LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Haedo Castro, Gustavo y otro v. Roldán Morales, Aníbal y otro

2019 TSPR 176

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

Haedo Castro, Gustavo y otro v. Roldán Morales, Aníbal y otro

CC-2017-315

Obligaciones y Contratos: Es ineficaz una disposición contractual en la que los contratantes renuncien a los plazos prescriptivos fijados en ley, para lo sucesivo.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Gustavo E. Haedo Castro, su

esposa Noemí López Basearrechea

y la Soc. Legal de Gananciales

compuesta por ambos Representado

por Vidal Pérez Cotto

Certiorari

Recurridos

2019 TSPR 176

v.

203 DPR ____

Aníbal Roldán Morales, su

Esposa Carmen Luisa Rodríguez

Roldán, y la Sociedad Legal de

Gananciales compuesta por ambos

Peticionarios

Número del Caso:

CC-2017-0315

Fecha: 17 septiembre de 2019

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Caguas y Utuado

Abogada de la parte peticionaria:

Lcda. Daisy Calcaño López

Abogado de la parte recurrida:

Lcdo. Iván Antonio Rivera Reyes

Materia: Obligaciones y Contratos: Es ineficaz una disposición

contractual en la que los contratantes renuncien a los plazos

prescriptivos fijados en ley, para lo sucesivo.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Gustavo E. Haedo Castro, su

esposa Noemí López Basearrechea

y la Soc. Legal de Gananciales

compuesta por ambos Representado

por Vidal Pérez Cotto

Recurridos

v.

CC-2017-315

Certiorari

Aníbal Roldán Morales, su

Esposa Carmen Luisa Rodríguez

Roldán, y la Sociedad Legal de

Gananciales compuesta por ambos

Peticionarios

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.

En San Juan, Puerto Rico a 17 de septiembre de 2019.

En el presente caso nos corresponde pasar juicio

sobre la validez de cierta cláusula contractual -suscrita en un instrumento negociable -- mediante la

cual las partes contratantes renuncian a los términos

prescriptivos fijados en ley.

Adelantamos que, luego de un detenido examen de

la cláusula en cuestión, así como de la normativa que

gobierna estos asuntos, es forzoso concluir que, en

nuestra

jurisdicción,

una

disposición

contractual

mediante la cual las partes contratantes renuncian a

los términos prescriptivos fijados en ley, para lo

sucesivo, es una ineficaz. Veamos.

CC-2017-0315

2

I.

Los hechos esenciales no están en controversia. El 18

de diciembre de 2015, el señor Gustavo E. Haedo Castro, su

esposa, la señora Noemí López Basearrechea y la sociedad

legal de gananciales compuesta por ambos (en adelante “el

matrimonio Haedo López”) presentaron una demanda en cobro

de dinero y ejecución de hipoteca en contra del señor Aníbal

Roldán Morales, su esposa, la señora Carmen Luisa Rodríguez

Roldán y la sociedad legal de gananciales compuesta por

ambos (en adelante “el matrimonio Roldán Rodríguez”).1

En la demanda, el matrimonio Haedo López argumentó

que, allá para el 21 de septiembre de 1993, éstos y el

matrimonio

público,

Roldán

un

pagaré

Rodríguez

al

otorgaron,

portador

con

ante

notario

vencimiento

a

la

presentación. En el concerniente instrumento negociable, el

matrimonio Roldán Rodríguez se obligó a pagar la suma

principal de $30,000.00 más intereses desde esa fecha hasta

el pago del principal a razón de 7% de interés anual sobre

el balance adeudado, recargos por mora, y el pago de costas,

gastos

y

honorarios

de

abogado

en

caso

de

una

futura

reclamación judicial. En esa misma fecha -- como garantía

del

referido

pagaré

–-

el

matrimonio

Roldán

Rodríguez

Previamente, el 14 de diciembre de 2014, el matrimonio Haedo López

había presentado una demanda contra el matrimonio Roldán Rodríguez por

la misma controversia del presente auto. En aquella ocasión, la causa

fue desestimada sin perjuicio por el Tribunal de Instancia, ello ante

el incumplimiento y la falta de interés del matrimonio Haedo López.

1

CC-2017-0315

constituyó

3

una

hipoteca

voluntaria

mediante

escritura

pública.

Además, en su demanda los Haedo López alegaron ser los

tenedores de buena fe del pagaré objeto de la reclamación

y que el matrimonio Roldán Rodríguez incumplió con su

obligación de satisfacer los pagos mensuales del principal

y de los intereses acordados. Por tal razón, solicitaron el

pago de la suma principal adeudada, los intereses, cargos,

gastos de la reclamación judicial y la venta en pública

subasta de la garantía hipotecaria. Cabe señalar que, en

sus alegaciones, el matrimonio Haedo López no indicó las

fechas en las cuales se debieron realizar los referidos

pagos mensuales y éstas no surgen del pagaré suscrito.

Además, ninguna de las partes ha establecido la fecha en la

cual el referido pagaré se presentó para el cobro.

Así

las

cosas,

y

luego

de

varios

incidentes

procesales no necesarios aquí pormenorizar, el 16 de febrero

de 2016 el señor Roldán Morales presentó una Moción de

desestimación por prescripción.2 En la misma, sostuvo que

la escritura de constitución de hipoteca a la que hicieron

referencia los demandantes fue presentada en el Registro de

la Propiedad el día 4 de diciembre de 2014, o sea veintiún

(21) años y tres (3) meses desde el momento en que fue

otorgada, y que al momento de ser presentada la demanda

El 21 de enero de 2016, la representación legal del señor Roldán

Morales notificó al Tribunal de Primera Instancia que la esposa de éste

había fallecido.

2

CC-2017-0315

4

ésta sólo gozaba de un asiento de presentación y no de su

inscripción en el Registro de la Propiedad. Así pues, arguyó

que, al no haberse inscrito la hipoteca dentro del término

de veinte (20) años luego de haber sido otorgada, y habiendo

transcurrido

el

término

prescriptivo

para

exigir

el

cumplimiento de un pagaré sin garantía hipotecaria, la

reclamación sobre el pagaré estaba prescrita.

Para

sostener

dichas

alegaciones,

el

señor

Roldán

Morales se fundamentó en que a la controversia de autos le

aplicaba lo resuelto por esta Curia en Westernbank Puerto

Rico v. Registradora, 174 DPR 779 (2008). Adujo que en dicho

caso este Tribunal resolvió que, conforme al Art. 2-118 de

la Ley de Instrumentos Negociables, 19 LPRA sec. 518, un

crédito evidenciado en un pagaré hipotecario, vencedero a

la presentación, era exigible en cualquier momento, pero

nunca en exceso del término de veinte (20) años para el

ejercicio

de

la

acción

hipotecaria

establecido

en

el

Artículo 1864 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5294.

Posteriormente, el matrimonio Haedo López se opuso a

la moción de desestimación. Al así hacerlo, sostuvo que el

pagaré otorgado por el matrimonio Roldán Rodríguez contenía

una renuncia a cualquier término prescriptivo.3 Además,

3

La referida cláusula establecía lo siguiente:

Renunciamos a la presentación, protesto, y aviso de no

haber sido honrado este Pagaré y asimismo renunciamos a

la Leyes de Prescripción que puedan favorecernos y nos

sometemos a la jurisdicción de los Tribunales que el

tenedor elija en caso de ejecución o reclamación

judicial. (Énfasis suplido) Apéndice del certiorari,

pág. 81

CC-2017-0315

señalaron

5

que

Registradora,

la

norma

supra,

en

Westernbank

establecía

que

Puerto

el

Rico

v.

término

de

prescripción de veinte (20) años se iniciaba desde que se

inscribía la hipoteca -- no desde que se otorgaba la misma

--, por lo cual ésta no estaba prescrita.

Oportunamente,

declaró

no

ha

el

lugar

Tribunal

la

Moción

de

Primera

Instancia

de

desestimación

por

prescripción. Igual suerte sufrió una posterior moción de

reconsideración, en la cual, esencialmente, se formularon

los mismos argumentos.

Inconforme, el señor Roldán Morales instó un recurso

de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones en el cual

solicitó se revocara la Resolución emitida por el Tribunal

de Primera Instancia. En síntesis, planteó que dicho foro

erró al declarar no ha lugar la Moción de desestimación por

prescripción. Esto, al no considerar la dejadez y falta de

diligencia del acreedor, quien, luego del término de veinte

(20) años de otorgada la escritura en cuestión, presentó la

misma para su inscripción. Acogido el referido recurso por

el foro apelativo intermedio, el matrimonio Haedo López

presentó el alegato de oposición correspondiente.

Evaluados los alegatos de ambas partes, el Tribunal

de Apelaciones dictó Sentencia. Al así hacerlo, concluyó

que: (1) según la Ley de Transacciones Comerciales, infra,

el término aplicable para la correcta disposición de las

controversias ante su consideración era el de veinte (20)

CC-2017-0315

6

años y que, conforme a la jurisprudencia aplicable, el plazo

es a partir de la inscripción en el Registro de la Propiedad

y no a partir de la fecha de otorgamiento de la hipoteca;

y (2) que la cláusula del pagaré que contenía una renuncia

a las leyes de prescripción era válida. De esta forma,

determinó que la causa de acción no estaba prescrita y

confirmó el dictamen recurrido.

Insatisfecho

con

lo

resuelto

por

el

Tribunal

de

Apelaciones, el señor Roldán Morales acude ante nos mediante

recurso

de

certiorari.

En

el

mismo,

bajo

fundamentos

similares a los esbozados ante el foro primario y el foro

apelativo intermedio, solicita que revoquemos el dictamen

recurrido. Por su parte, el matrimonio Haedo López replicó

alegando que el señor Roldán Morales no puede beneficiarse

del término prescriptivo dispuesto en ley para este tipo de

caso, toda vez que renunció al mismo mediante pacto expreso

y válido. En la alternativa, argumentaron que no se debería

aplicar

retroactivamente

Comerciales,

infra,

y

que

la

Ley

para

de

poder

Transacciones

dilucidar

el

planteamiento de prescripción era necesario que el caso

continuase su procedimiento ordinario.

Trabada así la controversia, luego de haberse expedido

el auto solicitado y con la conveniencia de la comparecencia

de ambas partes, procedemos a resolver.

CC-2017-0315

7

II.

A.

Sabido es que un instrumento negociable consiste en un

documento de crédito que incorpora el derecho a cobrar una

suma de dinero, al cual el Derecho Cambiario le confiere

una

especial

facilidad

de

circulación.

Desarrolladora

Caribe, S.E. v. Ven-Lour Enterprises, Inc. et als., 198 DPR

290, (2017); Cruz Consulting v. El Legado et al., 191 DPR

499, 509-10 (2014) (citando a M. Garay Aubán, Derecho

Cambiario 1 (1999)). En particular, un pagaré al portador

representa un crédito a ser pagado a la persona que tenga

el título en su poder, al que lo presenta -- sea quien fuere

-- toda vez que el mismo se transmite por la simple entrega,

sin ser necesario su endoso ni formalidad alguna. FDIC v.

Registrador, 111 DPR 602 (1981).

Ello, pues, en el mismo

no consta expresamente el nombre del titular y al momento

de

su

constitución

no

se

determina

la

identidad

del

acreedor. Íd.

Establecido lo anterior, como cuestión de umbral, es

menester señalar aquí que el pagaré objeto del presente

litigio fue otorgado y entregado en el año 1993, esto previo

a la aprobación y vigencia en Puerto Rico de la Ley de

Transacciones Comerciales, Ley Núm. 208 de 17 de agosto de

1995, 19 LPRA sec. 401 et seq.4; estatuto que establece que

Mediante la aprobación de la Ley de Instrumentos Negociables y

Transacciones Bancarias, Ley Núm. 208-1995, supra, la Asamblea

Legislativa derogó la Ley Uniforme de Instrumentos Negociables de 1930,

19 LPRA secs. 1-386 (ed. 1989) y adoptó en nuestra jurisdicción ciertos

4

CC-2017-0315

8

sus disposiciones son aplicables a transacciones efectuadas

y eventos ocurridos a partir del 1 de enero de 1998. 19

LPRA sec. 401 n. Sobre lo anterior no hay controversia.

Así pues, para fines de la correcta disposición de los

asuntos ante nuestra consideración, haremos referencia a la

Ley Uniforme de Instrumentos Negociables de 22 de abril de

1930 (en adelante “LIN”), la cual se encontraba vigente al

momento del otorgamiento del referido instrumento. 19 LPRA

secs. 1-386 (ed. 1989). Ahora bien, la LIN no contenía

disposición alguna relacionada a la prescripción.

Para atender el vacío al que hemos hecho referencia,

y similar a como hemos hecho en el pasado, conviene recordar

que en materia de instrumentos negociables “[l]os términos

prescriptivos se [rigen] por el Artículo 946 del Código de

Comercio […]”. M. R. Garay Auban, Derecho Cambiario, 1ra

ed., Ponce, Ed. Revista de Derecho Puertorriqueño, 1999,

pág. 388. Este término prescriptivo se “[aplica] a los

‘pagarés de comercio’ y [excluye] una categoría de pagarés

que no son mercantiles o de comercio”. Íd.; Sociedad de

Gananciales v. Paniagua Diez, 142 DPR 98 (1996); San Miguel

v. Guevara, 64 DPR 699 (1945); Cayere v. Buxó, 62 DPR 310

(1944).

capítulos del Uniform Commercial Code (UCC). Posteriormente, el

referido estatuto fue enmendado por la Ley Núm. 241-1996. Entre las

enmiendas realizadas, se encuentra la sustitución de su título por el

de Ley de Transacciones Comerciales, supra.

CC-2017-0315

9

B.

En esa dirección, con relación a los pagarés emitidos

a la orden, en Sociedad de Gananciales v. Paniagua Diez,

supra, resolvimos “que a un pagaré expedido a la orden, le

acompaña una presunción juris tantum, de ser mercantil, a

menos

que

se

pruebe

que

no

procede

de

operaciones

comerciales”. Véanse, además, Blondet v. Garau, 47 DPR 863

(1935); Pierluisi v. Monllor, 42 DPR 7 (1931). Sin embargo,

el que un pagaré sea expedido a la orden, por sí solo, no

es suficiente para definir la naturaleza del mismo, ya que

la presunción se desvanece si se concluye que éste no

procede de una operación mercantil. Sociedad de Gananciales

v. Paniagua Diez, supra; Cayere v. Buxó, supra; Pierluisi

v. Monllor, supra. Así pues, hemos decidido “que quien

impugne su carácter mercantil tiene el peso de la prueba

para derrotar esta presunción y en consecuencia establecer

su naturaleza civil”. Sociedad de Gananciales v. Paniagua

Diez, supra, págs. 102-103; San Miguel v. Guevara, supra;

Cayere v. Buxó, supra.

Ahora

bien,

las

anteriores

expresiones

las

hemos

realizado en el contexto de litigios que versaban sobre el

término prescriptivo de pagarés emitidos a la orden. En

esta ocasión, sin embargo, la controversia de autos es un

poco

distinta,

pues

la

misma

nos

dirige

a

dirimir

la

calificación mercantil o civil de un pagaré emitido al

CC-2017-0315

10

portador que bien puede ser sin garantía hipotecaria o con

ésta.

Para resolver esta interrogante, en lo relacionado al

pagaré al portador sin garantía hipotecaria, nos vemos en

la obligación de hacer una lectura integral de los preceptos

mercantiles vigentes en España y Puerto Rico a finales del

siglo

XIX.

Análisis

que

en

el

pasado

hemos

realizado

conforme a nuestro deber de dar correcta solución a los

planteamientos

jurídicos

traídos

ante

nos.

Véase,

por

ejemplo, Sociedad de Gananciales v. Paniagua Diez, supra;

Banco de Puerto Rico v. Rodríguez, 53 DPR 451 (1938).5

Así, pues, y en lo que respecta a pagarés al portador,

el

Código

de

Comercio

de

España,

Cuba,

Puerto

Rico

y

Filipinas, en su Art. 532, disponía lo siguiente:

Las libranzas a la orden entre comerciantes,

y los vales o pagarés también a la orden, que

procedan de operaciones de comercio, producirán

las mismas obligaciones y efectos que las letras

de cambio, excepto en la aceptación, que es

privativa de éstas.

Particularmente, en Banco de Puerto Rico v. Rodríguez, supra,

realizamos una deliberación similar -- con el fin de determinar qué

constituía un pagaré de comercio -- sobre el artículo que hoy pasamos

juicio. En lo pertinente allí indicamos:

5

Si el derogado hubiera sido el artículo 946 del Código de

Comercio y se hubiera decretado una nueva regla de

prescripción, entonces habría que interpretar la nueva

regla, pero mientras tal artículo siga como sigue en vigor,

habrá que recurrir a los otros preceptos del código que

fueron el producto de la misma mente legislativa y a la

jurisprudencia sentada, para fijar el alcance de sus

disposiciones. De ahí que para decidir lo que son ‘pagarés

de comercio’ a los efectos de aplicar el dicho artículo 946

del Código de Comercio, deba seguirse tomando en

consideración lo definido por el propio legislador en otra

parte del cuerpo legal de que se trata aunque esa otra

parte haya sido derogada, a menos desde luego que se hubiera

dispuesto expresamente lo contrario al decretarse la

derogación, y ése no es aquí el caso. Íd.

CC-2017-0315

11

Los vales o pagarés que no estén expedidos

a la orden, se reputarán simples promesas de

pago, sujetas al derecho común o al mercantil,

según su naturaleza, salvo lo dispuesto en el

título siguiente. (Énfasis suplido) Código

de Comercio vigente

en

la

Península,

Cuba, Puerto Rico y Filipinas, 5ta ed., Madrid,

Ed. Góngora, 1894, págs. 329-330.

Como se puede apreciar, la salvedad dispuesta en las

palabras finales del artículo antes mencionado “revela que

los pagarés al portador son mercantiles”. (Énfasis suplido)

E. Langle Rubio, Manual de Derecho Mercantil Español, 1ra

ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1959, T. III, pág. 438. Ello,

pues el título siguiente al del precitado artículo en el

Código de Comercio es el que atiende los efectos de los

instrumentos al portador. De esta forma, el propio inciso

excluye los pagarés al portador -- del análisis de su

naturaleza -- para determinar si éstos están sujetos a las

normas

mercantiles

o

civiles,

estableciendo

así

su

mercantilidad.

Como afirmó Langle Rubio, “aunque la ley no lo diga

expresamente: así lo proclama la doctrina, sin discusión”.

Íd. Por lo tanto, los pagarés emitidos al portador -distinto

de

los

pagarés

emitidos

a

la

orden

--

serán

mercantiles, aunque no procedan de operaciones de comercio.

Francisco Blanco Constans, Estudios Elementales de Derecho

Mercantil, 4ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1950, T. III,

pág. 414.

CC-2017-0315

12

Es interesante indicar igualmente que -- aunque la

controversia versaba de un pagaré a la orden -- en Sociedad

de Gananciales v. Paniagua Diez, supra, expresamos que no

existe duda de que los pagarés al portador siempre son

mercantiles.

Sociedad

de

Gananciales

v.

Paniagua

Diez,

supra (citando a Lorenzo de Benito y Endara, Manual de

Derecho

Mercantil,

3ra

ed.,

Madrid,

Victoriano

Suárez,

1924, pág. 746).

Establecida la naturaleza mercantil de los pagarés al

portador, no cabe duda de que -- conforme a la normativa

antes reseñada -- el término prescriptivo aplicable a la

controversia ante nos, es el establecido en el Código de

Comercio.

Al

respecto,

el

Art.

246

de

la

mencionada

disposición legal establece lo siguiente:

Las acciones procedentes de la letra de

cambio se extinguirán a los tres (3) años de su

vencimiento, háyanse o no protestado.

Igual regla se aplicará a las libranzas y

pagarés de comercio, cheques, talones, y demás

documentos de giro o cambio, y a los cupones e

importe de amortización de obligaciones emitidas

conforme a este Código. (Énfasis suplido) 10 LPRA

sec. 1908.

Ahora bien, en cuanto al momento en que comienza a

transcurrir dicho término prescriptivo de tres (3) años,

hemos expresado que el término prescriptivo de un pagaré

pagadero a su presentación “emp[ieza] a contarse, a más

tardar, en la fecha en que el mismo [fue] presentado para

su cobro”. (Énfasis suplido) Sucesión Rodríguez v. Virella,

CC-2017-0315

13

62 DPR 651, 653 (1943). Es decir, comienza a decursar al

momento en que se exige el pago del instrumento.

Además, y según establece el Art. 941 del Código de

Comercio,

10

LPRA

sec.

1903,

el

referido

término

prescriptivo sólo admite interrupción por demanda u otro

género de reclamación judicial, por el reconocimiento del

deudor, o por la renovación del documento en que se fundó

el derecho del acreedor. Véase, también, Pacheco v. Nat’l

Western Life Ins. Co., 122 DPR 55 (1988). El antedicho

artículo

indica

también

que

no

se

interrumpirá

la

prescripción “por la interpelación judicial, si el actor

desistiere

de

ella,

o

caducara

la

instancia,

o

fuese

desestimada la demanda”. 10 LPRA sec. 1903.

Sobre el particular, es importante recordar que, en

cuanto a la institución de la prescripción, el Código de

Comercio “[t]rata únicamente de algunos supuestos aislados

de

prescripción,

invocando

expresamente

para

los

demás

supuestos las reglas del Derecho común (art. [940])”. J.

Garrigues y Díaz Cabañete, Curso de Derecho Mercantil, 8va

ed. rev., Madrid, Bosch, T. II, 1983 pág. 38. Y en lo que

respecta a la renuncia a la prescripción, el Código de

Comercio guarda silencio.

Así pues, ante ausencia de normas específicas del

Código de Comercio, y conforme ha sido sentenciado en el

pasado por esta Curia, los preceptos sobre prescripción del

Código Civil constituyen derecho supletorio. Mortensen &

CC-2017-0315

14

Lange v. S.J. Mercantile Corp., supra; Puerto Rico Bedding

Mfg. Corp. v. Herger, 91 DPR 519 (1964); Nieves v. Sucesores

de J. Morales Díaz, 62 DPR 761 (1944). Véase, además, E.

Langle Rubio, op. cit., T. III, pág. 116. Procede, pues, que

evaluemos la referida normativa.

III.

Como es sabido, en nuestra tradición civilista, la

figura de la prescripción es tratada como una materia

sustantiva -- y no como materia procesal -- regida por el

Código Civil. Orraca López v. E.L.A., 192 DPR 31 (2014);

Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365 (2012);

S.L.G. Serrano-Baez v. Foot Locker, 182 DPR 824 (2011).

Véase, además, Febo Ortega v. Tribunal Superior, 102 DPR

405

(1974).

prescripción

Consecuentemente,

hemos

extintiva

instituto

es

un

expresado

que

la

sustantivo

del

Derecho Civil, que extingue el derecho a ejercer determinada

causa de acción y que está inextricablemente unido al

derecho que se intenta reivindicar. Lázaro Rodríguez v.

Departamento de Hacienda, 2018 TSPR 149, 200 DPR 954 (2018);

Maldonado Rivera v. Suarez, 195 DPR 182, 192 (2016); Culebra

Enterprises Corp. v. ELA, 127 DPR 942 (1991). Esta figura

tiene como propósito castigar la inercia y estimular el

ejercicio rápido de las acciones. Meléndez Rivera v. CFSE,

195 DPR 300 (2016); Orraca López v. E.L.A., supra, COSSEC

v. Gonzalez López, 179 DPR 793 (2010). Ello, pues no se

debe exponer a las personas por toda la vida, o por largo

tiempo, a ser demandadas. Lozada Torres v. Collazo, 111 DPR

CC-2017-0315

15

702 (1981); Agulló v. ASERCO, 104 DPR 244 (1975). Véase,

además, Santos de García v. Banco Popular, 172 DPR 759

(2007).

En esa dirección, prestigiosos tratadistas del tema

han señalado que, la “[l]ey fija un límite de tiempo para

el ejercicio de los derechos, transcurrido el cual establece

una presunción de renuncia o abandono de la acción para

reclamarlos”.

J.

Puig

Brutau,

Caducidad,

prescripción

extintiva y usucapión, 3ra ed. rev., Barcelona, Ed. Bosch,

1996, pág. 92. El establecimiento de estas normas son un

asunto

de

política

pública

de

los

estados

--

que

su

determinación recae exclusivamente en la Legislatura -- y

que se enmarcan en la amplia discreción que poseen para

limitar

el

tiempo

en

que

se

puede

interponer

una

reclamación. SLG García-Villega v. ELA, 190 DPR 799 (2014);

Alicea v. Córdoba, 117 DPR 676 (1986); Culebra Enterprises

Corp. v. ELA, supra. De esta forma, se evita que el poder

público proteja indefinidamente los derechos no reclamados

por su titular y se fomenta la estabilidad jurídica de las

relaciones y la seguridad en el tráfico jurídico. COSSEC v.

González López, supra; Campos v. Cía. Fom. Ind., 153 DPR

137 (2001); Culebra Enterprises Corp. v. ELA, supra.

En lo que respecta a la causa de epígrafe, la figura

de la prescripción extintiva se rige por los principios que

gobiernan el Código Civil. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux.

Mutuo, supra; S.L.G. Serrano-Baez v. Foot Locker, supra;

CC-2017-0315

16

COSSEC v. González López, supra. Entre estos principios se

encuentra la posibilidad de renunciar a la prescripción

ganada, pero no así a la sucesiva. Tal norma se encuentra

codificada en el Art. 1835 de nuestro Código Civil, 31 LPRA

sec. 5246, el cual establece que: “[l]as personas con

capacidad para enajenar pueden renunciar la prescripción

ganada; pero no el derecho de prescribir para lo sucesivo”.

(Énfasis suplido).

Al examinar la referida disposición -- la cual es

idéntica a lo dispuesto en el Art. 1935 del Código Civil de

España --6 el tratadista José Puig Brutau sostiene que:

como

institución

de

orden

público,

la

prescripción extintiva no puede quedar sometida

a pacto alguno que pueda desvirtuar la intención

del legislador. Por ello, el convenio por el que

el

plazo

debiera

ser

superior

al

legal

significaría

una

renuncia

al

derecho

de

prescribir para lo sucesivo, que prohíbe el art.

1.935-1 C.c. (Énfasis suplido) Puig Brutau, op.

cit., pág. 113.

En su análisis, el tratadista Puig Brutau distingue la

renuncia

de

la

prescripción

ganada

y

el

derecho

de

prescribir en lo sucesivo. Así, la prescripción ganada

“significa una ganancia patrimonial que ha ingresado en el

patrimonio del favorecido y que se ha convertido en un bien

6

El referido artículo lee de la siguiente forma:

Las personas con capacidad para enajenar pueden

renunciar la prescripción ganada pero no el derecho de

prescribir para lo sucesivo.

Entiéndese tácitamente renunciada la prescripción

cuando la renuncia resulta de actos que hacen suponer el

abandono del derecho adquirido. Código Civil, Art. 1.935

(BOE-A-1889-4763) (España).

CC-2017-0315

17

susceptible de negociación y renuncia”. Íd. En cambio, el

derecho a prescribir para lo sucesivo no es un derecho

patrimonial al que se pueda renunciar. Ello, pues, por el

mismo, se establece el carácter imperativo de las normas

legales

en

materia

de

prescripción,

por

lo

cual

es

irrenunciable por anticipado. Íd.

Cónsono con esta interpretación, otros prestigiosos

tratadistas han señalado que es posible renunciar a la

prescripción

que

se

ha

ganado,

pero

no

al

derecho

a

prescribir para lo sucesivo, ya que la prescripción es de

orden público. J. Castán Tobeñas, Derecho Civil español,

común y foral, 15ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 2007, T. I

V.

II,

pág.

893.

Consecuentemente,

“sería

ineficaz

cualquier pacto por el que se excluyese la prescripción,

pues

ello

equivaldría

a

una

dejación

del

derecho

a

prescribir para lo sucesivo” (Énfasis suplido) Íd.; y “no

pueden ampliarse por voluntad de las partes los plazos de

prescripción,

ya

que

esto

significaría

una

renuncia

anticipada a la prescripción en el plazo legal”. Íd.

Conviene señalar también que, sobre el asunto aquí

tratado,

existe

amplio

consenso

en

el

criterio

de

la

doctrina. Así, es la opinión más reconocida que todo pacto

por el cual se excluyen los plazos legales de prescripción

es

ineficaz.7

Ello

se

debe,

en

parte,

a

la

propia

Véase, en respaldo de la tesis aquí suscrita, los criterios de: M.

Albaladejo, Derecho Civil, 19 ed. rev., Madrid, Ed. EDISOFER, 2013,

T.1, pág. 630; L. Díez-Picazo y Ponce de León, La Prescripción

extintiva: En el Código Civil y en la jurisprudencia del Tribunal

7

CC-2017-0315

18

jurisprudencia del Tribunal Supremo de España, la cual,

interpretando el precitado artículo, ha concluido que el

mismo:

sanciona y eleva a positiva, una norma de

derecho admitida de antiguo en la legislación

castellana -- ley tercera, título II, libro II,

del Fuero real --, y en la Romana, y de ellas

trae origen el artículo conforme en un todo con

la naturaleza jurídica de la prescripción, que

es de Derecho público, por hallarse establecida

en pro de un interés social, y de ahí, que no

pueda admitirse su renuncia de antemano y con

carácter general, pues si ello fuera posible,

llegaría a ser absolutamente ineficaz la

institución, pues en todos los contratos se

exigiría esa renuncia[…]”. (Énfasis suplido)

STS 30 enero de 1928.

Así también, al examinar el ordenamiento del estado de

Luisiana -- por ser éste de origen civilista -- encontramos

que el Art. 3449 de su Código Civil establece lo siguiente:

“[p]rescription may be renounced only after it has accrued.”

(Énfasis suplido). El referido artículo es equivalente al

Art. 3460 del Código Civil de 1870 el cual disponía que:

“[o]ne cannot renounce a prescription not yet acquired, but

it is lawful to renounce prescription when once acquired.”

Supremo, 2da ed., Pamplona, Ed. Aranzadi, 2007, en las págs. 36-46; J.

R. Vélez Torres, Derecho de Obligaciones, 2da ed. rev., San Juan, Ed.

Programa

de

Educación

Jurídica

Continua

de

la

Universidad

Interamericana de Puerto Rico, 1997, en las págs. 383-384; M. Albaladejo

& F. Reglero Campos, Comentarios al Código Civil y compilaciones

forales, 1ra ed., Madrid, Ed. Revista de Derecho Privado, 1994, T. XXV,

V. II en las págs. 30-32; G. Borda, Tratado de Derecho Civil, 4ta ed.

rev., Buenos Aires, Ed. Perrot, 1976, T. II, V. V, en las págs. 107108; J. Garrigues y Díaz Cabañete, Dictámenes de Derecho Mercantil, 1ra

ed., Madrid, Ed. Imprenta Aguirre, 1976, V. II, en la pág. 843; J. M.

Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed. rev.,

Madrid, Ed. Reus, 1973, T.XII, en las págs. 1038-1040; y E. Vázquez

Bote, Derecho Civil de Puerto Rico, 1ra ed., San Juan, Ed. FAS, 1972,

T. I, Vol. II, en las págs. 542-543; E. Langle Rubio, Manual de Derecho

Mercantil Español, 1ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1959, T. III, pág.

119.

CC-2017-0315

19

B. Wall Dart, Civil Code of the State of Louisiana: Revision

of 1870, 2da ed., Indianapolis, Ed. The Bobbs-Merrill, 1945,

V. II, pág. 895.

De

otra

parte,

el

Art.

3471

del

Código

Civil

de

Luisiana establece que “[a] juridical act purporting to

exclude prescription, to specify a longer period than that

established

by

law,

prescription

more

or

to

onerous,

make

is

the

null.”

requirements

of

Conforme

las

a

precitadas disposiciones, la Corte Suprema de Luisiana ha

concluido

que

la

prohibición

a

la

renuncia

de

la

prescripción futura es una regla de orden público, por lo

cual no se puede sustituir el plazo prescriptivo mediante

acuerdo. E.L. Burns Co. Inc, v. Cashio, 302 So.2d 297

(1974).

Véanse,

además,

Taranto

v.

Louisiana

Citizens

Property Ins. Corp., 2010-0105 (La. 3/15/11), 62 So. 3d 721

(2011); Nabors Oil & Gas Co. v. Louisiana Oil Refining Co.,

151 La.361, 91 So. 765 (1922).8

En fin, como se ha expuesto, en nuestro ordenamiento

jurídico

se

han

instituido

determinados

mecanismos

a

disposición del titular de un derecho que se ha lesionado.

De igual modo, los tratadistas franceses -- comentando un precepto

similar del Código Civil de aquel país -- expresan equivalente criterio.

Así, la prescripción no se puede derogar por convenciones particulares.

F. Laurent, Principios de Derecho Civil Francés, 1ra ed., Puebla, Ed.

Barroso, Hermano y Comp., 1900, T. XXXII, pág. 208. Igualmente, indican

que la prohibición por adelantado a la prescripción futura es

consecuencia del carácter de orden público de tal instituto. A. Colin

& H. Capitant, Curso Elemental de Derecho Civil, 4ta ed. rev., Madrid,

Ed. Reus, 1960, T. III, pág. 262. Además, si fuese válida la renuncia

a la prescripción, ésta sólo sería un medio ilusorio para mantener el

orden público. Íd. Ello sería así, toda vez que aquellos en cuyo

beneficio pudiera establecerse esta obligación no dejarían de exigir

su renuncia. Íd.

8

CC-2017-0315

Sin

20

embargo,

el

propio

ordenamiento

establece

la

advertencia de que estos mecanismos no son eternos y están

sujetos a la necesidad de instaurar un límite de tiempo al

ejercicio de estos. Así, mediante la institución de la

prescripción se busca apuntalar la seguridad jurídica al

fijar un límite objetivo en el cual se pueden ejercer las

pretensiones jurídicas. En definitiva, todo lo anterior

responde a la necesidad de mantener la paz social y el orden

público.

Éstos

inspiración

son

al

los

fundamentos

legislador

cuando

que

sirvieron

de

se

codificó

una

prohibición de renunciar a prescribir para lo sucesivo en

el artículo 1838 de nuestro Código Civil, supra.9

IV.

Por

último,

controversia

que

y

nos

por

ser

también

pertinente

a

la

ocupa,

conviene

recordar

que

la

hipoteca es “un derecho real, de naturaleza accesoria e

indivisible y de constitución registral”. Distribuidores

Unidos de Gas de Puerto Rico, Inc. v. Sucesión Declet

9

Habida cuenta de que la prescripción es un instituto propio del Derecho

Civil, hemos fundamentado nuestro análisis en la doctrina y en la

jurisprudencia persuasiva aplicable. No obstante, bajo la figura

análoga de la prescripción en el common law -- el statute of limitations

-- es posible alcanzar igual resultado. Ello es así, dado que, son

múltiples las jurisdicciones estadounidenses que han considerado

ineficaz la renuncia a las normas legales de prescripción. Por ser los

referidos preceptos, unos de orden público. Véase, por ejemplo, Ross

v. Ross, 96 Ariz. 249, 393 P2d 933 (1964); Forbach v. Steinfeld, 34

Ariz. 519, 273 P. 6 (1928); Van Diest v. Towle, 116 Colo. 204, 179 P2d.

984 (1947); Fist Nat’l Banl v. Mock, 70 Colo. 517, 203 P. 272 (1921).

En particular, en Kassner & Co. v. City of New York, 46 N.Y.2d 544

(1979), la Corte Suprema del estado de Nueva York, en lo pertinente,

expresó: “[i]f the agreement to ‘waive’ or extend the Statute of

Limitations is made at the inception of liability it is unenforceable

because a party cannot in advance, make a valid promise that a statute

founded in public policy shall be inoperative”. (Citas internas

omitidas).

CC-2017-0315

21

Jiménez, 196 DPR 96 (2016); Westernbank v. Registradora,

supra. Véase, además, L. R. Rivera Rivera, Derecho registral

inmobiliario puertorriqueño, 3ra. ed., San Juan, Jurídica

Editores, 2012, pág. 485. En particular, el Art. 1774 del

Código

Civil,

indispensable,

31

LPRA

sec.

5042,

establece

para

que

la

hipoteca

quede

que

“es

válidamente

constituida, que el documento en que se constituya sea

inscrito en el registro de la propiedad”. Así, pues, hemos

resuelto que una escritura de hipoteca no inscrita carece

de existencia jurídica como derecho real. S.J. Credit, Inc.

v. Ramírez, 113 DPR 181 (1982); Gaztambide v. Sucn. Ortiz,

70 DPR 412 (1949); Beiró v. Vázquez, 52 DPR 601 (1938).

Véanse, además, J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho

Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1974, T. III, pág. 61; J. L.

Lacruz

Berdejo

y

F.

A.

Sancho

Rebullida,

Derecho

Inmobiliario Registral, Barcelona, Ed. Bosch, 1968, pág.

131.

De conformidad con lo anterior, en Rosario Pérez v.

Registrador, 115 DPR 491 (1984), indicamos que “la garantía

de un crédito personal no se constituye en garantía real - hipoteca -- hasta que es inscrita en el Registro”. Ello

se

debe

a

que

es

mediante

la

inscripción,

como

acto

constitutivo, que “la garantía produce efectos reales y

adviene eficacia erga omnes al ámbito de los derechos reales

[…]”.

Rivera

Rivera,

op.

cit.,

pág.

487.

Obsérvese

igualmente, que el requisito de inscripción también está

CC-2017-0315

22

contenido en la legislación hipotecaria. Así, el Art. 188

de la Ley Hipotecaria, Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979,

30 LPRA sec. 2605 (ed. 2005), -- vigente al momento de los

hechos del caso de autos --, como también el actual Art. 57

de la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley 210-2015, 30 LPRA

sec. 6084, establecen la inscripción de la escritura pública

donde se consignó dicho negocio jurídico como requisito

para la constitución de la hipoteca.

Es

decir,

“[l]a

hipoteca

no

es

un

derecho

independiente, o sea, con existencia propia, sino que vive

al servicio de un crédito […]”. R. M. Roca Sastre, Derecho

Hipotecario, Barcelona, Ed. Bosch, 2007, T. VIII, pág. 97.

La hipoteca constituye un derecho accesorio al pagaré que

nace y muere con éste. Íd.

Siendo ello así, al atribuírsele

al crédito la cualidad de elemento principal de la relación

jurídica. Íd. De este modo, nuestro ordenamiento sigue la

orientación del criterio romano, en el cual la hipoteca

subsiste mientras el crédito garantizado existe y no a la

inversa. Íd.

Recordemos

Tribunal

en

que,

conforme

Westernbank

v.

a

lo

resuelto

Registradora,

por

este

supra,

en

escenarios donde se está ante un pagaré al portador con

garantía hipotecaria debidamente inscrita en el Registro de

la

Propiedad,

los

términos

prescriptivos

son

aquellos

aplicables a la acción hipotecaria. Allí expresamos que el

CC-2017-0315

23

término prescriptivo para exigir el cumplimiento de un

pagaré hipotecario vencedero a la presentación “es el de la

acción hipotecaria”. Lo mismo sostenía, dicho sea de paso,

la Ley Hipotecaria de 1979 en su Art. 180 (“La acción

hipotecaria prescribirá a los veinte (20) años contados

desde

que

pueda

inscrito”.).

El

ser

ejercitada

día

que

se

con

arreglo

al

título

pueda

instar

la

acción

hipotecaria se refiere “al momento del vencimiento del

crédito según se consignó en el título”. Soto Solá v.

Registradora,

189

DPR

653,

666

(2013);

Westernbank

v.

Registradora, supra. Véanse, además, Arts. 119, 120 y 121

de la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria, Ley

Núm. 2010-2015.

Expuesta la normativa aplicable, procedemos, pues, a

disponer de las controversias ante nos.

V.

A.

Como mencionamos al comienzo de nuestro escrito, el

presente

caso

nos

plantea

resolver

la

validez

de

una

cláusula de renuncia a las normas legales de prescripción

incluida en el contrato bajo estudio. En específico, debemos

solucionar

si,

como

consecuencia

de

este

acuerdo

contractual, una acción con término prescriptivo fijado en

ley puede convertirse -- mediante la voluntad de las partes

--

en

una

acción

imprescriptible.

interrogante en la negativa.

Contestamos

dicha

CC-2017-0315

24

Y es que, como ha quedado claramente evidenciado, según

el Art. 1838 de nuestro Código Civil y la mejor doctrina

que lo interpreta, una disposición contractual, en la cual

las

partes

contratantes

renuncian

a

los

plazos

prescriptivos fijados en ley para lo sucesivo, es una

ineficaz.10 Sobre ello no albergamos duda. Se cometió, pues,

el error señalado.

B.

Resuelta

la

controversia

sobre

la

renuncia

a

los

estatutos prescriptivos, nos resta examinar si a la luz de

los plazos legales de prescripción procede o no la moción

de desestimación por prescripción presentada por el señor

Roldán Morales ante el Tribunal de Primera Instancia.

Recordarán que, en el presente caso, el matrimonio

Roldán Rodríguez otorgó una escritura para constituir una

hipoteca en garantía de un pagaré previamente suscrito. Al

momento de presentarse la demanda, dicha escritura pública

no gozaba de inscripción por el Registro de la Propiedad,

por lo que ésta no alcanzó a perfeccionar jurídicamente el

derecho real de hipoteca.11

En esta ocasión, no nos estamos expresando sobre otros tipos de

acuerdo que modifican las disposiciones legales de prescripción –- los

cuales no están en controversia en el presente auto –-.

10

Es menester señalar que, a pesar de que al momento de presentarse la

demanda esa escritura pública aún no estaba formalmente inscrita, sí

quedó demostrado que existía un asiento de presentación para la misma.

Esa realidad podría posibilitar, de plantearse en su día, una acción

hipotecaria si se acredita al tribunal que el instrumento presentado

fue inscrito posteriormente. Recordemos que cuando una escritura de

hipoteca es debidamente inscrita, los efectos de su inscripción se

retrotraen a la fecha de presentación en el Registro de la Propiedad.

Gasolinas P.R. v. Registrador, 155 DPR 652 (2001).

11

CC-2017-0315

25

Ahora bien, de las alegaciones de las partes ante el

Tribunal de Primera Instancia no se desprende la fecha en

que se presentó para su cobro el consabido instrumento. Por

tanto, no hemos advenido en conocimiento de la fecha exacta

en la que debió iniciar el término prescriptivo. A falta de

este dato esencial, las partes no nos han puesto en posición

de determinar si ha transcurrido o no el plazo prescriptivo

fijado en ley.

Corresponde devolver el caso al foro primario para

dilucidar tan importante hecho. Una vez dilucidado, le

corresponde a dicho foro determinar si procede o no la

moción de desestimación por prescripción presentada por el

señor Roldán Morales.

VI.

Así las cosas, aunque por fundamentos distintos, se

confirma la determinación del Tribunal de Apelaciones. Se

devuelve el caso al foro de instancia para que proceda de

conformidad con lo antes expuesto. En particular, para que

determine la fecha en que se presentó para su cobro el

instrumento negociable y, en consecuencia, si la demanda

estaba prescrita o no.

Se emitirá sentencia de conformidad.

Ángel Colón Pérez

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Gustavo E. Haedo Castro, su

esposa Noemí López Basearrechea

y la Soc. Legal de Gananciales

compuesta por ambos Representado

por Vidal Pérez Cotto

Recurridos

v.

CC-2017-315

Certiorari

Aníbal Roldán Morales, su

Esposa Carmen Luisa Rodríguez

Roldán, y la Sociedad Legal de

Gananciales compuesta por ambos

Peticionarios

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico a 17 de septiembre de 2019.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte de la presente

Sentencia, se confirma la determinación del Tribunal

de Apelaciones. Se devuelve el caso al foro de

instancia para que proceda de conformidad con lo antes

expuesto. En particular, para que determine la fecha

en que se presentó para su cobro el instrumento

negociable y, en consecuencia, si la demanda estaba

prescrita o no.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica

el Secretario del Tribunal Supremo. La Juez Asociada

señora Rodríguez Rodríguez concurre con el resultado

y hace constar la siguiente expresión:

La Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez concurre con el resultado, puesto

que

entiende

que

no

procedía

la

desestimación del pleito y que lo correcto

en Derecho es devolver el caso al Tribunal

de Primera Instancia para la continuación de

los procedimientos. Si bien las expresiones

de este Tribunal relacionadas con la

invalidez de las cláusulas de

renuncia a

los términos prescriptivos conforme a l

CC-2017-0315

2

dispuesto en el Art. 1838 del Código Civil, se

ajustan a Derecho, los señalamientos de error de

los peticionarios se ciñen al transcurso de los

términos prescriptivos y no a la interpretación

que hiciera de dichas cláusulas el Tribunal de

Apelaciones, toda vez que el foro primario

meramente declaró no ha lugar la solicitud de

desestimación sin expresión alguna.

Tratándose de un pagaré al portador

vencedero a la presentación para el cual se

desconoce la fecha en la que se exigió su pago

le corresponde al foro primario evaluar la

evidencia pertinente a ese hecho medular.

Asimismo, y en virtud de que -en esta etapa de

los procedimientos- el referido pagaré aparenta

no

estar

garantizado

por

una

hipoteca

debidamente inscrita en el Registro de la

Propiedad, pues solo se indica que fue

presentada, este Tribunal no está en posición de

especular sobre los términos prescriptivos

aplicables a los distintos reclamos que originan

este pleito. En todo caso, corresponderá al

Tribunal de Primera Instancia examinar la

procedencia de una acción hipotecaria conforme

a la evidencia que presenten las partes en torno

a la configuración y existencia de ese derecho

real.

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez no interviene. El Juez

Asociado señor Rivera García no intervino.

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo