Tribunal Supremo de Puerto Rico
Haedo Castro, Gustavo y otro v. Roldán Morales, Aníbal y otro
2019 TSPR 176
Poder Judicial de Puerto Rico
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Haedo Castro, Gustavo y otro v. Roldán Morales, Aníbal y otro
CC-2017-315
Obligaciones y Contratos: Es ineficaz una disposición contractual en la que los contratantes renuncien a los plazos prescriptivos fijados en ley, para lo sucesivo.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Gustavo E. Haedo Castro, su
esposa Noemí López Basearrechea
y la Soc. Legal de Gananciales
compuesta por ambos Representado
por Vidal Pérez Cotto
Certiorari
Recurridos
2019 TSPR 176
v.
203 DPR ____
Aníbal Roldán Morales, su
Esposa Carmen Luisa Rodríguez
Roldán, y la Sociedad Legal de
Gananciales compuesta por ambos
Peticionarios
Número del Caso:
CC-2017-0315
Fecha: 17 septiembre de 2019
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Caguas y Utuado
Abogada de la parte peticionaria:
Lcda. Daisy Calcaño López
Abogado de la parte recurrida:
Lcdo. Iván Antonio Rivera Reyes
Materia: Obligaciones y Contratos: Es ineficaz una disposición
contractual en la que los contratantes renuncien a los plazos
prescriptivos fijados en ley, para lo sucesivo.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
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distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Gustavo E. Haedo Castro, su
esposa Noemí López Basearrechea
y la Soc. Legal de Gananciales
compuesta por ambos Representado
por Vidal Pérez Cotto
Recurridos
v.
CC-2017-315
Certiorari
Aníbal Roldán Morales, su
Esposa Carmen Luisa Rodríguez
Roldán, y la Sociedad Legal de
Gananciales compuesta por ambos
Peticionarios
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.
En San Juan, Puerto Rico a 17 de septiembre de 2019.
En el presente caso nos corresponde pasar juicio
sobre la validez de cierta cláusula contractual -suscrita en un instrumento negociable -- mediante la
cual las partes contratantes renuncian a los términos
prescriptivos fijados en ley.
Adelantamos que, luego de un detenido examen de
la cláusula en cuestión, así como de la normativa que
gobierna estos asuntos, es forzoso concluir que, en
nuestra
jurisdicción,
una
disposición
contractual
mediante la cual las partes contratantes renuncian a
los términos prescriptivos fijados en ley, para lo
sucesivo, es una ineficaz. Veamos.
CC-2017-0315
2
I.
Los hechos esenciales no están en controversia. El 18
de diciembre de 2015, el señor Gustavo E. Haedo Castro, su
esposa, la señora Noemí López Basearrechea y la sociedad
legal de gananciales compuesta por ambos (en adelante “el
matrimonio Haedo López”) presentaron una demanda en cobro
de dinero y ejecución de hipoteca en contra del señor Aníbal
Roldán Morales, su esposa, la señora Carmen Luisa Rodríguez
Roldán y la sociedad legal de gananciales compuesta por
ambos (en adelante “el matrimonio Roldán Rodríguez”).1
En la demanda, el matrimonio Haedo López argumentó
que, allá para el 21 de septiembre de 1993, éstos y el
matrimonio
público,
Roldán
un
pagaré
Rodríguez
al
otorgaron,
portador
con
ante
notario
vencimiento
a
la
presentación. En el concerniente instrumento negociable, el
matrimonio Roldán Rodríguez se obligó a pagar la suma
principal de $30,000.00 más intereses desde esa fecha hasta
el pago del principal a razón de 7% de interés anual sobre
el balance adeudado, recargos por mora, y el pago de costas,
gastos
y
honorarios
de
abogado
en
caso
de
una
futura
reclamación judicial. En esa misma fecha -- como garantía
del
referido
pagaré
–-
el
matrimonio
Roldán
Rodríguez
Previamente, el 14 de diciembre de 2014, el matrimonio Haedo López
había presentado una demanda contra el matrimonio Roldán Rodríguez por
la misma controversia del presente auto. En aquella ocasión, la causa
fue desestimada sin perjuicio por el Tribunal de Instancia, ello ante
el incumplimiento y la falta de interés del matrimonio Haedo López.
1
CC-2017-0315
constituyó
3
una
hipoteca
voluntaria
mediante
escritura
pública.
Además, en su demanda los Haedo López alegaron ser los
tenedores de buena fe del pagaré objeto de la reclamación
y que el matrimonio Roldán Rodríguez incumplió con su
obligación de satisfacer los pagos mensuales del principal
y de los intereses acordados. Por tal razón, solicitaron el
pago de la suma principal adeudada, los intereses, cargos,
gastos de la reclamación judicial y la venta en pública
subasta de la garantía hipotecaria. Cabe señalar que, en
sus alegaciones, el matrimonio Haedo López no indicó las
fechas en las cuales se debieron realizar los referidos
pagos mensuales y éstas no surgen del pagaré suscrito.
Además, ninguna de las partes ha establecido la fecha en la
cual el referido pagaré se presentó para el cobro.
Así
las
cosas,
y
luego
de
varios
incidentes
procesales no necesarios aquí pormenorizar, el 16 de febrero
de 2016 el señor Roldán Morales presentó una Moción de
desestimación por prescripción.2 En la misma, sostuvo que
la escritura de constitución de hipoteca a la que hicieron
referencia los demandantes fue presentada en el Registro de
la Propiedad el día 4 de diciembre de 2014, o sea veintiún
(21) años y tres (3) meses desde el momento en que fue
otorgada, y que al momento de ser presentada la demanda
El 21 de enero de 2016, la representación legal del señor Roldán
Morales notificó al Tribunal de Primera Instancia que la esposa de éste
había fallecido.
2
CC-2017-0315
4
ésta sólo gozaba de un asiento de presentación y no de su
inscripción en el Registro de la Propiedad. Así pues, arguyó
que, al no haberse inscrito la hipoteca dentro del término
de veinte (20) años luego de haber sido otorgada, y habiendo
transcurrido
el
término
prescriptivo
para
exigir
el
cumplimiento de un pagaré sin garantía hipotecaria, la
reclamación sobre el pagaré estaba prescrita.
Para
sostener
dichas
alegaciones,
el
señor
Roldán
Morales se fundamentó en que a la controversia de autos le
aplicaba lo resuelto por esta Curia en Westernbank Puerto
Rico v. Registradora, 174 DPR 779 (2008). Adujo que en dicho
caso este Tribunal resolvió que, conforme al Art. 2-118 de
la Ley de Instrumentos Negociables, 19 LPRA sec. 518, un
crédito evidenciado en un pagaré hipotecario, vencedero a
la presentación, era exigible en cualquier momento, pero
nunca en exceso del término de veinte (20) años para el
ejercicio
de
la
acción
hipotecaria
establecido
en
el
Artículo 1864 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5294.
Posteriormente, el matrimonio Haedo López se opuso a
la moción de desestimación. Al así hacerlo, sostuvo que el
pagaré otorgado por el matrimonio Roldán Rodríguez contenía
una renuncia a cualquier término prescriptivo.3 Además,
3
La referida cláusula establecía lo siguiente:
Renunciamos a la presentación, protesto, y aviso de no
haber sido honrado este Pagaré y asimismo renunciamos a
la Leyes de Prescripción que puedan favorecernos y nos
sometemos a la jurisdicción de los Tribunales que el
tenedor elija en caso de ejecución o reclamación
judicial. (Énfasis suplido) Apéndice del certiorari,
pág. 81
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señalaron
5
que
Registradora,
la
norma
supra,
en
Westernbank
establecía
que
Puerto
el
Rico
v.
término
de
prescripción de veinte (20) años se iniciaba desde que se
inscribía la hipoteca -- no desde que se otorgaba la misma
--, por lo cual ésta no estaba prescrita.
Oportunamente,
declaró
no
ha
el
lugar
Tribunal
la
Moción
de
Primera
Instancia
de
desestimación
por
prescripción. Igual suerte sufrió una posterior moción de
reconsideración, en la cual, esencialmente, se formularon
los mismos argumentos.
Inconforme, el señor Roldán Morales instó un recurso
de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones en el cual
solicitó se revocara la Resolución emitida por el Tribunal
de Primera Instancia. En síntesis, planteó que dicho foro
erró al declarar no ha lugar la Moción de desestimación por
prescripción. Esto, al no considerar la dejadez y falta de
diligencia del acreedor, quien, luego del término de veinte
(20) años de otorgada la escritura en cuestión, presentó la
misma para su inscripción. Acogido el referido recurso por
el foro apelativo intermedio, el matrimonio Haedo López
presentó el alegato de oposición correspondiente.
Evaluados los alegatos de ambas partes, el Tribunal
de Apelaciones dictó Sentencia. Al así hacerlo, concluyó
que: (1) según la Ley de Transacciones Comerciales, infra,
el término aplicable para la correcta disposición de las
controversias ante su consideración era el de veinte (20)
CC-2017-0315
6
años y que, conforme a la jurisprudencia aplicable, el plazo
es a partir de la inscripción en el Registro de la Propiedad
y no a partir de la fecha de otorgamiento de la hipoteca;
y (2) que la cláusula del pagaré que contenía una renuncia
a las leyes de prescripción era válida. De esta forma,
determinó que la causa de acción no estaba prescrita y
confirmó el dictamen recurrido.
Insatisfecho
con
lo
resuelto
por
el
Tribunal
de
Apelaciones, el señor Roldán Morales acude ante nos mediante
recurso
de
certiorari.
En
el
mismo,
bajo
fundamentos
similares a los esbozados ante el foro primario y el foro
apelativo intermedio, solicita que revoquemos el dictamen
recurrido. Por su parte, el matrimonio Haedo López replicó
alegando que el señor Roldán Morales no puede beneficiarse
del término prescriptivo dispuesto en ley para este tipo de
caso, toda vez que renunció al mismo mediante pacto expreso
y válido. En la alternativa, argumentaron que no se debería
aplicar
retroactivamente
Comerciales,
infra,
y
que
la
Ley
para
de
poder
Transacciones
dilucidar
el
planteamiento de prescripción era necesario que el caso
continuase su procedimiento ordinario.
Trabada así la controversia, luego de haberse expedido
el auto solicitado y con la conveniencia de la comparecencia
de ambas partes, procedemos a resolver.
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7
II.
A.
Sabido es que un instrumento negociable consiste en un
documento de crédito que incorpora el derecho a cobrar una
suma de dinero, al cual el Derecho Cambiario le confiere
una
especial
facilidad
de
circulación.
Desarrolladora
Caribe, S.E. v. Ven-Lour Enterprises, Inc. et als., 198 DPR
290, (2017); Cruz Consulting v. El Legado et al., 191 DPR
499, 509-10 (2014) (citando a M. Garay Aubán, Derecho
Cambiario 1 (1999)). En particular, un pagaré al portador
representa un crédito a ser pagado a la persona que tenga
el título en su poder, al que lo presenta -- sea quien fuere
-- toda vez que el mismo se transmite por la simple entrega,
sin ser necesario su endoso ni formalidad alguna. FDIC v.
Registrador, 111 DPR 602 (1981).
Ello, pues, en el mismo
no consta expresamente el nombre del titular y al momento
de
su
constitución
no
se
determina
la
identidad
del
acreedor. Íd.
Establecido lo anterior, como cuestión de umbral, es
menester señalar aquí que el pagaré objeto del presente
litigio fue otorgado y entregado en el año 1993, esto previo
a la aprobación y vigencia en Puerto Rico de la Ley de
Transacciones Comerciales, Ley Núm. 208 de 17 de agosto de
1995, 19 LPRA sec. 401 et seq.4; estatuto que establece que
Mediante la aprobación de la Ley de Instrumentos Negociables y
Transacciones Bancarias, Ley Núm. 208-1995, supra, la Asamblea
Legislativa derogó la Ley Uniforme de Instrumentos Negociables de 1930,
19 LPRA secs. 1-386 (ed. 1989) y adoptó en nuestra jurisdicción ciertos
4
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8
sus disposiciones son aplicables a transacciones efectuadas
y eventos ocurridos a partir del 1 de enero de 1998. 19
LPRA sec. 401 n. Sobre lo anterior no hay controversia.
Así pues, para fines de la correcta disposición de los
asuntos ante nuestra consideración, haremos referencia a la
Ley Uniforme de Instrumentos Negociables de 22 de abril de
1930 (en adelante “LIN”), la cual se encontraba vigente al
momento del otorgamiento del referido instrumento. 19 LPRA
secs. 1-386 (ed. 1989). Ahora bien, la LIN no contenía
disposición alguna relacionada a la prescripción.
Para atender el vacío al que hemos hecho referencia,
y similar a como hemos hecho en el pasado, conviene recordar
que en materia de instrumentos negociables “[l]os términos
prescriptivos se [rigen] por el Artículo 946 del Código de
Comercio […]”. M. R. Garay Auban, Derecho Cambiario, 1ra
ed., Ponce, Ed. Revista de Derecho Puertorriqueño, 1999,
pág. 388. Este término prescriptivo se “[aplica] a los
‘pagarés de comercio’ y [excluye] una categoría de pagarés
que no son mercantiles o de comercio”. Íd.; Sociedad de
Gananciales v. Paniagua Diez, 142 DPR 98 (1996); San Miguel
v. Guevara, 64 DPR 699 (1945); Cayere v. Buxó, 62 DPR 310
(1944).
capítulos del Uniform Commercial Code (UCC). Posteriormente, el
referido estatuto fue enmendado por la Ley Núm. 241-1996. Entre las
enmiendas realizadas, se encuentra la sustitución de su título por el
de Ley de Transacciones Comerciales, supra.
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9
B.
En esa dirección, con relación a los pagarés emitidos
a la orden, en Sociedad de Gananciales v. Paniagua Diez,
supra, resolvimos “que a un pagaré expedido a la orden, le
acompaña una presunción juris tantum, de ser mercantil, a
menos
que
se
pruebe
que
no
procede
de
operaciones
comerciales”. Véanse, además, Blondet v. Garau, 47 DPR 863
(1935); Pierluisi v. Monllor, 42 DPR 7 (1931). Sin embargo,
el que un pagaré sea expedido a la orden, por sí solo, no
es suficiente para definir la naturaleza del mismo, ya que
la presunción se desvanece si se concluye que éste no
procede de una operación mercantil. Sociedad de Gananciales
v. Paniagua Diez, supra; Cayere v. Buxó, supra; Pierluisi
v. Monllor, supra. Así pues, hemos decidido “que quien
impugne su carácter mercantil tiene el peso de la prueba
para derrotar esta presunción y en consecuencia establecer
su naturaleza civil”. Sociedad de Gananciales v. Paniagua
Diez, supra, págs. 102-103; San Miguel v. Guevara, supra;
Cayere v. Buxó, supra.
Ahora
bien,
las
anteriores
expresiones
las
hemos
realizado en el contexto de litigios que versaban sobre el
término prescriptivo de pagarés emitidos a la orden. En
esta ocasión, sin embargo, la controversia de autos es un
poco
distinta,
pues
la
misma
nos
dirige
a
dirimir
la
calificación mercantil o civil de un pagaré emitido al
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10
portador que bien puede ser sin garantía hipotecaria o con
ésta.
Para resolver esta interrogante, en lo relacionado al
pagaré al portador sin garantía hipotecaria, nos vemos en
la obligación de hacer una lectura integral de los preceptos
mercantiles vigentes en España y Puerto Rico a finales del
siglo
XIX.
Análisis
que
en
el
pasado
hemos
realizado
conforme a nuestro deber de dar correcta solución a los
planteamientos
jurídicos
traídos
ante
nos.
Véase,
por
ejemplo, Sociedad de Gananciales v. Paniagua Diez, supra;
Banco de Puerto Rico v. Rodríguez, 53 DPR 451 (1938).5
Así, pues, y en lo que respecta a pagarés al portador,
el
Código
de
Comercio
de
España,
Cuba,
Puerto
Rico
y
Filipinas, en su Art. 532, disponía lo siguiente:
Las libranzas a la orden entre comerciantes,
y los vales o pagarés también a la orden, que
procedan de operaciones de comercio, producirán
las mismas obligaciones y efectos que las letras
de cambio, excepto en la aceptación, que es
privativa de éstas.
Particularmente, en Banco de Puerto Rico v. Rodríguez, supra,
realizamos una deliberación similar -- con el fin de determinar qué
constituía un pagaré de comercio -- sobre el artículo que hoy pasamos
juicio. En lo pertinente allí indicamos:
5
Si el derogado hubiera sido el artículo 946 del Código de
Comercio y se hubiera decretado una nueva regla de
prescripción, entonces habría que interpretar la nueva
regla, pero mientras tal artículo siga como sigue en vigor,
habrá que recurrir a los otros preceptos del código que
fueron el producto de la misma mente legislativa y a la
jurisprudencia sentada, para fijar el alcance de sus
disposiciones. De ahí que para decidir lo que son ‘pagarés
de comercio’ a los efectos de aplicar el dicho artículo 946
del Código de Comercio, deba seguirse tomando en
consideración lo definido por el propio legislador en otra
parte del cuerpo legal de que se trata aunque esa otra
parte haya sido derogada, a menos desde luego que se hubiera
dispuesto expresamente lo contrario al decretarse la
derogación, y ése no es aquí el caso. Íd.
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11
Los vales o pagarés que no estén expedidos
a la orden, se reputarán simples promesas de
pago, sujetas al derecho común o al mercantil,
según su naturaleza, salvo lo dispuesto en el
título siguiente. (Énfasis suplido) Código
de Comercio vigente
en
la
Península,
Cuba, Puerto Rico y Filipinas, 5ta ed., Madrid,
Ed. Góngora, 1894, págs. 329-330.
Como se puede apreciar, la salvedad dispuesta en las
palabras finales del artículo antes mencionado “revela que
los pagarés al portador son mercantiles”. (Énfasis suplido)
E. Langle Rubio, Manual de Derecho Mercantil Español, 1ra
ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1959, T. III, pág. 438. Ello,
pues el título siguiente al del precitado artículo en el
Código de Comercio es el que atiende los efectos de los
instrumentos al portador. De esta forma, el propio inciso
excluye los pagarés al portador -- del análisis de su
naturaleza -- para determinar si éstos están sujetos a las
normas
mercantiles
o
civiles,
estableciendo
así
su
mercantilidad.
Como afirmó Langle Rubio, “aunque la ley no lo diga
expresamente: así lo proclama la doctrina, sin discusión”.
Íd. Por lo tanto, los pagarés emitidos al portador -distinto
de
los
pagarés
emitidos
a
la
orden
--
serán
mercantiles, aunque no procedan de operaciones de comercio.
Francisco Blanco Constans, Estudios Elementales de Derecho
Mercantil, 4ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1950, T. III,
pág. 414.
CC-2017-0315
12
Es interesante indicar igualmente que -- aunque la
controversia versaba de un pagaré a la orden -- en Sociedad
de Gananciales v. Paniagua Diez, supra, expresamos que no
existe duda de que los pagarés al portador siempre son
mercantiles.
Sociedad
de
Gananciales
v.
Paniagua
Diez,
supra (citando a Lorenzo de Benito y Endara, Manual de
Derecho
Mercantil,
3ra
ed.,
Madrid,
Victoriano
Suárez,
1924, pág. 746).
Establecida la naturaleza mercantil de los pagarés al
portador, no cabe duda de que -- conforme a la normativa
antes reseñada -- el término prescriptivo aplicable a la
controversia ante nos, es el establecido en el Código de
Comercio.
Al
respecto,
el
Art.
246
de
la
mencionada
disposición legal establece lo siguiente:
Las acciones procedentes de la letra de
cambio se extinguirán a los tres (3) años de su
vencimiento, háyanse o no protestado.
Igual regla se aplicará a las libranzas y
pagarés de comercio, cheques, talones, y demás
documentos de giro o cambio, y a los cupones e
importe de amortización de obligaciones emitidas
conforme a este Código. (Énfasis suplido) 10 LPRA
sec. 1908.
Ahora bien, en cuanto al momento en que comienza a
transcurrir dicho término prescriptivo de tres (3) años,
hemos expresado que el término prescriptivo de un pagaré
pagadero a su presentación “emp[ieza] a contarse, a más
tardar, en la fecha en que el mismo [fue] presentado para
su cobro”. (Énfasis suplido) Sucesión Rodríguez v. Virella,
CC-2017-0315
13
62 DPR 651, 653 (1943). Es decir, comienza a decursar al
momento en que se exige el pago del instrumento.
Además, y según establece el Art. 941 del Código de
Comercio,
10
LPRA
sec.
1903,
el
referido
término
prescriptivo sólo admite interrupción por demanda u otro
género de reclamación judicial, por el reconocimiento del
deudor, o por la renovación del documento en que se fundó
el derecho del acreedor. Véase, también, Pacheco v. Nat’l
Western Life Ins. Co., 122 DPR 55 (1988). El antedicho
artículo
indica
también
que
no
se
interrumpirá
la
prescripción “por la interpelación judicial, si el actor
desistiere
de
ella,
o
caducara
la
instancia,
o
fuese
desestimada la demanda”. 10 LPRA sec. 1903.
Sobre el particular, es importante recordar que, en
cuanto a la institución de la prescripción, el Código de
Comercio “[t]rata únicamente de algunos supuestos aislados
de
prescripción,
invocando
expresamente
para
los
demás
supuestos las reglas del Derecho común (art. [940])”. J.
Garrigues y Díaz Cabañete, Curso de Derecho Mercantil, 8va
ed. rev., Madrid, Bosch, T. II, 1983 pág. 38. Y en lo que
respecta a la renuncia a la prescripción, el Código de
Comercio guarda silencio.
Así pues, ante ausencia de normas específicas del
Código de Comercio, y conforme ha sido sentenciado en el
pasado por esta Curia, los preceptos sobre prescripción del
Código Civil constituyen derecho supletorio. Mortensen &
CC-2017-0315
14
Lange v. S.J. Mercantile Corp., supra; Puerto Rico Bedding
Mfg. Corp. v. Herger, 91 DPR 519 (1964); Nieves v. Sucesores
de J. Morales Díaz, 62 DPR 761 (1944). Véase, además, E.
Langle Rubio, op. cit., T. III, pág. 116. Procede, pues, que
evaluemos la referida normativa.
III.
Como es sabido, en nuestra tradición civilista, la
figura de la prescripción es tratada como una materia
sustantiva -- y no como materia procesal -- regida por el
Código Civil. Orraca López v. E.L.A., 192 DPR 31 (2014);
Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365 (2012);
S.L.G. Serrano-Baez v. Foot Locker, 182 DPR 824 (2011).
Véase, además, Febo Ortega v. Tribunal Superior, 102 DPR
405
(1974).
prescripción
Consecuentemente,
hemos
extintiva
instituto
es
un
expresado
que
la
sustantivo
del
Derecho Civil, que extingue el derecho a ejercer determinada
causa de acción y que está inextricablemente unido al
derecho que se intenta reivindicar. Lázaro Rodríguez v.
Departamento de Hacienda, 2018 TSPR 149, 200 DPR 954 (2018);
Maldonado Rivera v. Suarez, 195 DPR 182, 192 (2016); Culebra
Enterprises Corp. v. ELA, 127 DPR 942 (1991). Esta figura
tiene como propósito castigar la inercia y estimular el
ejercicio rápido de las acciones. Meléndez Rivera v. CFSE,
195 DPR 300 (2016); Orraca López v. E.L.A., supra, COSSEC
v. Gonzalez López, 179 DPR 793 (2010). Ello, pues no se
debe exponer a las personas por toda la vida, o por largo
tiempo, a ser demandadas. Lozada Torres v. Collazo, 111 DPR
CC-2017-0315
15
702 (1981); Agulló v. ASERCO, 104 DPR 244 (1975). Véase,
además, Santos de García v. Banco Popular, 172 DPR 759
(2007).
En esa dirección, prestigiosos tratadistas del tema
han señalado que, la “[l]ey fija un límite de tiempo para
el ejercicio de los derechos, transcurrido el cual establece
una presunción de renuncia o abandono de la acción para
reclamarlos”.
J.
Puig
Brutau,
Caducidad,
prescripción
extintiva y usucapión, 3ra ed. rev., Barcelona, Ed. Bosch,
1996, pág. 92. El establecimiento de estas normas son un
asunto
de
política
pública
de
los
estados
--
que
su
determinación recae exclusivamente en la Legislatura -- y
que se enmarcan en la amplia discreción que poseen para
limitar
el
tiempo
en
que
se
puede
interponer
una
reclamación. SLG García-Villega v. ELA, 190 DPR 799 (2014);
Alicea v. Córdoba, 117 DPR 676 (1986); Culebra Enterprises
Corp. v. ELA, supra. De esta forma, se evita que el poder
público proteja indefinidamente los derechos no reclamados
por su titular y se fomenta la estabilidad jurídica de las
relaciones y la seguridad en el tráfico jurídico. COSSEC v.
González López, supra; Campos v. Cía. Fom. Ind., 153 DPR
137 (2001); Culebra Enterprises Corp. v. ELA, supra.
En lo que respecta a la causa de epígrafe, la figura
de la prescripción extintiva se rige por los principios que
gobiernan el Código Civil. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux.
Mutuo, supra; S.L.G. Serrano-Baez v. Foot Locker, supra;
CC-2017-0315
16
COSSEC v. González López, supra. Entre estos principios se
encuentra la posibilidad de renunciar a la prescripción
ganada, pero no así a la sucesiva. Tal norma se encuentra
codificada en el Art. 1835 de nuestro Código Civil, 31 LPRA
sec. 5246, el cual establece que: “[l]as personas con
capacidad para enajenar pueden renunciar la prescripción
ganada; pero no el derecho de prescribir para lo sucesivo”.
(Énfasis suplido).
Al examinar la referida disposición -- la cual es
idéntica a lo dispuesto en el Art. 1935 del Código Civil de
España --6 el tratadista José Puig Brutau sostiene que:
como
institución
de
orden
público,
la
prescripción extintiva no puede quedar sometida
a pacto alguno que pueda desvirtuar la intención
del legislador. Por ello, el convenio por el que
el
plazo
debiera
ser
superior
al
legal
significaría
una
renuncia
al
derecho
de
prescribir para lo sucesivo, que prohíbe el art.
1.935-1 C.c. (Énfasis suplido) Puig Brutau, op.
cit., pág. 113.
En su análisis, el tratadista Puig Brutau distingue la
renuncia
de
la
prescripción
ganada
y
el
derecho
de
prescribir en lo sucesivo. Así, la prescripción ganada
“significa una ganancia patrimonial que ha ingresado en el
patrimonio del favorecido y que se ha convertido en un bien
6
El referido artículo lee de la siguiente forma:
Las personas con capacidad para enajenar pueden
renunciar la prescripción ganada pero no el derecho de
prescribir para lo sucesivo.
Entiéndese tácitamente renunciada la prescripción
cuando la renuncia resulta de actos que hacen suponer el
abandono del derecho adquirido. Código Civil, Art. 1.935
(BOE-A-1889-4763) (España).
CC-2017-0315
17
susceptible de negociación y renuncia”. Íd. En cambio, el
derecho a prescribir para lo sucesivo no es un derecho
patrimonial al que se pueda renunciar. Ello, pues, por el
mismo, se establece el carácter imperativo de las normas
legales
en
materia
de
prescripción,
por
lo
cual
es
irrenunciable por anticipado. Íd.
Cónsono con esta interpretación, otros prestigiosos
tratadistas han señalado que es posible renunciar a la
prescripción
que
se
ha
ganado,
pero
no
al
derecho
a
prescribir para lo sucesivo, ya que la prescripción es de
orden público. J. Castán Tobeñas, Derecho Civil español,
común y foral, 15ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 2007, T. I
V.
II,
pág.
893.
Consecuentemente,
“sería
ineficaz
cualquier pacto por el que se excluyese la prescripción,
pues
ello
equivaldría
a
una
dejación
del
derecho
a
prescribir para lo sucesivo” (Énfasis suplido) Íd.; y “no
pueden ampliarse por voluntad de las partes los plazos de
prescripción,
ya
que
esto
significaría
una
renuncia
anticipada a la prescripción en el plazo legal”. Íd.
Conviene señalar también que, sobre el asunto aquí
tratado,
existe
amplio
consenso
en
el
criterio
de
la
doctrina. Así, es la opinión más reconocida que todo pacto
por el cual se excluyen los plazos legales de prescripción
es
ineficaz.7
Ello
se
debe,
en
parte,
a
la
propia
Véase, en respaldo de la tesis aquí suscrita, los criterios de: M.
Albaladejo, Derecho Civil, 19 ed. rev., Madrid, Ed. EDISOFER, 2013,
T.1, pág. 630; L. Díez-Picazo y Ponce de León, La Prescripción
extintiva: En el Código Civil y en la jurisprudencia del Tribunal
7
CC-2017-0315
18
jurisprudencia del Tribunal Supremo de España, la cual,
interpretando el precitado artículo, ha concluido que el
mismo:
sanciona y eleva a positiva, una norma de
derecho admitida de antiguo en la legislación
castellana -- ley tercera, título II, libro II,
del Fuero real --, y en la Romana, y de ellas
trae origen el artículo conforme en un todo con
la naturaleza jurídica de la prescripción, que
es de Derecho público, por hallarse establecida
en pro de un interés social, y de ahí, que no
pueda admitirse su renuncia de antemano y con
carácter general, pues si ello fuera posible,
llegaría a ser absolutamente ineficaz la
institución, pues en todos los contratos se
exigiría esa renuncia[…]”. (Énfasis suplido)
STS 30 enero de 1928.
Así también, al examinar el ordenamiento del estado de
Luisiana -- por ser éste de origen civilista -- encontramos
que el Art. 3449 de su Código Civil establece lo siguiente:
“[p]rescription may be renounced only after it has accrued.”
(Énfasis suplido). El referido artículo es equivalente al
Art. 3460 del Código Civil de 1870 el cual disponía que:
“[o]ne cannot renounce a prescription not yet acquired, but
it is lawful to renounce prescription when once acquired.”
Supremo, 2da ed., Pamplona, Ed. Aranzadi, 2007, en las págs. 36-46; J.
R. Vélez Torres, Derecho de Obligaciones, 2da ed. rev., San Juan, Ed.
Programa
de
Educación
Jurídica
Continua
de
la
Universidad
Interamericana de Puerto Rico, 1997, en las págs. 383-384; M. Albaladejo
& F. Reglero Campos, Comentarios al Código Civil y compilaciones
forales, 1ra ed., Madrid, Ed. Revista de Derecho Privado, 1994, T. XXV,
V. II en las págs. 30-32; G. Borda, Tratado de Derecho Civil, 4ta ed.
rev., Buenos Aires, Ed. Perrot, 1976, T. II, V. V, en las págs. 107108; J. Garrigues y Díaz Cabañete, Dictámenes de Derecho Mercantil, 1ra
ed., Madrid, Ed. Imprenta Aguirre, 1976, V. II, en la pág. 843; J. M.
Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed. rev.,
Madrid, Ed. Reus, 1973, T.XII, en las págs. 1038-1040; y E. Vázquez
Bote, Derecho Civil de Puerto Rico, 1ra ed., San Juan, Ed. FAS, 1972,
T. I, Vol. II, en las págs. 542-543; E. Langle Rubio, Manual de Derecho
Mercantil Español, 1ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1959, T. III, pág.
119.
CC-2017-0315
19
B. Wall Dart, Civil Code of the State of Louisiana: Revision
of 1870, 2da ed., Indianapolis, Ed. The Bobbs-Merrill, 1945,
V. II, pág. 895.
De
otra
parte,
el
Art.
3471
del
Código
Civil
de
Luisiana establece que “[a] juridical act purporting to
exclude prescription, to specify a longer period than that
established
by
law,
prescription
more
or
to
onerous,
make
is
the
null.”
requirements
of
Conforme
las
a
precitadas disposiciones, la Corte Suprema de Luisiana ha
concluido
que
la
prohibición
a
la
renuncia
de
la
prescripción futura es una regla de orden público, por lo
cual no se puede sustituir el plazo prescriptivo mediante
acuerdo. E.L. Burns Co. Inc, v. Cashio, 302 So.2d 297
(1974).
Véanse,
además,
Taranto
v.
Louisiana
Citizens
Property Ins. Corp., 2010-0105 (La. 3/15/11), 62 So. 3d 721
(2011); Nabors Oil & Gas Co. v. Louisiana Oil Refining Co.,
151 La.361, 91 So. 765 (1922).8
En fin, como se ha expuesto, en nuestro ordenamiento
jurídico
se
han
instituido
determinados
mecanismos
a
disposición del titular de un derecho que se ha lesionado.
De igual modo, los tratadistas franceses -- comentando un precepto
similar del Código Civil de aquel país -- expresan equivalente criterio.
Así, la prescripción no se puede derogar por convenciones particulares.
F. Laurent, Principios de Derecho Civil Francés, 1ra ed., Puebla, Ed.
Barroso, Hermano y Comp., 1900, T. XXXII, pág. 208. Igualmente, indican
que la prohibición por adelantado a la prescripción futura es
consecuencia del carácter de orden público de tal instituto. A. Colin
& H. Capitant, Curso Elemental de Derecho Civil, 4ta ed. rev., Madrid,
Ed. Reus, 1960, T. III, pág. 262. Además, si fuese válida la renuncia
a la prescripción, ésta sólo sería un medio ilusorio para mantener el
orden público. Íd. Ello sería así, toda vez que aquellos en cuyo
beneficio pudiera establecerse esta obligación no dejarían de exigir
su renuncia. Íd.
8
CC-2017-0315
Sin
20
embargo,
el
propio
ordenamiento
establece
la
advertencia de que estos mecanismos no son eternos y están
sujetos a la necesidad de instaurar un límite de tiempo al
ejercicio de estos. Así, mediante la institución de la
prescripción se busca apuntalar la seguridad jurídica al
fijar un límite objetivo en el cual se pueden ejercer las
pretensiones jurídicas. En definitiva, todo lo anterior
responde a la necesidad de mantener la paz social y el orden
público.
Éstos
inspiración
son
al
los
fundamentos
legislador
cuando
que
sirvieron
de
se
codificó
una
prohibición de renunciar a prescribir para lo sucesivo en
el artículo 1838 de nuestro Código Civil, supra.9
IV.
Por
último,
controversia
que
y
nos
por
ser
también
pertinente
a
la
ocupa,
conviene
recordar
que
la
hipoteca es “un derecho real, de naturaleza accesoria e
indivisible y de constitución registral”. Distribuidores
Unidos de Gas de Puerto Rico, Inc. v. Sucesión Declet
9
Habida cuenta de que la prescripción es un instituto propio del Derecho
Civil, hemos fundamentado nuestro análisis en la doctrina y en la
jurisprudencia persuasiva aplicable. No obstante, bajo la figura
análoga de la prescripción en el common law -- el statute of limitations
-- es posible alcanzar igual resultado. Ello es así, dado que, son
múltiples las jurisdicciones estadounidenses que han considerado
ineficaz la renuncia a las normas legales de prescripción. Por ser los
referidos preceptos, unos de orden público. Véase, por ejemplo, Ross
v. Ross, 96 Ariz. 249, 393 P2d 933 (1964); Forbach v. Steinfeld, 34
Ariz. 519, 273 P. 6 (1928); Van Diest v. Towle, 116 Colo. 204, 179 P2d.
984 (1947); Fist Nat’l Banl v. Mock, 70 Colo. 517, 203 P. 272 (1921).
En particular, en Kassner & Co. v. City of New York, 46 N.Y.2d 544
(1979), la Corte Suprema del estado de Nueva York, en lo pertinente,
expresó: “[i]f the agreement to ‘waive’ or extend the Statute of
Limitations is made at the inception of liability it is unenforceable
because a party cannot in advance, make a valid promise that a statute
founded in public policy shall be inoperative”. (Citas internas
omitidas).
CC-2017-0315
21
Jiménez, 196 DPR 96 (2016); Westernbank v. Registradora,
supra. Véase, además, L. R. Rivera Rivera, Derecho registral
inmobiliario puertorriqueño, 3ra. ed., San Juan, Jurídica
Editores, 2012, pág. 485. En particular, el Art. 1774 del
Código
Civil,
indispensable,
31
LPRA
sec.
5042,
establece
para
que
la
hipoteca
quede
que
“es
válidamente
constituida, que el documento en que se constituya sea
inscrito en el registro de la propiedad”. Así, pues, hemos
resuelto que una escritura de hipoteca no inscrita carece
de existencia jurídica como derecho real. S.J. Credit, Inc.
v. Ramírez, 113 DPR 181 (1982); Gaztambide v. Sucn. Ortiz,
70 DPR 412 (1949); Beiró v. Vázquez, 52 DPR 601 (1938).
Véanse, además, J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho
Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1974, T. III, pág. 61; J. L.
Lacruz
Berdejo
y
F.
A.
Sancho
Rebullida,
Derecho
Inmobiliario Registral, Barcelona, Ed. Bosch, 1968, pág.
131.
De conformidad con lo anterior, en Rosario Pérez v.
Registrador, 115 DPR 491 (1984), indicamos que “la garantía
de un crédito personal no se constituye en garantía real - hipoteca -- hasta que es inscrita en el Registro”. Ello
se
debe
a
que
es
mediante
la
inscripción,
como
acto
constitutivo, que “la garantía produce efectos reales y
adviene eficacia erga omnes al ámbito de los derechos reales
[…]”.
Rivera
Rivera,
op.
cit.,
pág.
487.
Obsérvese
igualmente, que el requisito de inscripción también está
CC-2017-0315
22
contenido en la legislación hipotecaria. Así, el Art. 188
de la Ley Hipotecaria, Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979,
30 LPRA sec. 2605 (ed. 2005), -- vigente al momento de los
hechos del caso de autos --, como también el actual Art. 57
de la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley 210-2015, 30 LPRA
sec. 6084, establecen la inscripción de la escritura pública
donde se consignó dicho negocio jurídico como requisito
para la constitución de la hipoteca.
Es
decir,
“[l]a
hipoteca
no
es
un
derecho
independiente, o sea, con existencia propia, sino que vive
al servicio de un crédito […]”. R. M. Roca Sastre, Derecho
Hipotecario, Barcelona, Ed. Bosch, 2007, T. VIII, pág. 97.
La hipoteca constituye un derecho accesorio al pagaré que
nace y muere con éste. Íd.
Siendo ello así, al atribuírsele
al crédito la cualidad de elemento principal de la relación
jurídica. Íd. De este modo, nuestro ordenamiento sigue la
orientación del criterio romano, en el cual la hipoteca
subsiste mientras el crédito garantizado existe y no a la
inversa. Íd.
Recordemos
Tribunal
en
que,
conforme
Westernbank
v.
a
lo
resuelto
Registradora,
por
este
supra,
en
escenarios donde se está ante un pagaré al portador con
garantía hipotecaria debidamente inscrita en el Registro de
la
Propiedad,
los
términos
prescriptivos
son
aquellos
aplicables a la acción hipotecaria. Allí expresamos que el
CC-2017-0315
23
término prescriptivo para exigir el cumplimiento de un
pagaré hipotecario vencedero a la presentación “es el de la
acción hipotecaria”. Lo mismo sostenía, dicho sea de paso,
la Ley Hipotecaria de 1979 en su Art. 180 (“La acción
hipotecaria prescribirá a los veinte (20) años contados
desde
que
pueda
inscrito”.).
El
ser
ejercitada
día
que
se
con
arreglo
al
título
pueda
instar
la
acción
hipotecaria se refiere “al momento del vencimiento del
crédito según se consignó en el título”. Soto Solá v.
Registradora,
189
DPR
653,
666
(2013);
Westernbank
v.
Registradora, supra. Véanse, además, Arts. 119, 120 y 121
de la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria, Ley
Núm. 2010-2015.
Expuesta la normativa aplicable, procedemos, pues, a
disponer de las controversias ante nos.
V.
A.
Como mencionamos al comienzo de nuestro escrito, el
presente
caso
nos
plantea
resolver
la
validez
de
una
cláusula de renuncia a las normas legales de prescripción
incluida en el contrato bajo estudio. En específico, debemos
solucionar
si,
como
consecuencia
de
este
acuerdo
contractual, una acción con término prescriptivo fijado en
ley puede convertirse -- mediante la voluntad de las partes
--
en
una
acción
imprescriptible.
interrogante en la negativa.
Contestamos
dicha
CC-2017-0315
24
Y es que, como ha quedado claramente evidenciado, según
el Art. 1838 de nuestro Código Civil y la mejor doctrina
que lo interpreta, una disposición contractual, en la cual
las
partes
contratantes
renuncian
a
los
plazos
prescriptivos fijados en ley para lo sucesivo, es una
ineficaz.10 Sobre ello no albergamos duda. Se cometió, pues,
el error señalado.
B.
Resuelta
la
controversia
sobre
la
renuncia
a
los
estatutos prescriptivos, nos resta examinar si a la luz de
los plazos legales de prescripción procede o no la moción
de desestimación por prescripción presentada por el señor
Roldán Morales ante el Tribunal de Primera Instancia.
Recordarán que, en el presente caso, el matrimonio
Roldán Rodríguez otorgó una escritura para constituir una
hipoteca en garantía de un pagaré previamente suscrito. Al
momento de presentarse la demanda, dicha escritura pública
no gozaba de inscripción por el Registro de la Propiedad,
por lo que ésta no alcanzó a perfeccionar jurídicamente el
derecho real de hipoteca.11
En esta ocasión, no nos estamos expresando sobre otros tipos de
acuerdo que modifican las disposiciones legales de prescripción –- los
cuales no están en controversia en el presente auto –-.
10
Es menester señalar que, a pesar de que al momento de presentarse la
demanda esa escritura pública aún no estaba formalmente inscrita, sí
quedó demostrado que existía un asiento de presentación para la misma.
Esa realidad podría posibilitar, de plantearse en su día, una acción
hipotecaria si se acredita al tribunal que el instrumento presentado
fue inscrito posteriormente. Recordemos que cuando una escritura de
hipoteca es debidamente inscrita, los efectos de su inscripción se
retrotraen a la fecha de presentación en el Registro de la Propiedad.
Gasolinas P.R. v. Registrador, 155 DPR 652 (2001).
11
CC-2017-0315
25
Ahora bien, de las alegaciones de las partes ante el
Tribunal de Primera Instancia no se desprende la fecha en
que se presentó para su cobro el consabido instrumento. Por
tanto, no hemos advenido en conocimiento de la fecha exacta
en la que debió iniciar el término prescriptivo. A falta de
este dato esencial, las partes no nos han puesto en posición
de determinar si ha transcurrido o no el plazo prescriptivo
fijado en ley.
Corresponde devolver el caso al foro primario para
dilucidar tan importante hecho. Una vez dilucidado, le
corresponde a dicho foro determinar si procede o no la
moción de desestimación por prescripción presentada por el
señor Roldán Morales.
VI.
Así las cosas, aunque por fundamentos distintos, se
confirma la determinación del Tribunal de Apelaciones. Se
devuelve el caso al foro de instancia para que proceda de
conformidad con lo antes expuesto. En particular, para que
determine la fecha en que se presentó para su cobro el
instrumento negociable y, en consecuencia, si la demanda
estaba prescrita o no.
Se emitirá sentencia de conformidad.
Ángel Colón Pérez
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Gustavo E. Haedo Castro, su
esposa Noemí López Basearrechea
y la Soc. Legal de Gananciales
compuesta por ambos Representado
por Vidal Pérez Cotto
Recurridos
v.
CC-2017-315
Certiorari
Aníbal Roldán Morales, su
Esposa Carmen Luisa Rodríguez
Roldán, y la Sociedad Legal de
Gananciales compuesta por ambos
Peticionarios
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico a 17 de septiembre de 2019.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte de la presente
Sentencia, se confirma la determinación del Tribunal
de Apelaciones. Se devuelve el caso al foro de
instancia para que proceda de conformidad con lo antes
expuesto. En particular, para que determine la fecha
en que se presentó para su cobro el instrumento
negociable y, en consecuencia, si la demanda estaba
prescrita o no.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica
el Secretario del Tribunal Supremo. La Juez Asociada
señora Rodríguez Rodríguez concurre con el resultado
y hace constar la siguiente expresión:
La Juez Asociada señora Rodríguez
Rodríguez concurre con el resultado, puesto
que
entiende
que
no
procedía
la
desestimación del pleito y que lo correcto
en Derecho es devolver el caso al Tribunal
de Primera Instancia para la continuación de
los procedimientos. Si bien las expresiones
de este Tribunal relacionadas con la
invalidez de las cláusulas de
renuncia a
los términos prescriptivos conforme a l
CC-2017-0315
2
dispuesto en el Art. 1838 del Código Civil, se
ajustan a Derecho, los señalamientos de error de
los peticionarios se ciñen al transcurso de los
términos prescriptivos y no a la interpretación
que hiciera de dichas cláusulas el Tribunal de
Apelaciones, toda vez que el foro primario
meramente declaró no ha lugar la solicitud de
desestimación sin expresión alguna.
Tratándose de un pagaré al portador
vencedero a la presentación para el cual se
desconoce la fecha en la que se exigió su pago
le corresponde al foro primario evaluar la
evidencia pertinente a ese hecho medular.
Asimismo, y en virtud de que -en esta etapa de
los procedimientos- el referido pagaré aparenta
no
estar
garantizado
por
una
hipoteca
debidamente inscrita en el Registro de la
Propiedad, pues solo se indica que fue
presentada, este Tribunal no está en posición de
especular sobre los términos prescriptivos
aplicables a los distintos reclamos que originan
este pleito. En todo caso, corresponderá al
Tribunal de Primera Instancia examinar la
procedencia de una acción hipotecaria conforme
a la evidencia que presenten las partes en torno
a la configuración y existencia de ese derecho
real.
La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez no interviene. El Juez
Asociado señor Rivera García no intervino.
José Ignacio Campos Pérez
Secretario del Tribunal Supremo