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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Roxana Soto Aguilú

2019 TSPR 60

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Roxana Soto Aguilú

CP-2016-22

Conducta Profesional: Censura enérgica por violación a los Cánones 21 y 38 del Código de Ética Profesional

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2019 TSPR 60

202 DPR ____

Roxana Soto Aguilú

(TS-15,968)

Número del Caso:

CP-2016-22

Fecha: 1ro de abril de 2019

Oficina del Procurador General:

Lcda. Karla Z. Pacheco Álvarez

Subprocuradora General

Lcdo. Joseph Feldstein Del Valle

Subprocurador General

Lcda. Yaizamarie Lugo Fontanez

Procuradora General Auxiliar

Abogado del Querellado:

Lcdo. Carlos S. Dávila Vélez

Comisionada Especial:

Hon. Crisanta González Seda

Materia: Conducta Profesional – Censura enérgica por violación a los

Cánones 21 y 38 del Código de Ética Profesional

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

CP-2016-22

Roxana Soto Aguilú

TS-15,968

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 1 de abril de 2019.

En esta ocasión nos corresponde determinar si la Lcda.

Roxanna

Soto

Aguilú

(licenciada

Soto

Aguilú

o

querellada)

infringió los Cánones 21 y 38 del Código de Ética Profesional, 4

LPRA Ap. IX, Cs. 21 y 38.

La licenciada Soto Aguilú fue admitida al ejercicio de la

abogacía el 29 de agosto de 2006 y a la práctica de la notaría el

22 de septiembre del mismo año. El proceso disciplinario de

epígrafe surgió como consecuencia de una queja presentada por la

Sra. Carmen M. Torres Colón (señora Torres Colón o quejosa) el 28

de octubre de 2014 en la Secretaría del Tribunal Supremo1. Esta

alegó que contrató los servicios profesionales de la licenciada

Soto Aguilú para que la representara en un caso de Divorcio contra

su esposo, el Sr. Néstor I. Torres Bonilla2 y posteriormente, la

letrada compareció en otro pleito representando al señor Torres

Bonilla contra la quejosa. 3 En fin, sostuvo que la querellada

incurrió en Conflicto de Interés. A continuación, exponemos los

1

Queja AB 2014-419.

2

Carmen Torres Colón v. Néstor Torres Bonilla, EDI 2012–1274.

3

Néstor I. Torres Bonilla v. Carmen M. Torres Colón, OPM 2014-031.

CP-2016-22

antecedentes

3

fácticos

que

dieron

génesis

a

la

querella

de

epígrafe.

I

El

19

de

octubre

de

2012,

la

señora

Torres

Colón,

representada por la licenciada Soto Aguilú presentó una Demanda

de Divorcio contra el señor Torres Bonilla. 4 De la Demanda surge

que la pensión alimentaria de los menores procreados durante el

matrimonio se fijó en el caso civil de alimentos5, pleito al que

las partes comparecieron por derecho propio y en el que se le

anotó la rebeldía al señor Torres Bonilla. El 18 de enero de 2013

se celebró la Vista en su Fondo y el Tribunal de Primera Instancia

ordenó la consolidación del expediente de Alimentos con el de

Divorcio. Posteriormente, el 18 de enero de 2013 el foro primario

declaró Con Lugar la Demanda de Divorcio que presentó la señora

Torres Colón.

El 27 de agosto de 2014, la señora Torres Colón presentó una

Moción sobre Desacato, por derecho propio, en la cual informó que

el señor Torres Bonilla incumplió con los pagos de la pensión

alimentaria. Así las cosas, el foro primario emitió una Orden de

Mostrar Causa al señor Torres Bonilla y señaló una Vista de

Desacato Civil a celebrarse el 6 de octubre de 2014.

Posteriormente,

la

licenciada

Soto

Aguilú

presentó

una

moción intitulada Relevo de Representación Legal en la que expuso,

inter alia, que representó únicamente a la señora Torres Colón en

el pleito de divorcio. La querellada presuntamente no se comunicó

antes de presentar el escrito con la quejosa ni le notificó copia

del escrito por correo porque según alegó la querellada esta

decidió entregárselo a la mano.

4

5

Carmen M. Torres Colón v. Néstor I. Torres Bonilla, EDI 2012-1274.

Carmen M. Torres Colón v. Néstor I. Torres Bonilla, EAL 2011-0483.

CP-2016-22

4

El 3 de octubre de 2014, el señor Torres Bonilla acudió a la

oficina de la querellada para solicitar sus servicios legales.

Específicamente, el señor Torres Bonilla deseaba que esta lo

representara legalmente en la Vista de Desacato Civil pautada para

el 6 de octubre de 2014. Originalmente el señor Torres Bonilla se

presentó como Iván, que es su segundo nombre y el cual acostumbra

a utilizar. Al solicitarle la citación para la Vista de Desacato

Civil, la licenciada Soto Aguilú se percató que ella estaba citada

para la misma Vista por haber representado a la señora Torres

Colón en el pleito de divorcio. Así las cosas, esta le informó al

señor Torres Bonilla que ya había solicitado autorización para

renunciar la representación legal de la quejosa. Por otra parte,

la querellada le indicó que comparecería a la Vista y le haría el

planteamiento correspondiente al juez. Además, le aconsejó que

llevara una cantidad sustancial de dinero para pagar la pensión

adeudada.

El 6 de octubre del 2014 la querellada se presentó al

Tribunal junto al señor Torres Bonilla donde se encontraron con

la señora Torres Colón. La licenciada Soto Aguilú le dejó saber a

la señora Torres Colón que esta no la estaba representando en la

Vista de Desacato Civil y le informó que el señor Torres Bonilla

tenía el dinero para pagar la pensión adeudada. La señora Torres

Colón no expresó molestia u objeción alguna ya que esta no la

había contratado ni había utilizado sus servicios luego del

Divorcio.

La

licenciada

Soto

Aguilú

le

informó

al

Tribunal

que

representó a la señora Torres Colón en el pleito de Divorcio.

Asimismo, indicó que esta no conocía a ninguna de las partes y

durante el pleito de Divorcio, se limitó a tener una relación

CP-2016-22

5

profesional. Añadió que recibió una notificación para comparecer

a la Vista de Desacato Civil, pero que no había sido contactada

por la señora Torres Colón. Por otra parte, informó al Tribunal

que presentó una moción intitulada Relevo de Representación Legal

en el pleito de Divorcio de la señora Torres Colón y que esta no

había sido unida al expediente.

Así las cosas, el Tribunal preguntó sobre la probabilidad de

que hubiera un Conflicto de Intereses. La licenciada Soto Aguilú

indicó que le expuso dicho planteamiento al señor Torres Bonilla

y este le expresó que, por su parte, no había ningún tipo de

Conflicto de Interés. Añadió que, le informó al señor Torres

Bonilla que comparecería a la Vista y de ser su representante esta

no podía aceptar honorarios de abogado por lo que comparecería ad

honorem. Respecto a la señora Torres Colón, adujo que le informó

que representaría al señor Torres Bonilla en la Vista de Desacato

Civil y que la quejosa no expresó tener ningún reparo.

La licenciada puso a disposición del Tribunal a ambas partes

para que se le preguntara si existía alguna objeción. Cabe señalar

que del expediente no surge que el Tribunal se dirigiera a las

partes para hacer alguna pregunta en o fuera de récord. Tampoco

surge que el Tribunal hiciera alguna determinación sobre el

probable Conflicto de Interés.

Ante este escenario, la querellada continúo representando al

señor Torres Bonilla en la Vista y solicitó que la cuenta de ASUME

se auditara. El Tribunal de Primera Instancia dictó una Orden a

ASUME a tales efectos. Señaló Vista de Seguimiento para el 14 de

enero de 2015 y citó a las partes. Respecto a la Moción para el

Relevo

de

Representación

Legal,

el

Tribunal

ordenó

localizara, la solicitud; sin embargo, no la resolvió.

que

se

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6

Por otra parte, en septiembre del año 2014 el señor Torres

Bonilla presentó, por derecho propio, una solicitud de Orden de

Protección ante la sala del Tribunal de Primera Instancia de Las

Piedras contra la señora Torres Colón. En su solicitud incluyó

una Petición de Custodia de los hijos habidos en el matrimonio

con esta. Las partes fueron citadas a una vista a celebrarse el 9

de octubre de 2014. El señor Torres Bonilla solicitó los servicios

legales de la querellada para dicha vista.6

El 9 de octubre de 2014, la licenciada Soto Aguilú compareció

en representación del señor Torres Bonilla a la Vista sobre Orden

de Protección. Por otra parte, la señora Torres Colón solicitó

tener representación legal y una nueva fecha para la vista. El

Tribunal reseñaló la vista para el 13 de noviembre de 2014. La

quejosa compareció representada por el licenciado Ramón Vega

González

a

la

Vista.

El

señor

Torres

Bonilla

compareció

representado por la querellada. Celebrada la Vista el Tribunal

aceptó el Informe del Departamento de la Familia que validó los

señalamientos del señor Torres Bonilla contra la señora Torres

Colón. Así las cosas, expidió la Orden de Protección y le otorgó

la custodia provisional de ambos menores al padre, concediendo

relaciones materno filiales supervisadas mientras la señora Torres

Colón recibía tratamiento en un programa de rehabilitación.

Es importante señalar que la

Moción para el Relevo de

Representación Legal que la querellada presentó para que se le

relevara de la representación legal de la señora Torres Colón no

fue aceptada por el Tribunal de Primera Instancia hasta el 12 de

diciembre de 2014, es decir, luego de que la querellada hubiese

representado al señor Torres Bonilla en la Vista de Desacato Civil

6

Néstor I. Torres Bonilla vs Carmen M. Torres Colón, OPM 2014-031.

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7

celebrada el 6 de octubre del 2014 y en la Vista sobre Orden de

Protección celebrada el 9 de octubre de 2014. El 3 de julio de

2015,

la

compareció

Corporación

de

en

sobre

el

caso

Servicios

Legales

custodia

e

de

informó

Puerto

que

Rico

estaría

representando al señor Torres Bonilla.

El 6 de julio de 2015 este Tribunal ordenó a la Oficina de

la

entonces

Procuradora

General

de

Puerto

Rico

(OPG)

que

investigara la conducta de la querellada, auscultara posibles

violaciones a Cánones de Ética y presentara el correspondiente

Informe, lo que hizo el 22 de octubre de 2015. En su Informe la

OPG concluyó que la querellada pudo haber infringido los Cánones

21 y 38 del Código de Ética Profesional, supra. El 23 de noviembre

de 2015, la querellada presentó su Réplica al Informe de la

Procuradora General, negó haber violado los Cánones 21 y 38 de

Ética Profesional y solicitó el archivo de la queja presentada en

su contra. El 10 de junio de 2016, luego de varios trámites

procesales, ordenamos a la OPG a que presentara la Querella.

El 20 de diciembre de 2016, la OPG presentó Querella de

epígrafe contra la licenciada Soto Aguilú y le imputaron una

violación a los Cánones 21 y 38 de Ética Profesional, 4 LPRA Ap.

IX, Cs. 21 y 38. El 12 de enero de 2017, la querellada presentó

su Contestación a la Querella, en la que hizo una relación

detallada de su participación en cada uno de los sucesos que

dieron base a la Querella. Negó que hubiera incurrido en alguna

violación ética y presentó varias circunstancias que considera

son atenuantes.

El 11 de abril de 2018 designamos a la licenciada Crisanta

González Seda como Comisionada Especial para recibir la prueba y

rendir un Informe con las recomendaciones pertinentes. El 23 de

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8

agosto de 2018 se celebró la Vista Final y el 27 de septiembre de

2018 la Comisionada Especial presentó el Informe correspondiente.

Procedemos entonces a analizar las normas aplicables.

II

A.

Como primer cargo, se le imputó a la querellada haber violado

el Canon 21 de Ética Profesional, supra, al alegadamente ostentar

la

representación

representación

asuntos

legal

legal

de

la

simultánea

sustancialmente

señora

del

relacionados

Torres

señor

y

Colón

Torres

teniendo

y

la

Bonilla

en

ambas

partes

intereses adversos.

En lo relativo al caso de epígrafe, el Canon 21 del Código

de Ética Profesional, supra, establece que

[n]o es propio de un profesional el representar

intereses encontrados. Dentro del significado de esta

regla, un abogado representa intereses encontrados

cuando, en beneficio de un cliente es su deber abogar

por aquello a que debe oponerse en cumplimiento de sus

obligaciones para con otro cliente. La obligación de

representar al cliente con fidelidad incluye la de no

divulgar sus secretos o confidencias y la de adoptar

medidas adecuadas para evitar su divulgación. Un

abogado no debe aceptar la representación de un cliente

en asuntos que puedan afectar adversamente cualquier

interés de otro cliente anterior ni servir como

árbitro, especialmente cuando el cliente anterior le

ha hecho confidencias que puedan afectar a uno u otro

cliente, aun cuando ambos clientes así lo aprueban.4

LPRA Ap. IX, C. 21. (Énfasis suplido).

Conforme a lo anterior en In re Ortiz, Rivera, 195 D.P.R.

122

(2016)

expresamos

que

el

Canon

21

del

Código

de

Ética

Profesional, supra, impone el deber de lealtad y fidelidad y

prohíbe la representación de intereses encontrados. Además, este

nos presenta varias situaciones que deben de ser evitadas. Así,

indicamos que

[e]n primer lugar, no se debe aceptar la representación

legal cuando esta pueda verse afectada por las

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9

expectativas o los intereses personales del abogado o

de la abogada ...

Asimismo, se debe evitar tanto

aceptar la representación legal simultánea de dos

clientes con intereses contrapuestos, como aceptar la

representación legal de un cliente en asuntos que

puedan afectar cualquier interés de un cliente

anterior. In re Ortiz, Rivera, supra, págs. 132–33.

El Canon 21 establece tres (3) situaciones principales que

todo abogado debe evitar: (i) aceptar la representación de un

cliente

sobre

asuntos

que

pueden

afectar

adversamente

los

intereses de un cliente anterior, o conocido como representación

sucesiva adversa; (ii) aceptar la representación simultánea de

dos

clientes

representación

con

intereses

simultánea

de

encontrados,

o

clientes;

(iii)

y

conocido

como

aceptar

la

representación legal conociendo que su juicio profesional puede

verse afectado por sus intereses personales. Véanse: In re Aponte

Duchesne, 191 DPR 247, 256 (2014); In re Báez Genoval, 175 D.P.R.

28, 36 (2008).

B.

Como segundo cargo, a la querellada se le imputó haber

violado

el

Canon

38

de

Ética

Profesional,

supra,

al

asumir

representación legal de clientes a pesar de que ello implicaba un

real o potencial Conflicto de Intereses. En lo pertinente, el

Canon 38, supra, dispone que “[e]l abogado deberá de esforzarse,

al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad

de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios

personales

y

debe

evitar

hasta

la

apariencia

de

conducta

profesional impropia.” 4 LPRA Ap. IX, C. 38.

En virtud de tal disposición, viola el Canon 38, supra, todo

abogado que incurra en apariencia de conducta impropia, ya que se

estaría quebrantando el deber de exaltar el honor y la dignidad

de la profesión legal.

CP-2016-22

10

En In re Báez Genoval, supra, un letrado incurrió en conducta

antiética que provocó la infracción a los Cánones 21 y 38 del

Código

de

Ética

Profesional,

supra.

Este

Tribunal

tuvo

la

oportunidad de delimitar la relación entre los Cánones 21 y 38

del Código de Ética Profesional, supra y resolvimos que “cuando

un abogado asume una representación simultánea de clientes o una

representación sucesiva adversa que resulta en un real o potencial

conflicto de intereses, incurre en una conducta que viola los

Cánones 21 y 38 del Código de Ética Profesional, supra.” In re

Báez Genoval, supra, págs. 38–39. (Énfasis suplido).

C.

Los Comisionados Especiales son designados por este Tribunal

con la encomienda de investigar, de recibir y evaluar la prueba,

así como de dirimir la credibilidad de cualquier prueba testifical

presentada. In re Morales Soto, 134 DPR 1012 (1994). Este ocupa

el rol de un juez de instancia.

Es menester recordar que este Tribunal no está obligado a

aceptar el Informe del Comisionado Especial en un procedimiento

disciplinario.

Comisionado

Sin

embargo,

Especial,

sus

debido

al

rol

determinaciones

que

desempeña

fácticas

el

merecen

nuestra mayor deferencia. Este es quien atiende la Querella,

evalua y aquilata la prueba, para luego rendir un Informe con sus

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho. De ordinario

este

Tribunal

Comisionado

sostendrá

Especial,

las

salvo

determinaciones

que

se

de

demuestre

hecho

del

prejuicio,

parcialidad o error manifiesto. Véanse: In re Ortiz, Rivera, 195

D.P.R. 122, 134 (2016); In re Guzmán Guzmán, 181 DPR 495, 511,

(2011).

En su informe, la Comisionada Especial determinó que la

CP-2016-22

11

querellada infringió los Cánones 21 y 38 del Código de Ética

Profesional, supra. Sin embargo, señaló que como atenuante se

consideren varios factores que pesan a favor de la querellada.

III

Nos corresponde determinar si la querellada incurrió en los

cargos imputados de acuerdo con los Cánones 21 y 38 del Código de

Ética Profesional, supra. A la querellada se le imputó haber

representado simultáneamente a la señora Torres Colón y al señor

Torres Bonilla, a pesar de que ostentaban intereses adversos en

asuntos relacionados.

Este foro ha señalado que una situación de representación

simultánea adversa ocurre cuando un abogado tiene que defender,

en beneficio de un cliente, aquello a lo cual normalmente debería

de oponerse, conforme sus obligaciones con otro cliente. In re

Aponte Duchesne, 191 DPR 247, 256 (2014). (Énfasis suplido).

En In re Torres Viera, 170 DPR 306 (2007), este foro discutió

el análisis que se debe de realizar al enfrentarse ante una

situación de representación simultánea adversa. Expusimos que la

prohibición del Canon 21 será activada cuando exista una relación

de abogado-cliente dual. Señalamos que no se puede traer como

defensa que los clientes hayan consentido a la representación

simultánea. Añadimos que, ante un Conflicto de Intereses, los

abogados están obligados a renunciar a ambas representaciones. In

re Torres Viera, supra, págs. 311–12.

Como consecuencia, no se tiene que probar una violación al

principio de confidencialidad, solo se debe de probar que hubo

una relación de abogado y cliente y que la misma resultó adversa

y está sustancialmente relacionada. In re Gordon Menéndez, 183

DPR 628, 640 (2011).

CP-2016-22

12

En primer lugar, la querellada representó legalmente a la

quejosa en el pleito de Divorcio el cual fue consolidado con el

de Alimentos. Posteriormente, la querellada aceptó representar al

señor Torres Bonilla en la Vista de Desacato y en la Vista de

Orden de Protección. Ello, a pesar de que: (1) el señor Torres

Bonilla era parte demandada en el pleito de Divorcio donde la

querellada fungió como abogada de la señora Torres Colón y (2) el

Tribunal de Primera Instancia no había aceptado su renuncia a la

representación legal de la señora Torres Colón en el caso del

Divorcio.

En segundo lugar, surge de los hechos que ambas partes,

representadas por la querellada, tenían intereses adversos que a

su vez provocaban un conflicto real. Ante esta situación, la

querellada no debió de haber aceptado representar al señor Torres

Bonilla.

En fin, concluimos que la querellada incurrió en conducta

que

contraviene

los

Cánones

21

y

38

del

Código

de

Ética

Profesional, supra.

Ahora

procedemos

a

determinar

el

tipo

de

sanción

disciplinaria que se le debe de imponer, recordando los siguientes

factores: (i) la buena reputación del abogado en la comunidad;

(ii) su historial previo; (iii) si ésta constituye su primera

falta

y

si

ninguna

parte

ha

resultado

perjudicada;

(iv)

la

aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento; (v) si se

trata de una conducta aislada; (vi) el ánimo de lucro que medió

en

su

actuación;

cualesquiera

otras

(vii)

resarcimiento

consideraciones,

al

ya

cliente,

bien

y

(viii)

atenuantes

o

agravantes, que medien según los hechos. In re Mulero Fernández,

174 DPR 18, 37 (2008); In re Montalvo Guzmán, 164 DPR 806 (2005);

In re Quiñones Ayala, 165 DPR 138 (2005); In re Vélez Barlucea,

CP-2016-22

13

152 DPR 298, págs. 310–311 (2000); In re Padilla Rodríguez, 145

DPR 536 (1998).

Conforme a esto, se ha evaluado la conducta de la querellada

y compartimos el criterio con la Comisionada Especial sobre los

atenuantes a considerar. Primeramente, la querellada goza de buena

reputación en su comunidad. Segundo, esta es la primera falta de

la querellada. Tercero, no surge que la actuación de la querellada

haya causado daño a las partes. Cuarto, no hay prueba de que la

actuación

de

la

querellada

haya

sido

motivada

por

un

lucro

indebido o propósito que no fuera lícito. Quinto, no estamos ante

un patrón de conducta intencional, sino estamos ante una situación

aislada.

Por último, ante preguntas de la Comisionada Especial,

la querellada expresó que no repetiría este tipo de conducta que

dio lugar a este procedimiento.

IV

Por los fundamentos antes expuestos censuramos enérgicamente

a la licenciada Roxanna Soto Aguilú. Asimismo, le apercibimos de

la obligación de tener siempre presente los deberes de lealtad y

fidelidad al evaluar este tipo de situaciones.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

CP-2016-22

Roxana Soto Aguilú

TS-15,968

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 1 de abril de 2019.

Por

los

fundamentos

antes

expuestos

censuramos

enérgicamente a la licenciada Roxanna Soto Aguilú. Asimismo, le

apercibimos de la obligación de tener siempre presente los deberes

de lealtad y fidelidad al evaluar este tipo de situaciones.

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Estrella Martínez y el

Juez Asociado señor Colón Pérez no intervinieron.

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo