LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, LLC; Mercedez Benz USA, LLC; Mercedes Benz Financial Services USA, LLC

2019 TSPR 59

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, LLC; Mercedez Benz USA, LLC; Mercedes Benz Financial Services USA, LLC

CC-2017-512

Discreción del Tribunal de Apelaciones para autorizar la reproducción de la prueba oral al atender un recurso de revisión judicial de una determinación administrativa

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

José Graciani Rodríguez; Carmen

Cuadrado Cintrón

Recurridos

Certiorari

v.

2019 TSPR 59

Garage Isla Verde, LLC; Mercedes Benz

USA, LLC; Mercedes Benz Financial

Services USA, LLC

202 DPR ____

Peticionarios

Número del Caso:

CC-2017-512

Fecha: 29 de marzo de 2019

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Bayamón y Aibonito Panel VI

Abogados de la parte peticionaria:

Lcdo. César Alcover Acosta

Lcdo. Álvaro A. Almonte Veloz

Lcdo. Rafael G. Rivera Rosario

Abogado de la parte recurrida:

Lcda. Teresita Santoni Gordon

Materia: Discreción del Tribunal de Apelaciones para autorizar la

reproducción de la prueba oral al atender un recurso de revisión

judicial de una determinación administrativa.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

José Graciani Rodríguez;

Carmen Cuadrado Cintrón

Recurridos

CC-2017-0512

Certiorari

v.

Garage Isla Verde, LLC;

Mercedes Benz USA, LLC;

Mercedes Benz Financial

Services USA, LLC

Peticionarios

El Juez Asociado señor

Opinión del Tribunal.

ESTRELLA

MARTÍNEZ

emitió

la

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de marzo de 2019.

Este recurso nos brinda la oportunidad de aclarar el

ámbito discrecional que tiene el Tribunal de Apelaciones

en cuanto a autorizar la reproducción de prueba oral al

atender

un

recurso

de

revisión

determinación

administrativa.

resolver

ante

si,

un

judicial

de

Específicamente,

planteamiento

sobre

error

una

debemos

en

la

apreciación de la prueba oral realizada por una agencia

administrativa,

el

Tribunal

de

Apelaciones

abusa

de

su

discreción cuando adjudica el mismo sin el beneficio de

dicha prueba. Ello, a pesar de la parte interesada haber

solicitado y justificado adecuadamente al foro intermedio

su reproducción.

Con lo anterior en mente, pasemos a examinar los hechos

que dieron génesis al recurso ante nuestra consideración.

CC-2017-0512

2

I

El 27 de enero de 2015, el Sr. José Graciani Rodríguez

(recurrido

o

señor

Graciani

Rodríguez)

presentó

una

querella ante el Departamento de Asuntos del Consumidor

(DACo) contra Garage Isla Verde, LLC, Mercedes Benz USA,

LLC,

y

Mercedes

(conjuntamente,

Benz

Financial

peticionarios).

En

Services

USA,

LLC

síntesis,

alegó

que

adquirió de Garage Isla Verde, LLC, un Mercedes Benz usado

y que, al poco tiempo de la compra, la unidad comenzó a

confrontar problemas mecánicos. Específicamente, adujo que

al automóvil se le escapaba constantemente el aceite del

motor y que ello requirió múltiples labores de servicio en

las facilidades de Garage Isla Verde, LLC. Además, alegó

que la transmisión de la unidad estaba defectuosa.

Según el señor Graciani Rodríguez, la recurrencia de

estos

problemas,

deficientes

así

brindados

como

por

los

servicios

Garage

Isla

técnicos

Verde,

LLC,

ocasionaron que el automóvil pasara mucho tiempo en el

taller de servicio. Por ello, solicitó como remedio el

cambio de la unidad en garantía por una de mayor valor o,

alternativamente,

la

resolución

reembolso

lo

pagado,

de

todo

del

además

contrato

de

cualquier

y

el

otro

remedio que procediera en derecho.

Como parte de los trámites en el caso, un investigador

del DACo examinó la unidad en cuestión. Conforme surge del

Informe rendido, éste constató un goteo de aceite en la

CC-2017-0512

3

parte trasera del automóvil. A su juicio, la causa del

fallo obedecía a un defecto en el retenedor trasero del

cigüeñal de la unidad. Consecuentemente, concluyó que era

necesario

reemplazar

dicha

pieza,

labor

que

estimó

en

$1,200.00. Por otro lado, en lo concerniente al supuesto

fallo en la transmisión, el inspector realizó una prueba

de carretera en la unidad y no encontró tal defecto.

Por su parte, los peticionarios contestaron la querella

y negaron las alegaciones sobre los supuestos desperfectos

mecánicos en la unidad. A tal fin, arguyeron que el goteo

de aceite al que se refería el señor Graciani Rodríguez

era normal para el tiempo y millaje de la unidad, y que el

mismo no presentaba un riesgo de seguridad ni menoscababa

el valor de la unidad. Además, añadieron que todas las

quejas presentadas por el señor Graciani Rodríguez fueron

debidamente evaluadas, diagnosticadas y reparadas conforme

a los términos de la garantía a la que se acogió. En torno

a esto último, agregaron que cualquier alegación sobre un

fallo mecánico aún no reparado constituía materia pericial

a ser justipreciada en su debido momento.

Posteriormente, el DACo condujo una segunda inspección

de la unidad en las instalaciones de Garage Isla Verde,

LLC. Según los hallazgos del investigador en su Informe de

Inspección, el goteo de aceite de motor en el retenedor

trasero de la unidad había sido reparado. De ese modo, el

investigador

concluyó

que

“[e]l

vehículo

motivo

de

la

CC-2017-0512

4

querella de epígrafe no presentó la condición descrita [en

la querella]”.1

A la luz de los hallazgos y conclusiones rendidas por

el

propio

investigador

del

DACo,

los

peticionarios

solicitaron la desestimación sumaria de la querella. En

respuesta, el señor Graciani Rodríguez presentó un escrito

intitulado Objeción al informe. Contrario a lo que sugiere

su título, en dicho escrito el señor Graciani Rodríguez no

impugnó los hallazgos técnicos del investigador. Más bien,

dirigió el escrito a plasmar su inconformidad con el hecho

de que los peticionarios, aunque repararon su vehículo, no

accedieron a reemplazar el mismo.

El DACo no resolvió las mociones dispositivas ante su

consideración.

En

lugar,

que

compareció

administrativa

a

Rodríguez,

derecho

por

la

su

propio,

celebró

y

el

los

una

señor

vista

Graciani

peticionarios

a

través de sus respectivos abogados. En la vista también

participó

el

Sr.

mecánica

de

Garage

Isla

calidad

de

testimonio

en

peticionarios.

Al

Emanuel

culminar

Polanco,

jefe

del

Verde,

LLC,

quien

perito

la

de

vista,

taller

ocurrencia

los

de

brindó

por

los

peticionarios

solicitaron por escrito la regrabación de la prueba oral

desfilada, indicando que sufragarían su costo.2 El DACo

nunca atendió la solicitud.

Apéndice del certiorari, pág. 60

de regrabación de la vista en su fondo de

23 de mayo de 2016, apéndice del certiorari, págs. 76-77.

1

2Solicitud

CC-2017-0512

5

Así las cosas, el 9 de junio de 2016, el DACo notificó

una Resolución declarando ha lugar la querella del señor

Graciani Rodríguez. Consecuentemente, ordenó la resolución

del

contrato

prestaciones

de

y

compraventa,

condenó

a

la

los

devolución

de

las

peticionarios

al

pago

solidario de una indemnización de $3,500.00 para el señor

Graciani Rodríguez e igual suma para su esposa, la Sra.

Carmen Cuadrado Cintrón. Además, les impuso el pago de

$2,000.00 por concepto de honorarios de abogado.

En síntesis, la agencia concluyó que la condición de

fuga de aceite era preexistente a la fecha de adquisición

de la unidad y que, por tanto, Garage Isla Verde, LLC,

había incurrido en una práctica engañosa al entregar la

unidad no conforme a lo representado y al no diagnosticar

la

condición

oportunamente.

Mercedes

Benz

USA,

utilizar

materia

LLC,

prima

no

En

cuanto

al

razonó

que

éste

idónea

en

la

fabricante,

incidió

al

confección

del

retenedor trasero de la unidad. Además, el DACo concluyó

que, en la alternativa, el contrato de compraventa era

nulo por causa ilícita, toda vez que:

Habiendo el expediente establecido que la fuga de

aceite es la consecuencia de los materiales

inadecuados, es forzoso concluir que el objeto de

contrato

es

contrario

a

la

afirmación

de

idoneidad . . . [y] tiene la consecuencia a su

vez de ser una fuente constante de contaminación,

mediante la fuga de aceite al medioambiente.

Habiendo un orden público dirigido a proteger el

medio ambiente y de requerir la idoneidad de los

vehículos de motor, es forzoso concluir que dicho

contrato de compraventa es nulo por causa

CC-2017-0512

6

ilícita, por ser contrario al orden público y a

la ley.3

A

consecuencia

refirió

copia

Ambiental

y

de

de

a

la

este

la

último

Resolución

Agencia

de

razonamiento,

el

a

Calidad

la

Junta

Protección

de

DACo

Ambiental

de

recurrir

en

Estados Unidos.

Posteriormente,

revisión

judicial,

dentro

los

del

término

peticionarios

para

presentaron,

por

segunda ocasión, una moción ante el DACo solicitando la

regrabación de la vista.4 La agencia nada dispuso. Además,

dentro de dicho plazo, presentaron ante la agencia una

Moción de relevo de Resolución. En la misma indicaron que,

con posterioridad a notificarse el dictamen, advinieron en

conocimiento de que el 30 de octubre de 2014 el señor

Graciani Rodríguez había chocado la unidad objeto de la

querella

y

que

nunca

lo

divulgó

a

las

partes

o

a

la

agencia durante el pleito. No obstante, el DACo tampoco

resolvió la solicitud.

Ante

ese

cuadro,

Tribunal

de

Apelaciones.

judicial,

impugnaron

los

peticionarios

En

las

su

recurrieron

recurso

determinaciones

de

al

revisión

de

hecho

formuladas por el DACo, argumentando que las mismas eran

insostenibles

ante

Específicamente,

la

prueba

arguyeron

recibida

por

que

el

la

agencia.

expediente

administrativo carecía de prueba documental para apoyar

3Resolución,

4Moción

apéndice del certiorari, pág. 86.

reiterando solicitud de regrabación de la

vista en su fondo de 23 de mayo de 2016, apéndice del

certiorari, págs. 146-147.

CC-2017-0512

las

7

mismas

y

que,

por

el

contrario,

éstas

resultaban

incompatibles con la prueba oral recibida en la vista.

Ello,

particularmente

a

la

luz

del

testimonio

técnico

ofrecido por su perito.

Además, arguyeron que el testimonio del señor Graciani

Rodríguez no respaldaba las determinaciones de la agencia

en cuanto a las alegadas angustias mentales sufridas por

éste

y

su

esposa.

Ésta

última,

quien

ni

siquiera

testificó. De ese modo, los peticionarios argumentaron que

la

agencia

obró

de

forma

arbitraria

e

irrazonable

al

aquilatar la prueba recibida. Por último, impugnaron la

partida de honorarios de abogado dictaminada.

En lo pertinente a la controversia ante nos, ese mismo

día,

junto

al

peticionarios

recurso

presentaron

de

revisión

judicial,

los

ante

el

intermedio

una

foro

solicitud para que se ordenara al DACo a reproducir la

grabación

de

la

prueba

oral

desfilada

en

la

vista

administrativa y para que se autorizaran los trámites para

su posterior transcripción.5 Lo anterior, conforme a las

Reglas 66 y 76 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

infra.

Igualmente,

los

peticionarios

consignaron

en

el

escrito la necesidad de autorizar dicho trámite, indicando

que,

a

la

luz de

los

señalamientos

de

error

sobre

la

apreciación de la prueba oral, resultaba indispensable que

dicho

foro

5Moción

examinara

el

contenido

exacto

e

íntegro

de

solicitando autorización para la transcripción

de la prueba oral conforme a las Reglas 66 y 76 de este

Tribunal, apéndice del certiorari, págs. 183-184.

CC-2017-0512

8

dicha prueba. Además, alertaron al foro intermedio sobre

las omisiones del DACo en no atender sus solicitudes para

obtener

una

copia

de

la

grabación

de

la

vista

administrativa. A pesar de lo señalado expresamente por

los

peticionarios

en

su

solicitud,

el

Tribunal

de

Apelaciones nunca atendió la misma.

Sorpresivamente,

el

intermedio

notificó

totalidad

el

31

una

dictamen

de

marzo

de

2017,

el

foro

Sentencia

confirmando

en

su

recurrido.

En

a

los

torno

señalamientos de los peticionarios sobre la apreciación de

la

prueba

oral

hecha

por

el

DACo,

el

Tribunal

de

Apelaciones se limitó a reproducir las determinaciones de

hecho formuladas por la agencia y concluyó, sin más, que

“[l]as Determinaciones de hechos realizadas por [el] DACo,

según

estas

constan

en

la

Resolución

recurrida,

están

basadas en la credibilidad que le[s] dio la agencia a los

testimonios vertidos en la vista administrativa celebrada

el 23 de mayo de 2016”.6

De

ese

modo,

amparado

en

la

consabida

norma

de

deferencia en asuntos de apreciación de la prueba oral, el

foro

intermedio

apreciación

de

concluyó

que

“[e]n

consideración

la

que

hizo

[el]

prueba

DACo

a

la

luego

de

dirimir cuestiones de credibilidad, no existe razón válida

para

intervenir

con

las

Determinaciones

de

hechos

obran en la Resolución recurrida”.7

6Sentencia,

7Íd.,

apéndice del certiorari, pág. 234.

pág. 237.

que

CC-2017-0512

9

En desacuerdo, los peticionarios presentaron una Moción

de

Reconsideración.8

señalamientos

de

Una

vez

más,

argumentaron

error

iban

dirigidos

a

que

sus

impugnar

la

apreciación de la prueba oral realizada por el DACo y que

ello presuponía que dicho foro autorizara su reproducción,

según fuera solicitado oportunamente. Arguyeron que, para

poder determinar la razonabilidad de las determinaciones

de hecho emitidas por la agencia, era menester examinar la

totalidad del expediente, lo que incluía, desde luego, la

prueba

oral

recibida.

Sobre

el

particular,

los

peticionarios aludieron nuevamente a las Reglas 66 y 76

del

Reglamento

plantearon

solicitar

que

la

del

Tribunal

las

mismas

reproducción

y

de

Apelaciones,

reconocían

su

transcripción

de

infra,

y

derecho

a

la

prueba

oral en casos en que se pretenda impugnar su apreciación.

En vista de lo planteado por los peticionarios, el

Tribunal

de

Apelaciones

notificó

una

Resolución

concediéndole al señor Graciani Rodríguez y al DACo un

término de diez (10) días para fijar su posición en torno

a

los

méritos

Ninguno

alguno,

de

compareció.

el

lo

solicitado

Aun

así

Tribunal

de

y

por

sin

los

peticionarios.

consignar

Apelaciones

fundamento

denegó

la

reconsideración.

Todavía inconformes, los peticionarios acudieron ante

este

Tribunal

mediante

petición

de

certiorari.

____________________________

8Apéndice

del certiorari, págs. 240-247.

En

lo

CC-2017-0512

10

pertinente a los asuntos que resolvimos atender, se nos

formulan los siguientes señalamientos de error:

Erró el [Tribunal de Apelaciones] al no

observar los términos de su propio Reglamento y

privar a [los peticionarios] de la oportunidad de

presentar

la

transcripción

de

la

vista

administrativa, a pesar de haberlo solicitado

oportunamente.

Erró el [Tribunal de Apelaciones] al dictar

Sentencia

sin

la

totalidad

del

expediente

administrativo.

Establecidos los incidentes fácticos y procesales del

caso, abordemos en segundo término el marco jurídico que

gobierna la controversia ante nuestra consideración.

II

A.

Como axioma de la doctrina de revisión judicial, sabido

es que los tribunales apelativos vienen llamados a otorgar

amplia

deferencia

a

las

decisiones

de

las

administrativas.

Ello,

en

atención

la

experiencia

pericia

presume

que

se

tienen

a

dichos

agencias

organismos

y

para

atender y resolver los asuntos que le han sido delegados.

Rolón Martínez v. Supte. Policía, res. el 27 de agosto de

2018, 2018 TSPR 157, págs. 8-9; Mun. de San Juan v. CRIM,

178 DPR 163, 175 (2010); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR

64, 130 (1998).

Desde luego, la norma anterior nunca ha pretendido ser

absoluta. Por eso, hemos resuelto con igual firmeza que

los

tribunales

corrección,

so

no

podemos

pretexto

imprimirle

de

un

deferencia,

sello

de

a

las

CC-2017-0512

11

determinaciones

o

interpretaciones

irrazonables,

ilegales,

o

administrativas

simplemente,

contrarias

a

derecho. IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR

712, 746 (2012); Empresas Ferrer v. A.R.PE., 172 DPR 254,

264

(2007).

De

ese

modo,

hemos

apuntalado

que

las

determinaciones de una agencia administrativa se han de

examinar bajo un estándar de razonabilidad. Torres Rivera

v. Policía de PR, 196 DPR 606, 626 (2016); Calderón Otero

v. C.F.S.E., 181 DPR 386, 396 (2011); Rebollo v. Yiyi

Motors, 161 DPR 69, 76 (2004). Esto consiste en dirimir si

la agencia actuó arbitraria o ilegalmente, o en forma tan

irrazonable

que

su

actuación

constituya

un

abuso

de

discreción. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág.

9; Rebollo v. Yiyi Motors, supra.

En

lo

concerniente

a

las

determinaciones

de

hecho

dictaminadas por un organismo administrativo, el ámbito de

la revisión judicial se enmarca en auscultar si las mismas

se

basaron

en

evidencia

sustancial

considerando

la

totalidad del expediente administrativo. Sec. 4.5 de la

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno

de Puerto Rico (LPAU), 3 LPRA sec. 9675; Rolón Martínez v.

Supte. Policía, supra, pág. 9; Otero v. Toyota, 163 DPR

716,

727-728

Expressway

(2005)

Motors,

(Per

Inc.,

curiam);

148

DPR

Domínguez

387,

397

v.

Caguas

(1999)

(Per

curiam).

A tono con lo anterior, consecuentemente hemos definido

el concepto de evidencia sustancial como “aquella prueba

CC-2017-0512

relevante

12

que

una

mente

razonable

podría

aceptar

como

adecuada para sostener una conclusión”. Rolón Martínez v.

Supte. Policía, supra, pág. 10; Hilton Hotels v. Junta

Salario Mínimo, 74 DPR 670, 686 (1953). Por su parte, el

expediente

o

récord

exclusiva

para

procedimiento

la

administrativo

constituye

decisión

la

adjudicativo,

de

así

como

la

agencia

para

base

en

la

un

revisión

judicial ulterior. Sec. 3.18 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9658;

García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 894 (2008).

Éste

alberga,

entre

otros

particulares,

la

evidencia

recibida o considerada por la agencia, así como aquellos

ofrecimientos de prueba y las objeciones a los mismos.

Sec. 3.18 de la LPAU, supra. Ello incluye, desde luego, la

prueba oral recibida en la vista administrativa. De ahí a

que

la

LPAU

exija

que

toda

vista

administrativa

sea

grabada o estenografiada. Sec. 3.13(a) de la LPAU, 3 LPRA

sec. 9653.

A modo de implementar este último mandato, la Regla

29.5 del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos del

DACo, Reglamento Núm. 8034, Departamento de Estado, 13 de

junio de 2011 (Reglamento Núm. 8034), expresamente dispone

que

“[c]ualquier

parte

podrá

solicitar

una

copia

certificada del expediente y de la transcripción de la

vista

.

.

.

mediante

el

pago

de

los

cargos

correspondientes”. Además, en aquellos casos en que tan

solo se interese una copia de la grabación de la vista, la

aludida

Regla

también

establece

que

“[l]a

parte

CC-2017-0512

13

solicitante

podrá

contratar

un

transcriptor

de

récord

certificado, el cual el Departamento le dará acceso a una

copia de la grabación para transcribir la misma, mediante

el cargo correspondiente”. (Énfasis y subrayado suplido).

Regla 29.5 del Reglamento Núm. 8034.

B.

De otra parte, dado a la presunción de corrección y

regularidad

que

reviste

elaboradas

por

las

a

las

determinaciones

agencias

de

hecho

administrativas,

hemos

resuelto que éstas “debe[n] ser respetada[s] mientras la

parte

que

las

impugne

no

produzca

evidencia

suficiente

para derrotarlas". Otero v. Toyota, supra, pág. 728. Para

así lograrlo, corresponde a la parte que cuestiona las

mismas “demostrar que existe otra prueba en el expediente

que

reduzca

o

menoscabe

el

valor

probatorio

de

la

evidencia impugnada, hasta el punto de que no se pueda

concluir que la determinación de la agencia fue razonable

de acuerdo con la totalidad de la prueba presentada que

tuvo ante su consideración.” Camacho Torres v. AAFET, 168

DPR

66,

91

Hernández,

(2006);

(2006),

citando

a

Otero

v.

Toyota,

168

DPR

Álvarez

v.

Centro

Unido,

Domínguez

v.

Caguas

Expressway

supra;

592,

Motors,

615

Inc.,

supra, págs. 397-398.

Cuando la impugnación de las determinaciones de hecho

se

base

en

credibilidad

la

prueba

que

administrativa,

oral

desfilada,

así

como

a

la

le

mereció

la

misma

este

Tribunal

ha

expresado

que

en

la

agencia

“[e]s

CC-2017-0512

14

imprescindible que se traiga a la consideración del foro

revisor

la

exposición

transcripción

de

la

vista

celebrada

o

una

narrativa

la

prueba”.

(Énfasis

en

el

de

original). Camacho Torres v. AAFET, supra, pág. 92. Dicho

de

otro

modo,

los

tribunales

apelativos

no

deben

intervenir con la apreciación de la prueba oral hecha por

la agencia recurrida cuando no se tiene forma de evaluar

la evidencia presentada debido a que la parte promovente

no elevó una transcripción o una exposición narrativa de

tal prueba. J. A. Echevarría Vargas, Derecho Administrativo

Puertorriqueño, San Juan, Ed. SITUM, 2017, pág. 325.

Así, por ejemplo, en García Fantauzzi v. Dir. Adm.

Trib., 182 DPR 560 (2011) (Sentencia), resolvimos que el

Tribunal de Apelaciones erró al revocar una determinación

de hecho de la Junta de Personal de la Rama Judicial sin

estar

en

posición

de

así

hacerlo,

pues

“no

tuvo

el

beneficio de examinar la transcripción de la prueba oral

desfilada durante el proceso administrativo” y, “[p]or lo

tanto,

debía

administrativa”.

brindarle

deferencia

Íd.,

569.

pág.

Véase,

a

la

decisión

además,

Camacho

Torres v. AAFET, supra, donde expresamos que, en ausencia

de la prueba oral, “difícilmente se podrá descartar la

determinación impugnada”. Por tanto, es tarea de la parte

interesada presentar al foro revisor la prueba oral bajo

la que se pretende impugnar las determinaciones de una

agencia administrativa.

CC-2017-0512

En

15

atención

a

lo

anterior,

nuestro

ordenamiento

procesal apelativo provee los mecanismos para asistir a

una parte en dicha encomienda. A esos efectos, la Regla 66

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap.

XXII-B, establece el trámite a seguir para que se autorice

la

reproducción

de

la

prueba

oral

desfilada

en

el

procedimiento administrativo. Dicha Regla dispone que:

(A) Cuando se apuntare error en la apreciación de

la prueba oral o que alguna determinación de

hechos no esté sostenida por la prueba, y sea

necesario recurrir a la reproducción de la prueba

oral, la parte recurrente lo hará constar en

moción por separado, presentada junto al escrito

inicial de revisión. De no solicitarlo así la

parte

recurrente,

las

demás

partes

podrán

efectuar igual solicitud dentro de diez (10) días

contados a partir de la notificación del recurso

de revisión.

(B)

En

dicha

moción

la

parte

interesada

sustanciará y probará la necesidad de recurrir a

la prueba oral, con vista a las determinaciones

de

hechos

de

la

agencia

o

del(de

la)

funcionario(a),

haciendo

referencia

a

las

cuestiones planteadas en la solicitud de revisión

y al contenido de los testimonios específicos que

se interesa utilizar. La omisión de cumplir con

esta regla podrá dar lugar a que se declare sin

lugar la moción.

(C) La reproducción de la prueba oral se hará

conforme a lo estatuido en las Reglas 76 y 76.1

de este Reglamento, debiendo efectuar la agencia

los trámites que corresponden al Tribunal de

Primera Instancia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 66.

Conforme surge del precitado texto, queda claro que la

posibilidad de que el Tribunal de Apelaciones autorice y

ordene

la

reproducción

inexorablemente

de

condicionada

la

al

prueba

oral

cumplimiento

con

está

los

requisitos delineados en la Regla 66 de su Reglamento,

supra.

Se

requiere,

en

primer

término,

que

la

parte

CC-2017-0512

16

recurrente solicite dicho trámite oportunamente, mediante

una moción por separado presentada junto al recurso de

revisión judicial.

Asimismo,

necesidad

de

se

debe

acudir

señalamientos

establecer

en

la

oral

a

promovidos

prueba

en

el

dicha

a

recurso

moción

la

luz

de

los

de

revisión

judicial. Esto, ya sea porque en el mismo se cuestionen

aspectos sobre la apreciación de la prueba oral tales como

la credibilidad de los testimonios o porque se aduzca que

las determinaciones de hecho no se sostuvieron al amparo

de tal prueba. Además, la parte recurrente deberá aludir

al contenido específico de los testimonios que interesa

utilizar.

Cuando

se

cumple

con

los

requisitos

anteriores,

se

deduce de la última oración del precitado inciso (B) que

el

Tribunal

de

Apelaciones

deberá

autorizar

la

reproducción de la prueba oral. De lo contrario, dicho

foro incurriría en un abuso de discreción, pues adviértase

que “si se le señala al tribunal revisor la prueba que

menoscaba las determinaciones de hecho de la agencia, el

tribunal revisor debe proceder a examinar el expediente

administrativo,

para

determinar

si

las

conclusiones

de

hecho encuentran apoyo en evidencia sustancial que obra en

dicho expediente.” (Énfasis suplido). O.E.G. v. Rodríguez,

159 DPR 98, 119 (2003); Ramírez v. Depto. de Salud, 147

DPR 901, 906 (1999) (Per curiam).

CC-2017-0512

17

Una vez se autoriza la reproducción de la prueba oral,

el inciso (C) de la Regla 66 del Reglamento del Tribunal

de Apelaciones, supra, dispone que la misma podrá elevarse

conforme a los mecanismos establecidos bajo las Reglas 76

y 76.1 de dicho Reglamento. Es decir, se podrá elevar una

transcripción

de

la

prueba

oral

preparada

por

un

transcriptor privado autorizado o por estipulación, sujeto

al procedimiento y los términos dispuestos bajo la Regla

76,

supra.

estipulada

Igualmente,

o

una

se

podrá

exposición

someter

narrativa

a

una

exposición

tenor

con

las

normas delineadas en la Regla 76.1, supra.

C.

Por último, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones

le reconoce discreción y flexibilidad a dicho foro para

tramitar los recursos ante sí de manera ágil y eficiente.

Véanse,

Reglas

2

y

8

del

Reglamento

del

Tribunal

de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. Esa discreción judicial,

hemos reiterado, consiste en “la facultad que tiene dicho

foro para resolver de una forma u otra, o de escoger entre

varios cursos de acción”. Citibank et al. v. ACBI et al.,

res. el 29 de junio de 2018, 2018 TSPR 119, pág. 14;

García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005); Pueblo v. Ortega

Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990).

Ahora

bien,

debemos

advertir

que

procurar

la

tramitación expedita de los casos no es el único propósito

al que debe aspirar el Tribunal de Apelaciones. Al ejercer

su discreción, corresponde a dicho foro tener presente su

CC-2017-0512

igualmente

18

encomiable

obligación

de

procurar

“[o]frecer

acceso fácil, económico y efectivo al tribunal, eliminando

obstáculos

y

barreras

que

impidan

impartir

justicia

apelativa a los ciudadanos con reclamos válidos”. (Énfasis

suplido).

Regla

Apelaciones,

2(1)

supra.

del

Por

Reglamento

eso,

hemos

del

Tribunal

apuntalado

que

de

el

ejercicio de la discreción judicial tampoco es -ni puede

ser-

absoluto

y,

en

todo

caso,

“está

inexorablemente

ligad[o] a nociones de razonabilidad, según el contexto

particular en el que ést[e] se ejerce”. Citibank et al. v.

ACBI et al., supra; García v. Asociación, 165 DPR 311, 321

(2005).

Al

examinar

estos

principios

dentro

del

contexto

particular de la reproducción de la prueba oral, hemos

expresado que el Tribunal de Apelaciones debe obrar con

flexibilidad. Prog. Salud N. v. Prog. Salud S. Lucas, 142

DPR 270, 274 (1997) (Per curiam); López Rivera v. Rivera

Díaz, 141 DPR 194, 199-200 (1996) (Per curiam). De ese

modo, hemos advertido que, si bien el foro intermedio goza

de un amplio margen discrecional para implementar aquellas

medidas que agilicen el trámite de la reproducción de la

prueba oral, ello no podrá menoscabar los derechos que le

asisten a las partes. Pueblo v. Carrero Rolstad, 194 DPR

658,

667

American

(2016).

Rest.,

Perspectivas

de

Véanse,

además,

198

DPR

647,

la

práctica

Pabón

653

Reyes

(2017)

apelativa:

v.

South

(Sentencia);

25

años

del

Tribunal de Apelaciones, San Juan, Ed. SITUM, 2017, pág.

CC-2017-0512

19

121, aludiendo a nuestros pronunciamientos en Rivera v.

Pan Pepín, 161 DPR 681 (2004) y Hernández v. San Lorenzo

Const., 153 DPR 405 (2001).

Al

armonizar

este

conjunto

de

consideraciones,

es

forzoso colegir que en casos en que la parte interesada

plantee un error en la apreciación de la prueba oral y

justifique

oportuna

Apelaciones

la

y

adecuadamente

necesidad

de

ordenar

al

la

Tribunal

de

reproducción

de

ésta, conforme a los requisitos delineados en la Regla 66

de su Reglamento, supra, dicho tribunal tiene el deber de

así autorizarlo. Ante ese cuadro, permitir lo contrario

equivaldría a endosar la práctica de adjudicar errores en

la apreciación de la prueba oral sin el beneficio de una

transcripción,

exposición

narrativa

o

exposición

estipulada mediante la cual se conozca y se tenga ante sí

la prueba desfilada ante el foro recurrido. Camacho Torres

v. AAFET, supra.

Desde luego, una vez autorizada la reproducción de la

prueba oral en los casos en que procede, el Tribunal de

Apelaciones

puede,

dentro

de

su

ámbito

discrecional,

variar el mecanismo y los términos bajo el cual se elevará

la misma. Ello, ante consideraciones de celeridad procesal

y, en todo caso, con debida flexibilidad a la luz de las

circunstancias particulares que presenta cada caso.

A

tono

procedemos

con

a

consideración.

el

marco

resolver

jurídico

las

previamente

controversias

ante

esbozado,

nuestra

CC-2017-0512

20

III

Según

discutimos,

para

prevalecer

en

sus

reclamos

sobre la apreciación de la prueba, nuestro ordenamiento

jurídico

exige

a

los

peticionarios

presentar

más

que

meras alegaciones de inconformidad. Éstos tenían el deber

de

demostrar

la

existencia

de

otra

prueba

en

el

expediente administrativo que refute o menoscabe el valor

probatorio

de

aquella

administrativa.

considerada

Hernández,

Álvarez

por

v.

la

agencia

Centro

Unido,

supra; Otero v. Toyota, supra. Así lo hicieron oportuna y

adecuadamente. Veamos.

De

entrada,

al

examinar

los

incidentes

procesales

acaecidos en este caso, debemos resaltar que el interés y

diligencia

exhibida

acceso

la

a

por

grabación

los

de

peticionarios

la

vista

en

procurar

administrativa

es

incuestionable. Estas gestiones se remontan a una etapa

tan temprana como en los procedimientos ante el DACo.

Allí, en dos ocasiones, solicitaron por escrito obtener

copia

de

la

grabación

de

la

vista

administrativa

y

sufragar su costo. Tenían derecho a ello.

Según reseñamos, la Regla 29.5 del Reglamento Núm.

8034,

supra,

exigía

al

DACo

entregar

la

copia

de

la

regrabación de dicho procedimiento. No empece al mandato

inequívoco establecido en su propio Reglamento, el DACo

ignoró las dos solicitudes de los peticionarios. Al así

proceder, contravino la trillada norma que establece que

las agencias administrativas vienen obligadas a observar

CC-2017-0512

21

estrictamente sus propios reglamentos. Ayala Hernández v.

Consejo Titulares, 190 DPR 547, 568 (2014); T-JAC, Inc.

v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 81 (1999); García

Cabán v. U.P.R., 120 DPR 167, 175 (1987). Véase, además,

Daco v. Toys “R” Us, 191 DPR 760, 771 (2014) (Sentencia),

donde

advertimos

que

“el

DACo

no

tiene

facultad

para

aplicar sus reglamentos solo cuando le plazca”.

Lo mismo hizo el Tribunal de Apelaciones, no empece

a conocer sobre el desatinado proceder del DACo. Al igual

que

la

agencia

administrativa

recurrida,

el

foro

apelativo intermedio nunca dio trámite a la solicitud de

los

peticionarios.

Es

decir,

lejos

de

denegar

la

solicitud para la reproducción de la prueba oral, lo que

estaba facultado a hacer si entendía que la misma no

cumplía con los requisitos establecidos en su Reglamento,

dicho

foro

sencillamente

ignoró

la

petición

y

nunca

adjudicó la misma. Ello, a pesar de que la solicitud

promovida cumplió con las exigencias establecidas en la

Regla

66

del

Reglamento

del

Tribunal

de

Apelaciones,

peticionarios

promovieron

través

moción

supra.

Según

debidamente

visto,

su

los

solicitud

a

de

una

por

separado que presentaron junto a su recurso de revisión

judicial. En la misma, consignaron la necesidad de que se

autorizara

la

reproducción

de

la

prueba

oral,

especificando que sus señalamientos de error versaban,

precisamente,

sobre

la

apreciación

de

la

prueba

CC-2017-0512

22

testimonial desfilada en la vista administrativa. Siendo

ello así, específicamente justificaron la deseabilidad de

que

se

permitiera

transcripción,

revisor

toda

tuviera

elevar

la

vez

que

ante

sí

prueba

a

través

de

una

que

el

foro

íntegra

de

los

interesaban

la

prueba

testimonios de su perito y del señor Graciani Rodríguez y

así pudiera concluir que las determinaciones de hecho

elaboradas por la agencia fueron irrazonables a la luz de

la

totalidad

señalamientos

del

expediente

levantados

en

administrativo

el

recurso

de

y

los

revisión

judicial.

Ante ese cuadro, no cabe duda de que la solicitud de

los peticionarios cumplió con las exigencias establecidas

en

la

Regla

66

del

Reglamento

del

Tribunal

de

Apelaciones, supra. En resumidas cuentas, la misma se

presentó oportunamente y estuvo debidamente justificada.

Al evaluar el proceder del Tribunal de Apelaciones a la

luz del marco jurídico antes discutido, no podemos más

que

concluir

que

el

foro

intermedio

abusó

de

su

discreción, pues al ignorar dicha solicitud frustró el

derecho que le asiste a los peticionarios de probar su

caso conforme a los requisitos procesales y probatorios

que le eran exigibles.

Ante

la

presunción

de

corrección

que

reviste

las

determinaciones administrativas, los peticionarios tenían

la obligación -pero también el derecho- de colocar al

foro intermedio en posición de atender correctamente sus

CC-2017-0512

23

planteamientos sobre la apreciación y la credibilidad de

la prueba oral desfilada ante el DACo. Lo anterior se

agrava,

entre

consideración

otras

que

razones,

parte

de

la

cuando

prueba

tomamos

oral

en

que

se

pretendía reproducir y elevar era de carácter pericial,

por lo que dicho foro se encontraba en igual posición que

el DACo para apreciar la misma bajo su propio criterio.

García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra, pág. 89; Rebollo

v. Yiyi Motors, supra, pág. 78.

En fin, el Tribunal de Apelaciones ignoró el derecho

que

le

asistía

a

los

peticionarios

de

impugnar

la

apreciación de la prueba oral realizada por el DACo, no

empece

a

que

cumplieron

con

el

trámite

procesal

aplicable. En su defecto, dicho foro optó por confirmar

la decisión administrativa, basándose, inexplicablemente,

en la deferencia que merecía la apreciación de la prueba

oral que nunca examinó, a pesar de la solicitud oportuna

de que lo hiciera conforme a su Reglamento. Tal proceder

resulta

insostenible

a

la

luz

de

los

preceptos

más

elementales del debido proceso de ley y de la doctrina de

revisión judicial y, por tanto, merece nuestro rechazo.

IV

En virtud de lo anterior, revocamos la Sentencia del

Tribunal de Apelaciones y devolvemos el caso a dicho foro

para que resuelva correctamente los méritos del recurso

de

revisión

peticionarios.

administrativa

Ello,

una

vez

promovido

evalúe

la

por

los

totalidad

del

CC-2017-0512

expediente,

24

lo

que

incluye

la

prueba

oral

cuya

reproducción y posterior transcripción le fuera oportuna

y debidamente solicitada.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

José Graciani Rodríguez;

Carmen Cuadrado Cintrón

Recurridos

v.

CC-2017-512

Certiorari

Garage Isla Verde, LLC;

Mercedes Benz USA, LLC;

Mercedes Benz Financial

Services USA, LLC

Peticionarios

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 29 de marzo de 2019.

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la

Sentencia del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso

a dicho foro para que resuelva correctamente los méritos

del recurso de revisión administrativa promovido por los

peticionarios. Ello, una vez evalúe la totalidad del

expediente, lo que incluye la prueba oral cuya reproducción

y posterior transcripción le fuera oportuna y debidamente

solicitada.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y

Secretario del Tribunal Supremo.

certifica el

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo