LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Pesquera Fuentes v. Colón Molina

2019 TSPR 55

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Pesquera Fuentes v. Colón Molina

AC-2016-58

Derecho de Familia: Aceptación de capacidad económica por un progenitor constituye un cambio en las circunstancias que puede dar paso a un proceso de revisión. Determinación de la fecha desde la que se debe retrotraer la pensión alimentaria que se establezca.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Yailin Pesquera Fuentes

Recurrida

2019 TSPR 55

v.

202 DPR ____

Miguel A. Colón Molina

Peticionario

Número del Caso:

AC-2016-58

Fecha: 28 de marzo de 2019

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Bayamón-Aibonito Panel V

Abogados de la parte peticionaria:

Lcdo. José A. Andreu García

Lcda. Brenda Berríos Morales

Lcda. Julia A. González del Valle

Abogada de la parte recurrida:

Lcda. Yadira Torres Ruiz

Materia: Derecho de Familia: Aceptación de capacidad económica por un

progenitor constituye un cambio en las circunstancias que puede dar paso

a un proceso de revisión.

Determinación de la fecha desde la que se

debe retrotraer la pensión alimentaria que se establezca.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que

está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y

publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución

electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Yailin Pesquera Fuentes

Recurrida

v.

AC-2016-0058

Miguel A. Colón Molina

Peticionario

EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR RIVERA GARCÍA emitió la opinión del Tribunal.

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de marzo de 2019.

La disputa del caso que nos ocupa concede la

oportunidad

origen

de

pronunciarnos

jurisprudencial

de

sobre

la

aceptación

normativa

de

de

capacidad

económica en los pleitos de alimentos. En específico,

cuando el Tribunal de Primera Instancia impone una

pensión alimenticia y antes de transcurrir los tres

años para que pueda ser revisada, el padre no custodio

admite

que

sustentar

a

cuenta

su

con

hija

y

los

medios

peticiona

económicos

que

el

para

asunto

se

refiera a un proceso de revisión. La interrogante es

la siguiente: ante esas circunstancias, ¿a qué fecha

se debe retrotraer la manutención que se establezca

producto

de

la

aceptación?

Por

las

razones

que

AC-2016-0058

2

expondremos a continuación, resolvemos que cuando hay un

decreto de alimento final y la persona no custodia acepta

capacidad

económica

previo

a

los

tres

años

desde

su

imposición, la nueva pensión que resulte de ese proceso de

revisión se ha de hacer efectiva a la fecha en que admitió

tener capacidad económica.

Procederemos

a

delinear

el

cuadro

fáctico

material

para solventar el asunto que nos ocupa.

I

A. Sucesos previo a la admisión de capacidad económica

El

12

de

agosto

de

2002

la

Sra.

Yailin

Pesquera

Fuentes (señora Pesquera Fuentes o recurrida) peticionó al

Tribunal de Primera Instancia que impusiera al Sr. Miguel

Colón

Molina

(señor

Colón

Molina

o

peticionario)

una

pensión alimentaria en beneficio de la hija que tienen en

común.

A

manutención

causa

de

ello,

provisional

el

de

foro

$400

primario

mensuales,

fijó

una

monto

que

incrementó ulteriormente a $700. El 16 de marzo de 2005 las

partes

estipularon

una

pensión

mensual

de

$1,200.

No

obstante, el 25 de septiembre de 2006 la señora Pesquera

Fuentes planteó que advino en conocimiento de que el señor

Colón Molina omitió información sobre sus ingresos, por lo

que

alegó

que

el

cómputo

de

los

alimentos

se

basó

en

información incompleta. En virtud de esto, requirió que se

le

autorizara

efectuar

un

descubrimiento

de

prueba

para

corroborar la información recibida y así poder solicitar lo

que procediera en derecho.

AC-2016-0058

Tras

marzo

3

numerosos

de

2010

la

acontecimientos

Examinadora

de

procesales,

Pensiones

el

5

de

Alimenticias

(EPA) rindió su Informe. Explicó que la vista de alimentos

fue suspendida en once ocasiones porque el peticionario no

acató

las

órdenes

del

tribunal

relacionadas

al

descubrimiento de prueba. Indicó que la vista se celebró

finalmente en noviembre de 2009, sin la comparecencia del

señor Colón Molina. Apuntó que, para producir el cómputo de

la

manutención,

utilizó

un

peticionario

suministró

al

hipotecario.

Además,

estimó

que,

luego

de

ciertas

deducciones,

el

Colón

Molina

generaba

un

salario

señor

estado

financiero

solicitar

que

un

el

préstamo

mensual de $25,344.86. En vista de ello, recomendó: (1) la

imposición de una pensión mensual de $6,114; (2) que se

hiciera efectiva a partir de octubre de 2006; y (3) fijar

un

retroactivo

por

la

cantidad

de

$206,388.

Consecuentemente, el 16 de marzo de 2010 el foro primario

emitió una resolución mediante la cual acogió todas las

sugerencias de la EPA.

Insatisfecho

solicitado

acudió

ante

ese

curso

reconsideración

sin

el

con

Tribunal

de

decisorio,

éxito,

y

el

Apelaciones.

tras

haber

peticionario

Aseveró,

entre

otras cosas, que en el cálculo de la manutención no se tomó

en cuenta la totalidad de sus dependientes. Al atender el

asunto,

el

foro

revisor

confirmó

parte

del

dictamen

recurrido. Empero, razonó que, a tenor con lo que exigía el

ordenamiento legal, la cuantía de pensión alimentaria debía

AC-2016-0058

4

ser en virtud del total de hijos que tenía el señor Colón

Molina.

Por

lo

tanto,

devolvió

el

caso

al

tribunal

de

instancia para que determinara el monto nuevamente.

Con

el

fin

de

acatar

el

mandato

del

Tribunal

de

Apelaciones, la EPA presentó un Acta. Tras sopesar que el

peticionario era padre de cuatro menores de edad, propuso

que se le fijara una pensión mensual de $3,379. Asimismo,

expresó que la suma del retroactivo de octubre de 2006 a

marzo de 2011 ascendía a $115,487. El 29 de marzo de 2011

el Tribunal de Primera Instancia notificó una resolución a

través de la cual adoptó las recomendaciones de la EPA y

designó una segunda pensión alimentaria. Además, instruyó

que esa suma iba a imperar hasta que se hiciera una nueva

determinación

acontecieran

y

que

no

se

modificaría

salvo

que

cambios significativos o imprevistos en las

circunstancias de alguna de las partes.1 De lo contrario,

apuntó que la variación de este monto se podía peticionar

luego de que transcurrieran tres años.2

A pesar de haber acogido lo propuesto por la EPA, dos

días

más

tarde

el

foro

primario

celebró

una

vista

de

seguimiento. Allí, el representante legal del señor Colón

Molina adujo que la cantidad de alimentos debía ser menor.

Después de indagar sobre ese argumento, el juzgador refirió

el

caso

a

la

EPA,

pues

razonó

que

se

había

variado

erróneamente la partida de pensión suplementaria. También,

1

Resolución, Apéndice de la Apelación, págs. 86-87.

2

Íd.

AC-2016-0058

requirió

5

al

peticionario

que

presentara

su

Planilla

de

Información Personal y Económica (PIPE) para examinar la

razonabilidad

del

retroactivo.3

Según

ordenado,

la

EPA

presentó otra Acta donde clarificó que la discrepancia en

el

cálculo

surgió

inadvertencia,

no

menor.

Por

esa

dado

a

que,

incluyó

la

partida

razón,

reafirmó

inicialmente

del

que

colegio

la

segunda

y

por

de

la

pensión

alimentaria debía ser por la suma de $3,379 mensuales y que

la deuda por concepto de retroactivo ascendía a $115,487.

El 6 de junio de 2011 el Tribunal de Primera Instancia

notificó una Orden en la que sostuvo la efectividad de la

segunda pensión alimentaria. Disconforme, el 5 de julio de

2011 el peticionario recurrió ante el foro intermedio. Sin

embargo, el 29 de agosto de 2011 ese tribunal confirmó la

segunda pensión alimentaria.

En el ínterin, el 21 de junio de 2011 se efectuó una

vista donde se ventiló, entre otras cosas, el retroactivo

adeudado por el señor Colón Molina. En ésta, las partes

anunciaron

que

satisfacer

un

retroactivo,

juzgador

pactaron

35

lo

%

que

estableció

que

de

lo

sumaba

un

plan

el

peticionario

adeudado

iba

a

por

concepto

del

a

$40,420.45.

Asimismo,

el

de

pago

por

la

cuantía

de

$2,085.17, que cobraría vigor desde el 1 de agosto de 2011.

En

vista

de

ello,

a

partir

de

julio

de

2011,

el

peticionario tenía que abonar una mensualidad de $5,464.17.

Además,

3

como

se

dilucidó

evidencia

de

los

Minuta, Apéndice de la Apelación, págs. 109-110.

ingresos

y

AC-2016-0058

6

propiedades del señor Colón Molina, el juez advirtió que,

si de la información se desprendía que la pensión fijada no

se ajustaba a las guías por este tener ingresos mayores,

ordenaría la revisión de la pensión alimenticia.4 También,

el juzgador accedió a que se realizara el descubrimiento de

prueba para determinar si hubo cambios sustanciales y, de

haberlos,

referir

el

caso

a

la

EPA.

Expresó

que

si

el

peticionario deseaba asumir capacidad tendría que esperar

tres años. Finalmente, manifestó que no estaba autorizando

una

revisión

alimenticia,

sino

que

iba

a

permitir

el

descubrimiento de prueba que nunca se produjo.5

B. Acontecimientos posteriores a la aceptación de capacidad

económica

El

15

de

noviembre

de

2011

el

señor

Colón

Molina

presentó ante el Tribunal de Primera Instancia un escrito

donde admitió contar con capacidad económica para sufragar

los alimentos de su prole y pidió que el caso se sometiera

a la EPA. Por consiguiente, el 12 de diciembre de 2011 el

foro

primario

ordenó

a

la

señora

Pesquera

Fuentes

que

mostrara causa por la cual el caso no debía ser referido

ante la EPA en un término de quince días. El 22 de agosto

4 Resolución, Apéndice de la Apelación, pág. 125. Específicamente,

dispuso que “el Tribunal que podrá ordenar la revisión de la pensión

alimentaria si de la información que se ofrezca demuestra que la

pensión fijada no fue conforme a las guías por razón de que papá tenga

ó se le pueda imputar unos ingresos mayores”. (Énfasis suplido).

5 De la Minuta, Apéndice de la Apelación, pág. 127, se desprende

que el juzgador manifestó que “[p]ermitió descubrimiento de prueba y si

realmente hubo cambios sustanciales, referirá la Examinador de

pensiones Si la parte desea asumir capacidad, deberá esperar los tres

años. Hizo constar que no está autorizando una revisión de pensión

alimentaria, sino autorizando un descubrimiento de prueba que no se

hizo”.

AC-2016-0058

7

de 2013 el tribunal de instancia dictó una Orden en la que:

(1)

ordenó

que

se

pautara

la

vista

de

revisión

sobre

pensión alimenticia ante la EPA; y (2) denegó el pedido de

descubrimiento

de

prueba

de

la

recurrida

puesto

que

el

peticionario reconoció tener capacidad económica.6

Luego de múltiples sucesos, la EPA rindió un Informe

donde recomendó imponer al peticionario la obligación de

satisfacer

una

manutención

mensual

de

$9,188.57,

retroactiva al 22 de septiembre de 2006.7 En consideración

de ello, el 3 de marzo de 2015 el Tribunal de Primera

Instancia

notificó

una

resolución

por

la

que

avaló

la

sugerencia formulada por la EPA y estableció la tercera

pensión alimentaria.

El 29 de enero de 2013 se llevó a cabo otra vista y de la Minuta

emana que la representante legal de la señora Pesquera expresó lo

siguiente: “que van a entrar en conversaciones en cuanto al referido a

la Examinadora de pensión alimentaria y entiende que va a llegar a un

acuerdo. Hay una pensión alimentaria impuesta y un retroactivo

determinado que se está cumpliendo”. (Énfasis y subrayado suplido).

Legajo II.

6

El 30 de junio de 2014 la EPA rindió un Acta. Manifestó que se

señaló una vista de alimentos para el 2 de octubre de y que ese día se

acordó que la vista final se efectuaría el 4 de diciembre de 2013.

Dispuso que el señor Colón Molina no asistió a esta última por lo que

se celebró en su ausencia. Explicó que la PIPE de la recurrida que

obraba en el expediente del tribunal era de agosto de 2007. Debido a

que la señora Pesquera Fuentes no actualizaba su PIPE desde el 2007

sino que solo proveyó un listado de los gastos de la menor sin

evidencia que los sustentara, concluyó que no tenía los elementos de

juicio para imponer la pensión, por lo que recomendó que el caso se

atendiera en otra fecha. El 5 de septiembre de 2014 la EPA notificó una

segunda acta donde expresó que la vista se suspendió pues la recurrida

no contaba con representación legal. En miras de ello, reseñaló la

vista para el 3 de octubre de 2014 donde se iban a discutir los gastos

de la menor que estuvieran en controversia.

7

Respecto a la PIPE, el 14 de julio de 2014 la señora Pesquera Fuentes

instó una Moción de reconsideración al palio de la Regla 47 de

Procedimiento Civil por ser las órdenes emitidas en violación al debido

proceso de ley que tiene la parte demandante en el proceso. A través de

este escrito aclaró que había presentado su PIPE el 2 de octubre de

2013.

AC-2016-0058

8

Descontento,

el

señor

Colón

Molina

peticionó

reconsideración infructuosamente, por lo que el 19 de mayo

de 2015 acudió en revisión ante el Tribunal de Apelaciones.8

Aseveró que el 29 de marzo de 2011 el foro de instancia

fijó

la

segunda

pensión

alimentaria

y

que

la

misma

se

retrotrajo al 1 de octubre de 2006. Arguyó que el tribunal

consignó

que

llevara

a

ese

cabo

monto

una

se

nueva

iba

a

mantener

determinación

hasta

que

se

y

no

se

que

modificaría a menos que acontecieran cambios significativos

o

imprevistos

en

las

circunstancias

de

alguna

de

las

partes. Indicó que esa segunda pensión alimentaria que se

estableció en el 2011 era final y que en el 2013 comenzó un

nuevo proceso de revisión. Alegó que el descubrimiento de

prueba se autorizó solo para propósitos del retroactivo y

que si de ello se desprendían otros ingresos, entonces, el

asunto

se

enviaría

a

la

EPA.

Argumentó

que

fue

su

petitorio, al admitir capacidad económica, el que originó

el nuevo proceso de revisión. Finalmente, solicitó que el

decreto se hiciera retroactivo al 22 de agosto de 2013,

fecha en que el tribunal de instancia remitió el asunto

ante la EPA.

Sometida

la

polémica,

el

29

de

enero

de

2016

el

Tribunal de Apelaciones resolvió que el Tribunal de Primera

Instancia incidió al acoger la recomendación de la EPA y

El 13 de mayo de 2015, notificada el 20 de mayo, el Tribunal de

Primera Instancia emitió una resolución donde denegó la solicitud de

reconsideración. Véase, Resolución, Apéndice de la Apelación, págs. 5657.

8

AC-2016-0058

9

retrotraer la pensión al 22 de septiembre de 2006.9 Esto,

pues, el 29 de marzo de 2011 ya había decretado que la

pensión se debía retrotraer al 1 de octubre de 2006. Por

ende, varió el dictamen para que la retroactividad de la

manutención fuera a partir de esa fecha.

Aún insatisfecho, tras una petición de reconsideración

fallida, el 6 de mayo de 2016 el peticionario recurrió ante

esta Curia. Expedimos el recurso de certiorari para atender

solo

un

señalamiento

de

error:

si

el

foro

apelativo

intermedio incidió al retrotraer la eficacia de la tercera

pensión alimentaria a octubre de 2006, a pesar de que el 29

de agosto de 2011 el foro intermedio emitió una sentencia

mediante

la

cual

confirmó

pensión

alimentaria,

que

la

se

imposición

retrotrajo

de

al

la

segunda

2006.

Ambas

partes comparecieron. Con el beneficio de sus argumentos,

pasemos a trazar el marco legal que aplica a los hechos

relatados.

II

A. Obligación de satisfacer alimentos

La responsabilidad que acarrea todo progenitor o toda

progenitora de alimentar a sus hijos o hijas se plasmó en

los artículos 143 y 153 de nuestro Código Civil.10 El Art.

143 preceptúa que los y las ascendientes y descendientes

tienen un deber recíproco de alimentarse.11 Mientras que el

Art. 153 dispone que todo padre y madre están obligados a

9

La sentencia se notificó el 6 de abril de 2016.

10

Chévere v. Levis, 150 DPR 525, 535 (2000).

11

Art. 143 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 562.

AC-2016-0058

10

alimentar a sus hijos o hijas no emancipados con arreglo a

sus fortunas.12 Si bien nuestro Código Civil impuso a todos

los progenitores la obligación de alimentar a sus hijos o

hijas, para la legislatura ello no fue suficiente puesto

que el Estado continuaba confrontándose con personas que

inobservaban

este

deber.13

Por

esta

razón,

la

Asamblea

Legislativa promulgó la Ley Orgánica de la Administración

para

el

Sustento

de

Menores

(Ley

para

el

Sustento

de

Menores), Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según

emendada, 8 LPRA sec. 502. En esta reafirmó la política

pública

del

Gobierno

de

procurar

que

los

padres

y

las

madres legalmente responsables contribuyeran, en la medida

que sus recursos les posibilitaran, en el sustento de sus

hijos o hijas.

Ahora

alimentar

bien,

es

preciso

a

y

las

los

distinguir

menores

del

la

deber

obligación

de

de

los

pagar

alimentos. La génesis de la responsabilidad de todo o toda

ascendiente de satisfacer los alimentos depende de cómo se

reclama este deber. En ausencia de acuerdo o disposición

previa sobre la cuantía, la obligación de pagar surge desde

que se insta la acción requiriéndolos. Esto lo erige el

Art. 147 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 566,

al establecer que “[l]a obligación de dar alimentos será

exigible desde que los necesitare para subsistir la persona

que tuviere derecho a percibirlos, pero no se abonaran sino

12

Art. 153 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 601.

13

Ferrer v. González, 162 DPR 172, 177 (2004).

AC-2016-0058

11

desde la fecha en que se interponga la demanda”. (Énfasis

suplido).

Lo

abonados

sino

que

implica

desde

la

que

“los

fecha

en

alimentos

que

se

no

serán

presentó

la

correspondiente demanda exigiendo su pago y no desde el

momento que surge la necesidad”.14 Cimentado en ello es que

se estima que el decreto de pensión que un tribunal emite,

no

declara

la

existencia

de

una

obligación

anterior

al

proceso, sino que establece el nacimiento de la deuda con

el proceso.15

Sobre este aspecto resulta beneficioso observar lo que

el autor Eduardo A. Zannoni explica sobre el decreto de

alimento en el Derecho Argentino:

la

sentencia

de

alimentos

se

descompone

virtualmente en tres partes: una de carácter

declarativo, en la cual el juez reconoce el

título

al

actor

(parentesco,

contrato,

testamento) y lo declara apto para obligar al

deudor;

otra

parte

constitutiva

(esto

es,

determinativa)

del

quantum

de

la

pensión

alimenticia adeudada; y una última parte de

condena en la cual concretamente impone al deudor

la prestación y asegura la vía ejecutoria al

acreedor. “La tesis de que los alimentos sólo se

deben

desde

la

sentencia

-agrega

Couturedescansa en el error de dar carácter principal a

la parte constitutiva de la sentencia; la tesis

de que retrotrae sus efectos al día de la

demanda, pone en primer término el carácter de

condena que tiene la decisión.

Por ello entendemos acertada la jurisprudencia

mayoritaria de nuestros tribunales, que, aun

antes de la sanción del Código Procesal vigente,

había establecido el carácter retroactivo de la

sentencia

de

alimentos

a

la

fecha

de

la

interposición de la demanda, ya que aquélla es

14

R. Serrano Geyls, Derecho de Familia de Puerto

Legislación Comparada, San Juan, 2002, Vol. II, pág. 1468.

Rico

y

15

J. L. Lacruz Berdejo y otros, Elementos de Derecho Civil:

Familia, J. Rams Albesa, 2da ed., Madrid, Ed. Dykinson, 2005, T. IV,

pág. 24.

AC-2016-0058

12

declarativa del derecho de percibirlos por parte

del alimentado, quien formula su petición sobre

la base de una necesidad actual que debe ser

atendida. (Bastardillas en el original y énfasis

suplido).16

Cónsono con la exposición que precede, la Ley para el

Sustento

de

Menores,

supra,

erige

que

los

decretos

de

alimentos se retrotraen a la fecha en que se presenta la

reclamación.17

De

otro

determinaciones

modo,

son

debemos

de

puntualizar

carácter

variable

que

y

estas

que

no

constituyen cosa juzgada.18 Por tanto, pueden modificarse a

tenor con la sec. 518 de la Ley que dispone lo siguiente:

Toda orden de pensión alimentaria podrá ser

revisada y modificada cada tres (3) años desde la

fecha

en

que

la

orden

fue

establecida

o

modificada, en caso de que se presente una

solicitud de revisión y modificación por el

alimentante, alimentista, la Administración o

cualquier agencia Título IV-D cuando exista una

cesión de derecho a tenor con la sec. 508 de este

título. Toda orden de pensión alimentaria de

menores

emitida

por

el

Tribunal

o

la

Administración deberá apercibir a las partes de

su

derecho

a

solicitar

una

revisión

y

modificación de su orden y para aquellos casos

bajo la jurisdicción de la Administración, dicha

notificación se continuará expidiendo al menos

una vez cada tres años. No obstante, cualquier

ley o disposición en contrario, el requisito de

cambio

significativo

o

imprevisto

en

las

circunstancias de algunas de las partes se cumple

si la aplicación de las Guías para Fijar y

Modificar Pensiones Alimentarias en Puerto Rico

adoptadas según se dispone en este capítulo,

16 E. A. Zannoni, Derecho Civil Derecho de Familia, 3era ed., Ed.

Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, 1998, T. I, pág. 147. Inclusive,

en Argentina “la sentencia que se dicte en el incidente que disponga el

aumento de la cuota alimentaria tendrá efecto retroactivo a la fecha de

la notificación del pedido”. Íd., pág. 156.

17 8 LPRA sec. 518. Véase, además, S. Torres Peralta, El Derecho

Alimentario en Puerto Rico, San Juan, 2006, T. I, 7.04.

18 Figueroa Hernández v. Rosario Cervoni, 147 DPR 121, 128 (1998).

Véase, además, Serrano Geyls, op. cit., pág. 1471.

AC-2016-0058

13

resulta en una cantidad diferente a la pensión

corriente actualmente ordenada.

. . . . . . . . .

El Administrador o el tribunal, a solicitud de

parte o a su discreción podrá iniciar el

procedimiento para modificar una orden de pensión

alimentaria en cualquier momento y fuera del

ciclo de tres (3) años, cuando entienda que

existe justa causa para así hacerlo, tal como

variaciones

o

cambios

significativos

o

imprevistos en los ingresos, capacidad de generar

ingresos,

egresos,

gastos

o

capital

del

alimentante o alimentista, o en los gastos,

necesidades o circunstancias del menor, o cuando

exista cualquier evidencia de cambio sustancial

en circunstancias. (Énfasis suplido).

En resumen, los dictámenes de alimentos no advienen

estrictamente finales ni definitivos porque están sujetos a

ser

revisados

acontezca

un

justifique.19

pensión

se

al

paso

de

tres

años

cambio

en

las

circunstancias

De

ordinario,

puede

solicitar

la

o

revisión

cuando

en

de

caso

una

transcurran

de

que

que

lo

orden

de

tres

años

desde la fecha en que se decretó. No obstante, el tribunal,

a petición de parte o motu proprio, puede reexaminar un

decreto alimentario aun cuando no hayan pasado los tres

años si estima que hay justa causa para ello. Es decir, si

“hay un cambio sustancial en las circunstancias iniciales

en que se determinó la pensión”.20 La justa causa puede

consistir en: (1) variaciones o cambios significativos o

19 Figueroa Hernández v. Rosario Cervoni, supra, pág. 128. Además,

hemos admitido que “[l]as modificaciones a las determinaciones sobre

custodia y alimentos basadas en hechos y circunstancias ocurridos con

posterioridad a haberse emitido el dictamen que se intenta modificar,

pueden reclamarse en el mismo caso o en uno independiente. Sin embargo,

a pesar de que se tiene esta alternativa, en la mayoría de los casos no

es recomendable que estas modificaciones se soliciten en un pleito

independiente. La economía procesal así lo sugiere”. Id., págs. 128129.

20

Serrano Geyls, op. cit., pág. 1499.

AC-2016-0058

14

imprevistos

en

ingresos,

los

los

ingresos,

egresos,

los

la

capacidad

gastos,

el

de

generar

capital

del

alimentante o alimentista, en los gastos, las necesidades o

las circunstancias del menor; o (2) cuando exista cualquier

prueba de cambio sustancial en las circunstancias.

En

ese

sentido,

hemos

reconocido

que

el

cambio

sustancial en las circunstancias es “aquel que afecta la

capacidad del alimentante para proveer los alimentos o las

necesidades de los alimentistas”.21 Además, en el contexto

de las guías, pudimos observar que la legislación reconoce

que

hay

un

cambio

significativo

o

imprevisto

en

las

circunstancias si la cantidad de manutención resulta en una

cantidad diferente a la pensión corriente.

Algunas de las razones que fundamentan esta normativa

las explica la Lcda. Sarah Torres Peralta al expresar que

[l]a vigencia del decreto alimentario queda

sujeta a las circunstancias cambiantes, y a los

cambios

sustanciales

o

imprevistos,

tanto

respecto a la capacidad de los alimentantes como

en cuanto a las necesidades de los alimentistas.

El mero paso del tiempo; el crecimiento de los

hijos, los costos escolares en aumento; iguales

aumentos en todos los renglones de la crianza comida, ropa, habitación, vestimenta, asistencia

médica, rentas o plazos hipotecarios del techo

del alimentista, aumento en general del costo de

vida entre otros. Además, se asume que el

alimentante, por su parte, va progresando en su

empleo o en su empresa o negocio o en el trabajo

en que se desempeña. También puede ocurrir a la

inversa, que los recursos del alimentante vengan

a

menos;

o

que

las

necesidades

de

los

alimentistas disminuyan con el paso del tiempo graduaciones, matrimonios, vida independiente de

los hijos, herencias; fracaso en los negocios,

pérdida o cambio de empleo o cualquier otro

21

McConnell v. Palau, 161 DPR 734, 747 (2004).

AC-2016-0058

15

evento que tenga el efecto de permitir aumentos o

disminuciones en la pensión previamente fijada.22

Ahora bien, en cuanto a la retroactividad del decreto

de aumento, la Ley para el Sustento de Menores dispone que

la efectividad de los aumentos de las pensiones es desde la

fecha en que se solicite el incremento en la manutención.23

Discutido

el

marco

de

la

retroactividad,

pasamos

a

repasar el principio de proporcionalidad que rige en el

derecho de alimentos.

B. La proporcionalidad de la pensión alimentaria

El principio de proporcionalidad permea toda nuestra

legislación alimentaria y tiene como finalidad el fomentar

el

trato

justo

alimentarios.24

entre

Este

se

los

acreedores

manifiesta

en

y

los

dos

deudores

instancias:

primero, al fijarse la cuantía de alimentos, y segundo,

cuando se prorratea el pago de la pensión alimentaria entre

los progenitores.25

En lo atinente al proceso que se lleva a cabo para

establecer

el

monto

a

ser

satisfecho,

el

Art.

146

del

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 565, postula que

“[l]a cuantía de los alimentos será proporcionada a los

recursos del que los da y a las necesidades del que los

recibe, y se reducirán o aumentarán en proporción a los

22

Torres Peralta, op. cit., págs. 7.01-7.02.

23 8 LPRA sec. 518. Véase, además, Quiles Pérez v. Cardona Rosa,

171 DPR 443, 455 (2007), donde reconocimos que “si luego de modificada

la pensión […] resulta procedente un aumento, éste debe ser retroactivo

a la fecha en que se solicitó”. (Bastardillas en el original).

Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, 187 DPR 550, 567 (2012);

Serrano Geyls, op. cit., pág. 1465.

24

25

De León Ramos v. Navarro Acevedo, 195 DPR 157, 171 (2016).

AC-2016-0058

16

recursos del primero y a las necesidades del segundo”. Es

decir, “la pensión alimentaria debe estar basada en las

necesidades de los menores, consideradas éstas a la luz de

todas las circunstancias del caso, incluyendo el estilo de

vida

de

los

padres”.26

balance

entre

los

Este

intereses

esquema

conlleva

del

de

o

la

hacer

menor

y

un

la

capacidad económica de los y las responsables de costear

sus necesidades.27

De otro modo, y en lo referente al prorrateo del pago

de los alimentos entre sus progenitores, el Art. 145 del

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 564, erige que

“[c]uando

recaiga

sobre

dos

(2)

o

más

personas

la

obligación de dar alimentos, se repartirá entre ellos el

pago de la pensión en cantidad proporcionada a su caudal

respectivo”. Esto, pues, el principio de proporcionalidad

“considera el patrimonio de ambos padres alimentistas”.28 No

obstante,

“[l]a

individuales

se

proporción

establecerá

de

en

las

relación

contribuciones

al

mismo

caudal

individual que ha servido para calcular el importe global

de los alimentos (art. 146), y por tanto en proporción a la

cantidad

que

hubiera

debido

aportar

cada

alimentista

si

fuera único”.29

En virtud del principio de proporcionalidad “se han

adoptado, por vía estatutaria y reglamentaria, guías más

26

Ferrer v. González, supra, pág. 180.

27

De León Ramos v. Navarro Acevedo, supra, pág. 171.

28

Díaz Ramos v. Matta Irizarry, 198 DPR 916, 928 (2017).

29

Lacruz Berdejo y otros, op. cit., pág. 23.

AC-2016-0058

17

precisas para dirigir la difícil labor de determinar la

capacidad económica con la que cuentan los padres y las

madres para suplir las necesidades de sus hijos”.30 Para

ello, la Ley para el Sustento de Menores hizo “compulsorio

el

descubrimiento

alimentante

en

alimentarias,

sobre

casos

para

la

situación

relacionados

poder

fijar

la

económica

con

las

cuantía

del

pensiones

que

se

ha

pagar”.31

Ahora bien, en Chévere v. Levis, 150 DPR 525 (2000),

decidimos

que

dirigida

hacia

la

Ley

para

aquellos

el

Sustento

progenitores

y

de

Menores

va

progenitoras

que

están obligados a alimentar, pero se niegan a cumplir su

cometido.32 Manifestamos que el estatuto tiene como fin el

descubrir la suficiencia económica del llamado a alimentar

para

así

establecer

la

pensión

alimentaria.33

Además,

pautamos que la Ley para el Sustento de Menores se activa

en los casos en que el obligado o la obligada a alimentar

se

niega

a

hacerlo

o

si

hay

duda

sobre

su

capacidad

económica.34 No obstante, resolvimos que cuando un padre o

una madre

fomenta la política del Estado de “paternidad

voluntaria” y admite capacidad económica, no es

necesario que divulgue sus ingresos. Más aún,

cuando un padre alimentante acepta que posee

30

Llorens Becerra v. Mora Monteserín, 178 DPR 1003, 1016-1017

(2010).

31

8 LPRA sec. 525. Véase, además, Ferrer v. González, supra, pág.

32

Chévere v. Levis, supra, pág. 543.

33

Íd., pág. 544.

34

Íd.

178.

AC-2016-0058

18

suficientes

ingresos

para

pagar

la

pensión

alimentaria que en derecho proceda a favor de sus

hijos, promueve, con acierto, el interés público

del bienestar de los menores y agiliza los

procedimientos en cuanto a la otorgación de

pensiones alimentarias. Por consiguiente, cuando

el

padre

alimentante

acepta

su

capacidad

económica, se hace innecesario el descubrimiento

de prueba, según dispuesto por ley. (Bastardillas

en el original).35

Es

decir,

si

un

progenitor

o

una

progenitora

alimentante admite que posee medios suficientes para cubrir

su obligación de proveer

alimentos a sus hijos

o hijas

menores, se prescinde, por no ser necesario, el trámite

provisto en la ley y las Guías.36 En cuyo caso, no se deberá

emplear

el

mecanismo

de

descubrimiento

de

prueba

para

precisar la situación económica del o de la alimentante.37

Una vez el o la alimentante acepta que posee medios

suficientes para cumplir sus obligaciones alimentarias, lo

único que resta por hacer es determinar la suma justa y

razonable

de

pensión

alimentaria

en

atención

a

las

necesidades del o de la alimentista.38 Tras ello suceder, el

o

la

alimentante

no

podrá

impugnar

la

pensión

35

Íd.

36

De León Ramos v. Navarro Acevedo, supra, pág. 174.

fijada

Íd. Además, en Chévere Mouriño v. Levis Goldstein, 152 DPR 492,

501 (2000), reconocimos que al fijar la cuantía de alimentos, los foros

judiciales no estaban limitados a considerar prueba directa de los

ingresos, sino que podían utilizar “evidencia circunstancial que le[s]

permita inferir, como parte de las necesidades del menor, el estilo de

vida a que éste tiene derecho a tenor con la capacidad económica y

estilo de vida de su padre o madre alimentante”. Más adelante, en

Ferrer v. González, supra, pág. 181, pautamos que “[h]abiendo el

alimentante aceptado capacidad económica para proveer una pensión

alimentaria razonable al menor, no es necesario brindar información

adicional para determinar dicha capacidad. … Cuando la capacidad

económica no está en controversia, como el caso de autos, no procede

descubrimiento de prueba alguno respecto a su estilo de vida”.

(Bastardillas en el original).

37

38

Íd., pág. 176; Chévere v. Levis, supra, pág. 545.

AC-2016-0058

conforme

argüir

19

a

las

necesidades

del

o

que

no

cuenta

los

recursos

con

de

la

alimentista

necesarios

al

para

satisfacerla.39 Mas esta prohibición “no se refiere a que no

se pueda impugnar la cuantía de la pensión porque resulte

contraria a la prueba porque sea irrazonable a la luz de

las necesidades de los menores”.40

Ulteriormente,

en

Santiago,

Maisonet

v.

Maisonet

Correa, 187 DPR 550, 571 (2012), resolvimos que si

el alimentante acepta su capacidad económica,

procede entonces que el alimentante pague el 100%

de los gastos razonables de los menores. Si este

quiere

que

se

le

imponga

pagar

solo

una

proporción de los gastos bajo el fundamento de

que la persona custodia también debe realizar una

aportación,

por

imperativos

de

justicia

y

principios matemáticos básicos, deberá divulgar

sus ingresos a fin de utilizar las Guías y poder

adjudicar la participación correspondiente a la

madre y al padre.

Plasmado

el

marco

jurídico

material

a

la

presente

controversia, nos encontramos en posición de resolver.

III

En lo pertinente, el señor Colón Molina apunta que la

tercera pensión alimentaria no podía hacerse efectiva al

2006, pues en el 2011 el foro primario fijó la segunda

pensión

alimentaria

proceder

fue

que

confirmado

retrotrajo

por

el

al

Tribunal

2006

de

y

que

ese

Apelaciones.

Aduce que el tribunal de instancia consignó en su decreto

que la manutención establecida regiría hasta que realizara

una

nueva

determinación.

Asevera

que

asumió

capacidad

39

Chévere v. Levis, supra, pág. 546.

40

Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, supra, pág. 565.

AC-2016-0058

20

económica con posterioridad y que fue en agosto de 2013 que

el

foro

primario

alimentaria.

dictamen

Por

accedió

a

tanto,

solicita

recurrido

manutención

al

22

revisar

la

que

y

decretemos

la

de

agosto

2013,

de

segunda

pensión

modifiquemos

efectividad

fecha

en

el

de

la

que

el

Tribunal de Primera Instancia ordenó a la EPA que revisara

la pensión.

Por su parte, la señora Pesquera Fuentes arguye que en

la vista del 21 de junio de 2011 fecha en que la segunda

pensión alimentaria no era final y firme quedó claro que

no

se

autorizó

un

nuevo

proceso

de

revisión,

sino

que

continuó el iniciado en el 2006. Sostiene que conforme a lo

que

allí

aconteció,

descubrimiento

de

sustancial

las

en

peticionario

capacidad

no

el

foro

prueba

de

para

instancia

ver

circunstancias

descubrió

económica,

si

que

pues

“el

estaba

condicionado

el

que

continuara

pensión

iniciada

el

año

2006

en

hubo

un

económicas.

evidencia,

manifiesta

permitió

la

quedó

cambio

Como

aceptó

hecho

el

el

tener

al

cual

revisión

de

meridianamente

probado”. Asevera que el proceder del señor Colón Molina, a

menos

de

cinco

descubrimiento

de

meses

de

haberse

prueba

para

indagar

autorizado

si

hubo

el

cambios

sustanciales en su capacidad económica y a menos de tres

meses de que el foro apelativo intermedio confirmara al

primario, establece inequívocamente su solicitud de que la

pensión se computara en vista del escrutinio de aceptación

de capacidad. Esto, pues se le había advertido que para

AC-2016-0058

21

aceptar capacidad tenía que esperar tres años. Argumenta

que el peticionario asumió capacidad a pesar de que el

tribunal apercibió que el caso no se atendería como una

nueva

revisión

esperar

tres

alimentaria

y

que

años.

debe

para

aceptar

Razona

que

ser

efectivo

capacidad

el

desde

pago

que

tenía

de

se

que

pensión

somete

la

petición de alimentos o cuando se solicita su incremento.

Aduce que el 29 de marzo de 2011 el tribunal intermedio

confirmó la segunda pensión alimentaria y la hizo efectiva

al 1 de octubre de 2006.

Como

podemos

apreciar,

la

polémica

en

el

caso

de

marras se circunscribe a delimitar a cuál fecha se debe

hacer efectiva la tercera pensión alimentaria establecida

bajo el esquema de aceptación de capacidad para así fijar

el

retroactivo,

peticionara

la

luego

revisión.

de

que

Esto,

el

en

señor

Colón

consideración

Molina

de

que,

tras la peticionaria solicitar la revisión en el 2006 se

impuso

la

segunda

pensión

alimentaria

la

cual

advino

“final” y de que no había transcurrido el tiempo dispuesto

por ley para poder pedir su reevaluación. Veamos.

El deber de abonar los alimentos se origina cuando el

interesado o la interesada los reclama judicialmente.41 La

sentencia que se emite en el pleito declara el derecho de

la persona a exigir el pago, ya que el derecho a recibir

los alimentos no es de origen judicial. Ello lo dispone el

Código Civil, la Ley para el Sustento de Menores y así lo

41

Art. 147 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 566.

AC-2016-0058

hemos

22

reconocido

con

anterioridad.42

El

dictamen

que

se

promulgue en su día es carácter condenatorio, es por esto

que la obligación de satisfacerlos se retrotrae al día en

que se exigió por la vía judicial. Por ende, incoar la

demanda de manutención es el acto que da inicio a la deuda.

Sin duda, los dictámenes de pensiones son peculiares.

Como pudimos notar, el derecho de alimentos es de carácter

variable, y por ende, revisable. La regla general es que

nuestro ordenamiento jurídico permite la revisión de estos

decretos al paso de tres años desde la fecha en que se

dictan.43

Sin

embargo,

a

modo

de

excepción,

pueden

reevaluarse aun cuando no haya transcurrido ese periodo si

existe

justa

causa

para

otras

cosas,

puede

consistir

en

variaciones

imprevistos

en

las

significativos

o

ello.

Esa

justificación,

o

entre

cambios

circunstancias

que

cimentaron la manutención fijada.44 Aunque en el ejercicio

de

cómputo

bajo

las

guías,

la

Ley

para

el

Sustento

de

Menores admite que para ello basta que “de la aplicación de

las Guías para Fijar y Modificar Pensiones Alimentarias […]

resulta en una cantidad diferente a la pensión corriente

actualmente ordenada”. (Énfasis suplido).45 Por disposición

de

ley,

el

aumento

en

la

pensión

alimentaria

se

retrotraer a la fecha en que se peticionó.46

42

8 LPRA sec. 518; Quiles Pérez v. Cardona Rosa, supra.

43

8 LPRA sec. 518.

44

Íd.

45

Íd.

46

Íd.

ha

de

AC-2016-0058

Con

23

esto

en

mente

cabe

increparnos:

¿la

aceptación

económica de un progenitor o una progenitora constituye un

cambio en las circunstancias que da paso a un procedimiento

de revisión? A fin de contestar esta interrogante debemos

dirigirnos a la figura de origen judicial de la admisión de

capacidad económica y a sus implicaciones.

Según discutimos, si un padre o una madre admite que

cuenta con los medios económicos para mantener a su hijo o

hija se suspende el principio de proporcionalidad en su

vertiente del prorrateo del pago entre los padres. Es por

esto que no es necesario llevar a cabo el descubrimiento de

prueba

compulsorio

instaurado

estatutariamente.

En

consecuencia, el o la alimentante va a ser el responsable

de pagar el cien por ciento de los gastos razonables del

menor. Ello, a su vez, naturalmente, podría redundar en un

aumento en la suma de la pensión que ha de satisfacer. Por

ende,

resultaría

corriente.

en

Además,

una

cuantía

debemos

diferente

tomar

a

en

la

pensión

cuenta

las

consecuencias que tiene sobre la persona custodia ya que no

va a tener que aportar a los gastos razonables de su hijo.

Indudablemente,

dado

las

repercusiones

que

acarrea

para el menor, el padre o la madre custodio y el o la

alimentante,

la

admisión

de

capacidad

económica

es

un

cambio significativo en las circunstancias de las partes.

Por consiguiente, cuando el progenitor o la progenitora no

custodio

acepta

que

tiene

capacidad

para

satisfacer

los

alimentos de sus hijos o hijas y solicita la revisión de un

AC-2016-0058

decreto

24

final,

por

el

efecto

que

conlleva,

el

tribunal

deberá, con la premura que los casos de alimentos ameritan,

remitir

el

caso

a

la

EPA

para

que

esta

formule

una

recomendación de la manutención a imponer. Una vez la EPA

pase juicio sobre los gastos razonables del menor y del

monto mayor que el padre o la madre no custodio ha de

pagar, si el juzgador lo adopta entonces deberá imponerlo

desde

la

fecha

circunstancia

en

que

que

aceptó

dio

paso

al

capacidad

proceso

pues

de

esa

es

la

revisión

del

aumento de la manutención. Solo así alcanzamos un balance

adecuado

y

promovemos

la

paternidad

y

maternidad

responsable sin mayores dilataciones para evitar privar a

un

niño

o

una

niña

cuyo

progenitor

o

progenitora

no

custodio aceptó cubrir el cien por ciento de sus gastos

razonables.

De acuerdo a lo que relatamos, en el 2005 las partes

estipularon una pensión final, pero en el 2006 la señora

Pesquera Fuentes planteó que la estipulación se apoyó en

información incompleta debido a que el señor Colón Molina

ocultó información de sus ingresos. A causa de ello, la EPA

inició un procedimiento de revisión y el 6 de junio de 2011

el Tribunal de Primera Instancia impuso al peticionario la

segunda pensión alimentaria, que hizo retroactiva al 2006.47

Cabe resaltar que en el ínterin, en la vista celebrada el 21 de

junio de 2011 las partes informaron al juzgador que habían acordado que

el señor Colón Molina iba a satisfacer un 35 % de lo que adeudaba por

el retroactivo. Ese mismo día, el juez impuso un plan de pago, hoy

satisfecho.

47

AC-2016-0058

25

El 29 de agosto de 2011 el Tribunal de Apelaciones confirmó

este dictamen, por lo que advino final y firme.

Finalizado el trámite de la revisión peticionada en el

2006 y ya establecida la segunda pensión alimentaria, el 15

de noviembre de 2011 el peticionario presentó un escrito

donde aceptó que poseía los medios para sustentar a su hija

y pidió que el caso se remitiera a la EPA. Esto constituyó

un cambio sustancial en las circunstancias de las partes,

por lo que el 22 de agosto de 2013 el Tribunal de Primera

Instancia decidió remitir el asunto a la EPA. De hecho, el

foro de instancia descartó el descubrimiento de prueba y

ordenó la revisión.

Como parte de

revisión,

primario

el

foro

ese nuevo proceso de

impuso

la

tercera

pensión

alimentaria, de cantidad mayor, a la luz de la doctrina de

aceptación

de

capacidad.

Sin

embargo,

la

retrotrajo

a

septiembre de 2006. El Tribunal de Apelaciones determinó

que procedía a partir de octubre de 2006. Erraron al así

actuar.

Nótese,

que

aceptó

contar

segunda

pensión

al

con

momento

medios

que

para

alimentaria

que

el

señor

alimentar

se

a

impuso

Colón

su

Molina

prole

la

producto

del

proceso que comenzó en el 2006 era final y firme. Es decir,

ya

había

señora

culminado

Pesquera

el

Fuentes

procedimiento

solicitó.

de

revisión

Asimismo,

esa

que la

segunda

pensión alimentaria se hizo efectiva a partir del 2006,

fecha

en

manutención

que

la

recurrida

estipulada.

pidió

Finalizado

la

ese

revisión

de

la

procedimiento,

la

AC-2016-0058

aceptación

de

26

capacidad

económica

fue

el

cambio

en

las

circunstancias que permitió que el tribunal de instancia

iniciara un nuevo proceso de revisión que finalizó con la

imposición de la tercera pensión alimentaria. A ese momento

se debe hacer efectiva la nueva suma de manutención.

IV

Por los fundamentos esbozados, revocamos a los foros

recurridos, en cuanto al cuarto señalamiento de error, y

ordenamos que la tercera pensión alimentaria impuesta en

el 2016 se retrotraiga al 15 de noviembre de 2011, fecha

en que el señor Colón Molina admitió contar con capacidad

económica para sustentar a su hija. Devolvemos el caso al

Tribunal de Primera Instancia para que continúe el trámite

a tenor con lo aquí pautado.

Edgardo Rivera García

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Yailin Pesquera Fuentes

Recurrida

v.

AC-2016-0056

Miguel A. Colón Molina

Peticionario

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de marzo de 2019.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que precede,

y que hacemos formar parte de la sentencia, revocamos a los

foros recurridos en cuanto al cuarto señalamiento de error y

ordenamos que la tercera pensión alimentaria impuesta en el

2016 se retrotraiga al 15 de noviembre de 2011, fecha en que

el Sr. Miguel A. Colón Molina admitió contar con capacidad

económica para sustentar a su hija. Por consiguiente,

devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para que

continúe el trámite a tenor con lo pronunciado.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez

y los Jueces Asociados señores Estrella Martínez y Colón Pérez

no intervinieron. El Juez Asociado señor Feliberti Cintrón

está inhibido.

José Ignacio Campo Pérez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Yailin Pesquera Fuentes

Recurrida

v.

AC-2016-0058

Miguel A. Colón Molina

Peticionario

SENTENCIA

(NUNC PRO TUNC)

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de abril de 2019.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

precede, y que hacemos formar parte de la sentencia,

revocamos a los foros recurridos en cuanto al cuarto

señalamiento de error y ordenamos que la tercera pensión

alimentaria impuesta en el 2016 se retrotraiga al 15 de

noviembre de 2011, fecha en que el Sr. Miguel A. Colón

Molina admitió contar con capacidad económica para sustentar

a su hija. Por consiguiente, devolvemos el caso al Tribunal

de Primera Instancia para que continúe el trámite a tenor

con lo pronunciado.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal

Supremo.

La

Juez

Asociada

señora

Rodríguez

Rodríguez y los Jueces Asociados señores Estrella Martínez y

Colón Pérez no intervinieron. El Juez Asociado señor

Feliberti Cintrón está inhibido.

José Ignacio Campo Pérez

Secretario del Tribunal Supremo