Tribunal Supremo de Puerto Rico
Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, LLC; Mercedez Benz USA, LLC; Mercedes Benz Financial Services USA, LLC
2019 TSPR 59
Poder Judicial de Puerto Rico
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Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, LLC; Mercedez Benz USA, LLC; Mercedes Benz Financial Services USA, LLC
CC-2017-512
Discreción del Tribunal de Apelaciones para autorizar la reproducción de la prueba oral al atender un recurso de revisión judicial de una determinación administrativa
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
José Graciani Rodríguez; Carmen
Cuadrado Cintrón
Recurridos
Certiorari
v.
2019 TSPR 59
Garage Isla Verde, LLC; Mercedes Benz
USA, LLC; Mercedes Benz Financial
Services USA, LLC
202 DPR ____
Peticionarios
Número del Caso:
CC-2017-512
Fecha: 29 de marzo de 2019
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón y Aibonito Panel VI
Abogados de la parte peticionaria:
Lcdo. César Alcover Acosta
Lcdo. Álvaro A. Almonte Veloz
Lcdo. Rafael G. Rivera Rosario
Abogado de la parte recurrida:
Lcda. Teresita Santoni Gordon
Materia: Discreción del Tribunal de Apelaciones para autorizar la
reproducción de la prueba oral al atender un recurso de revisión
judicial de una determinación administrativa.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
José Graciani Rodríguez;
Carmen Cuadrado Cintrón
Recurridos
CC-2017-0512
Certiorari
v.
Garage Isla Verde, LLC;
Mercedes Benz USA, LLC;
Mercedes Benz Financial
Services USA, LLC
Peticionarios
El Juez Asociado señor
Opinión del Tribunal.
ESTRELLA
MARTÍNEZ
emitió
la
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de marzo de 2019.
Este recurso nos brinda la oportunidad de aclarar el
ámbito discrecional que tiene el Tribunal de Apelaciones
en cuanto a autorizar la reproducción de prueba oral al
atender
un
recurso
de
revisión
determinación
administrativa.
resolver
ante
si,
un
judicial
de
Específicamente,
planteamiento
sobre
error
una
debemos
en
la
apreciación de la prueba oral realizada por una agencia
administrativa,
el
Tribunal
de
Apelaciones
abusa
de
su
discreción cuando adjudica el mismo sin el beneficio de
dicha prueba. Ello, a pesar de la parte interesada haber
solicitado y justificado adecuadamente al foro intermedio
su reproducción.
Con lo anterior en mente, pasemos a examinar los hechos
que dieron génesis al recurso ante nuestra consideración.
CC-2017-0512
2
I
El 27 de enero de 2015, el Sr. José Graciani Rodríguez
(recurrido
o
señor
Graciani
Rodríguez)
presentó
una
querella ante el Departamento de Asuntos del Consumidor
(DACo) contra Garage Isla Verde, LLC, Mercedes Benz USA,
LLC,
y
Mercedes
(conjuntamente,
Benz
Financial
peticionarios).
En
Services
USA,
LLC
síntesis,
alegó
que
adquirió de Garage Isla Verde, LLC, un Mercedes Benz usado
y que, al poco tiempo de la compra, la unidad comenzó a
confrontar problemas mecánicos. Específicamente, adujo que
al automóvil se le escapaba constantemente el aceite del
motor y que ello requirió múltiples labores de servicio en
las facilidades de Garage Isla Verde, LLC. Además, alegó
que la transmisión de la unidad estaba defectuosa.
Según el señor Graciani Rodríguez, la recurrencia de
estos
problemas,
deficientes
así
brindados
como
por
los
servicios
Garage
Isla
técnicos
Verde,
LLC,
ocasionaron que el automóvil pasara mucho tiempo en el
taller de servicio. Por ello, solicitó como remedio el
cambio de la unidad en garantía por una de mayor valor o,
alternativamente,
la
resolución
reembolso
lo
pagado,
de
todo
del
además
contrato
de
cualquier
y
el
otro
remedio que procediera en derecho.
Como parte de los trámites en el caso, un investigador
del DACo examinó la unidad en cuestión. Conforme surge del
Informe rendido, éste constató un goteo de aceite en la
CC-2017-0512
3
parte trasera del automóvil. A su juicio, la causa del
fallo obedecía a un defecto en el retenedor trasero del
cigüeñal de la unidad. Consecuentemente, concluyó que era
necesario
reemplazar
dicha
pieza,
labor
que
estimó
en
$1,200.00. Por otro lado, en lo concerniente al supuesto
fallo en la transmisión, el inspector realizó una prueba
de carretera en la unidad y no encontró tal defecto.
Por su parte, los peticionarios contestaron la querella
y negaron las alegaciones sobre los supuestos desperfectos
mecánicos en la unidad. A tal fin, arguyeron que el goteo
de aceite al que se refería el señor Graciani Rodríguez
era normal para el tiempo y millaje de la unidad, y que el
mismo no presentaba un riesgo de seguridad ni menoscababa
el valor de la unidad. Además, añadieron que todas las
quejas presentadas por el señor Graciani Rodríguez fueron
debidamente evaluadas, diagnosticadas y reparadas conforme
a los términos de la garantía a la que se acogió. En torno
a esto último, agregaron que cualquier alegación sobre un
fallo mecánico aún no reparado constituía materia pericial
a ser justipreciada en su debido momento.
Posteriormente, el DACo condujo una segunda inspección
de la unidad en las instalaciones de Garage Isla Verde,
LLC. Según los hallazgos del investigador en su Informe de
Inspección, el goteo de aceite de motor en el retenedor
trasero de la unidad había sido reparado. De ese modo, el
investigador
concluyó
que
“[e]l
vehículo
motivo
de
la
CC-2017-0512
4
querella de epígrafe no presentó la condición descrita [en
la querella]”.1
A la luz de los hallazgos y conclusiones rendidas por
el
propio
investigador
del
DACo,
los
peticionarios
solicitaron la desestimación sumaria de la querella. En
respuesta, el señor Graciani Rodríguez presentó un escrito
intitulado Objeción al informe. Contrario a lo que sugiere
su título, en dicho escrito el señor Graciani Rodríguez no
impugnó los hallazgos técnicos del investigador. Más bien,
dirigió el escrito a plasmar su inconformidad con el hecho
de que los peticionarios, aunque repararon su vehículo, no
accedieron a reemplazar el mismo.
El DACo no resolvió las mociones dispositivas ante su
consideración.
En
lugar,
que
compareció
administrativa
a
Rodríguez,
derecho
por
la
su
propio,
celebró
y
el
los
una
señor
vista
Graciani
peticionarios
a
través de sus respectivos abogados. En la vista también
participó
el
Sr.
mecánica
de
Garage
Isla
calidad
de
testimonio
en
peticionarios.
Al
Emanuel
culminar
Polanco,
jefe
del
Verde,
LLC,
quien
perito
la
de
vista,
taller
ocurrencia
los
de
brindó
por
los
peticionarios
solicitaron por escrito la regrabación de la prueba oral
desfilada, indicando que sufragarían su costo.2 El DACo
nunca atendió la solicitud.
Apéndice del certiorari, pág. 60
de regrabación de la vista en su fondo de
23 de mayo de 2016, apéndice del certiorari, págs. 76-77.
1
2Solicitud
CC-2017-0512
5
Así las cosas, el 9 de junio de 2016, el DACo notificó
una Resolución declarando ha lugar la querella del señor
Graciani Rodríguez. Consecuentemente, ordenó la resolución
del
contrato
prestaciones
de
y
compraventa,
condenó
a
la
los
devolución
de
las
peticionarios
al
pago
solidario de una indemnización de $3,500.00 para el señor
Graciani Rodríguez e igual suma para su esposa, la Sra.
Carmen Cuadrado Cintrón. Además, les impuso el pago de
$2,000.00 por concepto de honorarios de abogado.
En síntesis, la agencia concluyó que la condición de
fuga de aceite era preexistente a la fecha de adquisición
de la unidad y que, por tanto, Garage Isla Verde, LLC,
había incurrido en una práctica engañosa al entregar la
unidad no conforme a lo representado y al no diagnosticar
la
condición
oportunamente.
Mercedes
Benz
USA,
utilizar
materia
LLC,
prima
no
En
cuanto
al
razonó
que
éste
idónea
en
la
fabricante,
incidió
al
confección
del
retenedor trasero de la unidad. Además, el DACo concluyó
que, en la alternativa, el contrato de compraventa era
nulo por causa ilícita, toda vez que:
Habiendo el expediente establecido que la fuga de
aceite es la consecuencia de los materiales
inadecuados, es forzoso concluir que el objeto de
contrato
es
contrario
a
la
afirmación
de
idoneidad . . . [y] tiene la consecuencia a su
vez de ser una fuente constante de contaminación,
mediante la fuga de aceite al medioambiente.
Habiendo un orden público dirigido a proteger el
medio ambiente y de requerir la idoneidad de los
vehículos de motor, es forzoso concluir que dicho
contrato de compraventa es nulo por causa
CC-2017-0512
6
ilícita, por ser contrario al orden público y a
la ley.3
A
consecuencia
refirió
copia
Ambiental
y
de
de
a
la
este
la
último
Resolución
Agencia
de
razonamiento,
el
a
Calidad
la
Junta
Protección
de
DACo
Ambiental
de
recurrir
en
Estados Unidos.
Posteriormente,
revisión
judicial,
dentro
los
del
término
peticionarios
para
presentaron,
por
segunda ocasión, una moción ante el DACo solicitando la
regrabación de la vista.4 La agencia nada dispuso. Además,
dentro de dicho plazo, presentaron ante la agencia una
Moción de relevo de Resolución. En la misma indicaron que,
con posterioridad a notificarse el dictamen, advinieron en
conocimiento de que el 30 de octubre de 2014 el señor
Graciani Rodríguez había chocado la unidad objeto de la
querella
y
que
nunca
lo
divulgó
a
las
partes
o
a
la
agencia durante el pleito. No obstante, el DACo tampoco
resolvió la solicitud.
Ante
ese
cuadro,
Tribunal
de
Apelaciones.
judicial,
impugnaron
los
peticionarios
En
las
su
recurrieron
recurso
determinaciones
de
al
revisión
de
hecho
formuladas por el DACo, argumentando que las mismas eran
insostenibles
ante
Específicamente,
la
prueba
arguyeron
recibida
por
que
el
la
agencia.
expediente
administrativo carecía de prueba documental para apoyar
3Resolución,
4Moción
apéndice del certiorari, pág. 86.
reiterando solicitud de regrabación de la
vista en su fondo de 23 de mayo de 2016, apéndice del
certiorari, págs. 146-147.
CC-2017-0512
las
7
mismas
y
que,
por
el
contrario,
éstas
resultaban
incompatibles con la prueba oral recibida en la vista.
Ello,
particularmente
a
la
luz
del
testimonio
técnico
ofrecido por su perito.
Además, arguyeron que el testimonio del señor Graciani
Rodríguez no respaldaba las determinaciones de la agencia
en cuanto a las alegadas angustias mentales sufridas por
éste
y
su
esposa.
Ésta
última,
quien
ni
siquiera
testificó. De ese modo, los peticionarios argumentaron que
la
agencia
obró
de
forma
arbitraria
e
irrazonable
al
aquilatar la prueba recibida. Por último, impugnaron la
partida de honorarios de abogado dictaminada.
En lo pertinente a la controversia ante nos, ese mismo
día,
junto
al
peticionarios
recurso
presentaron
de
revisión
judicial,
los
ante
el
intermedio
una
foro
solicitud para que se ordenara al DACo a reproducir la
grabación
de
la
prueba
oral
desfilada
en
la
vista
administrativa y para que se autorizaran los trámites para
su posterior transcripción.5 Lo anterior, conforme a las
Reglas 66 y 76 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,
infra.
Igualmente,
los
peticionarios
consignaron
en
el
escrito la necesidad de autorizar dicho trámite, indicando
que,
a
la
luz de
los
señalamientos
de
error
sobre
la
apreciación de la prueba oral, resultaba indispensable que
dicho
foro
5Moción
examinara
el
contenido
exacto
e
íntegro
de
solicitando autorización para la transcripción
de la prueba oral conforme a las Reglas 66 y 76 de este
Tribunal, apéndice del certiorari, págs. 183-184.
CC-2017-0512
8
dicha prueba. Además, alertaron al foro intermedio sobre
las omisiones del DACo en no atender sus solicitudes para
obtener
una
copia
de
la
grabación
de
la
vista
administrativa. A pesar de lo señalado expresamente por
los
peticionarios
en
su
solicitud,
el
Tribunal
de
Apelaciones nunca atendió la misma.
Sorpresivamente,
el
intermedio
notificó
totalidad
el
31
una
dictamen
de
marzo
de
2017,
el
foro
Sentencia
confirmando
en
su
recurrido.
En
a
los
torno
señalamientos de los peticionarios sobre la apreciación de
la
prueba
oral
hecha
por
el
DACo,
el
Tribunal
de
Apelaciones se limitó a reproducir las determinaciones de
hecho formuladas por la agencia y concluyó, sin más, que
“[l]as Determinaciones de hechos realizadas por [el] DACo,
según
estas
constan
en
la
Resolución
recurrida,
están
basadas en la credibilidad que le[s] dio la agencia a los
testimonios vertidos en la vista administrativa celebrada
el 23 de mayo de 2016”.6
De
ese
modo,
amparado
en
la
consabida
norma
de
deferencia en asuntos de apreciación de la prueba oral, el
foro
intermedio
apreciación
de
concluyó
que
“[e]n
consideración
la
que
hizo
[el]
prueba
DACo
a
la
luego
de
dirimir cuestiones de credibilidad, no existe razón válida
para
intervenir
con
las
Determinaciones
de
hechos
obran en la Resolución recurrida”.7
6Sentencia,
7Íd.,
apéndice del certiorari, pág. 234.
pág. 237.
que
CC-2017-0512
9
En desacuerdo, los peticionarios presentaron una Moción
de
Reconsideración.8
señalamientos
de
Una
vez
más,
argumentaron
error
iban
dirigidos
a
que
sus
impugnar
la
apreciación de la prueba oral realizada por el DACo y que
ello presuponía que dicho foro autorizara su reproducción,
según fuera solicitado oportunamente. Arguyeron que, para
poder determinar la razonabilidad de las determinaciones
de hecho emitidas por la agencia, era menester examinar la
totalidad del expediente, lo que incluía, desde luego, la
prueba
oral
recibida.
Sobre
el
particular,
los
peticionarios aludieron nuevamente a las Reglas 66 y 76
del
Reglamento
plantearon
solicitar
que
la
del
Tribunal
las
mismas
reproducción
y
de
Apelaciones,
reconocían
su
transcripción
de
infra,
y
derecho
a
la
prueba
oral en casos en que se pretenda impugnar su apreciación.
En vista de lo planteado por los peticionarios, el
Tribunal
de
Apelaciones
notificó
una
Resolución
concediéndole al señor Graciani Rodríguez y al DACo un
término de diez (10) días para fijar su posición en torno
a
los
méritos
Ninguno
alguno,
de
compareció.
el
lo
solicitado
Aun
así
Tribunal
de
y
por
sin
los
peticionarios.
consignar
Apelaciones
fundamento
denegó
la
reconsideración.
Todavía inconformes, los peticionarios acudieron ante
este
Tribunal
mediante
petición
de
certiorari.
____________________________
8Apéndice
del certiorari, págs. 240-247.
En
lo
CC-2017-0512
10
pertinente a los asuntos que resolvimos atender, se nos
formulan los siguientes señalamientos de error:
Erró el [Tribunal de Apelaciones] al no
observar los términos de su propio Reglamento y
privar a [los peticionarios] de la oportunidad de
presentar
la
transcripción
de
la
vista
administrativa, a pesar de haberlo solicitado
oportunamente.
Erró el [Tribunal de Apelaciones] al dictar
Sentencia
sin
la
totalidad
del
expediente
administrativo.
Establecidos los incidentes fácticos y procesales del
caso, abordemos en segundo término el marco jurídico que
gobierna la controversia ante nuestra consideración.
II
A.
Como axioma de la doctrina de revisión judicial, sabido
es que los tribunales apelativos vienen llamados a otorgar
amplia
deferencia
a
las
decisiones
de
las
administrativas.
Ello,
en
atención
la
experiencia
pericia
presume
que
se
tienen
a
dichos
agencias
organismos
y
para
atender y resolver los asuntos que le han sido delegados.
Rolón Martínez v. Supte. Policía, res. el 27 de agosto de
2018, 2018 TSPR 157, págs. 8-9; Mun. de San Juan v. CRIM,
178 DPR 163, 175 (2010); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR
64, 130 (1998).
Desde luego, la norma anterior nunca ha pretendido ser
absoluta. Por eso, hemos resuelto con igual firmeza que
los
tribunales
corrección,
so
no
podemos
pretexto
imprimirle
de
un
deferencia,
sello
de
a
las
CC-2017-0512
11
determinaciones
o
interpretaciones
irrazonables,
ilegales,
o
administrativas
simplemente,
contrarias
a
derecho. IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR
712, 746 (2012); Empresas Ferrer v. A.R.PE., 172 DPR 254,
264
(2007).
De
ese
modo,
hemos
apuntalado
que
las
determinaciones de una agencia administrativa se han de
examinar bajo un estándar de razonabilidad. Torres Rivera
v. Policía de PR, 196 DPR 606, 626 (2016); Calderón Otero
v. C.F.S.E., 181 DPR 386, 396 (2011); Rebollo v. Yiyi
Motors, 161 DPR 69, 76 (2004). Esto consiste en dirimir si
la agencia actuó arbitraria o ilegalmente, o en forma tan
irrazonable
que
su
actuación
constituya
un
abuso
de
discreción. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág.
9; Rebollo v. Yiyi Motors, supra.
En
lo
concerniente
a
las
determinaciones
de
hecho
dictaminadas por un organismo administrativo, el ámbito de
la revisión judicial se enmarca en auscultar si las mismas
se
basaron
en
evidencia
sustancial
considerando
la
totalidad del expediente administrativo. Sec. 4.5 de la
Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno
de Puerto Rico (LPAU), 3 LPRA sec. 9675; Rolón Martínez v.
Supte. Policía, supra, pág. 9; Otero v. Toyota, 163 DPR
716,
727-728
Expressway
(2005)
Motors,
(Per
Inc.,
curiam);
148
DPR
Domínguez
387,
397
v.
Caguas
(1999)
(Per
curiam).
A tono con lo anterior, consecuentemente hemos definido
el concepto de evidencia sustancial como “aquella prueba
CC-2017-0512
relevante
12
que
una
mente
razonable
podría
aceptar
como
adecuada para sostener una conclusión”. Rolón Martínez v.
Supte. Policía, supra, pág. 10; Hilton Hotels v. Junta
Salario Mínimo, 74 DPR 670, 686 (1953). Por su parte, el
expediente
o
récord
exclusiva
para
procedimiento
la
administrativo
constituye
decisión
la
adjudicativo,
de
así
como
la
agencia
para
base
en
la
un
revisión
judicial ulterior. Sec. 3.18 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9658;
García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 894 (2008).
Éste
alberga,
entre
otros
particulares,
la
evidencia
recibida o considerada por la agencia, así como aquellos
ofrecimientos de prueba y las objeciones a los mismos.
Sec. 3.18 de la LPAU, supra. Ello incluye, desde luego, la
prueba oral recibida en la vista administrativa. De ahí a
que
la
LPAU
exija
que
toda
vista
administrativa
sea
grabada o estenografiada. Sec. 3.13(a) de la LPAU, 3 LPRA
sec. 9653.
A modo de implementar este último mandato, la Regla
29.5 del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos del
DACo, Reglamento Núm. 8034, Departamento de Estado, 13 de
junio de 2011 (Reglamento Núm. 8034), expresamente dispone
que
“[c]ualquier
parte
podrá
solicitar
una
copia
certificada del expediente y de la transcripción de la
vista
.
.
.
mediante
el
pago
de
los
cargos
correspondientes”. Además, en aquellos casos en que tan
solo se interese una copia de la grabación de la vista, la
aludida
Regla
también
establece
que
“[l]a
parte
CC-2017-0512
13
solicitante
podrá
contratar
un
transcriptor
de
récord
certificado, el cual el Departamento le dará acceso a una
copia de la grabación para transcribir la misma, mediante
el cargo correspondiente”. (Énfasis y subrayado suplido).
Regla 29.5 del Reglamento Núm. 8034.
B.
De otra parte, dado a la presunción de corrección y
regularidad
que
reviste
elaboradas
por
las
a
las
determinaciones
agencias
de
hecho
administrativas,
hemos
resuelto que éstas “debe[n] ser respetada[s] mientras la
parte
que
las
impugne
no
produzca
evidencia
suficiente
para derrotarlas". Otero v. Toyota, supra, pág. 728. Para
así lograrlo, corresponde a la parte que cuestiona las
mismas “demostrar que existe otra prueba en el expediente
que
reduzca
o
menoscabe
el
valor
probatorio
de
la
evidencia impugnada, hasta el punto de que no se pueda
concluir que la determinación de la agencia fue razonable
de acuerdo con la totalidad de la prueba presentada que
tuvo ante su consideración.” Camacho Torres v. AAFET, 168
DPR
66,
91
Hernández,
(2006);
(2006),
citando
a
Otero
v.
Toyota,
168
DPR
Álvarez
v.
Centro
Unido,
Domínguez
v.
Caguas
Expressway
supra;
592,
Motors,
615
Inc.,
supra, págs. 397-398.
Cuando la impugnación de las determinaciones de hecho
se
base
en
credibilidad
la
prueba
que
administrativa,
oral
desfilada,
así
como
a
la
le
mereció
la
misma
este
Tribunal
ha
expresado
que
en
la
agencia
“[e]s
CC-2017-0512
14
imprescindible que se traiga a la consideración del foro
revisor
la
exposición
transcripción
de
la
vista
celebrada
o
una
narrativa
la
prueba”.
(Énfasis
en
el
de
original). Camacho Torres v. AAFET, supra, pág. 92. Dicho
de
otro
modo,
los
tribunales
apelativos
no
deben
intervenir con la apreciación de la prueba oral hecha por
la agencia recurrida cuando no se tiene forma de evaluar
la evidencia presentada debido a que la parte promovente
no elevó una transcripción o una exposición narrativa de
tal prueba. J. A. Echevarría Vargas, Derecho Administrativo
Puertorriqueño, San Juan, Ed. SITUM, 2017, pág. 325.
Así, por ejemplo, en García Fantauzzi v. Dir. Adm.
Trib., 182 DPR 560 (2011) (Sentencia), resolvimos que el
Tribunal de Apelaciones erró al revocar una determinación
de hecho de la Junta de Personal de la Rama Judicial sin
estar
en
posición
de
así
hacerlo,
pues
“no
tuvo
el
beneficio de examinar la transcripción de la prueba oral
desfilada durante el proceso administrativo” y, “[p]or lo
tanto,
debía
administrativa”.
brindarle
deferencia
Íd.,
569.
pág.
Véase,
a
la
decisión
además,
Camacho
Torres v. AAFET, supra, donde expresamos que, en ausencia
de la prueba oral, “difícilmente se podrá descartar la
determinación impugnada”. Por tanto, es tarea de la parte
interesada presentar al foro revisor la prueba oral bajo
la que se pretende impugnar las determinaciones de una
agencia administrativa.
CC-2017-0512
En
15
atención
a
lo
anterior,
nuestro
ordenamiento
procesal apelativo provee los mecanismos para asistir a
una parte en dicha encomienda. A esos efectos, la Regla 66
del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap.
XXII-B, establece el trámite a seguir para que se autorice
la
reproducción
de
la
prueba
oral
desfilada
en
el
procedimiento administrativo. Dicha Regla dispone que:
(A) Cuando se apuntare error en la apreciación de
la prueba oral o que alguna determinación de
hechos no esté sostenida por la prueba, y sea
necesario recurrir a la reproducción de la prueba
oral, la parte recurrente lo hará constar en
moción por separado, presentada junto al escrito
inicial de revisión. De no solicitarlo así la
parte
recurrente,
las
demás
partes
podrán
efectuar igual solicitud dentro de diez (10) días
contados a partir de la notificación del recurso
de revisión.
(B)
En
dicha
moción
la
parte
interesada
sustanciará y probará la necesidad de recurrir a
la prueba oral, con vista a las determinaciones
de
hechos
de
la
agencia
o
del(de
la)
funcionario(a),
haciendo
referencia
a
las
cuestiones planteadas en la solicitud de revisión
y al contenido de los testimonios específicos que
se interesa utilizar. La omisión de cumplir con
esta regla podrá dar lugar a que se declare sin
lugar la moción.
(C) La reproducción de la prueba oral se hará
conforme a lo estatuido en las Reglas 76 y 76.1
de este Reglamento, debiendo efectuar la agencia
los trámites que corresponden al Tribunal de
Primera Instancia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 66.
Conforme surge del precitado texto, queda claro que la
posibilidad de que el Tribunal de Apelaciones autorice y
ordene
la
reproducción
inexorablemente
de
condicionada
la
al
prueba
oral
cumplimiento
con
está
los
requisitos delineados en la Regla 66 de su Reglamento,
supra.
Se
requiere,
en
primer
término,
que
la
parte
CC-2017-0512
16
recurrente solicite dicho trámite oportunamente, mediante
una moción por separado presentada junto al recurso de
revisión judicial.
Asimismo,
necesidad
de
se
debe
acudir
señalamientos
establecer
en
la
oral
a
promovidos
prueba
en
el
dicha
a
recurso
moción
la
luz
de
los
de
revisión
judicial. Esto, ya sea porque en el mismo se cuestionen
aspectos sobre la apreciación de la prueba oral tales como
la credibilidad de los testimonios o porque se aduzca que
las determinaciones de hecho no se sostuvieron al amparo
de tal prueba. Además, la parte recurrente deberá aludir
al contenido específico de los testimonios que interesa
utilizar.
Cuando
se
cumple
con
los
requisitos
anteriores,
se
deduce de la última oración del precitado inciso (B) que
el
Tribunal
de
Apelaciones
deberá
autorizar
la
reproducción de la prueba oral. De lo contrario, dicho
foro incurriría en un abuso de discreción, pues adviértase
que “si se le señala al tribunal revisor la prueba que
menoscaba las determinaciones de hecho de la agencia, el
tribunal revisor debe proceder a examinar el expediente
administrativo,
para
determinar
si
las
conclusiones
de
hecho encuentran apoyo en evidencia sustancial que obra en
dicho expediente.” (Énfasis suplido). O.E.G. v. Rodríguez,
159 DPR 98, 119 (2003); Ramírez v. Depto. de Salud, 147
DPR 901, 906 (1999) (Per curiam).
CC-2017-0512
17
Una vez se autoriza la reproducción de la prueba oral,
el inciso (C) de la Regla 66 del Reglamento del Tribunal
de Apelaciones, supra, dispone que la misma podrá elevarse
conforme a los mecanismos establecidos bajo las Reglas 76
y 76.1 de dicho Reglamento. Es decir, se podrá elevar una
transcripción
de
la
prueba
oral
preparada
por
un
transcriptor privado autorizado o por estipulación, sujeto
al procedimiento y los términos dispuestos bajo la Regla
76,
supra.
estipulada
Igualmente,
o
una
se
podrá
exposición
someter
narrativa
a
una
exposición
tenor
con
las
normas delineadas en la Regla 76.1, supra.
C.
Por último, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones
le reconoce discreción y flexibilidad a dicho foro para
tramitar los recursos ante sí de manera ágil y eficiente.
Véanse,
Reglas
2
y
8
del
Reglamento
del
Tribunal
de
Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. Esa discreción judicial,
hemos reiterado, consiste en “la facultad que tiene dicho
foro para resolver de una forma u otra, o de escoger entre
varios cursos de acción”. Citibank et al. v. ACBI et al.,
res. el 29 de junio de 2018, 2018 TSPR 119, pág. 14;
García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005); Pueblo v. Ortega
Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990).
Ahora
bien,
debemos
advertir
que
procurar
la
tramitación expedita de los casos no es el único propósito
al que debe aspirar el Tribunal de Apelaciones. Al ejercer
su discreción, corresponde a dicho foro tener presente su
CC-2017-0512
igualmente
18
encomiable
obligación
de
procurar
“[o]frecer
acceso fácil, económico y efectivo al tribunal, eliminando
obstáculos
y
barreras
que
impidan
impartir
justicia
apelativa a los ciudadanos con reclamos válidos”. (Énfasis
suplido).
Regla
Apelaciones,
2(1)
supra.
del
Por
Reglamento
eso,
hemos
del
Tribunal
apuntalado
que
de
el
ejercicio de la discreción judicial tampoco es -ni puede
ser-
absoluto
y,
en
todo
caso,
“está
inexorablemente
ligad[o] a nociones de razonabilidad, según el contexto
particular en el que ést[e] se ejerce”. Citibank et al. v.
ACBI et al., supra; García v. Asociación, 165 DPR 311, 321
(2005).
Al
examinar
estos
principios
dentro
del
contexto
particular de la reproducción de la prueba oral, hemos
expresado que el Tribunal de Apelaciones debe obrar con
flexibilidad. Prog. Salud N. v. Prog. Salud S. Lucas, 142
DPR 270, 274 (1997) (Per curiam); López Rivera v. Rivera
Díaz, 141 DPR 194, 199-200 (1996) (Per curiam). De ese
modo, hemos advertido que, si bien el foro intermedio goza
de un amplio margen discrecional para implementar aquellas
medidas que agilicen el trámite de la reproducción de la
prueba oral, ello no podrá menoscabar los derechos que le
asisten a las partes. Pueblo v. Carrero Rolstad, 194 DPR
658,
667
American
(2016).
Rest.,
Perspectivas
de
Véanse,
además,
198
DPR
647,
la
práctica
Pabón
653
Reyes
(2017)
apelativa:
v.
South
(Sentencia);
25
años
del
Tribunal de Apelaciones, San Juan, Ed. SITUM, 2017, pág.
CC-2017-0512
19
121, aludiendo a nuestros pronunciamientos en Rivera v.
Pan Pepín, 161 DPR 681 (2004) y Hernández v. San Lorenzo
Const., 153 DPR 405 (2001).
Al
armonizar
este
conjunto
de
consideraciones,
es
forzoso colegir que en casos en que la parte interesada
plantee un error en la apreciación de la prueba oral y
justifique
oportuna
Apelaciones
la
y
adecuadamente
necesidad
de
ordenar
al
la
Tribunal
de
reproducción
de
ésta, conforme a los requisitos delineados en la Regla 66
de su Reglamento, supra, dicho tribunal tiene el deber de
así autorizarlo. Ante ese cuadro, permitir lo contrario
equivaldría a endosar la práctica de adjudicar errores en
la apreciación de la prueba oral sin el beneficio de una
transcripción,
exposición
narrativa
o
exposición
estipulada mediante la cual se conozca y se tenga ante sí
la prueba desfilada ante el foro recurrido. Camacho Torres
v. AAFET, supra.
Desde luego, una vez autorizada la reproducción de la
prueba oral en los casos en que procede, el Tribunal de
Apelaciones
puede,
dentro
de
su
ámbito
discrecional,
variar el mecanismo y los términos bajo el cual se elevará
la misma. Ello, ante consideraciones de celeridad procesal
y, en todo caso, con debida flexibilidad a la luz de las
circunstancias particulares que presenta cada caso.
A
tono
procedemos
con
a
consideración.
el
marco
resolver
jurídico
las
previamente
controversias
ante
esbozado,
nuestra
CC-2017-0512
20
III
Según
discutimos,
para
prevalecer
en
sus
reclamos
sobre la apreciación de la prueba, nuestro ordenamiento
jurídico
exige
a
los
peticionarios
presentar
más
que
meras alegaciones de inconformidad. Éstos tenían el deber
de
demostrar
la
existencia
de
otra
prueba
en
el
expediente administrativo que refute o menoscabe el valor
probatorio
de
aquella
administrativa.
considerada
Hernández,
Álvarez
por
v.
la
agencia
Centro
Unido,
supra; Otero v. Toyota, supra. Así lo hicieron oportuna y
adecuadamente. Veamos.
De
entrada,
al
examinar
los
incidentes
procesales
acaecidos en este caso, debemos resaltar que el interés y
diligencia
exhibida
acceso
la
a
por
grabación
los
de
peticionarios
la
vista
en
procurar
administrativa
es
incuestionable. Estas gestiones se remontan a una etapa
tan temprana como en los procedimientos ante el DACo.
Allí, en dos ocasiones, solicitaron por escrito obtener
copia
de
la
grabación
de
la
vista
administrativa
y
sufragar su costo. Tenían derecho a ello.
Según reseñamos, la Regla 29.5 del Reglamento Núm.
8034,
supra,
exigía
al
DACo
entregar
la
copia
de
la
regrabación de dicho procedimiento. No empece al mandato
inequívoco establecido en su propio Reglamento, el DACo
ignoró las dos solicitudes de los peticionarios. Al así
proceder, contravino la trillada norma que establece que
las agencias administrativas vienen obligadas a observar
CC-2017-0512
21
estrictamente sus propios reglamentos. Ayala Hernández v.
Consejo Titulares, 190 DPR 547, 568 (2014); T-JAC, Inc.
v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 81 (1999); García
Cabán v. U.P.R., 120 DPR 167, 175 (1987). Véase, además,
Daco v. Toys “R” Us, 191 DPR 760, 771 (2014) (Sentencia),
donde
advertimos
que
“el
DACo
no
tiene
facultad
para
aplicar sus reglamentos solo cuando le plazca”.
Lo mismo hizo el Tribunal de Apelaciones, no empece
a conocer sobre el desatinado proceder del DACo. Al igual
que
la
agencia
administrativa
recurrida,
el
foro
apelativo intermedio nunca dio trámite a la solicitud de
los
peticionarios.
Es
decir,
lejos
de
denegar
la
solicitud para la reproducción de la prueba oral, lo que
estaba facultado a hacer si entendía que la misma no
cumplía con los requisitos establecidos en su Reglamento,
dicho
foro
sencillamente
ignoró
la
petición
y
nunca
adjudicó la misma. Ello, a pesar de que la solicitud
promovida cumplió con las exigencias establecidas en la
Regla
66
del
Reglamento
del
Tribunal
de
Apelaciones,
peticionarios
promovieron
través
moción
supra.
Según
debidamente
visto,
su
los
solicitud
a
de
una
por
separado que presentaron junto a su recurso de revisión
judicial. En la misma, consignaron la necesidad de que se
autorizara
la
reproducción
de
la
prueba
oral,
especificando que sus señalamientos de error versaban,
precisamente,
sobre
la
apreciación
de
la
prueba
CC-2017-0512
22
testimonial desfilada en la vista administrativa. Siendo
ello así, específicamente justificaron la deseabilidad de
que
se
permitiera
transcripción,
revisor
toda
tuviera
elevar
la
vez
que
ante
sí
prueba
a
través
de
una
que
el
foro
íntegra
de
los
interesaban
la
prueba
testimonios de su perito y del señor Graciani Rodríguez y
así pudiera concluir que las determinaciones de hecho
elaboradas por la agencia fueron irrazonables a la luz de
la
totalidad
señalamientos
del
expediente
levantados
en
administrativo
el
recurso
de
y
los
revisión
judicial.
Ante ese cuadro, no cabe duda de que la solicitud de
los peticionarios cumplió con las exigencias establecidas
en
la
Regla
66
del
Reglamento
del
Tribunal
de
Apelaciones, supra. En resumidas cuentas, la misma se
presentó oportunamente y estuvo debidamente justificada.
Al evaluar el proceder del Tribunal de Apelaciones a la
luz del marco jurídico antes discutido, no podemos más
que
concluir
que
el
foro
intermedio
abusó
de
su
discreción, pues al ignorar dicha solicitud frustró el
derecho que le asiste a los peticionarios de probar su
caso conforme a los requisitos procesales y probatorios
que le eran exigibles.
Ante
la
presunción
de
corrección
que
reviste
las
determinaciones administrativas, los peticionarios tenían
la obligación -pero también el derecho- de colocar al
foro intermedio en posición de atender correctamente sus
CC-2017-0512
23
planteamientos sobre la apreciación y la credibilidad de
la prueba oral desfilada ante el DACo. Lo anterior se
agrava,
entre
consideración
otras
que
razones,
parte
de
la
cuando
prueba
tomamos
oral
en
que
se
pretendía reproducir y elevar era de carácter pericial,
por lo que dicho foro se encontraba en igual posición que
el DACo para apreciar la misma bajo su propio criterio.
García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra, pág. 89; Rebollo
v. Yiyi Motors, supra, pág. 78.
En fin, el Tribunal de Apelaciones ignoró el derecho
que
le
asistía
a
los
peticionarios
de
impugnar
la
apreciación de la prueba oral realizada por el DACo, no
empece
a
que
cumplieron
con
el
trámite
procesal
aplicable. En su defecto, dicho foro optó por confirmar
la decisión administrativa, basándose, inexplicablemente,
en la deferencia que merecía la apreciación de la prueba
oral que nunca examinó, a pesar de la solicitud oportuna
de que lo hiciera conforme a su Reglamento. Tal proceder
resulta
insostenible
a
la
luz
de
los
preceptos
más
elementales del debido proceso de ley y de la doctrina de
revisión judicial y, por tanto, merece nuestro rechazo.
IV
En virtud de lo anterior, revocamos la Sentencia del
Tribunal de Apelaciones y devolvemos el caso a dicho foro
para que resuelva correctamente los méritos del recurso
de
revisión
peticionarios.
administrativa
Ello,
una
vez
promovido
evalúe
la
por
los
totalidad
del
CC-2017-0512
expediente,
24
lo
que
incluye
la
prueba
oral
cuya
reproducción y posterior transcripción le fuera oportuna
y debidamente solicitada.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Luis F. Estrella Martínez
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
José Graciani Rodríguez;
Carmen Cuadrado Cintrón
Recurridos
v.
CC-2017-512
Certiorari
Garage Isla Verde, LLC;
Mercedes Benz USA, LLC;
Mercedes Benz Financial
Services USA, LLC
Peticionarios
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 29 de marzo de 2019.
Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la
Sentencia del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso
a dicho foro para que resuelva correctamente los méritos
del recurso de revisión administrativa promovido por los
peticionarios. Ello, una vez evalúe la totalidad del
expediente, lo que incluye la prueba oral cuya reproducción
y posterior transcripción le fuera oportuna y debidamente
solicitada.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y
Secretario del Tribunal Supremo.
certifica el
José Ignacio Campos Pérez
Secretario del Tribunal Supremo