Tribunal Supremo de Puerto Rico
Pesquera Fuentes v. Colón Molina
2019 TSPR 55
Poder Judicial de Puerto Rico
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Pesquera Fuentes v. Colón Molina
AC-2016-58
Derecho de Familia: Aceptación de capacidad económica por un progenitor constituye un cambio en las circunstancias que puede dar paso a un proceso de revisión. Determinación de la fecha desde la que se debe retrotraer la pensión alimentaria que se establezca.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Yailin Pesquera Fuentes
Recurrida
2019 TSPR 55
v.
202 DPR ____
Miguel A. Colón Molina
Peticionario
Número del Caso:
AC-2016-58
Fecha: 28 de marzo de 2019
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón-Aibonito Panel V
Abogados de la parte peticionaria:
Lcdo. José A. Andreu García
Lcda. Brenda Berríos Morales
Lcda. Julia A. González del Valle
Abogada de la parte recurrida:
Lcda. Yadira Torres Ruiz
Materia: Derecho de Familia: Aceptación de capacidad económica por un
progenitor constituye un cambio en las circunstancias que puede dar paso
a un proceso de revisión.
Determinación de la fecha desde la que se
debe retrotraer la pensión alimentaria que se establezca.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Yailin Pesquera Fuentes
Recurrida
v.
AC-2016-0058
Miguel A. Colón Molina
Peticionario
EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR RIVERA GARCÍA emitió la opinión del Tribunal.
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de marzo de 2019.
La disputa del caso que nos ocupa concede la
oportunidad
origen
de
pronunciarnos
jurisprudencial
de
sobre
la
aceptación
normativa
de
de
capacidad
económica en los pleitos de alimentos. En específico,
cuando el Tribunal de Primera Instancia impone una
pensión alimenticia y antes de transcurrir los tres
años para que pueda ser revisada, el padre no custodio
admite
que
sustentar
a
cuenta
su
con
hija
y
los
medios
peticiona
económicos
que
el
para
asunto
se
refiera a un proceso de revisión. La interrogante es
la siguiente: ante esas circunstancias, ¿a qué fecha
se debe retrotraer la manutención que se establezca
producto
de
la
aceptación?
Por
las
razones
que
AC-2016-0058
2
expondremos a continuación, resolvemos que cuando hay un
decreto de alimento final y la persona no custodia acepta
capacidad
económica
previo
a
los
tres
años
desde
su
imposición, la nueva pensión que resulte de ese proceso de
revisión se ha de hacer efectiva a la fecha en que admitió
tener capacidad económica.
Procederemos
a
delinear
el
cuadro
fáctico
material
para solventar el asunto que nos ocupa.
I
A. Sucesos previo a la admisión de capacidad económica
El
12
de
agosto
de
2002
la
Sra.
Yailin
Pesquera
Fuentes (señora Pesquera Fuentes o recurrida) peticionó al
Tribunal de Primera Instancia que impusiera al Sr. Miguel
Colón
Molina
(señor
Colón
Molina
o
peticionario)
una
pensión alimentaria en beneficio de la hija que tienen en
común.
A
manutención
causa
de
ello,
provisional
el
de
foro
$400
primario
mensuales,
fijó
una
monto
que
incrementó ulteriormente a $700. El 16 de marzo de 2005 las
partes
estipularon
una
pensión
mensual
de
$1,200.
No
obstante, el 25 de septiembre de 2006 la señora Pesquera
Fuentes planteó que advino en conocimiento de que el señor
Colón Molina omitió información sobre sus ingresos, por lo
que
alegó
que
el
cómputo
de
los
alimentos
se
basó
en
información incompleta. En virtud de esto, requirió que se
le
autorizara
efectuar
un
descubrimiento
de
prueba
para
corroborar la información recibida y así poder solicitar lo
que procediera en derecho.
AC-2016-0058
Tras
marzo
3
numerosos
de
2010
la
acontecimientos
Examinadora
de
procesales,
Pensiones
el
5
de
Alimenticias
(EPA) rindió su Informe. Explicó que la vista de alimentos
fue suspendida en once ocasiones porque el peticionario no
acató
las
órdenes
del
tribunal
relacionadas
al
descubrimiento de prueba. Indicó que la vista se celebró
finalmente en noviembre de 2009, sin la comparecencia del
señor Colón Molina. Apuntó que, para producir el cómputo de
la
manutención,
utilizó
un
peticionario
suministró
al
hipotecario.
Además,
estimó
que,
luego
de
ciertas
deducciones,
el
Colón
Molina
generaba
un
salario
señor
estado
financiero
solicitar
que
un
el
préstamo
mensual de $25,344.86. En vista de ello, recomendó: (1) la
imposición de una pensión mensual de $6,114; (2) que se
hiciera efectiva a partir de octubre de 2006; y (3) fijar
un
retroactivo
por
la
cantidad
de
$206,388.
Consecuentemente, el 16 de marzo de 2010 el foro primario
emitió una resolución mediante la cual acogió todas las
sugerencias de la EPA.
Insatisfecho
solicitado
acudió
ante
ese
curso
reconsideración
sin
el
con
Tribunal
de
decisorio,
éxito,
y
el
Apelaciones.
tras
haber
peticionario
Aseveró,
entre
otras cosas, que en el cálculo de la manutención no se tomó
en cuenta la totalidad de sus dependientes. Al atender el
asunto,
el
foro
revisor
confirmó
parte
del
dictamen
recurrido. Empero, razonó que, a tenor con lo que exigía el
ordenamiento legal, la cuantía de pensión alimentaria debía
AC-2016-0058
4
ser en virtud del total de hijos que tenía el señor Colón
Molina.
Por
lo
tanto,
devolvió
el
caso
al
tribunal
de
instancia para que determinara el monto nuevamente.
Con
el
fin
de
acatar
el
mandato
del
Tribunal
de
Apelaciones, la EPA presentó un Acta. Tras sopesar que el
peticionario era padre de cuatro menores de edad, propuso
que se le fijara una pensión mensual de $3,379. Asimismo,
expresó que la suma del retroactivo de octubre de 2006 a
marzo de 2011 ascendía a $115,487. El 29 de marzo de 2011
el Tribunal de Primera Instancia notificó una resolución a
través de la cual adoptó las recomendaciones de la EPA y
designó una segunda pensión alimentaria. Además, instruyó
que esa suma iba a imperar hasta que se hiciera una nueva
determinación
acontecieran
y
que
no
se
modificaría
salvo
que
cambios significativos o imprevistos en las
circunstancias de alguna de las partes.1 De lo contrario,
apuntó que la variación de este monto se podía peticionar
luego de que transcurrieran tres años.2
A pesar de haber acogido lo propuesto por la EPA, dos
días
más
tarde
el
foro
primario
celebró
una
vista
de
seguimiento. Allí, el representante legal del señor Colón
Molina adujo que la cantidad de alimentos debía ser menor.
Después de indagar sobre ese argumento, el juzgador refirió
el
caso
a
la
EPA,
pues
razonó
que
se
había
variado
erróneamente la partida de pensión suplementaria. También,
1
Resolución, Apéndice de la Apelación, págs. 86-87.
2
Íd.
AC-2016-0058
requirió
5
al
peticionario
que
presentara
su
Planilla
de
Información Personal y Económica (PIPE) para examinar la
razonabilidad
del
retroactivo.3
Según
ordenado,
la
EPA
presentó otra Acta donde clarificó que la discrepancia en
el
cálculo
surgió
inadvertencia,
no
menor.
Por
esa
dado
a
que,
incluyó
la
partida
razón,
reafirmó
inicialmente
del
que
colegio
la
segunda
y
por
de
la
pensión
alimentaria debía ser por la suma de $3,379 mensuales y que
la deuda por concepto de retroactivo ascendía a $115,487.
El 6 de junio de 2011 el Tribunal de Primera Instancia
notificó una Orden en la que sostuvo la efectividad de la
segunda pensión alimentaria. Disconforme, el 5 de julio de
2011 el peticionario recurrió ante el foro intermedio. Sin
embargo, el 29 de agosto de 2011 ese tribunal confirmó la
segunda pensión alimentaria.
En el ínterin, el 21 de junio de 2011 se efectuó una
vista donde se ventiló, entre otras cosas, el retroactivo
adeudado por el señor Colón Molina. En ésta, las partes
anunciaron
que
satisfacer
un
retroactivo,
juzgador
pactaron
35
lo
%
que
estableció
que
de
lo
sumaba
un
plan
el
peticionario
adeudado
iba
a
por
concepto
del
a
$40,420.45.
Asimismo,
el
de
pago
por
la
cuantía
de
$2,085.17, que cobraría vigor desde el 1 de agosto de 2011.
En
vista
de
ello,
a
partir
de
julio
de
2011,
el
peticionario tenía que abonar una mensualidad de $5,464.17.
Además,
3
como
se
dilucidó
evidencia
de
los
Minuta, Apéndice de la Apelación, págs. 109-110.
ingresos
y
AC-2016-0058
6
propiedades del señor Colón Molina, el juez advirtió que,
si de la información se desprendía que la pensión fijada no
se ajustaba a las guías por este tener ingresos mayores,
ordenaría la revisión de la pensión alimenticia.4 También,
el juzgador accedió a que se realizara el descubrimiento de
prueba para determinar si hubo cambios sustanciales y, de
haberlos,
referir
el
caso
a
la
EPA.
Expresó
que
si
el
peticionario deseaba asumir capacidad tendría que esperar
tres años. Finalmente, manifestó que no estaba autorizando
una
revisión
alimenticia,
sino
que
iba
a
permitir
el
descubrimiento de prueba que nunca se produjo.5
B. Acontecimientos posteriores a la aceptación de capacidad
económica
El
15
de
noviembre
de
2011
el
señor
Colón
Molina
presentó ante el Tribunal de Primera Instancia un escrito
donde admitió contar con capacidad económica para sufragar
los alimentos de su prole y pidió que el caso se sometiera
a la EPA. Por consiguiente, el 12 de diciembre de 2011 el
foro
primario
ordenó
a
la
señora
Pesquera
Fuentes
que
mostrara causa por la cual el caso no debía ser referido
ante la EPA en un término de quince días. El 22 de agosto
4 Resolución, Apéndice de la Apelación, pág. 125. Específicamente,
dispuso que “el Tribunal que podrá ordenar la revisión de la pensión
alimentaria si de la información que se ofrezca demuestra que la
pensión fijada no fue conforme a las guías por razón de que papá tenga
ó se le pueda imputar unos ingresos mayores”. (Énfasis suplido).
5 De la Minuta, Apéndice de la Apelación, pág. 127, se desprende
que el juzgador manifestó que “[p]ermitió descubrimiento de prueba y si
realmente hubo cambios sustanciales, referirá la Examinador de
pensiones Si la parte desea asumir capacidad, deberá esperar los tres
años. Hizo constar que no está autorizando una revisión de pensión
alimentaria, sino autorizando un descubrimiento de prueba que no se
hizo”.
AC-2016-0058
7
de 2013 el tribunal de instancia dictó una Orden en la que:
(1)
ordenó
que
se
pautara
la
vista
de
revisión
sobre
pensión alimenticia ante la EPA; y (2) denegó el pedido de
descubrimiento
de
prueba
de
la
recurrida
puesto
que
el
peticionario reconoció tener capacidad económica.6
Luego de múltiples sucesos, la EPA rindió un Informe
donde recomendó imponer al peticionario la obligación de
satisfacer
una
manutención
mensual
de
$9,188.57,
retroactiva al 22 de septiembre de 2006.7 En consideración
de ello, el 3 de marzo de 2015 el Tribunal de Primera
Instancia
notificó
una
resolución
por
la
que
avaló
la
sugerencia formulada por la EPA y estableció la tercera
pensión alimentaria.
El 29 de enero de 2013 se llevó a cabo otra vista y de la Minuta
emana que la representante legal de la señora Pesquera expresó lo
siguiente: “que van a entrar en conversaciones en cuanto al referido a
la Examinadora de pensión alimentaria y entiende que va a llegar a un
acuerdo. Hay una pensión alimentaria impuesta y un retroactivo
determinado que se está cumpliendo”. (Énfasis y subrayado suplido).
Legajo II.
6
El 30 de junio de 2014 la EPA rindió un Acta. Manifestó que se
señaló una vista de alimentos para el 2 de octubre de y que ese día se
acordó que la vista final se efectuaría el 4 de diciembre de 2013.
Dispuso que el señor Colón Molina no asistió a esta última por lo que
se celebró en su ausencia. Explicó que la PIPE de la recurrida que
obraba en el expediente del tribunal era de agosto de 2007. Debido a
que la señora Pesquera Fuentes no actualizaba su PIPE desde el 2007
sino que solo proveyó un listado de los gastos de la menor sin
evidencia que los sustentara, concluyó que no tenía los elementos de
juicio para imponer la pensión, por lo que recomendó que el caso se
atendiera en otra fecha. El 5 de septiembre de 2014 la EPA notificó una
segunda acta donde expresó que la vista se suspendió pues la recurrida
no contaba con representación legal. En miras de ello, reseñaló la
vista para el 3 de octubre de 2014 donde se iban a discutir los gastos
de la menor que estuvieran en controversia.
7
Respecto a la PIPE, el 14 de julio de 2014 la señora Pesquera Fuentes
instó una Moción de reconsideración al palio de la Regla 47 de
Procedimiento Civil por ser las órdenes emitidas en violación al debido
proceso de ley que tiene la parte demandante en el proceso. A través de
este escrito aclaró que había presentado su PIPE el 2 de octubre de
2013.
AC-2016-0058
8
Descontento,
el
señor
Colón
Molina
peticionó
reconsideración infructuosamente, por lo que el 19 de mayo
de 2015 acudió en revisión ante el Tribunal de Apelaciones.8
Aseveró que el 29 de marzo de 2011 el foro de instancia
fijó
la
segunda
pensión
alimentaria
y
que
la
misma
se
retrotrajo al 1 de octubre de 2006. Arguyó que el tribunal
consignó
que
llevara
a
ese
cabo
monto
una
se
nueva
iba
a
mantener
determinación
hasta
que
se
y
no
se
que
modificaría a menos que acontecieran cambios significativos
o
imprevistos
en
las
circunstancias
de
alguna
de
las
partes. Indicó que esa segunda pensión alimentaria que se
estableció en el 2011 era final y que en el 2013 comenzó un
nuevo proceso de revisión. Alegó que el descubrimiento de
prueba se autorizó solo para propósitos del retroactivo y
que si de ello se desprendían otros ingresos, entonces, el
asunto
se
enviaría
a
la
EPA.
Argumentó
que
fue
su
petitorio, al admitir capacidad económica, el que originó
el nuevo proceso de revisión. Finalmente, solicitó que el
decreto se hiciera retroactivo al 22 de agosto de 2013,
fecha en que el tribunal de instancia remitió el asunto
ante la EPA.
Sometida
la
polémica,
el
29
de
enero
de
2016
el
Tribunal de Apelaciones resolvió que el Tribunal de Primera
Instancia incidió al acoger la recomendación de la EPA y
El 13 de mayo de 2015, notificada el 20 de mayo, el Tribunal de
Primera Instancia emitió una resolución donde denegó la solicitud de
reconsideración. Véase, Resolución, Apéndice de la Apelación, págs. 5657.
8
AC-2016-0058
9
retrotraer la pensión al 22 de septiembre de 2006.9 Esto,
pues, el 29 de marzo de 2011 ya había decretado que la
pensión se debía retrotraer al 1 de octubre de 2006. Por
ende, varió el dictamen para que la retroactividad de la
manutención fuera a partir de esa fecha.
Aún insatisfecho, tras una petición de reconsideración
fallida, el 6 de mayo de 2016 el peticionario recurrió ante
esta Curia. Expedimos el recurso de certiorari para atender
solo
un
señalamiento
de
error:
si
el
foro
apelativo
intermedio incidió al retrotraer la eficacia de la tercera
pensión alimentaria a octubre de 2006, a pesar de que el 29
de agosto de 2011 el foro intermedio emitió una sentencia
mediante
la
cual
confirmó
pensión
alimentaria,
que
la
se
imposición
retrotrajo
de
al
la
segunda
2006.
Ambas
partes comparecieron. Con el beneficio de sus argumentos,
pasemos a trazar el marco legal que aplica a los hechos
relatados.
II
A. Obligación de satisfacer alimentos
La responsabilidad que acarrea todo progenitor o toda
progenitora de alimentar a sus hijos o hijas se plasmó en
los artículos 143 y 153 de nuestro Código Civil.10 El Art.
143 preceptúa que los y las ascendientes y descendientes
tienen un deber recíproco de alimentarse.11 Mientras que el
Art. 153 dispone que todo padre y madre están obligados a
9
La sentencia se notificó el 6 de abril de 2016.
10
Chévere v. Levis, 150 DPR 525, 535 (2000).
11
Art. 143 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 562.
AC-2016-0058
10
alimentar a sus hijos o hijas no emancipados con arreglo a
sus fortunas.12 Si bien nuestro Código Civil impuso a todos
los progenitores la obligación de alimentar a sus hijos o
hijas, para la legislatura ello no fue suficiente puesto
que el Estado continuaba confrontándose con personas que
inobservaban
este
deber.13
Por
esta
razón,
la
Asamblea
Legislativa promulgó la Ley Orgánica de la Administración
para
el
Sustento
de
Menores
(Ley
para
el
Sustento
de
Menores), Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según
emendada, 8 LPRA sec. 502. En esta reafirmó la política
pública
del
Gobierno
de
procurar
que
los
padres
y
las
madres legalmente responsables contribuyeran, en la medida
que sus recursos les posibilitaran, en el sustento de sus
hijos o hijas.
Ahora
alimentar
bien,
es
preciso
a
y
las
los
distinguir
menores
del
la
deber
obligación
de
de
los
pagar
alimentos. La génesis de la responsabilidad de todo o toda
ascendiente de satisfacer los alimentos depende de cómo se
reclama este deber. En ausencia de acuerdo o disposición
previa sobre la cuantía, la obligación de pagar surge desde
que se insta la acción requiriéndolos. Esto lo erige el
Art. 147 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 566,
al establecer que “[l]a obligación de dar alimentos será
exigible desde que los necesitare para subsistir la persona
que tuviere derecho a percibirlos, pero no se abonaran sino
12
Art. 153 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 601.
13
Ferrer v. González, 162 DPR 172, 177 (2004).
AC-2016-0058
11
desde la fecha en que se interponga la demanda”. (Énfasis
suplido).
Lo
abonados
sino
que
implica
desde
la
que
“los
fecha
en
alimentos
que
se
no
serán
presentó
la
correspondiente demanda exigiendo su pago y no desde el
momento que surge la necesidad”.14 Cimentado en ello es que
se estima que el decreto de pensión que un tribunal emite,
no
declara
la
existencia
de
una
obligación
anterior
al
proceso, sino que establece el nacimiento de la deuda con
el proceso.15
Sobre este aspecto resulta beneficioso observar lo que
el autor Eduardo A. Zannoni explica sobre el decreto de
alimento en el Derecho Argentino:
la
sentencia
de
alimentos
se
descompone
virtualmente en tres partes: una de carácter
declarativo, en la cual el juez reconoce el
título
al
actor
(parentesco,
contrato,
testamento) y lo declara apto para obligar al
deudor;
otra
parte
constitutiva
(esto
es,
determinativa)
del
quantum
de
la
pensión
alimenticia adeudada; y una última parte de
condena en la cual concretamente impone al deudor
la prestación y asegura la vía ejecutoria al
acreedor. “La tesis de que los alimentos sólo se
deben
desde
la
sentencia
-agrega
Couturedescansa en el error de dar carácter principal a
la parte constitutiva de la sentencia; la tesis
de que retrotrae sus efectos al día de la
demanda, pone en primer término el carácter de
condena que tiene la decisión.
Por ello entendemos acertada la jurisprudencia
mayoritaria de nuestros tribunales, que, aun
antes de la sanción del Código Procesal vigente,
había establecido el carácter retroactivo de la
sentencia
de
alimentos
a
la
fecha
de
la
interposición de la demanda, ya que aquélla es
14
R. Serrano Geyls, Derecho de Familia de Puerto
Legislación Comparada, San Juan, 2002, Vol. II, pág. 1468.
Rico
y
15
J. L. Lacruz Berdejo y otros, Elementos de Derecho Civil:
Familia, J. Rams Albesa, 2da ed., Madrid, Ed. Dykinson, 2005, T. IV,
pág. 24.
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12
declarativa del derecho de percibirlos por parte
del alimentado, quien formula su petición sobre
la base de una necesidad actual que debe ser
atendida. (Bastardillas en el original y énfasis
suplido).16
Cónsono con la exposición que precede, la Ley para el
Sustento
de
Menores,
supra,
erige
que
los
decretos
de
alimentos se retrotraen a la fecha en que se presenta la
reclamación.17
De
otro
determinaciones
modo,
son
debemos
de
puntualizar
carácter
variable
que
y
estas
que
no
constituyen cosa juzgada.18 Por tanto, pueden modificarse a
tenor con la sec. 518 de la Ley que dispone lo siguiente:
Toda orden de pensión alimentaria podrá ser
revisada y modificada cada tres (3) años desde la
fecha
en
que
la
orden
fue
establecida
o
modificada, en caso de que se presente una
solicitud de revisión y modificación por el
alimentante, alimentista, la Administración o
cualquier agencia Título IV-D cuando exista una
cesión de derecho a tenor con la sec. 508 de este
título. Toda orden de pensión alimentaria de
menores
emitida
por
el
Tribunal
o
la
Administración deberá apercibir a las partes de
su
derecho
a
solicitar
una
revisión
y
modificación de su orden y para aquellos casos
bajo la jurisdicción de la Administración, dicha
notificación se continuará expidiendo al menos
una vez cada tres años. No obstante, cualquier
ley o disposición en contrario, el requisito de
cambio
significativo
o
imprevisto
en
las
circunstancias de algunas de las partes se cumple
si la aplicación de las Guías para Fijar y
Modificar Pensiones Alimentarias en Puerto Rico
adoptadas según se dispone en este capítulo,
16 E. A. Zannoni, Derecho Civil Derecho de Familia, 3era ed., Ed.
Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, 1998, T. I, pág. 147. Inclusive,
en Argentina “la sentencia que se dicte en el incidente que disponga el
aumento de la cuota alimentaria tendrá efecto retroactivo a la fecha de
la notificación del pedido”. Íd., pág. 156.
17 8 LPRA sec. 518. Véase, además, S. Torres Peralta, El Derecho
Alimentario en Puerto Rico, San Juan, 2006, T. I, 7.04.
18 Figueroa Hernández v. Rosario Cervoni, 147 DPR 121, 128 (1998).
Véase, además, Serrano Geyls, op. cit., pág. 1471.
AC-2016-0058
13
resulta en una cantidad diferente a la pensión
corriente actualmente ordenada.
. . . . . . . . .
El Administrador o el tribunal, a solicitud de
parte o a su discreción podrá iniciar el
procedimiento para modificar una orden de pensión
alimentaria en cualquier momento y fuera del
ciclo de tres (3) años, cuando entienda que
existe justa causa para así hacerlo, tal como
variaciones
o
cambios
significativos
o
imprevistos en los ingresos, capacidad de generar
ingresos,
egresos,
gastos
o
capital
del
alimentante o alimentista, o en los gastos,
necesidades o circunstancias del menor, o cuando
exista cualquier evidencia de cambio sustancial
en circunstancias. (Énfasis suplido).
En resumen, los dictámenes de alimentos no advienen
estrictamente finales ni definitivos porque están sujetos a
ser
revisados
acontezca
un
justifique.19
pensión
se
al
paso
de
tres
años
cambio
en
las
circunstancias
De
ordinario,
puede
solicitar
la
o
revisión
cuando
en
de
caso
una
transcurran
de
que
que
lo
orden
de
tres
años
desde la fecha en que se decretó. No obstante, el tribunal,
a petición de parte o motu proprio, puede reexaminar un
decreto alimentario aun cuando no hayan pasado los tres
años si estima que hay justa causa para ello. Es decir, si
“hay un cambio sustancial en las circunstancias iniciales
en que se determinó la pensión”.20 La justa causa puede
consistir en: (1) variaciones o cambios significativos o
19 Figueroa Hernández v. Rosario Cervoni, supra, pág. 128. Además,
hemos admitido que “[l]as modificaciones a las determinaciones sobre
custodia y alimentos basadas en hechos y circunstancias ocurridos con
posterioridad a haberse emitido el dictamen que se intenta modificar,
pueden reclamarse en el mismo caso o en uno independiente. Sin embargo,
a pesar de que se tiene esta alternativa, en la mayoría de los casos no
es recomendable que estas modificaciones se soliciten en un pleito
independiente. La economía procesal así lo sugiere”. Id., págs. 128129.
20
Serrano Geyls, op. cit., pág. 1499.
AC-2016-0058
14
imprevistos
en
ingresos,
los
los
ingresos,
egresos,
los
la
capacidad
gastos,
el
de
generar
capital
del
alimentante o alimentista, en los gastos, las necesidades o
las circunstancias del menor; o (2) cuando exista cualquier
prueba de cambio sustancial en las circunstancias.
En
ese
sentido,
hemos
reconocido
que
el
cambio
sustancial en las circunstancias es “aquel que afecta la
capacidad del alimentante para proveer los alimentos o las
necesidades de los alimentistas”.21 Además, en el contexto
de las guías, pudimos observar que la legislación reconoce
que
hay
un
cambio
significativo
o
imprevisto
en
las
circunstancias si la cantidad de manutención resulta en una
cantidad diferente a la pensión corriente.
Algunas de las razones que fundamentan esta normativa
las explica la Lcda. Sarah Torres Peralta al expresar que
[l]a vigencia del decreto alimentario queda
sujeta a las circunstancias cambiantes, y a los
cambios
sustanciales
o
imprevistos,
tanto
respecto a la capacidad de los alimentantes como
en cuanto a las necesidades de los alimentistas.
El mero paso del tiempo; el crecimiento de los
hijos, los costos escolares en aumento; iguales
aumentos en todos los renglones de la crianza comida, ropa, habitación, vestimenta, asistencia
médica, rentas o plazos hipotecarios del techo
del alimentista, aumento en general del costo de
vida entre otros. Además, se asume que el
alimentante, por su parte, va progresando en su
empleo o en su empresa o negocio o en el trabajo
en que se desempeña. También puede ocurrir a la
inversa, que los recursos del alimentante vengan
a
menos;
o
que
las
necesidades
de
los
alimentistas disminuyan con el paso del tiempo graduaciones, matrimonios, vida independiente de
los hijos, herencias; fracaso en los negocios,
pérdida o cambio de empleo o cualquier otro
21
McConnell v. Palau, 161 DPR 734, 747 (2004).
AC-2016-0058
15
evento que tenga el efecto de permitir aumentos o
disminuciones en la pensión previamente fijada.22
Ahora bien, en cuanto a la retroactividad del decreto
de aumento, la Ley para el Sustento de Menores dispone que
la efectividad de los aumentos de las pensiones es desde la
fecha en que se solicite el incremento en la manutención.23
Discutido
el
marco
de
la
retroactividad,
pasamos
a
repasar el principio de proporcionalidad que rige en el
derecho de alimentos.
B. La proporcionalidad de la pensión alimentaria
El principio de proporcionalidad permea toda nuestra
legislación alimentaria y tiene como finalidad el fomentar
el
trato
justo
alimentarios.24
entre
Este
se
los
acreedores
manifiesta
en
y
los
dos
deudores
instancias:
primero, al fijarse la cuantía de alimentos, y segundo,
cuando se prorratea el pago de la pensión alimentaria entre
los progenitores.25
En lo atinente al proceso que se lleva a cabo para
establecer
el
monto
a
ser
satisfecho,
el
Art.
146
del
Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 565, postula que
“[l]a cuantía de los alimentos será proporcionada a los
recursos del que los da y a las necesidades del que los
recibe, y se reducirán o aumentarán en proporción a los
22
Torres Peralta, op. cit., págs. 7.01-7.02.
23 8 LPRA sec. 518. Véase, además, Quiles Pérez v. Cardona Rosa,
171 DPR 443, 455 (2007), donde reconocimos que “si luego de modificada
la pensión […] resulta procedente un aumento, éste debe ser retroactivo
a la fecha en que se solicitó”. (Bastardillas en el original).
Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, 187 DPR 550, 567 (2012);
Serrano Geyls, op. cit., pág. 1465.
24
25
De León Ramos v. Navarro Acevedo, 195 DPR 157, 171 (2016).
AC-2016-0058
16
recursos del primero y a las necesidades del segundo”. Es
decir, “la pensión alimentaria debe estar basada en las
necesidades de los menores, consideradas éstas a la luz de
todas las circunstancias del caso, incluyendo el estilo de
vida
de
los
padres”.26
balance
entre
los
Este
intereses
esquema
conlleva
del
de
o
la
hacer
menor
y
un
la
capacidad económica de los y las responsables de costear
sus necesidades.27
De otro modo, y en lo referente al prorrateo del pago
de los alimentos entre sus progenitores, el Art. 145 del
Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 564, erige que
“[c]uando
recaiga
sobre
dos
(2)
o
más
personas
la
obligación de dar alimentos, se repartirá entre ellos el
pago de la pensión en cantidad proporcionada a su caudal
respectivo”. Esto, pues, el principio de proporcionalidad
“considera el patrimonio de ambos padres alimentistas”.28 No
obstante,
“[l]a
individuales
se
proporción
establecerá
de
en
las
relación
contribuciones
al
mismo
caudal
individual que ha servido para calcular el importe global
de los alimentos (art. 146), y por tanto en proporción a la
cantidad
que
hubiera
debido
aportar
cada
alimentista
si
fuera único”.29
En virtud del principio de proporcionalidad “se han
adoptado, por vía estatutaria y reglamentaria, guías más
26
Ferrer v. González, supra, pág. 180.
27
De León Ramos v. Navarro Acevedo, supra, pág. 171.
28
Díaz Ramos v. Matta Irizarry, 198 DPR 916, 928 (2017).
29
Lacruz Berdejo y otros, op. cit., pág. 23.
AC-2016-0058
17
precisas para dirigir la difícil labor de determinar la
capacidad económica con la que cuentan los padres y las
madres para suplir las necesidades de sus hijos”.30 Para
ello, la Ley para el Sustento de Menores hizo “compulsorio
el
descubrimiento
alimentante
en
alimentarias,
sobre
casos
para
la
situación
relacionados
poder
fijar
la
económica
con
las
cuantía
del
pensiones
que
se
ha
pagar”.31
Ahora bien, en Chévere v. Levis, 150 DPR 525 (2000),
decidimos
que
dirigida
hacia
la
Ley
para
aquellos
el
Sustento
progenitores
y
de
Menores
va
progenitoras
que
están obligados a alimentar, pero se niegan a cumplir su
cometido.32 Manifestamos que el estatuto tiene como fin el
descubrir la suficiencia económica del llamado a alimentar
para
así
establecer
la
pensión
alimentaria.33
Además,
pautamos que la Ley para el Sustento de Menores se activa
en los casos en que el obligado o la obligada a alimentar
se
niega
a
hacerlo
o
si
hay
duda
sobre
su
capacidad
económica.34 No obstante, resolvimos que cuando un padre o
una madre
fomenta la política del Estado de “paternidad
voluntaria” y admite capacidad económica, no es
necesario que divulgue sus ingresos. Más aún,
cuando un padre alimentante acepta que posee
30
Llorens Becerra v. Mora Monteserín, 178 DPR 1003, 1016-1017
(2010).
31
8 LPRA sec. 525. Véase, además, Ferrer v. González, supra, pág.
32
Chévere v. Levis, supra, pág. 543.
33
Íd., pág. 544.
34
Íd.
178.
AC-2016-0058
18
suficientes
ingresos
para
pagar
la
pensión
alimentaria que en derecho proceda a favor de sus
hijos, promueve, con acierto, el interés público
del bienestar de los menores y agiliza los
procedimientos en cuanto a la otorgación de
pensiones alimentarias. Por consiguiente, cuando
el
padre
alimentante
acepta
su
capacidad
económica, se hace innecesario el descubrimiento
de prueba, según dispuesto por ley. (Bastardillas
en el original).35
Es
decir,
si
un
progenitor
o
una
progenitora
alimentante admite que posee medios suficientes para cubrir
su obligación de proveer
alimentos a sus hijos
o hijas
menores, se prescinde, por no ser necesario, el trámite
provisto en la ley y las Guías.36 En cuyo caso, no se deberá
emplear
el
mecanismo
de
descubrimiento
de
prueba
para
precisar la situación económica del o de la alimentante.37
Una vez el o la alimentante acepta que posee medios
suficientes para cumplir sus obligaciones alimentarias, lo
único que resta por hacer es determinar la suma justa y
razonable
de
pensión
alimentaria
en
atención
a
las
necesidades del o de la alimentista.38 Tras ello suceder, el
o
la
alimentante
no
podrá
impugnar
la
pensión
35
Íd.
36
De León Ramos v. Navarro Acevedo, supra, pág. 174.
fijada
Íd. Además, en Chévere Mouriño v. Levis Goldstein, 152 DPR 492,
501 (2000), reconocimos que al fijar la cuantía de alimentos, los foros
judiciales no estaban limitados a considerar prueba directa de los
ingresos, sino que podían utilizar “evidencia circunstancial que le[s]
permita inferir, como parte de las necesidades del menor, el estilo de
vida a que éste tiene derecho a tenor con la capacidad económica y
estilo de vida de su padre o madre alimentante”. Más adelante, en
Ferrer v. González, supra, pág. 181, pautamos que “[h]abiendo el
alimentante aceptado capacidad económica para proveer una pensión
alimentaria razonable al menor, no es necesario brindar información
adicional para determinar dicha capacidad. … Cuando la capacidad
económica no está en controversia, como el caso de autos, no procede
descubrimiento de prueba alguno respecto a su estilo de vida”.
(Bastardillas en el original).
37
38
Íd., pág. 176; Chévere v. Levis, supra, pág. 545.
AC-2016-0058
conforme
argüir
19
a
las
necesidades
del
o
que
no
cuenta
los
recursos
con
de
la
alimentista
necesarios
al
para
satisfacerla.39 Mas esta prohibición “no se refiere a que no
se pueda impugnar la cuantía de la pensión porque resulte
contraria a la prueba porque sea irrazonable a la luz de
las necesidades de los menores”.40
Ulteriormente,
en
Santiago,
Maisonet
v.
Maisonet
Correa, 187 DPR 550, 571 (2012), resolvimos que si
el alimentante acepta su capacidad económica,
procede entonces que el alimentante pague el 100%
de los gastos razonables de los menores. Si este
quiere
que
se
le
imponga
pagar
solo
una
proporción de los gastos bajo el fundamento de
que la persona custodia también debe realizar una
aportación,
por
imperativos
de
justicia
y
principios matemáticos básicos, deberá divulgar
sus ingresos a fin de utilizar las Guías y poder
adjudicar la participación correspondiente a la
madre y al padre.
Plasmado
el
marco
jurídico
material
a
la
presente
controversia, nos encontramos en posición de resolver.
III
En lo pertinente, el señor Colón Molina apunta que la
tercera pensión alimentaria no podía hacerse efectiva al
2006, pues en el 2011 el foro primario fijó la segunda
pensión
alimentaria
proceder
fue
que
confirmado
retrotrajo
por
el
al
Tribunal
2006
de
y
que
ese
Apelaciones.
Aduce que el tribunal de instancia consignó en su decreto
que la manutención establecida regiría hasta que realizara
una
nueva
determinación.
Asevera
que
asumió
capacidad
39
Chévere v. Levis, supra, pág. 546.
40
Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, supra, pág. 565.
AC-2016-0058
20
económica con posterioridad y que fue en agosto de 2013 que
el
foro
primario
alimentaria.
dictamen
Por
accedió
a
tanto,
solicita
recurrido
manutención
al
22
revisar
la
que
y
decretemos
la
de
agosto
2013,
de
segunda
pensión
modifiquemos
efectividad
fecha
en
el
de
la
que
el
Tribunal de Primera Instancia ordenó a la EPA que revisara
la pensión.
Por su parte, la señora Pesquera Fuentes arguye que en
la vista del 21 de junio de 2011 fecha en que la segunda
pensión alimentaria no era final y firme quedó claro que
no
se
autorizó
un
nuevo
proceso
de
revisión,
sino
que
continuó el iniciado en el 2006. Sostiene que conforme a lo
que
allí
aconteció,
descubrimiento
de
sustancial
las
en
peticionario
capacidad
no
el
foro
prueba
de
para
instancia
ver
circunstancias
descubrió
económica,
si
que
pues
“el
estaba
condicionado
el
que
continuara
pensión
iniciada
el
año
2006
en
hubo
un
económicas.
evidencia,
manifiesta
permitió
la
quedó
cambio
Como
aceptó
hecho
el
el
tener
al
cual
revisión
de
meridianamente
probado”. Asevera que el proceder del señor Colón Molina, a
menos
de
cinco
descubrimiento
de
meses
de
haberse
prueba
para
indagar
autorizado
si
hubo
el
cambios
sustanciales en su capacidad económica y a menos de tres
meses de que el foro apelativo intermedio confirmara al
primario, establece inequívocamente su solicitud de que la
pensión se computara en vista del escrutinio de aceptación
de capacidad. Esto, pues se le había advertido que para
AC-2016-0058
21
aceptar capacidad tenía que esperar tres años. Argumenta
que el peticionario asumió capacidad a pesar de que el
tribunal apercibió que el caso no se atendería como una
nueva
revisión
esperar
tres
alimentaria
y
que
años.
debe
para
aceptar
Razona
que
ser
efectivo
capacidad
el
desde
pago
que
tenía
de
se
que
pensión
somete
la
petición de alimentos o cuando se solicita su incremento.
Aduce que el 29 de marzo de 2011 el tribunal intermedio
confirmó la segunda pensión alimentaria y la hizo efectiva
al 1 de octubre de 2006.
Como
podemos
apreciar,
la
polémica
en
el
caso
de
marras se circunscribe a delimitar a cuál fecha se debe
hacer efectiva la tercera pensión alimentaria establecida
bajo el esquema de aceptación de capacidad para así fijar
el
retroactivo,
peticionara
la
luego
revisión.
de
que
Esto,
el
en
señor
Colón
consideración
Molina
de
que,
tras la peticionaria solicitar la revisión en el 2006 se
impuso
la
segunda
pensión
alimentaria
la
cual
advino
“final” y de que no había transcurrido el tiempo dispuesto
por ley para poder pedir su reevaluación. Veamos.
El deber de abonar los alimentos se origina cuando el
interesado o la interesada los reclama judicialmente.41 La
sentencia que se emite en el pleito declara el derecho de
la persona a exigir el pago, ya que el derecho a recibir
los alimentos no es de origen judicial. Ello lo dispone el
Código Civil, la Ley para el Sustento de Menores y así lo
41
Art. 147 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 566.
AC-2016-0058
hemos
22
reconocido
con
anterioridad.42
El
dictamen
que
se
promulgue en su día es carácter condenatorio, es por esto
que la obligación de satisfacerlos se retrotrae al día en
que se exigió por la vía judicial. Por ende, incoar la
demanda de manutención es el acto que da inicio a la deuda.
Sin duda, los dictámenes de pensiones son peculiares.
Como pudimos notar, el derecho de alimentos es de carácter
variable, y por ende, revisable. La regla general es que
nuestro ordenamiento jurídico permite la revisión de estos
decretos al paso de tres años desde la fecha en que se
dictan.43
Sin
embargo,
a
modo
de
excepción,
pueden
reevaluarse aun cuando no haya transcurrido ese periodo si
existe
justa
causa
para
otras
cosas,
puede
consistir
en
variaciones
imprevistos
en
las
significativos
o
ello.
Esa
justificación,
o
entre
cambios
circunstancias
que
cimentaron la manutención fijada.44 Aunque en el ejercicio
de
cómputo
bajo
las
guías,
la
Ley
para
el
Sustento
de
Menores admite que para ello basta que “de la aplicación de
las Guías para Fijar y Modificar Pensiones Alimentarias […]
resulta en una cantidad diferente a la pensión corriente
actualmente ordenada”. (Énfasis suplido).45 Por disposición
de
ley,
el
aumento
en
la
pensión
alimentaria
se
retrotraer a la fecha en que se peticionó.46
42
8 LPRA sec. 518; Quiles Pérez v. Cardona Rosa, supra.
43
8 LPRA sec. 518.
44
Íd.
45
Íd.
46
Íd.
ha
de
AC-2016-0058
Con
23
esto
en
mente
cabe
increparnos:
¿la
aceptación
económica de un progenitor o una progenitora constituye un
cambio en las circunstancias que da paso a un procedimiento
de revisión? A fin de contestar esta interrogante debemos
dirigirnos a la figura de origen judicial de la admisión de
capacidad económica y a sus implicaciones.
Según discutimos, si un padre o una madre admite que
cuenta con los medios económicos para mantener a su hijo o
hija se suspende el principio de proporcionalidad en su
vertiente del prorrateo del pago entre los padres. Es por
esto que no es necesario llevar a cabo el descubrimiento de
prueba
compulsorio
instaurado
estatutariamente.
En
consecuencia, el o la alimentante va a ser el responsable
de pagar el cien por ciento de los gastos razonables del
menor. Ello, a su vez, naturalmente, podría redundar en un
aumento en la suma de la pensión que ha de satisfacer. Por
ende,
resultaría
corriente.
en
Además,
una
cuantía
debemos
diferente
tomar
a
en
la
pensión
cuenta
las
consecuencias que tiene sobre la persona custodia ya que no
va a tener que aportar a los gastos razonables de su hijo.
Indudablemente,
dado
las
repercusiones
que
acarrea
para el menor, el padre o la madre custodio y el o la
alimentante,
la
admisión
de
capacidad
económica
es
un
cambio significativo en las circunstancias de las partes.
Por consiguiente, cuando el progenitor o la progenitora no
custodio
acepta
que
tiene
capacidad
para
satisfacer
los
alimentos de sus hijos o hijas y solicita la revisión de un
AC-2016-0058
decreto
24
final,
por
el
efecto
que
conlleva,
el
tribunal
deberá, con la premura que los casos de alimentos ameritan,
remitir
el
caso
a
la
EPA
para
que
esta
formule
una
recomendación de la manutención a imponer. Una vez la EPA
pase juicio sobre los gastos razonables del menor y del
monto mayor que el padre o la madre no custodio ha de
pagar, si el juzgador lo adopta entonces deberá imponerlo
desde
la
fecha
circunstancia
en
que
que
aceptó
dio
paso
al
capacidad
proceso
pues
de
esa
es
la
revisión
del
aumento de la manutención. Solo así alcanzamos un balance
adecuado
y
promovemos
la
paternidad
y
maternidad
responsable sin mayores dilataciones para evitar privar a
un
niño
o
una
niña
cuyo
progenitor
o
progenitora
no
custodio aceptó cubrir el cien por ciento de sus gastos
razonables.
De acuerdo a lo que relatamos, en el 2005 las partes
estipularon una pensión final, pero en el 2006 la señora
Pesquera Fuentes planteó que la estipulación se apoyó en
información incompleta debido a que el señor Colón Molina
ocultó información de sus ingresos. A causa de ello, la EPA
inició un procedimiento de revisión y el 6 de junio de 2011
el Tribunal de Primera Instancia impuso al peticionario la
segunda pensión alimentaria, que hizo retroactiva al 2006.47
Cabe resaltar que en el ínterin, en la vista celebrada el 21 de
junio de 2011 las partes informaron al juzgador que habían acordado que
el señor Colón Molina iba a satisfacer un 35 % de lo que adeudaba por
el retroactivo. Ese mismo día, el juez impuso un plan de pago, hoy
satisfecho.
47
AC-2016-0058
25
El 29 de agosto de 2011 el Tribunal de Apelaciones confirmó
este dictamen, por lo que advino final y firme.
Finalizado el trámite de la revisión peticionada en el
2006 y ya establecida la segunda pensión alimentaria, el 15
de noviembre de 2011 el peticionario presentó un escrito
donde aceptó que poseía los medios para sustentar a su hija
y pidió que el caso se remitiera a la EPA. Esto constituyó
un cambio sustancial en las circunstancias de las partes,
por lo que el 22 de agosto de 2013 el Tribunal de Primera
Instancia decidió remitir el asunto a la EPA. De hecho, el
foro de instancia descartó el descubrimiento de prueba y
ordenó la revisión.
Como parte de
revisión,
primario
el
foro
ese nuevo proceso de
impuso
la
tercera
pensión
alimentaria, de cantidad mayor, a la luz de la doctrina de
aceptación
de
capacidad.
Sin
embargo,
la
retrotrajo
a
septiembre de 2006. El Tribunal de Apelaciones determinó
que procedía a partir de octubre de 2006. Erraron al así
actuar.
Nótese,
que
aceptó
contar
segunda
pensión
al
con
momento
medios
que
para
alimentaria
que
el
señor
alimentar
se
a
impuso
Colón
su
Molina
prole
la
producto
del
proceso que comenzó en el 2006 era final y firme. Es decir,
ya
había
señora
culminado
Pesquera
el
Fuentes
procedimiento
solicitó.
de
revisión
Asimismo,
esa
que la
segunda
pensión alimentaria se hizo efectiva a partir del 2006,
fecha
en
manutención
que
la
recurrida
estipulada.
pidió
Finalizado
la
ese
revisión
de
la
procedimiento,
la
AC-2016-0058
aceptación
de
26
capacidad
económica
fue
el
cambio
en
las
circunstancias que permitió que el tribunal de instancia
iniciara un nuevo proceso de revisión que finalizó con la
imposición de la tercera pensión alimentaria. A ese momento
se debe hacer efectiva la nueva suma de manutención.
IV
Por los fundamentos esbozados, revocamos a los foros
recurridos, en cuanto al cuarto señalamiento de error, y
ordenamos que la tercera pensión alimentaria impuesta en
el 2016 se retrotraiga al 15 de noviembre de 2011, fecha
en que el señor Colón Molina admitió contar con capacidad
económica para sustentar a su hija. Devolvemos el caso al
Tribunal de Primera Instancia para que continúe el trámite
a tenor con lo aquí pautado.
Edgardo Rivera García
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Yailin Pesquera Fuentes
Recurrida
v.
AC-2016-0056
Miguel A. Colón Molina
Peticionario
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de marzo de 2019.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que precede,
y que hacemos formar parte de la sentencia, revocamos a los
foros recurridos en cuanto al cuarto señalamiento de error y
ordenamos que la tercera pensión alimentaria impuesta en el
2016 se retrotraiga al 15 de noviembre de 2011, fecha en que
el Sr. Miguel A. Colón Molina admitió contar con capacidad
económica para sustentar a su hija. Por consiguiente,
devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para que
continúe el trámite a tenor con lo pronunciado.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez
y los Jueces Asociados señores Estrella Martínez y Colón Pérez
no intervinieron. El Juez Asociado señor Feliberti Cintrón
está inhibido.
José Ignacio Campo Pérez
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Yailin Pesquera Fuentes
Recurrida
v.
AC-2016-0058
Miguel A. Colón Molina
Peticionario
SENTENCIA
(NUNC PRO TUNC)
En San Juan, Puerto Rico, a 12 de abril de 2019.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
precede, y que hacemos formar parte de la sentencia,
revocamos a los foros recurridos en cuanto al cuarto
señalamiento de error y ordenamos que la tercera pensión
alimentaria impuesta en el 2016 se retrotraiga al 15 de
noviembre de 2011, fecha en que el Sr. Miguel A. Colón
Molina admitió contar con capacidad económica para sustentar
a su hija. Por consiguiente, devolvemos el caso al Tribunal
de Primera Instancia para que continúe el trámite a tenor
con lo pronunciado.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal
Supremo.
La
Juez
Asociada
señora
Rodríguez
Rodríguez y los Jueces Asociados señores Estrella Martínez y
Colón Pérez no intervinieron. El Juez Asociado señor
Feliberti Cintrón está inhibido.
José Ignacio Campo Pérez
Secretario del Tribunal Supremo