contexto,

del

dispuso

proceso

que

los

peticionarios estuvieron presentes durante la lectura del

Informe de la Comisión de Gobierno sobre la designación de

la

recurrida

y,

por

ello,

tuvieron

ante

sí

las

cualificaciones de la nominada. En fin, según el foro de

instancia, la pretensión de los peticionarios era procurar

la

intervención

Reglamento

de

judicial

la

con

Cámara,

la

infra,

interpretación

del

realizada

el

por

Presidente Incidental al momento de considerar los votos

necesarios para el nombramiento de la recurrida. Es decir,

los

peticionarios

propusieron

trasladar

el

debate

legislativo al foro judicial.

Inconforme

acudieron

12

sin

con

la

éxito

ante

decisión,

el

los

Tribunal

Apéndice de Petición de certiorari, pág. 274.

de

peticionarios

Apelaciones.

CC-2018-197

Allí,

11

éstos

reiteraron

que

poseen

legitimación

activa

porque tienen un interés legítimo de que sus votos no sean

anulados completamente y, por ende, su participación en el

proceso legislativo se menoscabe. Según los peticionarios,

el tribunal de instancia tenía la facultad para considerar

la corrección legal de la determinación del Presidente

Incidental de la Cámara relacionado al efecto de los votos

sobre el consejo y consentimiento a la nominación de la

recurrida

sin

afectar

la

doctrina

de

la

separación

de

poderes.

Por su parte, la recurrida presentó su oposición a

la impugnación de la Sentencia. En esencia, insistió en

todos

los

argumentos

presentados

ante

el

foro

de

instancia.13

Así las cosas, el Tribunal de Apelaciones confirmó

la

Sentencia

del

foro

apelado.

El

foro

apelativo

intermedio determinó que los peticionarios: (1) en vez de

votar en contra de la confirmación de la recurrida se

abstuvieron

de

emitir

su

voto,

menoscabo de

sus prerrogativas

(2)

no

alegaron

legislativas,

y (3)

el

los

daños manifestados son especulativos porque descansan en

que, tal vez, en el futuro, uno de los legisladores podría

ser

objeto

de

alguna

actuación

de

la

recurrida

en

el

En resumen, la recurrida argumentó que los peticionarios presentaron

y comparecieron en la Demanda Jurada como Presidente y Vicepresidenta

de la Decimoctava Asamblea Legislativa para impugnar una determinación

de la Decimoséptima Asamblea Legislativa que ya no existe, por lo que

cualquier imputación de error de los trabajos que realizó ésta es

improcedente en Derecho. Reiteró que la postura de los peticionarios

relacionada al daño sufrido depende de supuestos especulativos e

hipotéticos y no pueden ser considerados suficientes en Derecho para

la reclamación de un menoscabo a sus prerrogativas legislativas.

13

CC-2018-197

12

ejercicio de sus funciones. Finalmente, determinó que la

comparecencia de los peticionarios a nombre de la Cámara

era improcedente toda vez que el cuerpo legislativo no

demostró

cómo

se

había

violentado

su

prerrogativa

constitucional en cuanto al descargue de su función de

confirmación del nombramiento de la recurrida.

Oportunamente,

los

peticionarios

recurrieron

ante

nos mediante una Petición de certiorari. En síntesis, los

peticionarios plantean que poseen legitimación activa para

reivindicar

tanto

el

valor

de

sus

votos

como

la

prerrogativa de la Cámara de rechazar la nominación de la

recurrida como miembro alterno del Panel del FEI.

Por su parte, la recurrida reiteró que no se coartó

la

participación

de

los

peticionarios

en

el

trámite

legislativo para cumplir con el requisito del daño claro y

palpable, sino, además, éstos tenían que demostrar que la

recurrida fue la causante del daño.

Para delimitar la controversia que consideramos, y

debido

a

que

Cámara

los

los

peticionarios

autorizó

a

presentar

no

acreditaron

la

causa

de

que

la

acción

a

nombre del Cuerpo, no atenderemos si la Cámara posee o no

legitimación activa. Ahora bien, resta determinar si los

peticionarios poseen legitimación activa en su carácter

individual conforme a la doctrina de vote nullification.

III

A.

Legitimación activa

CC-2018-197

El

13

concepto

de

justiciabilidad

requiere

la

existencia de un caso o controversia real para que los

tribunales puedan ejercer válidamente el poder judicial.14

De modo que la intervención del tribunal tendrá lugar

únicamente

entre

si

existe

una

controversia

genuina

surgida

partes

opuestas

que

tienen

interés

real

un

en

obtener un remedio que afecte sus relaciones jurídicas.15

No

se

considera

una

controversia

justiciable

cuando: “(1) se procura resolver una cuestión política;

(2)

una

de

las

partes

carece

de

legitimación

activa;

(3) hechos posteriores al comienzo del pleito han tornado

la

controversia

tratando

de

en

obtener

académica;

(4)

una

consultiva,

opinión

las

partes

o

están

(5)

se

intenta promover un pleito que no está maduro”.16 Éstas

son las doctrinas de autolimitación judicial.

En particular, la doctrina de legitimación activa

se define como “la capacidad que se le requiere a la

parte

promovente

de

una

acción

para

comparecer

como

litigante ante el tribunal, realizar con eficiencia actos

procesales

y,

vinculante”.17

de

A

esta

través

forma,

obtener

de

legitimación

la

una

sentencia

activa

el

14

Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 60 (2009);

Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 DPR 715, 720 (1980).

Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, supra, citando ELA v.

Aguayo, 80 DPR 552, 558–559 (1958).

15

16

Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 DPR 59, 68–69 (2017), citando a

Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 932 (2011) y a

Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 421–422 (1994).

17

Bhatia Gautier v. Gobernador, supra, pág. 69.

CC-2018-197

14

promovente procura demostrarle al tribunal que su interés

es “de tal índole que, con toda probabilidad, habrá de

proseguir su causa de acción vigorosamente y habrá de

traer

a

la

atención

del

tribunal

las

cuestiones

en

controversia”.18 De manera que, ante la falta de una ley

que expresamente la confiera, existe legitimación activa

cuando:

“(1) la parte que reclama ha sufrido un daño

claro

palpable;

y

preciso,

no

(2)

el

daño

es

real,

abstracto

o

hipotético;

(3)

inmediato

existe

y

una

relación causal razonable entre la acción que se ejecuta

y el daño alegado, y (4) la causa de acción surge al

amparo de la Constitución o de alguna ley”.19

Cuando la causa de acción se presenta en contra de

agencias y funcionarios gubernamentales, los tribunales

interpretarán los criterios de la legitimación activa de

manera

flexible

y

liberal

y

el

análisis

de

las

alegaciones se debe hacer de la manera más favorable y

liberal para el promovente del litigio.20

B.

Legitimación activa de los legisladores

En

distintas

oportunidades

hemos

reconocido

los

escenarios en los cuales un legislador posee legitimación

activa. Para ello, al igual que un ciudadano particular,

______________________________________

Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., 157 DPR 360, 371

(2002), Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407, 413 (1982).

18

19

Acevedo Vilá v. Meléndez, 164 DPR 875, 885 (2005) citando a

P.P.D. v. Gobernador I, 139 DPR 643 (1995); Hernández Torres v.

Hernández Colón et al., 131 DPR 593 (1992); Hernández Agosto v.

Romero Barceló, supra.

20

Bhatia Gautier v. Gobernador, supra, págs. 69-70.

CC-2018-197

15

un legislador tiene que cumplir con los requisitos de

standing.21

A través de la jurisprudencia hemos avalado que un

legislador ostenta capacidad jurídica si: (1) defiende un

interés individual tradicional vinculado con el proceso

legislativo e invocado frente a funcionarios del Cuerpo

tanto en su carácter particular como en representación de

un

grupo

ilegal

de

del

dicho

Cuerpo,22

ejecutivo,23

(2)

(3)

impugna

las

reglas

una

actuación

senatoriales

coartan su derecho constitucional de participar en las

etapas esenciales y significativas en las comisiones del

Cuerpo,24

(4)

cuestiona

las

reglas

senatoriales

que

impugna el intento del Senado de excluir a un senador de

su

escaño

mientras

se

determina

la

validez

de

su

elección,25 (5) para “solicitar un injunction y sentencia

declaratoria con el objetivo de cuestionar que una persona

está

ocupando

un

cargo

en

detrimento

de

su

poder

de

confirmación”(Énfasis en el original);26 y (6) para vindicar

su prerrogativa y función constitucional como lo es la

participación en el proceso de confirmación de consejo y

21

Bhatia Gautier v. Gobernador, supra, pág. 71.

22

Noriega v. Hernández Colón, supra, pág. 428.

23

Íd.

24

Silva v. Hernández Agosto, 118 DPR 45 (1986).

25

Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750 (1977).

Senado de Puerto Rico v. Hon. Pedro Pierluisi Urrutia, 2019 TSPR 138,

203 DPR ___ (2019) citando a Hernández Agosto v. López Nieves,

114 DPR 601, 646 (1983).

26

CC-2018-197

16

consentimiento

de

un

nombramiento

de

un

funcionario

público.27

Ahora bien, debemos dejar claro que, tanto en los

foros federales como en los estados de la unión, resulta

difícil reconocer la legitimación activa de un legislador

en su carácter individual.28 Por ello, además de analizar

de

manera

favorable

y

liberal

las

alegaciones

del

legislador, es necesario examinar las particularidades de

los hechos de forma detallada.

En Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407,

415 (1982), sucedió que el primer mandatario del País

omitió enviar el nombramiento de un funcionario público

que continuaría en el equipo de trabajo del Gobernador de

Puerto Rico durante el segundo término de su mandato.

El Presidente del Senado impugnó la actuación del primer

ejecutivo

y

prerrogativa

reclamó

que

legislativa

el

de

proceder

impartir

su

violentó

su

consejo

y

consentimiento. Trabada la controversia, resolvimos que

los legisladores poseen legitimación activa al tener “un

interés

legítimo

en

participar

en

el

proceso

constitucional de impartir consejo y consentimiento a la

nominación

de

funcionarios

públicos”.29

Este

Tribunal

alcanzó esa conclusión luego de examinar jurisprudencia de

27

Hernández Agosto v. Romero Barceló, supra, pág. 415.

28

Noriega v. Hernández Colón, supra, pág. 431.

Hernández Agosto v. Romero Barceló, supra, pág. 416 (1982). Véase

además, Nogueras v. Hernández Colón, 127 DPR 638, 644 (1991).

29

CC-2018-197

otras

17

jurisdicciones

de

las

cuales

aludimos

a

la

siguiente:

En Kennedy v. S[a]mpson, 511 F.2d 430 (1974),

se reconoció la capacidad jurídica de un

miembro

del

Senado

para

proteger

la

efectividad de su voto en una ley a la cual el

Presidente de los Estados Unidos le había

impartido

un

veto

de

bolsillo.

(Énfasis

nuestro).30

Resulta importante señalar que, como discutiremos en

detalle

más

adelante,

resolvió

conforme

a

la

Kennedy

norma

v.

Sampson,

pautada

por

supra,

el

se

Tribunal

Supremo Federal en Coleman v. Miller, 307 US 433 (1939).

En Coleman v. Miller, supra, el Senado de Kansas

contaba con 40 miembros de los cuales 20 se opusieron a

la

ratificación

Estado

Unidos

Amendment).

La

de

la

enmienda

a

sobre

el

trabajo

infantil

(Child

empate

la

consecuencia

del

la

Constitución

en

de

Labor

votación

procuró el voto decisivo del vicegobernador. Ante este

cuadro,

los

senadores

que

votaron

en

contra

de

la

ratificación presentaron una causa de acción para impedir

la contabilización del voto del desempate. Aun cuando el

Tribunal Supremo Federal se encontró igualmente dividido

en cuanto a los méritos de la controversia, sí determinó

que los demandantes tenían legitimación activa bajo el

razonamiento siguiente:

Here, the plaintiffs include twenty senators,

whose votes against ratification have been

overridden and virtually held for naught

although

if

they

are

right

in

their

contentions

their

votes

would

have

been

30

Hernández Agosto v. Romero Barceló, supra, págs. 415-416.

CC-2018-197

18

sufficient to defeat ratification. We think

that these senators have a plain, direct and

adequate

interest

in

maintaining

the

effectiveness of their votes. Petitioners come

directly within the provisions of the statute

governing our appellate jurisdiction. They

have set up and claimed a right and privilege

under the Constitution of the United States to

have their votes given effect and the state

court has denied that right and privilege.

(Énfasis nuestro).31

Como

mencionamos,

el

Máximo

Foro

Federal

no

consideró los méritos de la controversia, pero manifestó

que -si los senadores estaban en lo correcto- los votos

en contra de la ratificación de la enmienda propuesta

fueron anulados y, para todo efecto práctico, quedaron en

nada. De este modo, para el Tribunal Supremo Federal no

hubo duda de que, aun cuando los demandantes participaron

del

proceso

interés

legislativo,

claro,

directo

los

y

legisladores

adecuado

en

tenían

un

mantener

la

efectividad de sus votos, derecho y privilegio denegado

por la corte estatal.

Por

otro

lado,

si

bien

el

Foro

Supremo

Federal

permitió este tipo de causa de acción, hemos manifestado

que

Coleman

criterios

al

v.

Miller,

momento

de

supra,

no

evaluar

un

estableció

reclamo

unos

sobre

la

anulación de la efectividad de un voto legislativo que

nos

permita

intervenir

sin

considerar

el

riesgo

infringir el principio de separación de poderes.32

31

Coleman v. Miller, 307 US 433, 438 (1939).

32

Noriega v. Hernández Colón, supra, esc.24, pág. 432.

de

CC-2018-197

19

Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones para el

Circuito

del

Distrito

de

Columbia

tuvo

ante

sí

a

Kennedy v. Sampson, supra. Los hechos de este caso se

originaron cuando un senador votó a favor de una medida

legislativa en la que el Presidente de los Estados Unidos

procuró

un

veto

de

bolsillo.

Por

ello,

el

senador

presentó una causa de acción en contra del Administrador

de la Administración de Servicios Generales y del Jefe de

los Registros de la Casa Blanca para que publicaran que

la medida legislativa había cobrado vigencia en la fecha

en que se expiró el término que dispone la Constitución

de

los

Estados

Unidos

para

que

el

primer

mandatario

firmara

el proyecto de ley.

El senador afirmó que el

receso

no

para

era

impedimento

que

el

Presidente

devolviera la medida legislativa firmada.

Por su parte, los demandados argumentaron que la

medida no se aprobó a raíz del veto de bolsillo, que el

senador no representaba al Congreso y, por tal motivo,

carecía

de

capacidad

jurídica

para

su

reclamo.

Para

sustentar sus contenciones, las partes se apoyaron en la

misma cláusula constitucional y en la decisión de Coleman

v. Miller, supra.

En

Tribunal

cuanto

de

a

los

Apelaciones

argumentos

Federal

de

las

partes,

el

para

el

Distrito

de

Columbia dispuso:

That provision, article I, section 7, is one

of several in the Constitution which implement

the ‘separation of powers' doctrine. Taken

CC-2018-197

20

together,

these

provisions

define

the

prerogatives of each governmental branch in a

manner which prevents overreaching by any one

of

them.

The

provision

under

discussion

allocates to the executive and legislative

branches their respective roles in the lawmaking process. When either branch perceives

an intrusion upon its legislative power by the

other, this clause is appropriately invoked.

The gist of appellee's complaint is that such

an intrusion has occurred as a result of the

President's misinterpretation of this clause

and that a consequence of this intrusion is

the nullification of appellee's vote in favor

of the bill in question; hence, the complaint

alleges injury to an interest of appellee as a

member of the legislative branch of the

government, an interest among those protected

by article I, section 7[…].

Appellants correctly point out that the votes

of the twenty plaintiffs in Coleman had

peculiar legal significance as a bloc, i.e.:

these

votes

were

sufficient

to

prevent

ratification absent the challenged vote of the

Lieutenant Governor. Appellants read Coleman

as holding that the plaintiff legislators had

standing only as a group for the purpose of

protecting the collective effectiveness of

their votes. In a like vein, appellants

contend that appellee's vote in favor of

S. 3418 has no legal significance independent

of the other votes in favor of the bill. Any

injury to him occasioned by the President's

action, it is argued, is ‘derivative’ in

nature. In appellants' view, only the Senate

or the Congress has sustained the ‘direct’

injury necessary to confer standing (assuming

that the veto of S. 3418 was invalid).33

El foro apelativo federal razonó que el interés del

senador no era directo sino uno indirecto o derivativo,

pero éste era uno sustancial al expresar:

In the present case, appellee has alleged that

conduct by officials of the executive branch

amounted to an illegal nullification not only

of Congress' exercise of its power, but also

of appellee's exercise of his power. In the

33

Kennedy v. Sampson, 511 F.2d 430, 434 (1974).

CC-2018-197

21

language of the Coleman opinion, appellee's

object in this lawsuit is to vindicate the

effectiveness of his vote. No more essential

interest could be asserted by a legislator. We

are satisfied, therefore, that the purposes of

the standing doctrine are fully served in this

litigation.34

En varias ocasiones Kennedy v. Sampson, supra, nos

ha servido como base para determinar si un legislador

posee o no legitimación activa en su carácter individual.

Así, cuando este Tribunal declaró en Hernández Torres v.

Hernández Colón, 129 DPR 824 (1992) que los legisladores

no tenían legitimación activa para vindicar un interés

general, reiteramos la norma de que el legislador posee

standing para vindicar su interés personal en cuanto al

ejercicio

de

sus

prerrogativas,

tanto

directa

como

tanto

en

foros

derivada.35

Previamente

federales

como

en

señalamos

los

que,

estados

de

la

los

unión,

resulta

difícil reconocer la legitimación activa de un legislador

particular. En lo concerniente a esta ardua tarea, hemos

expresado que:

La dificultad en estos casos estriba en

precisar cuál, o cuáles, son las prerrogativas

que validan reconocer una acción de un

legislador particular --que no goza del apoyo

de uno o los dos cuerpos legislativos-- y que

se han visto afectados por el poder ejecutivo.

El Tribunal Supremo federal no ha pautado los

criterios en torno a dicha norma. Tanto los

tribunales federales, como los comentaristas

34

Kennedy v. Sampson, supra, pág. 436.

Hernández Torres v. Hernández Colón, 129 DPR 824, 842 (1992),

citando a Hernández Agosto v. Romero Barceló, supra y a Kennedy v.

Sampson, supra.

35

CC-2018-197

22

en este ámbito, discrepan marcadamente en

cuanto a si debe conferírsele legitimación

activa a un legislador particular. Algunas de

las objeciones reconocidas en la jurisdicción

federal para negarle legitimación activa a un

legislador

particular

fueron

esbozadas

y

adoptadas en los casos antes citados de

[Hernández Torres v. Hernández Colón, 129 DPR

824,

837

(1992)].

No

obstante,

estas

instancias, en la jurisdicción federal se le

ha

reconocido

legitimación

activa

a

un

legislador

particular

cuando

este

ha

demostrado la anulación de un vot[o] pasado o

futuro que puede ser razonablemente vinculada

con la acción impugnada,[…].36

Estas

expresiones

nos

llevaron

a

concluir

en

Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406 (1994), que el

representante

Hon.

David

Noriega

Rodríguez

carecía

de

legitimación activa porque no demostró que la firma del

Gobernador,

para

la

aprobación

de

las

resoluciones

conjuntas que con su voto favoreció, le causó un daño

claro y palpable a sus prerrogativas legislativas ni que

se hubiese anulado su voto pasado37

Posterior a esta decisión, el Foro Supremo Federal

atendió Raines v. Byrd, 521 US 811 (1997). Los hechos de

36

37

Noriega v. Hernández Colón, supra, 431-433 (1994).

Es menester señalar que el representante, Hon. David Noriega

Rodríguez (representante Noriega Rodríguez) votó a favor de una de

las Resoluciones Conjuntas que posteriormente impugnó. Debido a que

el representante Noriega Rodríguez no combatió legislativamente las

Resoluciones no encontramos base para entender que la aprobación por

parte del Gobernador le hubiese causado un daño claro y palpable a

sus prerrogativas legislativas. De este modo, contrario a Kennedy v.

Sampson, supra, consideramos que la firma del Primer Ejecutivo, “no

anuló el voto pasado del Representante Noriega; todo lo contrario,

favoreció la posición que éste asumió en la aprobación de las

referidas medidas.”

Por ello, entendimos que el “Representante

Noriega Rodríguez no tenía legitimación activa para impugnar una Ley,

la cual él con su actuación legislativa favoreció”. Noriega v.

Hernández Colón, supra, pág. 433.

CC-2018-197

23

este caso se remontan cuando el Senado aprobó un proyecto

de ley intitulado Ley de Veto de Línea (Line Item Veto

Act) con una votación de 69 a 31. Al día siguiente, la

Cámara de Representantes Federal aprobó el proyecto con

una votación de 232 a 177. Luego de la aprobación de la

ley,

6

porque

congresistas

permitía

impugnaron

que,

luego

de

la legislación

aprobada

convertida

ley,

en

el

Presidente omitiera el requisito de la ponderación previa

por

los

cuerpos

legislativos

y

quedó

autorizado

para

cancelar ciertas medidas de gastos y beneficios fiscales.

En

palabras

más

sencillas,

el

poder

extendido

al

Presidente, según alegaron los legisladores, disminuyó el

poder institucional del Congreso.

Esta legislación expresamente confería standing a

los

miembros

del

Congreso

o

a

particulares

que

se

afectaran con la promulgación de la ley. Sin embargo, el

daño concreto y directo alegado por los legisladores se

basó

en

sus

capacidades

oficiales

y,

al

momento

que

presentaron la causa de acción, el Presidente no había

ejercido la facultad concedida por el estatuto. Por lo

tanto, respecto a este asunto, el caso no estaba maduro.

En lo pertinente al reclamo de la efectividad de la

votación,

los

promulgada

causó

medida

que

legisladores

argumentaron

un

tipo

de

resultó

en

una

daño

que

la

institucional

disminución

del

ley

en

la

poder

legislativo que necesariamente provocaba un daño a los

legisladores

del

Congreso.

Asimismo,

alegaron

que

CC-2018-197

24

ostentaban legitimación activa basado en la pérdida del

poder político y no en la pérdida de un derecho personal.

Por

lo

antes

señalado,

el

Tribunal

Supremo

de

Estados Unidos determinó que los demandantes no tenían

standing precisamente porque el daño era institucional y

no

lo

suficientemente

concreto

y

personal

porque

los

congresistas poseían un remedio político adecuado en la

medida que posteriormente podían votar para derogar el

estatuto o para proporcionar proyectos de ley de gastos

individuales con una exención legal.38

La conclusión alcanzada por el Foro Supremo Federal

se

fundamentó

en

un

claro

contraste

del

caso

con

lo

resuelto en Coleman v. Miller, supra, al establecer lo

siguiente:

It

is

obvious,

then,

that

our

holding

in Coleman stands […] for the proposition that

legislators

whose

votes

would

have

been

sufficient to defeat (or enact) a specific

legislative Act have standing to sue if that

legislative action goes into effect (or does

not go into effect), on the ground that their

votes have been completely nullified.

It should be equally obvious that appellees'

claim does not fall within our holding

in Coleman, as thus understood. They have not

alleged that they voted for a specific bill,

that there were sufficient votes to pass the

bill, and that the bill was nonetheless deemed

defeated. In the vote on the Act, their votes

were given full effect. They simply lost that

vote. Nor can they allege that the Act will

nullify their votes in the future in the same

way that the votes of the Coleman legislators

had been nullified. In the future, a majority

of Senators and Congressmen can pass or reject

appropriations bills; the Act has no effect on

this process. In addition, a majority of

38

Raines v. Byrd, 521 US 811, 829 (1997).

CC-2018-197

25

Senators and Congressmen can vote to repeal

the Act, or to exempt a given appropriations

bill

(or

a

given

provision

in

an

appropriations bill) from the Act; again, the

Act

has

no

effect

on

this

process. Coleman thus

provides

little

meaningful precedent for appellees' argument.

(Énfasis nuestro) (Citas omitidas)39

Asimismo,

señaló

que

el

uso

de

la

palabra

“efectividad” para aplicar la norma sentada en Coleman v.

Miller, supra, sería extender más allá el contexto de lo

pretendido en la Opinión. La razón vertida por el Foro

Federal relacionado a este asunto es que “[t]here is a

vast difference between the level of vote nullification

at

issue

in Coleman and

the

abstract

dilution

of

institutional legislative power that is alleged here”.40

Obsérvese

que,

supra,

en

Raines

Federal

desarrolló

v.

un

contrario

a

Byrd,

supra,

test

para

Coleman

el

v.

Miller,

Tribunal

Supremo

conferir

legitimación

activa por vote nullification, a saber: los legisladores

cuyos

(o

votos

hubiesen

promulgar)

un

sido

proyecto

suficientes

de

ley

para

derrotar

poseen

capacidad

jurídica para demandar basado en que sus votos han sido

completamente anulados, si la legislación entra en vigor

(o no entra en vigor). (Traducción nuestra).

Así, mediante el test se examinaron las alegaciones

y las particularidades del caso para así develar si en

efecto

se

anuló

la

efectividad

39

Raines v. Byrd, supra, págs. 823–824.

40

Íd., pág. 826.

del

voto

de

los

CC-2018-197

legisladores

26

o

simplemente

perdieron

la

batalla

legislativa. Es decir, los legisladores tenían que alegar

que:

(1)

votaron

por

un

proyecto

de

ley

específico;

(2) los votos de los legisladores tuvieron pleno efecto

en

la

votación;

aprobar

la

(3)

que

hubo

votos

suficientes

medida,

pero

se

consideró

para

derrotada;

y

(4) como consecuencia de lo anterior, sus votos fueron

anulados. En relación con este último elemento, según la

delimitación

que

Raines

v.

Byrd,

supra,

formuló

de

Coleman v. Miller, supra, ocurre lo mismo si hubo los

votos

suficientes

para

derrotar

la

pieza

legislativa,

pero se consideró aprobada por el cuerpo legislativo.

Además,

el

Alto

Foro

Federal

instruyó

a

los

tribunales que es importante considerar la existencia de

un remedio legislativo adecuado y si otra persona podría

impugnar la actuación legislativa.41

Contrario

federales

supra,

a

algunas

inferiores,

haya

no

revocado

decisiones

creemos

sub

que

silentio

de

tribunales

Raines

la

v.

Byrd,

decisión

de

Kennedy v. Sampson, supra, en el contexto de la concesión

de

legitimación

haya

comparecido

activa

sin

a

un

permiso

legislador

particular

del

legislativo

cuerpo

que

y

que, como consecuencia de las acciones del ejecutivo, se

haya anulado su voto.42

41

42

Raines v. Byrd, supra, pág. 829.

Es claro que Raines v. Byrd, supra, redujo la interpretación de

Coleman v. Miller, supra, en cuanto a lo que implica la efectividad

del voto limitando la capacidad jurídica de un legislador cuando los

CC-2018-197

27

Recientemente, el Tribunal Federal para el Distrito

de Columbia emitió una opinión y orden en Blumenthal v.

Trump, 335 F. Supp.3d 45 (2018) y discutió ampliamente

los

precedentes

del

Tribunal

Supremo

Federal

y

del

Tribunal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de

Columbia. Lo anterior para concluir que las acciones del

Presidente Donald J. Trump de aceptar emolumentos sin el

consentimiento del Congreso constituían una violación a

la Constitución de los Estados Unidos y resultó en la

anulación del voto de los congresistas.

Entre los asuntos discutidos, citando a Campbell v.

Clinton,

203

F.3d

19

de

la

palabra

evaluación

contexto

de

Raines

v.

(2000),

el

caso

reprodujo

la

dentro

del

manifestar

lo

“nullification”

Byrd,

supra,

al

siguiente:

We think the key to understanding the Court’s

treatment of Coleman and its use of the word

nullification is its implicit recognition that a

ratification vote on a constitutional amendment

is an unusual situation. It is not at all clear

whether

once

the

amendment

was

“deemed

ratified,” see Raines, 521 U.S. at 822, 117

S.Ct. 2312, the Kansas Senate could have done

anything to reverse that position. We think that

must be what the Supreme Court implied when it

said the Raines plaintiffs could not allege that

the “[Line Item Veto Act] would nullify their

votes in the future,” and that, after all, a

majority of senators and congressmen could

always repeal the Line Item Veto Act. Id. at

824, 117 S.Ct. 2312 (emphasis added). The

Coleman senators, by contrast, may well have

been powerless to rescind a ratification of a

______________________________________

votos hayan sido suficientes para derrotar o promulgar una medida

legislativa específica que entre o no en vigor, contención basada en

que sus votos han sido completamente anulados. Véase además,

Chenoweth v. Clinton, 181 F.3d 112, 116–17 (1999).

CC-2018-197

28

constitutional amendment that they claimed had

been defeated. In other words, they had no

legislative remedy. (Énfasis nuestro).43

Nótese

que

al

interpretar

la

palabra

anulación,

ésta se refiere a una situación inusual y que, de no

tomar

acción,

se

ata

a

un

que,

según

futuro

se

anula

completamente

si

legislativo

no

se

puede

derogar

la

anterior

implica

que,

Lo

v.

Byrd,

irreversible.

Recordemos

legislativa.44

Raines

resultado

supra,

mediante

inexistencia de un remedio legislativo,

el

el

voto

proceso

actuación

ante

la

corresponde la

intervención judicial.

A

modo

didáctico,

Blumenthal

v.

Trump,

supra,

repasa la jurisprudencia para recordarnos las instancias

en

las

cuales

se

considerará

que

un

voto

ha

sido

completamente anulado, cuando: (1) “a bloc of individual

state ‘legislators whose votes would have been sufficient

to

defeat

standing

(or

to

enact)

sue

if

a

that

specific

legislative

legislative

action

Act

have

goes

into

effect (or does not go into effect), on the ground that

their votes have been completely nullified.’”45; (2) “the

legislature,

as

an

institutional

plaintiff

authorizing

the lawsuit, had standing to sue based on the alleged

43

Campbell v. Clinton, 203 F.3d 19, 22-23 (2000).

44

Raines v. Byrd, supra, pág. 824.

45

Blumenthal v. Trump, 335 F.Supp.3d

Raines v. Byrd, supra, pág. 823.

45,

58

(2018)

citando

a

CC-2018-197

29

nullification of their votes ‘now’ or ‘in the future’ as

a result of a ballot initiative”.46

Asimismo, conforme a las decisiones del Tribunal de

Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia, el

caso

expone

algunas

anulación

de

la

confieren

capacidad

circunstancias

efectividad

del

jurídica

a

que

voto

un

constituyen

que,

a

legislador

su

en

la

vez,

su

carácter individual, a saber: (1) “treating a vote that

did not pass as if it had, or vice versa”47; (2) “that a

[…] vote on a [specific Bill] is a unusual situation”

[…][with] “no legislative remedy”;48 y finalmente (3)”when

it was the [executive branch’s] action, rather than “a

lack of legislative support,” that nullified the Member’s

vote”.49

De

la

tendencia

federal

notamos

que,

si

el

legislador reclama la anulación de la efectividad de su

voto,

cumple

con

el

test

y

no

tiene

un

remedio

legislativo adecuado ni otra persona puede impugnar la

actuación legislativa, tiene derecho a presentar la causa

de acción, o sea, standing.

Ciertamente,

es

posible

armonizar

en

nuestra

jurisdicción los criterios esbozados en la esfera federal

Blumenthal v. Trump, supra, pág. 58, citando Arizona State

Legislature v. Arizona Independent Redistricting Com'n, 135 S.Ct.

2652, 2667 (2015), 576 U. S. ___ (2015).

46

47

Campbell v. Clinton, supra, pág. 22.

48

Íd., págs. 22-23.

49

Chenoweth v. Clinton, 181 F.3d 112, 117 (1999).

CC-2018-197

al

momento

30

de

evaluar

la

capacidad

jurídica

de

un

legislador que reclama que la efectividad de su voto ha

sido anulada.

En primer lugar, es sabido que un legislador tiene

que pasar el crisol de poseer la capacidad jurídica como

cualquier

ciudadano

promovida

es

un

particular.

funcionario

Segundo,

público,

si

“los

la

parte

tribunales

interpretarán los criterios de la legitimación activa de

manera

flexible

y

liberal

y

el

análisis

de

las

alegaciones se debe hacer de la manera más favorable y

liberal para el promovente del litigio”.50 A su vez, es

necesario observar al detalle las particularidades del

caso.

Tercero,

las

alegaciones

deben

incluir

lo

siguiente: (1) que hubo una votación de un proyecto de

ley o resolución conjunta o concurrente o nombramiento

específico; (2) que luego de la votación, los votos sean

suficientes para aprobar o derrotar la medida, resolución

o

nombramiento;51

consignaron

y

(3)

en

la

contabilizaron

votación,

sus

plenamente;

(4)

votos

se

que

el

proyecto de ley sea aprobado, pero considerado rechazado

por

el

cuerpo

legislativo

o

viceversa;

(5)

luego

de

aprobada o derrotada no haya un remedio legislativo que

permita

50

derogar

la

medida,

resolución

o

nombramiento;

Bhatia Gautier v. Gobernador, supra, págs. 69-70.

Destacamos que, en el contexto de los nombramientos, la votación de

éstos dependerá de las exigencias del ordenamiento constitucional o

estatutario o si debe ajustarse al reglamento legislativo.

51

CC-2018-197

31

(6) que el resultado de la aprobación o rechazo tuvo el

efecto de anular completamente el voto.

Si

un

esbozados,

legislador

tendrá

cumple

capacidad

con

los

jurídica

criterios

para

antes

proteger

la

efectividad de su voto con o sin la concurrencia de otros

miembros del cuerpo legislativo que se trate.52 Resaltamos

que, en este tipo de causa de acción, necesariamente el

legislador

tiene

que

haber

participado

del

proceso

legislativo.

C.

El efecto del voto de abstención en el Reglamento de

la Cámara de Representantes

Para atender los planteamientos esbozados por las

partes, resulta necesario, además, considerar si la causa

de acción para reclamar la anulación de la efectividad

del

voto

es

reconocidos

de

aplicación

en

los

a

los

reglamentos

consientes

de

nuestra

obligación

principio

de

separación

de

votos

de

abstención

parlamentarios.

Así,

autoimpuesta

el

poderes

que

rige

por

nuestro

sistema republicano de Gobierno que, además, nos impone

la

doctrina

de

cuestión

política,

hemos

expresado

siguiente:

[S]i la Constitución confiere una facultad

expresa a una rama de gobierno y ésta es de

naturaleza política, la misma no estará sujeta

a revisión judicial salvo que dicha facultad

sea

ejecutada

incorrectamente,

afectando

derechos constitucionales de igual jerarquía.

Cuando

así

suceda,

nuestro

ordenamiento

jurídico no puede evadir la responsabilidad

constitucional de interpretar el derecho en

casos

de

conflicto

entre

las

ramas

52

Kennedy v. Sampson, supra, pág. 435.

lo

CC-2018-197

32

gubernamentales,

ya

que

éstas

no

pueden

convertirse en árbitros de sus propios actos.

Ahora

bien,

cuando

ejercemos

la

función

ineludible e indelegable de interpretar el

Derecho en casos de conflictos sobre derechos

políticos, así como la constitucionalidad de

las fuentes de esos derechos, debemos actuar

con mesura, respetando el criterio de otros

cuerpos gubernamentales sobre la extensión de

sus propios poderes.

Al examinar la validez constitucional de una

actuación

legislativa

impugnada

por

un

legislador hemos expresado que los tribunales

son los encargados de “definir [los] contornos

[de las facultades del Poder Legislativo y

Ejecutivo] y la determinación de la validez de

su[s] ejercicio[s] son asuntos cuidadosamente

reservados a los tribunales”. […] En esa

ocasión señalamos que el Poder Judicial es el

intérprete

final

de

la

Constitución.

Haciéndonos eco de las palabras de Alexander

Hamilton en El Federalista, expresamos que los

cuerpos legislativos no pueden ser los jueces

constitucionales

de

sus

propios

poderes.

53

(Citas omitidas).

En ese contexto, la Sec. 9 del Art. III de nuestra

Constitución establece que “cada cámara […]adoptará las

reglas

propias

de

cuerpos

legislativos

para

sus

procedimientos y gobierno interno” y esta facultad como

“corolario

del

procedimientos

poder

es

de

inherente

para

controlar

arraigo

histórico

en

sus

nuestra

jurisdicción”.54 Sin embargo, podemos atender las reglas

legislativas “a tono con la prudencia y mesura que debe

existir al revisar un asunto asignado por la Constitución

a

otra

rama

de

gobierno,

la

revisión

judicial

será

Noriega Rodríguez v. Jarabo, 136 DPR 497, 516 (1994), Const. ELA,

LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 402.

53

54

Noriega Rodríguez v. Jarabo, supra, pág. 517.

CC-2018-197

33

admisible sólo si existen criterios judiciales apropiados

para resolver la controversia”.55

En consideración al interés público que representa,

resulta necesario repasar nuestras expresiones en torno a

las

votaciones

de

los

legisladores,

según

lo

expone

nuestra Constitución y el Reglamento de la Cámara.

En Noriega Rodríguez v. Jarabo, 136 DPR 497, 517

(1994), atendimos la controversia de si la denegatoria de

una abstención de votación y la consecuente ausencia de

registro de abstención en el Libro de Actas lesionaron

las prerrogativas legislativas de 2 representantes. Este

Tribunal resolvió en la negativa.

en

sí

nos

brinda

una

Sin embargo, el caso

lección

en

torno

a

la

responsabilidad de los legisladores de votar y el efecto

que

tiene

el

voto

de

abstención

en

el

proceso

legislativo.

Primero, establecimos que los reglamentos de los

cuerpos

legislativos

constituyen

ley

para

tienen

la

vigencia

Asamblea

limitada

Legislativa

que

y

los

aprueba.56 Además, las normas aplicables o “[l]as fuentes

de

las

reglas

del

proceso

legislativo

son

las

disposiciones constitucionales o estatutarias, las reglas

adoptadas

por

decisiones

la

propia

judiciales,

Asamblea

las

Legislativa,

fuentes

55

Noriega Rodríguez v. Jarabo, supra, pág. 518.

56

Íd., pág. 520.

de

las

derecho

CC-2018-197

34

parlamentario, las costumbres, el uso, las órdenes o las

resoluciones de la Asamblea”.57

También, la “interpretación que hace un cuerpo de

sus

reglas

de

procedimiento

debe

ser

aceptada

por

un

tribunal a menos que la misma sea claramente errónea”. A

su vez, reconocimos que la naturaleza de los reglamentos

legislativos “son fuente de posibles conflictos entre los

miembros de la Asamblea”.58

Así,

el

caso

nos

recalca

que

por

mandato

constitucional el quórum de la Cámara de Representantes

”se

constituye

[Asimismo],

se

con

veintiséis

requieren

los

(26)

votos

de

representantes.

veintiséis

(26)

representantes para lograr una mayoría absoluta para la

aprobación de un proyecto de ley, resolución conjunta o

concurrente”.(Énfasis nuestro).59

Por último, y en lo concierne a cuál es el efecto

de la abstención del voto de un legislador en el trámite

parlamentario,

concluimos

que

el

voto

de

abstención

afecta el proceso legislativo cerrando la llave de paso

y, en consecuencia, no fluye la obra gubernamental o los

asuntos de interés público.60

Ahora bien, contrario al voto a favor y en contra

(que

sea

expreso),

el

voto

de

abstención

57

Noriega Rodríguez v. Jarabo, supra, pág. 520.

58

Íd., pág. 521.

59

Íd., págs. 528-529.

60

Íd., pág. 529.

no

es

de

CC-2018-197

35

entronque constitucional, sino es “materia regulada por

el derecho parlamentario y las reglas internas de cada

asamblea”.61 No obstante, esta práctica se ha permitido

desde

antes

presente

y,

de

la

Convención

Constituyente

por

el

resultado

que

podría

hasta

el

provocar

la

abstención del voto, es que se fomenta la participación

de los legisladores en el proceso parlamentario.62 Como

veremos

más

adelante

en

el

Reglamento

infra,

las

regulaciones

al

voto

de

de

la

abstención

Cámara,

no

ha

cuestiona

la

cambiado.

En

el

presente

constitucionalidad

de

caso

una

no

regla,

se

sin

embargo,

ante

la

interpretación errónea de una norma legislativa, estamos

facultados para intervenir. Veamos las disposiciones del

Reglamento de la Cámara de Representantes de Puerto Rico,

R. de la C. 126, Decimoséptima Asamblea Legislativa, 15

de enero de 2013, (Reglamento de la Cámara) que gobiernan

o inciden en la votación, la abstención del voto y la

reconsideración.

De

entrada,

en

lo

concerniente

al

voto

del

legislador, hemos expresado lo siguiente:

[L]a Constitución expresa que “[l]as Cámaras

llevarán libros de actas donde harán constar

lo relativo al trámite de los proyectos y las

votaciones emitidas a favor y en contra de los

mismos”. Art. III, Sec. 17, Const. E.L.A.,

supra, ed. 1982, pág. 344. Además, señala que

61

Noriega Rodríguez v. Jarabo, supra, pág. 532.

Íd., pág. 526, Art. III, Sec. 17, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed.

2016, págs.410-411.

62

CC-2018-197

36

los proyectos de ley deberán ser aprobados por

una mayoría total de los miembros de cada

Cámara y que “[t]oda aprobación final o

reconsideración

de

un

proyecto

será

en

votación por lista”. Art. III, Sec. 19, Const.

E.L.A., supra, ed. 1982, pág. 346.63

Este deber de la Asamblea Legislativa contenido en

la Sección 36 del Reglamento de la Cámara, supra, está

relacionado con el calendario de aprobaciones finales.

Mediante la Sección 36.3 del Reglamento de la Cámara,

supra, se establece la votación para la aprobación final

de

una

pieza

legislativa

o

resolución

conjunta

o

concurrente.

Sección 36.3.-Votación

La votación para la aprobación final de

cualquier

proyecto

de

ley

o

resolución

conjunta o concurrente se llevará a efecto por

lista

o

por

votación

electrónica

y

el

resultado será anotado en el Acta. Ningún

proyecto de ley o resolución será aprobado a

menos que una mayoría absoluta de los miembros

de la Cámara vote a favor de la aprobación de

la misma. (Énfasis nuestro).64

En cuanto a la votación por lista, el Reglamento de

la Cámara, supra, establece lo siguiente:

Sección 37.4.-Votación Electrónica o Votación

por lista

.

.

.

.

.

.

.

Para los fines de cualquier disposición legal

que contemple una votación por lista, la

votación electrónica certificada surtirá el

mismo efecto. (Énfasis nuestro).65

63

Noriega Rodríguez v. Jarabo, supra, págs. 530-531.

Reglamento de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, R. de la

C. 126, Decimoséptima Asamblea Legislativa, 15 de enero de 2013,

(Reglamento de la Cámara), pág. 124.

64

65

Íd.,págs. 125-126.

CC-2018-197

37

Es importante resaltar que “la votación por lista

es un medio de fijar la responsabilidad individual por la

aprobación o rechazo de una medida”.66

Por otro lado, la Sección 37.5 del Reglamento de la

Cámara, supra, rige los asuntos de los votos de abstención

y, en lo pertinente, dispone lo siguiente:

Sección 37.5.-Participación en las votaciones;

abstenciones

Los Representantes presentes al momento de

efectuarse

una

votación

por

lista

o

electrónica vendrán obligados a emitir su

voto, excepto en los casos que a continuación

se indican:

.

.

.

.

.

.

.

.

(c) los Representantes podrán abstenerse de

votar con el consentimiento de la mayoría

presente cuando no estén preparados para

emitir su voto por desconocimiento del

asunto sometido a votación.

En

todos

aquellos

casos

en

que

un

Representante solicite que se le permita

abstenerse de votar, el asunto se resolverá

sin debate.

En caso de autorizarse la abstención, el

Presidente ordenará al Secretario que permita

al Representante abstenerse en el Sistema

Electrónico de Votación. Si la decisión de la

Cámara fuere en la negativa, el Representante

que solicitó la abstención vendrá obligado a

emitir su voto.

En el caso de una votación por lista, si al

ser llamado a emitir su voto y estando en

sala, el Representante se negara a votar, o

votare abstenido habiendo sido denegada su

petición

o

no

habiendo

solicitado

la

abstención se entenderá que está votando en

contra y así se consignará en la hoja de

votación. (Énfasis nuestro)67

66

Noriega Rodríguez v. Jarabo, supra, pág. 531, esc.56.

67

Reglamento de la Cámara, supra, págs. 126-127.

CC-2018-197

38

Resaltamos que, según nuestra Opinión en Noriega

Rodríguez v. Jarabo, supra, un voto de abstención puede

constituir un obstáculo cuando no se logra la mayoría

absoluta de los miembros que componen el cuerpo. Por lo

tanto, la consecuencia de la autorización del voto de

abstención es que se tiene que consignar para determinar

si la pieza legislativa o la resolución o el nombramiento

que

exija

la

mayoría

absoluta

contó

con

los

votos

necesarios. Es decir, el voto de abstención autorizado

por

el

facto,

cuerpo

legislativo

no

jure.

de

Lo

es

como

anterior

voto

es

en

contra

de

porque,

según

la

precitada sección del Reglamento de la Cámara, supra, si

al llamar a un representante a la votación por lista y se

encuentre

en

sala,

pero:

(1)

se

niega

a

votar;

(2) se abstiene de votar, sin autorización para hacerlo;

o

(3)

se

solicitud

abstiene

se

de

entenderá

votar,

que

luego

de

en

contra

votó

denegada

y

así

su

se

consignará en la hoja de votación.

En cuanto al asunto del trámite de reconsideración,

éste es gobernado por la Sección 39 del Reglamento de la

Cámara,

supra.

En

específico,

la

Sección

39.3

del

Reglamento de la Cámara, supra, dispone el procedimiento

de

la

solicitud

peticionarla

de

cuando

reconsideración

la

votación

disposición establece lo siguiente:

es

y

quiénes

por

pueden

lista.

La

CC-2018-197

39

Sección 39.3.-Reconsideración en votación por

lista o electrónica

.

.

.

.

.

.

.

.

Cuando una votación se hubiere llevado a cabo

por lista o electrónica, solamente podrá

solicitar la reconsideración de la medida

legislativa

o

asunto

votado

cualquier

representante que, mediante su voto, fuere

parte del grupo que obtuvo la mayoría en esa

votación. (Énfasis nuestro).68

Nótese

que

cuando

la

votación

es

por

lista

o

electrónica, solamente los legisladores que fueron parte

del

grupo

que

obtuvo

la

mayoría

de

los

votos

podrá

solicitar la reconsideración. De lo contrario, no podrá

solicitar la reconsideración del asunto votado.

D.

El caso Acevedo Vilá v. Meléndez

De entrada, esta situación en particular nos lleva a

evaluar el planteamiento de la recurrida y la decisión de

los foros recurridos de que, conforme a Acevedo Vilá v.

Meléndez, 164 DPR 875 (2005), los legisladores carecían de

standing

para

presentar

la

causa

de

acción.

Veamos

los

hechos del caso.

El Hon. Aníbal Acevedo Vilá, Gobernador de Puerto

Rico (Gobernador), envió al Senado el nombramiento de la

Sra. Marisara Pont Marchese

(señora Pont

Marchese)

para

ocupar el puesto de Secretaria de Estado. Luego de contar

con el aval del Senado -de 26 votos a favor y 1 en contrael nombramiento de la señora Pont Marchese pasó ante la

consideración de la Cámara. La primera votación se celebró a

viva voz. No obstante, el representante Hon. Víctor García

68

Reglamento de la Cámara, supra, págs. 130-131.

CC-2018-197

40

San Inocencio notificó que la votación tenía que ser por

lista. El portavoz de la minoría, el representante Hon.

Héctor Ferrer Ríos (representante Ferrer Ríos), secundó la

petición por ser cónsona con el Reglamento de la Cámara al

disponer

que

los

nombramientos

se

consideraban

mediante

votación por lista. El resultado de la votación por lista

reflejó que la nominada obtuvo 24 votos a favor y 16 en

contra. A raíz del resultado, el entonces Presidente de la

Cámara,

Hon.

José

Aponte

Hernández,

declaró

que

el

nombramiento de la señora Pont Marchese no contó con el

respaldo de la mayoría absoluta del Cuerpo. Luego de que el

representante Ferrer Ríos alegó que para la aprobación se

requería una mayoría simple, el Presidente de la Cámara

mantuvo su determinación de que la señora Pont Marchese no

fue confirmada.

El representante Hon. Luis Pérez Ortiz, quien había

votado a favor de la nominada, solicitó la reconsideración

de la votación junto con otros 5 representantes. En la

votación de la reconsideración, la nominada obtuvo 20 votos

a favor y 22 en contra, por lo que el Presidente de la

Cámara pronunció que la nominada no había sido confirmada. A

raíz

de

la

notificarle

votación,

al

se

Gobernador

emitió

que

su

la

certificación

nominada

no

para

resultó

favorecida.

Por estos hechos, el representante Ferrer Ríos, el

Gobernador y la señora Pont Marchese presentaron un auto de

Mandamus para ordenar la validez de la votación por lista

CC-2018-197

41

inicial, porque la votación en reconsideración era errada,

y,

además,

solicitó

la

expedición

de

la

certificación

confirmando el nombramiento de la nominada.

Evaluada la controversia, este Tribunal determinó que

los demandantes no tenían legitimación activa. Al evaluar

los hechos nos percatamos que: (1) era un auto de Mandamus;69

(2)

el

representante

Ferrer

Ríos

votó

a

favor

del

nombramiento de la señora Pont Marchese; (3) debido a que

votó a favor y era parte del voto mayoritario simple, tuvo

el

beneficio

de

la

reconsideración

solicitada

por

otro

representante; (4) se consignaron los votos -el inicial y el

de

reconsideración-

del

representante

Ferrer

Ríos;

y

(5) ante la falta de comparecencia de 2 representantes, este

Tribunal

no

pudo

considerar

el

planteamiento

del

representante Ferrer Ríos en torno al cómputo de los votos

emitidos por error en la reconsideración del nombramiento.

Aun si consideramos el caso dentro del contexto de

Raines v. Byrd, supra, el representante Ferrer Ríos no tenía

legitimación activa. El representante Ferrer Ríos votó a

favor de la nominada y, en consecuencia, gozó de remedios

legislativos, entre estos, la reconsideración. Asimismo, el

representante

Ferrer

Ríos

nombramiento

específico

y

sí

alegó

que

votó

que

la

votación

por

un

final

era

suficiente para la confirmación, pero la realidad es que la

nominada no obtuvo los votos necesarios para la aprobación

Según expresamos en Acevedo Vilá v. Meléndez, supra, págs. 906-907,

el auto de Mandamus era improcedente. Es decir, no era el recurso

adecuado.

69

CC-2018-197

42

del nombramiento en la reconsideración concedida, conforme

disponía el reglamento del cuerpo legislativo. Es decir,

“they simply lost that vote”70 y mediante un recurso de

Mandamus pretendió trasladar el debate legislativo al foro

judicial.

Cabe apuntar que al discutir la capacidad jurídica de

la señora Pont Marchese, expresamos lo siguiente:

[L]a Sra. Marisara Pont Marchese no ha expuesto

un daño claro y palpable más allá de la pérdida

de su expectativa y de su deseo de servir a

Puerto Rico como la Secretaria del Departamento

de Estado. Independientemente de los méritos de

su nominación por el Gobernador, la señora Pont

Marchese no tiene un derecho sobre dicho cargo

precisamente porque no ha sido confirmada por

ambas cámaras, según lo requiere el Art. IV,

Sec. 5 de nuestra Constitución, supra. Tampoco

se

han

expedido

las

correspondientes

credenciales ni ha prestado su juramento una vez

nombrada, como ocurrió en el caso United States

v. Smith, 286 U.S. 6 (1932). En vista de ello,

este Tribunal no puede confeccionar un remedio

judicial

que

no

conlleve

una

intromisión

indebida en el poder legislativo. (Énfasis

nuestro).71

Con estas expresiones descartamos el planteamiento de

la recurrida de que los legisladores incumplieron con el

requisito de legitimación pasiva al señalar que no se nominó

para el cargo ni participó en la votación que, según alegó,

la favoreció en la confirmación del nombramiento. Contrario

a lo aseverado, la recurrida era la razón por la cual se

llevó a cabo el procedimiento legislativo.

70

Raines v. Byrd, supra, pág. 824.

71

Acevedo Vilá v. Meléndez, supra, pág. 888.

CC-2018-197

Por

43

último,

para

poder

disponer

de

la

presente

controversia es necesario revisar el Art. 10 de la Ley Núm.

2 de 23 de febrero de 1988, según enmendada, conocida como

la Ley para Crear la Oficina del Panel sobre el Fiscal

Especial Independiente (Ley del Panel del FEI), 3 LPRA sec.

99(h)

et

seq.,

que,

según

los

peticionarios,

surgía

la

obligación de impartir el consejo y consentimiento conforme

a la mayoría absoluta que componen el Cuerpo y no por el

voto de la mayoría simple que resultó en la confirmación del

nombramiento.

E.

La Ley del Panel del FEI

El

Art.

10

de

la

Ley

del

FEI,

supra,

regula

la

designación de los miembros en propiedad y los alternos del

Panel

sobre

el

Fiscal

Especial

y,

en

lo

pertinente,

establece lo siguiente:

El Gobernador de Puerto Rico designará, con

el consejo y consentimiento de la mayoría del

número total de los miembros que componen el

Senado y la Cámara de Representantes de Puerto

Rico, tres miembros en propiedad con experiencia

en el campo de derecho penal. Estos tres

(3) miembros constituirán el Panel y serán

seleccionados de entre los ex jueces del

Tribunal Supremo, del Tribunal de Apelaciones, o

del Tribunal de Primera Instancia. El Gobernador

de Puerto Rico también designará, de la misma

forma, de entre los ex jueces del Tribunal

Supremo,

del

Tribunal

de

Apelaciones

o del Tribunal de Primera Instancia dos (2)

miembros alternos que formarán parte del Panel

en caso de inhibición o de alguna otra

circunstancia que impida a cualquier miembro en

propiedad desempeñar sus funciones.[…]. (Énfasis

nuestro). 72

72

3 LPRA sec. 99(q).

CC-2018-197

44

Asimismo, el nombramiento del miembro en propiedad y

del miembro alterno tienen un término de 10 años que “se

computará a partir de la fecha en que éstos prestaron su

juramento, una vez confirmados por el Senado y la Cámara de

Representantes”.73

Como

ya

hemos

mencionado,

si

no

se

activa

la

disposición constitucional sobre la representación de los

partidos de minoría, “el quórum del Cuerpo se constituye con

veintiséis (26) representantes. [Asimismo], se requieren los

votos de

veintiséis (26)

representantes para

lograr una

mayoría absoluta para la aprobación de un proyecto de ley,

resolución conjunta o concurrente” 74.

Según la legislación, esa es la cantidad de votos que

se requiere tanto para el nombramiento de un miembro en

propiedad como para un miembro alterno del Panel del FEI.

IV

Luego del análisis esbozado, debemos cuestionarnos si

la acción de la Cámara de confirmar el nombramiento de la

nominada

anuló

abstención

la

de

los

efectividad

o

el

peticionarios.

valor

del

voto

de

Contestamos

en

la

afirmativa.

En esencia, los peticionarios procuran reivindicar el

valor

del

voto

de

abstención

y

así

defender

su

interés

individual vinculado al proceso legislativo. Esgrimen que el

caso no se trata del poder inherente asignado a la Asamblea

73

3 LPRA sec. 99(q).

74

Noriega Rodríguez v. Jarabo, supra, págs. 528-529.

CC-2018-197

Legislativa,

45

sino

estatutaria en

del

cumplimiento

la que la Rama

de

una

Legislativa

disposición

estableció

la

manera en que ésta prestaría su consejo y consentimiento para

el nombramiento que la Rama Ejecutiva propuso al cargo del

miembro alterno del Panel del FEI.

Por otro lado, el argumento central de la recurrida es

que los peticionarios participaron del proceso legislativo,

se

abstuvieron

de

votar,

se

consignaron

sus

votos

y

el

nombramiento se celebró conforme lo dispone el Reglamento de

la

Cámara,

supra,

según

lo

interpretó

el

Presidente

Incidental de la Decimoséptima Asamblea Legislativa. Por tal

motivo, reitera que los peticionarios carecen de legitimación

activa porque no se menoscabó la prerrogativa legislativa que

poseen.

Las particularidades del presente caso se distinguen

de Acevedo Vilá v. Meléndez, supra. Analicemos el test de

Raines v. Byrd, supra, para demostrar si la actuación de la

Cámara anuló la efectividad o valor del voto de abstención de

los peticionarios.

En el presente caso, los peticionarios alegaron que la

Cámara tenía ante su consideración el nombramiento de la

recurrida como miembro alterno del Panel del FEI. Éstos,

afirmaron

que,

luego

de

que

el

portavoz

de

la

minoría

explicara las razones por las cuales su grupo se abstendría

de votar, la Cámara les permitió consignar la abstención de

la votación.

CC-2018-197

46

Como

mencionáramos,

la

votación

final

del

nombramiento de la recurrida resultó en 24 votos a favor, 0

en

contra,

14

abstenidos

y

13

ausentes.

Conforme

a

la

precitada legislación, la designación de la recurrida como

miembro alterno del Panel del FEI requiere el consentimiento

de la mayoría absoluta de ambos cuerpos legislativos. Es

decir, el quórum exigido para la confirmación del cargo era

de 26 votos a favor. No obstante, la Cámara no consideró que

las disposiciones estatutarias, las reglas que adopta y la

jurisprudencia de este Tribunal son algunas de las normas

aplicables

o

“[l]as

fuentes

de

las

reglas

del

proceso

legislativo”.75 O sea, la Casa de las Leyes tiene que cumplir

con la legislación que aprueba, el reglamento que promulga y

acatar las decisiones que tomamos.

Ahora

abstención

bien,

no

indistintamente

es

de

de

entronque

que

el

voto

de

constitucional,

su

reconocimiento en el Reglamento de la Cámara, supra, le

extiende un carácter estatuario, pues los reglamentos de los

cuerpos

legislativos

constituyen

ley

para

la

Asamblea

Legislativa que los aprueba.76 Además, es una realidad que

ante un mandato legislativo que requiere que se apruebe un

nombramiento por mayoría absoluta, un voto de abstención

tiene

el

efecto

de

constituir

un

voto

menos

de

los

requeridos por ley para alcanzar el mínimo necesario para

que el nombramiento sea válido.

75

Noriega Rodríguez v. Jarabo, supra, pág. 520.

76

Íd.

CC-2018-197

47

Por otro lado, tal como expresamos en el pasado y hoy

reiteramos,

el

voto

de

abstención

en

una

votación

que

requiera la mayoría absoluta podría cerrar la llave de paso

del asunto de interés público considerado por el cuerpo

legislativo. En este caso, el nombramiento de la recurrida.

Una

vez

permitida

la

abstención

del

voto

por

la

Cámara, tiene que surtir efecto si, como en este caso, la

votación final del nombramiento de la recurrida no logró

alcanzar la mayoría absoluta que requiere la Ley del Panel

del FEI. Por ello, no hay duda de que, según alegaron los

peticionarios, los votos fueron suficientes para rechazar el

nombramiento confirmado por la Cámara.

Finalmente, para determinar si a los peticionarios

les

anularon

contestar

la

la

efectividad

siguiente

del

voto,

interrogante:

además,

los

debemos

peticionarios,

¿tenían un remedio legislativo adecuado?

Conforme

a

la

Sección

39.3

del

Reglamento

de

la

Cámara, supra, solo aquellos que fueron parte del grupo de

legisladores que obtuvieron la mayoría de los votos podían

solicitar

la

reconsideración

de

la

votación

final.

Al

consignarse el voto de abstención de los peticionarios y

éstos no ser parte del grupo que votó con la mayoría,

estaban impedidos de

solicitar

la reconsideración de la

votación final.

Además de lo anterior, por la naturaleza inusual del

nombramiento no es posible revertirlo mediante un trámite

legislativo posterior, sino que, para ello, es necesario

CC-2018-197

solicitar

48

la

nombramiento

intervención

de

un

miembro

judicial.

del

Panel

Inusual,

porque

el

del

tiene

un

FEI

término de 10 años, computado desde que es confirmado por la

Rama Legislativa. Por lo tanto, correspondía la intervención

judicial.

Así las cosas, resolvemos que la confirmación del

nombramiento de la recurrida por parte de la Cámara sin

contar con los votos suficientes provocó la anulación de la

efectividad del voto de abstención de los peticionarios, y

ante

la

ausencia

de

remedio

legislativo

disponible,

la

acción del cuerpo legislativo constituyó un daño concreto y

directo al palio del Art. 10 de la Ley del Panel del FEI,

supra, y del Reglamento de la Cámara, supra.

Por

lo

tanto,

contrario

a

tribunales

de

menor

jerarquía,

los

lo

resuelto

por

peticionarios

los

poseen

legitimación activa en su carácter individual para presentar

la causa de acción por la anulación de la efectividad o

valor del voto.

V

Por

los

fundamentos

antes

expuestos,

se

revoca

al

Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de

Primera Instancia para que atienda el caso conforme a lo aquí

resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

Erick V. Kolthoff Caraballo

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Honorable María de Lourdes

Ramos Rivera, por sí y como

Vicepresidenta de la Cámara de

Representantes de Puerto Rico y

el Honorable Carlos Méndez Núñez,

por sí y como Presidente de la

Cámara de Representantes de

Puerto Rico

CC-2018-197

Certiorari

Peticionarios

v.

Licenciada Emmalind García García

Recurrida

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 2019.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede la cual se hace formar parte íntegra de la

presente, se revoca al Tribunal de Apelaciones y se

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia

para que atienda el caso conforme a lo aquí resuelto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica

el Secretario del Tribunal Supremo. La Juez Asociada

señora Rodríguez Rodríguez y el Juez Asociado señor

Colón Pérez emitieron Opiniones disidentes. La Jueza

Presidenta Oronoz Rodríguez no interviene.

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

María de Lourdes Ramos

Rivera,

por

sí

y

como

Vicepresidenta de la Cámara

de Representantes de Puerto

Rico y el Hon. Carlos Méndez

Núñez,

por

sí

y

como

Presidente de la Cámara de

Representantes de Puerto Rico

Hon.

Núm. CC-2018-0197

Peticionarios

v.

Lcda. Emmalind García García

Recurrida

Opinión disidente emitida

Rodríguez Rodríguez

por

la

Juez

Asociada

señora

San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 2019

“I

can

believe

provided

that

it

incredible”

anything,

is

quite

-Oscar Wilde

La Opinión que hoy suscribe una mayoría es abiertamente

inconsistente

con

los

dictámenes

recientes

de

esa

misma

mayoría relacionados con la doctrina de legitimación activa.

¿A

qué

obedece

naturaleza

del

este

zigzagueante

reclamo

presentado

estándar?

o

de

una

¿Deriva

de

la

consideración

templada de la identidad de los sujetos que lo realizan y su

cumplimiento con los requisitos que la doctrina exige?

Es

incuestionable que el dictamen que hoy se emite propende al

desarrollo de una normativa ininteligible que aun a la propia

CC-2018-0197

2

mayoría se le dificulta aplicar. Por entender que el concepto

de legitimación activa alude a la capacidad de un reclamante

de ejercitar un derecho y su análisis necesariamente ha de

enfilarse en la titularidad del interés reclamado, disiento

del dictamen que hoy emite este Tribunal.

En esencia, la controversia planteada requería determinar

si dos legisladores ostentan legitimación activa para impugnar

la confirmación de una nominada a un puesto gubernamental por

parte de la Cámara de Representantes. Ello, luego de que ambos

se abstuvieron de emitir un voto a favor o en contra de la

nominada.

En

otras

plenamente

en

el

palabras,

proceso

a

pesar

de

haber

participado

legislativo

de

confirmación

y

de

haber tenido la oportunidad de emitir sus respectivos votos,

los dos legisladores recurrieron a los foros judiciales para

solicitar,

mediante

una

demanda

de

injunction

y

sentencia

declaratoria, que se declarara ilegal el nombramiento. Por

entender que los foros recurridos actuaron correctamente al

determinar

que

estos

legisladores

carecían

de

legitimación

activa, disiento de la Opinión que hoy suscribe una mayoría.

No albergo duda de que los legisladores a quienes una mayoría

hoy les reconoce legitimación activa fundamentaron su reclamo

en

un

daño

puramente

imaginativo

e

hipotético

supuestos y conjeturas altamente improbables.

basado

en

CC-2018-0197

3

I.

Los

hechos

que

originan

la

controversia

ante

nuestra

consideración se consignan en la Opinión mayoritaria, por lo

que limito mi exposición a lo fundamental. El 27 de diciembre

de

2016,

Asamblea

la

Cámara

Legislativa

de

Representantes

declaró

aprobada

de

la

Decimoséptima

la

nominación

de

la

Lcda. Emmalind García García como Miembro Alterno del Panel

sobre el Fiscal Especial Independiente. A esos efectos, el 28

de

diciembre

de

2016,

la

secretaria

de

la

Cámara

de

Representantes envió una carta al entonces Gobernador, Hon.

Alejandro

García

Padilla,

informándole

que

ese

cuerpo

legislativo había considerado y había dado su consentimiento a

la nominación. Véase Ap., en la pág. 73. Ese mismo día, el

secretario del Senado también envió una carta al Gobernador

informándole la confirmación de la licenciada García García al

cargo por parte del Senado. Id. en la pág. 47. Contando con el

consejo y consentimiento de ambas cámaras legislativas, el 3

de enero de 2017, la licenciada García García juramentó como

Miembro

Alterno

del

Panel

del

Fiscal

Independiente

y

tomó

posesión del cargo. Id. en la pág. 75.

El 20 de enero de 2017, el Hon. Carlos Méndez Núñez y la

Hon.

María

de

Vicepresidenta

de

Lourdes

la

Ramos

Cámara

de

Rivera,

Presidente

Representantes

de

y

la

Decimoctava Asamblea Legislativa, respectivamente, presentaron

una

demanda

sobre

sentencia

declaratoria

e

injunction

en

CC-2018-0197

4

contra de la licenciada García García. En ésta, alegaron que

comparecían “por sí” y -en el caso del representante Méndez

Núñez-

en

calidad

Representantes.

de

Presidente

Mediante

la

de

demanda,

la

Cámara

solicitaron

de

que

se

decretara la nulidad del nombramiento de la licenciada García

García, en tanto y cuanto ésta no obtuvo los votos necesarios

para ser confirmada. Específicamente, sostuvieron que el Art.

10 de la Ley del Fiscal Especial Independiente, Ley Núm. 2 de

23 de febrero de 1988, 3 LPRA sec. 99q, requería 26 votos a

favor y que la letrada solamente había obtenido 24. Ello, dado

que hubo 14 representantes abstenidos y 13 ausentes, si bien

ninguno votó en contra de la nominada.

El

6

de

febrero

de

2017,

la

licenciada

García

García

presentó una Moción de Desestimación en la que arguyó que los

representantes

Méndez

Núñez

para

y

legitimación

activa

legisladores

y

en

representación

Representantes

de

la

Ramos

impugnar

de

Decimoséptima

Rivera

carecían

su

nombramiento

la

extinta

Asamblea

de

como

Cámara

de

Legislativa.

Adujo, además, que los legisladores se habían abstenido de

votar y que no habían alegado un daño real y palpable como

consecuencia

de

parte,

opusieron

se

su

nombramiento.

a

la

Los

legisladores,

desestimación

de

la

por

su

demanda

planteando que tenían un “interés legítimo en que sus votos no

sean anulados ni su participación en el proceso menoscabado”.

Sostuvieron que la confirmación que pretendían impugnar había

CC-2018-0197

5

tenido el efecto de anular los votos de aquellos legisladores

que no votaron a favor del nombramiento.

Tanto el Tribunal de Primera Instancia como el Tribunal de

Apelaciones

carecían

concluyeron

de

que,

legitimación

en

efecto,

activa

para

los

legisladores

incoar

la

demanda

solicitando la nulidad del nombramiento. Ello, puesto que, al

abstenerse de votar, ejercieron sus prerrogativas legislativas

y no surgía que se le hubiese afectado su participación plena

en los procesos. Asimismo, ambos foros concluyeron que los

legisladores carecían de legitimación activa para comparecer

en

representación

de

una

Cámara

de

Representantes

cuyas

funciones cesaron en el año 2016. Determinaron, además, que

los legisladores no habían demostrado cómo la confirmación de

la licenciada García García les había causado un daño claro,

real

y

palpable

o

les

había

lesionado

sus

derechos

y

prerrogativas legislativas durante el proceso. Por último, el

Tribunal

de

Apelaciones

destacó

que

el

argumento

de

los

legisladores en torno a cómo su legitimación se fundamentaba

en

que

estaban

sujetos

a

la

jurisdicción

investigativa

y

acusatoria del Panel era uno frívolo que descansaba en la

suposición -altamente especulativapudiese

ser

licenciada

objeto

García

de

alguna

García

de que alguno de ellos

investigación

participara

por

en

la

que

la

razón

de

la

no

intervención de algún miembro en propiedad.

Insatisfechos,

Tribunal

e

los

insistieron

legisladores

en

que

recurrieron

poseían

ante

este

legitimación

para

CC-2018-0197

6

impugnar el nombramiento de la licenciada García García por sí

y en representación de la Cámara de Representantes. Con la

Opinión que se emite durante el día de hoy, una mayoría de

este Tribunal les da la razón y devuelve el caso al Tribunal

de

Primera

Instancia

para

que

adjudique

los

méritos

sustantivos de su reclamo. Tal y como discuto a continuación,

ese proceder se desentiende de los requisitos concernientes a

la

doctrina

de

legitimación

activa

y

es

contrario

a

la

jurisprudencia de este Tribunal relacionada con la aplicación

de esa doctrina a los legisladores.

II.

Recientemente, este Tribunal dictaminó que un legislador

posee legitimación activa cuando procura vindicar un interés

personal en el ejercicio pleno de sus funciones legislativas,

según

éstas

se

ven

afectadas

por

actuaciones

de

la

Rama

Ejecutiva. Solo entonces el legislador estará en posición de

demostrar a los tribunales que sus derechos constitucionales o

estatutarios

han

sido

vulnerados.

Véase

Bhatia

Gautier

v.

Gobernador, 199 DPR 59 (2017). Es por ello que, tal y como

reiteramos hace apenas un mes, al incoar un reclamo judicial,

los legisladores no están exentos de cumplir con los criterios

de legitimación activa, “a saber, la existencia de un daño

claro y real, no imaginario o hipotético”. Senado de Puerto

Rico v. Gobierno de Puerto Rico, 2019 TSPR 138 (2019).

CC-2018-0197

Al

7

aplicar

legisladores,

la

en

(1994)

resolvimos

activa

para

doctrina

de

legitimación

Noriega

v.

que

legislador

un

impugnar

Hernández

la

no

aprobación

Colón,

a

DPR

406

135

tenía

de

activa

legitimación

unas

medidas

legislativas porque no se había opuesto a ellas durante el

trámite legislativo.

En este caso, como se indicó, ninguno de

los dos legisladores que comparecieron como demandantes ante

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

votó

nombramiento de la licenciada García García.

sería

suficiente

peticionarios.

Se

para

rechazar

pretende,

los

sin

en

contra

Noriega, supra,

reclamos

embargo,

del

de

equiparar

los

su

abstención de emitir un voto durante el proceso legislativo

con

un

voto

en

contra

de

la

licenciada

García

García.

Este razonamiento tautológico es propio de la nigromancia, mas

no de la argumentación jurídica.

Curiosamente, los legisladores en este caso sostienen que

“tienen un interés legítimo por que sus votos no sean anulados

o su participación en el proceso menoscabada”. La lógica dicta

que solamente un voto en contra tiene el efecto de anular un

voto a favor. La mayoría, sin embargo, en un claro desafío a

esa

lógica,

concluye

que

“la

acción

de

la

Cámara

de

Representantes de confirmar el nombramiento de la nominada

anuló el valor del voto de abstención de los peticionarios”.

Ponencia en la pág. 44. Distinto a esta conclusión, y conforme

a lo resuelto en Noriega, supra, los legisladores en este caso

carecen de legitimación activa para impugnar una actuación

CC-2018-0197

8

legislativa a la cual no se opusieron. Dado que activamente se

negaron a votar a favor o en contra de la nominada, resulta un

oxímoron denominar su abstención como un voto.77

Al

equiparar

votarle

en

su

contra

abstención

a

un

con

el

nombramiento

acto

del

afirmativo

Ejecutivo,

de

los

legisladores pretenden -por la vía judicial- tener una segunda

oportunidad

de

intervenir

en

un

proceso

en

el

que

ya

participaron y para el cual su posición no prevaleció. En

otras palabras, procuran “trasladar el debate legislativo de

la

arena

Tribunal

política

al

foro

judicial”;

censuró

enérgicamente

en

proceder

Hernández

que

este

Torres

v.

Gobernador I, 129 DPR 824, 842 (1992). Lo que es peor, ese

traslado se da en virtud de una renuencia afirmativa por parte

de

los

legisladores

que

comparecen

ante

este

Tribunal

de

incidir activamente en el resultado de ese debate mediante la

emisión de un voto cuantificable a favor o en contra del

nombramiento.

Como

ya

indicamos,

debido

a

que

los

legisladores no se opusieron al nombramiento de la licenciada

García García durante el transcurso del debate legislativo,

“En la figura que se llama oxímoron, se aplica a una palabra

un epíteto que parece contradecirla; así los gnósticos

hablaron de luz oscura, los alquimistas, de un sol negro.”

Jorge Luis Borges, El Zahir en El Aleph, en la pág. 42

(Alianza Editorial 1997). Véase además, Henry M. Robert III et

al., Robert’s Rules of Order, Frequently Asked Questions,

disponible

en

http://www.robertsrules.com/faq.html#6

(“The

phrase ‘abstention votes’ is an oxymoron, an abstention being

a refusal to vote. To abstain means to refrain from voting,

and, as a consequence, there can be no such thing as an

’abstention vote.’”).

77

CC-2018-0197

9

están impedidos de impugnar el resultado de éste ante un foro

judicial. Eso fue justamente lo que este Tribunal dictaminó en

Noriega, supra.

Resulta

inconcebible

que

una

mayoría

entienda

que

el

efecto de la abstención de los legisladores en este caso fue

anular “el valor” de los votos que conscientemente se negaron

a emitir. Incontrovertiblemente, los legisladores a quienes

este Tribunal les permite un segundo turno al bate con la

Opinión

que

legislativo,

antecede

estuvieron

presentes

no

excluidos

de

fueron

éste,

en

el

debate

tuvieron

amplia

oportunidad de participar y votar a favor o en contra del

nombramiento.

No

afirmativamente-

obstante,

decidieron

-consciente

y

abstenerse del ejercicio de sus deberes y

funciones como integrantes de la Cámara de Representantes.

Contrario

a

lo

que

hace

la

mayoría,

me

resulta

imposible

atribuirle valor alguno a ese proceder, mucho menos cuando

ello conlleva soslayar el principio de separación de poderes y

desvirtuar por completo la doctrina de legitimación activa.78

Del expediente surge que los legisladores ni tan siquiera

alertaron al cuerpo legislativo sobre la supuesta “anulación

del valor de sus votos”. Por el contrario, optaron por

observar -pasivamente y sin oposición- cómo el Presidente

incidental de la Cámara determinó que el nombramiento había

sido confirmado, cómo se le envió la certificación a esos

efectos al Gobernador y cómo la licenciada García García

juramentó a su cargo. Incluso, esperaron a que culminara la

decimoséptima Asamblea Legislativa, foro ante el cual se dio

el debate durante el cual se abstuvieron de votar. Luego de

tanta inercia, decidieron acudir a los tribunales a reclamar

la presunta ilegalidad de la actuación de una cámara

legislativa que ya no está en funciones y de un gobernador

cuyo mandato culminó.

78

CC-2018-0197

10

Tal

y

como

se

oponerse

a

la

solicitud

legitimación

destaca

activa

en

de

la

Opinión

mayoritaria,

desestimación

presentada

por

la

por

al

falta

recurrida,

de

los

legisladores plantearon que gozaban de “un interés legítimo de

que sus votos no sean anulados ni su participación en el

proceso de confirmación sea menoscabada”. Opinión, en la pág.

8.

A lo largo de la ponencia, al exponer y evaluar los

argumentos

de

los

peticionarios,

la

mayoría

continúa

refiriéndose al interés legítimo de éstos de que sus votos no

sean

anulados

“completamente”.

A

todas

luces,

pues,

a

la

propia mayoría se le dificulta discernir las implicaciones de

una abstención en un proceso legislativo. Así, al resumir los

argumentos

de

los

peticionarios,

la

mayoría

continúa

refiriéndose al interés legítimo de éstos de que sus “votos”

no sean anulados “completamente”.

Al

margen

legisladores

del

aquí

significado

peticionarios

que

le

la

mayoría

atribuyan

al

y

los

adverbio

“completamente” en este contexto, la realidad inescapable es

que los legisladores peticionarios no votaron ni a favor ni en

contra

del

nombramiento

de

la

licenciada

García

García.

A

pesar de que un acto que nunca se concretó no puede ser objeto

de una anulación -completa o parcial- la mayoría recurre a la

doctrina de vote nullification para investir indebidamente a

los legisladores de legitimación activa. La mayoría incluso

reformula la controversia y se refiere a la causa de acción de

impugnación del nombramiento de la licenciada García García

CC-2018-0197

como

“una

11

causa

de

acción

sobre

anulación

del

valor

o

efectividad del voto de un legislador”. Opinión en la pág. 1.79

La

propia

Opinión

suscrita

por

la

mayoría

revela

una

cándida confusión y ambivalencia en torno al efecto de la

abstención de los legisladores peticionarios. Por un lado, en

la Opinión se afirma que “el voto de abstención autorizado por

el cuerpo legislativo es como (sic.) voto en contra de facto,

no de jure”. Id. en la pág. 38. No obstante, al concluir la

ponencia se establece que “la confirmación del nombramiento de

la recurrida por parte de la cámara sin contar con los votos

suficientes provocó la anulación de la efectividad del voto de

abstención de los peticionarios”. Id. en la pág. 48.

Este

difuso

interrogantes:

y

¿un

enrevesado

“voto

en

análisis

contra

de

plantea

facto”

serias

tiene

una

efectividad distinta a la de un voto en contra, sin más? Si la

mayoría

en

realidad

considera

que

un

“voto

de

abstención”

autorizado es -para todos los efectos- un voto en contra, ¿por

qué recurrir a la doctrina de vote nullification? No queda

claro entonces cuáles fueron los votos nulificados: ¿los votos

Por más que la mayoría intente fungir como la representación

legal de los legisladores peticionarios, hasta el punto de

reformular la controversia, del expediente surge claramente

que en la demanda que éstos presentaron ante el Tribunal de

Primera Instancia solicitaron que se declarara “ilegal y ultra

vires” el nombramiento de la licenciada García García mediante

el mecanismo de sentencia declaratoria. Véase Ap. en la pág.

21, Demanda Jurada de 19 de enero de 2017. Fundamentaron su

legitimación activa en “que se encuentran sujetos a la

jurisdicción investigativa y acusatoria de miembros del Panel

del FEI que pretenden ostentar sus cargos de manera ilegal”.

Id.

79

CC-2018-0197

12

en contra de facto o los votos de abstención que son votos en

contra de facto? ¿No son lo mismo? ¿Puede anularse un acto que

nunca ocurrió? Si en efecto una abstención autorizada tiene el

mismo efecto de un voto en contra ¿no era más fácil resolver

la controversia cuantificando las abstenciones como votos en

contra?

Tal y como se adelantó, el razonamiento de la mayoría

no es más que un oxímoron, pues una abstención autorizada

consiste

en

atribuirle

rehusarse

a

ese

a

acto

emitir

un

afirmativo

voto

de

y

no

es

imposible

votar

un

cualitativo que no tiene, el de un voto emitido.

valor

En otras

palabras, por arte de magia esa decisión consciente de no

votar se trasmuta en un voto.

Además

de

escudriñar

exhaustivamente

jurisprudencia

federal relacionada con la doctrina de vote nullification, la

mayoría hace un esfuerzo –poco convincente, pero que honra a

Gordias dicho sea de paso- por conciliar su determinación con

lo resuelto por este Tribunal en Acevedo Vilá v. Meléndez, 164

DPR 875 (2005).

no

tiene

En Acevedo Vilá se concluyó que un legislador

legitimación

certificado

demuestre

por

que

activa

la

Cámara

durante

el

para

impugnar

el

de

Representantes

proceso

legislativo

resultado

salvo

que

le

violó

se

alguna prerrogativa o derecho como legislador. Acevedo Vilá,

164

DPR

en

pertinente

las

al

págs.

caso

887-88.

ante

nuestra

A grandes

rasgos,

consideración,

en

y

en

lo

Acevedo

Vilá, supra, un legislador que había votado a favor de la

confirmación de una nominada cuestionó la certificación de la

CC-2018-0197

13

Cámara que colgaba la nominación.

Este Tribunal concluyó que

el legislador no alegó que en el proceso de confirmación se le

hubiesen

lesionado

sus

derechos

y

prerrogativas

constitucionales, por lo que carecía de legitimación activa

para impugnar el resultado de los procedimientos. Id. en la

pág. 887.

Conviene reiterar que, en este caso, los legisladores que

procuran

impugnar

el

nombramiento

de

la

licenciada

García

García ni tan siquiera le votaron en contra, sino que se

abstuvieron de votar. Justamente porque decidieron no votar a

favor o en contra en el proceso de confirmación mediante su

abstención,

están

impedidos

de

alegar

ante

los

foros

judiciales que sus derechos y prerrogativas constitucionales

fueron lesionadas durante éste. Sin lugar a duda, pues, y

según

lo

pautado

legitimación

en

activa

Acevedo

para

Vilá,

impugnar

la

supra,

carecen

de

certificación

del

resultado de un proceso para el cual se abstuvieron de emitir

un voto. El nudo que la mayoría teje para darle la vuelta a

este caso tendrá que esperar, supongo, por Alejandro Magno

para desenredarlo.

Por último, resulta imperativo destacar que, con relación

al requisito de la existencia de un daño corroborable, en

Lozada Sánchez v. JCA, 184 DPR 898 (2012), una mayoría de este

Tribunal

se

negó

a

reconocerle

legitimación

activa

a

unos

vecinos de un proyecto para la construcción de un gasoducto.

Conforme

a

la

Declaración

de

Impacto

Ambiental

de

ese

CC-2018-0197

gasoducto,

14

éste

representaba

“un

impacto

ambiental

significativo, debido a la extensión territorial que abarca y

la diversidad de áreas que atraviesa”. Lozada Sánchez, 184 DPR

en la pág. 928 (citando Declaración de Impacto Ambiental Final

para el Proyecto Vía Verde de Puerto Rico, págs. I-7 a I-8

(DIA-F

de

Vía

Verde),

disponible

http://www.aeepr.com/viaverde—DIAP2.asp).

En aquel

en

momento,

los vecinos alegaron que, conforme a la propia Declaración de

Impacto Ambiental y otra evidencia presentada,

el proyecto

representaba “una amenaza directa a su tranquilidad, su salud,

su

permanencia

en

sus

residencias,

el

disfrute

de

sus

propiedades y de la naturaleza que las rodea, la utilidad de

sus

terrenos,

su

sustento

económico,

las

condiciones

ambientales, la seguridad, la calidad de vida y la vida misma

de las personas que residen en esas áreas”. Id.

Al negarle legitimación activa y acceso a los tribunales a

este grupo de vecinos, la misma mayoría que hoy suscribe la

Opinión que antecede reiteró que “una controversia abstracta,

ausente un perjuicio o amenaza real y vigente a los derechos

de

la

parte

que

los

reclama,

no

presenta

el

caso

y

controversia que la Constitución exige para que los tribunales

puedan intervenir.” Lozada Sánchez, 184 DPR en la pág. 917

(citas omitidas). La mayoría razonó que invocar un mero “temor

por

su

seguridad”

era

insuficiente

para

demostrar

un

daño

concreto. Id. en la pág. 922. Para ser suficiente, se indicó,

el daño alegado debía ser “claro, específico y no abstracto,

CC-2018-0197

15

hipotético y especulativo”. Id.

¿Cómo esa norma es compatible

con este caso? Adivina, adivinador.

En

dictámenes

posteriores,

las

expresiones

de

este

Tribunal han sido contundentes al afirmar que, ausente “un

daño

claro,

particular

palpable,

real

legitimación

y

activa

inmediato

y

preciso”

no

se

le

ciudadano

que

desee

sustancial,

a

un

o

un

debe

interés

reconocer

impugnar

un

nombramiento por parte del Gobernador. Véase Torres Montalvo

v.

Gobernador

ELA,

194

DPR

760,

767

(2016).

Asimismo,

en

Nieves Huertas v. ELA I, 189 DPR 611 (2013), caso en el que se

impugnaron nombramientos de jueces, fiscales e incluso un Juez

Asociado

de

este

Tribunal,

se

advirtió

que

reconocerle

legitimación activa a unos ciudadanos que alegaban que los

nombramientos

“implicaría

por

que

parte

cualquier

del

Ejecutivo

persona

pueda

eran

impugnar

inválidos

o

hacer

cualquier reclamación ante la violación de cualquier ley sin

que tenga la necesidad de exponer el daño específico que tal

actuación provoca”. Id. en la pág. 617.80

En el caso ante nos, los legisladores también fundamentan

su legitimación activa individual en la posibilidad de que

sean objeto de un proceso investigativo y acusatorio en el que

la licenciada García García funja como Miembro Alterno del

En Nieves Huertas, supra, este Tribunal subrayó, además, que

los ciudadanos que impugnaban los nombramientos de los jueces

carecían de legitimación activa porque reclamaban “escueta e

hipotéticamente . . . una posibilidad de nulidad de los

dictámenes emitidos por estos funcionarios”. Nieves Huertas,

189 DPR en la pág. 617.

80

CC-2018-0197

16

Panel del FEI. Esta contención requiere la concurrencia de al

menos tres condiciones: (1) que los legisladores sean acusados

de cometer o en efecto cometan actos constitutivos de delito

que sean objeto de investigación por el Panel del FEI; (2) que

uno de los miembros permanentes del Panel del FEI se inhiba de

participar

en

la

investigación

de

los

actos

que

le

sean

imputados y (3) que la licenciada García García sea asignada

como Miembro Alterno al caso.

Más allá de intimar que en algún momento vislumbran ser

acusados de delito e investigados por el Panel del FEI, la

contención de los legisladores es mucho menos contundente que

ese temor por la seguridad física de un grupo de vecinos que

fue tan ligeramente atendido (y descartado) por la mayoría de

este Tribunal en Lozada Sánchez, supra. Hoy, el temor de unos

legisladores a ser acusados e investigados por un Panel del

FEI que podría constituirse por un miembro alterno por el cual

se abstuvieron de votar a favor o en contra aparenta ser más

que suficiente.

III.

Convencida de que los legisladores peticionarios carecen

de

legitimación

activa

para

incoar

un

reclamo

ante

los

tribunales, disiento de la Opinión que se suscribe hoy. En

nuestro

Estado

excepciones,

gordianos

de

Derecho

extravíos,

tejidos,

que

no

debe

decisiones

respondan

a

haber

cabida

rebuscadas

intereses

y

para

nudos

exógenos

a

CC-2018-0197

17

nuestro deber constitucional de impartir justicia de manera

imparcial.

Determinar

la

legitimación

activa

de

una

parte

únicamente en función de la naturaleza de su reclamo y en cómo

algunos miembros de este Foro se identifican o sensibilizan

con

éste

es

una

práctica

antijurídica,

antidemocrática

y

anticonstitucional. Al margen de las percepciones de algunos

integrantes de este Tribunal sobre los méritos del reclamo

incoado por los legisladores, el hecho de que éstos incumplan

con

los

requisitos

mínimos

de

la

doctrina

de

legitimación

activa -según aplicados anteriormente de forma tan rigurosa y

restrictiva por la propia mayoría- ameritaba la desestimación,

sin más, de este pleito. Es en casos como éste, en los cuales

la

“norma”

que

se

pauta

está

completamente

desligada

de

nuestros dictámenes previos, que se desgasta nuestra imagen de

imparcialidad

y

se

desvanece

la

buena

voluntad

que

como

Institución nos agenciamos recientemente en Senado de Puerto

Rico v. Gobierno de Puerto Rico, 2019 TSPR 138.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Honorable María de Lourdes

Ramos Rivera, por sí y como

Vicepresidenta de la Cámara de

Representantes de Puerto Rico y

el Honorable Carlos Méndez

Núñez, por sí y como Presidente

de la Cámara de Representantes

de Puerto Rico

CC-2018-0197

Certiorari

Peticionarios

v.

Licenciada Emmalind García García

Recurrida

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.

En San Juan, Puerto Rico a 27 de septiembre de

2019.

Si bien en el pasado hemos reconocido que, en

determinadas

circunstancias,

los

miembros

de

la

Asamblea Legislativa del país tienen legitimación

activa

para

vindicar

lesiones

a

sus

poderes

y

prerrogativas constitucionales, somos del criterio

que en esta ocasión -- al estar ante un escenario

matizado por alegaciones abstractas, hipotéticas y

totalmente especulativas -- no se cumplieron las

exigencias impuestas por la referida vertiente de

la doctrina de justiciabilidad. Lo anterior, por

sí

solo,

y

en

correcto

derecho,

exigía

que

el

presente caso fuese desestimado.

Al

no

ser

ese

el

criterio

enérgicamente disentimos. Veamos.

mayoritario,

CC-2018-0197

2

I.

Los

hechos

medulares

que

dan

margen

al

presente

litigio no están en controversia y éstos se recogen con

particular

precisión

en

la

Opinión

que

hoy

emite

este

Tribunal, razón por la cual hemos decidido adoptar los

mismos por referencia. Procedemos, pues, con la exposición

del derecho aplicable.

A.

Como es sabido, en nuestra jurisdicción los tribunales

estamos

llamados

a

atender

únicamente

aquellas

controversias que sean justiciables. P.I.P. v. E.L.A, 186

DPR 1 (2012); Lozada Sánchez v. JCA, 184 DPR 898 (2012);

Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920 (2011).

Ello

es

así,

puesto

que,

desde

hace

ya

varias

décadas

atrás, decidimos adoptar -- por vía jurisprudencial -- tal

requisito

de

autolimitación

judicial

existente

en

la

jurisdicción federal. Asoc. de Periodistas v. González, 127

DPR 704 (1991), esc. 6; Estado Libre Asociado de P.R. v.

Aguayo, 80 DPR 552 (1958). Véase, además, J. J. Álvarez

González,

Derecho

constitucional

de

Puerto

Rico

y

relaciones constitucionales con los Estados Unidos, Bogotá,

Ed. Temis, 2009, pág. 97.

En

esencia,

la

doctrina

de

justiciabilidad

busca

evitar la obtención de un fallo sobre una controversia que

en realidad no existe, una determinación sobre un derecho

que

no

ha

sido

reclamado,

o

una

sentencia

que,

en

el

CC-2018-0197

3

momento en que se dicta, no podrá tener efectos prácticos

sobre una controversia. Moreno v. Pres. U.P.R. II, 178 DPR

969 (2010); Estado Libre Asociado de P.R. v. Aguayo, supra.

Dicho de otro modo, los tribunales sólo están llamados a

atender

controversias

intereses

opuestos

sobre

relaciones

las

pleito.

Asoc.

y

genuinas

que,

al

jurídicas

Fotoperiodistas

y

vivas,

resolverse,

entre

v.

las

Rivera

donde

existan

tengan

efecto

partes

en

el

Schatz,

supra;

Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406 (1994);

Estado

Libre Asociado de P.R. v. Aguayo, 80 DPR 552 (1958).

B.

Una

de

las

vertientes

de

la

doctrina

de

justiciabilidad es aquella que se conoce como legitimación

activa.

Ésta

busca

que

“el

promovente

de

[determinada]

acción [sea] uno cuyo interés es de tal índole que, con

toda probabilidad, habrá de proseguir su causa de acción

vigorosamente y habrá de traer a la atención del tribunal

las cuestiones en controversia”. Asoc. Fotoperiodistas v.

Rivera Schatz, supra; Hernández Torres v. Hernández Colón

et al., 131 DPR 593 (1992); Hernández Agosto v. Romero

Barceló, 112 DPR 407, (1982).

Así

pues,

para

que

en

un

litigio

se

le

reconozca

legitimación activa a una parte ésta debe satisfacer los

siguientes requisitos: (1) haber sufrido un daño claro y

palpable; (2) el referido daño debe ser real, inmediato y

preciso, no abstracto o hipotético; (3) debe existir una

CC-2018-0197

conexión

4

entre

el

daño

sufrido

y

la

causa

de

acción

ejercitada, y (4) la causa de acción debe surgir al amparo

de

la

Constitución

Gobernador, 199

o

DPR

de

59

una

ley.

Bhatia

(2017);

Col.

Gautier

Peritos

Elec.

v.

v.

A.E.E., 150 DPR 327 (2000); Hernández Torres v. Gobernador,

129 DPR 824 (1992).

Sobre el particular, pero ya más en específico en lo

relacionado a aquellos escenarios donde los miembros de la

Asamblea Legislativa comparecen como partes en un litigio,

este

Tribunal

ha

reconocido

que

éstos

“tiene[n]

acción

legitimada para defender un interés individual tradicional,

vinculado

con

el

representante[s]

proceso

oficialmente

legislativo

nombrado[s]

por

o

como

el

cuerpo

para impugnar una actuación ejecutiva”. Hernández Torres v.

Gobernador,

supra,

pág.

837.

Para

así

hacerlo,

hemos

sentenciado que los miembros de la Asamblea Legislativa

deberán cumplir con los mismos requisitos de legitimación

activa

que

se

exigen

a

cualquier

ciudadano

particular,

razón por la cual deben demostrar haber sufrido un daño

claro,

palpable,

legislativas

o

real

no

e

inmediato

a

sus

haber

contado

con

prerrogativas

los

mecanismos

razonables y necesarios que le permitiesen su participación

plena

en

todas

las

etapas

esenciales

del

proceso

legislativo. Bhatia Gautier v. Gobernador, supra; Hernández

Torres v. Hernández Colón et al., supra; Hernández Torres

v. Gobernador, supra. Es decir, estos no pueden satisfacer

las

exigencias

que

plantea

la

doctrina

de

legitimación

CC-2018-0197

5

activa invocando prerrogativas abstractas y desligadas del

ejercicio de sus funciones legislativas. Bhatia Gautier v.

Gobernador, supra; Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz,

supra; Noriega v. Hernández Colón, supra; Hernández Torres

v. Hernández Colón et al., supra.

Cónsono con lo anterior, también hemos señalado que,

al

atender

Asamblea

reclamos

instados

por

los

miembros

de

la

Legislativa,

“[l]os

tribunales

deberán

quedar

convencidos de que no se trata de un traslado del debate

legislativo al foro judicial y sí de una verdadera lesión a

sus

prerrogativas

legislativas”.

(Énfasis

suplido)

Hernández Torres v. Hernández Colón et al., supra, pág.

601.81 A este último señalamiento, el juzgador o juzgadora

debe prestar particular atención.

Dicho ello, a modo de ejemplo, es menester señalar que

en nuestra jurisdicción se ha reconocido legitimación a los

miembros

de

escenarios:

la

Asamblea

cuando

se

Legislativa

cuestiona

la

en

los

siguientes

elegibilidad

de

un

legislador para ocupar un escaño legislativo (Santa Aponte

v. Srio. de Hacienda, 105 DPR 750 (1977); cuando un cuerpo

legislativo busca vindicar su derecho a brindar su consejo

y

consentimiento

gobernador

que

a

los

integrantes

ha

sido

reelegido

del

gabinete

(Hernández

de

un

Agosto

v.

Romero Barceló, supra); cuando se impugnan ciertas reglas

En Acevedo Vilá v. Meléndez, 164 DPR 875 (2005), este Tribunal

resolvió que un miembro de la Asamblea Legislativa no tiene

legitimación activa para impugnar cierto resultado certificado por la

Cámara de Representantes, a menos que alegue que durante el proceso se

violó alguno de sus derechos o prerrogativas constitucionales.

81

CC-2018-0197

6

que coartan el derecho constitucional de las minorías a

participar

en

los

procedimientos

celebrados

en

las

comisiones del Senado (Silva v. Hernández Agosto, 118 DPR

45 (1986); cuando una regla interna de uno de los cuerpos

legislativos

impide

registrar

la

abstención

de

los

legisladores en una votación (Acevedo Vilá v. Meléndez, 164

DPR 875 (2005)); y cuando un legislador alega que se le

está violando su derecho constitucional a obtener acceso a

información pública (Bhatia Gautier v. Gobernador, supra).

Por otro lado, este Tribunal ha establecido que los

miembros de la Asamblea Legislativa no tienen legitimación

activa

para

iniciar

un

litigio

cuando

éstos

o

éstas

pretenden demandar en representación de sus votantes o del

interés público. Acevedo Vilá v. Meléndez, supra. De igual

modo,

a

éstos

o

éstas

tampoco

se

les

ha

reconocido

legitimación activa para demandar bajo el pretexto de que

se

le

han

afectado

sus

prerrogativas

constitucionales,

cuando han tenido participación plena en todas las etapas

de los procesos legislativos. Íd.

Sobre este último escenario, y

por ser en extremo

pertinente para la correcta disposición de la controversia

que nos ocupa, es menester señalar aquí que en Noriega v.

Hernández Colón, supra, resolvimos que un miembro de la

Asamblea

Legislativa

no

tenía

legitimación

activa

para

incoar cierto litigio, toda vez que éste no se opuso a la

aprobación de las medidas legislativas que luego impugnó

por la vía judicial. En esa ocasión, expresamos que “[e]n

CC-2018-0197

7

vista de que [el legislador] no combatió legislativamente

[las

medidas

impugnadas],

somos

del

criterio

que

la

aprobación de las mismas […] no le causó un daño claro y

palpable a sus prerrogativas legislativas”. Íd., pág. 433.

Es,

precisamente,

a

la

luz

de

la

normativa

antes

expuesta -- y no de otra -- que este Tribunal debió atender

las controversias ante su consideración. Como una mayoría

del Tribunal no lo hizo, procedemos a así hacerlo.

II.

Como correctamente se recoge en la Opinión que hoy

emite este Tribunal, en el presente caso, allá para el mes

de enero de 2017, los representantes Carlos Méndez Núñez y

María de Lourdes Ramos Rivera

acudieron al Tribunal de

Primera Instancia e instaron el litigio que nos ocupa por

entender que, aunque la nominación de la licenciada García

García al cargo de Miembro Alterno del PFEI fue declarada

como aprobada por la Cámara de Representantes de Puerto

Rico, ésta en realidad no obtuvo los votos necesarios para

ser confirmada por dicho cuerpo legislativo. Al respecto,

los mencionados representantes plantearon que la Ley del

Fiscal Especial Independiente, según enmendada, Ley Núm. 2

de 23 de febrero de 1988, 3 LPRA sec. 99h et seq., exigía

que

los

miembros

del

PFEI

contasen

con

el

consejo

y

consentimiento de la mayoría del número total de miembros

que componían el Senado y la Cámara de Representantes. Sin

embargo,

estos

sostuvieron

que,

en

lo

relacionado

al

nombramiento de la licenciada García García como Miembro

CC-2018-0197

Alterno

8

del

PFEI,

la

votación

final

en

la

Cámara

de

Representantes fue de veinticuatro (24) votos a favor, cero

(0)

en

contra,

ausentes.

catorce

Siendo

ello

(14)

así,

abstenidos

y

según

y

trece

(13)

argumentaron

los

representantes Méndez Núñez y Ramos Rivera, la licenciada

García

García

no

obtuvo

suficientes

votos

para

su

confirmación, pues al momento de la votación, la Cámara de

Representantes estaba compuesta por cincuenta y un (51)

miembros, por lo que se requerían veintiséis (26) votos a

favor de su nominación.

Enterada de lo anterior, la licenciada García García

solicitó la desestimación de la causa de acción incoada en

su contra por entender que los representantes que instaron

la

misma

carecían

de

legitimación

activa

para

ello.

A

juicio de ésta, los representantes Méndez Núñez y Ramos

Rivera

no

palpable,

demostraron

real

e

haber

sufrido

inmediato

en

un

sus

daño

claro,

prerrogativas

legislativas.

A dicha solicitud, los mencionados representantes se

opusieron.

En

esencia,

basaron

su

reclamo

de

poseer

legitimación activa para llevar la causa de epígrafe en

que: (1) permitir que la nominada permaneciese en su cargo

tendría

el

efecto

de

anular

sus

votos

de

abstención,

afectando así sus prerrogativas legislativas y (2) en que,

como miembros de la Asamblea Legislativa, se encuentran

sujetos a la autoridad investigativa del PFEI.

CC-2018-0197

9

Evaluados

los

planteamientos

de

ambas

partes,

el

Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso de marras

por entender que los representantes Méndez Núñez y Ramos

Rivera carecían de legitimación activa para presentar el

mismo. Dicha determinación fue confirmada por el Tribunal

de

Apelaciones.

Tanto

el

foro

primario,

como

el

foro

apelativo intermedio, actuaron correctamente.

Y es que, a todas luces, los fundamentos esgrimidos

por los mencionados representantes no hacen justiciable el

caso ante nuestra consideración. Dos son las razones que

nos mueven a concluir lo anterior.

En

primer

lugar,

en

cuanto

a

la

alegación

de

los

representantes Méndez Núñez y Ramos Rivera respecto a que

permitir que la licenciada García García permaneciese en su

cargo tendría el efecto de anular sus votos, debemos dejar

meridianamente claro que los mencionados legisladores se

abstuvieron

de

votar

en

lo

relacionado

al

referido

nombramiento. Es decir, no votaron ni a favor ni en contra

del nombramiento de la licenciada García García.

Sobre el particular, como mencionamos anteriormente,

basta con señalar que en Noriega v. Hernández Colón, supra,

este

Tribunal

resolvió

que

un

miembro

de

la

Asamblea

Legislativa no tenía legitimación activa para incoar cierto

litigio, toda vez que éste no se opuso a la aprobación de

las

medidas

legislativas

que

luego

impugnó

por

la

vía

judicial. Sentenciamos en esa ocasión que, “[e]n vista de

que

[el

legislador]

no

combatió

legislativamente

[las

CC-2018-0197

10

medidas impugnadas], somos del criterio que la aprobación

de las mismas […] no le causó un daño claro y palpable a

sus prerrogativas legislativas”. Íd., pág. 433.

Lo

anterior,

aunque

en

un

contexto

distinto,

fue

precisamente lo que ocurrió en el presente caso. Aquí los

legisladores

Méndez

Núñez

cruzarse

brazos

y,

de

Rivera

el

foro

nombramiento

de

la

el

García.

obstante,

pretenden

Ramos

en

cuestionaron

No

y

hacerlo

legislativo,

licenciada

ahora,

ante

haber

sufrido

sin

decidieron

el

foro

un

no

García

judicial,

daño

claro,

palpable, real e inmediato que les otorgue legitimación

activa para ello.

De otra parte, los representantes Méndez Núñez y Ramos

Rivera

tampoco

alegaron

haber

sido

privados

de

una

participación activa y plena en todas las etapas críticas

del proceso legislativo relacionado con la confirmación de

la licenciada García García.

Recordemos que en Acevedo

Vilá v. Meléndez, supra, precisamente en el contexto de una

disputa

sobre

Representantes

si

una

resultó

en

votación

una

de

la

Cámara

de

confirmación

válida,

este

Tribunal resolvió que un legislador no tenía legitimación

activa para impugnar el resultado certificado por la Cámara

de Representantes, a menos que se alegase que durante el

mencionado

proceso

prerrogativa,

cosa

se

que

le

tampoco

violó

algún

ocurrió.

Lo

derecho

dicho

o

hasta

ahora, por sí solo, era razón suficiente para desestimar el

caso de marras, como correctamente lo hizo el Tribunal de

CC-2018-0197

Primera

11

Instancia,

dictamen

que

fue

confirmado

por

el

anterior,

en

Tribunal de Apelaciones.

Ahora

bien,

independientemente

de

lo

segundo lugar, es menester señalar que el mero hecho de

poder estar sujetos a ser investigados por el PFEI, como

alegan

los

representantes

Méndez

Núñez

y

Ramos

Rivera,

tampoco es una razón suficiente que les conceda a éstos

legitimación activa para, en escenarios como los que están

aquí en controversia, acudir al Tribunal a vindicar sus

alegados

derechos.

Estas

son,

como

mínimo,

alegaciones

abstractas, hipotéticas y totalmente especulativas.

Adviértase que no se alega aquí que los mencionados

representantes

son

objeto

de

alguna

investigación,

o

víctimas de determinada actuación por parte del PFEI. Mucho

menos se argumenta alguna participación en un proceso de

esta naturaleza por parte de la licenciada García García,

funcionaria que éstos aducen no posee los requisitos en ley

para formar parte -- como Miembro Alterno -- del PFEI.

Como bien se desprende de la Opinión que hoy emite

este Tribunal, en las alegaciones que forman parte de su

demanda, los representantes Méndez Núñez y Ramos Rivera se

limitan a manifestar su preocupación respecto a que, en su

día, éstos pudiesen ser investigados por el PFEI con la

participación

de

la

licenciada

García

García

(en

la

eventualidad de que alguno de sus miembros en propiedad no

pudiese intervenir), lo que le causaría un daño. Como ya

mencionamos, lo anterior por sí solo, tampoco le concede

CC-2018-0197

12

legitimación activa a un miembro de la Asamblea Legislativa

para tocar las puertas de un Tribunal.

En fin, ¿dónde está el daño claro, palpable, real e

inmediato

que

reconocerle

exige

nuestra

legitimación

jurisprudencia

activa

a

los

para

poder

representantes

en

cuestión para incoar el presente litigio? En el caso de

marras simplemente no existe.

Recordemos

miembros

de

que,

la

al

atender

Asamblea

acciones

Legislativa,

promovidas

el

juzgador

por

o

juzgadora debe “quedar [convencido o convencida] de que no

se trata de un traslado del debate legislativo al foro

judicial y sí de una verdadera lesión a sus prerrogativas

legislativas”.

(Énfasis

suplido)

Hernández

Torres

v.

Hernández Colón et al., supra, pág. 601. Aquí, a todas

luces, se pretendió trasladar el debate legislativo a este

Tribunal. A esa pretensión -- al menos para quien suscribe

--

no

podemos

acceder.

No

se

cometieron

los

errores

señalados.

III.

Es,

pues,

por

los

fundamentos

antes

expuestos

que

enérgicamente disentimos del proceder de una mayoría de

este Tribunal en el día de hoy.

Ángel Colón Pérez

Juez Asociado