LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Amérilis D. Navedo Dávila

2019 TSPR 185

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Amérilis D. Navedo Dávila

TS-17,388

Conducta Profesional: Suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría por su reiterado incumplimiento con los requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías, los requerimientos del Programa de Educación Jurídica Continua, así como con las órdenes de este Tribunal.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2019 TSPR 185

203 DPR ____

Amérilis D. Navedo Dávila

Número del Caso:

Fecha:

TS-17,388

6 de septiembre de 2019

Programa de Educación Jurídica Continua:

Lcda. María C. Molinelli González

Directora Ejecutiva

Oficina de Inspección de Notarías:

Manuel E. Ávila De Jesús

Director

Materia: La suspensión será efectiva el 20 de septiembre de 2019,

fecha en que se le notificó a la abogada de su suspensión inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Amérilis D. Navedo Dávila

TS-17,388

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de septiembre de 2019.

Una vez más nos vemos obligados a suspender a un

miembro de nuestra profesión legal, en esta ocasión,

por su reiterado incumplimiento con los requerimientos

de la Oficina de Inspección de Notarías, los requisitos

del Programa de Educación Jurídica Continua, así como

con las órdenes de este Tribunal. Veamos.

I.

La

licenciada

Amérilis

D.

Navedo

Dávila

fue

admitida al ejercicio de la abogacía el 27 de abril de

2009 y al ejercicio de la notaría el 13 de enero de

2010.

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El 20 de diciembre de 2018, la Inspectora de Protocolos

y Notarías, licenciada Teresa Trujillo Ortiz, remitió una

comunicación electrónica a la licenciada Navedo Dávila, a

las direcciones oficiales que obraban en el Registro Único

de Abogados (RUA), en la cual se le informó que una otorgante

de

un

instrumento

público

autorizado

ante

ella

había

expresado dificultad en localizarla para obtener una copia

certificada de dicho instrumento, y alegó tener información

de que ésta se encontraba fuera de la jurisdicción. En el

mencionado correo electrónico, la Inspectora de Protocolos

y Notarías le expresó a la referida letrada que -- de ser

cierto lo planteado por la quejosa -- no surgía que ésta

hubiese encaminado el proceso de cesación voluntaria de la

notaría ni la designación de un notario o notaria sustituto.

Por ello, solicitó a la licenciada Navedo Dávila que se

comunicara de manera urgente con la ODIN. La referida letrada

no

se

comunicó

con

la

mencionada

dependencia

de

este

Tribunal.

Así las cosas, el 28 de diciembre de 2018 la ODIN

remitió una segunda comunicación a la licenciada Navedo

Dávila a las direcciones de correo electrónico provistas por

ésta,

ello

debido

a

que

las

comunicaciones

telefónicas

efectuadas a los números registrados por la referida letrada

en el RUA no rindieron fruto. En dicha comunicación, la ODIN

apercibió a la licenciada Navedo Dávila que, de no responder

en o antes del 5 de enero de 2019 a sus requerimientos, se

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referiría el asunto ante este Tribunal para el proceso

disciplinario correspondiente. La referida letrada tampoco

contestó dicha comunicación, ni compareció ante la ODIN.

Meses más tarde, el 28 de febrero de 2019 para ser

específicos, la Inspectora de Protocolos y Notarías presentó

ante la consideración del Director de la ODIN, licenciado

Manuel E. Ávila de Jesús, un Informe negativo de inspección

inicial. En éste, además de expresar que no recibió respuesta

alguna de la licenciada Navedo Dávila a las comunicaciones

que se le enviaron, relató que mientras estuvo presente en

la sede notarial de la referida letrada, una vecina de ésta

le confirmó que la letrada en cuestión llevaba varios años

fuera de la jurisdicción de Puerto Rico.

De otra parte, luego de un examen del sistema de

Radicación Electrónica Notarial (REN), la Inspectora

de

Protocolos y Notarías también señaló en el referido Informe

que la licenciada Navedo Dávila adeudaba sus Informes de

Actividad

Notarial

Mensual

desde

junio

de

2017,

en

contravención del Art. 12 de la Ley Notarial, 4 LPRA sec.

2023,

así

como

los

Informes

Estadísticos

de

Actividad

Notarial Anual correspondiente a los años naturales 2017 y

2018, conforme el deber que impone el Art. 13-A de la

referida Ley, 4 LPRA sec. 2031(a).

El 31 de mayo de 2019, la ODIN presentó una Moción

urgente en solicitud de la incautación de obra notarial y en

solicitud de remedios. En la misma, le notificó a este

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4

Tribunal que la referida letrada incumplió en reiteradas

ocasiones con los requerimientos cursados por dicha oficina

dirigidos

a

atender

práctica

notarial

y

varios

nos

asuntos

solicitó

relacionados

que

a

su

ordenáramos

la

incautación preventiva de la obra protocolar y el sello

notarial de ésta así como que consideráramos su suspensión

del ejercicio de la notaría.

Así pues, luego de evaluar la moción presentada por la

ODIN, el 17 de junio de 2019 emitimos una Resolución en la

cual -- además de ordenar al Alguacil de este Tribunal que

incautara

preventivamente

la

obra

protocolar

y

sello

notarial -- le concedimos a la licenciada Navedo Dávila un

término de veinte (20) días para que presentara los Informes

Notariales

adeudados,

acreditara

el

pago

de

la

Fianza

Notarial para los años 2017, 2018 y 2019 y actualizara sus

datos en RUA. Asimismo, le concedimos un término de diez

(10) días para que mostrara causa por la cual no debía ser

suspendida del ejercicio de la notaría. No obstante, la

referida letrada, nuevamente, incumplió con lo anterior.

Transcurrido

el

periodo

de

tiempo

concedido

a

la

licenciada Navedo Dávila sin que esta cumpliera con lo

ordenado,

el

Director

de

la

ODIN

compareció

ante

este

Tribunal a través de una Moción notificando incumplimiento

de orden y en solicitud de remedios. En la misma, nos informó

que los términos conferidos a la referida letrada en nuestra

Resolución de 17 de junio de 2019 vencieron. Además, señaló

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que la Inspectora de Protocolos y Notarías a cargo del

proceso de examen de la obra protocolar de la licenciada

Navedo Dávila confirmó que esta última no había comparecido

ante la ODIN ni se había comunicado con funcionario alguno.

Por

consiguiente,

suspensión

éste

inmediata

e

nos

solicitó

indefinida

que

de

ordenáramos

la

letrada

la

del

ejercicio de la notaría, así como que le ordenáramos entregar

los documentos que aún adeudaba a la ODIN; entiéndase la

obra protocolar autorizada por la referida letrada durante

los años naturales 2016 al 2019 así como los Informes de

Actividad Notarial Mensual desde junio de 2017 y los Informes

Estadísticos de Actividad Notarial Anual correspondiente a

los años naturales 2017 y 2018.

Por otro lado, el 28 de junio de 2019 la Directora

Ejecutiva del Programa de Educación Jurídica Continua (en

adelante, “PEJC”), licenciada María C. Molinelli González,

presentó un Informe sobre incumplimiento con requisitos de

educación jurídica continua en el cual le notificó a este

Tribunal sobre aquellos profesionales del derecho que no

habían cumplido dichos requisitos durante el periodo del 1

de abril de 2015 al 31 de marzo de 2018, entre los cuales se

encontraba la licenciada Navedo Dávila. Según se indica en

dicho Informe, la letrada en cuestión también adeudaba la

cantidad de ciento cincuenta dólares ($150.00) en multas por

cumplimiento tardío.

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Enterados de ello, el 8 de agosto de 2019 emitimos una

Resolución en la cual le concedimos a la licenciada Navedo

Dávila un término de veinte (20) días para que mostrara causa

por la cual no debía ser suspendida del ejercicio de la

abogacía.

Nuevamente, la referida letrada incumplió con

nuestras órdenes.

Evaluado

el

expediente

ante

nuestra

consideración

procedemos a resolver.

II.

A.

Como es sabido, el Código de Ética Profesional, 4 LPRA

Ap. IX, recoge las normas de conducta que rigen a los

miembros

de

la

profesión

legal.

Este

ordenamiento

deontológico tiene como propósito el promover el desempeño

personal y profesional de las abogadas y los abogados de

acuerdo con los más altos principios de conducta decorosa,

lo que, a su vez, redunda en beneficio de la profesión, la

ciudadanía y las instituciones de justicia. In re Cruz

Liciaga, 198 DPR 828 (2017); In re Franco Rivera, 197 DPR

628 (2017); In re Suárez Jiménez, 192 DPR 152 (2014).

Cónsono con ello, en numerosas ocasiones, este Tribunal

ha señalado que el incumplimiento con estas normas éticas

puede

acarrear

la

imposición

de

severas

sanciones

disciplinarias. In re Cruz Liciaga, supra; In re Pestaña

Segovia, 192 DPR 485 (2015); In re Irizarry Irizarry, 190

DPR 368 (2014); In re Asencio Márquez, 183 DPR 659 (2011).

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Entre ellas se encuentra, claro está, la suspensión del

ejercicio de la abogacía y la notaría.

A tenor con lo anterior, y en lo pertinente al asunto

que nos ocupa, el Canon 9 del Código de Ética Profesional,

4 LPRA Ap. IX, establece que toda abogada o abogado “debe

observar

para

con

los

tribunales

una

conducta

que

se

caracterice por el mayor respeto”. In re López Méndez, 196

DPR 956, 960-61 (2016); In re Montalvo Delgado,196 DPR 542,

549 (2016); In re Torres Rodríguez, 188 DPR 304 (2013). Como

corolario del respeto profundo que deben tener las abogadas

y los abogados hacia el foro judicial, el mencionado Canon

les ordena a éstas y éstos comparecer en tiempo a los

señalamientos

cualquier

notificados

requerimiento

por

u

el

orden

tribunal,

emitida

así

por

como

el

a

foro

judicial. In re Rivera Navarro, 193 DPR 303 (2015); In re

Irizarry Irizarry, supra; In re Nieves Nieves, 181 DPR 25

(2011). Véase, además, In re Otero Fernández, 145 DPR 582

(1998).

Dicho deber es extensivo a los requerimientos, órdenes

y exigencias de la ODIN, por lo que toda abogada y abogado

también debe responder con diligencia a los mismos. (Énfasis

suplido) In re Cruz Liciaga, supra; In re Franco Rivera,

supra; In re Salas González, 193 DPR 387 (2015). Véanse,

además, In re Chardón Dubos, 191 DPR 201 (2014); In re

Martínez Romero, 188 DPR 511 (2013). Ello, debido a que

desatender los requerimientos de la ODIN y las órdenes de

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este Tribunal, constituye un serio desafío a la autoridad de

los tribunales e infringe el Canon 9 de Ética Profesional,

supra. In re López Castro, 197 DPR 819 (2017); In re Núñez

Vázquez, 197 DPR 506 (2017); In re Pestaña Segovia, 192 DPR

485 (2015); In re De León Rodríguez, 190 DPR 378 (2014); In

re

Dávila

Toro,

Carrasquillo,

179

DPR

833

DPR

813

(2005).

164

(2010);

In

re

González

Cuando

ello

ocurre,

procede la suspensión de la abogada o abogado del ejercicio

de la profesión. In re Lee Navas, 2017 TSPR 208, 198 DPR

____ (2017); In re Grau Collazo, 185 DPR 938,944 (2012); In

re Rosario Martínez, 184 DPR 494 (2012); Ex parte Galarza

Rodríguez, 183 DPR 228 (2011).

B.

De otra parte, y por ser en extremo pertinente para la

correcta disposición del proceso disciplinario ante nuestra

consideración, conviene señalar que el Art. 12 de la Ley

Núm. 75 de 2 de julio de 1987, conocida como Ley Notarial de

Puerto Rico, 4 LPRA sec. 2001 et seq., impone a las notarias

y los notarios el deber de remitir a la ODIN un índice sobre

sus actividades notariales mensuales a más tardar el décimo

día calendario del mes siguiente al informado. 4 LPRA sec.

2023.

Mientras

que

el

Art.

13-A

de

la

precitada

ley,

establece la obligación de éstas y éstos de remitir a la

ODIN,

no

más

tarde

del

último

día

de

febrero

del

año

siguiente, el informe estadístico anual de los documentos

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notariales autorizados el año precedente. 4 LPRA sec. 2031a.

In re Torres Dávila, 195 DPR 558 (2016); In re Miranda

Casasnovas, 175 DPR 774 (2009); In re Cruz Ramos, 127 DPR

1005 (1991).

Asimismo, dicha ley dispone que la notaria o el notario

podrá nombrar a otra notaria o notario para que le sustituya

cuando se ausentare de su oficina por cualquier causa que no

sea permanente, por un periodo máximo inicial de tres (3)

meses. Tanto la notaria o el notario, como su sustituto,

deberán notificar la designación a la ODIN. Así, el notario

sustituto será responsable de la custodia y conservación de

los protocolos de la notaria o notario sustituido. Art. 9,

4 LPRA sec. 2013. In re Hernández Torres, 199 DPR 2019

(2017);

In

re

Rosenbaum,

189

DPR

115

(2013);

In

re

reiterado

que

el

notarios

con

su

Carrasquillo Martínez, 173 DPR 798 (2008).

Al

respecto,

este

incumplimiento

de

obligación

rendir

de

las

Tribunal

notarias

los

ha

y

índices

los

e

informes

notariales

dentro del término provisto por la Ley Notarial, supra, así

como fallar en nombrar una notaria o notario sustituto cuando

se ausente de su oficina, constituye una falta grave a los

deberes que se les impone como custodios de la fe pública

notarial. Consecuentemente, esta conducta acarrea sanciones

disciplinarias severas. In re Núñez Vázquez, 197 DPR 506

(2017); In re Cabrera Acosta, 193 DPR 461 (2015); In re

TS-17,388

10

Santiago Ortiz, 191 DPR 950 (2014); In re Miranda Casasnovas,

supra; In re Vargas Pérez, 145 DPR 160 (1998).

C.

Por

último,

garantizar

una

es

menester

recordar

representación

legal

que

en

aras

de

a

los

adecuada

ciudadanos y ciudadanas que acuden ante nuestros tribunales,

el Canon 2 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX,

C. 2, exige a los abogados y las abogadas que practican en

nuestra jurisdicción “lograr y mantener un alto grado de

excelencia y competencia en su profesión a través del estudio

y la participación en programas educativos de mejoramiento

profesional”. Para viabilizar el cumplimiento con dicho

deber, este Tribunal aprobó el Reglamento del Programa de

Educación

Jurídica

Continua,

4

LPRA

Ap.

XVII–D,

según

enmendado. Éste, en su Regla 29, 4 LPRA Ap. XVII-E § 29, le

requiere a todos los abogados y las abogadas activas en

Puerto Rico la aprobación de veinticuatro (24) horas crédito

en cursos de educación jurídica continua en un periodo de

tres (3) años.

En aquellas instancias en que un abogado o abogada

incumple

con

los

requisitos

del

PEJC,

el

mencionado

Reglamento establece que se celebrará una vista informal con

el letrado o la letrada en cuestión para que éste o ésta

tenga

la

oportunidad

de

explicar

las

razones

de

su

incumplimiento. Íd., Regla 31. Si el o la profesional del

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derecho no comparece a la vista, la Junta del PEJC deberá

referir el asunto ante la consideración de este Tribunal.

Íd. Véase, además, In re Landrón Hernández, 2019 TSPR 41; In

re

Gómez

Riefkohl,

197

DPR

1093

(2017);

In

re

Burgos

González, 192 DPR 769 (2015).

Dicho ello, en el contexto del incumplimiento con los

requisitos del PEJC, este Tribunal ha expresado que la

desidia y dejadez ante los requerimientos de dicho programa

representan

un

gasto

de

recursos

administrativos,

como

también una patente falta de compromiso con el deber de

excelencia y competencia que encarna el Canon 2 del Código

de Ética Profesional. In re Cabán Arocho, 2017 TSPR 104, 198

DPR 1112 (2017); In re López Santos, 194 DPR 960 (2016).

Así pues, en los casos que los abogados y las abogadas

desatienden los requerimientos del PEJC e incumplen los

requisitos de educación jurídica continua conforme a lo

dispuesto en el Reglamento del PEJC, supra, este Tribunal se

ha visto obligado a suspenderles indefinidamente. In re

Cabán Arocho, supra; In re Rodríguez Gerena, 2017 TSPR 40,

197 DPR 1093 (2017); In re Ortiz Soto, 2016 TSPR 226, 196

DPR 1044 (2016).

III.

En

el

demostrado,

presente

la

caso,

según

ha

quedado

licenciada

Navedo

Dávila

en

claramente

reiteradas

ocasiones ha incumplido con los requerimientos de la ODIN,

TS-17,388

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los requisitos del PEJC y con las órdenes de este Tribunal,

en específico con nuestras resoluciones de 17 de junio de

2019 y 8 de agosto de 2019. No cabe duda de que la conducta

desplegada por la referida letrada es una de descuido e

indiferencia y refleja una patente falta de interés en

continuar el ejercicio de la abogacía y la notaría.

En vista de lo anterior, se le suspende inmediata e

indefinidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría.

En consecuencia, se le impone a ésta el deber de notificar

a

todos

sus

clientes

representándolos,

recibidos

por

de

su

inhabilidad

devolver

trabajos

no

para

cualesquiera

realizados

continuar

honorarios

e

informar

inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y

administrativos donde tenga casos pendientes. Además, tiene

la obligación de acreditar y certificar ante este Tribunal

el cumplimiento con lo anterior y someter los informes e

índices adeudados dentro del término de treinta (30) días

contados a partir de la notificación de esta Opinión Per

Curiam y Sentencia.

La fianza notarial de la licenciada Navedo Dávila queda

automáticamente

cancelada;

esta

se

considerará

buena

y

válida por tres (3) años después de su terminación en cuanto

a los actos realizados por la licenciada Navedo Dávila

durante el periodo en que la misma estuvo vigente.1

El 1 de julio de 2019, la obra protocolar de la licenciada Navedo

Dávila fue incautada por el Alguacil de este Tribunal. Los tomos del

protocolo formados en los años naturales 2010-2015 así como un Libro de

Registro de Testimonios que se encontraban aprobados, fueron entregados

1

TS-17,388

13

Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y

Sentencia.

Se dictará Sentencia de conformidad.

y depositados en el Archivo Notarial de Bayamón. Por su parte, el sello

notarial fue entregado en el Archivo Notarial del Distrito Notarial de

San Juan.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Amérilis D. Navedo Dávila

TS-17,388

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de septiembre de

2019.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte de la presente

Sentencia, se suspende inmediata e indefinidamente a

la licenciada Navedo Dávila del ejercicio de la

abogacía y la notaría. Se le impone, además, el deber

de notificar a todos sus clientes, si alguno, su

inhabilidad para continuar representándolos, devolver

cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no

realizados e informar inmediatamente de su suspensión

a los foros judiciales y administrativos en los que

tenga algún asunto pendiente. Además, tiene la

obligación de acreditar y certificar ante este

Tribunal el cumplimiento con lo anterior y someter los

informes e índices adeudados dentro del término de

treinta (30) días a partir de la notificación de esta

Opinión Per Curiam y Sentencia.

La fianza notarial de la señora Navedo Dávila

queda automáticamente cancelada; esta se considerará

buena y válida por tres (3) años después de su

terminación en cuanto a los actos realizados por la

señora Navedo Dávila durante el periodo en que la misma

estuvo vigente.

TS-17,388

2

Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y

Sentencia.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez no intervino.

Sonnya Isabel Ramos Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo Interina