Tribunal Supremo de Puerto Rico
Estado Libre Asociado de Puerto Rico v. El Ojo de Agua Development, Inc., et al s .
2020 TSPR 122
Poder Judicial de Puerto Rico
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico v. El Ojo de Agua Development, Inc., et al s .
CC-2016-662
Derecho Constitucional y Procedimiento Civil- La imposición de costas en procedimientos de expropiación forzosa; Ley de reclamaciones y pleitos contra el Estado- Doctrina de inmunidad soberana. El Estado renunció a su inmunidad soberana frente al pago de costas en procedimientos de expropiación forzosa. Será parte prevaleciente para efectos de concesión de costas en procedimientos de expropiación forzosa, el propietario del bien expropiado cuando reciba una suma mayor a la inicialmente consignada o prevalezca en el cuestionamiento de la autoridad para expropiar. Mientras que, se reconocerá como parte prevaleciente a la parte expropiante cuando la cantidad finalmente adjudicada en el caso sea igual o menor a la originalmente consignada.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Certiorari
Peticionario
v.
2020 TSPR 122
El Ojo de Agua Development, Inc.;
John Doe y Richard Doe
205 DPR _____
Recurridos
Número del Caso:
Fecha:
CC-2016-662
9 de octubre de 2020
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan
Oficina del Procurador General:
Lcda. Margarita Mercado Echegaray
Procuradora General
Lcdo. Luis Román Negrón
Procurador General
Lcda. Lorena Cortés Rivera
Procuradora General Interina
Lcdo. Guillermo Mangual Amador
Procurador General Auxiliar
Abogados de la parte recurrida:
Lcda. Cynthia Torres Torres
Lcdo. Yusef Mafuz Blanco
Materia: Derecho Constitucional y Procedimiento Civil- La imposición
de costas en procedimientos de expropiación forzosa; Ley de
reclamaciones y pleitos contra el Estado- Doctrina de inmunidad
soberana. El Estado renunció a su inmunidad soberana frente al pago
de costas en procedimientos de expropiación forzosa.
Será parte
prevaleciente para efectos de concesión de costas en procedimientos
de expropiación forzosa, el propietario del bien expropiado cuando
reciba una suma mayor a la inicialmente consignada o prevalezca en el
cuestionamiento de la autoridad para expropiar.
Mientras que, se
reconocerá como parte prevaleciente a la parte expropiante cuando la
cantidad finalmente adjudicada en el caso sea igual o menor a la
originalmente consignada.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Estado Libre Asociado
de Puerto Rico
Peticionario
v.
CC-2016-662
Certiorari
El
Ojo
de
Agua
Development,
Inc.;
John Doe y Richard Doe
Recurridos
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR
FELIBERTI CINTRÓN.
En San Juan, Puerto Rico, a 9 de octubre de 2020.
El
presente
determinar
si
peticionario)
recurso
el
nos
Gobierno
autorizó
la
de
provee
la
Puerto
Rico
imposición
de
contra en casos de expropiación forzosa.
oportunidad
(Gobierno
costas
en
de
o
su
De contestar en
la afirmativa, nos corresponde dilucidar cuál es la parte
prevaleciente para efectos de la concesión de costas en
este tipo de casos.
Valiéndonos de un ejercicio de hermenéutica legal,
adelantamos
que los estatutos
y el
trámite legislativo
pertinente, permiten concluir que el Gobierno renunció a
su inmunidad soberana frente al pago de costas en pleitos
de expropiación forzosa y, consecuentemente, autorizó la
imposición de éstas en su contra.
Además, a base de una
interpretación razonable de las disposiciones aplicables,
resolvemos que la parte prevaleciente para fines de la
CC-2016-662
2
concesión de costas en casos de expropiación forzosa será
aquella a favor de la cual el tribunal finalmente dicte
sentencia,
según
los
parámetros
que
estableceremos
más
adelante.
Pasemos a delinear los hechos y el trámite procesal
que dieron lugar al caso ante nosotros.
I
El 10 de abril de 2008, el Gobierno presentó una
Petición de expropiación forzosa (Petición) a nombre y en
beneficio del Municipio de Juana Díaz, con el propósito de
adquirir el pleno dominio de una parcela de 6.55 cuerdas
de terreno, ubicada en el Barrio Cañas Arriba del mismo
Municipio
para
(parcela).1
llevar
a
cabo
Dicha
un
propiedad
proyecto
sería
utilizada
denominado
“Viviendas
Unifamiliares, Carr. Estatal 14, Km. 20.6, Barrio Cañas
Arriba de Juana Díaz, Puerto Rico”.2
Como partes
con
interés en este procedimiento, el Gobierno identificó a El
Ojo
de
Sr.
Humberto
1
Agua
Development,
E.
Escabí
Inc.,
y
a
su
presidente,
Trabal
(en
conjunto,
parte
el
con
La parcela fue descrita de la forma siguiente:
URBANA: Parcela de terreno radicada en la Carr.
Estatal 14, Km. 20.6, Barrio Cañas Arriba del término
municipal de Juana Díaz, con un área superficial de
25,762.6775 metros cuadrados equivalentes a [6.5547]
cuerdas, según mensura realizada por el Municipio de
Juana Díaz, en lindes: por el Norte, con la finca
principal; por el Sur, con Carretera Estatal Núm. 14,
Km. 20.6; por el Este, con Municipio de Juana Díaz; y
por el Oeste, con la finca principal.
Véase Petición de expropiación forzosa, Apéndice de Certiorari,
pág. 35.
2
Íd.
CC-2016-662
3
interés o recurrida).3
el
Gobierno
estimó
En cuanto a la justa compensación,
y
depositó
en
la
Secretaría
del
Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, la suma
de $180,600.00.
A su vez, el Gobierno acompañó la demanda
con un legajo de expropiación el cual incluyó, entre otros
documentos, una declaración para la adquisición y entrega
inmediata de la propiedad.
Posteriormente,
el
foro
primario
emitió
una
Resolución en la que decretó que el título de pleno y
absoluto dominio sobre el inmueble había quedado investido
en el Gobierno.
Así el trámite, el 22 de mayo de 2008, la
parte con interés presentó una Moción solicitando retiro
de fondos bajo protesta.
Entre otros asuntos, cuestionó
la
por
cantidad
compensación
consignada
y
el
solicitó que se
Gobierno
como
le permitiera
justa
presentar
prueba sobre la cuantía que debía ser pagada como justo
valor del bien expropiado.
Trabada la controversia sobre
justa compensación y luego de varios trámites procesales,
el Tribunal de Primera Instancia celebró el juicio en su
fondo.
Después
de
aquilatar
la
prueba
documental
testifical presentada por las partes, el foro
y
primario
emitió una Sentencia en la que determinó que el Gobierno
debía
pagar
a
$295,000.00
por
concepto
expropiación
de
la
3
la
parte
con
de
parcela.
interés
la
cantidad
de
justa
compensación
por
la
A
vez,
que
la
su
razonó
Además de El Ojo de Agua Development, Inc., y de su presidente,
el Sr. Humberto E. Escabí Trabal (en conjunto, parte con interés o
recurrida), el Gobierno identificó dos arrendamientos como partes con
interés por su procedencia.
CC-2016-662
4
referida expropiación tuvo el efecto de dejar un remanente
de
31.18
cuerdas
de
terreno
enclavado
y
sin
valor
económico alguno, por lo que procedía una compensación
adicional
en
daños
a
favor
ascendente a $1,403,000.00.
de
la
parte
con
interés,
De esta forma, concluyó que
la parte con interés tenía derecho a recobrar del Gobierno
un total de $1,698,000.00, más los intereses legales sobre
la
suma
adicional
no
consignada,
contados
desde
la
presentación de la Petición hasta su total consignación en
el tribunal.
Dado que el Gobierno había depositado en el
tribunal la suma de $180,600.00 al presentar la Petición,
la
compensación
adicional
correspondiente
fue
de
$1,517,400.00 más los intereses legales sobre dicha suma.4
En desacuerdo,
el Gobierno presentó una
Moción de
reconsideración y determinaciones adicionales de hechos,
pero ésta fue denegada.
Inconforme, recurrió al Tribunal
de Apelaciones mediante un recurso de apelación (Caso Núm.
KLAN2015-00535), por medio del cual solicitó la revocación
de la Sentencia emitida por el foro primario.
De otro lado, en lo pertinente a la controversia de
autos,
4
la
parte
con
interés
presentó
oportunamente
un
Cabe señalar que, a pesar de que la Sentencia del Tribunal de
Primera Instancia establece que la cantidad por concepto de justa
compensación adicional asciende a $1,519,400.00, la realidad es que
dicha suma contiene un error matemático. Según surge de la Sentencia,
el foro primario determinó que la parte con interés tenía derecho a
recobrar la suma total de $1,698,000.00.
A esa cantidad, el foro
primario debió restarle la suma de $180,600.00, correspondiente a la
compensación originalmente consignada por el Gobierno, para un total
de $1,517,400.00, siendo ésta la cuantía correcta.
Claramente, el
Tribunal de Apelaciones, habiéndose percatado del referido error
matemático, hizo constar la cuantía correcta en su Sentencia. Véase
Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Apéndice de Certiorari, pág.
1679.
CC-2016-662
Memorando de
5
gastos y
costas
juramentado
(Memorando de
costas o Memorando) ante el Tribunal de Primera Instancia,
mediante
el
cual
solicitó
el
pago
de
$50,350.00
por
concepto de los gastos asumidos en el presente pleito.5
Manifestó que las partidas allí identificadas eran ciertas
y que fueron necesarias para la litigación del valor y los
daños que sufrió la propiedad a raíz de la expropiación.6
El 26 de febrero de 2015, el Tribunal de Primera
Instancia emitió una Orden por medio de la cual instruyó
al Gobierno a presentar su posición respecto al Memorando
de costas en el término de diez (10) días, de conformidad
con
la
infra.
Regla
44.1(b)
de
Procedimiento
Civil
de
2009,
A su vez, le apercibió que, de no presentar su
postura en ese término, entendería que se había allanado a
la solicitud de la parte con interés.
El 9 de marzo
de 2015, el Gobierno presentó una solicitud de prórroga
para oponerse al Memorando de costas.
Por su parte, el 10 de marzo de 2015, la parte con
interés solicitó la aprobación del Memorando de costas sin
oposición del Gobierno.
Expuso que el término de diez
(10) días dispuesto por la Regla 44.1 (b) de Procedimiento
Civil de 2009, infra, era uno improrrogable por lo que, no
habiendo el Gobierno presentado su escrito en oposición
5
Véase Memorando de gastos y costas, Apéndice de Certiorari, págs.
583-584.
6
Copia del referido escrito fue notificada al Gobierno el 23 de
febrero de 2015.
Véase Memorando de gastos y costas, Apéndice de
Certiorari, págs. 583-584.
CC-2016-662
dentro
6
de
ese
término,
procedía
la
aprobación
del
Memorando sin considerar su posición.
Así el trámite, el 27 de marzo de 2015, el Tribunal
de Primera Instancia emitió una Orden en la que concedió
al Gobierno una prórroga de diez (10) días para presentar
su
moción
en
oposición
al
Memorando
de
costas.
En
desacuerdo, el 31 de marzo de 2015, la parte con interés
presentó una Moción de reconsideración o en oposición a
prórroga concedida y de aprobación de memorando de costas.
Reiteró
que
el
foro
primario
carecía
de
facultad
para
prorrogar el término con el que contaba el Gobierno para
presentar su oposición al Memorando de costas.
Conforme a
ello, solicitó que se dejara sin efecto la concesión de la
prórroga y que se declarara con lugar el Memorando de
costas.
El
8
de
abril
de
2015,
el
Tribunal
de
Primera
Instancia emitió una Orden7 en la que aprobó el Memorando
de costas sin considerar la posición del Gobierno.8
Ante
ello,
el
Gobierno
presentó
una
Moción
de
reconsideración a orden en la que esbozó que su moción en
oposición
al
Memorando
de
costas
fue
presentada
oportunamente, por ser de aplicación el término adicional
de
tres
(3)
días
dispuesto
por
la
Regla
Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V.
7
8
68.3
de
Así, solicitó
Véase Orden, Apéndice de Certiorari, págs. 604-605.
Valga señalar que el Gobierno presentó su escrito en oposición al
Memorando de costas el 9 de abril de 2015.
Véase Oposición a
memorando de costas y gastos, Apéndice de Certiorari, págs. 599-603.
CC-2016-662
7
al foro primario que reconsiderara su Orden, y determinara
que las costas reclamadas eran improcedentes en derecho.
El 7 de mayo de 2015, el foro primario denegó la Moción de
reconsideración presentada por el Gobierno.9
Insatisfecho,
certiorari
ante
el
el
Gobierno
Tribunal
presentó
de
un
Apelaciones
recurso
de
en
que
el
planteó que el foro primario incidió al no considerar su
escrito en oposición al Memorando de costas y al conceder
las costas reclamadas en el presente caso, a pesar de que
éstas resultaban improcedentes en derecho por tratarse de
un
caso
esbozó
de
que
expropiación
forzosa.10
En
el
de
Instancia
Tribunal
Primera
la
alternativa,
erró
al
conceder las partidas incluidas en el Memorando a pesar de
que no se justificaban.11
Luego de varias incidencias procesales, el Tribunal
de Apelaciones emitió una Sentencia por medio de la cual
modificó y confirmó la Sentencia del Tribunal de Primera
Instancia.12
La
modificación
se
realizó
a
los
únicos
efectos de dictaminar que, una vez el Gobierno pague la
suma adjudicada como justa compensación por el remanente,
el título de dominio sobre dicho predio quedará investido
en el Gobierno para el beneficio del Municipio de Juana
Díaz.
El foro apelativo intermedio razonó que, de lo
9
Véase Apéndice de Certiorari, págs. 609-610.
10
Véase Certiorari civil, Apéndice de Certiorari, págs. 552-582.
11
Más adelante, los recursos de apelación y certiorari presentados
por el Gobierno fueron consolidados.
Véase Resolución, Apéndice de
Certiorari, págs. 756-758.
12
Véase Sentencia, Apéndice de Certiorari, págs. 1639-1684.
CC-2016-662
8
contrario, la
doble
parte con
compensación.
De
interés estaría recibiendo una
otro
lado,
una
mayoría
de
los
jueces del Panel del Tribunal de Apelaciones que atendió
el
caso
(Panel),
confirmó
la
Orden
del
foro
relacionada con la concesión de las costas.
primario
Además, la
mayoría de los jueces del referido Panel determinó que el
foro primario no erró al declarar con lugar el Memorando
de costas sin considerar la posición del Gobierno, pues el
escrito a esos efectos fue presentado pasado el término
jurisdiccional dispuesto para ello.
Añadió que, de todas
formas, el Gobierno no incluyó en su escrito en oposición
argumentos
que
pudieran
tener
el
efecto
de
alterar
la
determinación tomada por el Tribunal de Primera Instancia.
Indicó
que,
en
las
circunstancias
particulares
del
presente caso, en el cual la parte con interés recibió una
compensación mucho mayor a la consignada originalmente por
el Gobierno, resultaba sensato concluir que la parte con
interés fue la parte prevaleciente en el pleito y que, por
tanto, era la parte con derecho a recibir el pago de las
costas.
A esos efectos, razonó lo siguiente:
[…] [C]on su evidencia pericial, [la parte
con interés] pudo demostrar que el remanente
quedó
enclavado,
así
como
la
justa
compensación que se debía satisfacer para
ello y que tenía derecho a una suma mayor a
la que el [Gobierno] estimó por el predio a
expropiar que consignó en el tribunal.
Tomamos en cuenta que, como cuestión de
hecho,
se
dispuso
que
debía
recibir
$1,517,400 adicionales a los que estimó el
[Gobierno].
Por consiguiente, como parte
vencedora que consideramos y resolvemos que
es, la [p]arte con [i]nterés tiene derecho a
recobrar en calidad de costas todos aquellos
CC-2016-662
9
gastos
razonables
en
los
que
se
vio
precisada a incurrir para defenderse y
prevalecer en este pleito.
El [Tribunal de
Primera Instancia] actuó correctamente al
así disponerlo.13
Por otro lado, la mayoría de los jueces del referido
Panel se negó a dilucidar la procedencia de las partidas
recogidas en el Memorando de costas, por tratarse de un
planteamiento
realizado
por
primera
vez
a
nivel
apelativo.14
En
desacuerdo
con
el
dictamen
del
Tribunal
de
Apelaciones, el 20 de mayo de 2016 el Gobierno presentó
una Moción de reconsideración,15 pero ésta fue denegada.16
Oportunamente, el Gobierno instó ante este Tribunal
el recurso de epígrafe, en el que planteó lo siguiente:
A.
13
Erró el Tribunal de Apelaciones al
confirmar la determinación del Tribunal
de Primera Instancia de disponer del
monto de la justa compensación del
terreno expropiado y de los daños al
Véase Sentencia, Apéndice de Certiorari, págs. 1679-1680.
14
Por su parte, a través de un Voto conforme y disidente, la Juez
Emmalind García García expresó que estaba de acuerdo con la
determinación de la mayoría del Panel del Tribunal de Apelaciones
relacionada con la justa compensación, pero no así con la decisión de
confirmar la Orden del foro primario sobre el pago de costas. Entre
otros asuntos, señaló que las Reglas de Procedimiento Civil de 2009,
infra, no contienen una autorización expresa para la imposición de
costas en contra del Gobierno en casos de expropiación forzosa y que,
de así haberlo querido el legislador, hubiera enmendado el referido
cuerpo de reglas a esos efectos. Argumentó además que la Ley de 12 de
marzo de 1903, según enmendada, conocida como la Ley de Expropiación
Forzosa, 32 LPRA secs. 2901-2913, contempla la forma de compensar a la
parte con interés por los gastos en los que incurra durante el pleito.
Esto es, mediante el pago de intereses sobre la suma adicional
adjudicada desde la fecha de la adquisición de la propiedad hasta el
pago de la diferencia, a fin de mejorar la compensación concedida
originalmente. Razonó que esa es “la forma de compensar que consideró
el legislador”.
Véase Voto conforme y disidente de la Juez García
García, Apéndice de Certiorari, págs. 1681-1684.
15
Véase Moción de reconsideración, Apéndice de Certiorari, págs.
1685-1694.
16
Véase Resolución, Apéndice de Certiorari, págs. 1705-1710.
CC-2016-662
10
remanente,
sobre
las
bases
de
la
valoración del perito tasador de la parte
con interés.
B.
Erró el Tribunal de Apelaciones al
sostener la determinación del Tribunal de
Primera
Instancia
de
ordenar
la
consignación [del] pago de la sentencia
dentro del término de treinta (30) días.
C.
Erró el Tribunal de Apelaciones al
confirmar la determinación del Tribunal
de Primera Instancia que aprobó el
Memorando de [c]ostas de la [p]arte con
[i]nterés.
El 16 de diciembre de 2016, emitimos una Resolución
mediante
la
cual
expedimos
el
auto
de
certiorari
solicitado limitado al tercer señalamiento de error.17
Así
las cosas, contando con los alegatos de las partes y tras
varias
incidencias
posición
de
procesales,18
resolver.
Esto,
no
nos
sin
encontramos
antes
exponer
en
el
derecho aplicable a la controversia planteada.
II
A. Ley de reclamaciones y pleitos contra el Estado
17
Véase Resolución del 16 de diciembre de 2016. Oportunamente, el
Gobierno presentó una Moción de reconsideración, pero ésta fue
denegada.
Véase Resolución del 27 de enero de 2017.
Una segunda
moción de reconsideración fue igualmente denegada.
Véase Resolución
del 24 de febrero de 2017.
18
Por motivo de la aplicación al caso de autos de la Sección 301
del Título III del Puerto Rico Oversight, Management, and Economic
Stability Act (PROMESA), 48 USC 2161(a), ordenamos el archivo
administrativo de este recurso y la paralización de los procedimientos
en el caso hasta tanto una de las partes nos certificara que la
paralización automática había sido levantada, ya fuera por la
conclusión del procedimiento de quiebras o debido a una solicitud a
esos efectos, según permitido por la Sección 362(d) del Código Federal
de Quiebras, 11 USCA sec. 362 (d).
Después de varias incidencias
procesales y tras examinar una Moción informativa sobre acuerdo
alcanzado para modificar el alcance de la paralización automática
presentada por el Gobierno, el 27 de febrero de 2020 emitimos una
Resolución en la que ordenamos la continuación de los procedimientos
en el presente recurso, según las condiciones acordadas por las partes
en la estipulación aprobada por la Hon. Laura Taylor Swain en el caso
In re Commonwealth of Puerto Rico, Núm. 17-BK-3283-LTS, en el Tribunal
Federal de Quiebras. Véase Resolución del 27 de febrero de 2020.
CC-2016-662
La
11
doctrina
de
inmunidad
soberana,
incorporada
a
nuestro ordenamiento en el año 1913 por fíat judicial,
Porto
Rico
v.
Rosaly,
227
US
270
(1913),
establece,
esencialmente, que el Gobierno no puede ser demandado sin
su consentimiento.
Berríos Román v. E.L.A., 171 DPR 549,
555-556 (2007); Defendini Collazo et al. v. E.L.A., Cotto,
134 DPR 28, 40 y 47 (1993).
La
Ley
Núm.
104
del
29
de
junio
de
1955,
según
enmendada, conocida como Ley de reclamaciones y pleitos
contra el Estado (Ley Núm. 104), 32 LPRA sec. 3061 et
seq., forma parte de varios de los estatutos aprobados por
la
Asamblea
Legislativa
a
años,
que
en
contra
del
Gobierno.19
Berríos Román v. E.L.A., supra, pág. 556.
presentación
de
la
referida
demandas
demandas
los
la
concreto,
de
de
permitieron
En
presentación
través
legislación
sobre
daños
y
autoriza
la
perjuicios
en
contra del Gobierno bajo las condiciones y salvaguardas
procesales expresamente dispuestas en la misma.20
Román v. E.L.A., supra, pág. 556.
Berríos
A su vez, enumera las
19
La Ley Núm. 76 de 13 de abril de 1916, conocida como la Ley para
autorizar demandas contra el Pueblo de Puerto Rico, 32 LPRA ant. sec.
3061, fue la primera ley local que autorizó la presentación de
demandas en contra del Gobierno. Defendini Collazo et al. v. E.L.A.,
134 DPR 28, 47 (1993).
Inicialmente, ésta sólo permitía que se
presentaran demandas en contra del Gobierno sobre reivindicación de
bienes muebles e inmuebles o derechos sobre éstos, así como por daños
y perjuicios fundamentados en contratos pactados después del 1 de
julio de 1916. Sin embargo, fue enmendada en varias ocasiones, entre
éstas, por la Ley Núm. 11 de 18 de abril de 1928, 32 LPRA ant. secs.
3061-3064, cuya enmienda permitió las demandas en contra del Gobierno
por reclamaciones de daños y perjuicios en general. Íd., págs. 47-48.
La Ley Núm. 76 de 1916 fue derogada por la Ley Núm. 104 del 29 de
junio de 1955, según enmendada, conocida como Ley de reclamaciones y
pleitos contra el Estado, 32 LPRA sec. 3061 et seq. Íd., pág. 48.
20
Véase Art. 2 de la Ley Núm. 104, 32 LPRA sec. 3077.
CC-2016-662
12
situaciones en las que el Gobierno conserva su inmunidad.21
Conforme
a
ello,
hemos
“constituye
una
renuncia
soberana
que
inmunidad
expresado
que
esta
legislación
parcial condicionada
protege
al
Estado”.
de
la
Defendini
Collazo et al. v. ELA, supra, págs. 39-40.
De otra parte, es preciso señalar que el Art. 8 de la
Ley
Núm.
104,
32
LPRA
sec.
3083,
establece,
en
lo
pertinente, que “[l]a imposición de costas se regirá por
el procedimiento ordinario”.
Íd.
de
Gobierno
la
Ley
Núm.
104,
autorización
para
ser
delimitadas
y
señalado
por
el
demandado
De esta forma, a través
en
las
prestar
indemnización
esa
sino
ley,
que
no
sólo
proveyó
acciones
hasta
además
el
allí
máximo
permitió
la
imposición del pago de costas en su contra, cuando resulte
ser la parte perdidosa en demandas presentadas al amparo
de ese estatuto.
Así lo reconocimos en Sucn. Arroyo v. Municipio de
Cabo Rojo, 81 DPR 434 (1959).
Allí, luego de indicar que
previo al año 1955 en Puerto Rico no existía precepto
legal
alguno
que
permitiera
a
los
tribunales
imponer
costas en contra del Gobierno en las acciones autorizadas
por éste –dado que el Art. 5 de la Ley Núm. 76 de 1916, 32
LPRA ant. sec. 3065, categóricamente expresaba que “[l]os
honorarios de abogado, desembolsos y costas no serán nunca
impuestos contra El Pueblo de Puerto Rico”-, reconocimos
21
Véase Art. 6 de la Ley Núm. 104, 32 LPRA sec. 3081.
CC-2016-662
13
el cambio de la postura legislativa sobre este asunto.
Sucn. Arroyo v. Municipio de Cabo Rojo, supra, pág. 436.
En detalle, expresamos lo siguiente:
Ahora bien, ¿se alteró esta regla de
exclusión en virtud de la Ley [N]úm. 104 de
1955? En cuanto a las costas es indudable
que
sí.
Las
palabras
taxativas
del
legislador
cierran
toda
posibilidad
de
discusión en esta materia.
Primero: el
[A]rt. 11 de la referida ley derogó la
prohibición general que contenía la Ley
[N]úm. 76 de 1916, según enmendada. […].
Segundo:
el
[A]rt.
8
dispone
que
la
sentencia contra el Estado en las acciones
autorizadas ‘... no incluirá en ningún caso
el pago de intereses por período alguno
anterior a la sentencia ni concederá daños
punitivos’, pero a renglón seguido añade en
términos que no pueden ser más explícitos:
‘La imposición de costas se regirá por el
procedimiento ordinario’.
[…].
Por lo
tanto,
no
caben
reservas
ni
distingos
respecto a los gastos o desembolsos que
tienen el concepto de ‘costas’, según lo
dispuesto en el [A]rt. 327 del Código de
Enjuiciamiento Civil (32 LPRA [ant.] sec.
1461) y en la Regla 44 de Procedimiento
Civil de 1958 (32 LPRA Sup. Acum. 1958, Ap.
R. 44). Si el Estado es la parte perdidosa
en una acción autorizada por la Ley [N]úm.
104 de 1955, la imposición de costas es
obligatoria.
En este concepto el Estado
es responsable
como
cualquier
ciudadano
particular:
es
bien
sabido
que
las
disposiciones
legales
vigentes
sobre
‘costas’ no conceden discreción alguna a los
tribunales, por lo cual deben imponerlas
siempre a la parte contra quien se dicta
sentencia. (Énfasis nuestro).
Sucn. Arroyo
v. Municipio de Cabo Rojo, supra, págs. 436437.
Vemos, pues, que hace más de sesenta (60) años este
Tribunal claramente reconoció que a través de la Ley Núm.
104 el Gobierno prestó su consentimiento a la imposición
de
costas
en
su
contra
cuando
resulta
ser
la
parte
CC-2016-662
perdidosa
14
en
acciones
autorizadas
por
esa
ley.
Sucn.
Arroyo v. Municipio de Cabo Rojo, supra, pág. 436.
No obstante, por tratarse el caso de autos de un
pleito sobre expropiación forzosa, resulta indispensable
considerar que la propia Ley Núm. 104 establece que sus
disposiciones en nada “afectará[n] las acciones sobre […]
expropiaciones
y
todas
aquéllas
para
las
que
existe
legislación específica, las que seguirán rigiéndose por
las leyes aplicables”.
(Énfasis nuestro).
Art. 4 de la
Ley Núm. 104, 32 LPRA sec. 3079.
B. Expropiación forzosa
El derecho al disfrute de la propiedad, consagrado en
el Art. II, Sección 7 de la Constitución de Puerto Rico,
Art. II, Sec. 7, Const. PR, LPRA, Tomo 1, está supeditado
al
poder
inherente
del
Estado
para
establecer
restricciones sobre las propiedades privadas en favor del
bienestar común.
Municipio de Guaynabo v. Adquisición,
180 DPR 206, 216 (2010); Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz
Dev. Corp., 174 DPR 409, 424 (2008); A.C.T. v. 780614m2,
165 DPR 121, 130 (2005).
Véase, además, E.L.A. v. Rosso,
95 DPR 501, 536 (1967).
Como parte de ese poder inherente
se
encuentra
expropiaciones
la
facultad
forzosas,
del
Estado
entiéndase,
“el
para
realizar
poder
soberano
que reside en el Estado para adquirir el dominio de una
propiedad
sita
dentro
de
sus
límites
territoriales”.
Administración de Terrenos de Puerto Rico v. Corporación
Pesquera Henares, Inc., 201 DPR 14, 21 (2018); Municipio
CC-2016-662
15
de Guaynabo v. Adquisición, supra, pág. 216.
Cónsono con
lo anterior, hemos expresado que “toda propiedad se posee
sujeto
al
poder
públicos”.
del
Estado
de
expropiarla
para
fines
Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp.,
supra, pág. 425.
Ahora bien, la potestad del soberano para llevar a
cabo expropiaciones forzosas se encuentra limitada por la
Sección 9 de la Carta de Derechos de la Constitución de
Puerto Rico, la cual dicta, en lo pertinente, que: “[n]o
se
tomará
público
o
a
perjudicará
no
ser
la
propiedad
mediante
el
privada
pago
de
para
una
uso
justa
compensación y de acuerdo con la forma provista por ley”.
Art. II, Sec. 9, Const. PR, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág.
333.
Véase, también, Art. 282 del Código Civil, 31 LPRA
sec. 1113.22
Consiguientemente, a través de la justa compensación
se procura:
[…] [C]olocar al dueño de la propiedad en
una situación económica equivalente a la que
se
encontraba
con
anterioridad
a
la
expropiación de su propiedad. De ordinario,
“[l]a justa compensación a que tiene derecho
el dueño de un bien expropiado es aquella
cantidad que representa todo el valor de la
propiedad al tiempo de la incautación”.
E.L.A. v. Fonalledas Córdova, supra, pág.
579.
Además, hemos reconocido que el
propietario puede reclamar la compensación
por los daños que, por motivo de la
expropiación,
le
fueron
ocasionados
al
remanente de su propiedad.
I
́d. Amador
Roberts v. ELA, 191 DPR 268, 278-279 (2014).
22
Éste dispone que “[n]adie podrá ser privado de su propiedad sino
por autoridad competente, por causa justificada de utilidad pública o
beneficio social, y mediante el pago de una justa compensación que se
fijará en la forma provista por ley”. 31 LPRA sec. 1113.
CC-2016-662
16
Por otra parte, hemos sido consistentes al señalar
que
el
procedimiento
de
expropiación
forzosa
es
de
naturaleza civil y debe llevarse a cabo de conformidad con
la Ley de 12 de marzo de 1903, según enmendada, conocida
como la Ley de Expropiación Forzosa, 32 LPRA secs. 29012913 y la Regla 58 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA
Ap. V.
217;
Municipio de Guaynabo v. Adquisición, supra, pág.
A.C.T.
Inesta,
165
v.
780614m2,
supra,
pág.
130;
A.C.T.
v.
DPR
891,
(2005);
Adm.
De
Terrenos
v.
902
Nerashford Dev. Corp., 136 DPR 801, 807 (1994).
La Ley de Expropiación Forzosa, supra, dispone que el
procedimiento de expropiación iniciará con la presentación
de una petición o demanda a esos efectos ante el Tribunal
de Primera Instancia, Sala de San Juan, “siguiendo las
disposiciones de la Regla 58 de Procedimiento Civil [de
2009] […]”.
32
LPRA
Sección 4 de la Ley de Expropiación Forzosa,
sec.
2905.
El
estatuto
provee
para
que
el
demandante presente junto con la demanda una declaración
para la adquisición y entrega material de la propiedad a
ser expropiada, firmada por la persona autorizada en ley
para
realizar
la
expropiación,
en
la
cual
deberá
consignarse que se procura la adquisición de la propiedad
para uso del Estado o para alguna agencia o entidad, así
como el uso específico que se dará a la misma.
Sección
5(a) de la Ley de Expropiación Forzosa, 32 LPRA sec. 2907.
Una vez la declaración es presentada y la cantidad
estimada
como
justa
compensación
es
depositada
en
el
CC-2016-662
17
tribunal, el título de dominio de la propiedad quedará
investido en el Gobierno y con ello, “el derecho a justa
compensación por la misma quedará investido en la persona
o personas a quienes corresponda”.
Sección 5(a) de la Ley
de Expropiación Forzosa, supra.
De otro lado, la parte demandada podrá comparecer o
presentar su contestación a la demanda ante el tribunal.
Sin embargo, el no haber llevado a cabo tales acciones no
será impedimento para que presente prueba sobre la cuantía
de la compensación que deba pagarse por su propiedad en la
vista celebrada a tales efectos, ni evitará que participe
en la distribución de la suma adjudicada.
Regla 58.5 de
Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V.
En
ese
oposición
contexto,
de
la
hemos
parte
expresado
demandada
en
que
cuando
la
un
pleito
de
expropiación forzosa se circunscribe a su inconformidad
con la compensación ofrecida por el Gobierno, el peso de
la prueba se invierte, siendo entonces el dueño del bien
el
llamado
mayor.
a
demostrar
su
derecho
a
obtener
una
suma
Municipio de Guaynabo v. Adquisición, supra, págs.
226-227; Martínez Rivera v. Tribunal Superior, 85 DPR 1,
11 (1962); Pueblo v. 632 Metros Cuadrados de Terreno, 74
DPR 961, 976 (1953); Pueblo v. García, 66 DPR 504 (1946).
Por esta razón, hemos indicado que en los casos en los que
la controversia se ciñe a determinar si la suma consignada
por el Gobierno como justa compensación debe ser superior,
CC-2016-662
18
el demandado pasa a asumir el rol de la parte demandante.
Municipio de Guaynabo v. Adquisición, supra, pág. 226.
Adjudicada
una
suma
mayor
al
dueño
del
bien
expropiado, corresponderá como parte integral de la justa
compensación a concederse, el pago de intereses.
E.L.A.
v. Rexco Industries, Inc., 137 DPR 683, 687 (1994).
Esto,
en tanto y en cuanto el mandato constitucional de justa
compensación requiere que se cumpla con colocar al dueño
del bien expropiado en una posición económica tan buena
como en la que se hubiera encontrado si la propiedad no
hubiera sido expropiada.
Íd.
En el precitado caso, explicamos que “[i]nicialmente,
[la Ley de Expropiación Forzosa] no proveía para el pago
de interés por esa diferencia.
La Ley Núm. 2 de 1ro de
abril de 1941 (32 [LPRA] secs. 2905 y 2907) lo incluyó por
la tardanza del [Gobierno] en compensar en su totalidad”.
(Énfasis nuestro).
de
Expropiación
Íd.
Allí, llenamos un vacío en la Ley
Forzosa,
la
cual
no
contemplaba
las
fluctuaciones del mercado y se limitaba a disponer el pago
de intereses a razón del seis (6) por ciento anual sobre
la cantidad finalmente concedida como justo valor de la
propiedad, contado desde la fecha de su adquisición hasta
la
fecha
referido
del
pago.
mandato
Por
dicha
constitucional,
razón,
en
función
resolvimos
que
del
“la
diferencia entre la cantidad que se determine finalmente
como
justa
compensación
en
una
expropiación
y
la
que
consignó inicialmente el Estado, hay que sumárseles los
CC-2016-662
19
intereses que surjan del […] Reglamento 78-1 de la Oficina
del Comisionado de Instituciones Financieras”.
Íd., págs.
689-691.
Nuestros
pronunciamientos
en
E.L.A.
v.
Rexco
Industries, Inc., supra, propiciaron la aprobación de la
Ley Núm. 187-1997, la cual enmendó las Secciones 5(a) y
5(b)
de
la
Ley
reconciliar
las
realidades
conformidad
con
los
dispone[n]
Civil”.
(1997
en
la
de
Expropiación
del
parámetros
Regla
44.3
de
Forzosa,
infra,
mercado
local
de
que
se
razonables
las
de
“para
Procedimiento
Exposición de Motivos de la Ley Núm. 187-1997
(Parte
2)
Leyes
de
Puerto
Rico
1959).
Véase,
además, J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal
Civil, 1era ed., San Juan, Pubs. JTS, 2000, T. II, págs.
1086-1087.
De
esta
forma,
la
Sección
5(a)
de
La
Ley
Expropiación Forzosa, dispone que la justa compensación:
[D]eberá determinarse y adjudicarse en
dicho procedimiento, y decretarse por la
sentencia que recaiga en el mismo, debiendo
la sentencia incluir, como parte de la justa
compensación concedida, intereses al tipo
anual que fije por reglamento la Junta
Financiera de la Oficina del Comisionado de
Instituciones Financieras y que esté en
vigor al momento de dictarse la sentencia de
conformidad con la Regla 44.3, Ap. III de
este título, sobre la cantidad adicional
finalmente
concedida
como
valor
de
la
propiedad a contar desde la fecha de la
adquisición, y desde dicha fecha hasta la
fecha del pago; pero los intereses no
deberán concederse sobre aquella parte de
dicha cantidad que haya sido depositada y
pagada en el tribunal.
Sección 5(a) de la
de
CC-2016-662
20
Ley de Expropiación Forzosa, 32 LPRA sec.
2907 (ed. 2004).23
A
su
vez,
establece
que
en
caso
de
que
la
compensación finalmente concedida exceda la cantidad de
dinero originalmente recibida por la persona con derecho a
la
misma,
[Gobierno]
“el
de
deficiencia”.
tribunal
Puerto
Rico
dictará
sentencia
[…]
por
(Énfasis nuestro).
Íd.
la
contra
cantidad
de
el
la
Mientras que, la Sección 5(b) del referido estatuto
especial lee como sigue:
En cualquier sentencia dictada en un
procedimiento de expropiación forzosa para
la adquisición de propiedad privada o de
cualquier derecho sobre la misma para uso
público o aprovechamiento en beneficio de la
comunidad, entablado por el [Gobierno de
Puerto
Rico]
[…] en
que
la
cantidad
determinada por el tribunal como justa
compensación por la propiedad […] sea mayor
que la cantidad fijada por el demandante y
depositada
en
el
tribunal
como
justa
compensación por tal propiedad o derechos en
la misma, el [Gobierno] de Puerto Rico
pagará el importe de la diferencia entre la
suma
así
fijada
por
el
demandante
y
depositada por él en el tribunal y la
cantidad que a tal efecto haya determinado
el tribunal como justa compensación por
dicha propiedad o derechos en las mismas
objeto de tal procedimiento, con intereses a
razón del tipo de interés anual que fije por
reglamento la Junta Financiera de la Oficina
del Comisionado de Instituciones Financieras
y que esté en vigor al momento de dictarse
la sentencia, de conformidad con la Regla
44.3, Ap. III de este título, sobre tal
diferencia a contar desde la fecha de la
adquisición de tal propiedad o derechos y
desde esta fecha hasta la del pago de dicha
diferencia […]. (Énfasis nuestro). Sección
23
A pesar de que la Sección 5(a) de la Ley de Expropiación Forzosa,
32 LPRA sec. 2907, sufrió varias enmiendas, la versión vigente
conservó una redacción sustancialmente idéntica a la citada.
CC-2016-662
21
5(b) de la Ley de Expropiación Forzosa, 32
LPRA sec. 2908 (ed. 2004).24
C. Imposición de costas en procedimientos de expropiación
forzosa
Las Reglas de Procedimiento Civil para el Tribunal
General de Justicia de 1958 (Reglas de Procedimiento Civil
de 1958) hacían inaplicable la regla sobre imposición de
costas
a
los
procedimientos
de
expropiación
forzosa,
entonces Regla 44.4 de Procedimiento Civil de 1958, 32
LPRA Ap. II, actual Regla 44.1 de Procedimiento Civil de
2009, supra.
Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1089.
A esos efectos, la Regla 58.10 de Procedimiento Civil
de 1958, disponía que “[l]as costas no se regirán por la
Regla 44.4 [de Procedimiento Civil de 1958, supra]”.
32
LPRA Ap. II.
La referida regla era una adaptación de la
Regla
de
71A(l)
Procedimiento
Civil
Federal,
en
la
actualidad consignada en la Regla 71.1(l) de Procedimiento
Civil Federal, 28 USC.
las
Reglas
de
Comité Consultivo, Anteproyecto de
Enjuiciamiento
Civil
para
el
Tribunal
General de Justicia, 1954, pág. 155.25
Sin
embargo,
con
la
aprobación
de
las
Reglas
de
Procedimiento Civil para el Tribunal General de Justicia
de 1979 (Reglas de Procedimiento Civil de 1979), 32 LPRA
Ap. III, dicha prohibición quedó en el pasado.
Y es que
24
Adviértase que la Sección 5(b) de la Ley de Expropiación Forzosa,
32 LPRA sec. 2908, fue posteriormente enmendada por la Ley Núm.
167-2015.
No obstante, la versión vigente mantuvo un lenguaje
esencialmente igual al citado.
25
La Regla 58.10 de Procedimiento Civil de 1958, 32 LPRA Ap. II,
adoptó el lenguaje propuesto en la Regla 58.10 del Anteproyecto de
Reglas de Enjuiciamiento Civil para el Tribunal General de Justicia.
CC-2016-662
el
22
Comité
sobre
Procedimiento
Civil
de
la
Conferencia
Judicial de Puerto Rico (Comité sobre Procedimiento Civil)
optó
por
Reglas
no
de
constar
incorporar
la
Procedimiento
en
el
Informe
referida
Civil
de
sometido
disposición
1979.
Así
por
Comité
el
a
lo
las
hizo
sobre
Procedimiento Civil de la Conferencia Judicial de Puerto
Rico según revisado por el Secretariado de la Conferencia
Judicial al incluir la siguiente anotación como parte de
los comentarios a la Regla 58.9 propuesta: “[…] Habiendo
consentido el Estado a la imposición de costas, no debe
eximirse de ello en el caso de expropiaciones forzosas y
por ello se ha omitido la Regla 58.10 vigente”.
nuestro).
Informe
sometido
por
el
(Énfasis
Comité
sobre
Procedimiento Civil de la Conferencia Judicial de Puerto
Rico según revisado por el Secretariado de la Conferencia
Judicial,
en
15
de
septiembre
de
1977,
pág.
194,
http://ramajudicial.pr/sistema/supremo/conferencia/INFORME-
COMITE-SOBRE-PROCEDIMIENTO-CIVIL-1978/CAPITULO%20IX.pdf.
Un lenguaje similar fue incluido en los comentarios a
la Regla 58.9 de Procedimiento Civil de 1979, 32 LPRA Ap.
III, al establecer que: “[…] Se ha omitido la Regla 58.10
vigente debido a que el Estado ha consentido la imposición
de costas y, por lo tanto, no debe eximirse de ello en el
caso
de
expropiaciones
forzosas”.
(Énfasis
nuestro).
Reglas
de
Procedimiento
Civil
para
el
General
de
Justicia
Estado
Libre
Asociado
Puerto Rico de
del
Tribunal
de
1979, Tribunal Supremo de Puerto Rico,
CC-2016-662
23
febrero
de
1979,
pág.
216,
en
https://www.ramajudicial.pr/sistema/supremo/conferencia/ci
vil/Reglas-de-Procedimiento-Civil-1979.pdf.
Con relación a la derogación de la Regla 58.10 de
Procedimiento Civil de 1958, supra, el tratadista José A.
Cuevas Segarra expone, en lo pertinente, lo siguiente:
Nuestro
Comité
Consultivo
y
el
Secretariado de la Conferencia Judicial
actuaron correctamente al proponer una norma
que se aparta de la federal, aun cuando su
alcance no surge claramente.
La derogación de la Regla 58.10, sin
más, podría dar lugar a que se interprete
que ahora el Estado tiene derecho a recobrar
costas en toda acción de expropiación que
culmine a su favor, independientemente de si
la compensación judicialmente adjudicada es
mayor o menor a la estimada o depositada.
Pero,
obviamente,
ese
no
ha
sido
el
propósito de la derogación, a tenor con el
comentario
que
se
hizo
y
que
hemos
transcrito antes.
Para entender el alcance
de la derogación es necesario armonizarla
con
la
ley
sustantiva
de
expropiación
forzosa en cuanto al pago de intereses por
la diferencia entre la suma estimada o
depositada y la suma finalmente adjudicada.
32 [LPRA] 2908. De manera, que examinada la
intención
legislativa
que
surge
del
comentario y de [la Sección 5(b) de la Ley
de
Expropiación
Forzosa,
supra]
cabe
enunciar las siguientes reglas en cuanto a
las costas en estos procedimientos.
.
(2)
.
.
.
.
.
.
Si
el
demandado
impugna
solamente la valoración hecha o
la
suma
depositada
por
el
demandante y resulta vencido,
tiene que pagar las costas al
Estado.
Si
prevalece
las
recobra.
Si el demandado impugna ambas
cosas y prevalece en la primera
(autoridad
para
la
.
CC-2016-662
24
expropiación),
se
considera
vencedor y, por ende, recobrar
sus costas de parte del Estado.
Si prevalece sólo en la segunda,
comoquiera se considera parte
victoriosa
con
derecho
a
recobrar las costas incurridas
para
establecer
la
justa
compensación alegada. (Énfasis
nuestro).
Cuevas Segarra, op.
cit., págs. 1089-1090.
Posteriormente, este Tribunal adoptó las Reglas de
Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, las cuales
fueron enmendadas y aprobadas por la Asamblea Legislativa
a través de la Ley Núm. 220-2009.
Reglas de Procedimiento
Civil de Puerto Rico, Tribunal Supremo de Puerto Rico,
septiembre
de
2009,
nota
al
calce
Núm.
1,
en
http://ramajudicial.pr/sistema/supremo/conferencia/Reglasde-Proc-Civil.pdf.
Como asunto relevante, la Regla 58.1
de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, dispone, en
síntesis, que:
Las
Reglas
de
Procedimiento
Civil
gobernarán
el
procedimiento
para
la
expropiación forzosa de propiedad mueble e
inmueble, excepto en cuanto conflija con las
disposiciones de esta regla o de una ley
especial. […].
(Énfasis nuestro). Íd.
De otro lado, y en consonancia con lo expuesto en las
Secciones 5(a) y 5(b) de la Ley de Expropiación Forzosa,
supra, la Regla 58.9 de Procedimiento Civil de 2009, 32
LPRA Ap. V, establece en parte que:
Si
la
compensación
adjudicada
finalmente
a
cualquier
parte
demandada
excede la suma que se le haya pagado a dicha
parte demandada al efectuar la distribución
del depósito, el tribunal dictará sentencia
contra la parte demandante y a favor de
aquella
parte
demandada
por
dicha
CC-2016-662
25
deficiencia.
Si la compensación finalmente
adjudicada a cualquier parte demandada fuese
menos que la suma que se le haya pagado, el
tribunal dictará sentencia contra la parte
demandada y a favor de la parte demandante
por el exceso. (Énfasis nuestro). Íd.
Con relación a los efectos del referido precepto, el
profesor Rafael Hernández Colón comenta que:
Si
la
compensación
adjudicada
finalmente a cualquier demandado excediera
la suma que se le hubiere pagado a dicho
demandado al efectuar la distribución del
depósito […] el tribunal dictará sentencia
contra el demandante expropiante y a favor
del
demandado
por
dicha
deficiencia
condenando al expropiante al pago de costas,
si la compensación finalmente adjudicada a
cualquier demandado fuere menos que la suma
que se le hubiere pagado, el tribunal
dictará sentencia contra él -incluyendo el
pago de costas- y a favor del demandante por
el exceso. (Énfasis nuestro).
R. Hernández
Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico:
Derecho procesal civil, 6ta ed., San Juan,
Ed. LexisNexis, 2017, Sec. 5914, pág. 622.
Por
su
parte,
las
costas
son
“los
gastos,
necesariamente incurridos en la tramitación de un pleito o
procedimiento, que un litigante debe reembolsar a otro por
mandato de ley o por determinación discrecional del juez”.
Hernández Colón, op. cit., Sec. 4201, pág. 426.
además,
Garriga
v.
Tribunal
Superior,
88
DPR
Véase,
245,
253
(1963).
En nuestro ordenamiento, la concesión de costas está
regulada por la Regla 44.1 (a) de Procedimiento Civil de
2009, supra.
Ésta dispone lo transcrito a continuación:
(a) Su concesión. - Las costas le serán
concedidas a la parte a cuyo favor se
resuelva el pleito o se dicte sentencia en
apelación o revisión, excepto en aquellos
casos en que se disponga lo contrario por
CC-2016-662
26
ley o por estas reglas. Las costas que podrá
conceder
el
tribunal
son
los
gastos
incurridos necesariamente en la tramitación
de un pleito o procedimiento que la ley
ordena o que el tribunal, en su discreción,
estima
que
una
parte
litigante
debe
reembolsar a otra. (Énfasis nuestro). Íd.
La Regla 44.1 (a) de Procedimiento Civil de 2009,
supra, cumple con una función
reparadora, pues procura
resarcir a la parte que resulte victoriosa en el pleito
mediante
el
reembolso
de
los
gastos
necesarios
y
razonables en los que tuvo que incurrir para que su teoría
prevaleciera.
Rosario Domínguez v. ELA, 198 DPR 197, 211
(2017); Maderas Tratadas v. Sun Alliance, supra, pág. 934;
J.T.P. Dev. Corp. v. Majestic Realty Corp., supra, pág.
460.
Por consiguiente, dicha disposición reglamentaria
evita
que
el
derecho
de
la
parte
prevaleciente
quede
“‘menguado por los gastos que tuvo que incurrir sin su
culpa y por culpa del adversario’”.
J.T.P. Dev. Corp. v.
Majestic Realty Corp., supra, pág. 460 (citando a Garriga,
Jr. v. Tribunal Superior, supra, pág. 253).
Debido
a
prevaleciente
que
se
reconoce
a
recobrar
el
las
derecho
costas
de
la
parte
razonables
y
necesarias en las que incurrió durante el litigio, una vez
reclama
su
pago,
la
imposición
perdidosa es mandatoria.
de
costas
a
la
parte
Rosario Domínguez v. ELA, supra,
pág. 212; Maderas Tratadas v. Sun Alliance, supra, pág.
934.
Véase,
Procedimiento
además,
civil
J.
A.
puertorriqueño,
Colombia, [s. Ed.], 2012, pág. 275.
Echevarría
Vargas,
1era
rev.,
ed.
Sin embargo, esto no
CC-2016-662
27
implica que el pago de las costas sea automático, pues es
necesario
que
la
procedimiento
parte
dispuesto
prevaleciente
en
la
cumpla
Regla
Procedimiento Civil de 2009, supra.
con
el
44.1(b)
de
Rosario Domínguez v.
ELA, supra, pág. 212.
A esos efectos, la Regla 44.1 (b) de Procedimiento
Civil de 2009, supra, provee a la parte prevaleciente un
término
de
diez
(10)
días,
contados
notificación
de
la
sentencia,
para
a
partir
que
de
la
presente
y
notifique a las demás partes un memorando de costas juramentado o certificado por su representante legal- con
todas las partidas de gastos y desembolsos incurridos que
a su entender son correctas y fueron necesarias para la
tramitación del pleito.
supra, pág. 217.
Íd.; Rosario Domínguez v. ELA,
Establece también que, cualquier parte
que no esté conforme con las costas reclamadas, dispondrá
de un término de diez (10) días, contados a partir de la
notificación del memorando de costas, para presentar su
escrito en oposición.
Regla 44.1 (b) de Procedimiento
Civil de 2009, supra.
Los términos dispuestos en esta
regla son de naturaleza jurisdiccional, por lo que el foro
primario carece de facultad para extenderlos.
Rosario
Domínguez v. ELA, supra, pág. 218.
La Regla 44.1 (b) de Procedimiento Civil de 2009,
supra,
dicta
además
que,
ante
la
presentación
de
una
oposición al memorando de costas, el tribunal considerará
los
argumentos
de
las
partes
y
resolverá.
Íd.
No
CC-2016-662
28
obstante, de no haber impugnación, “el tribunal aprobará
el memorándum de costas y podrá eliminar cualquier partida
que considere improcedente, luego de conceder a la parte
solicitante la oportunidad de justificarlas”.
Íd.
En ese
contexto, destacamos una vez más la gran discreción con la
que cuenta el Tribunal de Primera Instancia para evaluar
la razonabilidad y necesidad de los gastos presentados en
el Memorando de costas.
pág. 212.
Rosario Domínguez v. ELA, supra,
Finalmente, la resolución emitida por el foro
primario a esos efectos podrá ser revisada por el Tribunal
de Apelaciones a través del recurso de certiorari.
Íd.
Por consiguiente, ante la oportuna presentación de un
memorando de costas juramentado, el tribunal tendrá que
realizar dos (2) determinaciones, a saber: cuál fue la
parte
que
incurridos
prevaleció
en
por
fueron
ésta
el
pleito
y,
necesarios
cuáles
y
gastos
razonables.
J.T.P. Dev. Corp. v. Majestic Realty Corp., supra, pág.
461.
Ahora
debemos
bien,
perder
al
de
emplear
la
perspectiva
normativa
que
la
expuesta
no
obligación
de
reembolsar las costas incurridas en un pleito “aplicará a
menos
que
exista
responsabilidad
cit., pág. 276.
de
una
ley
pago
especial
[…]”.
que
releve
Echevarría
de
esa
Vargas,
op.
Véase, además, la Regla 44.1
(a)
de
Procedimiento Civil de 2009, supra.
Expuesto el derecho aplicable, procedemos a atender
las controversias planteadas.
CC-2016-662
29
III
A.
Previo a considerar los méritos de la controversia
ante
nosotros,
atenderemos
varios
planteamientos
realizados por las partes.
En primer término, la parte con interés sostiene que
carecemos de jurisdicción para atender las alegaciones del
Gobierno que forman parte del tercer señalamiento de error
que acordamos revisar, debido a que el Gobierno presentó
su
oposición
al
Memorando
de
costas
fuera
del
término
jurisdiccional de diez (10) días dispuesto por la Regla
44.1 (b) de Procedimiento Civil de 2009, supra.
Ciertamente,
Memorando
de
aplicable.
que
los
el
Gobierno
presentó
pasado
el
costas
la
término
oposición
al
jurisdiccional
Sin embargo, no debe perderse de perspectiva
términos
dispuestos
por
la
Regla
44.1
(b)
de
Procedimiento Civil de 2009, supra, sólo inciden en la
facultad del foro primario para considerar el Memorando de
costas
y
su
alguno
de
oposición.
los
jurisdiccional
Es
referidos
aplicable
decir,
escritos
no
afecta
la
presentación
fuera
la
del
de
término
jurisdicción
que
ostenta el Tribunal de Apelaciones ni este Tribunal para
atender
corrección
planteamientos
determinación
del
cuestionar
la
primario
concediendo o denegando la imposición de costas.
En otras
el
la
a
foro
palabras,
de
dirigidos
Gobierno
se
opuso
fuera
de
término
al
memorando de costas y por lo tanto no pudo cuestionar
CC-2016-662
30
oportunamente las cantidades solicitadas en concepto de
costas por la parte con interés.
No obstante, el Gobierno
sí podía, como en efecto hizo, cuestionar en apelación la
concesión
de
costas
como
parte
de
este
caso
de
expropiación forzosa.
Una interpretación contraria de la Regla 44.1 (b) de
Procedimiento Civil de 2009, supra, daría al traste con lo
dispuesto en la propia regla en cuanto a la revisión del
dictamen
sobre
costas,
pues
implicaría
que
los
foros
apelativos careceríamos de jurisdicción para evaluar la
corrección
de
la
relacionada
con
la
determinación
imposición
de
del
foro
costas,
así
primario
fuera
su
concesión o denegatoria, cuando los escritos concernientes
han sido presentados de manera tardía ante ese foro.
Por tanto, resolvemos que al igual que el Tribunal de
Apelaciones,
este
atender
controversia
la
Tribunal
ostenta
planteada
jurisdicción
en
el
para
tercer
señalamiento de error.
Por otro lado, el Gobierno sostiene que el Tribunal
de
Apelaciones
erró
al
determinar
no
atender
un
planteamiento presentado en la alternativa por primera vez
ante dicho foro, por medio del cual cuestionó la totalidad
de
las
Afirma
partidas
que
se
incluidas
trataba
de
en
el
Memorando
de
costas.
un
planteamiento
de
estricto
derecho revisable -a manera de excepción- por primera vez
ante el foro apelativo.
No le asiste la razón.
CC-2016-662
Como
debemos
31
regla
general
considerar
los
tribunales
planteamientos
presentados ante el foro primario.
Selecta,
185
DPR
40,
98
apelativos
que
no
han
no
sido
E.L.A. v. Northwestern
(2012).
Sin
embargo,
hemos
reconocido excepciones a esta norma general, entre éstas
cuando
el
asunto
esbozado
por
primera
vez
a
nivel
apelativo no suscita ninguna controversia de hecho y, por
el contrario, solo involucra una cuestión de derecho cuya
solución basta para dictar un fallo final en apelación.
E.L.A. v. Northwestern Selecta, supra, pág. 56; Piovanetti
v. Vilvadi, 80 DPR 108, 121-122 (1957).
Indudablemente, los planteamientos presentados por el
Gobierno dirigidos a cuestionar las partidas aprobadas no
cumplen con la excepción señalada.
Por su naturaleza, era
necesario
oportunamente
que
fueran
foro primario.
presentados
ante
el
Por tanto, concluimos que la mayoría del
Panel actuó correctamente al declinar atender este asunto.
B.
Superados
los
escollos
anteriores,
nos
corresponde
determinar si el Gobierno autorizó el pago de costas en su
contra
en
casos
de
expropiación
forzosa.
A
su
vez,
debemos dilucidar quién es la parte prevaleciente en este
tipo de casos.
(i)
Veamos.
Imposición de costas al Gobierno en casos de
expropiación forzosa
A fin de determinar si el Gobierno consintió a la
imposición
expropiación
de
costas
en
forzosa,
es
su
contra
necesario
que
en
pleitos
de
analicemos
en
CC-2016-662
32
conjunto las disposiciones pertinentes de la Ley Núm. 104,
la Ley General de Expropiación Forzosa, supra, la Regla 58
de Procedimiento Civil de 2009, supra, la intención del
Comité sobre Procedimiento Civil al derogar la Regla 58.10
de Procedimiento Civil de 1958, supra, y la Regla 44.1 de
Procedimiento Civil de 2009, supra.
Según expresáramos, a través de la Ley Núm. 104, el
Gobierno autorizó la imposición de costas en su contra
cuando resulta ser la parte perdidosa en las causas de
acción presentadas al amparo de esa ley.
debido
a
que
el
referido
estatuto
disposiciones
no
afectarán
procedimientos
de
expropiación
Ahora bien,
que
sus
forma
alguna
los
forzosa,
los
de
establece
cuales
continuarán rigiéndose por las leyes aplicables, debemos
dirigirnos a las disposiciones que regulan el
referido
procedimiento especial, entiéndase, la Ley de Expropiación
Forzosa, supra y la Regla 58 de Procedimiento Civil de
2009, supra.
Ciertamente,
ni
la
Ley
de
Expropiación
Forzosa,
supra, ni la Regla 58 de Procedimiento Civil de 2009,
supra, disponen expresamente sobre la imposición del pago
de costas en casos de expropiación forzosa.
nos
faculta
a
recurrir
al
conocido
Lo anterior,
principio
de
hermenéutica legal según el cual, “la letra de la ley debe
interpretarse
legislativa
de
que
manera
la
cónsona
inspiró”.
León
con
la
Torres
Lebrón, 2020 TSPR 21, 204 DPR ___ (2020).
intención
v.
Rivera
CC-2016-662
Al
33
respecto,
vemos
que,
con
la
aprobación
de
las
Reglas de Procedimiento Civil de 1979, quedó derogada la
Regla 58.10 de Procedimiento Civil de 1958, supra, la cual
prohibía expresamente la aplicación de la entonces Regla
44.4 de Procedimiento Civil de 1958, supra, actual Regla
44.1 de Procedimiento Civil de 2009, supra, a los casos de
expropiación
forzosa.
El
análisis
del
Comité
sobre
Procedimiento Civil que dio lugar a la derogación de la
Regla
58.10
de
Procedimiento
Civil
de
1958,
supra,
revelado en el comentario a la Regla 58.9 de Procedimiento
Civil de 1979, supra, denota, sin lugar a duda, que la
derogación
fue
realizada
imposición
de
costas
con
en
el
fin
contra
de
del
procedimientos de expropiación forzosa.
permitir
la
Gobierno
en
De acuerdo con el
referido comentario, el Comité sobre Procedimiento Civil
razonó que, habiendo el Gobierno renunciado a su inmunidad
soberana frente al pago de costas en pleitos presentados
al
amparo
de
la
Ley
Núm.
104,
no
se
justificaba
que
permaneciera una prohibición a la imposición de costas en
contra
del
Gobierno
en
procedimientos
de
expropiación
forzosa.
El estado de derecho sugerido por el Comité sobre
Procedimiento
Civil
y
Procedimiento
Civil
de
aprobarse
Reglas
las
adoptado
1979,
de
en
las
permaneció
Procedimiento
Reglas
de
inalterado
al
Civil
de
2009.
Vemos entonces que, actualmente, no existe un precepto de
ley
que
impida
la
imposición
de
costas
en
contra
del
CC-2016-662
Gobierno
34
en
casos
de
expropiación
forzosa.
contrario, la prohibición anterior fue omitida
consideró
través
innecesaria
de
la
una
Ley
vez
Núm.
el
Gobierno
104,
la
Por
el
pues se
autorizó,
presentación
a
de
reclamaciones e imposición de costas en su contra, en los
casos presentados al amparo de esa ley.
De
manera
que,
de
las
razonable
amparados
en
una
disposiciones
interpretación
estatutarias
y
reglamentarias mencionadas a la luz de los comentarios del
Comité
sobre
Procedimiento
Civil
que
dio
lugar
a
la
derogación de la Regla 58.10 de Procedimiento Civil de
1958, supra, concluimos que procede la concesión de costas
en los casos de expropiación forzosa y que el Gobierno
autorizó
la
imposición
de
éstas
en
su
contra
cuando
resulte ser la parte perdidosa en este tipo de casos.
(ii) Parte prevaleciente en casos de expropiación forzosa
De otro lado, según explicáramos, a fin de determinar
quién tiene derecho al pago de costas en un pleito, es
necesario
establecer
cuál
prevaleciente en el mismo.
parte
victoriosa
o
Un examen de la Regla 44.1 de
Procedimiento
Civil
de
2009,
afirmación
que
ésta
no
de
resultó
supra,
provee
hace
una
innegable
la
definición
del
término parte prevaleciente aplicable a toda situación de
hechos.
JTP Development Corp. v. Majestic Realty Corp.,
supra, pág. 464.
Es por esta razón que, para establecer
quién es la parte prevaleciente en un caso de expropiación
CC-2016-662
35
forzosa, es necesario que realicemos un análisis de lo
dispuesto
en
las
Secciones
5(a)
y
5(b)
de
la
Ley
de
Expropiación Forzosa, supra, y las Reglas 44.1 y 58.9 de
Procedimiento Civil de 2009, supra.
Un examen conjunto de las Secciones 5(a) y 5(b) de la
Ley de Expropiación Forzosa, supra, permite colegir que el
tribunal
dictará
sentencia
aquellos
casos
los
en
en
contra
la
compensación
que
del
Gobierno
en
finalmente
concedida sea mayor a la cantidad fijada y depositada por
aquel en el tribunal, en cuyo caso, el Gobierno deberá
pagar
sobre
dispuesto
en
esa
cantidad
adicional,
las
antedichas
intereses,
Secciones.
A
su
según
vez,
y
cónsono con lo establecido en las referidas Secciones de
la Ley de Expropiación Forzosa, supra, la Regla 58.9 de
Procedimiento
Civil
de
2009,
supra,
señala
cuál
es
la
parte a favor de la cual se deberá dictar sentencia, lo
que dependerá de si la suma finalmente adjudicada por el
tribunal como justa compensación es mayor o menor a la
originalmente estimada y consignada por el Gobierno.
De esta forma, considerando que la Regla 44.1(a) de
Procedimiento
Civil
de
2009,
supra,
establece
que
las
costas serán concedidas a la parte a favor de la cual se
resuelva
el
pleito,
prevaleciente
en
casos
determinamos
de
que
expropiación
la
parte
forzosa
será
aquella a favor de la cual se dicte sentencia, según lo
establecemos
a
continuación:
el
propietario
del
bien
expropiado será la parte prevaleciente cuando reciba una
CC-2016-662
36
suma mayor a la inicialmente consignada o prevalezca en el
cuestionamiento de la autoridad para expropiar; mientras
que
se
reconocerá
como
parte
prevaleciente
a
la
parte
expropiante cuando la cantidad finalmente adjudicada en el
caso sea igual o menor a la originalmente consignada.
Ahora
bien,
una
vez
definido
el
término
de
parte
prevaleciente para propósitos de concesión de costas en
los casos de expropiación forzosa, nos resta resolver si
la parte con interés fue la parte prevaleciente en el caso
de epígrafe y si, por consiguiente, procedía la actuación
del Tribunal de Primera Instancia de imponerle costas al
Gobierno, confirmada por el Tribunal de Apelaciones.
Según surge del expediente, el Tribunal de Primera
Instancia
otorgó
credibilidad
y
acogió
las
teorías
propuestas por los peritos de la parte con interés.
A
base
la
de
éstas,
concedió
una
compensación
mayor
a
originalmente estimada y consignada por el Gobierno por
concepto de justa compensación.
Así, la prueba pericial
presentada por la parte con interés resultó determinante
para que ésta pudiera recibir la totalidad de las cuantías
reclamadas,
dictándose
Consecuentemente,
la
parte
sentencia
con
a
interés
su
fue
favor.
la
parte
prevaleciente en el presente caso.
El resultado alcanzado se fundamenta, esencialmente,
en las distintas razones de política pública que subyacen
tanto en el pago de intereses en los procedimientos de
expropiación forzosa como en la concesión de costas en
CC-2016-662
37
general.
Y
es
que
ambas
finalidades distintas.
Como
remuneraciones
mencionáramos,
cumplen
el pago de
intereses -reconocido en nuestro ordenamiento como parte
integral de la justa compensación- tiene el propósito de
resarcir
los
expropiado
totalidad
daños
por
de
la
la
ocasionados
demora
justa
del
al
dueño
Gobierno
compensación.
En
en
del
bien
pagar
la
contraste,
la
concesión de costas tiene la finalidad de reembolsar a la
parte prevaleciente los gastos razonables en los que se
vio obligada a incurrir sin su culpa para que su teoría
prevaleciera.
Por tanto, en el presente caso, reiteramos nuestros
pronunciamientos a los efectos de que las costas no forman
parte de la justa compensación.
pág. 514.
Pueblo v. García, supra,
No obstante, reconocemos que cuando el dueño
del bien expropiado, como en este caso, impugna la cuantía
originalmente
consignada
por
el
Gobierno,
procura,
precisamente, ser compensado justamente, entiéndase, ser
colocado en una posición pecuniaria similar a la que se
encontraría
de
no
haberse
realizado
la
expropiación.
Cónsono con ello, en estos casos, al reembolsar los gastos
en los que el dueño del bien tuvo que incurrir en la
búsqueda de una justa compensación, la concesión de costas
adelanta
el
referido
mandato
constitucional.
Consecuentemente, no debe existir duda acerca de que el
pago
de
intereses
concesión de costas.
no
sustituye
en
forma
alguna
la
CC-2016-662
38
De conformidad con lo antes expuesto, resolvemos que
la parte con interés fue la parte prevaleciente en el
presente
caso
y,
por
tanto,
le
asistía
el
derecho
a
recobrar las costas razonables incurridas en el pleito.
Por ende, el Tribunal de Apelaciones actuó correctamente
al confirmar el dictamen del Tribunal de Primera Instancia
que declaró con lugar el Memorando de costas presentado
por la parte con interés.
IV
Por los fundamentos que anteceden,
Sentencia
del
Tribunal
de
Apelaciones
se confirma la
de
29
de
abril
de 2016.
Se dictará Sentencia de conformidad.
ROBERTO FELIBERTI CINTRÓN
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Estado Libre Asociado
de Puerto Rico
Peticionario
v.
CC-2016-662
Certiorari
El Ojo de Agua Development,
Inc.; John Doe y Richard Doe
Recurridos
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 9 de octubre de 2020.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte íntegra de
la presente Sentencia, se confirma la Sentencia del
Tribunal de Apelaciones de 29 de abril de 2016.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario
del Tribunal Supremo.
La Juez Asociada señora
Rodríguez Rodríguez concurre sin opinión escrita.
José Ignacio Campos Pérez
Secretario del Tribunal Supremo