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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Melissa Rivera Contreras

2019 TSPR 56

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Melissa Rivera Contreras

CP-2017-15

Conducta Profesional: Censura enérgica por violación a los Cánones 17, 18, 20 y 23 del Código de Ética Profesional

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2019 TSPR 56

202 DPR ____

Lcda. Melissa Rivera Contreras

Número del Caso:

CP-2017-15

Fecha: 28 de marzo de 2019

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Joseph Feldstein Del Valle

Subprocurador General

Lcda. Minnie H. Rodríguez López

Procuradora General Auxiliar

Abogado del Querellado:

Lcdo. Manuel San Juan

Materia: Conducta Profesional – Censura enérgica por violación a los

Cánones 17, 18, 20 y 23 del Código de Ética Profesional.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Núm. CP-2017-15

Lcda. Melissa Rivera Contreras

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de marzo de 2019.

En

esta

ocasión,

nos

corresponde

determinar

si

las

actuaciones de la abogada de epígrafe durante la tramitación

de un procedimiento de inmigración en el estado de la Florida

constituyen una violación al Código de Ética Profesional de

Puerto Rico, 4 LPRA Ap. IX.

I

El 25 de noviembre de 2015, el Sr. Ricardo J. Benavidez

Montenegro (promovente) presentó una Queja ante este Tribunal

en contra de la Lcda. Melissa Rivera Contreras1 por razón de

un presunto desempeño profesional deficiente en el caso de

inmigración para el que la había contratado. En síntesis, el

Promovente, oriundo de Nicaragua, sostiene que la abogada de

epígrafe: (1) le hizo firmar unos documentos sin permitir que

los leyera; (2) no le entregó copia del expediente cuando se

le solicitó, y (3) le brindó asesoramiento legal incompleto

y equivocado. Veamos la situación de hechos que dio lugar al

presente

procedimiento

disciplinario

en

contra

de

la

Ésta fue admitida a la profesión de la abogacía el 21 de

agosto de 2012.

1

CP-2017-15

2

licenciada Rivera Contreras, según detallados en la Querella

(CP-2017-15) e Informe de la Procuradora General (Informe).

A.

El 17 de enero de 2015, el señor Benavidez Montenegro

acudió a las oficinas de la licenciada Rivera Contreras en

búsqueda de asesoramiento legal con relación al caso de

deportación (remoción) que existía en su contra. Según relata

en la Queja, éste presentó el siguiente cuadro fáctico a la

abogada de epígrafe: en el 2014 unos oficiales de inmigración

lo detuvieron y le solicitaron los documentos relacionados

con su estatus de inmigración en los Estados Unidos y, al no

tenerlos disponibles, se inició un proceso de remoción en su

contra. Inicialmente, tras consultar distintas páginas webs

que explicaban dicho proceso, el señor Benavidez Montenegro

presentó, a través de su esposa

y ante las autoridades

correspondientes, un Formulario I-130 (Petición de Familiar

Extranjero).2

Según

explicó,

este

formulario,

conocido

comúnmente como un proceso de “Perdón”, permite que personas

que entran ilegalmente a Estados Unidos puedan obtener una

“exención

provisional”

al

demostrar

que

su

deportación

acarrea un gran perjuicio para su familia. Para prevalecer

en este proceso, la persona interesada en iniciarlo no puede

tener un caso de remoción activo ante el Tribunal de Estados

Véase I-130, Petición de Familiar Extranjero, U.S.

Citizenship

and

Immigration

Services,

https://www.uscis.gov/es/formularios/i-130 (última visita 31

de enero de 2019).

2

CP-2017-15

3

Unidos de Inmigración.3 El Promovente relata, además, que su

Formulario

I-130

fue

acogido

por

las

autoridades

de

inmigración y deseaba contratar los servicios legales de un

abogado para tramitar el cierre del caso.

Durante

la

reunión

inicial,

el

Promovente

firmó

un

contrato de servicios profesionales con la licenciada Rivera

Contreras en el que acordaron cerrar su caso de remoción.

La letrada indicó al señor Benavidez Montenegro que, como

parte de su política de oficina, tenía que pagar de antemano

la totalidad de los honorarios: dos mil trescientos treinta

dólares ($2,330.00). El Promovente entregó a la letrada todos

los documentos relacionados con su caso y ésta le aseguró que

eran

suficientes

para

tramitar

lo

solicitado.

El

señor

Benavidez Montenegro alega que, durante esa primera reunión,

le solicitó una copia de los documentos que iba a presentar

ante el tribunal, pero que la letrada nunca se la entregó.

En su lugar, sólo envió las dos (2) páginas de la moción que

el señor Benavidez Montenegro debía firmar.

Posterior a dicha reunión, el Promovente relata que

completó el Formulario I-824 (Solicitud de Acción en una

Solicitud o Petición Aprobada) para transferir la aprobación

del Formulario I-130 al Centro Nacional de Visas (NVC, por

sus siglas en inglés) y así obtener el “Perdón”. El 28 de

abril de 2015 se aprobó el cierre de su caso de remoción y

Véase Exención Provisional por Presencia Ilegal, U.S.

Citizenship

and

Immigration

Services,

https://www.uscis.gov/es/exencionprovisional (última visita

31 de enero de 2019).

3

CP-2017-15

4

con ello culminó la primera gestión para la cual contrató a

la licenciada Rivera Contreras.

Así las cosas, el 8 de mayo de 2015, la abogada de

epígrafe envío un mensaje de texto al Promovente para indagar

si

quería

obtener

un

permiso

de

trabajo,

mediante

la

presentación del Formulario I-76 (Solicitud de Autorización

de Empleo), ya que su caso de remoción se había cerrado. Le

indicó, además, que dicha gestión tenía un costo de mil

doscientos dólares ($1,200.00) más los gastos de inmigración.

No obstante, le manifestó que, si la contrataba para el

trámite de “Perdón”, le daría un descuento de cuatrocientos

dólares ($400.00) por lo que el permiso de trabajo tendría

un costo final de ochocientos dólares ($800.00). En respuesta

a esto, el señor Benavidez Montenegro preguntó a la letrada

si había atendido previamente, y le habían sido aprobados,

casos de permisos de trabajo bajo las mismas circunstancias

que las suyas. Ésta contestó en la afirmativa.

Paso seguido, el 16 de mayo de 2015, el Promovente y la

abogada de epígrafe se reunieron por segunda ocasión para

discutir lo conversado por mensaje de texto. Durante la

reunión,

el

señor

Benavidez

Montenegro

comunicó

a

la

licenciada Rivera Contreras que no tenía la totalidad del

dinero,

ni

los

documentos

necesarios

para

tramitar

el

“Perdón” y que su caso aún no había sido transferido al NVC.

Por razón de ello, el Promovente sostiene que las partes

acordaron

-como

única

gestión-

tramitar

el

permiso

de

trabajo. En la Queja, éste manifestó que en dicho momento la

CP-2017-15

5

letrada no quiso discutir cómo se iba manejar el balance

adeudado por los trámites anteriores. Así pues, el señor

Benavidez Montenegro firmó el contrato y pagó a la licenciada

Rivera Contreras un total de dos mil cuatrocientos dólares

($2,400.00).4

El 1 de junio de 2015, la abogada de epígrafe envió por

correo

electrónico

al

Promovente

una

solicitud

de

autorización de empleo (Formulario I-765), una notificación

sobre comparecencia como abogada (Formulario G-28) y una hoja

de información biográfica (Formulario G-325).5 Al recibir

estos documentos, el señor Benavidez Montenegro se percató

que la solicitud para la autorización de empleo marcaba la

categoría de “ajuste de estatus”; sin embargo, expresó a la

letrada que nunca había solicitado un “ajuste de estatus”

porque no podía llevar a cabo dicho procedimiento al haber

entrado

ilegalmente

a

Estados

Unidos.

Asimismo,

éste

le

indicó que, para solicitar bajo esa categoría, primero tenía

que recibir la aprobación del “Perdón” y luego culminar el

trámite

de

residencia

a

través

de

la

vía

consular

en

Nicaragua. En respuesta a ello, tanto la licenciada Rivera

Contreras como su asistente administrativa le indicaron que

Del expediente surge que, conforme al contrato firmado entre

las partes, los honorarios para el trámite de la solicitud

de autorización de empleo y el “Perdón” tenían un valor de

cuatro mil ochocientos dólares ($4,800.00) de los cuales se

entregaría un primer pago de dos mil cuatrocientos dólares

($2,400.00).

5 Véase, por ejemplo, I-765, Solicitud de Autorización de

Empleo,

U.S.

Citizenship

and

Immigration

Services,

https://www.uscis.gov/es/formularios/i-765 (última visita 31

de enero de 2019).

4

CP-2017-15

6

la categoría de “ajuste de estatus” estaba correcta. El señor

Benavidez Montenegro confió en la letrada, firmó la solicitud

y entregó un cheque por cuatrocientos sesenta y cinco dólares

($465.00) pagaderos al Departamento de Seguridad Nacional

(United States Department of Homeland Security, DHS por sus

siglas en inglés).

El 4 de junio de 2015, el Promovente escribió un mensaje

a la letrada para dar seguimiento a los asuntos pendientes.

En ese momento, ésta le informó que la solicitud no había

sido enviada porque faltaba una carta. En relación con el

mismo asunto, el 16 de junio de 2015, la licenciada Rivera

Contreras

envió

un

mensaje

de

texto

al

señor

Benavidez

Montenegro en el que indicó que hubo un problema con el cheque

enviado a DHS y que se comunicara de inmediato con ella. Ante

tal información, el Promovente abrió su correo electrónico y

encontró un mensaje titulado Rejection of Notice en el que

se le notificaba que la solicitud había sido rechazada porque

el monto del dinero enviado era incorrecto y, a su vez, le

requerían anejar a su solicitud prueba en torno a su “ajuste

de estatus”.

Luego de conversar con la licenciada Rivera Contreras,

ésta

reconoció

Promovente

que,

su

“error

para

clerical”

subsanar

las

[sic]

e

indicó

deficiencias,

al

sólo

necesitaba un cheque nuevo con la cantidad correcta, un

formulario

actualizado

con

la

categoría

correcta

(C-18,

Inmigrantes indocumentados que han recibido una orden final

de expulsión y deportación) y acompañarlo con una carta

CP-2017-15

7

indicando por qué necesitaba una autorización de empleo. El

señor Benavidez Montenegro preguntó a la letrada si le habían

aprobado una solicitud bajo la categoría C-18 en un caso

similar al suyo. La abogada de epígrafe

contestó en la

afirmativa. Una vez más, el Promovente confió en la letrada,

firmó el formulario y, algunos días más tarde, entregó los

demás documentos solicitados.

El

16

de

septiembre

de

2015,

el

señor

Benavidez

Montenegro recibió una carta de DHS en la que le requería

enviar, conforme a la categoría C-18, una copia de la Orden

Final de Deportación y la Orden de Supervisión y que debía

estar en cumplimiento con los informes de supervisión. Todo

esto tenía que ser entregado en un término no mayor de ochenta

y siete (87) días. Sorprendido con la misiva, el Promovente

consultó la página web de DHS y revisó las instrucciones para

una solicitud de autorización de empleo (Formulario I-765) y

constató que los documentos que ahora requería la agencia

federal, presuntamente, eran necesarios para ser elegible

bajo la categoría C-18.

Ante cuestionamientos por parte del señor Benavidez

Montenegro sobre por qué recomendó enviar la solicitud bajo

la categoría de C-18, la licenciada Rivera Contreras señaló

que lo indicado en las instrucciones del Formulario I-765 no

constituían requisitos mandatorios y que le habían aprobado

esas solicitudes en casos anteriores y similares al suyo. El

señor Benavidez Montenegro requirió ver los expedientes de

los casos a los cuales hacía alusión, pero la letrada se

CP-2017-15

8

negó.6 No obstante, le recomendó los siguientes cursos de

acción: abandonar la solicitud de autorización de empleo o

pagarle mil quinientos dólares ($1,500.00) para responder la

carta que le había cursado DHS. Antes de tomar una decisión

sobre el particular, el Promovente inquirió sobre por qué no

le había informado sobre la necesidad de los documentos que

ahora le solicitaban. A esto, según la Queja, la letrada

respondió que no podía estar explicando todo a sus clientes.

A la luz de este incidente, el Promovente cursó una carta

por correo certificado y correo electrónico a la abogada de

epígrafe mediante la cual reiteró su frustración con todo el

proceso e informó que no iba a iniciar el proceso de “Perdón”

bajo su representación legal. Asimismo, y como parte de su

solicitud de renuncia, éste requirió la devolución del dinero

entregado por razón del primer pago para dicho trámite.

Mediante correo electrónico, el 17 de septiembre de 2015, la

licenciada Rivera Contreras se negó a devolver el dinero

pagado, ya que, conforme a su política de oficina, no existía

la

posibilidad

de

reembolso

para

un

incumplimiento

contractual sin causa. Al día siguiente, el Promovente le

solicitó una copia de su expediente, los contratos de servicio

profesionales

que

habían

suscrito

y

la

factura

por

los

trabajos realizados. Estos intentos resultaron infructuosos.

De hecho, surge de la Queja, que la licenciada Rivera

Contreras presuntamente indicó al Promovente que si le

entregaba copia de los casos anteriores éste no iba a

necesitar sus servicios y simplemente se los iba a copiar.

6

CP-2017-15

9

Ante la negativa de la letrada en entregar el expediente

y demás documentos solicitados, el 1 de octubre de 2015, la

nueva representación legal del señor Benavidez Montenegro

cursó una carta, por correo certificado y correo electrónico,

en la que reiteró el pedido de su cliente. Una vez más, estos

intentos

fueron

fallidos

ya

que

la

licenciada

Rivera

Contreras manifestó que el Promovente ya tenía copia de los

contratos que habían suscrito.

El señor Benavidez Montenegro relató en la Queja que,

además de contratar a una abogada para obtener el expediente,

decidió buscar asesoramiento legal nuevo en relación con su

caso de inmigración. Tras contratar los servicios de la

Lcda. Grisel Ybarra y la Lcda. Linda Osberg-Braum, éstas le

asesoraron

sobre

varios

asuntos

que,

a

su

entender,

contradecían los consejos legales provistos por la licenciada

Rivera Contreras. En primer lugar, le indicaron que no tenía

ninguna posibilidad de ser elegible para una solicitud de

autorización de empleo dado que, al haberse cerrado su caso

de remoción, no cumplía con los requisitos establecidos para

la categoría C-18. De otra parte, le indicaron que el proceso

de “Perdón” es uno sumamente delicado y el cual requiere

comunicación constante y efectiva entre el cliente y el

abogado sobre los distintos cursos de acción disponibles,

según la situación particular del caso.7

Posterior a la presentación de la Queja, el señor Benavidez

Montenegro envió a este Foro una opinión legal suscrita por

la licenciada Osberg-Braum para apoyar su contención sobre

el asesoramiento legal deficiente brindado por la licenciada

Rivera Contreras.

7

CP-2017-15

10

Por último debemos señalar que, a lo largo de la Queja,

el señor Benavidez Montenegro sugiere que la abogada de

epígrafe contravino los siguientes cánones del Código de

Ética

Profesional:

Canon

18

(Competencia

del

abogado

y

consejo al cliente), Canon 19 (Información al cliente), Canon

24

(Fijación

de

honorarios),

Canon

26

(Derechos

y

limitaciones en relación con clientes) y Canon 35 (Sinceridad

y honradez), 4 LPRA Ap. IX, C. 18, C. 19, C. 24, C. 26 y

C. 35.

B.

El 2 de diciembre de 2015, la Secretaría de este Tribunal

informó a la licenciada Rivera Contreras sobre la Queja

presentada en su contra y le indicó que podía someter un

escrito en contestación. Así las cosas, este Tribunal recibió

la contestación por parte de la abogada de epígrafe, el

21 de enero de 2016.

En síntesis, la letrada relató su versión de los hechos

presentados en la Queja y solicitó que se desestimara por ser

inmeritoria. Conviene resaltar algunas de las alegaciones y

los argumentos esbozados por la licenciada Rivera Contreras

en dicho escrito. Con relación al caso de remoción que tenía

pendiente el Promovente, afirmó que usualmente los fiscales

no acceden a cerrarlos previo a la celebración de una vista

inicial de estatus, pero que su grupo de trabajo y ella

realizaron

esfuerzos

adicionales

para

obtener

el

cierre

solicitado. Asimismo, la letrada adujo que el señor Benavidez

Montenegro se contradice en la Queja cuando alega que no se

CP-2017-15

11

le entregó ninguna copia del expediente, más sin embargo los

anejos que la acompañan demuestran lo contrario. Sostiene que

sí le proveyó copia del expediente mientras se llevaban a

cabo las distintas gestiones y que no tenía reparo en proveer

copias nuevas, siempre y cuando se pagaran los costos de

reproducción.

De otra parte, en cuanto a los contratos de servicios

profesionales, alega que resulta incorrecto la aseveración

de que habían acordado no trabajar el proceso de “Perdón”.

En atención a ello, detalla que trabajó más de siete (7) horas

en el caso del Promovente en las que leyó y analizó la

documentación

organizó

entregada.

varios

anejos

Durante

y

llevó

este

a

cabo

tiempo,

el

alega

inicio

de

que

la

investigación legal. Sobre la devolución de los honorarios y

las políticas de su oficina, puntualizó que es incorrecto

señalar que no se comienzan los trabajos hasta que se salde

la totalidad del dinero pactado; sino que se trabajan las

horas que el cliente paga. Asimismo, sostuvo que en cuestiones

ante los tribunales no puede ofrecer la posibilidad de un

plan de pago porque se requiere la presentación de documentos.

Por último, en los méritos del caso de inmigración del

señor Benavidez Montenegro, la licenciada Rivera Contreras

reconoció y se excusó por cometer un error oficinesco al

presentar el Formulario I-765, bajo la categoría C-18 y no

la C-14. Sin embargo, en torno a las opiniones legales

sometidas por el Promovente y suscritas por su representación

legal nueva, la abogada de epígrafe se reiteró en su criterio

CP-2017-15

12

inicial de que éste podía ser elegible tanto para el proceso

de “Perdón” como para la autorización de empleo. Adujo que

siempre cumplió con su deber ético y fiduciario para con su

cliente al mantenerlo informado de todo. Apuntó que el error

oficinesco cometido no causó la revocación del caso ni la

perdida de ningún derecho.

Surge del expediente que, el 22 de enero de 2016, este

Tribunal recibió una carta suscrita por el señor Benavidez

Montenegro mediante la cual reaccionó a la contestación de

la

abogada

de

epígrafe

a

la

Queja

presentada.

Conviene

destacar que, en dicha misiva, el Promovente informó que había

presentado

una

demanda

civil

enriquecimiento

injusto

e

por

impericia

incumplimiento

profesional,

contractual

en

contra de la licenciada Rivera Contreras.

Así las cosas, el 4 de mayo de 2016, se refirió el

presente caso a la Oficina de la Procuradora General para la

presentación del correspondiente Informe. El 15 de julio de

2016, dicha Oficina presentó su Informe. En cuanto al trámite

procesal, debemos señalar que del Informe surge

que la

abogada de epígrafe presentó prueba indicando que la demanda

civil

incoada

perjuicio.

De

en

su

contra

había

sido

otra

parte,

también

se

desestimada

con

desprende

del

expediente, que el Promovente envió una comunicación en la

que relató que -estando programado el juicio en el pelito de

impericia

profesional-

la

licenciada

Rivera

Contreras,

mediante su representante legal, ofreció pagar cinco mil

dólares ($5,000.00) para que se desistiera del mismo con

CP-2017-15

13

perjuicio. El señor Benavidez Montenegro señala que aceptó

desestimar la demanda provisto que pudo recuperar su dinero.

Tras analizar el cuadro fáctico del presente caso, así

como

la

jurisprudencia

Procuradora

General

aplicable,

concluyó

que

la

la

Oficina

licenciada

de

la

Rivera

Contreras podía haber infringido los cánones 18, 20, 23 y 38

de Cánones de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 18, C. 20,

C. 23 y C. 38.8 En específico, el Informe concluyó que la

letrada incurrió en conducta contraria al Canon 18 al no haber

ejercido

el

cuidado

y

la

diligencia

necesaria

en

la

tramitación de la solicitud del permiso de trabajo del señor

Benavidez Montenegro. De igual forma, razonó que la negativa

de la abogada de epígrafe en suplir al Promovente un desglose

de las horas trabajadas en los asuntos encomendados, según

solicitado, constituyó una violación al Canon 23. En cuanto

al Canon 20, la Oficina de la Procuradora General resolvió

que al no hacer entrega del expediente solicitado contravino

dicho precepto ético. Por último, las actuaciones desplegadas

y detalladas en la Queja demostraron que, en su conjunto, la

licenciada

Rivera

Contreras

no

actuó

de

manera

tal

que

Del Informe surge una imputación en torno al Canon 35, pero

la Oficina de la Procuradora General sólo señaló que las

actuaciones de la abogada de epígrafe, al presuntamente

guardar silencio ante este Foro sobre ciertos aspectos de la

demanda civil incoada en su contra, podían constituir una

violación a dicho precepto ético. Este apercibimiento se

limitó a recomendar a la letrada a que ejerza mayor cuidado

al momento de conducirse frente a los tribunales. De igual

forma, en la parte dispositiva del Informe, se imputa a la

letrada una posible violación al Canon 17, más, sin embargo,

no hubo ninguna discusión sustantiva del mismo.

8

CP-2017-15

14

exaltara la profesión legal y, por ende, incurrió en conducta

impropia y contraria al deber impuesto por el Canon 38.

El 13 de septiembre de 2016, luego de varios trámites

procesales,

la

licenciada

Rivera

Contreras

presentó

un

escrito titulado, Contestación al Informe de la Procuradora

General.

En

éste,

reiteró

la

mayoría

de

los

argumentos

esbozados en su contestación inicial a la Queja. En resumen,

la letrada: (1) se disculpó por el denominado error oficinesco

al

marcar

la

categoría

equivocada

en

la

solicitud

de

autorización de empleo; (2) sostuvo que, en efecto, había

presentado prueba ante este Tribunal y la Oficina de la

Procuradora General sobre las horas de trabajo realizadas y

que

envió

copias

del

expediente

al

señor

Benavidez

Montenegro; (3) afirmó que la transacción en la demanda civil

por impericia profesional, no implicaba una admisión por su

parte

de

incumplimiento

profesionales,

y

(4)

contractual

subrayó

que

la

por

servicios

insatisfacción

del

cliente con los servicios prestados no constituía una falta

ética que atente contra la dignidad de la profesión legal.

Así las cosas, el 24 de febrero de 2017, este Tribunal

ordenó a la Procuradora General presentar una Querella en

contra de la licenciada Rivera Contreras. El 6 de julio

de 2017,

la

Oficina

del

Procurador

General

presentó

la

Querella (CP-2017-15) en la que formuló seis (6) cargos por

violaciones a los cánones 17, 18, 20, 23, 35 y 38 del Código

de Ética Profesional.

CP-2017-15

15

El 18 de septiembre de 2018, la abogada de epígrafe

presentó un escrito titulado Contestación a la Querella de

la Procuradora General. Mediante ésta, la licenciada Rivera

Contreras aceptó todos los cargos formulados, con excepción

del cargo por infringir el Canon 35. Sobre éste, la letrada

sostuvo que en ningún momento tuvo la intención de faltar a

su deber de sinceridad y honradez. En específico, recalcó que

desde un principio presentó prueba a este Tribunal y a la

Oficina del Procurador General que evidenciaban que el pleito

civil por impericia profesional había concluido a través de

un acuerdo transaccional. Es decir, enfatizó que nunca había

ocultado

información

culminación

de

a

dicha

este

Tribunal

demanda.

Por

con

relación

último,

la

a

la

licenciada

Rivera Contreras señaló los siguientes factores atenuantes

para ser considerados al momento de imponer una sanción

disciplinaria:

(1)

expresado

profundo

un

que

ha

aceptado

su

arrepentimiento

responsabilidad

por

sus

y

errores;

(2) que ha resarcido al señor Benavidez Montenegro luego del

acuerdo de transacción y que los derechos de éste no se vieron

perjudicados; (3) que goza de buena reputación en su comunidad

y no tiene historial de faltas previas, y (4) que la conducta

objeto

de

la

Querella

fue

una

aislada,

producto

de

la

inexperiencia.

Luego de esta comparecencia, el 6 de marzo de 2018, el

presente caso quedó sometido. Con el beneficio de los escritos

de todas las partes, estamos en posición de adjudicar la

Querella ante nuestra consideración.

CP-2017-15

16

II.

Este Foro tiene la responsabilidad, como parte de su

poder

inherente

Puerto Rico,

de

para

regular

asegurar

que

la

los

profesión

miembros

legal

en

admitidos

al

ejercicio de la abogacía desplieguen sus funciones de manera

responsable,

conviene

competente

reiterar

que

y

diligente.

nuestra

función

En

este

sentido,

disciplinaria

se

extiende a actos cometidos por un abogado o una abogada fuera

de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Véase In re Reichard Hernández, 180 DPR 604 (2011).

En atención a ello, recordemos que el Canon 17 establece,

entre otras cosas, que la comparecencia de un abogado ante

los tribunales equivale a una afirmación sobre su honor de

que, a su juicio, el caso de su cliente es digno de un remedio

judicial.

In

re

Irizarry,

193

DPR

633,

664

(2015);

In re Guzmán, 181 DPR 495, 509 (2011). Este Tribunal ha

resuelto que infringe este postulado ético el abogado o la

abogada

que

durante

el

transcurso

de

un

pleito

quede

persuadido de que el mismo es injustificado y no se lo informe

al

cliente,

ni

presente

su

renuncia

formal

para

la

consideración del foro judicial correspondiente. In re Flores

Ayffán I, 170 DPR 126 (2007). Véase además, In re Guemárez

Santiago, 191 DPR 611 (2014).

Por su parte, el Canon 18, dispone, en lo pertinente,

que: “[e]s deber del abogado defender los intereses del

cliente

diligentemente,

desplegando

en

cada

caso

su

más

profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que

CP-2017-15

la

17

profesión

jurídica

en

general

estima

adecuada

y

responsable”. Canon 18, supra. De acuerdo con esta norma, una

vez se asume la representación legal de un cliente, es un

deber ético llevar a cabo aquellas gestiones profesionales

pertinentes

a

favor

de

sus

intereses.

In

re

Feliciano

Rodríguez, 198 DPR 369, 382 (2017); In re Morell Bergantiños,

195 DPR 759, 763 (2016). Así pues, se exige que el abogado o

abogada emplee toda su capacidad, lealtad, responsabilidad,

efectividad y la más completa honradez. In re Meléndez La

Fontaine, 167 DPR 111 (2006).

Este Foro ha reiterado que, “[c]uando se acepta la

representación de un cliente y no se realizan posteriormente

las

gestiones

profesionales

adecuadas,

se

incumple

irremediablemente con los postulados más básicos del Canon

18 del Código de Ética Profesional”. In re Cotto Luna,

187 DPR 584, 589 (2012) (citando a In re Pietri Castellón,

185 DPR 982, 992 (2012)). Asimismo, hemos dispuesto que

“aquella

actuación

negligente

que

pueda

conllevar

o,

en

efecto, conlleve la desestimación o el archivo de un caso,

se configura violatoria del Canon 18”. In re Hoffman Mourino,

170 DPR 968, 981 (2007).

De otro lado, conforme al Canon 20, una vez culmina la

relación abogado-cliente, “[el] abogado debe hacerle entrega

del expediente a su cliente y de todo documento relacionado

con el caso y reembolsar inmediatamente cualquier cantidad

adelantada que le haya sido pagada en honorarios por servicios

que no se han prestado”. Canon 20, supra. Cónsono con esto,

CP-2017-15

18

reiteramos que “la causa de acción y el expediente son

exclusivos del cliente”. In re García Ortiz, 187 DPR 507, 520

(2012). Véase además, In re López Santiago, 199 DPR 797, 814

(2018). Por lo que, “no debe haber dilación alguna en su

entrega una vez el abogado concluye las gestiones para las

cuales fue contratado o cuando el cliente solicita dicha

entrega”. Id. en la pág. 520.

De igual forma, el Canon 20 dispone que, cuando culmine

la

relación

profesional,

el

abogado

debe

“reembolsar

inmediatamente cualquier cantidad adelantada que le haya sido

pagada en honorarios por servicios que no se han prestado”.

In re Martí Rodríguez, 194 DPR 467 (2016); In re Pestaña

Segovia, 192 DPR 485 (2015). Anteriormente, al analizar dicho

canon, hemos advertido que constituye una grave falta ética

cuando un abogado o abogada retiene para sí dineros abonados

por su cliente en calidad de honorarios sin realizar la labor

para la cual fue contratado. Véase In re Prado Galarza,

195 DPR 894, 905-06 (2016).

Cónsono con estas exigencias del Canon 20, de otra parte,

el Canon 23 requiere al abogado que ofrezca pronta cuenta del

dinero u otros bienes del cliente y que no los mezcle con los

propios. In re Ríos Ríos, 175 DPR 57 (2008). La acción de

retener

cualquier

cantidad

de

dinero

perteneciente

a

su

cliente quebranta los postulados del Canon 23. In re Rivera

Lozada, 176 DPR 215, 225 (2009). Más aún, el sólo hecho de

que el letrado retenga fondos de un cliente justifica una

sanción disciplinaria independientemente de si el abogado

CP-2017-15

19

devolvió tal dinero y que su retención haya sido sin la

intención de apropiárselos. In re Reyes Coreano, 190 DPR 739,

755 (2014). Véase además, In re Vega Quintana, 188 DPR 536

(2013). Por ello, constituye un grave atentado a la relación

fiduciaria entre abogado-cliente la retención de una suma de

dinero que adelantó un cliente en concepto de honorarios sin

realizar la gestión a la cual se comprometió. In re Ayala

Vega, 189 DPR 672, 680 (2013).

Con relación al Canon 35 del Código de Ética Profesional,

y en lo pertinente, éste impone a cualquier miembro de la

profesión legal actuar con sinceridad y honradez ante los

tribunales.

Este

deber

de

sinceridad

es

erga

omnes.

In re Franco Rivera y Masini Soler, 134 DPR 823 (1993). Los

miembros de la profesión legal no pueden ofrecer información

falsa o inducir a error a los tribunales, ya sea al proveer

información

que

no

se

información

que

deba

ajusta

ser

a

la

revelada.

verdad

In

re

u

ocultando

Pons

Fontana,

182 DPR 300 (2011).

Por último, el Canon 38 establece que “el abogado deberá

esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del

honor y dignidad de su profesión, aunque al así hacerlo

conlleve

sacrificios

apariencia

de

personales

conducta

y

profesional

debe

evitar

hasta

la

impropia”.

Canon

38,

supra. Así pues, hemos señalado que “por ser los abogados el

espejo donde se refleja la imagen de la profesión, éstos deben

actuar con el más escrupuloso sentido de responsabilidad que

impone

la

función

social

que

ejercen”.

In

re

Guemárez

CP-2017-15

20

Santiago, 191 DPR en la pág. 620. Véase además, In re Otero

Calero, 2018 TSPR 112.

III.

En este caso, se le imputó a la licenciada

Rivera

Contreras infringir los cánones 17, 18, 20, 23, 35 y 38 del

Código de Ética Profesional. Tras evaluar detenidamente los

hechos ante nuestra consideración, así como el Informe de

Oficina de la Procuradora General y los demás documentos que

obran en el expediente, determinamos que ésta transgredió los

cánones 17, 18, 20 y 23 más no los cánones 35 y 38.

Primeramente, la licenciada Rivera Contreras infringió

el Canon 17 cuando presentó distintos formularios a nombre

del Promovente que no cumplían con los requisitos legales

establecidos para los hechos específicos que dieron lugar al

caso de inmigración del señor Benavidez Montenegro. Con esta

actuación la letrada laceró el honor que todo abogado y

abogada debe demostrar cuando ejerce su criterio profesional

y estima que el caso de su cliente es digno de un remedio

judicial. Cónsono con lo anterior, la abogada de epígrafe

también quebrantó el deber ético que le impone el Canon 18

de

actuar

con

conocimiento

y

diligencia

en

los

asuntos

encomendados por su cliente. La licenciada Rivera Contreras

no demostró el cuidado requerido por nuestro estado de Derecho

en materia de Ética y Responsabilidad Profesional durante la

tramitación de la solicitud de autorización de empleo del

señor Benavidez Montenegro; aunque dicho desliz haya sido el

resultado

de

un

presunto

error

oficinesco.

Asimismo,

el

CP-2017-15

21

desempeño profesional falto que desplegó la letrada en cuanto

al

proceso

de

“Perdón”

tuvo

el

efecto

de

dilatar

innecesariamente la gestión acordada. El rechazo por parte

de las autoridades federales de la solicitud de autorización

de empleo, aunque posiblemente subsanable, bastó para que el

Promovente -frustrado con la situación- culminara su relación

profesional con la abogada de epígrafe. Esta actuación de

displicencia mostrada por la licenciada Rivera Contreras no

tiene cabida en la profesional legal en Puerto Rico.

De otra parte, la letrada violentó los preceptos éticos

contenidos en los cánones 20 y 23 tras su negatoria inicial

de hacer entrega al señor Benavidez Montenegro del expediente

de

su

caso,

profesionales

una

copia

de

los

contratos

suscritos,

el

desglose

de

detallado

servicios

de

los

servicios prestados y la suma de dinero entregada por las

labores

no

honorarios,

completadas.

recalcamos

En

que

cuanto

se

a

la

justifica

retención

una

de

sanción

disciplinaria independientemente de si la licenciada Rivera

Contreras haya resarcido tal dinero y que su retención haya

sido sin la intención de apropiárselos. In re Reyes Coreano,

190 DPR 739 (2014). Resulta imperativo contextualizar el

hecho de que, a no ser por la demanda civil incoada, aunque

la misma haya culminado mediante un acuerdo de transacción,

el Promovente no hubiese recobrado el dinero que adelantó a

la

letrada

completaron.

por

las

gestiones

encomendadas

que

nunca

se

CP-2017-15

22

Por último, sostenemos que la letrada no infringió los

cánones 35 y 38 del Código de Ética Profesional. En cuanto

al Canon 35, compartimos la postura asumida por la Procuradora

General en su Informe. Aunque se le formuló un cargo por

contravenir dicho precepto ético, estimamos que la letrada

no tuvo la intención de inducir a error a este Foro ni a la

Oficina del Procurador General cuando nos informó sobre el

desenlace de la demanda civil presentada en su contra. De

otra parte, por entender que las actuaciones de la licenciada

Rivera Contreras constituyen violaciones a los Cánones 17,

18, 20 y 23 y son sancionables bajo éstos, consideramos

superfluo, en esta ocasión, acudir al Canon 38 al imponer la

medida disciplinaria correspondiente. Véase In re Rodríguez

Cora, 193 DPR 447, 454 (2015).

IV.

Como hemos expresado en reiteradas ocasiones, al momento

de imponer la sanción disciplinaria a un abogado o una abogada

que haya incurrido en conducta violatoria del Código de Ética

Profesional

evaluamos

los

siguientes

factores:

(1)

la

reputación del abogado en la comunidad; (2) su historial

previo; (3) si es su primera falta; (4) si no ha causado

perjuicio a alguna parte; (5) la aceptación de la falta y su

arrepentimiento

sincero;

(6)

la

defensa

frívola

de

su

conducta; (7) si se trata de un incidente aislado; (8) si

hubo ánimo de lucro, y (9) cualquier otra consideración

agravante o atenuante aplicable a los hechos particulares del

caso. Véase In re Sharon Hernández López, 197 DPR 340 (2017).

CP-2017-15

23

Al evaluar estos factores debemos señalar que: (1) a

pesar de sus actuaciones en el presente caso, la letrada posee

una buena reputación en el estado de la Florida y con sus

demás clientes inmigrantes; (2) ésta constituye su primera

falta ética; (3) los perjuicios causados al Promovente ya

fueron subsanados; (4) desde sus escritos iniciales, aunque

se defendió de las alegaciones imputadas en su contra, la

abogada de epígrafe aceptó las faltas incurridas y demostró

un arrepentimiento sincero y, (5) a la luz de su expediente

personal, todo indica que se trata de un incidente aislado y

que ocurrió durante los primeros dos (2) años desde que

ingresó a la profesión legal en Puerto Rico.

Aplicados los criterios antes mencionados a los hechos

del caso y evaluado el Informe presentado por la Procuradora

General, concluimos que procede imponer como sanción una

censura enérgica a la abogada de epígrafe. Se aconseja a la

licenciada Rivera Contreras que ejerza mayor cuidado en el

desempeño de su función profesional y, de otra parte, se le

apercibe que en el futuro deberá acatar estrictamente los

deberes

deontológicos

que

impone

el

Profesional de Puerto Rico.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Código

de

Ética

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

Núm. CP-2017-15

Lcda. Melissa Rivera Contreras

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 28 de marzo de 2019

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

Per Curiam que antecede, se censura enérgicamente a

la Lcda. Melissa Rivera Contreras.

Se aconseja a la licenciada Rivera Contreras que

ejerza mayor cuidado en el desempeño de su función

profesional y, de otra parte, se le apercibe que en

el futuro deberá acatar estrictamente los deberes

deontológicos

que

impone

el

Código

de

Ética

Profesional de Puerto Rico.

Notifíquese inmediatamente.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. Los Jueces Asociados señor Estrella

Martínez y señor Colón Pérez no intervinieron.

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo