LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Estado Libre Asociado de Puerto Rico v. El Ojo de Agua Development, Inc., et al s .

2020 TSPR 122

Poder Judicial de Puerto Rico

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Estado Libre Asociado de Puerto Rico v. El Ojo de Agua Development, Inc., et al s .

CC-2016-662

Derecho Constitucional y Procedimiento Civil- La imposición de costas en procedimientos de expropiación forzosa; Ley de reclamaciones y pleitos contra el Estado- Doctrina de inmunidad soberana. El Estado renunció a su inmunidad soberana frente al pago de costas en procedimientos de expropiación forzosa. Será parte prevaleciente para efectos de concesión de costas en procedimientos de expropiación forzosa, el propietario del bien expropiado cuando reciba una suma mayor a la inicialmente consignada o prevalezca en el cuestionamiento de la autoridad para expropiar. Mientras que, se reconocerá como parte prevaleciente a la parte expropiante cuando la cantidad finalmente adjudicada en el caso sea igual o menor a la originalmente consignada.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Certiorari

Peticionario

v.

2020 TSPR 122

El Ojo de Agua Development, Inc.;

John Doe y Richard Doe

205 DPR _____

Recurridos

Número del Caso:

Fecha:

CC-2016-662

9 de octubre de 2020

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan

Oficina del Procurador General:

Lcda. Margarita Mercado Echegaray

Procuradora General

Lcdo. Luis Román Negrón

Procurador General

Lcda. Lorena Cortés Rivera

Procuradora General Interina

Lcdo. Guillermo Mangual Amador

Procurador General Auxiliar

Abogados de la parte recurrida:

Lcda. Cynthia Torres Torres

Lcdo. Yusef Mafuz Blanco

Materia: Derecho Constitucional y Procedimiento Civil- La imposición

de costas en procedimientos de expropiación forzosa; Ley de

reclamaciones y pleitos contra el Estado- Doctrina de inmunidad

soberana. El Estado renunció a su inmunidad soberana frente al pago

de costas en procedimientos de expropiación forzosa.

Será parte

prevaleciente para efectos de concesión de costas en procedimientos

de expropiación forzosa, el propietario del bien expropiado cuando

reciba una suma mayor a la inicialmente consignada o prevalezca en el

cuestionamiento de la autoridad para expropiar.

Mientras que, se

reconocerá como parte prevaleciente a la parte expropiante cuando la

cantidad finalmente adjudicada en el caso sea igual o menor a la

originalmente consignada.

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Estado Libre Asociado

de Puerto Rico

Peticionario

v.

CC-2016-662

Certiorari

El

Ojo

de

Agua

Development,

Inc.;

John Doe y Richard Doe

Recurridos

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR

FELIBERTI CINTRÓN.

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de octubre de 2020.

El

presente

determinar

si

peticionario)

recurso

el

nos

Gobierno

autorizó

la

de

provee

la

Puerto

Rico

imposición

de

contra en casos de expropiación forzosa.

oportunidad

(Gobierno

costas

en

de

o

su

De contestar en

la afirmativa, nos corresponde dilucidar cuál es la parte

prevaleciente para efectos de la concesión de costas en

este tipo de casos.

Valiéndonos de un ejercicio de hermenéutica legal,

adelantamos

que los estatutos

y el

trámite legislativo

pertinente, permiten concluir que el Gobierno renunció a

su inmunidad soberana frente al pago de costas en pleitos

de expropiación forzosa y, consecuentemente, autorizó la

imposición de éstas en su contra.

Además, a base de una

interpretación razonable de las disposiciones aplicables,

resolvemos que la parte prevaleciente para fines de la

CC-2016-662

2

concesión de costas en casos de expropiación forzosa será

aquella a favor de la cual el tribunal finalmente dicte

sentencia,

según

los

parámetros

que

estableceremos

más

adelante.

Pasemos a delinear los hechos y el trámite procesal

que dieron lugar al caso ante nosotros.

I

El 10 de abril de 2008, el Gobierno presentó una

Petición de expropiación forzosa (Petición) a nombre y en

beneficio del Municipio de Juana Díaz, con el propósito de

adquirir el pleno dominio de una parcela de 6.55 cuerdas

de terreno, ubicada en el Barrio Cañas Arriba del mismo

Municipio

para

(parcela).1

llevar

a

cabo

Dicha

un

propiedad

proyecto

sería

utilizada

denominado

“Viviendas

Unifamiliares, Carr. Estatal 14, Km. 20.6, Barrio Cañas

Arriba de Juana Díaz, Puerto Rico”.2

Como partes

con

interés en este procedimiento, el Gobierno identificó a El

Ojo

de

Sr.

Humberto

1

Agua

Development,

E.

Escabí

Inc.,

y

a

su

presidente,

Trabal

(en

conjunto,

parte

el

con

La parcela fue descrita de la forma siguiente:

URBANA: Parcela de terreno radicada en la Carr.

Estatal 14, Km. 20.6, Barrio Cañas Arriba del término

municipal de Juana Díaz, con un área superficial de

25,762.6775 metros cuadrados equivalentes a [6.5547]

cuerdas, según mensura realizada por el Municipio de

Juana Díaz, en lindes: por el Norte, con la finca

principal; por el Sur, con Carretera Estatal Núm. 14,

Km. 20.6; por el Este, con Municipio de Juana Díaz; y

por el Oeste, con la finca principal.

Véase Petición de expropiación forzosa, Apéndice de Certiorari,

pág. 35.

2

Íd.

CC-2016-662

3

interés o recurrida).3

el

Gobierno

estimó

En cuanto a la justa compensación,

y

depositó

en

la

Secretaría

del

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, la suma

de $180,600.00.

A su vez, el Gobierno acompañó la demanda

con un legajo de expropiación el cual incluyó, entre otros

documentos, una declaración para la adquisición y entrega

inmediata de la propiedad.

Posteriormente,

el

foro

primario

emitió

una

Resolución en la que decretó que el título de pleno y

absoluto dominio sobre el inmueble había quedado investido

en el Gobierno.

Así el trámite, el 22 de mayo de 2008, la

parte con interés presentó una Moción solicitando retiro

de fondos bajo protesta.

Entre otros asuntos, cuestionó

la

por

cantidad

compensación

consignada

y

el

solicitó que se

Gobierno

como

le permitiera

justa

presentar

prueba sobre la cuantía que debía ser pagada como justo

valor del bien expropiado.

Trabada la controversia sobre

justa compensación y luego de varios trámites procesales,

el Tribunal de Primera Instancia celebró el juicio en su

fondo.

Después

de

aquilatar

la

prueba

documental

testifical presentada por las partes, el foro

y

primario

emitió una Sentencia en la que determinó que el Gobierno

debía

pagar

a

$295,000.00

por

concepto

expropiación

de

la

3

la

parte

con

de

parcela.

interés

la

cantidad

de

justa

compensación

por

la

A

vez,

que

la

su

razonó

Además de El Ojo de Agua Development, Inc., y de su presidente,

el Sr. Humberto E. Escabí Trabal (en conjunto, parte con interés o

recurrida), el Gobierno identificó dos arrendamientos como partes con

interés por su procedencia.

CC-2016-662

4

referida expropiación tuvo el efecto de dejar un remanente

de

31.18

cuerdas

de

terreno

enclavado

y

sin

valor

económico alguno, por lo que procedía una compensación

adicional

en

daños

a

favor

ascendente a $1,403,000.00.

de

la

parte

con

interés,

De esta forma, concluyó que

la parte con interés tenía derecho a recobrar del Gobierno

un total de $1,698,000.00, más los intereses legales sobre

la

suma

adicional

no

consignada,

contados

desde

la

presentación de la Petición hasta su total consignación en

el tribunal.

Dado que el Gobierno había depositado en el

tribunal la suma de $180,600.00 al presentar la Petición,

la

compensación

adicional

correspondiente

fue

de

$1,517,400.00 más los intereses legales sobre dicha suma.4

En desacuerdo,

el Gobierno presentó una

Moción de

reconsideración y determinaciones adicionales de hechos,

pero ésta fue denegada.

Inconforme, recurrió al Tribunal

de Apelaciones mediante un recurso de apelación (Caso Núm.

KLAN2015-00535), por medio del cual solicitó la revocación

de la Sentencia emitida por el foro primario.

De otro lado, en lo pertinente a la controversia de

autos,

4

la

parte

con

interés

presentó

oportunamente

un

Cabe señalar que, a pesar de que la Sentencia del Tribunal de

Primera Instancia establece que la cantidad por concepto de justa

compensación adicional asciende a $1,519,400.00, la realidad es que

dicha suma contiene un error matemático. Según surge de la Sentencia,

el foro primario determinó que la parte con interés tenía derecho a

recobrar la suma total de $1,698,000.00.

A esa cantidad, el foro

primario debió restarle la suma de $180,600.00, correspondiente a la

compensación originalmente consignada por el Gobierno, para un total

de $1,517,400.00, siendo ésta la cuantía correcta.

Claramente, el

Tribunal de Apelaciones, habiéndose percatado del referido error

matemático, hizo constar la cuantía correcta en su Sentencia. Véase

Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Apéndice de Certiorari, pág.

1679.

CC-2016-662

Memorando de

5

gastos y

costas

juramentado

(Memorando de

costas o Memorando) ante el Tribunal de Primera Instancia,

mediante

el

cual

solicitó

el

pago

de

$50,350.00

por

concepto de los gastos asumidos en el presente pleito.5

Manifestó que las partidas allí identificadas eran ciertas

y que fueron necesarias para la litigación del valor y los

daños que sufrió la propiedad a raíz de la expropiación.6

El 26 de febrero de 2015, el Tribunal de Primera

Instancia emitió una Orden por medio de la cual instruyó

al Gobierno a presentar su posición respecto al Memorando

de costas en el término de diez (10) días, de conformidad

con

la

infra.

Regla

44.1(b)

de

Procedimiento

Civil

de

2009,

A su vez, le apercibió que, de no presentar su

postura en ese término, entendería que se había allanado a

la solicitud de la parte con interés.

El 9 de marzo

de 2015, el Gobierno presentó una solicitud de prórroga

para oponerse al Memorando de costas.

Por su parte, el 10 de marzo de 2015, la parte con

interés solicitó la aprobación del Memorando de costas sin

oposición del Gobierno.

Expuso que el término de diez

(10) días dispuesto por la Regla 44.1 (b) de Procedimiento

Civil de 2009, infra, era uno improrrogable por lo que, no

habiendo el Gobierno presentado su escrito en oposición

5

Véase Memorando de gastos y costas, Apéndice de Certiorari, págs.

583-584.

6

Copia del referido escrito fue notificada al Gobierno el 23 de

febrero de 2015.

Véase Memorando de gastos y costas, Apéndice de

Certiorari, págs. 583-584.

CC-2016-662

dentro

6

de

ese

término,

procedía

la

aprobación

del

Memorando sin considerar su posición.

Así el trámite, el 27 de marzo de 2015, el Tribunal

de Primera Instancia emitió una Orden en la que concedió

al Gobierno una prórroga de diez (10) días para presentar

su

moción

en

oposición

al

Memorando

de

costas.

En

desacuerdo, el 31 de marzo de 2015, la parte con interés

presentó una Moción de reconsideración o en oposición a

prórroga concedida y de aprobación de memorando de costas.

Reiteró

que

el

foro

primario

carecía

de

facultad

para

prorrogar el término con el que contaba el Gobierno para

presentar su oposición al Memorando de costas.

Conforme a

ello, solicitó que se dejara sin efecto la concesión de la

prórroga y que se declarara con lugar el Memorando de

costas.

El

8

de

abril

de

2015,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia emitió una Orden7 en la que aprobó el Memorando

de costas sin considerar la posición del Gobierno.8

Ante

ello,

el

Gobierno

presentó

una

Moción

de

reconsideración a orden en la que esbozó que su moción en

oposición

al

Memorando

de

costas

fue

presentada

oportunamente, por ser de aplicación el término adicional

de

tres

(3)

días

dispuesto

por

la

Regla

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V.

7

8

68.3

de

Así, solicitó

Véase Orden, Apéndice de Certiorari, págs. 604-605.

Valga señalar que el Gobierno presentó su escrito en oposición al

Memorando de costas el 9 de abril de 2015.

Véase Oposición a

memorando de costas y gastos, Apéndice de Certiorari, págs. 599-603.

CC-2016-662

7

al foro primario que reconsiderara su Orden, y determinara

que las costas reclamadas eran improcedentes en derecho.

El 7 de mayo de 2015, el foro primario denegó la Moción de

reconsideración presentada por el Gobierno.9

Insatisfecho,

certiorari

ante

el

el

Gobierno

Tribunal

presentó

de

un

Apelaciones

recurso

de

en

que

el

planteó que el foro primario incidió al no considerar su

escrito en oposición al Memorando de costas y al conceder

las costas reclamadas en el presente caso, a pesar de que

éstas resultaban improcedentes en derecho por tratarse de

un

caso

esbozó

de

que

expropiación

forzosa.10

En

el

de

Instancia

Tribunal

Primera

la

alternativa,

erró

al

conceder las partidas incluidas en el Memorando a pesar de

que no se justificaban.11

Luego de varias incidencias procesales, el Tribunal

de Apelaciones emitió una Sentencia por medio de la cual

modificó y confirmó la Sentencia del Tribunal de Primera

Instancia.12

La

modificación

se

realizó

a

los

únicos

efectos de dictaminar que, una vez el Gobierno pague la

suma adjudicada como justa compensación por el remanente,

el título de dominio sobre dicho predio quedará investido

en el Gobierno para el beneficio del Municipio de Juana

Díaz.

El foro apelativo intermedio razonó que, de lo

9

Véase Apéndice de Certiorari, págs. 609-610.

10

Véase Certiorari civil, Apéndice de Certiorari, págs. 552-582.

11

Más adelante, los recursos de apelación y certiorari presentados

por el Gobierno fueron consolidados.

Véase Resolución, Apéndice de

Certiorari, págs. 756-758.

12

Véase Sentencia, Apéndice de Certiorari, págs. 1639-1684.

CC-2016-662

8

contrario, la

doble

parte con

compensación.

De

interés estaría recibiendo una

otro

lado,

una

mayoría

de

los

jueces del Panel del Tribunal de Apelaciones que atendió

el

caso

(Panel),

confirmó

la

Orden

del

foro

relacionada con la concesión de las costas.

primario

Además, la

mayoría de los jueces del referido Panel determinó que el

foro primario no erró al declarar con lugar el Memorando

de costas sin considerar la posición del Gobierno, pues el

escrito a esos efectos fue presentado pasado el término

jurisdiccional dispuesto para ello.

Añadió que, de todas

formas, el Gobierno no incluyó en su escrito en oposición

argumentos

que

pudieran

tener

el

efecto

de

alterar

la

determinación tomada por el Tribunal de Primera Instancia.

Indicó

que,

en

las

circunstancias

particulares

del

presente caso, en el cual la parte con interés recibió una

compensación mucho mayor a la consignada originalmente por

el Gobierno, resultaba sensato concluir que la parte con

interés fue la parte prevaleciente en el pleito y que, por

tanto, era la parte con derecho a recibir el pago de las

costas.

A esos efectos, razonó lo siguiente:

[…] [C]on su evidencia pericial, [la parte

con interés] pudo demostrar que el remanente

quedó

enclavado,

así

como

la

justa

compensación que se debía satisfacer para

ello y que tenía derecho a una suma mayor a

la que el [Gobierno] estimó por el predio a

expropiar que consignó en el tribunal.

Tomamos en cuenta que, como cuestión de

hecho,

se

dispuso

que

debía

recibir

$1,517,400 adicionales a los que estimó el

[Gobierno].

Por consiguiente, como parte

vencedora que consideramos y resolvemos que

es, la [p]arte con [i]nterés tiene derecho a

recobrar en calidad de costas todos aquellos

CC-2016-662

9

gastos

razonables

en

los

que

se

vio

precisada a incurrir para defenderse y

prevalecer en este pleito.

El [Tribunal de

Primera Instancia] actuó correctamente al

así disponerlo.13

Por otro lado, la mayoría de los jueces del referido

Panel se negó a dilucidar la procedencia de las partidas

recogidas en el Memorando de costas, por tratarse de un

planteamiento

realizado

por

primera

vez

a

nivel

apelativo.14

En

desacuerdo

con

el

dictamen

del

Tribunal

de

Apelaciones, el 20 de mayo de 2016 el Gobierno presentó

una Moción de reconsideración,15 pero ésta fue denegada.16

Oportunamente, el Gobierno instó ante este Tribunal

el recurso de epígrafe, en el que planteó lo siguiente:

A.

13

Erró el Tribunal de Apelaciones al

confirmar la determinación del Tribunal

de Primera Instancia de disponer del

monto de la justa compensación del

terreno expropiado y de los daños al

Véase Sentencia, Apéndice de Certiorari, págs. 1679-1680.

14

Por su parte, a través de un Voto conforme y disidente, la Juez

Emmalind García García expresó que estaba de acuerdo con la

determinación de la mayoría del Panel del Tribunal de Apelaciones

relacionada con la justa compensación, pero no así con la decisión de

confirmar la Orden del foro primario sobre el pago de costas. Entre

otros asuntos, señaló que las Reglas de Procedimiento Civil de 2009,

infra, no contienen una autorización expresa para la imposición de

costas en contra del Gobierno en casos de expropiación forzosa y que,

de así haberlo querido el legislador, hubiera enmendado el referido

cuerpo de reglas a esos efectos. Argumentó además que la Ley de 12 de

marzo de 1903, según enmendada, conocida como la Ley de Expropiación

Forzosa, 32 LPRA secs. 2901-2913, contempla la forma de compensar a la

parte con interés por los gastos en los que incurra durante el pleito.

Esto es, mediante el pago de intereses sobre la suma adicional

adjudicada desde la fecha de la adquisición de la propiedad hasta el

pago de la diferencia, a fin de mejorar la compensación concedida

originalmente. Razonó que esa es “la forma de compensar que consideró

el legislador”.

Véase Voto conforme y disidente de la Juez García

García, Apéndice de Certiorari, págs. 1681-1684.

15

Véase Moción de reconsideración, Apéndice de Certiorari, págs.

1685-1694.

16

Véase Resolución, Apéndice de Certiorari, págs. 1705-1710.

CC-2016-662

10

remanente,

sobre

las

bases

de

la

valoración del perito tasador de la parte

con interés.

B.

Erró el Tribunal de Apelaciones al

sostener la determinación del Tribunal de

Primera

Instancia

de

ordenar

la

consignación [del] pago de la sentencia

dentro del término de treinta (30) días.

C.

Erró el Tribunal de Apelaciones al

confirmar la determinación del Tribunal

de Primera Instancia que aprobó el

Memorando de [c]ostas de la [p]arte con

[i]nterés.

El 16 de diciembre de 2016, emitimos una Resolución

mediante

la

cual

expedimos

el

auto

de

certiorari

solicitado limitado al tercer señalamiento de error.17

Así

las cosas, contando con los alegatos de las partes y tras

varias

incidencias

posición

de

procesales,18

resolver.

Esto,

no

nos

sin

encontramos

antes

exponer

en

el

derecho aplicable a la controversia planteada.

II

A. Ley de reclamaciones y pleitos contra el Estado

17

Véase Resolución del 16 de diciembre de 2016. Oportunamente, el

Gobierno presentó una Moción de reconsideración, pero ésta fue

denegada.

Véase Resolución del 27 de enero de 2017.

Una segunda

moción de reconsideración fue igualmente denegada.

Véase Resolución

del 24 de febrero de 2017.

18

Por motivo de la aplicación al caso de autos de la Sección 301

del Título III del Puerto Rico Oversight, Management, and Economic

Stability Act (PROMESA), 48 USC 2161(a), ordenamos el archivo

administrativo de este recurso y la paralización de los procedimientos

en el caso hasta tanto una de las partes nos certificara que la

paralización automática había sido levantada, ya fuera por la

conclusión del procedimiento de quiebras o debido a una solicitud a

esos efectos, según permitido por la Sección 362(d) del Código Federal

de Quiebras, 11 USCA sec. 362 (d).

Después de varias incidencias

procesales y tras examinar una Moción informativa sobre acuerdo

alcanzado para modificar el alcance de la paralización automática

presentada por el Gobierno, el 27 de febrero de 2020 emitimos una

Resolución en la que ordenamos la continuación de los procedimientos

en el presente recurso, según las condiciones acordadas por las partes

en la estipulación aprobada por la Hon. Laura Taylor Swain en el caso

In re Commonwealth of Puerto Rico, Núm. 17-BK-3283-LTS, en el Tribunal

Federal de Quiebras. Véase Resolución del 27 de febrero de 2020.

CC-2016-662

La

11

doctrina

de

inmunidad

soberana,

incorporada

a

nuestro ordenamiento en el año 1913 por fíat judicial,

Porto

Rico

v.

Rosaly,

227

US

270

(1913),

establece,

esencialmente, que el Gobierno no puede ser demandado sin

su consentimiento.

Berríos Román v. E.L.A., 171 DPR 549,

555-556 (2007); Defendini Collazo et al. v. E.L.A., Cotto,

134 DPR 28, 40 y 47 (1993).

La

Ley

Núm.

104

del

29

de

junio

de

1955,

según

enmendada, conocida como Ley de reclamaciones y pleitos

contra el Estado (Ley Núm. 104), 32 LPRA sec. 3061 et

seq., forma parte de varios de los estatutos aprobados por

la

Asamblea

Legislativa

a

años,

que

en

contra

del

Gobierno.19

Berríos Román v. E.L.A., supra, pág. 556.

presentación

de

la

referida

demandas

demandas

los

la

concreto,

de

de

permitieron

En

presentación

través

legislación

sobre

daños

y

autoriza

la

perjuicios

en

contra del Gobierno bajo las condiciones y salvaguardas

procesales expresamente dispuestas en la misma.20

Román v. E.L.A., supra, pág. 556.

Berríos

A su vez, enumera las

19

La Ley Núm. 76 de 13 de abril de 1916, conocida como la Ley para

autorizar demandas contra el Pueblo de Puerto Rico, 32 LPRA ant. sec.

3061, fue la primera ley local que autorizó la presentación de

demandas en contra del Gobierno. Defendini Collazo et al. v. E.L.A.,

134 DPR 28, 47 (1993).

Inicialmente, ésta sólo permitía que se

presentaran demandas en contra del Gobierno sobre reivindicación de

bienes muebles e inmuebles o derechos sobre éstos, así como por daños

y perjuicios fundamentados en contratos pactados después del 1 de

julio de 1916. Sin embargo, fue enmendada en varias ocasiones, entre

éstas, por la Ley Núm. 11 de 18 de abril de 1928, 32 LPRA ant. secs.

3061-3064, cuya enmienda permitió las demandas en contra del Gobierno

por reclamaciones de daños y perjuicios en general. Íd., págs. 47-48.

La Ley Núm. 76 de 1916 fue derogada por la Ley Núm. 104 del 29 de

junio de 1955, según enmendada, conocida como Ley de reclamaciones y

pleitos contra el Estado, 32 LPRA sec. 3061 et seq. Íd., pág. 48.

20

Véase Art. 2 de la Ley Núm. 104, 32 LPRA sec. 3077.

CC-2016-662

12

situaciones en las que el Gobierno conserva su inmunidad.21

Conforme

a

ello,

hemos

“constituye

una

renuncia

soberana

que

inmunidad

expresado

que

esta

legislación

parcial condicionada

protege

al

Estado”.

de

la

Defendini

Collazo et al. v. ELA, supra, págs. 39-40.

De otra parte, es preciso señalar que el Art. 8 de la

Ley

Núm.

104,

32

LPRA

sec.

3083,

establece,

en

lo

pertinente, que “[l]a imposición de costas se regirá por

el procedimiento ordinario”.

Íd.

de

Gobierno

la

Ley

Núm.

104,

autorización

para

ser

delimitadas

y

señalado

por

el

demandado

De esta forma, a través

en

las

prestar

indemnización

esa

sino

ley,

que

no

sólo

proveyó

acciones

hasta

además

el

allí

máximo

permitió

la

imposición del pago de costas en su contra, cuando resulte

ser la parte perdidosa en demandas presentadas al amparo

de ese estatuto.

Así lo reconocimos en Sucn. Arroyo v. Municipio de

Cabo Rojo, 81 DPR 434 (1959).

Allí, luego de indicar que

previo al año 1955 en Puerto Rico no existía precepto

legal

alguno

que

permitiera

a

los

tribunales

imponer

costas en contra del Gobierno en las acciones autorizadas

por éste –dado que el Art. 5 de la Ley Núm. 76 de 1916, 32

LPRA ant. sec. 3065, categóricamente expresaba que “[l]os

honorarios de abogado, desembolsos y costas no serán nunca

impuestos contra El Pueblo de Puerto Rico”-, reconocimos

21

Véase Art. 6 de la Ley Núm. 104, 32 LPRA sec. 3081.

CC-2016-662

13

el cambio de la postura legislativa sobre este asunto.

Sucn. Arroyo v. Municipio de Cabo Rojo, supra, pág. 436.

En detalle, expresamos lo siguiente:

Ahora bien, ¿se alteró esta regla de

exclusión en virtud de la Ley [N]úm. 104 de

1955? En cuanto a las costas es indudable

que

sí.

Las

palabras

taxativas

del

legislador

cierran

toda

posibilidad

de

discusión en esta materia.

Primero: el

[A]rt. 11 de la referida ley derogó la

prohibición general que contenía la Ley

[N]úm. 76 de 1916, según enmendada. […].

Segundo:

el

[A]rt.

8

dispone

que

la

sentencia contra el Estado en las acciones

autorizadas ‘... no incluirá en ningún caso

el pago de intereses por período alguno

anterior a la sentencia ni concederá daños

punitivos’, pero a renglón seguido añade en

términos que no pueden ser más explícitos:

‘La imposición de costas se regirá por el

procedimiento ordinario’.

[…].

Por lo

tanto,

no

caben

reservas

ni

distingos

respecto a los gastos o desembolsos que

tienen el concepto de ‘costas’, según lo

dispuesto en el [A]rt. 327 del Código de

Enjuiciamiento Civil (32 LPRA [ant.] sec.

1461) y en la Regla 44 de Procedimiento

Civil de 1958 (32 LPRA Sup. Acum. 1958, Ap.

R. 44). Si el Estado es la parte perdidosa

en una acción autorizada por la Ley [N]úm.

104 de 1955, la imposición de costas es

obligatoria.

En este concepto el Estado

es responsable

como

cualquier

ciudadano

particular:

es

bien

sabido

que

las

disposiciones

legales

vigentes

sobre

‘costas’ no conceden discreción alguna a los

tribunales, por lo cual deben imponerlas

siempre a la parte contra quien se dicta

sentencia. (Énfasis nuestro).

Sucn. Arroyo

v. Municipio de Cabo Rojo, supra, págs. 436437.

Vemos, pues, que hace más de sesenta (60) años este

Tribunal claramente reconoció que a través de la Ley Núm.

104 el Gobierno prestó su consentimiento a la imposición

de

costas

en

su

contra

cuando

resulta

ser

la

parte

CC-2016-662

perdidosa

14

en

acciones

autorizadas

por

esa

ley.

Sucn.

Arroyo v. Municipio de Cabo Rojo, supra, pág. 436.

No obstante, por tratarse el caso de autos de un

pleito sobre expropiación forzosa, resulta indispensable

considerar que la propia Ley Núm. 104 establece que sus

disposiciones en nada “afectará[n] las acciones sobre […]

expropiaciones

y

todas

aquéllas

para

las

que

existe

legislación específica, las que seguirán rigiéndose por

las leyes aplicables”.

(Énfasis nuestro).

Art. 4 de la

Ley Núm. 104, 32 LPRA sec. 3079.

B. Expropiación forzosa

El derecho al disfrute de la propiedad, consagrado en

el Art. II, Sección 7 de la Constitución de Puerto Rico,

Art. II, Sec. 7, Const. PR, LPRA, Tomo 1, está supeditado

al

poder

inherente

del

Estado

para

establecer

restricciones sobre las propiedades privadas en favor del

bienestar común.

Municipio de Guaynabo v. Adquisición,

180 DPR 206, 216 (2010); Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz

Dev. Corp., 174 DPR 409, 424 (2008); A.C.T. v. 780614m2,

165 DPR 121, 130 (2005).

Véase, además, E.L.A. v. Rosso,

95 DPR 501, 536 (1967).

Como parte de ese poder inherente

se

encuentra

expropiaciones

la

facultad

forzosas,

del

Estado

entiéndase,

“el

para

realizar

poder

soberano

que reside en el Estado para adquirir el dominio de una

propiedad

sita

dentro

de

sus

límites

territoriales”.

Administración de Terrenos de Puerto Rico v. Corporación

Pesquera Henares, Inc., 201 DPR 14, 21 (2018); Municipio

CC-2016-662

15

de Guaynabo v. Adquisición, supra, pág. 216.

Cónsono con

lo anterior, hemos expresado que “toda propiedad se posee

sujeto

al

poder

públicos”.

del

Estado

de

expropiarla

para

fines

Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp.,

supra, pág. 425.

Ahora bien, la potestad del soberano para llevar a

cabo expropiaciones forzosas se encuentra limitada por la

Sección 9 de la Carta de Derechos de la Constitución de

Puerto Rico, la cual dicta, en lo pertinente, que: “[n]o

se

tomará

público

o

a

perjudicará

no

ser

la

propiedad

mediante

el

privada

pago

de

para

una

uso

justa

compensación y de acuerdo con la forma provista por ley”.

Art. II, Sec. 9, Const. PR, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág.

333.

Véase, también, Art. 282 del Código Civil, 31 LPRA

sec. 1113.22

Consiguientemente, a través de la justa compensación

se procura:

[…] [C]olocar al dueño de la propiedad en

una situación económica equivalente a la que

se

encontraba

con

anterioridad

a

la

expropiación de su propiedad. De ordinario,

“[l]a justa compensación a que tiene derecho

el dueño de un bien expropiado es aquella

cantidad que representa todo el valor de la

propiedad al tiempo de la incautación”.

E.L.A. v. Fonalledas Córdova, supra, pág.

579.

Además, hemos reconocido que el

propietario puede reclamar la compensación

por los daños que, por motivo de la

expropiación,

le

fueron

ocasionados

al

remanente de su propiedad.

I

́d. Amador

Roberts v. ELA, 191 DPR 268, 278-279 (2014).

22

Éste dispone que “[n]adie podrá ser privado de su propiedad sino

por autoridad competente, por causa justificada de utilidad pública o

beneficio social, y mediante el pago de una justa compensación que se

fijará en la forma provista por ley”. 31 LPRA sec. 1113.

CC-2016-662

16

Por otra parte, hemos sido consistentes al señalar

que

el

procedimiento

de

expropiación

forzosa

es

de

naturaleza civil y debe llevarse a cabo de conformidad con

la Ley de 12 de marzo de 1903, según enmendada, conocida

como la Ley de Expropiación Forzosa, 32 LPRA secs. 29012913 y la Regla 58 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA

Ap. V.

217;

Municipio de Guaynabo v. Adquisición, supra, pág.

A.C.T.

Inesta,

165

v.

780614m2,

supra,

pág.

130;

A.C.T.

v.

DPR

891,

(2005);

Adm.

De

Terrenos

v.

902

Nerashford Dev. Corp., 136 DPR 801, 807 (1994).

La Ley de Expropiación Forzosa, supra, dispone que el

procedimiento de expropiación iniciará con la presentación

de una petición o demanda a esos efectos ante el Tribunal

de Primera Instancia, Sala de San Juan, “siguiendo las

disposiciones de la Regla 58 de Procedimiento Civil [de

2009] […]”.

32

LPRA

Sección 4 de la Ley de Expropiación Forzosa,

sec.

2905.

El

estatuto

provee

para

que

el

demandante presente junto con la demanda una declaración

para la adquisición y entrega material de la propiedad a

ser expropiada, firmada por la persona autorizada en ley

para

realizar

la

expropiación,

en

la

cual

deberá

consignarse que se procura la adquisición de la propiedad

para uso del Estado o para alguna agencia o entidad, así

como el uso específico que se dará a la misma.

Sección

5(a) de la Ley de Expropiación Forzosa, 32 LPRA sec. 2907.

Una vez la declaración es presentada y la cantidad

estimada

como

justa

compensación

es

depositada

en

el

CC-2016-662

17

tribunal, el título de dominio de la propiedad quedará

investido en el Gobierno y con ello, “el derecho a justa

compensación por la misma quedará investido en la persona

o personas a quienes corresponda”.

Sección 5(a) de la Ley

de Expropiación Forzosa, supra.

De otro lado, la parte demandada podrá comparecer o

presentar su contestación a la demanda ante el tribunal.

Sin embargo, el no haber llevado a cabo tales acciones no

será impedimento para que presente prueba sobre la cuantía

de la compensación que deba pagarse por su propiedad en la

vista celebrada a tales efectos, ni evitará que participe

en la distribución de la suma adjudicada.

Regla 58.5 de

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V.

En

ese

oposición

contexto,

de

la

hemos

parte

expresado

demandada

en

que

cuando

la

un

pleito

de

expropiación forzosa se circunscribe a su inconformidad

con la compensación ofrecida por el Gobierno, el peso de

la prueba se invierte, siendo entonces el dueño del bien

el

llamado

mayor.

a

demostrar

su

derecho

a

obtener

una

suma

Municipio de Guaynabo v. Adquisición, supra, págs.

226-227; Martínez Rivera v. Tribunal Superior, 85 DPR 1,

11 (1962); Pueblo v. 632 Metros Cuadrados de Terreno, 74

DPR 961, 976 (1953); Pueblo v. García, 66 DPR 504 (1946).

Por esta razón, hemos indicado que en los casos en los que

la controversia se ciñe a determinar si la suma consignada

por el Gobierno como justa compensación debe ser superior,

CC-2016-662

18

el demandado pasa a asumir el rol de la parte demandante.

Municipio de Guaynabo v. Adquisición, supra, pág. 226.

Adjudicada

una

suma

mayor

al

dueño

del

bien

expropiado, corresponderá como parte integral de la justa

compensación a concederse, el pago de intereses.

E.L.A.

v. Rexco Industries, Inc., 137 DPR 683, 687 (1994).

Esto,

en tanto y en cuanto el mandato constitucional de justa

compensación requiere que se cumpla con colocar al dueño

del bien expropiado en una posición económica tan buena

como en la que se hubiera encontrado si la propiedad no

hubiera sido expropiada.

Íd.

En el precitado caso, explicamos que “[i]nicialmente,

[la Ley de Expropiación Forzosa] no proveía para el pago

de interés por esa diferencia.

La Ley Núm. 2 de 1ro de

abril de 1941 (32 [LPRA] secs. 2905 y 2907) lo incluyó por

la tardanza del [Gobierno] en compensar en su totalidad”.

(Énfasis nuestro).

de

Expropiación

Íd.

Allí, llenamos un vacío en la Ley

Forzosa,

la

cual

no

contemplaba

las

fluctuaciones del mercado y se limitaba a disponer el pago

de intereses a razón del seis (6) por ciento anual sobre

la cantidad finalmente concedida como justo valor de la

propiedad, contado desde la fecha de su adquisición hasta

la

fecha

referido

del

pago.

mandato

Por

dicha

constitucional,

razón,

en

función

resolvimos

que

del

“la

diferencia entre la cantidad que se determine finalmente

como

justa

compensación

en

una

expropiación

y

la

que

consignó inicialmente el Estado, hay que sumárseles los

CC-2016-662

19

intereses que surjan del […] Reglamento 78-1 de la Oficina

del Comisionado de Instituciones Financieras”.

Íd., págs.

689-691.

Nuestros

pronunciamientos

en

E.L.A.

v.

Rexco

Industries, Inc., supra, propiciaron la aprobación de la

Ley Núm. 187-1997, la cual enmendó las Secciones 5(a) y

5(b)

de

la

Ley

reconciliar

las

realidades

conformidad

con

los

dispone[n]

Civil”.

(1997

en

la

de

Expropiación

del

parámetros

Regla

44.3

de

Forzosa,

infra,

mercado

local

de

que

se

razonables

las

de

“para

Procedimiento

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 187-1997

(Parte

2)

Leyes

de

Puerto

Rico

1959).

Véase,

además, J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal

Civil, 1era ed., San Juan, Pubs. JTS, 2000, T. II, págs.

1086-1087.

De

esta

forma,

la

Sección

5(a)

de

La

Ley

Expropiación Forzosa, dispone que la justa compensación:

[D]eberá determinarse y adjudicarse en

dicho procedimiento, y decretarse por la

sentencia que recaiga en el mismo, debiendo

la sentencia incluir, como parte de la justa

compensación concedida, intereses al tipo

anual que fije por reglamento la Junta

Financiera de la Oficina del Comisionado de

Instituciones Financieras y que esté en

vigor al momento de dictarse la sentencia de

conformidad con la Regla 44.3, Ap. III de

este título, sobre la cantidad adicional

finalmente

concedida

como

valor

de

la

propiedad a contar desde la fecha de la

adquisición, y desde dicha fecha hasta la

fecha del pago; pero los intereses no

deberán concederse sobre aquella parte de

dicha cantidad que haya sido depositada y

pagada en el tribunal.

Sección 5(a) de la

de

CC-2016-662

20

Ley de Expropiación Forzosa, 32 LPRA sec.

2907 (ed. 2004).23

A

su

vez,

establece

que

en

caso

de

que

la

compensación finalmente concedida exceda la cantidad de

dinero originalmente recibida por la persona con derecho a

la

misma,

[Gobierno]

“el

de

deficiencia”.

tribunal

Puerto

Rico

dictará

sentencia

[…]

por

(Énfasis nuestro).

Íd.

la

contra

cantidad

de

el

la

Mientras que, la Sección 5(b) del referido estatuto

especial lee como sigue:

En cualquier sentencia dictada en un

procedimiento de expropiación forzosa para

la adquisición de propiedad privada o de

cualquier derecho sobre la misma para uso

público o aprovechamiento en beneficio de la

comunidad, entablado por el [Gobierno de

Puerto

Rico]

[…] en

que

la

cantidad

determinada por el tribunal como justa

compensación por la propiedad […] sea mayor

que la cantidad fijada por el demandante y

depositada

en

el

tribunal

como

justa

compensación por tal propiedad o derechos en

la misma, el [Gobierno] de Puerto Rico

pagará el importe de la diferencia entre la

suma

así

fijada

por

el

demandante

y

depositada por él en el tribunal y la

cantidad que a tal efecto haya determinado

el tribunal como justa compensación por

dicha propiedad o derechos en las mismas

objeto de tal procedimiento, con intereses a

razón del tipo de interés anual que fije por

reglamento la Junta Financiera de la Oficina

del Comisionado de Instituciones Financieras

y que esté en vigor al momento de dictarse

la sentencia, de conformidad con la Regla

44.3, Ap. III de este título, sobre tal

diferencia a contar desde la fecha de la

adquisición de tal propiedad o derechos y

desde esta fecha hasta la del pago de dicha

diferencia […]. (Énfasis nuestro). Sección

23

A pesar de que la Sección 5(a) de la Ley de Expropiación Forzosa,

32 LPRA sec. 2907, sufrió varias enmiendas, la versión vigente

conservó una redacción sustancialmente idéntica a la citada.

CC-2016-662

21

5(b) de la Ley de Expropiación Forzosa, 32

LPRA sec. 2908 (ed. 2004).24

C. Imposición de costas en procedimientos de expropiación

forzosa

Las Reglas de Procedimiento Civil para el Tribunal

General de Justicia de 1958 (Reglas de Procedimiento Civil

de 1958) hacían inaplicable la regla sobre imposición de

costas

a

los

procedimientos

de

expropiación

forzosa,

entonces Regla 44.4 de Procedimiento Civil de 1958, 32

LPRA Ap. II, actual Regla 44.1 de Procedimiento Civil de

2009, supra.

Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1089.

A esos efectos, la Regla 58.10 de Procedimiento Civil

de 1958, disponía que “[l]as costas no se regirán por la

Regla 44.4 [de Procedimiento Civil de 1958, supra]”.

32

LPRA Ap. II.

La referida regla era una adaptación de la

Regla

de

71A(l)

Procedimiento

Civil

Federal,

en

la

actualidad consignada en la Regla 71.1(l) de Procedimiento

Civil Federal, 28 USC.

las

Reglas

de

Comité Consultivo, Anteproyecto de

Enjuiciamiento

Civil

para

el

Tribunal

General de Justicia, 1954, pág. 155.25

Sin

embargo,

con

la

aprobación

de

las

Reglas

de

Procedimiento Civil para el Tribunal General de Justicia

de 1979 (Reglas de Procedimiento Civil de 1979), 32 LPRA

Ap. III, dicha prohibición quedó en el pasado.

Y es que

24

Adviértase que la Sección 5(b) de la Ley de Expropiación Forzosa,

32 LPRA sec. 2908, fue posteriormente enmendada por la Ley Núm.

167-2015.

No obstante, la versión vigente mantuvo un lenguaje

esencialmente igual al citado.

25

La Regla 58.10 de Procedimiento Civil de 1958, 32 LPRA Ap. II,

adoptó el lenguaje propuesto en la Regla 58.10 del Anteproyecto de

Reglas de Enjuiciamiento Civil para el Tribunal General de Justicia.

CC-2016-662

el

22

Comité

sobre

Procedimiento

Civil

de

la

Conferencia

Judicial de Puerto Rico (Comité sobre Procedimiento Civil)

optó

por

Reglas

no

de

constar

incorporar

la

Procedimiento

en

el

Informe

referida

Civil

de

sometido

disposición

1979.

Así

por

Comité

el

a

lo

las

hizo

sobre

Procedimiento Civil de la Conferencia Judicial de Puerto

Rico según revisado por el Secretariado de la Conferencia

Judicial al incluir la siguiente anotación como parte de

los comentarios a la Regla 58.9 propuesta: “[…] Habiendo

consentido el Estado a la imposición de costas, no debe

eximirse de ello en el caso de expropiaciones forzosas y

por ello se ha omitido la Regla 58.10 vigente”.

nuestro).

Informe

sometido

por

el

(Énfasis

Comité

sobre

Procedimiento Civil de la Conferencia Judicial de Puerto

Rico según revisado por el Secretariado de la Conferencia

Judicial,

en

15

de

septiembre

de

1977,

pág.

194,

http://ramajudicial.pr/sistema/supremo/conferencia/INFORME-

COMITE-SOBRE-PROCEDIMIENTO-CIVIL-1978/CAPITULO%20IX.pdf.

Un lenguaje similar fue incluido en los comentarios a

la Regla 58.9 de Procedimiento Civil de 1979, 32 LPRA Ap.

III, al establecer que: “[…] Se ha omitido la Regla 58.10

vigente debido a que el Estado ha consentido la imposición

de costas y, por lo tanto, no debe eximirse de ello en el

caso

de

expropiaciones

forzosas”.

(Énfasis

nuestro).

Reglas

de

Procedimiento

Civil

para

el

General

de

Justicia

Estado

Libre

Asociado

Puerto Rico de

del

Tribunal

de

1979, Tribunal Supremo de Puerto Rico,

CC-2016-662

23

febrero

de

1979,

pág.

216,

en

https://www.ramajudicial.pr/sistema/supremo/conferencia/ci

vil/Reglas-de-Procedimiento-Civil-1979.pdf.

Con relación a la derogación de la Regla 58.10 de

Procedimiento Civil de 1958, supra, el tratadista José A.

Cuevas Segarra expone, en lo pertinente, lo siguiente:

Nuestro

Comité

Consultivo

y

el

Secretariado de la Conferencia Judicial

actuaron correctamente al proponer una norma

que se aparta de la federal, aun cuando su

alcance no surge claramente.

La derogación de la Regla 58.10, sin

más, podría dar lugar a que se interprete

que ahora el Estado tiene derecho a recobrar

costas en toda acción de expropiación que

culmine a su favor, independientemente de si

la compensación judicialmente adjudicada es

mayor o menor a la estimada o depositada.

Pero,

obviamente,

ese

no

ha

sido

el

propósito de la derogación, a tenor con el

comentario

que

se

hizo

y

que

hemos

transcrito antes.

Para entender el alcance

de la derogación es necesario armonizarla

con

la

ley

sustantiva

de

expropiación

forzosa en cuanto al pago de intereses por

la diferencia entre la suma estimada o

depositada y la suma finalmente adjudicada.

32 [LPRA] 2908. De manera, que examinada la

intención

legislativa

que

surge

del

comentario y de [la Sección 5(b) de la Ley

de

Expropiación

Forzosa,

supra]

cabe

enunciar las siguientes reglas en cuanto a

las costas en estos procedimientos.

.

(2)

.

.

.

.

.

.

Si

el

demandado

impugna

solamente la valoración hecha o

la

suma

depositada

por

el

demandante y resulta vencido,

tiene que pagar las costas al

Estado.

Si

prevalece

las

recobra.

Si el demandado impugna ambas

cosas y prevalece en la primera

(autoridad

para

la

.

CC-2016-662

24

expropiación),

se

considera

vencedor y, por ende, recobrar

sus costas de parte del Estado.

Si prevalece sólo en la segunda,

comoquiera se considera parte

victoriosa

con

derecho

a

recobrar las costas incurridas

para

establecer

la

justa

compensación alegada. (Énfasis

nuestro).

Cuevas Segarra, op.

cit., págs. 1089-1090.

Posteriormente, este Tribunal adoptó las Reglas de

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, las cuales

fueron enmendadas y aprobadas por la Asamblea Legislativa

a través de la Ley Núm. 220-2009.

Reglas de Procedimiento

Civil de Puerto Rico, Tribunal Supremo de Puerto Rico,

septiembre

de

2009,

nota

al

calce

Núm.

1,

en

http://ramajudicial.pr/sistema/supremo/conferencia/Reglasde-Proc-Civil.pdf.

Como asunto relevante, la Regla 58.1

de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, dispone, en

síntesis, que:

Las

Reglas

de

Procedimiento

Civil

gobernarán

el

procedimiento

para

la

expropiación forzosa de propiedad mueble e

inmueble, excepto en cuanto conflija con las

disposiciones de esta regla o de una ley

especial. […].

(Énfasis nuestro). Íd.

De otro lado, y en consonancia con lo expuesto en las

Secciones 5(a) y 5(b) de la Ley de Expropiación Forzosa,

supra, la Regla 58.9 de Procedimiento Civil de 2009, 32

LPRA Ap. V, establece en parte que:

Si

la

compensación

adjudicada

finalmente

a

cualquier

parte

demandada

excede la suma que se le haya pagado a dicha

parte demandada al efectuar la distribución

del depósito, el tribunal dictará sentencia

contra la parte demandante y a favor de

aquella

parte

demandada

por

dicha

CC-2016-662

25

deficiencia.

Si la compensación finalmente

adjudicada a cualquier parte demandada fuese

menos que la suma que se le haya pagado, el

tribunal dictará sentencia contra la parte

demandada y a favor de la parte demandante

por el exceso. (Énfasis nuestro). Íd.

Con relación a los efectos del referido precepto, el

profesor Rafael Hernández Colón comenta que:

Si

la

compensación

adjudicada

finalmente a cualquier demandado excediera

la suma que se le hubiere pagado a dicho

demandado al efectuar la distribución del

depósito […] el tribunal dictará sentencia

contra el demandante expropiante y a favor

del

demandado

por

dicha

deficiencia

condenando al expropiante al pago de costas,

si la compensación finalmente adjudicada a

cualquier demandado fuere menos que la suma

que se le hubiere pagado, el tribunal

dictará sentencia contra él -incluyendo el

pago de costas- y a favor del demandante por

el exceso. (Énfasis nuestro).

R. Hernández

Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico:

Derecho procesal civil, 6ta ed., San Juan,

Ed. LexisNexis, 2017, Sec. 5914, pág. 622.

Por

su

parte,

las

costas

son

“los

gastos,

necesariamente incurridos en la tramitación de un pleito o

procedimiento, que un litigante debe reembolsar a otro por

mandato de ley o por determinación discrecional del juez”.

Hernández Colón, op. cit., Sec. 4201, pág. 426.

además,

Garriga

v.

Tribunal

Superior,

88

DPR

Véase,

245,

253

(1963).

En nuestro ordenamiento, la concesión de costas está

regulada por la Regla 44.1 (a) de Procedimiento Civil de

2009, supra.

Ésta dispone lo transcrito a continuación:

(a) Su concesión. - Las costas le serán

concedidas a la parte a cuyo favor se

resuelva el pleito o se dicte sentencia en

apelación o revisión, excepto en aquellos

casos en que se disponga lo contrario por

CC-2016-662

26

ley o por estas reglas. Las costas que podrá

conceder

el

tribunal

son

los

gastos

incurridos necesariamente en la tramitación

de un pleito o procedimiento que la ley

ordena o que el tribunal, en su discreción,

estima

que

una

parte

litigante

debe

reembolsar a otra. (Énfasis nuestro). Íd.

La Regla 44.1 (a) de Procedimiento Civil de 2009,

supra, cumple con una función

reparadora, pues procura

resarcir a la parte que resulte victoriosa en el pleito

mediante

el

reembolso

de

los

gastos

necesarios

y

razonables en los que tuvo que incurrir para que su teoría

prevaleciera.

Rosario Domínguez v. ELA, 198 DPR 197, 211

(2017); Maderas Tratadas v. Sun Alliance, supra, pág. 934;

J.T.P. Dev. Corp. v. Majestic Realty Corp., supra, pág.

460.

Por consiguiente, dicha disposición reglamentaria

evita

que

el

derecho

de

la

parte

prevaleciente

quede

“‘menguado por los gastos que tuvo que incurrir sin su

culpa y por culpa del adversario’”.

J.T.P. Dev. Corp. v.

Majestic Realty Corp., supra, pág. 460 (citando a Garriga,

Jr. v. Tribunal Superior, supra, pág. 253).

Debido

a

prevaleciente

que

se

reconoce

a

recobrar

el

las

derecho

costas

de

la

parte

razonables

y

necesarias en las que incurrió durante el litigio, una vez

reclama

su

pago,

la

imposición

perdidosa es mandatoria.

de

costas

a

la

parte

Rosario Domínguez v. ELA, supra,

pág. 212; Maderas Tratadas v. Sun Alliance, supra, pág.

934.

Véase,

Procedimiento

además,

civil

J.

A.

puertorriqueño,

Colombia, [s. Ed.], 2012, pág. 275.

Echevarría

Vargas,

1era

rev.,

ed.

Sin embargo, esto no

CC-2016-662

27

implica que el pago de las costas sea automático, pues es

necesario

que

la

procedimiento

parte

dispuesto

prevaleciente

en

la

cumpla

Regla

Procedimiento Civil de 2009, supra.

con

el

44.1(b)

de

Rosario Domínguez v.

ELA, supra, pág. 212.

A esos efectos, la Regla 44.1 (b) de Procedimiento

Civil de 2009, supra, provee a la parte prevaleciente un

término

de

diez

(10)

días,

contados

notificación

de

la

sentencia,

para

a

partir

que

de

la

presente

y

notifique a las demás partes un memorando de costas juramentado o certificado por su representante legal- con

todas las partidas de gastos y desembolsos incurridos que

a su entender son correctas y fueron necesarias para la

tramitación del pleito.

supra, pág. 217.

Íd.; Rosario Domínguez v. ELA,

Establece también que, cualquier parte

que no esté conforme con las costas reclamadas, dispondrá

de un término de diez (10) días, contados a partir de la

notificación del memorando de costas, para presentar su

escrito en oposición.

Regla 44.1 (b) de Procedimiento

Civil de 2009, supra.

Los términos dispuestos en esta

regla son de naturaleza jurisdiccional, por lo que el foro

primario carece de facultad para extenderlos.

Rosario

Domínguez v. ELA, supra, pág. 218.

La Regla 44.1 (b) de Procedimiento Civil de 2009,

supra,

dicta

además

que,

ante

la

presentación

de

una

oposición al memorando de costas, el tribunal considerará

los

argumentos

de

las

partes

y

resolverá.

Íd.

No

CC-2016-662

28

obstante, de no haber impugnación, “el tribunal aprobará

el memorándum de costas y podrá eliminar cualquier partida

que considere improcedente, luego de conceder a la parte

solicitante la oportunidad de justificarlas”.

Íd.

En ese

contexto, destacamos una vez más la gran discreción con la

que cuenta el Tribunal de Primera Instancia para evaluar

la razonabilidad y necesidad de los gastos presentados en

el Memorando de costas.

pág. 212.

Rosario Domínguez v. ELA, supra,

Finalmente, la resolución emitida por el foro

primario a esos efectos podrá ser revisada por el Tribunal

de Apelaciones a través del recurso de certiorari.

Íd.

Por consiguiente, ante la oportuna presentación de un

memorando de costas juramentado, el tribunal tendrá que

realizar dos (2) determinaciones, a saber: cuál fue la

parte

que

incurridos

prevaleció

en

por

fueron

ésta

el

pleito

y,

necesarios

cuáles

y

gastos

razonables.

J.T.P. Dev. Corp. v. Majestic Realty Corp., supra, pág.

461.

Ahora

debemos

bien,

perder

al

de

emplear

la

perspectiva

normativa

que

la

expuesta

no

obligación

de

reembolsar las costas incurridas en un pleito “aplicará a

menos

que

exista

responsabilidad

cit., pág. 276.

de

una

ley

pago

especial

[…]”.

que

releve

Echevarría

de

esa

Vargas,

op.

Véase, además, la Regla 44.1

(a)

de

Procedimiento Civil de 2009, supra.

Expuesto el derecho aplicable, procedemos a atender

las controversias planteadas.

CC-2016-662

29

III

A.

Previo a considerar los méritos de la controversia

ante

nosotros,

atenderemos

varios

planteamientos

realizados por las partes.

En primer término, la parte con interés sostiene que

carecemos de jurisdicción para atender las alegaciones del

Gobierno que forman parte del tercer señalamiento de error

que acordamos revisar, debido a que el Gobierno presentó

su

oposición

al

Memorando

de

costas

fuera

del

término

jurisdiccional de diez (10) días dispuesto por la Regla

44.1 (b) de Procedimiento Civil de 2009, supra.

Ciertamente,

Memorando

de

aplicable.

que

los

el

Gobierno

presentó

pasado

el

costas

la

término

oposición

al

jurisdiccional

Sin embargo, no debe perderse de perspectiva

términos

dispuestos

por

la

Regla

44.1

(b)

de

Procedimiento Civil de 2009, supra, sólo inciden en la

facultad del foro primario para considerar el Memorando de

costas

y

su

alguno

de

oposición.

los

jurisdiccional

Es

referidos

aplicable

decir,

escritos

no

afecta

la

presentación

fuera

la

del

de

término

jurisdicción

que

ostenta el Tribunal de Apelaciones ni este Tribunal para

atender

corrección

planteamientos

determinación

del

cuestionar

la

primario

concediendo o denegando la imposición de costas.

En otras

el

la

a

foro

palabras,

de

dirigidos

Gobierno

se

opuso

fuera

de

término

al

memorando de costas y por lo tanto no pudo cuestionar

CC-2016-662

30

oportunamente las cantidades solicitadas en concepto de

costas por la parte con interés.

No obstante, el Gobierno

sí podía, como en efecto hizo, cuestionar en apelación la

concesión

de

costas

como

parte

de

este

caso

de

expropiación forzosa.

Una interpretación contraria de la Regla 44.1 (b) de

Procedimiento Civil de 2009, supra, daría al traste con lo

dispuesto en la propia regla en cuanto a la revisión del

dictamen

sobre

costas,

pues

implicaría

que

los

foros

apelativos careceríamos de jurisdicción para evaluar la

corrección

de

la

relacionada

con

la

determinación

imposición

de

del

foro

costas,

así

primario

fuera

su

concesión o denegatoria, cuando los escritos concernientes

han sido presentados de manera tardía ante ese foro.

Por tanto, resolvemos que al igual que el Tribunal de

Apelaciones,

este

atender

controversia

la

Tribunal

ostenta

planteada

jurisdicción

en

el

para

tercer

señalamiento de error.

Por otro lado, el Gobierno sostiene que el Tribunal

de

Apelaciones

erró

al

determinar

no

atender

un

planteamiento presentado en la alternativa por primera vez

ante dicho foro, por medio del cual cuestionó la totalidad

de

las

Afirma

partidas

que

se

incluidas

trataba

de

en

el

Memorando

de

costas.

un

planteamiento

de

estricto

derecho revisable -a manera de excepción- por primera vez

ante el foro apelativo.

No le asiste la razón.

CC-2016-662

Como

debemos

31

regla

general

considerar

los

tribunales

planteamientos

presentados ante el foro primario.

Selecta,

185

DPR

40,

98

apelativos

que

no

han

no

sido

E.L.A. v. Northwestern

(2012).

Sin

embargo,

hemos

reconocido excepciones a esta norma general, entre éstas

cuando

el

asunto

esbozado

por

primera

vez

a

nivel

apelativo no suscita ninguna controversia de hecho y, por

el contrario, solo involucra una cuestión de derecho cuya

solución basta para dictar un fallo final en apelación.

E.L.A. v. Northwestern Selecta, supra, pág. 56; Piovanetti

v. Vilvadi, 80 DPR 108, 121-122 (1957).

Indudablemente, los planteamientos presentados por el

Gobierno dirigidos a cuestionar las partidas aprobadas no

cumplen con la excepción señalada.

Por su naturaleza, era

necesario

oportunamente

que

fueran

foro primario.

presentados

ante

el

Por tanto, concluimos que la mayoría del

Panel actuó correctamente al declinar atender este asunto.

B.

Superados

los

escollos

anteriores,

nos

corresponde

determinar si el Gobierno autorizó el pago de costas en su

contra

en

casos

de

expropiación

forzosa.

A

su

vez,

debemos dilucidar quién es la parte prevaleciente en este

tipo de casos.

(i)

Veamos.

Imposición de costas al Gobierno en casos de

expropiación forzosa

A fin de determinar si el Gobierno consintió a la

imposición

expropiación

de

costas

en

forzosa,

es

su

contra

necesario

que

en

pleitos

de

analicemos

en

CC-2016-662

32

conjunto las disposiciones pertinentes de la Ley Núm. 104,

la Ley General de Expropiación Forzosa, supra, la Regla 58

de Procedimiento Civil de 2009, supra, la intención del

Comité sobre Procedimiento Civil al derogar la Regla 58.10

de Procedimiento Civil de 1958, supra, y la Regla 44.1 de

Procedimiento Civil de 2009, supra.

Según expresáramos, a través de la Ley Núm. 104, el

Gobierno autorizó la imposición de costas en su contra

cuando resulta ser la parte perdidosa en las causas de

acción presentadas al amparo de esa ley.

debido

a

que

el

referido

estatuto

disposiciones

no

afectarán

procedimientos

de

expropiación

Ahora bien,

que

sus

forma

alguna

los

forzosa,

los

de

establece

cuales

continuarán rigiéndose por las leyes aplicables, debemos

dirigirnos a las disposiciones que regulan el

referido

procedimiento especial, entiéndase, la Ley de Expropiación

Forzosa, supra y la Regla 58 de Procedimiento Civil de

2009, supra.

Ciertamente,

ni

la

Ley

de

Expropiación

Forzosa,

supra, ni la Regla 58 de Procedimiento Civil de 2009,

supra, disponen expresamente sobre la imposición del pago

de costas en casos de expropiación forzosa.

nos

faculta

a

recurrir

al

conocido

Lo anterior,

principio

de

hermenéutica legal según el cual, “la letra de la ley debe

interpretarse

legislativa

de

que

manera

la

cónsona

inspiró”.

León

con

la

Torres

Lebrón, 2020 TSPR 21, 204 DPR ___ (2020).

intención

v.

Rivera

CC-2016-662

Al

33

respecto,

vemos

que,

con

la

aprobación

de

las

Reglas de Procedimiento Civil de 1979, quedó derogada la

Regla 58.10 de Procedimiento Civil de 1958, supra, la cual

prohibía expresamente la aplicación de la entonces Regla

44.4 de Procedimiento Civil de 1958, supra, actual Regla

44.1 de Procedimiento Civil de 2009, supra, a los casos de

expropiación

forzosa.

El

análisis

del

Comité

sobre

Procedimiento Civil que dio lugar a la derogación de la

Regla

58.10

de

Procedimiento

Civil

de

1958,

supra,

revelado en el comentario a la Regla 58.9 de Procedimiento

Civil de 1979, supra, denota, sin lugar a duda, que la

derogación

fue

realizada

imposición

de

costas

con

en

el

fin

contra

de

del

procedimientos de expropiación forzosa.

permitir

la

Gobierno

en

De acuerdo con el

referido comentario, el Comité sobre Procedimiento Civil

razonó que, habiendo el Gobierno renunciado a su inmunidad

soberana frente al pago de costas en pleitos presentados

al

amparo

de

la

Ley

Núm.

104,

no

se

justificaba

que

permaneciera una prohibición a la imposición de costas en

contra

del

Gobierno

en

procedimientos

de

expropiación

forzosa.

El estado de derecho sugerido por el Comité sobre

Procedimiento

Civil

y

Procedimiento

Civil

de

aprobarse

Reglas

las

adoptado

1979,

de

en

las

permaneció

Procedimiento

Reglas

de

inalterado

al

Civil

de

2009.

Vemos entonces que, actualmente, no existe un precepto de

ley

que

impida

la

imposición

de

costas

en

contra

del

CC-2016-662

Gobierno

34

en

casos

de

expropiación

forzosa.

contrario, la prohibición anterior fue omitida

consideró

través

innecesaria

de

la

una

Ley

vez

Núm.

el

Gobierno

104,

la

Por

el

pues se

autorizó,

presentación

a

de

reclamaciones e imposición de costas en su contra, en los

casos presentados al amparo de esa ley.

De

manera

que,

de

las

razonable

amparados

en

una

disposiciones

interpretación

estatutarias

y

reglamentarias mencionadas a la luz de los comentarios del

Comité

sobre

Procedimiento

Civil

que

dio

lugar

a

la

derogación de la Regla 58.10 de Procedimiento Civil de

1958, supra, concluimos que procede la concesión de costas

en los casos de expropiación forzosa y que el Gobierno

autorizó

la

imposición

de

éstas

en

su

contra

cuando

resulte ser la parte perdidosa en este tipo de casos.

(ii) Parte prevaleciente en casos de expropiación forzosa

De otro lado, según explicáramos, a fin de determinar

quién tiene derecho al pago de costas en un pleito, es

necesario

establecer

cuál

prevaleciente en el mismo.

parte

victoriosa

o

Un examen de la Regla 44.1 de

Procedimiento

Civil

de

2009,

afirmación

que

ésta

no

de

resultó

supra,

provee

hace

una

innegable

la

definición

del

término parte prevaleciente aplicable a toda situación de

hechos.

JTP Development Corp. v. Majestic Realty Corp.,

supra, pág. 464.

Es por esta razón que, para establecer

quién es la parte prevaleciente en un caso de expropiación

CC-2016-662

35

forzosa, es necesario que realicemos un análisis de lo

dispuesto

en

las

Secciones

5(a)

y

5(b)

de

la

Ley

de

Expropiación Forzosa, supra, y las Reglas 44.1 y 58.9 de

Procedimiento Civil de 2009, supra.

Un examen conjunto de las Secciones 5(a) y 5(b) de la

Ley de Expropiación Forzosa, supra, permite colegir que el

tribunal

dictará

sentencia

aquellos

casos

los

en

en

contra

la

compensación

que

del

Gobierno

en

finalmente

concedida sea mayor a la cantidad fijada y depositada por

aquel en el tribunal, en cuyo caso, el Gobierno deberá

pagar

sobre

dispuesto

en

esa

cantidad

adicional,

las

antedichas

intereses,

Secciones.

A

su

según

vez,

y

cónsono con lo establecido en las referidas Secciones de

la Ley de Expropiación Forzosa, supra, la Regla 58.9 de

Procedimiento

Civil

de

2009,

supra,

señala

cuál

es

la

parte a favor de la cual se deberá dictar sentencia, lo

que dependerá de si la suma finalmente adjudicada por el

tribunal como justa compensación es mayor o menor a la

originalmente estimada y consignada por el Gobierno.

De esta forma, considerando que la Regla 44.1(a) de

Procedimiento

Civil

de

2009,

supra,

establece

que

las

costas serán concedidas a la parte a favor de la cual se

resuelva

el

pleito,

prevaleciente

en

casos

determinamos

de

que

expropiación

la

parte

forzosa

será

aquella a favor de la cual se dicte sentencia, según lo

establecemos

a

continuación:

el

propietario

del

bien

expropiado será la parte prevaleciente cuando reciba una

CC-2016-662

36

suma mayor a la inicialmente consignada o prevalezca en el

cuestionamiento de la autoridad para expropiar; mientras

que

se

reconocerá

como

parte

prevaleciente

a

la

parte

expropiante cuando la cantidad finalmente adjudicada en el

caso sea igual o menor a la originalmente consignada.

Ahora

bien,

una

vez

definido

el

término

de

parte

prevaleciente para propósitos de concesión de costas en

los casos de expropiación forzosa, nos resta resolver si

la parte con interés fue la parte prevaleciente en el caso

de epígrafe y si, por consiguiente, procedía la actuación

del Tribunal de Primera Instancia de imponerle costas al

Gobierno, confirmada por el Tribunal de Apelaciones.

Según surge del expediente, el Tribunal de Primera

Instancia

otorgó

credibilidad

y

acogió

las

teorías

propuestas por los peritos de la parte con interés.

A

base

la

de

éstas,

concedió

una

compensación

mayor

a

originalmente estimada y consignada por el Gobierno por

concepto de justa compensación.

Así, la prueba pericial

presentada por la parte con interés resultó determinante

para que ésta pudiera recibir la totalidad de las cuantías

reclamadas,

dictándose

Consecuentemente,

la

parte

sentencia

con

a

interés

su

fue

favor.

la

parte

prevaleciente en el presente caso.

El resultado alcanzado se fundamenta, esencialmente,

en las distintas razones de política pública que subyacen

tanto en el pago de intereses en los procedimientos de

expropiación forzosa como en la concesión de costas en

CC-2016-662

37

general.

Y

es

que

ambas

finalidades distintas.

Como

remuneraciones

mencionáramos,

cumplen

el pago de

intereses -reconocido en nuestro ordenamiento como parte

integral de la justa compensación- tiene el propósito de

resarcir

los

expropiado

totalidad

daños

por

de

la

la

ocasionados

demora

justa

del

al

dueño

Gobierno

compensación.

En

en

del

bien

pagar

la

contraste,

la

concesión de costas tiene la finalidad de reembolsar a la

parte prevaleciente los gastos razonables en los que se

vio obligada a incurrir sin su culpa para que su teoría

prevaleciera.

Por tanto, en el presente caso, reiteramos nuestros

pronunciamientos a los efectos de que las costas no forman

parte de la justa compensación.

pág. 514.

Pueblo v. García, supra,

No obstante, reconocemos que cuando el dueño

del bien expropiado, como en este caso, impugna la cuantía

originalmente

consignada

por

el

Gobierno,

procura,

precisamente, ser compensado justamente, entiéndase, ser

colocado en una posición pecuniaria similar a la que se

encontraría

de

no

haberse

realizado

la

expropiación.

Cónsono con ello, en estos casos, al reembolsar los gastos

en los que el dueño del bien tuvo que incurrir en la

búsqueda de una justa compensación, la concesión de costas

adelanta

el

referido

mandato

constitucional.

Consecuentemente, no debe existir duda acerca de que el

pago

de

intereses

concesión de costas.

no

sustituye

en

forma

alguna

la

CC-2016-662

38

De conformidad con lo antes expuesto, resolvemos que

la parte con interés fue la parte prevaleciente en el

presente

caso

y,

por

tanto,

le

asistía

el

derecho

a

recobrar las costas razonables incurridas en el pleito.

Por ende, el Tribunal de Apelaciones actuó correctamente

al confirmar el dictamen del Tribunal de Primera Instancia

que declaró con lugar el Memorando de costas presentado

por la parte con interés.

IV

Por los fundamentos que anteceden,

Sentencia

del

Tribunal

de

Apelaciones

se confirma la

de

29

de

abril

de 2016.

Se dictará Sentencia de conformidad.

ROBERTO FELIBERTI CINTRÓN

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Estado Libre Asociado

de Puerto Rico

Peticionario

v.

CC-2016-662

Certiorari

El Ojo de Agua Development,

Inc.; John Doe y Richard Doe

Recurridos

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de octubre de 2020.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de

la presente Sentencia, se confirma la Sentencia del

Tribunal de Apelaciones de 29 de abril de 2016.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario

del Tribunal Supremo.

La Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez concurre sin opinión escrita.

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo