Tribunal Supremo de Puerto Rico
Roig Pou y otros v. Registro Demográfico de Puerto Rico
2019 TSPR 181
Poder Judicial de Puerto Rico
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Roig Pou y otros v. Registro Demográfico de Puerto Rico
CC-2018-637
Sentencia del Tribunal con Opiniones de Conformidad
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Rafael L. Roig Pou y otros
Ex parte
Peticionarios
Certiorari
2019 TSPR 181
v.
203 DPR ____
Registro Demográfico de
Puerto Rico
Agencia Recurrida
Número del Caso:
CC-2018-0637
Fecha: 20 septiembre de 2019
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón – Carolina, Panel VII
Abogado de la parte peticionaria:
Lcdo. Diego J. Loinaz Martín
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Isaías Sánchez Báez
Procurador General
Lcdo. Pedro A. Vázquez Montijo
Subprocurador General
Lcda. Miriam Álvarez Archilla
Procuradora General Auxiliar
Materia: Sentencia con Opiniones de Conformidad
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Rafael L. Roig Pou y otros
Ex parte
Peticionarios
CC-2018-0637
Certiorari
v.
Registro Demográfico de
Puerto Rico
Agencia Recurrida
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 20 de septiembre de 2019.
Examinada la petición de certiorari, presentada en el
caso de epígrafe, se expide el auto solicitado y se dicta
Sentencia mediante la cual revocamos la Resolución del
Tribunal de Apelaciones emitida el 13 de junio de 2018,
notificada el 14 de junio de 2018.
En
consecuencia,
autorizamos
la
solicitud
de
modificación de apellidos presentada por el Sr. Rafael Luis
Roig Pou y la Sra. Ana Servanda Moyka Fleytas. Ordenamos al
Registro Demográfico de Puerto Rico a interponer un guion
entre los apellidos paterno y materno de los menores Carlos
Daniel Roig Moyka y Rafael Andrés Roig Moyka, de modo que lean
“Carlos Daniel Roig-Moyka” y “Rafael Andrés Roig-Moyka”,
respectivamente. Además, autorizamos a que se expidan sus
certificados de nacimiento conforme a la modificación
anterior.
Notifíquese inmediatamente.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió
una Opinión de Conformidad. El Juez Asociado señor Martínez
Torres emitió una Opinión de Conformidad a la cual se unieron
la Jueza Asociada señora Pabón Charneco y el Juez Asociado
señor Feliberti Cintrón. El Juez Asociado señor Estrella
Martínez emitió una Opinión de Conformidad a la cual
se unieron la Jueza Presidenta Oronoz Rodríg uez,la
CC-2018-0637
2
Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez y el Juez Asociado señor
Colón Pérez.
José Ignacio Campos Pérez
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Rafael L. Roig Pou y otros
Ex parte
Peticionarios
v.
Registro
Rico
CC-2018-0637
Demográfico
de
Puerto
Agencia Recurrida
La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió una Opinión de conformidad.
En San Juan, Puerto Rico, a 20 de septiembre de 2019.
Hoy rechazamos una interpretación del Art. 31 de
la Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico, infra,
que imposibilitaba que unos padres unieran mediante un
guion los apellidos paterno y materno de sus hijos.
Estoy conforme con esta determinación. Sin embargo, me
expreso por separado pues este Tribunal debió, además,
atender el planteamiento constitucional que adujeron
los peticionarios, a saber: que su derecho fundamental
a la intimidad impedía que el Estado regulara el nombre
y apellido que dieron a sus hijos pues no existía un
interés gubernamental apremiante que lo autorizara. A
continuación, detallo los hechos que dieron lugar a
este caso.
CC-2018-0637
2
I
En junio de 2017, los esposos Rafael Luis Roig Pou y Ana
Servanda
Moyka
presentaron
una
Fleyta
(los
petición
esposos
ante
el
o
peticionarios)
Tribunal
de
Primera
Instancia para solicitar que se les permitiera modificar los
apellidos de sus hijos menores de edad de forma que el
apellido paterno “Roig” y el apellido materno “Moyka” se
unieran mediante un guion para formar un solo apellido: “RoigMoyka”.
Lo
anterior,
al
amparo
del
procedimiento
que
instituye el Art. 31 de la Ley del Registro Demográfico de
Puerto Rico, Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931, 24 LPRA
sec. 1231, para cambiar, adicionar o modificar un nombre o
apellido. En lo pertinente, este dispone:
El cambio, adición o modificación de nombre o
apellido sólo podrá hacerse a instancia del
interesado, quien deberá presentar ante cualquier
Sala del Tribunal de Distrito la oportuna
solicitud, expresando bajo juramento los motivos de
su pretensión, acompañada de la prueba documental
pertinente en apoyo de su solicitud. Copia de la
solicitud y de toda la prueba documental le será
remitida al Ministerio Fiscal simultáneamente con
su radicación.
Transcurridos diez (10) días desde la remisión y
notificación al Ministerio Fiscal, sin que éste
haya formulado objeción alguna, el tribunal
entenderá y resolverá los méritos de la petición
sin necesidad de celebrar vista o discrecionalmente
podrá celebrar vista de estimarlo procedente y
dictará el auto que proceda. El auto en que se
autorice el cambio, adición o modificación de
nombre o apellido se inscribirá en el antiguo
Registro Civil mediante anotación extendida al
margen de la inscripción de nacimiento del
interesado y al margen de la partida de su
matrimonio. El cambio, adición o modificación de
nombre o apellido se verificará en el Registro
General Demográfico tachando en el certificado de
nacimiento y en la certificación de la celebración
del matrimonio del interesado el nombre o apellido
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3
sustituido y consignando el nuevo nombre o apellido
autorizado por el tribunal. Las tachaduras se harán
de modo que siempre pueda leerse el nombre o
apellido suprimido.1
Como se aprecia, esta disposición recoge los requisitos
para solicitar un cambio de nombre o apellido en nuestra
jurisdicción. Estos son: (1) que el cambio lo solicite la
parte interesada; (2) que presente la solicitud en un Tribunal
de Primera Instancia; (3) que en esa solicitud se expresen
bajo juramento los motivos en los que se funda, y (4) que
someta para el examen del tribunal aquella prueba documental
que resulte pertinente y apoye su solicitud. Íd.
Aunque
los
esposos
cumplieron
cabalmente
con
estos
requisitos,2 el Registro se opuso. Primero, arguyó que la Ley
del
Registro
Demográfico,
supra,
no
autoriza
cambios
a
nombres o apellidos salvo en circunstancias excepcionales.3 A
esos efectos, enumeró aquellas circunstancias que, en su
opinión, permitirían el cambio. Entre estas, identificó la
acción
de
impugnación
procedimientos
de
únicamente
corregir
a
de
adopción
paternidad
y
errores
las
en
o
maternidad,
solicitudes
las
los
dirigidas
constancias
del
Registro.4
En segundo lugar, el Registro planteó que aceptar la
modificación que solicitaron los padres implicaría crear un
nuevo apellido, lo cual “rompe todo tracto exacto y perfecto
Art. 31 de la Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico, Ley Núm. 24
de 22 de abril de 1931, 24 LPRA sec. 1231, según enmendada.
2 Petición, Apéndice, pág. 44; Moción de Errata y Solicitud de Enmienda a
Petición, Apéndice, pág. 72.
3 Moción Informativa, Apéndice, págs. 68-69.
4 Íd., pág. 69.
1
CC-2018-0637
4
que deben tener los asientos registrales”, ya que en el
certificado
de
nacimiento
de
los
menores
constaría
un
apellido “totalmente diferente al de sus padres”.5 El Registro
añadió que, de autorizarse la modificación, no sabría si
ubicar el “nuevo apellido” en el encasillado paterno o materno
del formulario.6 Incluso, el Registro alegó que la solicitud
debería denegarse puesto que “la Ley del Registro Demográfico
no reconoce o menciona el uso de símbolos o caracteres […] en
la creación de nombres o apellidos” y que lo contrario
redundaría en la inscripción de “nombres extravagantes”, lo
cual está expresamente prohibido por el Art. 19 de la Ley del
Registro Demográfico, 24 LPRA sec. 1133.7 Cabe destacar que –
bajo
la
facultad
que
le
concede
el
Art.
31,
supra–
el
Ministerio Público compareció en apoyo del Registro.8
Así,
el
Tribunal
de
Primera
Instancia
acogió
los
argumentos que esbozó el Registro y denegó la Petición.
Inconformes,
los
peticionarios
acudieron
al
Tribunal
de
Apelaciones mediante una petición de certiorari, pero este
se negó
una
a
expedir
solicitud
de
el
recurso.
Posteriormente,
reconsideración.
Finalmente,
denegó
los
esposos recurrieron ante este Tribunal y, en reconsideración,
Moción Informativa, Apéndice, pág. 70.
Íd.
7 Réplica a Moción de Errata y Solicitud de Enmienda a Petición, Apéndice,
pág. 77. Posteriormente, en una comparecencia ante este Tribunal, el
Registro indicó que su posición se fundamenta en el imperativo de “no
acceder a peticiones frívolas ni caprichosas, sobre cambios en el Registro
Demográfico”. Escrito Mostrando Causa, pág. 7.
8 Moción Informativa, Apéndice, pág. 132 (“El Ministerio Público coincide
con lo expresado por la Asesora Legal del Registro Demográfico […]. Lo
solicitado por la parte Peticionaria constituiría la creación de un nuevo
apellido compuesto, del cual no hay un tracto registral”.).
5
6
CC-2018-0637
5
expedimos el recurso de certiorari que presentaron.
II
Con sabiduría, este Tribunal -de manera unánime, aunque
por fundamentos distintos- siguió el único curso de acción
que autoriza el Derecho: revocar la Resolución que emitió el
Tribunal
de
Apelaciones
y
permitir
que
se
modifique
el
apellido de dos menores según lo solicitaron sus padres.
No cabe duda de que el Registro y los foros recurridos
añadieron requisitos para modificar un nombre o apellido que
el Art. 31 de la Ley del Registro Demográfico, supra, no
contempla. Debe quedar claro que una solicitud de cambio de
nombre o apellido no está supeditada a que exista un error en
el
Registro
o
que
esté
presente
alguna
circunstancia
“excepcional”, como dictaminó el foro primario. Reitero, el
estatuto no lo exige.9
Ahora bien, distinto al parecer de varios miembros de
esta
Curia,
la
negativa
de
los
tribunales
recurridos
a
autorizar el cambio de apellido no se circunscribió a una
interpretación errada, y por demás restrictiva, del Art. 31
la Ley del Registro Demográfico, supra. Una lectura de la
posición del Registro permite identificar argumentos que
atañen
a
aspectos
prácticos
y
operacionales
sobre
el
funcionamiento del Registro Demográfico. En vista de que el
“El Juez es un intérprete, y no un creador. Su facultad de interpretación
adquiere relevancia cuando del estatuto surgen varios significados
probables que suministran un margen adecuado para selección judicial,
pero si el lenguaje es tan inequívoco que postula un solo significado, un
sentido cabal de humildad y autodisciplina judicial requiere la aplicación
de la voluntad legislativa”. Clínica Juliá v. Sec. de Hacienda, 76 DPR
509, 521 (1954).
9
CC-2018-0637
6
estatuto autoriza al Estado a levantar objeciones de tal
naturaleza,10
procedía
que
este
Tribunal
atendiera
los
planteamientos del Estado de manera cabal y definitiva.
Precisaba examinar, por ejemplo, interrogantes como:
¿Hasta qué punto el Estado puede regular, limitar o prohibir
los nombres y apellidos que los padres dan a sus hijos? ¿Es
suficiente con que el Estado aduzca consideraciones prácticas
o de funcionamiento operacional para sostener una denegatoria
de cambio de nombre o apellido? ¿Puede el Estado denegar una
petición de cambio de nombre o apellido por entender que es
“frívola” o “caprichosa”, o por entender que resultaría en un
“nombre extravagante”?
Nuestra Constitución, en su Artículo II, sección 8, nos
ofrece dirección para atender tales interrogantes. Dispone
que “[t]oda persona tiene derecho a protección de ley contra
ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida
privada o familiar”. Const. ELA, Art. II, sec. 8.11 Resolvimos
al respecto, que el derecho a la intimidad es uno fundamental
que, en esta jurisdicción, aplica ex proprio vigore, por lo
que no se requiere legislación para exigir su cumplimiento.
“Transcurridos (10) días desde la remisión y notificación, sin que [el
Ministerio Público] haya formulado objeción alguna, el tribunal entenderá
y resolverá los méritos de la petición sin necesidad de celebrar vista
[…]”. Art. 31, supra.
11 El Tribunal Supremo federal reconoce, además, que existe un derecho
constitucional fundamental a la intimidad, aunque al amparo del debido
proceso de ley sustantivo. Véase Planned Parenthood of Southeastern Pa.
v. Casey, 505 US 833, 851 (1992) (“These matters, involving the most
intimate and personal choices a person may make in a lifetime, choices
central to personal dignity and autonomy, are central to the liberty
protected by the Fourteenth Amendment. At the heart of liberty is the
right to define one’s own concept of existence, of meaning, of the
universe, and of the mystery of human life. Beliefs about these matters
could not define the attributes of personhood were they formed under
compulsion of the State.”) (Énfasis suplido).
10
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7
P.R. Tel. Co. v. Martínez, 114 DPR 328 (1983). En apego a la
disposición
Tribunal
constitucional,
Supremo
constitucional
a
federal,
la
este
Tribunal,
reconocen
intimidad
prohíbe
que
que
así
como
el
el
el
derecho
Estado
se
inmiscuya en las decisiones que toman los padres sobre la
crianza de sus hijos en ausencia de un interés gubernamental
apremiante. Rexach v. Ramírez Vélez, 162 DPR 130 (2004);
Troxel v. Granville, 530 U.S. 57 (2000); Pierce v. Society of
Sisters, 268 U.S. 510 (1925); Meyer v. Nebraska, 262 U.S. 390
(1923). Al respecto, expresamos:
En la sociedad democrática organizada alrededor de
los derechos fundamentales del hombre, el Estado ha
de reducir a un mínimo su intervención con
sensitivas urdimbres emocionales como lo son las
relaciones de familia. La intromisión en la vida
privada sólo ha de tolerarse cuando así lo
requieran factores superantes de salud y seguridad
públicas o el derecho a la vida y a la felicidad
del ser humano afectado.12
Sin duda, seleccionar el nombre de sus hijos es una
decisión trascendental para todo padre o madre,13 y está
ligada entrañablemente al proceso de crianza y formación de
estos. Henne v. Wright, 904 F.2d 1208, 1217 (8th Cir. 1990)
(C.J. Arnold, opinión concurrente en parte y disidente en
parte) (“The right to name one’s child seems to me, if
anything, more personal and intimate, less likely to affect
people outside the family, than the right to send the child
García Santiago v. Acosta, 104 DPR 321, 324 (1975).
Véase Carlton F.W. Larson, Naming Baby: The Constitutional Dimensions
of Parental Naming Rights, 80 Geo. Wash. L. Rev. 159, 161–62 (2011) (“The
importance of this legal regime can scarcely be overstated: the selection
of a child's name, which he or she will likely bear for the rest of his
or her life, is one of the most significant decisions parents will ever
make.”).
12
13
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8
to a private school, Pierce v. Society of Sisters, 268 U.S.
510, 45 S.Ct. 571, 69 L.Ed. 1070 (1925), or to have the child
learn German, Meyer v. Nebraska, 262 U.S. 390, 43 S.Ct. 625,
67 L.Ed. 1042 (1923).”).14 Por tanto, el Registro se equivoca
cuando afirma que “[c]laramente el nombre y apellidos de una
persona es lo menos íntimo que puede tener”.15 La constancia
de un nombre y un apellido como un dato público no descarta
que su selección constituye una decisión sumamente privada e
íntima que se toma en el seno familiar.
La falta de disponibilidad de encasillados en cierto
formulario, la opinión sobre el buen o mal gusto de cierta
combinación
de
apellidos,
o
asuntos
conveniencia
administrativa
o
funcionarios
del
son
Registro
modus
vinculados
operandi
argumentos
que
a
de
la
los
jamás
constituyen intereses apremiantes capaces de derrotar el
ejercicio de derechos fundamentales y las prerrogativas que
se derivan de ellos, como lo es la facultad de los padres a
escoger los nombres de sus hijos. Véase Carlton F.W. Larson,
Naming Baby: The Constitutional Dimensions of Parental Naming
Rights, 80 Geo. Wash. L. Rev. 159, 183 (2011) (“Justifications
based
on
administrative
convenience
and
bookkeeping
requirements will be unavailing under strict scrutiny.”).
Incluso, no debe descartarse que otros derechos constitucionales
fundamentales también estén implicados en la decisión de escoger el nombre
y apellidos de los hijos. “The question could well be analyzed as a First
Amendment issue. What I call myself or my child is an aspect of speech.
When the State says I cannot call my child what I want to call her, my
freedom of expression, both oral and written, is lessened”. Henne v.
Wright, 904 F.2d 1208, 1216 (8th Cir. 1990) (C.J. Arnold, opinión
concurrente en parte y disidente en parte). Véase Larson, supra,
pág. 181(“Naming a child […] is a deeply expressive act”).
15 Escrito Mostrando Causa, pág. 14.
14
CC-2018-0637
9
Este Tribunal, como cuestión de hecho, eximió al Estado
(Registro) de su obligación de demostrar que su intromisión
en el derecho fundamental de los padres promovía un interés
gubernamental
apremiante. Ello preocupa, pues
la Mayoría
sugiere que la procedencia de un cambio de nombre o apellido
descansa enteramente en la discreción del Juez que viene
llamado
a
sopesar
los
méritos
de
la
solicitud.
Tal
interpretación se aparta de la Constitución del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico y de la Constitución federal, las
cuales limitan significativamente el poder del Estado para
regular la facultad de los padres de escoger los nombres de
sus hijos.
En fin, sostengo que la deferencia que exige la regla de
autolimitación judicial “termina cuando se evidencia que el
Estado
quebrantó
la
Constitución”.
AMPR
v.
Sist.
Retiro
Maestros IV, 190 DPR 854, 878 (2014). Lo contrario supondría
una abdicación de nuestro deber elemental de salvaguardar los
derechos civiles de los ciudadanos frente al Estado. Íd.16
Hemos tomado otro camino, pero al hacerlo, permitimos que el
Estado
vulnere
un
derecho
fundamental
en
nuestro
ordenamiento: el derecho a la intimidad. Este Tribunal debió
inclinar la balanza hacia un curso de acción que protegiera
de frente, y sin ambages, este derecho. Perdimos una gran
oportunidad.
Maite D. Oronoz Rodríguez
Jueza Presidenta
No podemos perder de vista que la regla de autolimitación judicial que
se invoca para soslayar el análisis constitucional en este caso está
basada en criterios de prudencia, por lo que da margen al uso de discreción
por parte de los tribunales en circunstancias apropiadas.
16
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Rafael L. Roig Pou y otros
Ex parte
Peticionarios
v.
CC-2018-0637
Registro Demográfico de Puerto
Rico
Agencia Recurrida
Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ
TORRES a la cual se unieron la Jueza Asociada señora PABÓN CHARNECO y
el Juez Asociado señor FELIBERTI CINTRÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 20 de septiembre de 2019.
Un análisis estatutario de la Ley del Registro
Demográfico de Puerto Rico, Ley Núm. 24 de 22 de
abril de 1931, 24 LPRA sec. 1041 et seq., demuestra
que esta provee el proceso para el cambio de apellido
solicitado por la parte peticionaria. Por eso, estoy
conforme
con
revocar
mediante
sentencia
la
resolución del Tribunal de Apelaciones y ordenar el
cambio de apellido en el Registro Demográfico.
I
El Sr. Rafael Luis Roig Pou y la Sra. Ana
Servanda
Moyka
Fleytas
presentaron
una
petición
sobre ad perpetuam rei memoriam ante el Tribunal de
CC-2018-0637
Primera
2
Instancia,
con
el
propósito
de
modificar
los
apellidos de sus hijos. Se ampararon en el procedimiento
dispuesto por el Art. 31 de la Ley del Registro Demográfico,
supra, 24 LPRA sec. 1231. Solicitaron que se unieran mediante
un guion los apellidos paterno y materno de sus hijos.
El Registro Demográfico se opuso al cambio y el tribunal
declaró no ha lugar la petición. Entendió que la petición
sobre ad perpetuam rei memoriam no era la adecuada para el
cambio solicitado y que las constancias del Registro solo
podían
ser
enmendadas
a
manera
de
excepción.
El
foro
apelativo denegó revisar.
Una simple lectura del Art. 31 revela que este permite
tanto la corrección de errores en el certificado como el
cambio de nombres y apellidos a instancia de la persona
interesada. Para el cambio de nombres y apellidos, la ley no
requiere que existan circunstancias extraordinarias ni justa
causa.
Citaremos el artículo en toda su extensión para ilustrar
nuestro planteamiento:
El Secretario de Salud preparará, hará
imprimir y facilitará a los encargados de registros
todos los libros, impresos y formas que han de
usarse para inscribir los nacimientos, casamientos
y defunciones que ocurran o se celebren en el
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o que fueren
necesarios para llevar a cabo los propósitos de
esta parte, y preparará y distribuirá aquellas
instrucciones detalladas que no estén en conflicto
con las disposiciones de esta parte y que pudieran
ser necesarias para la aplicación uniforme de la
misma para el mantenimiento de un perfecto sistema
de registro; y para tales fines no podrán usarse
otros libros, impresos y formas que aquellos que
suministre
el
Secretario
de
Salud.
Dicho
Secretario hará que los certificados que se reciban
CC-2018-0637
mensualmente en su Departamento procedentes de los
encargados
de
registros
sean
examinados
cuidadosamente
y
requerirá
la
información
adicional que sea necesaria en aquellos que
aparezcan incompletos o defectuosos, para lo cual
toda persona que tenga conocimiento de hechos
concernientes a cualquier nacimiento, casamiento o
defunción, estará obligada a suministrar dicha
información, cuando a ello sea requerida por el
Secretario de Salud en persona o por medio de su
representante acreditado, por correo, o por
conducto
del
Registrador
del
distrito;
Disponiéndose, que las omisiones o incorrecciones
que aparezcan en cualquier certificado antes de
ser registrado en el Departamento de Salud podrán
ser salvadas insertando las correcciones o
adiciones necesarias en tinta roja en dicho
certificado, pero luego de haber sido archivado en
el Departamento de Salud, no podrá hacerse en los
mismos rectificación, adición ni enmienda alguna
que altere sustancialmente el mismo, sino en virtud
de orden del Tribunal de Distrito, cuya orden, en
tal caso, será archivada en el Departamento de
Salud haciendo referencia al certificado a que
corresponda; Disponiéndose, sin embargo, que
cuando el reconocimiento de un hijo natural se
hiciere en documento público o en una declaración
jurada bastará la presentación de dicho documento
o declaración para que el encargado del Registro
Demográfico proceda a inscribir el mismo, y a ese
efecto, se llenará el correspondiente certificado
de inscripción; Disponiéndose, además, que en caso
de que el nacimiento de tal hijo hubiera sido
previamente inscrito se llevará al certificado los
datos
adicionales
que
resulten
de
tal
reconocimiento.
Para obtener dicha orden deberá presentar el
interesado una solicitud a la Sala del Tribunal de
Distrito
de
su
domicilio,
exponiendo
bajo
juramento su pretensión y formulándola debidamente
acompañada de la prueba documental pertinente en
apoyo de su solicitud. Copia de la solicitud y de
toda la prueba documental le será remitida al
Ministerio
Fiscal
simultáneamente
con
su
radicación quien deberá formular su posición
dentro del término de diez (10) días.
Transcurridos diez (10) días desde la
remisión y notificación al Ministerio Fiscal sin
que éste haya formulado objeción alguna, el
tribunal entenderá y resolverá los méritos de la
petición sin necesidad de celebrar vista, o
discrecionalmente
podrá
celebrar
vista
de
estimarlo procedente y dictará el auto que proceda.
3
CC-2018-0637
4
El auto en que se autorice la rectificación o
enmienda de un asiento en el antiguo Registro Civil
se inscribirá mediante anotación extendida en
debida
forma
al
margen
de
la
inscripción
rectificada. La rectificación, adición o enmienda
de un certificado ya archivado en el Registro
General Demográfico se hará insertando en él las
correcciones, adiciones o enmiendas autorizadas
por el tribunal. Las tachaduras que fueren
necesarias se harán de modo que siempre se pueda
leer la palabra tachada.
El cambio, adición o modificación de nombre o
apellido sólo podrá hacerse a instancia del
interesado, quien deberá presentar ante cualquier
Sala del Tribunal de Distrito la oportuna
solicitud, expresando bajo juramento los motivos
de su pretensión, acompañada de la prueba
documental pertinente en apoyo de su solicitud.
Copia de la solicitud y de toda la prueba
documental le será remitida al Ministerio Fiscal
simultáneamente con su radicación.
Transcurridos diez (10) días desde la
remisión y notificación al Ministerio Fiscal, sin
que éste haya formulado objeción alguna, el
tribunal entenderá y resolverá los méritos de la
petición sin necesidad de celebrar vista o
discrecionalmente
podrá
celebrar
vista
de
estimarlo procedente y dictará el auto que proceda.
El auto en que se autorice el cambio, adición o
modificación de nombre o apellido se inscribirá en
el antiguo Registro Civil mediante anotación
extendida al margen de la inscripción de nacimiento
del interesado y al margen de la partida de su
matrimonio. El cambio, adición o modificación de
nombre o apellido se verificará en el Registro
General Demográfico tachando en el certificado de
nacimiento y en la certificación de la celebración
del matrimonio del interesado el nombre o apellido
sustituido y consignando el nuevo nombre o apellido
autorizado por el tribunal. Las tachaduras se harán
de modo que siempre pueda leerse el nombre o
apellido suprimido. Art. 31, 24 LPRA sec. 1231
(énfasis nuestro).
Cuando se aprobó la Ley del Registro Demográfico en
1931, el Art. 31 era, en esencia, lo que es ahora el primer
párrafo de dicho artículo, con excepción de la parte sobre
el reconocimiento de un hijo natural, que se añadió mediante
enmienda algunos años después. Ley Núm. 117 de 12 de mayo de
CC-2018-0637
5
1943, 1943 Leyes de Puerto Rico 349-351. El Art. 31 explicaba
las
funciones
mantener
del
los
entonces
registros
defunciones.
Además,
certificados
que
corregir,
pero
no
que
Comisionado
de
nacimientos,
establecía
habían
luego
de
sido
de
que
Sanidad
casamientos
los
errores
registrados
archivado
para
en
se
el
y
en
podían
Registro,
cualquier rectificación, adición o enmienda que alterara
sustancialmente el certificado, requería hacerse mediante
orden de un tribunal.
No existía un estatuto que autorizara el cambio de
nombres
o
apellidos.
Este
Tribunal
se
enfrentó
a
ese
obstáculo en 1946 cuando una señora solicitó el cambio de su
apellido mediante una información ad perpetuam rei memoriam.
Ex
Parte
Pérez
Hernández,
65
DPR
938
(1946).
Dijimos
entonces: “Ni en la Ley de Registro Civil de 1911, ni en la
Ley del Registro Demográfico de 1931 que vino a sustituirle,
ni en ninguna otra ley, se autoriza procedimiento alguno para
cambiar nombres o apellidos, en el registro civil de ayer o
en el registro demográfico de hoy”. Íd., pág. 942.
En aquel caso, se aprobó la información ad perpetuam
rei
memoriam
solicitada.
La
peticionaria
solo
quería
perpetuar el hecho de que siempre le habían conocido por
Romana Torres, y no por Romana Pérez. Ese hecho resultaba de
la prueba, y no había evidencia de que el cambio perjudicara
a
alguna
persona.
Sin
embargo,
comentamos
que
a
“la
Legislatura incumbe actuar para corregir lo que entendemos
es
un
defecto
en
nuestra
legislación.
Debe
existir
un
CC-2018-0637
6
procedimiento sencillo para autorizar o reconocer el cambio
de nombres y apellidos en casos adecuados, como existe en
los estados de la Unión americana, y como existía en Puerto
Rico bajo la soberanía española”. Íd., pág. 943.
En
1950,
preocupación
y
la
Asamblea
enmendó
la
ley
Legislativa
atendió
esta
para,
otras
cosas,
entre
“establecer el procedimiento para la rectificación, adición
o
enmienda
de
las
inscripciones”
y
para
“establecer
el
procedimiento para el cambio de nombre o apellido”. Ley Núm.
119 de 26 de abril de 1950, 1950 Leyes de Puerto Rico 305.
La enmienda al Art. 31 estableció un proceso para obtener la
orden del tribunal necesaria para la rectificación, adición
o enmienda de certificados ya registrados. Así, se aclaró la
parte de la ley que había creado confusiones en el pasado.17
También, la enmienda estableció un procedimiento para el
cambio, adición o modificación de apellidos. Es decir, la
En las Actas de la Cámara de Representantes, vemos el siguiente
comentario del representante Arcilio Alvarado al proyecto de ley que
luego se convirtió en la enmienda de 1950:
17
En Puerto Rico antes de que se resolviese por el Tribunal
Supremo el caso de Ex Parte Pérez se tramitaban en las cortes
de distrito unos expedientes de In (sic) Perpetuam Memoriam
para corregir errores de nombre en las personas y hacer que
se facilitara la expresión de la realidad en el Registro
Demográfico. El caso del Supremo produjo cierta confusión y
hace que sea difícil actualmente el trámite de los
procedimientos. Esos procedimientos se llevan a cabo
partiendo de disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil
Española y, aplicando esa Ley en forma técnica, es que el
Supremo ha resuelto que hay ciertas cosas que no se pueden
tramitar como se venían tramitando. Es conveniente y
necesario que haya un procedimiento oficialmente conocido,
del cual se pueda depender para hacer estas correcciones.
Este proyecto tiende a corregir esa situación estableciendo
el procedimiento. Si se aprueba, entonces sabremos qué es lo
que hay que hacer para corregir en el Registro Demográfico
una dificultad o un error de nombre en la persona. Actas de
la Cámara de Representantes, 17ma Asamblea Legislativa,
Segunda Sesión Ordinaria, 1950, pág. 643.
CC-2018-0637
7
enmienda de 1950 tuvo principalmente dos propósitos: (1)
establecer un proceso para la corrección de errores y (2)
establecer un proceso para cambio de nombre.
Más adelante, se enmendó nuevamente el Art. 31 para
“acelerar el trámite judicial en la obtención de autos,
providencias y decretos en casos ex parte de cambios y
modificaciones en los asientos y actas en los registros
demográficos”. Exposición de motivos, Ley Núm. 204 de 23 de
julio de 1974, 1974 (Parte 2) Leyes de Puerto Rico 110. La
enmienda le concedió un término de diez días al Ministerio
Fiscal para formular su posición respecto a los cambios
solicitados.
De
no
hacerlo,
se
dispuso
que
el
tribunal
procedería a resolver. El texto añadido por la enmienda se
escribió dos veces en el Art. 31, una vez luego del párrafo
que dispone el proceso para la corrección de errores y otra
vez luego del párrafo que dispone el proceso para cambios de
nombre y apellido. Ello abona a nuestra conclusión de que el
Art. 31 no se limita a la corrección de errores.
En este caso, el Tribunal de Apelaciones erró al evaluar
la solicitud del matrimonio Roig Pou y Moyka Fleytas como si
se tratase de la corrección de un error. El Art. 31 (en la
parte
que
hemos
enfatizado
en
negritas)
establece
un
procedimiento para solicitar el cambio de nombre y apellidos.
Se trata de un proceso bastante sencillo. En síntesis, la
parte interesada presenta su solicitud ante el Tribunal de
Primera Instancia, junto con los motivos de su pretensión.
Luego, el juez le concede un término al Ministerio Fiscal
CC-2018-0637
para
8
presentar
sus
objeciones,
si
alguna,
y
hecho
eso,
resuelve los méritos de la petición. Adviértase que los
últimos dos párrafos del Art. 31, que es la parte que nos
compete,
no
requieren
circunstancias
excepcionales
ni
justificación válida para realizar un cambio de nombre o
apellido. Por lo tanto, las objeciones del gobierno no pueden
ir dirigidas a que el tribunal prohíba lo que la ley permite
ni a exigir lo que la ley no requiere. Por eso, el campo de
discreción del tribunal para denegar la solicitud de cambio
de nombre o apellido es limitado.
II
Lo discutido anteriormente es suficiente para resolver
el caso mediante una sentencia sencilla, como hemos hecho.
Sin embargo, una minoría de este Tribunal opina que era
necesario
evaluar
controversia.
el
Los
ángulo
tribunales
constitucional
deben
evitar
de
la
cuestiones
constitucionales si el caso puede ser resuelto por otros
motivos. R. E. Bernier y J. A. Cuevas Segarra, Aprobación e
interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San
Juan,
Publicaciones
JTS,
1987,
págs.
328-329.
“Es
bien
conocida la norma de que los tribunales no deben abordar
planteamientos
de
índole
constitucional
cuando
se
puede
disponer del caso en armonía con los intereses del apelante
y en consonancia con los mejores fines de la justicia”.
Pueblo ex rel M.G.G., 99 DPR 925, 927 (1971).
CC-2018-0637
9
En Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 DPR 521,
540-541
(1993),
reiteramos
esa
norma
de
autolimitación
judicial, y dijimos que:
En Ashwander v. Valley Authority, 297 U.S.
288, 345 (1936), el Juez Brandeis sentó las pautas
adoptadas posteriormente por el propio Tribunal
Supremo federal para decidir si debe considerar o
no cuestiones constitucionales que le han sido
planteadas. Señaló:
“... The Court will not pass upon a
constitutional
question
although
properly presented by record, if there
is also present some other ground upon
which the case may be disposed of. This
rule has found most varied application.
Thus, if a case can be decided on either
of
two
grounds,
one
involving
a
constitutional question, the other a
question of statutory construction or
general law, the Court will decide only
the
latter.
Ashwander
v.
Valley
Authority, supra, pág. 347.
Nosotros hemos adoptado ésta y las demás
limitaciones señaladas en Ashwander v. Valley
Authority, supra. Molina v. C.R.U.V., 114 D.P.R.
295, 324 (1983); Vélez Ramírez v. Romero Barceló,
112 D.P.R. 716, 728 (1982); Esso Standard Oil v.
A.P.P.R., 95 D.P.R. 772, 783-784 (1968); E.L.A. v.
Aguayo, 80 D.P.R. 552, 596-598 (1958). En estos
casos hemos reiterado la norma de que los
tribunales no deben pasar juicio sobre la
constitucionalidad de las leyes cuando se puede
resolver el caso con arreglo a otros criterios y
fundamentos. Particularmente en Pacheco v. Srio.
Instrucción Pública, 108 D.P.R. 592, 601 (1979),
dijimos que los tribunales no entrarán a determinar
la validez constitucional de una ley si en el caso
existen otros planteamientos no constitucionales,
a base de los cuales se podría dictar sentencia.
En vista de esta clara y conocida doctrina
establecida sobre abstención judicial, una vez el
tribunal
de
instancia
decidió
varios
planteamientos jurídicos ordinarios a favor de la
Facultad, Inc., no había necesidad de dilucidar la
cuestión constitucional que le fuera planteada y
debió abstenerse de hacerlo.
CC-2018-0637
10
Este es otro caso donde aplica esa norma saludable de
autolimitación. El Art. 31, supra, atiende la controversia y
provee el remedio que aquí se solicita.
III
Como último señalamiento, vale mencionar que la parte
peticionaria identificó incorrectamente su petición como una
ad perpetuam rei memoriam. La información ad perpetuam cabe
para perpetuar cualquier hecho, con tal de que no resulte en
perjuicio a una persona cierta y determinada. Ex Parte Pérez,
supra, pág. 943. “Dentro de los estrechos límites de la
información ad perpetuam no cabe una orden disponiendo el
cambio de un nombre o apellido. Todo lo que cabe es una
providencia que disponga se perpetúe el testimonio”. Íd.,
pág. 941. Lo correcto, según el marco legal vigente, es
solicitar un cambio de nombre al amparo del Art. 31 de la
Ley del Registro Demográfico, supra. Sin embargo, el nombre
no hace la cosa. “Cualquier defecto en la denominación del
pleito o en la súplica del remedio, no será óbice para que
el tribunal conceda el remedio que proceda de acuerdo con
las alegaciones y la prueba”. Regla 71 de Procedimiento
Civil, 32 LPRA Ap. V.
La parte peticionaria hizo una petición válida al amparo
del Art. 31 y así debió considerarse. Procede declararla con
lugar
y
ordenar
el
cambio
de
apellido
en
el
Demográfico.
RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES
Juez Asociado
Registro
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Rafael L. Roig Pou y otros
Ex parte
Peticionarios
CC-2018-0637
Certiorari
v.
Registro Demográfico de
Puerto Rico
Agencia Recurrida
Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor
ESTRELLA MARTÍNEZ, a la cual se unen la Jueza Presidenta ORONOZ
RODRÍGUEZ, la Juez Asociada señora RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ y el
Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.
En San Juan, Puerto Rico, a 20 de septiembre de 2019.
En esta ocasión, corresponde a este Tribunal determinar si,
conforme a nuestro ordenamiento jurídico, procedía que los foros
recurridos denegaran la solicitud presentada por los padres de
unos menores de edad, quienes únicamente interesan consolidar
los apellidos de sus hijos mediante la inclusión de un guion
entre sus apellidos paterno y materno. Toda vez que este Foro
respondió en la negativa, estoy conforme con lo hoy dictaminado.
La importancia de este reclamo amerita exponer el cuadro
fáctico y procesal en el que se suscitó la controversia ante
nuestra consideración, así como el Derecho que gobierna la
misma.
CC-2018-0637
2
I
El 2 de junio de 2017, el Sr. Rafael Luis Roig Pou y la Sra.
Ana Servanda Moyka Fleytas (peticionarios o esposos Roig-Moyka)
presentaron una Petición sobre ad perpetuam rei memoriam ante
el
Tribunal
de
Primera
Instancia,
Sala
de
Bayamón.
Allí
informaron ser los padres de los menores Carlos Daniel Roig
Moyka y Rafael Andrés Roig Moyka, un par de gemelos que nacieron
en San Juan, Puerto Rico, el 25 de febrero de 2003. Amparados
en el procedimiento para el cambio, adición o modificación de
nombre o apellidos estatuido en el Artículo 31 de la Ley del
Registro Demográfico de Puerto Rico, infra, los peticionarios
manifestaron su deseo de consolidar los apellidos de sus hijos
mediante un guion entre éstos, de modo que leyeran “Carlos
Daniel Roig-Moyka” y “Rafael Andrés Roig-Moyka”.18
Sin embargo, el 28 de junio de 2017, el Registro Demográfico
de Puerto Rico (Registro Demográfico) se opuso a lo solicitado.
Según adujo, el mecanismo establecido en el Artículo 31
de la Ley del Registro Demográfico, infra,está disponible
exclusivamente
para
existir
certificado
en
un
corregir
los
de
errores
nacimiento.
que
puedan
Sobre
el
particular, el Registro Demográfico argumentó que acceder a lo
18Aunque
los esposos Roig-Moyka intitularon su petición
como una de ad perpetuam rei memoriam, lo que realmente
solicitaron fue la modificación de los apellidos de sus hijos
al amparo del Art. 31 de la Ley del Registro Demográfico, 24
LPRA sec. 1231. No obstante, ese error de modo alguno incide en
los méritos sustantivos de su pedido, pues, en nuestra
jurisdicción, es norma trillada que el nombre no hace la cosa.
Borschow Hosp. v. Jta. de Planificación, 177 DPR 545, 567
(2009); Meléndez Ortiz v. Valdejully, 120 DPR 1, 24 (1988);
Comisión Servicio Público v. Tribl. Superior, 78 DPR 239 (1955).
CC-2018-0637
3
solicitado por los peticionarios equivaldría a adscribirle un
lenguaje liberal y expansivo a la Ley del Registro Demográfico,
infra, que resultaría incompatible con lo resuelto por una
Mayoría de este Tribunal en Delgado, Ex parte, 165 DPR 170
(2005).
Por último, el Registro Demográfico argumentó que el cambio
peticionado daría al traste con las constancias registrales
existentes, pues entendía que el mismo presupondría la creación
de un nuevo apellido que resultaría distinto al de los esposos
Roig-Moyka. Sobre el particular, el Registro Demográfico expresó
que:
[L]o solicitado es usar la unión de dos apellidos
mediante símbolos o caracteres para crear uno nuevo
para el cual no se justifica procedencia alguna [.]
Aquí no hay un tracto registral del cual surja este
nuevo apellido. La creación de este nuevo apellido
rompe con todo tracto exacto y perfecto que deben
tener los asientos registrales. Estamos ante la
disyuntiva de saber si este nuevo apellido se
colocaría en el encasillado paterno o materno [.] Una
vez roto ese tracto [,] el mismo certificado de
nacimiento se contradeciría de su propia faz, esto
porque los menores constarían con un apellido
totalmente diferente al de sus padres.19
En respuesta, los peticionarios argumentaron que el procedimiento
dispuesto en el Artículo 31 de la Ley del Registro Demográfico, infra,
se puede invocar para tramitar,
aparte de cambios de naturaleza
correctiva, otros tipos de modificaciones, siempre que la alteración
solicitada no presuponga un cambio real y sustancial en las
constancias registrales. A tono con ello, arguyeron que la
unión del apellido paterno y materno de sus hijos por un guion
no constituía un cambio sustancial, pues de ninguna manera
19Moción
informativa, apéndice del certiorari, pág. 70.
CC-2018-0637
suprimía
la
4
información
que
ya
constaba
en
el
Registro
Demográfico.
Sin embargo, el 19 de diciembre de 2017, el Tribunal de
Primera Instancia denegó la solicitud de los esposos RoigMoyka. Aludiendo al texto del Artículo 31 de la Ley del
Registro Demográfico, infra, y lo resuelto en Delgado, Ex
parte, 165 DPR 170 (2005), el foro primario razonó que un
cambio, adición o modificación de un nombre o apellido debía
responder a la corrección de un error u otras circunstancias
excepcionales, y que los peticionarios no habían demostrado
tener una justificación válida para ello. Además, entendió que
el cambio solicitado redundaría en la creación de un nuevo
apellido, por lo que se trataba de un cambio sustancial que no
estaba permitido por ley.
Oportunamente,
reconsideración
los
del
esposos
dictamen.
Roig-Moyka
solicitaron
Entre
planteamientos,
sus
la
argumentaron que si bien en Delgado, Ex parte, supra, este
Tribunal
no
había
autorizado
el
cambio
de
sexo
en
un
certificado de nacimiento, sí permitió el cambio de nombre del
peticionario en dicho caso. Además, contrario a lo ocurrido en
Delgado, Ex parte, supra, arguyeron que la denegatoria del
cambio
de
apellido
solicitado
incidía
sobre
su
derecho
constitucional a la vida privada y familiar.20 Aun así, la
reconsideración fue denegada.
20Solicitud
pág. 90.
de reconsideración, apéndice del certiorari,
CC-2018-0637
5
Ante ese cuadro, los peticionarios presentaron un recurso
de
certiorari
ante
el
Tribunal
de
Apelaciones.
Allí
argumentaron que el foro primario erró al condicionar la
autorización del cambio solicitado a la existencia de una
circunstancia extraordinaria. Ello así, pues adujeron que tal
conclusión
no
encontraba
apoyo
estatutario,
ni
jurisprudencial. Luego de varios incidentes procesales, el 13
de junio de 2018, el foro intermedio denegó expedir el auto
solicitado.
Posteriormente,
los
peticionarios
solicitaron
reconsideración y trajeron a la consideración del Tribunal de
Apelaciones lo resuelto en abril de 2018 por la Corte de
Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico en
Arroyo González v. Rosselló Nevares, 305 F. Supp. 3d 327 (D.
PR 2018). Ello, a fin de invitar a dicho foro a tener presente
que las conclusiones de derecho elaboradas en Delgado, Ex
parte, supra, fueron el producto de un análisis estrictamente
estatutario bajo la Ley del Registro Demográfico, infra, y no
abordaron
un
ángulo
constitucional.21
El
foro
apelativo
intermedio no reconsideró.
21En
Arroyo-González v. Rosselló-Nevares, 305 F. Supp. 3d
327 (D. PR 2018), la Corte de Distrito de Estados Unidos para
el Distrito de Puerto Rico atendió una controversia relacionada
a la constitucionalidad de la prohibición de cambio de sexo en
el certificado de nacimiento de varios peticionarios. Ese foro
invalidó tal prohibición, disponiendo en parte que:
The Supreme Court recognizes that ‘a constitutional
right
to
privacy is now well established’. The
majority opinion in Delgado, Ex parte, 165 DPR 170
CC-2018-0637
De
ese
6
modo,
los
peticionarios
recurrieron
ante
este
Tribunal. Entre sus señalamientos, plantearon que los foros
inferiores erraron al razonar que la inclusión de un guion
entre
los
apellidos
de
sus
hijos
debía
responder
a
circunstancias extraordinarias. Además, argumentaron que estas
decisiones
se
abstrajeron
de
considerar
los
derechos
constitucionales invocados.
El 28 de enero de 2019, una Mayoría de este Tribunal expidió
en reconsideración el auto solicitado. Perfeccionado el mismo
y contando con la comparecencia de todas las partes, abordemos
el derecho aplicable a la presente controversia.
II
A.
La Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico, 24 LPRA sec.
1041
et
seq.,
Departamento
registrar,
de
creó
un
Salud
Registro
de
coleccionar,
Puerto
General
en
el
el
propósito
de
preservar,
enmendar
y
Rico
custodiar,
Demográfico
con
certificar hechos vitales de las personas que nacen en Puerto
Rico. 24 LPRA sec. 1042(1). De ese modo, se reconoce que su
finalidad es servir de instrumento de constatación para quienes
entran
en
contacto
con
las
personas
registradas.
Delgado, Ex parte, supra, pág. 187. Entre los expedientes
(2005), which defendants relied on in their opposition,
is limited to the statutory interpretation of the
Demographic Registry Law of Puerto Rico . . . and does
not supersede this fundamental constitutional right.
(Citas omitidas). Íd., pág. 332.
CC-2018-0637
7
vitales contemplados por esa ley se encuentran los certificados
de nacimiento. 24 LPRA sec. 1042(10).
Las controversias relacionadas al cambio de apellidos en
el
certificado
de
nacimiento,
si
bien
escasas,
han
sido
examinadas anteriormente por este Tribunal. En Ex Parte Pérez,
65 DPR 938 (1946), este Foro atendió el caso de la Sra. Romana
Pérez,
quien
solicitó
cambiar
su
apellido
inscrito
por
“Torres”. Ello así, pues a pesar de que su apellido paterno
inscrito coincidía con el de su padre “legítimo”, Luis Pérez,
ésta quería cambiar su apellido a “Torres”, que era por el
cual
la
conocían.
restrictivo
el
No
obstante,
tras
examinar
de
lenguaje
original
de
Ley
Registro
la
del
modo
Demográfico, supra, este Tribunal concluyó que en Puerto Rico
no existía un estatuto que autorizara el cambio de apellidos
en nuestros registros. Íd., pág. 942. De ese modo, reconocimos
que
incumbía
a
la
Asamblea
Legislativa
corregir
lo
que
catalogamos como “un defecto en nuestra legislación”, mediante
la promulgación de “un procedimiento sencillo para autorizar
o reconocer el cambio de nombres y apellidos”. Íd., pág. 943.
Eventualmente, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm.
119 de 26 de abril de 1950, en la cual se modificó el lenguaje
del Artículo 31 de la Ley del Registro Demográfico, 24 LPRA
sec. 1231, a los fines de instituir un procedimiento para
cambiar, adicionar o modificar un nombre o apellido, sujeto a
lo siguiente:
[E]l cambio, adición o modificación de nombre o
apellido
sólo
podrá
hacerse
a
instancia
del
interesado, quien deberá presentar ante cualquier
CC-2018-0637
8
Sala del Tribunal de Distrito la oportuna solicitud,
expresando
bajo
juramento
los
motivos
de
su
pretensión, acompañada de la prueba documental
pertinente en apoyo de su solicitud. Copia de la
solicitud y de toda la prueba documental le será
remitida al Ministerio Fiscal simultáneamente con su
radicación.
Transcurridos diez (10) días desde la remisión y
notificación al Ministerio Fiscal, sin que éste haya
formulado objeción alguna, el tribunal entenderá y
resolverá los méritos de la petición sin necesidad de
celebrar vista o discrecionalmente podrá celebrar
vista de estimarlo procedente y dictará el auto que
proceda. El auto en que se autorice el cambio, adición
o modificación de nombre o apellido se inscribirá en
el
antiguo
Registro
Civil
mediante
anotación
extendida al margen de la inscripción de nacimiento
del interesado y al margen de la partida de su
matrimonio. El cambio, adición o modificación de
nombre o apellido se verificará en el Registro General
Demográfico tachando en el certificado de nacimiento
y en la certificación de la celebración del matrimonio
del interesado el nombre o apellido sustituido y
consignando el nuevo nombre o apellido autorizado por
el tribunal. Las tachaduras se harán de modo que
siempre pueda leerse el nombre o apellido suprimido.
En lo que concierne a los aspectos de suficiencia de la
solicitud para el cambio, adición o modificación de un nombre
o apellido, surge del texto anterior que la parte interesada
debe
“[e]xpresa[r]
bajo
juramento
los
motivos
de
su
pretensión” y “acompaña[r] la prueba documental pertinente en
apoyo de su solicitud”. Íd. En ninguna parte del texto se
sujeta el procedimiento en cuestión a que exista -ni mucho
menos
se
demuestre-
una
circunstancia
excepcional.
Más
importante aún, el estatuto tampoco limita el uso de este
procedimiento exclusivamente a la corrección de errores en el
nombre
o
apellido.
Nuestros
resuelto lo contrario.
pronunciamientos
tampoco
han
CC-2018-0637
9
En Delgado, Ex parte, supra, una Mayoría de este Tribunal,
reconociendo la existencia del procedimiento para el cambio de
nombre autorizado por la Ley del Registro Demográfico, supra,
revocó la determinación del Tribunal de Apelaciones de dejar
sin efecto el cambio de nombre –de “Alexis” a “Alexandra”- en
el certificado de nacimiento de la parte peticionaria. Lo
anterior, toda vez que este Foro concluyó que la parte había
cumplido “con todos los requisitos exigidos por la Ley del
Registro
para
autorizar
un
cambio
de
nombre”.
(Énfasis
suplido). Íd., pág. 194. Asimismo, es de notar que en aquel
caso la solicitud de cambio de nombre no se fundamentó en la
necesidad de corregir un error material u objetivo en el
certificado de nacimiento de la parte peticionaria. Más bien,
la solicitud obedeció al deseo de que su certificado de
nacimiento
reflejara
el
nombre
por
el
cual
se
sentía
resto
de
nuestro
identificado y deseaba ser llamado.
Asimismo,
un
examen
armonioso
del
ordenamiento jurídico disipa cualquier duda de que los cambios
de
nombres
requieran
o
apellidos
demostrar
la
en
un
certificado
existencia
de
de
nacimiento
circunstancias
excepcionales o errores en el mismo. Así, por ejemplo, mediante
la Ley de asuntos no contenciosos ante notario, Ley Núm. 2821999, 4 LPRA secs. 2155-2166, la Asamblea Legislativa autorizó
la competencia concurrente de los notarios para conocer y tramitar,
entre otros asuntos, los procedimientos de corrección de actas
CC-2018-0637
10
que obren en el Registro Demográfico y de los cambios de
nombres y apellidos. 4 LPRA sec. 2155(5).
A esos efectos, la Regla 125 del Reglamento Notarial de
Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXIV, establece que toda persona
interesada en cambiar su nombre o apellidos, según constan
inscritos en el Registro Demográfico, podrá tramitar el cambio
a través de un notario. Entre los cambios autorizados, se
encuentran:(1) sustituir un nombre por otro; (2) añadir un
nombre al que se tiene; (3) variar el nombre en grado tal que
afecte la manera de pronunciarlo; (3) eliminar o sustituir un
apellido, y (4) corregir un alegado error en los apellidos
inscritos. Íd. Como se puede apreciar, la corrección de errores
en el certificado de nacimiento no es la única razón reconocida
para modificar un apellido.
B.
Por otro lado, y como bien apuntan los peticionarios, no
podemos obviar que la controversia ante nos también presenta
un matiz constitucional.22 De hecho, el asunto de si el derecho
constitucional a la crianza y la toma de decisiones en el
ámbito familiar protege la prerrogativa de los padres y las
madres de escoger o cambiar los nombres y apellidos de
sus
hijos
Véanse:
e
hijas
C.
F.
ha
W.
sido
estudiado
Larson,
Naming
extensamente.
Baby:
The
Constitutional Dimensions of Parental Naming Rights, 80
22Tal
y como señalan los peticionarios en su Moción de
Reconsideración, en Delgado, Ex parte, supra, este Tribunal no
tuvo ante sí un planteamiento de índole constitucional.
CC-2018-0637
11
Geo. Wash. L. Rev. 159 (2011); J. S. Kushner, The Right to
Control One’s Name, 57 UCLA L. Rev. 313 (2009); B. S. Seng,
Like
Father,
Like
Child:
The
Right
of
Parents
in
their
Children’s Surname, 70 Va. L. Rev. 1303 (1984).
En esa dirección, la Carta de Derechos de la Constitución
de Puerto Rico establece la inviolabilidad de la dignidad del
ser humano como principio de interpretación cardinal para
todos los derechos reconocidos en ella. Art. II, Sec. 1, Const.
ELA, LPRA, Tomo I; Rexach v. Ramírez, 162 DPR 130, 143 (2004).
De ese modo, “[l]a dignidad humana se constituye así como punto
de
referencia
o
valor
jurídico
supremo
dentro
del
orden
constitucional”. Lozada Tirado et al. v. Testigos Jehová, 177
DPR 893, 944 (2010) (Rodríguez Rodríguez, J., Opinión de
Conformidad).
Es
con
ese
preámbulo
que
nuestra
Carta
de
Derechos consagra el derecho fundamental a la intimidad y la
protección contra ataques abusivos a la honra, la reputación
y la vida privada o familiar. Art. II, Sec. 8, Const. ELA,
supra.
Al interpretar este conjunto de normas constitucionales,
hemos resuelto que el Estado tiene una doble función en
proteger los mismos: (1) “abstenerse de actuar de manera tal
que se viole el ámbito de autonomía e intimidad individual” y
(2)
“actuar
afirmativamente
en
beneficio
del
individuo”.
Lozada Tirado et al. v. Testigos Jehová, supra, pág. 910,
citando a Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., 145 DPR
178, 201 (1998). En cuanto al derecho a la intimidad, en
reiteradas
ocasiones
hemos
expresado
que
este
derecho
se
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12
lesiona, “entre otras instancias, cuando se limita la facultad
de un individuo de tomar decisiones personales, familiares o
íntimas”. Siaca v. Bahía Beach Resort, 194 DPR 559, 585 (2016),
citando a Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., supra,
pág. 202. Véanse: Lozada Tirado et al. v. Testigos Jehová,
supra; Pueblo v. Duarte Mendoza, 109 DPR 596 (1980); Figueroa
Ferrer v. ELA, 107 DPR 250 (1978).
Asimismo, este Tribunal ha reconocido que los padres y las
madres
tienen
un
derecho
fundamental
a
criar,
cuidar
y
custodiar a sus hijos, protegido tanto por la Constitución de
Puerto Rico como por la Constitución de Estados Unidos. Rexach
v. Ramírez, supra, pág. 148. Al delinear los contornos de este
derecho, hemos indicado que la zona de intimidad que cubre las
relaciones familiares responde a que éstas desempeñan un rol
cultural
determinante
en
la
transmisión
de
tradiciones
y
creencias entre las generaciones. Íd., pág. 146, citando a
Roberts v. United States Jaycees, 468 US 609, 618-620 (1984).
Finalmente, adviértase que la prerrogativa de los padres y
las madres de tomar decisiones respecto a sus hijos e hijas
está reconocida como un derecho fundamental en el ordenamiento
constitucional federal. Véanse: Washington v. Glucksberg, 521
US 702, 720 (1997); Santosky v. Kramer, 455 US 745, 753 (1982);
Quillioin v. Walcott, 434 US 246, 255 (1978); Cleveland Board
of Education. v. LaFleur, 414 US 632, 639-640 (1974). A la luz
de esta normativa constitucional, varios tribunales federales
han reconocido específicamente el derecho de los padres a
escoger el apellido de sus hijos sin la intromisión arbitraria
CC-2018-0637
13
del estado. A modo de ejemplo, véanse: Jech v. Burch, 466 F.
Supp. 714 (D. Haw. 1979); Sydney v. Pingree, 564 F. Supp. 412
(S.D.
Fla.
1983).
Véase,
además:
L.
A.
Foggar,
Parents’
Selection of Children’s Surnames, 51 Geo. Wash. L. Rev. 583
(1983).
Expuesto
el
marco
legal
del
caso,
examinemos
la
arguye
el
controversia que nos ocupa conforme al mismo.
III
En
este
caso,
el
Registro
Demográfico
que
procedimiento establecido en el Artículo 31 de la Ley del
Registro Demográfico, supra, no estaba disponible para los
peticionarios. Ello, en la medida en que éstos no basaron su
solicitud en la corrección de un error, ni articularon la
existencia de alguna otra “circunstancia excepcional” que
legitimara
su
pedido.
Lo
anterior,
insiste
el
Registro
Demográfico, es cónsono con el tratamiento restrictivo que
este Tribunal ha dado a la Ley del Registro Demográfico, supra.
No podemos estar de acuerdo.
El argumento del Registro Demográfico, según avalado por
los foros inferiores, carece del contexto necesario. No existe
duda de que este Tribunal ha interpretado restrictivamente la
Ley
del
Registro
Demográfico,
supra,
en
atención
a
su
importancia socio-jurídica. Precisamente, ha sido a la luz de
estas consideraciones que este Tribunal ha rehusado acceder a
cambios
que
no
han
Asamblea Legislativa.
sido
autorizados
expresamente
por
la
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14
No obstante, hay que tener presente que el procedimiento
para
cambiar,
adicionar
o
modificar
un
apellido
está
autorizado expresamente por la Ley del Registro Demográfico,
supra. Más importante aún, el mismo no exige que se demuestren
los
criterios
insistidos
por
el
Registro
Demográfico.
Es
decir, el lenguaje del Artículo 31 de la Ley del Registro
Demográfico, supra, no limita el procedimiento allí instituido
a la corrección de errores en los certificados de nacimientos.
Desde luego, la conclusión anterior no dispone de la
controversia. Aún establecido que los peticionarios podían
solicitar el cambio o modificación de los apellidos de sus
hijos por motivos no correctivos, lo cierto es que la mera
presentación de su solicitud no garantiza que sea autorizada.
En todo caso, la decisión recae en el juicio del tribunal,
quien debe justipreciar los méritos de la solicitud. Además,
es menester tener presente el derecho que la propia ley le
reconoce al Estado de intervenir en el procedimiento para
formular las objeciones que entienda procedentes. Por tanto,
el
desenlace
de
este
caso
debe
ser
el
resultado
de
la
contraposición de los méritos de la solicitud presentada por
los peticionarios a la luz de las objeciones formuladas por el
Registro Demográfico.
De un lado de la balanza están los intereses de los
peticionarios,
quienes
solo
pretendían
modificar
los
certificados de nacimiento de sus hijos a los fines exclusivos
de unir por un guion sus apellidos paterno y materno
para
que
leyeran
“Roig -Moyka”.
De
entrada,
éstos
CC-2018-0637
15
expresaron bajo juramento que la solicitud se hacía “[d]e
buena fe, sin la intención de evadir deudas o compromisos de
índole alguna y sin visos de ilegalidad de cualquier tipo”.23
Más bien, la solicitud se basó en el interés del matrimonio de
preservar el uso del apellido materno. Distinto a los foros
inferiores, nuestro análisis no toma livianamente el valor de
los
motivos
articulados
por
los
esposos
Roig-Moyka.
La
consolidación de los apellidos paterno y materno mediante la
inclusión de un guion es un uso y costumbre legalmente aceptado
a nivel mundial.24
Más
importante
siquiera
tener
aún,
los
presente
foros
que
la
inferiores
fallaron
prerrogativa
de
en
los
peticionarios de modificar los apellidos de sus hijos está
protegida constitucionalmente. Como vimos, la Constitución de
Puerto Rico protege el derecho de los peticionarios de tomar
decisiones personales e íntimas dentro de su seno familiar,
y
lo
mismo
ocurre
bajo
la
Constitución
de
Estados
23Véase,
Petición, apéndice del certiorari, pág. 45. Junto
a ésta, los peticionarios también anejaron los documentos de
apoyo siguientes: (1) copia de sus tarjetas de identificación
(licencia de conducir); (2)copia de su certificado de
matrimonio; (3) copia de sus certificados de nacimiento
respectivos y los de ambos menores; (4) certificación negativa
de antecedentes penales; (5) certificación negativa de deuda
de pensión alimentaria; (6) certificación negativa de deuda
con el Departamento de Hacienda; (7) certificación negativa de
deuda con el Centro de Recaudaciones de Ingresos, y (8)
certificación negativa de quiebra.
24Incluso,
en Estados Unidos ha cobrado auge la práctica
entre familias latinas de procurar tal cambio en aras de
preservar el apellido materno. Véase en general: Y. M. Cherena
Pacheco, Latino Surnames: Formal and Informal Forces in the
United States Affecting the Retention and Use of the Maternal
Surname, 18 T. Marshall L. Rev. 1 (1992).
CC-2018-0637
16
Unidos. Lo solicitado por los esposos Roig-Moyka y los motivos
para ello, se resguarda perfectamente dentro del marco de
intimidad protegido por nuestro andamiaje constitucional. En
fin, estamos ante una decisión que estriba indudablemente en
la esencia propia del derecho de los peticionarios a criar a
sus hijos y a escoger cómo llamarlos.
Ante esta multiplicidad de consideraciones, el Registro
Demográfico aún insiste en que tiene razones de peso para
oponerse al cambio solicitado por los esposos Roig-Moyka.
Un
examen minucioso y desapasionado de las mismas nos lleva a
concluir que ninguna justifica denegar lo solicitado por los
esposos Roig-Moyka. Así, por ejemplo, el Registro Demográfico
plantea que lo solicitado por los peticionarios equivale a la
creación de un “nuevo apellido” que suprimiría el tracto
familiar que el certificado de nacimiento de los menores
pretende
publicar.
Específicamente,
arguye
que
sus
certificados de nacimiento se “impugnaría[n] de su propia faz”
porque
estos
aparentarían
tener
un
apellido
“totalmente
diferente al de sus padres”. Empero, resulta en extremo difícil
concebir cómo lo solicitado suprime o de modo alguno varía los
datos ya existentes en el certificado de nacimiento de ambos
menores. De haber sido autorizado el cambio, el dato registral
en
cuestión
hubiera
permanecido
igual:
que
Carlos
Andrés
“Roig-Moyka” y Carlos Daniel “Roig-Moyka” son hijos de Rafael
Luis Roig y Ana Servanda Moyka.
CC-2018-0637
17
Como segundo argumento, el Registro Demográfico también
plantea que por “Roig-Moyka” ser a un “solo apellido”, esto
crearía un disloque en la medida en que no sabrían en cuál
encasillado de sus constancias Registrales colocar el mismo;
si en el encasillado del apellido paterno o materno de los
menores.
Este
administrativa-
planteamiento
también
es
-de
naturaleza
insuficiente
para
puramente
validar
la
pretensión del Estado, pues existen alternativas para acomodar
el cambio solicitado, sin tener que prohibirlo.
A modo de ejemplo y sin intención de ser exhaustivo,
entiendo que el Registro Demográfico bien puede expedir los
certificados de nacimiento de los menores con los nombres
“Carlos Andrés Roig-Moyka” y “Carlos Daniel Roig-Moyka” y
hacer
las
anotaciones
registrales
para
autorizado.
Igualmente,
adicionar
un
correspondientes
consignar
nuevo
el
el
acto
Registro
encasillado
en
en
los
asientos
de
consolidación
Demográfico
sus
registros
puede
para
identificar propiamente aquellos apellidos paterno y materno
que han sido consolidados, como se pretende en este caso.
Como reclamo final, el Registro Demográfico también
invita
a
que
se
confirme
lo
resuelto
inferiores, trayendo a la consideración de
por
este
los
foros
Tribunal
que “[h]oy podrá ser un guion, mañana podría ser la fusión
de apellido y pasado mañana podría ser cambiar totalmente
el apellido sin justificación, porque así lo decida la
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18
persona”.25
Igualmente,
sostiene
que
autorizar
el
cambio
“[p]odría provocar que se permita el abuso indiscriminado del
mecanismo de cambio de nombre y apellido” y que ello a su vez
“[p]rovocaría que se pueda prestar el cambio de nombre para
fraude”.26
En
peticionarios
ordenamiento
fin,
que
acceder
“[a]tentaría
jurídico
y
la
a
lo
solicitado
contra
la
buena
estabilidad
por
los
marcha
del
social,
política,
económica y judicial del país”.27
Este razonamiento, que no es otra cosa que la enumeración
de un desfile de calamidades y teorías apocalípticas, es falaz
y no convence. Si bien este Tribunal viene llamado a tomar
estos planteamientos con seriedad, también lo debe hacer con
sentido común y reconociendo las garantías discutidas que
amparan a los peticionarios. De ese modo, es de observar que
el razonamiento propuesto por el Registro Demográfico resulta
en extremo especulativo y se aparta absurdamente del cambio
particular
solicitado
en
este
caso.
Más
curioso
aún,
es
evidente que el mismo ignora e incluso contradice lo que el
propio Registro Demográfico acepta y defiende: que el éxito de
toda solicitud para el cambio, adición o modificación de un
nombre
o
apellido
está
guiado
por
el
juicio
del
tribunal y por el insumo de las objeciones que en su
día -y de así entenderlo - el Estado pueda presentar.
25Escrito
26Íd.
27Íd.
Mostrando Causa, pág. 2.
CC-2018-0637
19
En ese sentido, no debe existir duda de que cada caso habrá de
ser juzgado bajo sus propias circunstancias.
IV
En fin, el derecho a solicitar la consolidación de los
apellidos paterno y materno de una persona por motivos no
correctivos está, como cuestión de Derecho, autorizada por el
Art. 31 de la Ley del Registro Demográfico, supra. No obstante,
el éxito de esa solicitud está condicionado al juicio del
tribunal, quien, conforme al mencionado artículo, habrá de
justipreciar
las
razones
detrás
de
la
solicitud
y
las
objeciones que el Estado pueda formular.
Cuando una de las ramas de gobierno vulnera o ignora
derechos constitucionales, no aquilatar y ser garantes de esos
derechos individuales en virtud de la regla de autolimitación
judicial equivale a dar un remedio, en ocasiones, limitado. Es
decir, cuando una rama de gobierno se inmiscuye indebidamente
con la Constitución, un fundamento puramente estatutario puede
ser insuficiente para restituir el sano balance de poderes. En
este caso, la solución judicial adecuada y completa ameritaba
adentrarnos en la esfera constitucional como garantes de las
libertades individuales.
Así lo advertí en Roig Pou y otros v.
Reg. Demográfico, res. el 15 de noviembre de 2018, 2018 TSPR
184. La tendencia de este Tribunal de evitar adentrarnos en esas
esferas del Derecho obvía que la mayor deferencia que debe
exhibir la Rama Judicial es al Pueblo.
CC-2018-0637
20
En este caso, la razón de los peticionarios en querer
consolidar los apellidos paterno y materno de sus hijos obedece
a su decisión de preservar el uso del apellido materno. Lo
anterior, como parte de sus prerrogativas constitucionalmente
protegidas de tomar decisiones íntimas y personales en el seno
familiar respecto a sus hijos. Esas justificaciones pesan. Y
como ninguna de las objeciones formuladas por el Estado logró
mover la balanza en favor de su postura, estoy conforme con lo
resuelto por este Tribunal.
Luis F. Estrella Martínez
Juez Asociado