Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Elpidio Castro Colón
2019 TSPR 53
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Elpidio Castro Colón
TS-3,987
Conducta Profesional- Suspensión inmediata de la profesión de la abogacía y la notaría por desobedecer los requerimientos del Tribunal Supremo y no completar los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2019 TSPR 53
202 DPR ____
Elpidio Castro Colón
Número del Caso:
TS-3,987
Fecha: 26 de marzo de 2019
Programa de Educación Jurídica Continua:
Lcdo. José Ignacio Campos Pérez
Director Ejecutivo
Lcdo. Elpidio Castro Colón:
Por derecho propio
Materia:
Conducta Profesional – La suspensión será efectiva el 2
de abril de 2019. Fecha en que se le notificó al abogado de su
suspensión inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
TS-3,987
Elpidio Castro Colón
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a de 26 de marzo de 2019.
Nos
corresponde
disciplinaria
para
cumplir
con
dictaminar
nuestra
la
facultad
separación
del
Lcdo. Elpidio Castro Colón (licenciado Castro Colón
o
letrado)
de
la
práctica
de
la
abogacía
y
la
notaría por desobedecer nuestros requerimientos y no
completar los requisitos del Programa de Educación
Jurídica Continua (PEJC o Programa).
Enunciaremos
entonces
el
marco
fáctico
que
acarreó nuestro proceder.
I
El licenciado Castro Colón fue admitido a la
abogacía
el
25
juramentó
como
de
mayo
notario
el
de
7
1972,
de
mientras
junio
de
que
1972.
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2
Los hechos del presente procedimiento disciplinario
remontan al 15 de septiembre de 2016, cuando el Lcdo. José
Ignacio
Campos
Pérez,
entonces
director
ejecutivo
del
PEJC, incoó ante nos un Informe sobre incumplimiento con
requisito de educación jurídica continua. En éste, entre
otras cosas, plasmó que el letrado no había completado la
totalidad de las horas crédito mandatorias para el periodo
de 2009-2011.1
Consecuentemente,
el
21
de
septiembre
de
2016
dictamos una primera resolución otorgándole al licenciado
Castro Colón un plazo de veinte días para que mostrara
causa por la cual no debía ser suspendido de la abogacía
por inobservar su deber con el Programa. Dado a que el
letrado
no
contestó,
el
30
de
noviembre
de
2016
le
concedimos un término final de diez días para que hiciera
lo propio.
Así las cosas, el 9 de enero de 2017 el PEJC nos
remitió una Moción Informativa del licenciado Castro Colón
en la que indicó que se encontraba laborando arduamente
para
satisfacer
los
requerimientos
del
PEJC.
A
esos
efectos, se comprometió a tomar varios cursos durante ese
1
El entonces Director Ejecutivo también esbozó lo siguiente:
10. Por otra parte, precisa destacar que el licenciado
Castro Colón tampoco ha cumplido con los requisitos del
Programa, ni ha pagado la multa por cumplimiento tardío,
para el periodo del 2011-2013. Es menester señalar que el
licenciado no ha sido citado a una vista informal para
este periodo.
11. Asimismo, se informa a este Tribunal que el Historial
de Cursos Acreditados del licenciado Castro Colón refleja
que su periodo de cumplimiento actual está próximo a su
vencimiento (1 de octubre de 2013 al 30 de septiembre de
2016) y no tiene créditos acumulados en este.
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3
mes y solicitó tiempo adicional para coger los créditos
que
le
restaban.
En
otro
escrito,
instado
el
27
de
diciembre de 2016, consignó que asistió a unos seminarios
pero que estuvo hospitalizado por casi tres semanas. Por
tal
razón,
pidió
que
le
otorgáramos
más
tiempo
para
completar las exigencias del Programa.
En vista de lo anterior, el 7 de febrero de 2017
concedimos
al
letrado
un
plazo
de
sesenta
días
para
cumplir las horas crédito correspondientes. Nuevamente, el
12
de
mayo
de
2017,
le
ordenamos
que
cumpliera
las
exigencias del Programa en un periodo de treinta días. Por
lo tanto, el 31 de mayo de 2017 el licenciado Castro Colón
nos
informó
y
desglosó
los
cursos
que
tomó.
Indicó,
nuevamente, que estuvo hospitalizado y que se encontraba
en recuperación. Por ello, solicitó que le concediéramos
otra
oportunidad
para
satisfacer
las
horas
crédito
que
adeudaba.
Por consiguiente, el 26 de julio de 2017 le dimos un
término
de
ciento
veinte
días
para
que
tomara
“los
requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua o
present[ara] su Solicitud de Cambio de Estatus de Abogado
Inactivo en el Registro único de Abogados y Abogadas”.
(Bastardillas en el original). Debido a que el letrado no
contestó, el 27 de abril de 2018 requerimos que, en un
periodo de diez días, mostrara causa por la cual no debía
ser
suspendido
de
la
abogacía
por
inobservar
los
requisitos del PEJC. Obsérvese que ha pasado casi un año
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desde
4
nuestra
última
resolución
y
el
licenciado
Castro
Colón aún no ha evidenciado su cumplimiento ni ha instado
escrito alguno.
Consignados los hechos materiales, discutiremos las
normas que les aplican.
II
Como parte de nuestro poder inherente para regular la
profesión
de
la
abogacía
en
Puerto
Rico,
tenemos
que
asegurarnos que sus componentes empleen sus funciones de
forma responsable, competente y diligente.2 A través del
Código de Ética Profesional erigimos las normas mínimas de
conducta que los abogados y las abogadas que ejercen la
ilustre profesión deben desplegar.3
El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA
Ap. IX, es una de las disposiciones de mayor envergadura
pues requiere que los letrados y las letradas se conduzcan
respetuosamente hacia los tribunales de justicia.4 En lo
pertinente, preceptúa que estos “debe[n] observar para con
los
tribunales
una
conducta
que
se
caracterice
por
el
mayor respeto”.5
Es por ello que hemos dispuesto que la naturaleza de
la función de la abogacía requiere que se emplee estricta
In re Oyola Torres, 194 DPR 437 (2016); In re Vera Vélez, 192
DPR 216, 226 (2015).
2
In re Guemárez Santiago, 191 DPR 611, 617-618 (2014); In re
Falcón López, 189 DPR 689 (2013).
3
4 In re Federico O. López Santiago, 2018 TSPR 31, en la pág. 11,
199 DPR ___ (2018); In re Shirley Vélez Rivera, 2018 TSPR 4, en la
pág. 6, 199 DPR ___ (2018).
5
4 LPRA Ap. IX. C. 9.
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5
atención y obediencia a las órdenes de esta Curia, o de
cualquier foro judicial que los letrados estén obligados a
comparecer.6 En otras palabras, los y las miembros de la
clase togada tienen que respetar, acatar y responder de
forma
diligente
nuestros
requerimientos.
Especialmente
cuando se trata de asuntos relacionados con su conducta
profesional.7
El incumplimiento de un togado o una togada con las
órdenes de este Tribunal demuestra un claro menosprecio
hacia
nuestra
autoridad.8
La
desatención
a
las
órdenes
judiciales no se puede tomar de manera liviana ya que
constituye
tribunales.9
un
Por
apercibimientos
serio
tal
sobre
agravio
razón,
la
sanciones
a
la
autoridad
indiferencia
a
disciplinarias
de
los
nuestros
es
causa
suficiente para la suspensión inmediata e indefinida de la
práctica de la abogacía.10
Expuesto el marco jurídico material a los hechos del
caso, pasemos a resolver.
6
In re García Ortiz, 187 DPR 507, 524 (2012).
7 In re Federico O. López Santiago, 2018 TSPR 31, en la pág. 12,
199 DPR ___ (2018), In re Rivera Sepúlveda, 192 DPR 985, 988 (2015);
In re Irizarry Irizarry, 190 DPR 368, 375 (2014).
8
In re Irizarry Irizarry, supra,
Rodríguez, 190 DPR 378, 390-391 (2014).
pág.
374;
In
re
De
León
9 In re Christine M. Pratts Barbarossa, 2018 TSPR 5, en la pág.
6, 199 DPR ___ (2018); In re Planas Merced, 195 DPR 73, 77 (2016).
In re Figueroa Cortés, 196 DPR 1, 3 (2016); In re López
González, 193 DPR 1021 (2015); In re Irizarry Irizarry, supra; In re
Vera Vélez, supra, pág. 227; In re Toro Soto, 181 DPR 654, 660 (2011);
In re Martínez Sotomayor I, 181 DPR 1, 3 (2011).
10
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6
III
Hace varios años, el licenciado Castro Colón sabe que
está
en
incumplimiento
con
su
deber
de
educarse
continuamente. Si bien reconocemos que desplegó ciertas
gestiones para ponerse al día, lo cierto es que, a pesar
de las numerosas oportunidades que le hemos concedido, aún
mantiene
deficiencias.
A
ello
se
le
suma
que
ha
transcurrido casi un año desde la última ocasión que le
exigimos
que
suspendido
y
proceder
del
mostrara
causa
éste
ha
no
letrado
por
la
cual
comparecido
denota
desidia
no
debía
ser
a
expresarse.
El
y
menosprecio
a
nuestros requerimientos, y por ende, a nuestra autoridad.
Ello, de por sí solo, es motivo suficiente para que lo
separemos inmediata e indefinidamente de la práctica legal
y notarial.
IV
Por los fundamentos expuestos suspendemos inmediata e
indefinidamente al licenciado Castro Colón de la profesión
de
la
abogacía
y
de
la
notaría.
Consecuentemente,
su
fianza queda automáticamente cancelada y será considerada
buena y válida por tres años después de su terminación
para aquellos actos ejecutados durante el periodo en que
estuvo vigente. El Alguacil de este Tribunal tendrá que
incautar
la
obra
notarial,
el
Libro
de
Registro
de
Testimonios y el sello notarial del señor Castro Colón y
los entregará al Director de la Oficina de Inspección de
la Notarías.
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7
Imponemos
al
señor
Castro
Colón
la
obligación
de
poner en conocimiento a todos y todas sus clientes sobre
su inhabilidad de seguir representándolos y debe restituir
los honorarios recibidos por las labores no ejecutadas,
así
como
los
documentos
que
tenga
bajo
su
custodia.
Además, tendrá que comunicar su suspensión a todos los
foros judiciales y administrativos de Puerto Rico en los
cuales
tenga
algún
asunto
pendiente.
También
tiene
que
acreditar y certificar a esta Curia el cumplimiento de lo
anterior dentro de un periodo de treinta días una vez
notificada la Opinión Per Curiam y Sentencia.
Se dictará Sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Elpidio Castro Colón
TS-3,987
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 26 de marzo de 2019.
Por los fundamentos enunciados en la Opinión Per
Curiam que antecede y se hace formar parte de esta
Sentencia, suspendemos inmediata e indefinidamente al Sr.
Elpidio Castro Colón de la profesión de la abogacía y de
la notaría. Su fianza queda cancelada automáticamente y
será considerará buena y válida por tres años después de
su terminación para los actos ejecutados durante el
periodo en que estuvo vigente. El Alguacil de este
Tribunal tendrá que incautar la obra notarial, el Libro de
Registro de Testimonios y el sello notarial y los
entregará al Director de la Oficina de Inspección de la
Notarías.
Imponemos al señor Castro Colón la obligación de
poner en conocimiento a todos y todas sus clientes sobre
su inhabilidad de seguir representándolos y debe restituir
los honorarios recibidos por las labores no ejecutadas,
así como los documentos que tenga bajo su custodia.
Además, tendrá que comunicar su suspensión a todos los
foros judiciales y administrativos de Puerto Rico en los
cuales tenga algún asunto pendiente. También tiene que
acreditar y certificar a esta Curia el cumplimiento de lo
anterior dentro de un periodo de treinta días una vez
notificada la Opinión Per Curiam y Sentencia.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y
el Juez Asociado señor Estrella Martínez no intervinieron.
El Juez Asociado señor Colón Pérez concedería al señor
Castro Colón un término adicional final de 180 días para
que cumpla con los requerimientos del Programa de
Educación Jurídica Continua o en la alternativa solicite
cambio de estatus a abogado inactivo.
José I. Campos Pérez
Secretario del Tribunal Supremo