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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Elpidio Castro Colón

2019 TSPR 53

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Elpidio Castro Colón

TS-3,987

Conducta Profesional- Suspensión inmediata de la profesión de la abogacía y la notaría por desobedecer los requerimientos del Tribunal Supremo y no completar los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2019 TSPR 53

202 DPR ____

Elpidio Castro Colón

Número del Caso:

TS-3,987

Fecha: 26 de marzo de 2019

Programa de Educación Jurídica Continua:

Lcdo. José Ignacio Campos Pérez

Director Ejecutivo

Lcdo. Elpidio Castro Colón:

Por derecho propio

Materia:

Conducta Profesional – La suspensión será efectiva el 2

de abril de 2019. Fecha en que se le notificó al abogado de su

suspensión inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

TS-3,987

Elpidio Castro Colón

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a de 26 de marzo de 2019.

Nos

corresponde

disciplinaria

para

cumplir

con

dictaminar

nuestra

la

facultad

separación

del

Lcdo. Elpidio Castro Colón (licenciado Castro Colón

o

letrado)

de

la

práctica

de

la

abogacía

y

la

notaría por desobedecer nuestros requerimientos y no

completar los requisitos del Programa de Educación

Jurídica Continua (PEJC o Programa).

Enunciaremos

entonces

el

marco

fáctico

que

acarreó nuestro proceder.

I

El licenciado Castro Colón fue admitido a la

abogacía

el

25

juramentó

como

de

mayo

notario

el

de

7

1972,

de

mientras

junio

de

que

1972.

TS-3,987

2

Los hechos del presente procedimiento disciplinario

remontan al 15 de septiembre de 2016, cuando el Lcdo. José

Ignacio

Campos

Pérez,

entonces

director

ejecutivo

del

PEJC, incoó ante nos un Informe sobre incumplimiento con

requisito de educación jurídica continua. En éste, entre

otras cosas, plasmó que el letrado no había completado la

totalidad de las horas crédito mandatorias para el periodo

de 2009-2011.1

Consecuentemente,

el

21

de

septiembre

de

2016

dictamos una primera resolución otorgándole al licenciado

Castro Colón un plazo de veinte días para que mostrara

causa por la cual no debía ser suspendido de la abogacía

por inobservar su deber con el Programa. Dado a que el

letrado

no

contestó,

el

30

de

noviembre

de

2016

le

concedimos un término final de diez días para que hiciera

lo propio.

Así las cosas, el 9 de enero de 2017 el PEJC nos

remitió una Moción Informativa del licenciado Castro Colón

en la que indicó que se encontraba laborando arduamente

para

satisfacer

los

requerimientos

del

PEJC.

A

esos

efectos, se comprometió a tomar varios cursos durante ese

1

El entonces Director Ejecutivo también esbozó lo siguiente:

10. Por otra parte, precisa destacar que el licenciado

Castro Colón tampoco ha cumplido con los requisitos del

Programa, ni ha pagado la multa por cumplimiento tardío,

para el periodo del 2011-2013. Es menester señalar que el

licenciado no ha sido citado a una vista informal para

este periodo.

11. Asimismo, se informa a este Tribunal que el Historial

de Cursos Acreditados del licenciado Castro Colón refleja

que su periodo de cumplimiento actual está próximo a su

vencimiento (1 de octubre de 2013 al 30 de septiembre de

2016) y no tiene créditos acumulados en este.

TS-3,987

3

mes y solicitó tiempo adicional para coger los créditos

que

le

restaban.

En

otro

escrito,

instado

el

27

de

diciembre de 2016, consignó que asistió a unos seminarios

pero que estuvo hospitalizado por casi tres semanas. Por

tal

razón,

pidió

que

le

otorgáramos

más

tiempo

para

completar las exigencias del Programa.

En vista de lo anterior, el 7 de febrero de 2017

concedimos

al

letrado

un

plazo

de

sesenta

días

para

cumplir las horas crédito correspondientes. Nuevamente, el

12

de

mayo

de

2017,

le

ordenamos

que

cumpliera

las

exigencias del Programa en un periodo de treinta días. Por

lo tanto, el 31 de mayo de 2017 el licenciado Castro Colón

nos

informó

y

desglosó

los

cursos

que

tomó.

Indicó,

nuevamente, que estuvo hospitalizado y que se encontraba

en recuperación. Por ello, solicitó que le concediéramos

otra

oportunidad

para

satisfacer

las

horas

crédito

que

adeudaba.

Por consiguiente, el 26 de julio de 2017 le dimos un

término

de

ciento

veinte

días

para

que

tomara

“los

requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua o

present[ara] su Solicitud de Cambio de Estatus de Abogado

Inactivo en el Registro único de Abogados y Abogadas”.

(Bastardillas en el original). Debido a que el letrado no

contestó, el 27 de abril de 2018 requerimos que, en un

periodo de diez días, mostrara causa por la cual no debía

ser

suspendido

de

la

abogacía

por

inobservar

los

requisitos del PEJC. Obsérvese que ha pasado casi un año

TS-3,987

desde

4

nuestra

última

resolución

y

el

licenciado

Castro

Colón aún no ha evidenciado su cumplimiento ni ha instado

escrito alguno.

Consignados los hechos materiales, discutiremos las

normas que les aplican.

II

Como parte de nuestro poder inherente para regular la

profesión

de

la

abogacía

en

Puerto

Rico,

tenemos

que

asegurarnos que sus componentes empleen sus funciones de

forma responsable, competente y diligente.2 A través del

Código de Ética Profesional erigimos las normas mínimas de

conducta que los abogados y las abogadas que ejercen la

ilustre profesión deben desplegar.3

El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA

Ap. IX, es una de las disposiciones de mayor envergadura

pues requiere que los letrados y las letradas se conduzcan

respetuosamente hacia los tribunales de justicia.4 En lo

pertinente, preceptúa que estos “debe[n] observar para con

los

tribunales

una

conducta

que

se

caracterice

por

el

mayor respeto”.5

Es por ello que hemos dispuesto que la naturaleza de

la función de la abogacía requiere que se emplee estricta

In re Oyola Torres, 194 DPR 437 (2016); In re Vera Vélez, 192

DPR 216, 226 (2015).

2

In re Guemárez Santiago, 191 DPR 611, 617-618 (2014); In re

Falcón López, 189 DPR 689 (2013).

3

4 In re Federico O. López Santiago, 2018 TSPR 31, en la pág. 11,

199 DPR ___ (2018); In re Shirley Vélez Rivera, 2018 TSPR 4, en la

pág. 6, 199 DPR ___ (2018).

5

4 LPRA Ap. IX. C. 9.

TS-3,987

5

atención y obediencia a las órdenes de esta Curia, o de

cualquier foro judicial que los letrados estén obligados a

comparecer.6 En otras palabras, los y las miembros de la

clase togada tienen que respetar, acatar y responder de

forma

diligente

nuestros

requerimientos.

Especialmente

cuando se trata de asuntos relacionados con su conducta

profesional.7

El incumplimiento de un togado o una togada con las

órdenes de este Tribunal demuestra un claro menosprecio

hacia

nuestra

autoridad.8

La

desatención

a

las

órdenes

judiciales no se puede tomar de manera liviana ya que

constituye

tribunales.9

un

Por

apercibimientos

serio

tal

sobre

agravio

razón,

la

sanciones

a

la

autoridad

indiferencia

a

disciplinarias

de

los

nuestros

es

causa

suficiente para la suspensión inmediata e indefinida de la

práctica de la abogacía.10

Expuesto el marco jurídico material a los hechos del

caso, pasemos a resolver.

6

In re García Ortiz, 187 DPR 507, 524 (2012).

7 In re Federico O. López Santiago, 2018 TSPR 31, en la pág. 12,

199 DPR ___ (2018), In re Rivera Sepúlveda, 192 DPR 985, 988 (2015);

In re Irizarry Irizarry, 190 DPR 368, 375 (2014).

8

In re Irizarry Irizarry, supra,

Rodríguez, 190 DPR 378, 390-391 (2014).

pág.

374;

In

re

De

León

9 In re Christine M. Pratts Barbarossa, 2018 TSPR 5, en la pág.

6, 199 DPR ___ (2018); In re Planas Merced, 195 DPR 73, 77 (2016).

In re Figueroa Cortés, 196 DPR 1, 3 (2016); In re López

González, 193 DPR 1021 (2015); In re Irizarry Irizarry, supra; In re

Vera Vélez, supra, pág. 227; In re Toro Soto, 181 DPR 654, 660 (2011);

In re Martínez Sotomayor I, 181 DPR 1, 3 (2011).

10

TS-3,987

6

III

Hace varios años, el licenciado Castro Colón sabe que

está

en

incumplimiento

con

su

deber

de

educarse

continuamente. Si bien reconocemos que desplegó ciertas

gestiones para ponerse al día, lo cierto es que, a pesar

de las numerosas oportunidades que le hemos concedido, aún

mantiene

deficiencias.

A

ello

se

le

suma

que

ha

transcurrido casi un año desde la última ocasión que le

exigimos

que

suspendido

y

proceder

del

mostrara

causa

éste

ha

no

letrado

por

la

cual

comparecido

denota

desidia

no

debía

ser

a

expresarse.

El

y

menosprecio

a

nuestros requerimientos, y por ende, a nuestra autoridad.

Ello, de por sí solo, es motivo suficiente para que lo

separemos inmediata e indefinidamente de la práctica legal

y notarial.

IV

Por los fundamentos expuestos suspendemos inmediata e

indefinidamente al licenciado Castro Colón de la profesión

de

la

abogacía

y

de

la

notaría.

Consecuentemente,

su

fianza queda automáticamente cancelada y será considerada

buena y válida por tres años después de su terminación

para aquellos actos ejecutados durante el periodo en que

estuvo vigente. El Alguacil de este Tribunal tendrá que

incautar

la

obra

notarial,

el

Libro

de

Registro

de

Testimonios y el sello notarial del señor Castro Colón y

los entregará al Director de la Oficina de Inspección de

la Notarías.

TS-3,987

7

Imponemos

al

señor

Castro

Colón

la

obligación

de

poner en conocimiento a todos y todas sus clientes sobre

su inhabilidad de seguir representándolos y debe restituir

los honorarios recibidos por las labores no ejecutadas,

así

como

los

documentos

que

tenga

bajo

su

custodia.

Además, tendrá que comunicar su suspensión a todos los

foros judiciales y administrativos de Puerto Rico en los

cuales

tenga

algún

asunto

pendiente.

También

tiene

que

acreditar y certificar a esta Curia el cumplimiento de lo

anterior dentro de un periodo de treinta días una vez

notificada la Opinión Per Curiam y Sentencia.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Elpidio Castro Colón

TS-3,987

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de marzo de 2019.

Por los fundamentos enunciados en la Opinión Per

Curiam que antecede y se hace formar parte de esta

Sentencia, suspendemos inmediata e indefinidamente al Sr.

Elpidio Castro Colón de la profesión de la abogacía y de

la notaría. Su fianza queda cancelada automáticamente y

será considerará buena y válida por tres años después de

su terminación para los actos ejecutados durante el

periodo en que estuvo vigente. El Alguacil de este

Tribunal tendrá que incautar la obra notarial, el Libro de

Registro de Testimonios y el sello notarial y los

entregará al Director de la Oficina de Inspección de la

Notarías.

Imponemos al señor Castro Colón la obligación de

poner en conocimiento a todos y todas sus clientes sobre

su inhabilidad de seguir representándolos y debe restituir

los honorarios recibidos por las labores no ejecutadas,

así como los documentos que tenga bajo su custodia.

Además, tendrá que comunicar su suspensión a todos los

foros judiciales y administrativos de Puerto Rico en los

cuales tenga algún asunto pendiente. También tiene que

acreditar y certificar a esta Curia el cumplimiento de lo

anterior dentro de un periodo de treinta días una vez

notificada la Opinión Per Curiam y Sentencia.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y

el Juez Asociado señor Estrella Martínez no intervinieron.

El Juez Asociado señor Colón Pérez concedería al señor

Castro Colón un término adicional final de 180 días para

que cumpla con los requerimientos del Programa de

Educación Jurídica Continua o en la alternativa solicite

cambio de estatus a abogado inactivo.

José I. Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo