Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Carmen T. García Salgado
2019 TSPR 51
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Carmen T. García Salgado
TS-12,774
Conducta Profesional: Suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía por incumplir con los requerimientos del Programa de Educación Jurídica Continua y con las órdenes del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2019 TSPR 51
201 DPR ____
Carmen T. García Salgado
Número del Caso:
TS-12,774
Fecha: 15 de marzo de 2019
Programa de Educación Jurídica Continua:
Lcdo. José Ignacio Campos Pérez
Materia: Conducta Profesional – La suspensión será efectiva el 15 de
marzo de 2019. Fecha en que se le notificó al abogado por correo
certificado de su suspensión inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
TS-12,774
Lcda. Carmen T. García Salgado
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2019.
Nuevamente ejercemos nuestra facultad disciplinaria y
ordenamos la suspensión inmediata e indefinida de la Lcda.
Carmen T. García Salgado (licenciada García Salgado) de la
profesión legal por su incumplimiento con los requerimientos
del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) y con las
órdenes de este Tribunal.
I
El entonces Director Ejecutivo del PEJC, Lcdo. José
Ignacio Campos Pérez, comparece ante nos mediante sendo
Informe en el que nos pone al tanto sobre el incumplimiento
de la licenciada García Salgado con los requisitos del PEJC
y sobre la reiterada desatención de la letrada con sus
requerimientos.
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La licenciada García Salgado fue admitida al ejercicio
de la abogacía el 14 de abril de 1999. El 23 de junio de
2017, el Director del PEJC compareció ante nos e indicó que
la licenciada García Salgado incumplió con los requisitos
del PEJC durante el periodo del 1 de abril de 2009 al 31 de
marzo
de 2011, así como
con el pago de
una multa
por
cumplimiento tardío para el periodo señalado. El Director
indicó que, en un principio, le envió a la letrada el Aviso
de Incumplimiento para el periodo antes mencionado. En dicho
Aviso
de
Incumplimiento
licenciada
García
se
Salgado
le
concedió
para
término
tomar
los
a
la
cursos
correspondientes y para satisfacer la multa por cumplimiento
tardío, conforme a la Regla 30(C) del Reglamento del Programa
de Educación Jurídica Continua, In re Aprobación Regl. Prog.
Educ.
Jur.,
164
DPR
555
(2005)
(según
enmendado).
Sin
embargo, la licenciada García Salgado ni tomó los cursos de
educación jurídica necesarios ni satisfizo la multa por
cumplimiento tardío.
Así las cosas, el PEJC le remitió una citación para una
Vista Informal a la dirección postal de notificaciones que
constaba en el Registro Único de Abogados y Abogadas del
Tribunal Supremo (RUA); sin embargo, esta ni compareció a la
Vista Informal ni se comunicó con el PEJC. Posteriormente,
se notificó por correo electrónico a la licenciada García
Salgado el Informe del Oficial Examinador y la determinación
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de la entonces Directora del PEJC, Hon. Geisa M. Marrero
Martínez, respecto a la Vista celebrada. Se le advirtió que,
de no cumplir con lo ordenado, el asunto de la Vista Informal
sería presentado ante la Junta para que esta determinara si
sería referida a este Tribunal. No obstante, del expediente
no
surge
que
la
letrada
hubiera
respondido
a
esta
comunicación.
A tenor con el apercibimiento hecho a la licenciada
García Salgado, el PEJC nos remitió el Informe.
Mediante el
mismo, nos señala que el Historial de Cursos Acreditados de
la licenciada García Salgado refleja que aún tiene incumplido
el período del 1 de abril de 2009 al 31 de marzo de 2011 y
que
adeuda
doscientos
dólares
($200.00)
en
multas
por
cumplimiento tardío. Asimismo, nos indica que la licenciada
García Salgado tampoco cumplió con los requisitos del PEJC
correspondientes a los períodos del 1 de abril de 2011 al 31
de marzo de 2013; del 1 de abril del 2013 al 31 de marzo de
2015; del 1 de abril de 2015 al 31 de marzo de 2018. Para
estos últimos períodos se le notificó a la licenciada García
Salgado un Aviso de Incumplimiento.
La letrada tampoco ha
pagado la multa por cumplimiento tardío de estos períodos.
Cabe mencionar que la licenciada García Salgado no ha sido
citada a una Vista Informal para estos períodos.
El 4 de diciembre de 2017 emitimos una Resolución en la
que le concedimos un término de veinte (20) días a la
licenciada García Salgado para que compareciera ante nos y
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mostrara causa por la cual no debía ser suspendida del
ejercicio de la profesión de la abogacía por incumplir con
los requisitos del PEJC. Del expediente no surge que la
licenciada García Salgado haya comparecido. El 28 de marzo
de 2018 emitimos una Resolución en la que le concedimos un
término final de diez (10) días a la licenciada García
Salgado para que mostrara causa por la cual no debía ser
suspendida del ejercicio de la profesión de la abogacía por
su incumplimiento con los requisitos del PEJC. La licenciada
García Salgado tampoco compareció. Así las cosas, el 26 de
octubre de 2018 emitimos otra Resolución concediéndole un
término de diez (10) días para que compareciera y mostrara
causa por la cual no debía ser suspendida de la abogacía por
incumplir con el PEJC y por no actualizar su dirección en el
Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RUA).
Nuevamente, incumplió nuestra orden.
II
El Canon 2 del Código de Ética Profesional requiere con
el “fin de viabilizar el objetivo de representación legal
adecuada para toda persona, [que] el abogado manten[ga] un
alto grado de excelencia y competencia en su profesión a
través
del
estudio
y
la
participación
en
programas
educativos de mejoramiento profesional”. 4 LPRA Ap. IX. Para
garantizar el cumplimiento de este deber, todo abogado o
abogada debe cumplir con los requisitos establecidos en el
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Reglamento de Educación Jurídica Continua, supra. In re
López González et al., 2015 TSPR 107.
Reiteradamente hemos expresado que la desidia y dejadez
ante los requerimientos del PEJC representan un gasto de
recursos
administrativos
por
parte
de
ese
programa
y
reflejan una patente falta de compromiso con el deber de
excelencia y competencia que encarna el Canon 2 del Código
de Ética Profesional. In re Cepero Rivera et al., 2015 TSPR
119. Por lo tanto, este Tribunal disciplina a los abogados
que desatienden los requerimientos de la Junta e incumplen
con las horas crédito de educación jurídica continua. In re
Rivera Trani, 188 D.P.R. 454 (2013).
Por otro lado, la Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal
Supremo,
4
LPRA
Ap.
XXI-B,
impone
a
los
abogados
la
obligación de mantener actualizados en el RUA sus datos
personales,
incluyendo
su
dirección
física,
postal
y
electrónica. Por ello, es deber de los abogados y notarios
avisar oportunamente a este Tribunal cualquier cambio en su
dirección. El incumplimiento con este deber obstaculiza el
ejercicio
de
nuestra
jurisdicción
disciplinaria
y
es
suficiente para decretar su separación indefinida de la
profesión. In re López González, et al., supra.
Por
desatender
último,
los
reiteradamente
requerimientos
de
hemos
este
señalado
Tribunal
por
que
los
miembros de la profesión legal constituye un serio agravio
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a nuestra autoridad e infringe el Canon 9. In re López
González, et al., supra; In re De Jesús Román, 192 D.P.R.
799
(2015).
A
su
vez,
hemos
advertido
que
procede
la
suspensión inmediata del ejercicio de la profesión cuando un
abogado no atiende con diligencia nuestros requerimientos y
se muestra indiferente ante nuestros apercibimientos de
imponerle sanciones disciplinarias. In re López González et
al., supra.
III
El PEJC, a través de su Director Ejecutivo, ha detallado
en el Informe los esfuerzos realizados para requerirle a la
licenciada García Salgado el cumplimiento con los requisitos
del PEJC. Todos estos esfuerzos han sido infructuosos por lo
que
ha
tenido
que
solicitar
nuestra
intervención.
La
licenciada García Salgado no ha comparecido ante nos ni ha
acreditado su cumplimiento con los requisitos del PEJC.
Lo
anterior
nos
lleva
a
decretar
la
suspensión
inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía de la
Lcda. Carmen T. García Salgado. Como consecuencia, se le
impone el deber de notificar a todos sus clientes, si alguno,
de su inhabilidad para seguir representándolos, devolverles
cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados
e informar inmediatamente de su suspensión a los foros
judiciales
y
administrativos
pendiente.
Además,
deberá
donde
acreditar
tenga
a
este
algún
asunto
Tribunal
el
cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta
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(30) días a partir de la notificación de esta Opinión Per
Curiam y Sentencia.
Se dictará Sentencia de conformidad.
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Carmen T. García Salgado
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SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2019.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam
que antecede, la cual se hace formar parte de la sentencia,
se suspende inmediata e indefinidamente del ejercicio de la
abogacía a la Lcda. Carmen T. García Salgado. Se le impone
el deber de notificar a todos sus clientes sobre su
inhabilidad para continuar representándolos, devolverles
cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados
e informar oportunamente de su suspensión a los foros
judiciales y administrativos. Además, tiene la obligación de
acreditar ante este Tribunal el cumplimiento con lo
anterior, en el término de treinta (30) días a partir de la
notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.
Lo acordó y manda el Tribunal
Secretario del Tribunal Supremo.
y
lo
certifica
José Ignacio Campos Pérez
Secretario del Tribunal Supremo
el