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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: María del Pilar García Incera

2019 TSPR 45

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: María del Pilar García Incera

CP-2016-12

Conducta Profesional: Censura enérgica por infringir los Cánones 12 y 18 del Código de Ética Profesional

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2019 TSPR 45

201 DPR ____

María del Pilar García Incera

Número del Caso:

CP-2016-12

TS-11621

Fecha: 8 de marzo de 2019

Abogado de la parte promovida:

Lcdo. Mario A. Rodríguez Torres

Oficina del Procurador General:

Lcda. Karla Z. Pacheco Álvarez

Subprocuradora General

Lcdo. Joseph Feldstein del Valle

Subprocurador General

Lcda. María Astrid Hernandez Martín

Procuradora General Auxiliar

Comisionado Especial:

Lcdo. Carlos Rodríguez Muñiz

Materia:

Conducta Profesional – Censura enérgica por infrigir los

Cánones 12 y 18 del Código de Ética Profesional.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación

y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución

electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

María Del Pilar García Incera

Núm. CP-2016-0012

(TS-11,621)

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 8 de marzo de 2019.

En

esta

jurisdicción

ocasión,

nos

disciplinaria

corresponde

sobre

una

ejercer

integrante

nuestra

de

la

profesión legal por infringir los cánones 12 y 18 del Código

de Ética Profesional.

I

A.

El 19 de diciembre de 2014, el Sr. José R. Jiménez Toro

(el quejoso) presentó una queja en contra de la Lcda. María

del

Pilar

García

Incera

por

dilatar

indebidamente

los

procedimientos judiciales en un caso para el que la había

contratado. Según alegó, ello tuvo el efecto de que se

desestimara su causa de acción con perjuicio. El 12 de agosto

de 2015, la abogada de epígrafe contestó y arguyó que actuó

con escrupulosa atención a sus obligaciones éticas y que la

queja era infundada, ya que, según explicó, el trámite

judicial fue dilatado a causa de la dejadez del quejoso y su

previa representación legal.

Presentadas

la

queja

y

la

noviembre de 2015, la Oficina

contestación,

el

16

de

de la Procuradora General

CP-2016-0012

2

presentó ante este Tribunal su Informe. Concluyó que la

letrada incurrió en posibles violaciones a los Cánones 9

(Respeto ante los tribunales), 12 (Dilaciones indebidas) y

18 (Protección de los intereses de sus clientes) de los de

Ética Profesional, 4 LPRA AP. IX, C. 9, C. 12, y C. 18. El

30 de diciembre de 2015, la abogada de epígrafe replicó

afirmando que cometió un error al anotar incorrectamente en

su calendario la fecha de una de las vistas pautadas para el

caso, lo cual, según explica, “no es raro semejante error.

Lo que debió proceder era una sanción económica a la abogada,

con notificación y advertencia”. Réplica a Informe de la

Procuradora General, en la pág. 4. El 10 de junio de 2016,

este Foro ordenó a la Procuradora General presentar la

correspondiente Querella. En cumplimiento con lo anterior,

el 21 de septiembre de 2016, la Procuradora presentó la

Querella que nos ocupa. En ésta, le imputó a la abogada de

epígrafe las violaciones de los Cánones 9 y 12, 4 LPRA Ap.

IX, C.9 y C.12, tras no comparecer a la vista del 16 de

noviembre de 2009 ante el Tribunal de Primera Instancia y no

acatar la orden de contestar un interrogatorio. Además, le

imputó violación al Canon 18, 4 LPRA Ap. IX, C.18, por no

atender diligentemente la causa de acción de su cliente,

dilatando así los procedimientos, lo que dio lugar a que la

reclamación de su cliente fuese desestimada y el recurso de

apelación fuese presentado fuera del término.

CP-2016-0012

3

B.

En

cuanto

imputaciones

a

los hechos

éticas

en

del

contra

de

caso

la

que

originan las

licenciada

García

Incera, del expediente surge que JR Engineers & Builders,

Inc. (JR Engineers), por conducto del quejoso, presentó el

12 de junio de 2007 una demanda en cobro de dinero contra

BHJ, S.E. (BHJ). El 4 de octubre de 2007, BHJ le cursó un

pliego de interrogatorios. Luego de varios trámites, el foro

de instancia relevó a la representación legal de JR Engineers

y el 20 de mayo de 2008, la licenciada García Incera asumió

su representación legal. A esa fecha habían transcurrido

siete (7) meses y quince (15) días sin que el interrogatorio

hubiese sido contestado.1 El 2 de marzo de 2009, BHJ informó

que no había recibido la contestación al interrogatorio.2

Por tal razón, el foro de instancia le impuso a JR Engineers

una sanción monetaria de $25.00 bajo la Regla 34 de las de

Procedimiento Civil, 32 LPRA AP. III, R 34.3 Además, le

ordenó

contestar

los

interrogatorios,

so

pena

de

la

desestimación de la reclamación. Esta sanción monetaria fue

posteriormente eliminada.

El 18 de septiembre de 2008, la licenciada García Incera

informó que debido a que el representante legal de BHJ se

encontraba bajo tratamiento médico no se pudieron reunir;

por lo cual, el foro de instancia les concedió a las partes

sesenta (60) días para concluir el descubrimiento de prueba.

2 Además, que no se realizó la reunión entre abogados por la

licenciada de epígrafe haber tenido problemas familiares.

3 Al momento estaban vigentes las Reglas de Procedimiento

Civil de 1979. Las Reglas 2009 entraron en vigor el 1 de

julio de 2010.

1

CP-2016-0012

4

El 10 de agosto de 2009, BHJ solicitó la desestimación

de la demanda, por haberse incumplido con contestar el

interrogatorio. El 14 de agosto de 2009, la abogada de

epígrafe indicó que, por complicaciones con la salud de sus

progenitores, ocurrió una cadena de eventos que consumieron

su tiempo, por lo cual, solicitó al foro de instancia, que,

si procedía imponerle sanciones, fuese flexible. El Tribunal

de Primera Instancia señaló la conferencia con antelación al

juicio,

pero,

la

letrada

incumplió

nuevamente

al

no

comparecer. Consecuentemente, el 16 de noviembre de 2009, el

foro de instancia dictó sentencia desestimando el caso ante

el reiterado incumplimiento de JR Engineers.

El 24 de noviembre de 2009, la licenciada García Incera

envió la contestación al interrogatorio. Según aduce la

letrada, el 27 de dicho mes y año, se percató, luego de

recibir una moción de BHJ, que se había desestimado la

demanda. Así, sin haber recibido copia de la sentencia

desestimatoria,

presentó

una

reconsideración,

que

fue

declarada No Ha Lugar. Insatisfecha, JR Engineers acudió al

Tribunal de Apelaciones, foro que desestimó el recurso por

falta de jurisdicción.4

Debido a que “se apela una sentencia notificada el 15 de

diciembre de 2009. Antes de la notificación, el 11 de

diciembre de 2009, [JR Engineers pidió reconsideración. …]

El 20 de enero de 2010, pasado el plazo para apelar […] el

juez impugnado [la] declaró sin lugar […]. Su dictamen fue

notificado el 1 de febrero de 2010. El recurso ante nosotros

fue sometido el 3 de marzo de 2010.” Sentencia, Querella,

Apéndice, en la pág. 266.

4

CP-2016-0012

5

C.

Como se adelantó, la Procuradora General concluyó en su

Informe

que

la

licenciada

García

Incera

incurrió

en

violaciones a los Cánones 9 y 12 de los de Ética Profesional,

4 LPRA Ap. IX, C. 9 y C. 12, por no comparecer a la vista

del 16 de noviembre de 2009 y no acatar la orden del Tribunal

de contestar un interrogatorio que le fue cursado a su

cliente. Además, determinó que incurrió en violación al

Canon 18 de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 18, por no

atender diligentemente la causa de acción de su cliente, lo

que resultó en la desestimación de ésta con perjuicio.

Asimismo,

la

Procuradora

entendió

que

la

licenciada

infringió el Canon 18 al presentar una apelación ante el

Tribunal de Apelaciones fuera del término dispuesto para

ello. El 14 de febrero de 2017, designamos como Comisionado

Especial al Lcdo. Carlos Rodríguez Muñiz. El 31 de mayo de

2017,

el

Comisionado

Especial

presentó

su

Informe

concluyendo que la letrada incurrió en violación a los

Cánones 12 y 18 de los de Ética Profesional, pero no en

cuanto al Canon 9 imputado.5 Por consiguiente, recomendó que

Compartimos el razonamiento del Comisionado Especial en

cuanto a que la licenciada García Incera no transgredió el

Canon 9 de los de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, que

dispone que todo profesional del Derecho debe observar una

conducta que se caracterice por el mayor respeto hacia los

tribunales. A la letrada se le imputó infringir dicho canon

por no comparecer al señalamiento del 16 de noviembre de

2009. Dicha ausencia de por sí no constituye una conducta de

falta de respeto al Tribunal que configure una violación al

Canon 9, más cuando esa conducta está subsumida en la

infracción al Canon 12, por la cual estamos sancionando a la

licenciada García Incera.

5

CP-2016-0012

6

la sanción se limitara a ordenar su suspensión inmediata del

ejercicio de la abogacía por el término de un (1) mes.

II

Este Tribunal tiene la responsabilidad, como parte de

su poder inherente para regular la profesión legal en Puerto

Rico, de asegurar que los miembros admitidos al ejercicio de

la abogacía y la notaría desplieguen sus funciones de manera

responsable, competente y diligente. En este sentido, el

Canon 12 de Ética Profesional le impone al abogado el deber

de tramitar las causas con puntualidad y diligencia. In re

Irizarry Vega, 198 DPR 1066, 1072 (2017). Asimismo, dicho

postulado ético impone a los abogados la obligación de ser

responsables en la tramitación de los casos que les son

encomendados, para evitar que se entorpezca su resolución.

In re Nieves Nieves, 181 DPR 25, 35 (2011). De acuerdo con

ello, este Tribunal ha expuesto que “la incomparecencia

injustificada a las vistas señaladas por el tribunal, así

como las actuaciones y omisiones que pongan en riesgo la

causa de acción del cliente, son infracciones patentes del

Canon 12”. In re Irizarry Vega, 198 DPR, en la pág. 6.

Conforme a ese Canon, los profesionales del derecho deben

observar estrictamente las órdenes judiciales, pues de no

hacerlo quedarían sujetos a sanciones disciplinarias. In re

Nieves Nieves, 181 DPR, en la pág. 36.

Por

otra

parte,

el

Canon

18

del

Código

de

Ética

Profesional dispone que los abogados tienen el deber de

“defender

los

intereses

del

cliente

diligentemente,

CP-2016-0012

7

desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad

y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en

general estima adecuada y responsable”. Por lo cual, “el

abogado incurre en una falta al Canon 18 cuando, a pesar de

asumir la representación legal de un cliente, demuestra una

capacitación inadecuada o presta una atención indebida a la

causa encomendada”. In re Roldán González, 195 DPR 414, 422

(2016). Sobre este deber, hemos indicado que el abogado está

obligado a defender diligentemente y dentro del marco ético

los derechos e intereses de su cliente. Id., en la pág. 423.

Además, requiere un ejercicio de su profesión con celo,

cuidado y prudencia. In re Nazario Díaz, 198 DPR 793, 805

(2017). Se exige que emplee toda su capacidad, lealtad,

responsabilidad, efectividad y la más completa honradez. In

re Cuevas Borrero, 185 DPR, en la pág. 199.

Es por lo anterior que este Tribunal ha afirmado que

“cuando un abogado acepta la encomienda de representar a una

persona

y

no

la

ejecuta

adecuada

y

responsablemente,

incumple con este canon”. In re Rivera Nazario, 193 DPR, en

la pág. 582. “Así también hemos sostenido, sin ambages, que

aquella actuación negligente que pueda conllevar, o que en

efecto conlleve, la desestimación o el archivo de un caso,

se configura violatoria del citado Canon 18.” In re Nieves

Nieves, 181 DPR, en la pág. 37. Más aún, constituye violación

al precitado canon cuando la falta de diligencia ocasiona la

pérdida de una causa de acción. In re Rivera Nazario, 193

DPR, en la pág. 583.

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8

Después de todo, cuando el abogado es negligente los

intereses del cliente son los verdaderamente afectados. Por

lo cual, el letrado debe ser diligente, que no es otra cosa

que realizar “las gestiones que le fueron encomendadas en

momento oportuno, en forma adecuada y sin dilaciones que

puedan afectar la pronta solución de la controversia”. S.

Steidel Figueroa, Ética para juristas: Ética del abogado y

responsabilidad disciplinaria, San Juan, Ediciones SITUM,

2016, en la pág. 221. Entre las circunstancias específicas

que

hemos

indicado

como

falta

de

diligencia

están:

no

comparecer a los señalamientos del tribunal; no contestar

los interrogatorios sometidos, no informar a las partes

sobre la presentación de un perito; desatender o abandonar

el caso; permitir que expire el término prescriptivo o

jurisdiccional de una acción, o cualquier tipo de actuación

negligente que pueda o resulte en la desestimación o archivo

del caso. In re Irizarry Vega, supra.

III

En este caso, se le imputó a la licenciada García Incera

infringir

los

Cánones

9,

12

y

18

del

Código

de

Ética

Profesional. Como se adelantó, tras evaluar minuciosamente

el escenario fáctico ante nuestra consideración, así como

los informes presentados y demás documentos que obran en el

expediente, determinamos que ésta transgredió los Cánones 12

y 18, más no el 9.

Un análisis del trámite procesal del caso revela que la

falta de diligencia y competencia de la licenciada García

CP-2016-0012

9

Incera quedó evidenciada al no contestar el interrogatorio

enviado por la parte demandada desde el 4 de octubre de 2007,

dos (2) años, un mes y doce (12) días aproximadamente hasta

la fecha en que se dictó sentencia en el caso. Este proceder

ocasionó que se le impusieran $25.00 en concepto de sanciones

y se le apercibiera de la desestimación de la reclamación.

Aunque

dicha

concedió

sanción

un

descubrimiento

eventualmente

término

de

adicional

prueba,

la

se

eliminó

para

y

se

concluir

licenciada

García

le

el

Incera

solicitó un nuevo término para contestar el interrogatorio

y

nueva

fecha

para

la

celebración

de

la

vista

sobre

conferencia con antelación al juicio. Aun cuando el tribunal

accedió a dicha solicitud y señaló la vista para el 16 de

noviembre de 2009, la letrada tampoco compareció a dicha

vista, expresando que fue debido a un error de su parte al

anotar el señalamiento en su calendario para una fecha

posterior. Un abogado que acepta un caso y luego no demuestra

la competencia y diligencia que exige el ejercicio de la

abogacía violenta el Canon 12, ya que todo abogado tiene la

obligación

de

atender

los

intereses

de

sus

clientes

desplegando la mayor diligencia, celo y cuidado en los

asuntos que se le han encomendado. Su desempeño debe ser

siempre uno adecuado, responsable, capaz y efectivo.

Del mismo modo, en el desempeño de sus funciones, la

licenciada García Incera incurrió en conducta violatoria de

los postulados del Canon 18 tras no defender los intereses

de su cliente diligentemente, al permitir que la causa de

CP-2016-0012

10

acción fuera desestimada y por presentar un recurso de

apelación fuera del término dispuesto para ello, teniendo

como

resultado

procedemos

a

su

desestimación.

determinar

la

Por

todo

lo

anterior,

correspondiente

sanción

disciplinaria.

IV

Como

hemos

expresado

en

reiteradas

ocasiones,

al

momento de imponer la sanción disciplinaria a un abogado que

haya incurrido en conducta violatoria del Código de Ética

Profesional

evaluamos

los

siguientes

factores:

(1)

la

reputación del abogado en la comunidad; (2) su historial

previo; (3) si es su primera falta; (4) si no ha causado

perjuicio a alguna parte; (5) la aceptación de la falta y su

arrepentimiento

sincero;

(6)

la

defensa

frívola

de

su

conducta; (7) si se trata de un incidente aislado; (8) si

hubo ánimo de lucro, y (9) cualquier otra consideración

agravante o atenuante aplicable a los hechos particulares

del caso. In re Sharon Hernández López, 197 DPR 340 (2017).

Considerando los anteriores factores en su aplicación

a los hechos ante nuestra consideración; (1) no existe en

récord evidencia de la reputación de la letrada; (2) fue

admitida al ejercicio de la abogacía el 26 de junio de 1996

y a la práctica de la notaría el 2 de agosto de 1996 y que

en

los

veinte

tribunales,

(20)

nunca

años

antes

de

había

práctica

sido

activa

objeto

de

ante

los

queja

ni

procedimiento disciplinario alguno; (3) en ésta, su primera

falta, causó perjuicio a su cliente quien fue privado de su

CP-2016-0012

11

derecho a tener su día en corte y que su caso se adjudicara

en sus méritos; (4) la letrada aceptó los hechos, aunque

ejerció su derecho a defenderse de la Querella en su contra;

(5) no existe evidencia en autos que demuestre que lo

sucedido no haya sido una conducta aislada; (6) no surge de

los hechos probados que la conducta de la licenciada García

Incera hubiese estado motivada por ánimo alguno de lucro.

Aplicados los criterios antes mencionados a los hechos

del caso y evaluado el Informe presentado por la Procuradora

General y el Informe del Comisionado Especial, concluimos

que es procedente en esta ocasión imponer, como sanción una

censura enérgica a la licenciada García Incera y se le

apercibe que en el futuro debe ceñirse estrictamente a las

disposiciones

del

Código

de

Ética

Profesional,

con

el

señalamiento de que en lo sucesivo seremos más rigurosos de

incurrir en nuevas violaciones éticas.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

María Del Pilar García Incera

Núm. CP-2016-0012

(TS-11,621)

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de marzo de 2019

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam

que antecede, concluimos que es procedente en esta ocasión

imponer, como sanción una censura enérgica a la licenciada

García Incera y se le apercibe que en el futuro debe ceñirse

estrictamente a las disposiciones del Código de Ética

Profesional, con el señalamiento de que en lo sucesivo

seremos más rigurosos de incurrir en nuevas violaciones

éticas.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rivera García no

intervino.

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo