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Tribunal Supremo de Puerto Rico

El Pueblo v. Henríquez Rivera y otro

2020 TSPR 114

Poder Judicial de Puerto Rico

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El Pueblo v. Henríquez Rivera y otro

CC-2019-645

Sentencia con Opinión de Conformidad y Opinión de Conformidad en parte y Disidente en parte

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

Héctor Henríquez Rivera

Certiorari

Recurrido

2020 TSPR 114

El Pueblo de Puerto Rico

205 DPR _____

Peticionario

v.

Yicauri Urbáez Mateo

Recurrido

Número del Caso:

Fecha:

CC-2019-645

28 de septiembre de 2020

Tribunal de Apelaciones:

Panel X

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Isaías Sánchez Báez

Procurador General

Lcda. Mónica Durán Ortiz

Procuradora General Auxiliar

Abogados de los recurridos:

Lcda. Maríana Miranda Juarbe

Sociedad Para Asistencial Legal

Lcdo. Héctor Henríquez Rivera

Materia:

Sentencia con Opinión de Conformidad

Conformidad en parte y Disidente en parte.

y

Opinión

de

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

Héctor Henríquez Rivera

Recurrido

CC-2019-0645

Certiorari

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

Yicauri Urbáez Mateo

Recurrido

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico a 28 de septiembre de 2020.

En el presente caso nos corresponde determinar si el

Tribunal de Apelaciones erró al concluir que procedía revocar

ciertas

Sentencias

condenatorias

de

los

aquí

recurridos.

Ello, por entender que no se probó la culpabilidad de éstos

más

allá

de

duda

razonable,

estimar

que

se

presentó

testimonio estereotipado que no merecía crédito y concluir

que

había

errado

el

foro

primario

al

admitir

cierta

evidencia.

Tras un análisis de la prueba desfilada y los hechos

ante nuestra consideración, así como del derecho aplicable,

CC-2019-0645

2

somos del criterio que el foro apelativo intermedio –- en

parte --erró en su determinación, por lo que procedemos a

modificar el dictamen recurrido. Veamos.

I.

A

consecuencia

de

los

hechos

que

se

esbozan

a

continuación, se acusó al señor Héctor Henríquez Rivera (en

adelante,

“señor

Henríquez

Rivera”)

por

infracción

a

los

Arts. 5.04 (Portación y uso de armas de fuego sin licencia)

y

6.01

(Fabricación,

distribución,

posesión

y

uso

de

municiones) de la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley Núm.4042000, 25 LPRA sec.458c y 459; Arts. 192 (Recibo, disposición

y transportación de bienes objetos del delito), 245 (Empleo

de violencia o intimidación contra la autoridad pública) y

246 (Resistencia u obstrucción a la autoridad pública) del

Código Penal de Puerto Rico de 2012, 33 LPRA 5262, 5335 y

5336; y Art. 7.02 (Manejo de vehículos de motor bajo los

efectos de bebidas embriagantes) de la Ley de Vehículos y

Tránsito de Puerto Rico, Ley Núm.22-2000, 9 LPRA sec.5202.

Por su parte, el señor Yicauri Urbáez Mateo (en adelante,

“señor Urbáez Mateo”) fue acusado por infracción al Art.

5.04 de la Ley de Armas de Puerto Rico, supra, y el Art. 401

de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley Núm.

4

del

23

de

junio

de

1971,

24

LPRA

sec.

2401,

en

su

vertiente de intención de distribuir.

La celebración del juicio en su fondo se llevó a cabo

los días 2 y 23 de diciembre de 2013, el 24 de septiembre de

CC-2019-0645

3

2015, el 14 de diciembre de 2015 y el 9 de abril de 2016.

Durante

dicho

procedimiento

judicial

se

narraron

los

siguientes hechos por medio de la prueba testifical.1

El Agente César Arocho Torres2 (en adelante, “Agente

Arocho Torres”) testificó que el 19 de enero de 2013 -- a

eso de las 7:00 p.m. -- se reportó

al Cuartel de Añasco,

luego

Unidad

de

que

el

supervisor

de

su

Motorizada

le

informara que ayudaría a proveer refuerzos, en ocasión de

las fiestas patronales de Añasco. Se le instruyó dar rondas

preventivas, junto a los Agentes Javier O. Rivera Vélez y

Herminio Sánchez Ramos (en adelante, “Agente Rivera Vélez” y

“Agente Sánchez Ramos”).

Señaló

que, a eso de las 11:00

p.m., mientras tomaba un descanso junto a los Agentes Rivera

Vélez y Sánchez Ramos, observó un Toyota color champagne con

cristales unidireccionales y sumamente oscuros. Por entender

que

los

mismos

podrían

estar

en

violación

de

la

Ley

de

Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, supra, informó sobre

los mismos a sus compañeros, para así intervenir con

el

vehículo de motor. Véase, Transcripción de la prueba oral

(en adelante, “TPO”), págs. 60-61. Acto seguido, continuaron

tras el vehículo, deteniéndolo después de dejarlo transitar

cierta distancia. Esto, debido al volumen de tránsito y los

numerosos vehículos estacionados al margen de la carretera.

Eventualmente,

al

llegar

a

la

calle

principal

del

La prueba testifical solamente incluyó los testimonios de los Agentes

César Arocho Torres, Javier O. Rivera Vélez y Herminio Sánchez Ramos.

2 El Agente César Arocho Torres, al momento del juicio, era parte de la

unidad motorizada de Mayagüez y llevaba diecinueve (19) años laborando

como policía.

1

CC-2019-0645

4

Residencial Francisco Figueroa, utilizaron biombos y sirenas

para ordenar al conductor del vehículo detenerse.

Luego de desmontar de su motocicleta, se fue acercando

al vehículo. Al aproximarse, y debido a que los cristales

del carro estaban a medias, pudo observar que había tres (3)

personas en el vehículo: un conductor, un pasajero delantero

y un pasajero trasero en el lado del conductor. Al notar

esto, hizo señales al agente Rivera Vélez -- quién estaba a

unos

pasos

de

él

-–

para

informarle

que

en

el

referido

automóvil había tres (3) ocupantes. De la misma forma, notó

que el pasajero trasero, quien resultó ser el señor Urbáez

Mateo, tenía una lata de cerveza Medalla en mano.

Así las cosas, solicitó al conductor del vehículo -identificado en sala por el Agente Arocho Torres como el

señor Henríquez Rivera -- los documentos requeridos por ley.

En ese momento, pudo observar que el conductor tenía una

lata de cerveza en la mano. Al solicitarle los documentos

pertinentes, éste colocó la cerveza entre sus piernas y le

entregó

al

registración

agente

del

una

licencia

carro.

Vista

la

de

aprendizaje

licencia,

el

y

la

agente

testificó que se dio cuenta que la misma estaba vencida.

Indicó que comenzó a entablar una conversación con el

señor Henríquez Rivera, la cual se tornó un poco hostil.

TPO, pág.64. Señaló que, de forma coetánea, comenzaron a

aglomerarse personas alrededor de la intervención, quienes

también se empezaron a comportar de forma hostil. Íd. Con

esto

en

mente,

el

agente

le

informó

al

señor

Henríquez

CC-2019-0645

5

Rivera que su licencia era de aprendizaje y que la misma

estaba

vencida.

Ante

expresó que tenía

esto,

el

señor

Henríquez

Rivera

le

una licencia de conducir vigente y la

comienza a buscar. Durante dicho proceso de búsqueda, según

testificó el agente Arocho Torres, se percató que el señor

Henríquez Rivera estaba expidiendo olor a licor y parecía

estar

bajo

los

efectos

de

bebidas

embriagantes.

Además,

estaba “hablando incoherente”. TPO, pág.65. Indicó que le

comunicó al señor Henríquez Rivera que apagara el auto y que

tuvo que insistir para que éste lo hiciera.

Ante las preguntas del Fiscal, el agente Arocho Torres

señaló que concluyó que el señor Henríquez Rivera estaba

bajo los efectos de bebidas embriagantes por la forma en que

habló, al tener los ojos rojizos, por el olor a licor que

expedía y la lata de cerveza en su posesión. TPO, pág.65.

Acto seguido, el agente Arocho Torres le solicitó al señor

Henríquez Rivera que se bajara del carro, con la intención

de leerle las advertencias de ley y ponerlo bajo arresto por

conducir

un

vehículo

bajo

los

efectos

de

bebidas

embriagantes.

Expresó que una vez le insistió que apagara el vehículo,

ayudó al señor Henríquez Rivera a abrir la puerta del carro

para

que

pasajero

éste

pudiese

frontal

del

emprendió

Residencial

carrera

desmontarse.

lado

hacia

Francisco

derecho

dentro

Figueroa.

de

El

Simultáneamente,

el

abrió

la

y

los

edificios

agente

Arocho

puerta

del

Torres

señaló que, transcurrido los hechos de referencia, el señor

CC-2019-0645

6

Henríquez Rivera lo trató de sacar de balance y comenzó a

forcejear

con

él.

TPO,

pág.66.

Especificó

que

el

señor

Henríquez Rivera lo empujó con ambas manos, sujetando la

lata de cerveza en una de ellas, la cual, en el proceso del

empujón,

se

le

cayó

al

piso.

Igualmente,

describió

el

forcejeo como tratar “de agarrarlo entre la cintura y la

mano derecha de él para intenciones de llevarlo al, al piso

para así poderlo arrestar, pero en ese forcejeo cae”. TPO,

pág.67.

Mencionó que, durante dicho forcejeo, cayó al piso un

arma de fuego de la cintura del señor Henríquez Rivera. Al

percatarse, el agente Arocho Torres gritó “¡Pistola!”, con

la

intención

de

que

los

otros

agentes

lo

escucharan.

Consecutivamente, soltó al señor Henríquez Rivera y agarró

el

arma

de

fuego.

El

arma

fue

identificada

durante

su

testimonio como una HK Compact, calibre 40, color negro, con

número de serie 26-079719, con un cargador con varias balas.3

TPO, págs.68-69.

Señaló que, una vez aseguró el arma, el señor Henríquez

Rivera huyó hacia dentro de los edificios del Residencial

Francisco

Figueroa.

Narró

que,

luego

de

que

éste

dio

carrera, ocupó el vehículo abandonado y lo transportó a la

unidad

motorizada,

donde

se

realizó

un

registro

de

inventario. Durante dicha búsqueda, se encontró un magacín

negro,

marca

Taurus,

con

nueve

(9)

balas.

TPO,

pág.68.

Posteriormente, señaló que, al verificar la procedencia del arma en el

sistema, pudo comprobar que ésta había sido hurtada en Caguas.

3

CC-2019-0645

7

Asimismo, señaló que encontró la licencia vigente del señor

Henríquez Rivera.

En cuanto a los tintes del carro, añadió que utilizó un

fotómetro

en

el

lugar

de

los

hechos,

pero

que

posteriormente, durante el registro de inventario, realizó

la prueba a todos los cristales. Dicha examinación resultó

en que un cristal arrojara 2%, otro 3% y los restantes un

4%. Por todo lo anterior, expidió un boleto por los tintes y

dos por los envases abiertos de bebidas embriagantes.

Ahora bien, ante preguntas sobre el arma y cargadores,

el agente Arocho Torres expresó que la evidencia mostrada

durante el juicio era la misma que él había ocupado durante

su intervención con el señor Henríquez Rivera. Indicó que

reconocía el arma por el número de serie y los datos que

había anotado, aunque aceptó que no había identificado o

particularizado la evidencia de otra forma.4 TPO, págs.69-72.

Igualmente, identificó el cargador del arma. En cuanto al

cargador Taurus, ocupado durante el registro de inventario,

expresó que lo reconocía porque anotó la información de la

marca

Arocho

y

numeración.

Torres

aceptó

TPO,

que

págs.75-77.

Empero,

no

particularizado

había

el

Agente

la

evidencia antes citada. TPO, págs. 78, 88.

El arma aparentaba tener algún tipo de tarjeta o documento adjunto al

embalado de plástico hecho por el Agente Arocho Torres. Dicha tarjeta o

documento no había sido preparado por él, pero tenía su firma. Las

iniciales del Agente Arocho Torres acreditaban la entrega del arma en el

Instituto de Ciencias Forenses. TPO, pág.73. Por lo tanto, el foro

primario la admitió como “Exhibit 1” del Ministerio Público, sujeto a

que testificara la persona que había preparado dicha tarjeta o

documento. De la transcripción de la prueba oral no se desprende a qué

tarjeta o documento se refieren. En ese momento, el Fiscal señaló que el

testigo forense testificaría en cuanto al arma. TPO, pág.74. Sin

embargo, dicho testimonio no se presentó.

4

CC-2019-0645

Por

8

otro

lado,

detalló

que

había

transportado

la

evidencia en una caja de Fiscalía, la cual estaba sellada e

iniciada con su nombre y número de placa. TPO, pág.79. La

caja también tenía adherido un documento de recibo, firmado

por

el

agente

Arocho

Torres

y

otros

funcionarios.

Íd.,

págs.79-83. En cuanto a la cadena de custodia, señaló que

llevó

dicha

evidencia

a

Ciencias

Forenses

para

análisis,

además de la Fiscalía, lo cual constaba acreditado en el

documento de cadena de custodia del arma.

Por

su

parte,

el

Agente

Rivera

Vélez

reiteró

lo

previamente expresado por el Agente Arocho en cuanto a la

razón

de

vehículo.

su

presencia

Señaló

que,

en

el

luego

área

y

cómo

detuvieron

el

de

que

el

automóvil

fue

detenido, él se posicionó en la parte trasera izquierda del

carro, debido a que el carro tenía tres (3) pasajeros y los

tintes

eran

oscuros.

A

través

del

cristal

posterior

del

carro, el cual estaba a mitad, pudo observar un joven de tez

trigueña, que vestía un abrigo rojo y portaba una cerveza

abierta en su mano derecha, la cual descansaba sobre la

pierna derecha. Este joven fue identificado en sala como el

señor Urbáez Mateo.

El Agente Rivera Vélez indicó que observó al Agente

Arocho Torres intervenir con el conductor del vehículo y que

éste le solicitó al conductor los documentos pertinentes.

Asimismo, expresó que, en ese momento, estaban presentes -alrededor

del

área

--

personas

con

actitud

hostil,

las

CC-2019-0645

9

cuales estaban utilizando palabras soeces y reclamándoles

por la intervención.

Mencionó

que,

seguidamente,

el

pasajero

delantero

desmontó y dio carrera, mientras que el conductor empujó por

el pecho al Agente Arocho Torres -- cayéndose así una lata

de cerveza -- y comenzó un forcejeo entre éstos. Debido a lo

que mencionáramos, el Agente Rivera Vélez le instruyó al

señor Urbáez Mateo que mantuviera sus manos visibles. Dicho

Agente señaló que, además del forcejeo, ya había visto el

pasajero

delantero

emprender

marcha,

lo

cual

le

pareció

sospechoso. Indicó que, posteriormente, continuó el forcejeo

y cayó un arma de color negro al piso. Ante esto, el Agente

Arocho Torres gritó “¡Pistola!” y el señor Henríquez Rivera

empezó a correr hacia el Residencial Francisco Figueroa.

Confrontado con estos hechos, el Agente Rivera Vélez le

ordenó al señor Urbáez Mateo que se desmontara del vehículo.

Al éste bajarse del carro, el Agente Rivera Vélez lo agarró

por

el

brazo

izquierdo,

informándole

que

estaba

bajo

arresto. Esto, ya que había visto la evidencia delictiva con

relación al arma de fuego. TPO, págs. 233-234. Señaló que el

señor

Urbáez

Mateo

empleó

resistencia

activa

y

tensó

el

brazo, haciendo movimientos como si fuese a emprender huida.

Finalmente, con la ayuda del Agente Sánchez Ramos, logró

ponerle

los

grilletes.

Luego,

el

Agente

Rivera

Vélez

registró al mismo, por seguridad. Al palpar por encima del

abrigo y por el interior de su mahón, el Agente Rivera Vélez

pudo

identificar

un

objeto

sólido.

Al

verificar,

pudo

CC-2019-0645

10

constatar que era un arma de fuego, color níquel y negro, la

cual estaba cargada. Informó y gritó que tenía un arma de

fuego y continuó el registro. TPO, pág. 235. Así, ocupó del

bolsillo derecho del abrigo una bolsa plástica trasparente

de

cierre

a

transparentes

presión,

y

color

con

muchas

rojo,

con

bolsitas

cierre

a

plásticas

presión,

con

supuesta picadura de marihuana en su interior. Íd.

Una vez le leyó las advertencias al señor Urbáez Mateo y

lo transportó al Cuartel de Distrito de Añasco, el Agente

Rivera Vélez le tomó fotos con su celular a la evidencia

ocupada. Es decir, entre otras, la pistola Smith & Wesson,

nueve (9) milímetros, color níquel y negra, número de serie

A391176, con un cargador con siete (7) balas, así como doce

(12) bolsitas plásticas transparentes con supuesta picadura

de marihuana en su interior. TPO, pág.237. Además, preparó

el formulario PPR126, en el cual se detalla la evidencia

ocupada y el cual fue firmado por el señor Urbáez Mateo. El

arma, cargador y balas no fueron identificadas con algún

“label” por el Agente Rivera Vélez. TPO, págs. 287-288.

Luego,

Mayagüez,

éste

donde

se

se

dirigió

a

practicó

la

División

la

prueba

de

Drogas

de

de

campo.5

El Tribunal de Primera Instancia permitió a la defensa que dialogara

brevemente con los testigos del Instituto de Ciencias Forenses -- los

cuales habían comparecido para testificar sobre los informes de cadena de

custodia y el funcionamiento de las armas -- para poder identificar si se

podían despachar. Como consecuencia de dicha interacción, parte de la

evidencia fue estipulada. TPO, pág.279. Esto incluyó el testimonio de

Yarelis Falcón y los certificados de funcionamiento de armas firmados por

ésta. Igualmente se estipuló la “solicitud de análisis cadena de

custodia” con relación al arma ocupada por el Agente Rivera Vélez, aunque

con disputa en cuanto a la versión del documento que fue admitido, por

éste estar solamente completado parcialmente. TPO, págs.290-293. Durante

esta discusión, el licenciado Roland Arroyo Rojas, abogado del señor

5

CC-2019-0645

11

Eventualmente, el Agente Rivera Vélez también transportó el

arma, cargador y balas al Instituto de Ciencias Forenses.

Durante el juicio, y ante preguntas del Fiscal, el Agente

Rivera Vélez identificó el arma por su número de serie,

mediante las fotos que había tomado el día de los hechos.

Aseguró que el arma presentada en el juicio fue la misma que

ocupó.

TPO,

págs.

237-238,245.

De

la

misma

forma,

así

identificó la demás evidencia, es decir, cargador y balas.

Íd., pág.244. Sin embargo, en cuanto al cargador y balas, el

Agente Rivera Vélez aceptó que no tenían un número de serie.

Íd., págs.287-288.

Por

su

parte,

el

Agente

Sánchez

Ramos

testificó

brevemente.6 Al igual que los otros dos agentes, indicó que

estaba patrullando preventivamente en ocasión de las fiestas

patronales. Expresó que estaban intervenido con el vehículo

donde se encontraban los recurridos -- por violación a la

Ley Núm.22-2000 -- cuando se abrieron, casi simultáneamente,

Henríquez Rivera, objetó la admisión del informe de cadena de custodia en

cuanto al arma ocupada a su cliente, ya que habían comparecido todos los

funcionarios del Instituto de Ciencias Forenses menos una. En ese

sentido, dijo que estaba dispuesto a estipular o estaría de acuerdo con

parte de la cadena de custodia, con excepción de la funcionaria que no

compareció. TPO, pág. 283. Tras escuchar los argumentos de ambas partes,

el foro primario admitió el mismo.

Previamente en el juicio, se había estipulado -- sobre el análisis de

la droga -- la solicitud de prueba de campo, solicitud de análisis y

certificado de análisis químico forense del Instituto de Ciencias

Forenses. Tanto en la prueba de campo, como en la solicitud de análisis,

la sustancia confiscada dio positivo a la sustancia de marihuana. Por lo

anterior, los funcionarios del Instituto de Ciencias Forenses que

trabajaron con la sustancia controlada fueron excusados.

El Agente Sánchez Ramos no prestó declaración jurada en el caso de

epígrafe ni había testificado en ningún proceso anterior al juicio. Por

otro lado, durante el juicio, el Ministerio Público puso al Agente

Sánchez Ramos a la disposición de los abogados de defensa, ya que

entendían que su testimonio era prueba acumulativa.

6

CC-2019-0645

las

puertas

12

del

conductor

y

el

pasajero

delantero.

El

conductor, quien el Agente Sánchez Ramos identificó en sala

como el señor Henríquez Rivera, se bajó del carro, mientras

que

el

pasajero

edificios

del

delantero

residencial.

comenzó

Como

a

correr

hacia

consecuencia,

el

los

Agente

Sánchez Ramos gritó que alguien estaba corriendo y se colocó

en una posición de seguridad. TPO, pág.306. Adicionalmente,

expresó que escuchó cuando el Agente Arocho Torres indicó

que había un arma. Por último, añadió que ayudó al Agente

Rivera Vélez -- y no así al Agente Arocho Torres -- durante

su arresto, ya que el señor Urbáez Mateo se había tornado

hostil

y

había

personas

agrupadas

alrededor

de

la

intervención, también con actitud hostil. TPO, pág.308.

Así pues, tras evaluar la prueba testifical y documental

antes

mencionada,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

dictó

Sentencias hallando culpable a los señores Henríquez Rivera

y Urbáez Mateo de todos los delitos imputados, con excepción

del cargo por violación al Art. 192 del Código Penal de

2012, supra, en contra del señor Henríquez Rivera.

Inconformes, los señores Henríquez Rivera y Urbáez Mateo

presentaron

sendas

apelaciones

criminales,

solicitando

la

revisión de las sentencias dictadas en su contra.7 Por un

lado, el señor Henríquez Rivera arguyó que el foro primario

erró

al

ocupadas,

7

admitir

a

en

pesar

evidencia

de

que

el

las

arma

mismas

y

las

no

municiones

habían

sido

Dichos recursos fueron consolidados por el Tribunal de Apelaciones.

CC-2019-0645

13

identificadas

y

autenticadas

adecuadamente,

además

de

no

haberse cumplido con la cadena de custodia; al admitir en

evidencia la caja donde se preservaron el arma y municiones,

a pesar de que ésta no fue descubierta con anterioridad al

juicio; y al no absolver al acusado, encontrándolo culpable

en base de testimonios estereotipados y sin que se probaran

los elementos de los delitos más allá de duda razonable.

Por

su

parte,

el

señor

Urbáez

Mateo

señaló

que

el

Tribunal de Primera Instancia había errado al no considerar

su

solicitud

de

supresión

de

evidencia,

tras

surgir

testimonio nuevo y contradictorio de los agentes; al hallar

culpable más allá de duda razonable al señor Urbáez Mateo

con el testimonio estereotipado de los agentes;8 y al hallar

culpable al señor Urbáez Mateo del cargo por Art. 401 de la

Ley de Sustancias Controladas, supra, sin tener evidencia

del elemento de intención de distribuir.

Evaluados los planteamientos de las partes, el 21 de

junio

de

2019

el

Tribunal

de

Apelaciones

notificó

una

Sentencia, revocando los dictámenes recurridos. Primero, el

foro apelativo intermedio planteó que el testimonio de los

agentes era estereotipado y no gozaba de confiabilidad. Así,

señaló que el testimonio del Agente Arocho Torres contenía

contradicciones e inconsistencias. Indicó, por ejemplo, que

el Agente Arocho Torres había ofrecido distintas versiones

Arguyó que los testimonios de los agentes, los cuales establecían los

motivos fundados para la intervención, no merecían crédito. Además,

indicó que, al ser ilegal su arresto, también lo era el registro

efectuado.

8

CC-2019-0645

14

sobre si llevó a cabo la prueba de tintes en la escena o una

vez se hizo el registro de inventario del vehículo. De la

misma forma, indicó que algunos de los detalles ofrecidos

por

los

agentes,

Torres,

eran

increíble

y

particularmente

inverosímiles.

que,

por

Al

ejemplo,

por

foro

los

el

a

Agente

quo

ocupantes

Arocho

le

pareció

del

vehículo

tuvieran latas de cervezas abiertas y las mantuvieran en sus

manos mientras los agentes intervenían con ellos, o que los

Agentes Rivera Vélez y Sánchez Ramos no asistieran al Agente

Arocho Torres mientras éste forcejeó con el señor Henríquez

Rivera. Igualmente, señaló que les parecía improbable que el

señor

Henríquez

Rivera

estuviese

incoherente,

pero

como

quiera pudiese forcejear con el Agente Arocho Torres.

El Tribunal de Apelaciones también determinó que, debido

a

que

el

testimonio

del

Agente

Arocho

Torres

no

era

confiable, y que el arma y municiones incautadas por éste no

habían

sido

identificadas,

las

mismas

no

eran

admisibles

como evidencia.9 En vista de lo anterior, el Tribunal de

Apelaciones

concluyó

que

no

se

probó

más

allá

de

duda

razonable la culpabilidad de los señores Henríquez Rivera y

Urbáez Mateo.

Asimismo, el foro apelativo intermedio determinó que no

se demostró que los agentes tuviesen motivos fundados para

intervenir con el señor Henríquez Rivera y Urbáez Mateo sin

El Tribunal de Apelaciones también sentenció que la caja donde se había

preservado la evidencia no era admisible en evidencia, por no haberse

descubierto como prueba dentro del término dispuesto en la Regla 95(B) de

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II.

9

CC-2019-0645

15

orden judicial previa. Señalaron que, de igual manera, el

Ministerio

Público

no

logró

rebatir

la

presunción

de

ilegalidad de los registros y arrestos sin orden, haciendo

toda la evidencia ocupada inadmisible.

proceder

del

Tribunal

de

Inconforme con el

Apelaciones,

la

Oficina

del

Procurador General presentó una Moción de reconsideración,

la cual fue denegada por el foro a quo.

Aún insatisfecho, el 14 de agosto de 2019 la Oficina del

Procurador General compareció ante nos mediante una Petición

de

certiorari.

En

ella,

señala

que

el

foro

apelativo

intermedio erró al determinar que eran inadmisibles las dos

(2) armas de fuego presentadas como evidencia, toda vez que

éstas mostraban íntegramente su número de serie, aun si les

faltaban etiquetas de identificación. Además, arguyen que el

foro a quo erró al descartar la credibilidad que el foro

primario

le

confirió

al

testimonio

de

los

agentes,

sustituyendo injustificadamente la apreciación de la prueba

del juzgador. Señalan que, en la alternativa, no procedía la

revocación de las condenas, ya que -- aun presumiendo que

las

armas

fueron

incorrectamente

admitidas

--

no

es

necesaria la ocupación de un arma de fuego para un fallo de

culpabilidad por infracción a la Ley de Armas, supra. Ello,

ante los testimonios de los agentes, los cuales observaron

la

portación

de

las

armas

de

fuego.10

Oportunamente,

los

Para sustentar dicho argumento, citan a Pueblo v. Acabá Raíces, 118

DPR 369 (1987). En el referido caso, esta Curia expresó que, en los casos

de posesión y portación de armas, “[c]on pragmatismo judicial -- pues

imposibilitaría todo encauzamiento y eficacia probatoria conviccional

cuando un arma de fuego no es ocupada -- desde principios de siglo

10

CC-2019-0645

señores

16

Henríquez

Rivera

y

Urbáez

Mateo

presentaron

sus

alegatos en oposición.

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos

a

resolver

la

controversia

ante

nuestra

consideración.

II.

Como es sabido, el Art. II, Sec. 11 de la Constitución

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico prescribe que, en

todo

proceso

criminal,

el

acusado

disfrutará

de

una

presunción de inocencia. Art. II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA,

Tomo 1. De manera que, en dichos procedimientos, se presume

que

todo

contrario

acusado

más

es

allá

inocente,

hasta

de

razonable.

duda

tanto

se

pruebe

Regla

110

lo

de

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II. De lo contrario,

procede la absolución del acusado. Íd.

De esta forma, “para que pueda obtenerse una convicción

válida en derecho que derrote la presunción de inocencia, es

un requisito

sine qua non

que el Estado presente prueba

respecto a cada uno de los elementos del delito, su conexión

con el acusado y la intención o negligencia criminal de este

último”. Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000).

Véase también Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 DPR 748, 760-761

(1985). En ese sentido, la prueba tiene que ser suficiente y

nuestra doctrina jurisprudencial ha reconocido que no es menester

presentarla en evidencia”. Íd., pág.374. Por lo tanto, “en este tipo de

casos un fallo de culpabilidad puede sostenerse si existen otros

elementos o circunstancias demostrativas que lleven a la conciencia

íntima del juzgador a concluir que el acusado poseía y portaba el arma”.

Íd., pág. 375.

CC-2019-0645

17

“satisfactoria,

es

decir,

prueba

que

produzca

certeza

o

convicción moral en una conciencia exenta de preocupación o

en un ánimo no prevenido”. Pueblo v. Acevedo Estrada, supra,

pág. 100. Véase, además, Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR

645, 652 (1986); Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102

DPR 545, 552 (1974).

Esto, sin embargo, no significa que la culpabilidad del

acusado debe ser demostrada con certeza matemática o que se

debe

descartar

cada

duda

plausible.

Pueblo

v.

Bigio

Pastrana, supra, pág. 761.

En cambio, la duda razonable que

motiva

acusado

la

absolución

insatisfacción

o

luego

ésta

de

que

del

intranquilidad

es

evaluada

es

ante

en

aquella

que

causa

prueba

de

cargo,

totalidad

de

forma

la

su

“justa, imparcial y serena”. Pueblo v. García Colón I, 182

DPR 129, 175-176 (2011); Pueblo v. Santiago Collazo, 176 DPR

133, 142-143 (2009).

En esa dirección, en lo que respecta a la causa de

epígrafe, y por ser una de las controversias traídas ante

nuestra consideración, es menester puntualizar que

al señor

Urbáez Mateo se le imputó haber infringido el Art. 401 de la

Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, supra, en su

vertiente de distribución. El precitado artículo dicta que

“[e]xcepto en la forma autorizada en este capítulo, será

ilegal

el

que

intencionalmente

cualquier

[f]abrique,

persona,

a

distribuya,

sabiendas

o

dispense,

transporte u oculte, o posea con la intención de fabricar,

distribuir, dispensar, transportar u ocultar una sustancia

CC-2019-0645

18

controlada”. Íd. Por lo tanto, y según la doctrina antes

expuesta, para refutar la presunción de inocencia aplicable

al señor Urbáez Mateo, el Ministerio Público debía presentar

evidencia sobre la posesión de una sustancia controlada por

parte del señor Urbáez Mateo y su intención de distribuir la

misma.11 Más adelante, en este escrito, evaluaremos si ello

sucedió, o no, así.

III.

De otra parte, la Regla 901(A) de Evidencia, 32 LPRA Ap.

V,

establece

que

“el

requisito

de

autenticación

o

identificación como una condición previa a la admisibilidad

se

satisface

para

con

sostener

cuestión

es

lo

la

una

que

presentación

de

evidencia

suficiente

determinación

de

que

materia

en

sostiene”.

En

la

persona

proponente

la

esencia, se debe demostrar que la evidencia es lo que se

dice que es.

Cónsono con lo anterior, el inciso B de la precitada

regla

expone

una

lista

no

exhaustiva

de

formas

de

identificar o autenticar evidencia, incluyendo: testimonio

por testigo con conocimiento, características distintivas y

cadena de custodia. Por consiguiente, la parte que presenta

Es pertinente mencionar que el Art. 404 de la Ley de Sustancias

Controladas de Puerto Rico, 24 LPRA sec. 2404, al discutir la mera

posesión, establece que “[s]erá ilegal el que cualquier persona, a

sabiendas o intencionalmente, posea alguna sustancia controlada, a menos

que tal sustancia haya sido obtenida directamente o de conformidad con la

receta u orden de un profesional actuando dentro del marco de su práctica

profesional, o excepto como se autorice en este capítulo”.

11

CC-2019-0645

19

la evidencia puede elegir, la mayoría de las veces, como

proceder. 32 LPRA Ap. V, R.901(B).

Empero,

existen

instancias

en

las

que,

como

regla

general, se requiere que se pruebe la cadena de custodia de

la prueba de cargo, como condición para su admisibilidad.

Esto incluye: objetos que contienen evidencia fungible, la

cual

no

puede

ser

marcada;

cuando,

a

pesar

de

no

ser

fungible, la evidencia no tiene “características únicas que

la

distingan

de

objetos

similares

y

resulta,

igualmente,

imposible de marcar o, pudiendo ser marcada,

ello no se

hizo”, y; cuando la condición del objeto es significativa y

puede

ser

fácilmente

alterado.

Pueblo

v.

Echevarría

Rodríguez, 128 DPR 299, 349 (1991); Pueblo v. Carrasquillo

Morales, 123 DPR 690, 700-701 (1989). Ahora bien, una vez

probado que la evidencia no ha sido afectada o ha sufrido

alteración, “cualquier duda que surja respecto de la posible

adulteración o contaminación de la evidencia, se dirige al

peso y no a la admisibilidad de la evidencia”. Pueblo v.

Santiago Feliciano, 139 DPR 361, 425 (1995).

En contraste, bajo ciertas circunstancias, demostrar la

cadena de custodia no es indispensable. Por ejemplo, “cuando

se

ofrecen

en

evidencia

objetos

que

son

fácilmente

identificables, ya sea porque poseen unas características

distintivas o porque tienen un número o marca particular, no

es imprescindible establecer la cadena de custodia para su

admisión en evidencia. Así, por ejemplo, cualquier objeto

que tenga un número de serie, como un arma o billete, puede

CC-2019-0645

ser

20

identificado

por

el

número”.

Pueblo

v.

Carrasquillo

Morales, supra, pág. 699.

IV.

Establecido

lo

anterior,

es

menester

señalar

que

el

testimonio estereotipado es “aquel que se ciñe a establecer

los elementos mínimos necesarios para sostener un delito sin

incluir detalles imprescindibles para reforzarlo”. Pueblo v.

Camilo Meléndez, 148 DPR 539, 558 (1999). Véase, Pueblo v.

Rivera Rodríguez, 123 DPR 467, 480 (1989).

Debido a su naturaleza, el testimonio estereotipado debe

ser evaluado con particular cuidado. Lo anterior, con el fin

de “frenar el celo excesivo que pueda, vía declaraciones

inexactas

o

falsas,

vulnerar

los

derechos

de

ciudadanos

inocentes”. Pueblo v. González del Valle, 102 DPR 374, 376

(1974). Véase, Pueblo v. Camilo Meléndez, supra, pág.558.

Siendo ello así, en Pueblo v. González del Valle, supra,

expusimos seis (6) criterios para utilizar al momento de

examinar

todo

dictaminamos

escudriñarse

testimonio

estereotipado.

que

el

especial

con

primer

lugar,

testimonio

estereotipado

debe

rigor.

pág.

Íd.,

En

378.

Segundo,

señalamos que los casos de evidencia abandonada o lanzada al

suelo, como aquellos de actos ilegales a plena vista, deben

–- en ausencia de otras consideraciones –- inducir sospecha

a

la

posible

existencia

de

testimonio

estereotipado.

Íd.

Como tercer factor, enfatizamos que si el testimonio vertido

es “inherentemente irreal o improbable debe ser rechazado”.

Íd.

CC-2019-0645

Por

21

otra

parte,

sentenciamos

que

“el

testimonio

estereotipado puede perder su condición de tal si, yendo más

allá de los datos indispensables para probar los requisitos

mínimos de un delito, se le rodea de las circunstancias en

que funciona el agente, el término de su investigación, los

resultados

obtenidos

fuera

del

caso

en

trámites

y

otros

detalles”. Íd. En contraste de lo antes expuesto, cualquier

laguna,

contradicción

o

vaguedad

en

el

testimonio

debe

fortalecer “el recelo con que hay que escuchar esta clase de

declaraciones”. Íd.

Finalmente,

indicamos

que

“el

peso

de

la

prueba

de

librar el testimonio estereotipado de sospecha recae en el

fiscal”,

sin

testimonio

que

flaco

dicho

y

funcionario

descarnado

pueda

para

recurrir

cumplir

con

a

lo

anteriormente esbozado. Íd.

Así pues, son los factores precitados los que deben

dirigir

nuestro

análisis

al

considerar

testimonio

alegadamente estereotipado.

V.

Finalmente,

y

por

ser

en

extremo

pertinente

a

la

controversia que nos ocupa, conviene recordar que en nuestro

ordenamiento

deferencia

jurídico

al

foro

le

conferimos

sentenciador,

un

alto

grado

particularmente

en

de

lo

relacionado a su apreciación de la prueba. Véase, Pueblo v.

Toro Martínez, 200 DPR 834 (2018). Ello, ya que el foro

primario está en posición óptima para examinar la evidencia

CC-2019-0645

22

testifical presentada, pudiendo observar cercanamente -- y

escuchar de primera mano -- a los testigos. Pueblo v. Toro

Martínez, supra, págs. 857-858; Pueblo v. García Colón I,

182 DPR 129, 165 (2011); Pueblo v. Irizarry Irizarry, 156

DPR 780, 815-816 (2002); Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR

645,653-654 (1986).

Siendo

ello

así,

esta

Curia

ha

reiterado

que

“de

ordinario, no intervendremos con el veredicto condenatorio

emitido

por

magistrado

un

en

jurado

o

‘ausencia

el

de

fallo

inculpatorio

pasión,

prejuicio

de

o

un

error

manifiesto’ en la apreciación que de la prueba realizaron los

mismos”.

Pueblo

v.

Cabán

Torres,

supra,

pág.654.

En

ese

sentido, “[l]as determinaciones que hace el juzgador de los

hechos no deben ser sustituidas por el criterio del foro

apelativo, a menos que de la prueba admitida surja que no

existe base suficiente que apoye tal determinación”. Pueblo

v. Irizarry Irizarry, supra, pág. 816. Véase, Pueblo v. Toro

Martínez, supra.

Ahora bien, dicha regla no es absoluta ni se aplica de

forma irreflexiva. Por consiguiente, si un examen cuidadoso

de la prueba no establece la culpabilidad del acusado más

allá

de

duda

razonable,

procede

revocar

el

fallo

condenatorio. Pueblo v. Irizarry Irizarry, supra, pág.816;

Pueblo

v.

Cabán

Torres,

supra,

pág.655;

Pueblo

v.

Carrasquillo Carrasquillo, supra, pág. 551.

Es, pues, a la luz de la normativa antes expuesta que

procedemos a disponer de la controversia ante nos.

CC-2019-0645

23

VI.

Como mencionáramos anteriormente, en el presente caso,

la Oficina del Procurador General arguye que el Tribunal de

Apelaciones

erró al determinar que las dos (2) armas de

fuego ocupadas, y relacionada a los delitos imputados a los

señores Henríquez Rivera y Urbáez Mateo, eran inadmisibles,

a pesar de que mostraban íntegramente su número de serie.

Además, señala que el tribunal a quo erró al descartar la

credibilidad otorgada por el foro primario al testimonio de

los agentes, sustituyendo injustificadamente la apreciación

de la prueba del juzgador de los hechos. En gran parte, le

asiste la razón.

Y es que, según surge del expediente y la transcripción

de la prueba oral ante nuestra consideración, las dos (2)

armas

ocupadas

durante

la

intervención

con

los

señores

Henríquez Rivera y Urbáez Mateo mostraban números de serie

fácilmente legibles. Por lo tanto, durante sus testimonios,

dichos

agentes

identificaron

las

respectivas

armas

e

indicaron que lo hacían, en parte, por las enumeraciones

antes

mencionadas.

identificables

--

establecer

cadena

la

por

Siendo

estos

objetos

fácilmente

tener

números

de

únicos

de

custodia

no

serie

era

--

absolutamente

necesario para su admisibilidad. Esto, aun cuando en el caso

de

marras

demostrada.

la

cadena

de

custodia

fue

suficientemente

En ese sentido, le correspondía al Tribunal de

CC-2019-0645

24

Primera Instancia aquilatar el peso de cualquier lapso en la

cadena de custodia de la evidencia pertinente; proceso que

dicho foro realizó de una manera correcta y adecuada, y que

dio paso a la admisión en evidencia de las referidas armas.

Por otra parte, en lo relacionado a la apreciación de la

prueba por parte del foro sentenciador, se desprende de la

transcripción de la prueba oral ante nos que los Agentes

Arocho Torres, Rivera Vélez y Sánchez Ramos proveyeron una

narración

detallada

fundamentalmente

de

los

coherentes

hechos,

entre

las

sí.

A

cuales

pesar

de

fueron

existir

contradicciones menores entre los testimonios de referencia,

todos coincidieron en cuanto a los motivos fundados para

detener el vehículo, la presencia de las latas de cerveza y

armas

en

la

localización,

escena,

la

la

huida

aglomeración

del

de

pasajero

personas

en

la

delantero

y

la

confrontación con el señor Henríquez Rivera.

Cónsono

con

lo

anterior,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia no estimó que dichos testimonios eran flacos y

descarnados, ni irreales o improbables. Así pues, evaluada

la prueba oral, y tomando en cuenta que el foro primario

escudriñó

directamente

el

testimonio

vertido

durante

el

juicio, consideramos impropio intervenir con la apreciación

de los hechos del foro primario en el presente caso. Ello,

al

no

estar

presente

ninguna

de

las

circunstancias

que

ameritarían la intervención de esta Curia, a saber, pasión,

prejuicio o error manifiesto.

CC-2019-0645

25

Ahora bien, no empece a lo antes expuesto, es menester

señalar aquí que la culpabilidad del señor Urbáez Mateo -en

lo

pertinente

distribuir,

es

al

cargo

de

posesión

decir,

Art.

401

de

la

con

intención

Ley

de

de

Sustancias

Controladas de Puerto Rico, supra -- no fue probada más allá

de duda razonable.

Durante el juicio,

si bien

la prueba

demostró que el señor Urbáez Mateo poseyó doce (12) bolsitas

que

contenían

evidencia

en

picadura

cuanto

a

de

la

marihuana,

intención

no

de

se

presentó

distribuir

dicha

sustancia controlada.12 De la relación de hechos no surge

razón

para

deducir

que

ese

era

el

caso,

ya

que

no

fue

arrestado ejecutando una transacción ni fue hallado con una

cantidad

significativa

de

sustancia

ilícita,

sino

que

únicamente se le encontró en posesión de la misma.

Como

consecuencia, al no presentarse prueba en cuanto al elemento

de

intencionalidad,

Urbáez

Mateo

por

procedía

infracción

encontrar

culpable

al

404

Art.

de

al

la

señor

Ley

de

Sustancias Controladas, supra, a saber, posesión; no así por

posesión con intención de distribuir.

Siendo ello así, se cometieron, en parte, los errores

señalados.

Procede,

pues,

dictar

la

correspondiente

Sentencia.

VII.

Según surge del expediente del caso, la cantidad de marihuana ocupada

sumaba 11.53 gramos.

12

CC-2019-0645

Por

26

los

fundamentos

antes

expuestos,

revocamos

la

Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones. En el caso

del señor Henríquez Rivera, reinstalamos la determinación

del foro primario, mientras que en el caso del señor Urbáez

Mateo,

reinstalamos

Instancia,

expuesto

el

modificando

en

lo

dictamen

del

el

de

fallo

relacionado

al

Tribunal

acuerdo

Art.

401

de

con

de

Primera

lo

la

antes

Ley

de

Sustancias Controladas de Puerto Rico, supra, y devolvemos

el

caso

a

dicho

foro

para

la

continuación

de

los

procedimientos conforme a lo aquí resuelto.

Lo acordó

Tribunal

el Tribunal y certifica el Secretario del

Supremo.

El

Juez

Asociado

señor

Rivera

García

emitió una Opinión de Conformidad a la que se unió la Jueza

Asociada señora Pabón Charneco. La Jueza Presidenta Oronoz

Rodríguez

emitió

una

Opinión

de

Conformidad

en

parte

y

disidente en parte.

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto

Rico

Peticionario

v.

Héctor Henríquez

Rivera

Recurridos

El Pueblo de Puerto

Rico

Peticionario

CC-2019-0645

Certiorari

v.

Yicauri Urbáez Mateo

Recurridos

El Juez Asociado señor RIVERA GARCÍA emitió la Opinión de

Conformidad, a la cual se unió la Jueza Asociada señora

Pabón Charneco.

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2020.

Reconozco, y así lo he expresado previamente, que la

apreciación

parece

de

la

prueba

testifical

generar

un

dilema

al

revisión.

expresiones

Como

ante

aplicar

consecuencia,

la

a

debo

constante

nivel

el

estándar

emitir

práctica

apelativo

de

unas

breves

los

foros

de

apelativos de revocar condenas bajo la premisa de que los

testimonios

prestados

en

el

foro

primario

estereotipados. Véase, e.g., Sentencia, pág. 12.

son

CC-2019-0645

2

Una vertiente del referido dilema se produce ante nuestros

pronunciamientos en cuanto a que un testimonio perfecto debe

producir sospecha y, de caer dentro de lo que hemos denominado

testimonio estereotipado, debe escudriñarse con rigor especial

hasta el punto de poderse descartar por el juzgador. Pueblo v.

Almodóvar,

109

DPR

117,

124

(1979);

Pueblo

v.

González

de

Valle, 102 DPR 374, 378 (1974).13

No obstante, no se puede ignorar que la doctrina para la

valoración de un testimonio estereotipado se fundamenta en la

naturaleza de lo declarado ⎯qué declaró y cómo lo declaró⎯

por el testigo. Véanse: Pueblo v. Rivera Rodríguez, 123 DPR

467, 480 (1989) (“Testimonio estereotipado es aquel que se

reduce

a

establecer

los

elementos

mínimos

necesarios

para

sostener un delito sin incluir detalles imprescindibles para

reforzarlo”); Pueblo v. González de Valle, supra, pág. 378 (“el

testimonio estereotipado puede perder su condición de tal si,

yendo más allá de los datos indispensables para probar los

requisitos

mínimos

de

un

delito,

se

le

rodea

de

las

circunstancias en que funciona el agente, el término de su

investigación,

los

resultados

obtenidos

fuera

del

caso

en

trámites y otros detalles”). Por ello se ha establecido la

necesidad de ser más rigurosos en su evaluación, pudiendo el

tribunal al identificarlo restarle el valor que razonablemente

corresponda. A modo ilustrativo, esto se debe a que lo que

13

Los casos de evidencia abandonada o lanzada al suelo, así

como los casos en que se descubrió prueba u observó un evento ilegal

a plena vista son escenarios que inducen sospecha sobre la posible

existencia de un testimonio estereotipado. Pueblo v. González de

Valle, 102 DPR 374, 378 (1974).

CC-2019-0645

3

declara el testigo es tan perfecto que tiende a demostrar la

existencia

de

elementos

de

fabricación

o

falsedad

en

el

testimonio. Pueblo v. Camilo Meléndez, 148 DPR 539, 558 (1999).

Ahora bien, la perfección de la declaración por sí sola no

es suficiente para catalogarla estereotipada. Hace falta un

elemento

adicional.

Es

indispensable

que

se

trate

de

una

declaración repetida, común, superficial, pero a la vez tan

idónea que resulta difícil de creer. Pueblo v. González de

Valle, supra, pág. 377.

Así pues, la señal más patente para

reconocer

estereotipado

un

testimonio

es

la

carencia

de

elementos ajenos a aquella declaración típica que se realiza en

ese tipo de casos en nuestros tribunales. Pueblo v. Acevedo

Estrada, 150 DPR 84 (2000); Pueblo v. Almodóvar, supra; Pueblo

v. Espinet Pagán, 112 DPR 531, 537 (1982). Esto es, que el

testigo aporte sólo los elementos mínimos de la causa de acción

o

la

doctrina

que

se

persigue

activar.

Pueblo

v.

Acevedo

Estrada, supra, pág. 93; Pueblo v. Rivera Rodríguez, supra,

pág. 480. Véase, además, Pueblo v. Espinet Pagán, supra, pág.

537. Finalmente, corresponde al juzgador determinar qué versión

creyó y adjudicar de conformidad con esa apreciación.

Precisamente, a nivel revisor, el denominado testimonio

estereotipado

posición

exige

una

deliberación

más

cuidadosa

ante

la

restringida

que

se

en

comparación

con

el

ostenta

juzgador en el foro primario. Esto es así porque, si bien nos

hemos

expresado

sobre

esta

doctrina

al

revisar

condenas

criminales, debemos ser conscientes de que la función de un

CC-2019-0645

tribunal

4

apelativo

es

pasar

juicio

sobre

la

decisión

del

tribunal revisado siguiendo los parámetros o estándares que se

reiteran en la Sentencia.

El

hecho

de

que

hubiéramos

llegado

a

una

conclusión

distinta al evaluar el testimonio frío y plano que surge de una

transcripción no nos faculta para sustituir el criterio del

juzgador

de

presuntos

los

hechos.

testimonios

escenarios

en

que

No

debemos

olvidar

⎯como

estereotipados

a

nivel

que

revisor

tanto

en

ante

aquellos

identifiquemos

contradicciones de dos o más testigos⎯ sigue viva la premisa

de que el juzgador en el tribunal de instancia observó a los

testigos y cómo declararon. Por consiguiente, la revisión de la

adjudicación de credibilidad de un testigo nos merecerá igual

deferencia y sólo procede sustituir el criterio del tribunal de

instancia cuando se nos demuestre que fue producto de algún

tipo de parcialidad o es un error craso o manifiesto. Después

de todo, dada la naturaleza de la doctrina establecida para

auscultar testimonios estereotipados, el juzgador de los hechos

en instancia sigue estando en mejor posición para efectuar la

evaluación de mayor rigor que hemos exigido en estos casos y

valorar la prueba conforme su mejor criterio. Véase Pueblo v.

Rivera Rodríguez, supra.

En ese sentido, los factores con que se deben evaluar los

presuntos testimonios estereotipados son parámetros dirigidos

esencialmente

para

Tribunal

Primera

de

ser

aplicados

Instancia,

por

los

quienes

juzgadores

tienen

ante

en

el

sí

el

CC-2019-0645

5

testigo declarando. Para propósitos de los foros revisores, el

estándar de revisión de la valoración de la prueba es uno

guiado por la deferencia a la valoración de la prueba. Ello

tiene como excepción, únicamente, los escenarios en que se

demuestra la existencia de pasión, prejuicio, parcialidad o un

error manifiesto. Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR 834, 858

(2018).

En este caso, la modificación del fallo contra uno de los

recurridos está fundamentada en la ausencia de prueba más allá

de duda razonable sobre uno de los elementos de los delitos

imputados. Véase Pueblo v. Casillas, Torres, 190 DPR 398 (2014)

(resuelto en la misma dirección). No estamos sustituyendo el

criterio

del

foro

primario

sobre

la

credibilidad

o

confiabilidad de los testimonios brindados por los testigos,

distinto

a

lo

que

hizo,

sin

justificación,

el

Apelaciones. Véase Sentencia, págs. 12-13.

Edgardo Rivera García

Juez Asociado

Tribunal

de

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

CC-2019-0645

Certiorari

Héctor Henríquez Rivera

Recurrido

___________________________

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

Yicauri Urbáez Mateo

Recurrido

La Jueza Presidenta ORONOZ RODRIGUEZ emitió una Opinión de

conformidad en parte y disidente en parte.

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2020.

“Everyone has the right to

liberty and security of person.

No one shall be subjected to

arbitrary arrest or detention.

No one shall be deprived of his

liberty except on such grounds

and in accordance with such

procedures as are established

by law”. – Res. A. G. 2200 A,

Pacto Internacional de Derechos

Civiles y Políticos, Art. 9(1)

(16 dic. 1966).

Toda

persona

tiene

el

derecho

a

disfrutar

de

su

libertad, así como de tener la seguridad de que sus derechos

fundamentales serán protegidos frente el poder del Gobierno.

CC-2019-0645

2

Se trata de un principio cardinal en la dignidad del ser

humano. Por ello, ante la amenaza de una privación a esa

libertad,

el

Estado

se

debe

regir

estrictamente

por

los

parámetros que establecen nuestras normas jurídicas, bajo las

circunstancias excepcionales que dicta nuestro ordenamiento.

Toda desviación de ese principio se debe escrudiñar celosa y

minuciosamente por los tribunales de nuestro País. Es nuestra

responsabilidad como intérpretes y garantes de esos derechos.

En la Sentencia que se dictó hoy, este Tribunal pasó

juicio

sobre

las

condenas

que

el

Tribunal

de

Primera

Instancia le impuso a los señores Héctor Henríquez Rivera y

Yicauri

Urbáez

Mateo.

correctamente

al

Rivera,

conforme

estoy

Por

sostener

con

entender

la

que

condena

ese

esta

Curia

actuó

del

señor

Henríquez

dictamen.

Empero,

disiento

enérgicamente del proceder de este Tribunal al mantener la

condena del señor Urbáez Mateo.

Al señor Urbáez Mateo se le realizó un arresto sin orden

judicial para el cual no existían motivos fundados. Al amparo

de la regla de exclusión de evidencia que consta en nuestra

Constitución, procedía declarar inadmisible la prueba que se

le

ocupó

a

raíz

de

ese

arresto

ilegal.

Suprimida

esa

evidencia, sus condenas por las infracciones al Art. 5.04 de

la Ley de Armas de Puerto Rico, infra, y el Art. 401 de la

Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, infra, no se

sostienen.

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El

3

Tribunal

de

Apelaciones

actuó

correctamente

al

revocar esa condena, y lo que procedía era que confirmáramos

esa Sentencia en cuanto al señor Urbáez Mateo.

I

En este caso, tres agentes de la Policía intervinieron

durante horas de la noche con el vehículo de motor en el que

se

encontraban

los

acusados

–el

señor

Henríquez

Rivera

(conductor del vehículo) y el señor Urbáez Mateo (pasajero en

la

parte

posterior)–

y

un

tercer

sujeto

sin

identificar

(pasajero delantero). Según el testimonio del agente Arocho

Torres

y

del

agente

Rivera

Vélez,

los

agentes

decidieron

intervenir con el vehículo pues notaron que los cristales

estaban

sumamente

oscuros.

Entendieron

que

tenían

motivos

para creer que el vehículo transitaba en violación a la Ley

de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, Ley Núm. 22-2000, 9

LPRA sec. 5001 et seq. (Ley de Tránsito).

El agente Arocho Torres declaró que luego de solicitarle

al

conductor

–entiéndase,

al

señor

Henríquez

Rivera–

la

documentación de rigor, observó que este tenía una lata de

cerveza en la mano. Testificó, además, que el señor Henríquez

Rivera tenía los ojos rojizos, expedía olor a licor y que

hablaba incoherentemente. Ante esas señales, el agente Arocho

Torres tuvo motivos para creer que el señor Henríquez Rivera

cometía

un

delito

al

conducir

un

vehículo

en

estado

de

embriaguez. Por ello, procedió a solicitarle que apagara el

vehículo y se desmontara, con la intención de leerle las

CC-2019-0645

4

advertencias correspondientes y arrestarlo. El agente declaró

que mientras ayudaba al señor Henríquez Rivera a desmontarse,

el pasajero delantero abrió la puerta y emprendió carrera

hacia los edificios del Residencial Francisco Figueroa.

Mientras

esto

ocurría,

el

señor

Urbáez

Mateo

estaba

sentado en el asiento posterior del vehículo con una cerveza

en la mano. El agente Rivera Vélez declaró que se encontraba

posicionado en el lado izquierdo del vehículo. Por ello, este

último estaba en una posición que le permitía vigilar al

señor Urbáez Mateo. A preguntas del fiscal sobre qué le llamó

la atención al agente Rivera Vélez del señor Urbáez Mateo,

este respondió: “En ese momento solamente nada que tenía una

cerveza en la mano”.14

Los

tres

agentes

testificaron

que,

una

vez

el

señor

Henríquez Rivera se encontraba fuera del vehículo, comenzó un

forcejeo entre este y el agente Arocho Torres. Durante el

forcejeo, el agente Rivera Vélez le solicitó al señor Urbáez

Mateo

que

dejara

las

manos

donde

él

pudiera

verlas.

En

específico, el agente Rivera Vélez declaró:

Yo rápidamente le grito al pasajero posterior que

es el caballero Yicauri Urbaez Mateo que deje las

manos donde yo pueda verlas, porque ya había

observado que había uno corriendo con una actitud

sospechosa para nosotros, pasa este, está pasando

esta situación con el compañero Arocho y el

conductor pues yo le grito a este, a este pasajero

posterior “deja las manos donde yo pueda verlas”.15

El agente Rivera Vélez no indicó que existiera indicio

alguno de que el señor Urbáez Mateo haya desobedecido la

14

15

Transcripción de vista oral, Apéndice, pág. 232.

Íd., pág. 233.

CC-2019-0645

orden.

De

5

hecho,

el

agente

testificó

que

mientras

se

desarrollaba el altercado, el señor Urbáez Mateo permanecía

“sin cometer delito sentado en la parte posterior del auto”.16

Mientras, el señor Henríquez Rivera y el agente Arocho

Torres

continuaban

el

forcejeo.

El

señor

Henríquez

Rivera

empujó al agente Arocho Torres, a medida que este último lo

agarró entre la cintura y la mano derecha con la intención de

llevarlo al piso para arrestarlo. En ese ínterin, los agentes

vieron que un arma de fuego se desprendió de la cintura del

señor Henríquez Rivera y cayó al piso. Esto provocó que el

agente Arocho Torres advirtiera a sus compañeros la presencia

de

una

pistola.

Consecutivamente,

el

agente

Arocho

Torres

soltó al señor Henríquez Rivera y ocupó inmediatamente el

arma de fuego, acto conocido al momento por los otros dos

agentes que testificaron. Quedó estipulado que los agentes

conocían además que el arma que se cayó al piso se desprendió

de la cintura del señor Henríquez Rivera.

El agente Rivera Vélez declaró que inmediatamente vio

caer el arma de la cintura del señor Henríquez Rivera, le

ordenó al señor Urbáez Mateo que se desmontara del vehículo.

Mientras este último acataba la orden, el agente Rivera Vélez

lo agarró por el brazo izquierdo y le informó que estaba

arrestado.

Sobre

el

particular,

el

agente

Rivera

declaró:

Arocho continúa ese forcejeo y cae un arma de, de

color negro al piso. El agente Arocho grita

“pistola” y entonces eh ese joven que resultó ser

16

Íd., pág. 274. (Énfasis suplido).

Vélez

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6

Héctor Henríquez sale corriendo hacia la parte

delantera del auto para internarse entre los

edificios del Residencial Francisco Figueroa, yo le

informo al pasajero posterior que es el joven

Yicauri Urbaez Mateo que se desmonte, cuando este

se está desmontando yo lo sujeto por el brazo

izquierdo y le informo que está arrestado porque ya

había visto la evidencia delictiva con relación al

arma de fuego que, que estaba el compañero Arocho

inclusive la, la recoge del, del suelo.17

Sobre los motivos que tuvo el agente Rivera Vélez para

efectuar el arresto del señor Urbáez Mateo, el fiscal le

preguntó directamente al agente:

FISCAL COLÓN: “Okey, le pregunto en ese momento

explíquele a su señoría, si va a efectuar un

arresto y por qué usted iba a efectuar un arresto

en

ese

momento

contra

esa

persona

[Urbáez]

explíquele a su señoría”.

[AGENTE

RIVERA]:

“Porque

ya

había

observado

evidencia delictiva en el sentido de que había

habido un forcejeo, en ese forcejeo se había

despren, se había deslizado un arma de fuego de

color negra que fue la que cayó al piso de la parte

delantera del cuerpo de Héctor Henríquez”.

FISCAL COLÓN: “Okey. Y en ese momento que usted lo

arresta, qué procedió con relación al arresto hacer

una vez usted lo tiene esposado”.

[AGENTE RIVERA]: “Ejerzo fuerza, llevo sus manos a

la parte posterior —como ya mencioné— y le pongo

los grilletes y re, por su seguridad y la nuestra

realizo un registro.18

Íd., pág. 233-234. (Énfasis suplido).

Íd., pág. 234. Por su parte, el agente Sánchez Ramos testificó que se

dirigió a ayudar al agente Rivera Vélez a arrestar al señor Urbáez Mateo.

Esto pues, a su juicio, Urbáez Mateo “estaba hostil”. Íd., pág. 307. Sin

embargo, el agente Sánchez Ramos no describió a qué se refería con

“hostil”. El agente Rivera Vélez fue quien describió en el juicio la

conducta del señor Urbáez Mateo mientras efectuaba el arresto. Declaró que

este último estaba sentado en el asiento trasero del vehículo cuando le

indicó que se desmontara. Mientras Urbáez Mateo se desmontaba, el agente

Rivera Vélez lo agarró por el brazo izquierdo y le informó que estaba

arrestado. Indicó que, acto seguido, Urbáez Mateo “tens[ó] su brazo

izquierdo y emple[ó] resistencia activa” del brazo. Íd., pág. 234. Adujo,

además, que Urbáez Mateo asumió “una posición doblado hacia el frente”.

Íd. Añadió que luego “empezó con los movimientos laterales con, con sus

piernas”, razón por la cual el agente Rivera Vélez inmediatamente lo tiró

contra el piso, donde primero cayó de rodillas y luego cayó completamente.

Íd. En ese momento, le puso los grilletes en sus muñecas. Íd.

17

18

CC-2019-0645

El

agente

7

Rivera

Vélez

fue

enfático

en

afirmar

en

múltiples ocasiones durante el juicio que la razón por la que

entendió tener motivos fundados para arrestar al señor Urbáez

Mateo fue porque al señor Henríquez Rivera se le cayó una

pistola

durante

su

forcejeo

con

el

agente

Arocho

Torres.

Sobre el particular, declaró:

FISCAL COLÓN: Con relación a, a Yicauri, usted

infor, le dijo al compañero abogado que en el

momento

en

que

el

agente

Arocho

estaba

interviniendo él no estaba (inteligible) del[…]

[AGENTE RIVERA]: Correcto.

FISCAL COLÓN: Por qué usted lo arresta entonces,

por qué usted le lo baja del vehículo, explíquele a

su señoría.

[AGENTE RIVERA]: Yo le ordeno bajar al joven porque

está sentado en el asiento posterior que resultó

ser Yicauri Urbáez Mateo, porque ya yo le vi, había

visto una evidencia delictiva con relación al arma

de fuego que cayó en el, en el suelo, una vez el

compañero César Arocho está forcejeando con Héctor

Henríquez. Ya al ver una evidencia delictiva, un

arma de fuego en el lugar eh se le ordena bajar a

este, a este joven y se le informa que está

arrestado.19

A eso, el abogado de defensa le cuestionó al agente Rivera

Vélez:

[ABOGADO]: Usted dice que vio evidencia delictiva

pero en realidad es que la evidencia que, delictiva

que usted observó no tenía nada que ver con

Yicauri, ¿verdad que no?

[AGENTE RIVERA]: Eh estaba…

[ABOGADO]: ¿Verdad que no?

[AGENTE

RIVERA]:

Yicauri no.20

19

20

Directamente

Íd., pág. 297. (Énfasis suplido).

Íd.

relacionada

con

CC-2019-0645

8

Congruente

admitió

en

Urbáez

Mateo

con

varias

lo

anterior,

ocasiones

incurriendo

que

en

el

no

agente

había

conducta

Rivera

Vélez

visto

al

señor

delictiva

en

ningún

momento antes de arrestarlo. En el interrogatorio, expresó:

[ABOGADO]: “¿Usted lo vio con algún deli, arma en

la mano?”

[AGENTE RIVERA]: “No, no”.

[ABOGADO]: “¿Cometiendo algún delito?”

[AGENTE RIVERA]: “No señor”.

[ABOGADO]: “Pero lo arrestó como quiera”.

[AGENTE RIVERA]: “Es así”.21

Luego de ponerle los grilletes al señor Urbáez Mateo, el

agente Rivera Vélez le realizó un registro superficial sobre

su

jacket

derecho

y

“por

el

interior

de

su

delantero”

en

donde

Mahón

palpó

un

en

objeto

el

extremo

sólido.22

Al

verificar, encontró que se trataba de un arma de fuego color

níquel y negro. Al continuar el registro, encontró “una bolsa

plástica transparente de cierre a presión con muchas bolsitas

plásticas

transparentes

de

cierre

a

presión

con

supuesta

picadura [de marihuana] en su interior”.23

Durante el interrogatorio, los tres agentes manifestaron

que, desde que inició la intervención del vehículo, un grupo

de personas se aglomeró en la cercanía. Los agentes indicaron

que

esa

situación

les

hizo

sentir

inseguros.

El

agente

Sánchez Ramos declaró que las personas procedieron a “gritar

Íd., págs. 273-274. (Énfasis suplido).

Íd., pág. 234.

23 Íd., pág. 235.

21

22

CC-2019-0645

improperios

ello,

9

hacia

indicó

que

[los

agentes]

ambiente

era

y

palabras

hostil.25

Por

soeces”.24

Por

su

el

parte,

agente Rivera Vélez indicó que no tuvieron la oportunidad de

intervenir con las personas que le gritaban improperios pues

“ninguno

tuvo

la

valentía

de

gritár[les]

de

frente,

lo

gritaban a la periferia”.26

Por

esos

hechos,

se

acusó

al

señor

Urbáez

Mateo

de

infringir el Art. 5.04 (portación y uso de armas de fuego sin

licencia) de la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 4042000, 25 LPRA sec. 458c (derogada), y el Art. 401 de la Ley

de Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley Núm. 4 del 23

de junio de 1971, 24 LPRA sec. 2401(a)(1), en la modalidad de

poseer una sustancia controlada con intención de distribuir.

El juicio se vio por tribunal de derecho y el señor Urbáez

Mateo fue declarado culpable de los delitos.27

24

25

Íd., pág. 309.

Sobre el particular, el agente Rivera Vélez declaró:

[H]ubieron personas de una actitud hostil manifestando

palabras soeces en el lugar, el ambiente estaba pues rodeado

de personas que se acumularon cerca de allí en reclamando por

qué se interviene con estos, con estos, con estas personas eh

ya que estaban cerca de, del lugar de la intervención.

Íd., pág. 232. A preguntas del abogado de la defensa, el agente Rivera

Vélez declaró que no se arrestó a nadie en los alrededores del vehículo

por obstrucción a la justicia ni por alteración de la paz. Íd., pág. 253.

Indicó que, si alguien le hubiese gritado de frente, entonces “en vez de

ser dos arrestados […] hubiesen [sido] tres”. Íd., pág. 254.

26 Íd., pág. 254.

27 Se acusó también al señor Henríquez Rivera por infringir los Arts. 5.04

(Portación y uso de armas de fuego sin licencia) y 6.01 (Fabricación,

distribución, posesión y uso de municiones) de la Ley de Armas de Puerto

Rico, Ley Núm.404-2000, 25 LPRA sec.458c y 459 (derogada); Arts. 192

(Recibo, disposición y transportación de bienes objetos del delito), 245

(Empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública) y 246

(Resistencia u obstrucción a la autoridad pública) del Código Penal de

Puerto Rico de 2012, 33 LPRA 5262, 5335 y 5336; y Art. 7.02 (Manejo de

vehículos de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes) de la Ley de

Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, Ley Núm.22-2000, 9 LPRA sec.5202. El

Tribunal de Primera Instancia encontró al señor Henríquez Rivera culpable

CC-2019-0645

10

El Tribunal de Apelaciones revocó las sentencias que se

dictaron contra ambos acusados. Sobre la condena del señor

Urbáez Mateo, el foro apelativo intermedio determinó que el

agente Rivera Vélez no tuvo motivos fundados para efectuar el

arresto. Concluyó que, según el testimonio de este último en

juicio,

arrestó

al

señor

Urbáez

Mateo

porque

al

señor

Henríquez Rivera se le cayó un arma de fuego de su cintura.

El

Tribunal

de

Apelaciones

hizo

alusión

a

las

ocasiones

constantes en que el agente Rivera Vélez admitió ese hecho.

El

foro

apelativo

intermedio

determinó

–entre

varios

fundamentos que no son necesarios mencionar en este momento–

que el Ministerio Público no logró rebatir la presunción de

ilegalidad en el registro y arresto que se realizó sin orden

judicial previa. Por lo tanto, en cuanto al señor Urbáez

Mateo, el Tribunal de Apelaciones dictaminó:

[C]oncluimos que no se demostró que los agentes

tuvieran motivos fundados para intervenir con los

apelantes sin una orden judicial a esos efectos. El

mismo agente Rivera testificó que no vio al señor

Urbáez Mateo cometiendo delito alguno, y que la

evidencia delictiva que dio pie a su registro y

arresto no estaba directamente relacionada a él;

por lo que no existían motivos fundados para

intervenir con él, registrarlo y arrestarlo sin

orden judicial a esos efectos. […] El Ministerio

Público

no

logró

rebatir

la

presunción

de

ilegalidad en los registros y arrestos hechos sin

orden judicial previa. Por tanto, toda la evidencia

ocupada como fruto de ello y los arrestos hechos

fueron ilegales e inadmisibles como prueba en

juicio.28

por todos los delitos por los que se le acusó, con excepción del cargo por

violación al Art.192 del Código Penal de 2012.

28 Sentencia, Apéndice, pág. 442.

CC-2019-0645

11

En desacuerdo, el Procurador General presentó el recurso

de certiorari que atendemos hoy. Particularmente, sobre los

motivos

fundados

que

tuvo

el

agente

Rivera

Vélez

para

arrestar al señor Urbáez Mateo adujo:

[El agente Rivera] le informa al señor Urbáez que

está bajo arresto, pues había portación de arma

[del señor Henríquez]. Además, de la presencia de

un arma de fuego, la conducta fue altamente

sospechosa cuando el conductor y el otro pasajero

salieron corriendo hacia el residencial. Por tanto,

se hacía necesaria la intervención con el último

ocupante del auto. Ante la presencia del arma [que

se le cayó a Henríquez] había que velar por la

seguridad.29

II

La Constitución de Puerto Rico garantiza a cada ciudadana

y ciudadano la protección de su persona,

casa, papeles y

efectos

y

contra

registros,

incautaciones

allanamientos

irrazonables. Const. ELA, Sec. 10, Art. II, LPRA, Tomo 1.

Esta protección encuentra arraigo en la Enmienda Cuarta de la

Constitución de los Estados Unidos. Emda. IV, Const. EE. UU.,

LPRA, Tomo 1. De ordinario, nuestra Carta Magna prohíbe que

se arreste a una persona sin una orden judicial previa que se

base en una determinación de causa probable. Pueblo v. Colón

Bernier, 148 DPR 135, 140 (1999). Como norma general, la

evidencia que se ocupe como fruto de un arresto sin orden

judicial

previa

está

sujeta

a

la

regla

de

exclusión,

incorporada expresamente en la Sección 10 de nuestra Carta de

Derechos. Const. ELA, supra (“Evidencia obtenida en violación

de

29

esta

sección

Certiorari, pág. 8.

será

inadmisible

en

los

tribunales”).

No

CC-2019-0645

12

obstante, la Regla 11 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap.

II, R. 11, permite a manera de excepción que un funcionario

del

orden

público

realice

un

arresto

sin

orden

judicial

únicamente en las circunstancias siguientes:

(a) Cuando tuviere motivos fundados para creer que

la persona que va a ser arrestada ha cometido un

delito en su presencia […].

(b) Cuando la persona arrestada hubiera cometido

delito grave, aun cuando no sea en su presencia.

(c) Cuando tuviere motivos fundados para creer que

la persona que va a ser arrestada ha cometido un

delito grave, independientemente de si el delito se

hubiere cometido o no en realidad.

(Énfasis

suplido).

La

frase

motivos

fundados

que

menciona

la

regla

se

refiere a aquella información o conocimiento que lleven a una

persona ordinaria y prudente a creer que la persona a ser

detenida ha cometido un delito. Pueblo v.

Serrano, Serra,

148

causa

DPR

173

(1999).

Ello

es

sinónimo

de

probable.

Pueblo v. Díaz Díaz, 106 DPR 348 (1977). Los motivos fundados

constituyen

el

mínimo

de

información

que

razonablemente

podría convencer a un juez de que existe causa probable para

expedir una orden de arresto. Pueblo v. Calderón Díaz, 156

DPR 549 (2002). Por ello, el agente que realice un arresto

sin la orden correspondiente debe observar o estar informado

de “hechos concretos que razonablemente apunten a la comisión

de un delito”, pues las “[m]eras sospechas no bastan”. Pueblo

v. Colón Bernier, supra, pág. 144. Para determinar si un

agente tenía motivos fundados para intervenir y arrestar a un

ciudadano

sin

orden

previa,

es

indispensable

analizar

la

CC-2019-0645

13

información que le constaba a este y los hechos que tenía

ante sí al momento del arresto para, entonces, determinar si

esos hechos podían llevar a una persona prudente y razonable

a creer que la persona a ser arrestada había cometido, o iba

a cometer, un delito.

En

el

contexto

de

una

infracción

de

tránsito,

hemos

reiterado que un agente puede detener a un conductor de un

vehículo si tiene “un motivo o sospecha individualizada de

que el conductor ha infringido una ley de tránsito”. Ortiz v.

DTOP, 164 DPR 361, 366 (2005). Nótese que la “mera infracción

de tránsito de por sí no justifica un registro sin orden,

aunque valida la detención inicial del vehículo”. Pueblo v.

Malavé González, 120 DPR 470, 480 (1988). Ahora bien, la

detención por motivo o sospecha individualizada de que se ha

infringido

una

ley

de

tránsito

no

constituye

fundamento

suficiente que justifique un arresto sin orden. Lo anterior,

pues la Regla 11 de Procedimiento Criminal, supra, permite el

arresto sin orden ante la creencia de comisión de delito y no

así

de

una

falta

administrativa

cuya

sanción

constituye

imponer una multa. Por ende, y a modo de ejemplo, un agente

no puede tener motivos fundados para arrestar a un conductor

únicamente porque no llevara puesto el cinturón de seguridad.

Esto pues, al amparo de las leyes de tránsito, las faltas

administrativas “que no conlleven pena de reclusión […] no

han sido consideradas propiamente delitos”. Pueblo v. Báez

Cartagena, 108 DPR 381, 389 (1979) (Juez Presidente Trías

Monge, Voto particular). Cónsono con este planteamiento, la

CC-2019-0645

14

Ley de Tránsito vigente no faculta a un agente del orden

público a realizar un arresto ante la creencia de que se ha

cometido

una

falta

administrativa.

No

obstante,

hemos

expresado que si como producto de una detención legal de un

vehículo surgiere motivo fundado para creer que se cometió o

se está cometiendo un delito en presencia del agente, este

puede

efectuar

un

arresto

o

registro

conforme

a

la

ley.

Pueblo v. Malavé González, supra, pág. 481.

Al evaluar la legalidad del arresto de una persona sin la

orden

judicial

correspondiente

un

tribunal

debe

juzgar

la

conducta del funcionario público que arresta en consideración

al criterio de la persona prudente y razonable, tomando en

cuenta las circunstancias específicas del arresto. Pueblo v.

Alcalá

Fernández,

109

DPR

326

(1980).

Sin

embargo,

la

jurisprudencia federal ha reiterado que la consideración de

la causa probable para arrestar sin orden al amparo de la

Enmienda

Cuarta

—bajo

nuestro

ordenamiento,

los

motivos

fundados— es particularizada a la persona que se arresta.

Ybarra v. Illinois, 444 US 85, 91 (1979). De esa forma, en US

v. Di Re, 332 US 581 (1948), el Tribunal Supremo federal se

negó

a

permitir

que

se

admitiera

en

evidencia

material

inculpatorio que se obtuvo de un pasajero de un vehículo,

basado en una confidencia de que otro de los pasajeros tenía

consigo

material

de

contrabando.

El

Máximo

Foro

federal

razonó que la causa probable solo existía para el individuo

sobre el cual se recibió la confidencia y, posteriormente,

surgió para un tercero a quien el policía vio con material de

CC-2019-0645

15

contrabando en su persona. Por lo tanto, todo material que se

obtuvo

incidental

al

arresto

del

ocupante

restante

del

vehículo era inadmisible en un tribunal, pues fue producto de

un arresto ilegal.30

De

esa

forma,

el

Tribunal

Supremo

federal

también

especificó que un agente no puede inferir el surgimiento de

causa probable después de efectuar el arresto basado en si el

arrestado

se

resistió

al

arresto

o

si

lo

acató

con

su

silencio. Íd., pág. 594. Sobre el particular, añadió: “One

has an undoubted right to resist an unlawful arrest, and

courts will uphold the right of resistance in proper cases”.

Íd. (Énfasis suplido). El Tribunal expresó además: “It is the

officer’s responsibility to know what he is arresting for,

and why, and one in the unhappy plight of being taken into

custody is not required to test the legality of the arrest

before the officer who is making it”. Íd., pág. 595.

Posteriormente,

en

Ybarra

v.

Illinois,

supra,

el

Tribunal Supremo federal se volvió a enfrentar a un asunto

similar, esta vez ante un registro con orden judicial en un

establecimiento. Existía causa probable para pensar que allí

30

En específico, el Tribunal Supremo federal dictaminó:

The Government now concedes that the only person who committed

a possible misdemeanor in the open presence of the officer was

Reed, the Government informer who was found visibly possessing

the coupons. Of course, as to Buttitta they had previous

information that he was to sell such coupons to Reed, and Reed

gave information that he had done so. But the officer had no

such information as to Di Re. All they had was his presence,

and if his presence was not enough to make a case for arrest

for a misdemeanor, it is hard to see how it was enough for the

felony of violating § 28 of the Criminal Code.

US v. Di Re, 332 US 581, 592 (1949).

CC-2019-0645

16

había contrabando de sustancias controladas. Como producto de

esa intervención, se arrestó a un individuo que estaba parado

en

el

área

de

la

barra

y

se

le

ocuparon

seis

paquetes

pequeños con heroína, los cuales se encontraban dentro de una

caja de cigarrillos que tenía en su persona.

El Tribunal

Supremo federal revocó la condena y expresó:

[A]

person’s

mere

propinquity

to

others

independently suspected of criminal activity does

not, without more, give rise to probable cause to

search that person. Where the standard is probable

cause, a search or seizure of a person must be

supported by probable cause particularized with

respect to that person. This requirement cannot be

undercut or avoided by simply pointing to the fact

that coincidentally there exists probable cause to

search or seize another or to search the premises

where the person may happen to be. The Fourth and

Fourteenth

Amendments

protect

the

“legitimate

expectations of privacy” of persons […]. Íd., pág.

21 (Énfasis suplido).

El caso es distinto cuando un agente descubre evidencia

delictiva

en

quién

pertenece.

le

federal

ha

un

vehículo

validado

legalmente,

En

ese

supuesto,

la

existencia

de

pero

el

se

desconoce

Tribunal

causa

a

Supremo

probable

para

arrestar a todos los ocupantes del vehículo, pues hay motivos

para pensar que cualquiera de ellos, o todos, podrían ser

responsables del delito o delitos que surjan a raíz de esa

evidencia. Maryland v. Pringle, 540 US 366 (2003).

Los fundamentos que anteceden se encuentran en armonía

con

nuestro

ordenamiento

legal

estatal.

La

Regla

11

de

Procedimiento Criminal, supra, dicta expresamente en sus tres

incisos que los motivos fundados para creer que se cometió un

delito son en torno a la persona que va a ser arrestada.

CC-2019-0645

17

Finalmente, hemos reiterado que un arresto constituye “el

acto de poner a una persona bajo custodia en los casos y del

modo que la ley autoriza[, y que] se hará por medio de la

restricción

efectiva

de

la

libertad

de

la

persona

o

sometiendo a dicha persona a la custodia de un funcionario”.

Pueblo en interés del menor NOR, 136 DPR 949, 957 (1994)

(citando

a

Pueblo

v.

Pacheco

Báez,

130

DPR

664,

668-669

(1992)); Regla 4 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II,

R. 4. Sobre el particular, hemos expresado que se considera

que “una persona ha sido arrestada, a la luz de la Cuarta

Enmienda Constitucional Federal, s[o]lo si, tomando en cuenta

la totalidad de las circunstancias que rodean al incidente

entre

la

Policía

y

el

presunto

arrestado,

una

persona

razonable hubiese creído que no estaba en libertad de poder

marcharse del lugar”. Íd., pág. 958. (Énfasis suplido). Véase

US

v.

Mendenhall,

446

US

544

(1980);

pero

véase

también

Florida v. Bostick, 501 US 429 (1991).

III

Para

recapitular,

en

este

caso

tres

agentes

de

la

Policía entendieron que hubo sospecha individualizada para

detener el vehículo que conducía el señor Henríquez Rivera,

en el cual se encontraban el señor Urbáez Mateo y un tercer

pasajero. Esto pues los cristales del vehículo aparentaban

estar muy oscuros, en posible violación a la Ley de Tránsito,

supra. Durante la detención, el agente Arocho Torres percibió

que el señor Henríquez Rivera conducía bajo los efectos de

CC-2019-0645

18

bebidas embriagantes, una infracción tipificada como delito

al amparo de la Ley de Tránsito, supra. Por ello, entendió

que había motivos fundados para arrestar al señor Henríquez

Rivera. Posteriormente, hubo un forcejeo entre este último y

el agente Arocho Torres en el que se deprendió un arma de

fuego de la cintura del señor Henríquez Rivera. Todos los

agentes testificaron que al momento de los hechos conocían

que

el

arma

que

cayó

al

piso

se

desprendió

del

señor

Henríquez Rivera. Por lo tanto, podemos determinar que el

agente Arocho Torres tenía motivos fundados para intervenir

con el señor Henríquez Rivera. Ahora bien, cabe preguntarse

si

esas

mismas

circunstancias

estaban

presentes

para

intervenir con el señor Urbáez Mateo y si la evidencia que se

obtuvo al registrarlo fue producto de un registro legal.

En

elementos

específico,

suficientes

corresponde

para

que

determinar

una

persona

si

existían

prudente

y

razonable creyera que la persona a ser arrestada,31 entiéndase

Sin duda, el agente Rivera Vélez efectuó un arresto al señor Urbáez

Mateo, por lo que la protección constitucional contra incautaciones y

allanamientos irrazonables se activó a favor del acusado tan pronto

ocurrió un arresto revestido de ilegalidad. Según vimos, el estándar para

determinar si se efectuó un arresto es si, dadas las circunstancias, una

persona razonable hubiese creído que no estaba en libertad de poder

marcharse del lugar. En este caso, según declaró el agente Rivera Vélez,

inmediatamente después de ver caer el arma de la cintura del señor

Henríquez Rivera, ordenó al señor Urbáez Mateo que se desmontara del

vehículo, lo agarró por el brazo izquierdo y le informó que estaba

arrestado. Antes de poder ponerle los grilletes, el señor Urbáez Mateo

tensó el brazo izquierdo y se dobló hacia al frente. Acto seguido, el

agente Rivera Vélez lo tumbó al suelo y finalmente le puso los grilletes

en las muñecas. Mientras, el agente Sánchez Ramos lo ayudó. Ante estas

circunstancias, una persona razonablemente pensaría que se le estaba

arrestando pues un agente con uniforme y autoridad aparente: (1) le ordenó

a salir del vehículo; (2) lo agarró por el brazo izquierdo y no lo soltó;

(3) le informó expresamente que estaba arrestado; (4) en presencia de un

segundo agente con uniforme y autoridad aparente, le restringió la

capacidad de movimiento, y (5) le puso unos grilletes en sus muñecas. Por

consiguiente, no cabe sino concluir que agente Rivera Vélez puso al señor

31

CC-2019-0645

19

el señor Urbáez Mateo, cometió o estaba cometiendo un delito.

Esto último sustentado por la existencia de motivos fundados

con respecto a esa persona en particular. Sobre los motivos

fundados

para

arrestar

al

señor

Urbáez

Mateo,

el

agente

Rivera Vélez adujo que estos fueron los siguientes: (1) al

señor Henríquez Rivera se le cayó un arma frente a su cuerpo

durante el forcejeo entre este y el agente Arocho Torres; (2)

cuando

comenzó

corriendo

hacia

el

forcejeo,

el

el

residencial

pasajero

público

delantero

que

se

salió

encontraba

próximo al lugar lo que le generó sospecha, y (3) la multitud

que le gritaba improperios —pero mirando a la periferia y

nunca de frente– lo hizo sentir inseguro.

Un análisis cuidadoso de estos elementos conduce a la

conclusión forzosa de que la convergencia de estos no era

suficiente para que una persona prudente y razonable creyera

que el señor Urbaez Mateo cometió o estaba cometiendo un

delito. Según se desprende de la prueba testifical, ninguno

de esos tres elementos guarda relación alguna con conducta o

Urbáez Mateo bajo arresto antes de realizarle el cacheo y registro por el

cual se le ocupó la evidencia que se incautó.

Nótese que el agente Rivera Vélez indicó que, mientras le ponía los

grilletes al señor Urbáez Mateo, este ultimo realizó “movimientos

laterales” con sus piernas. Adujo que interpretó esa acción como un

intento de irse a la huída. Encuentro inverosímil concluir que una persona

a quien se le anunció su arresto, se le está agarrando por el brazo y está

siendo custodiada por dos agentes de la Policía frente a la puerta de un

vehículo proponía marcharse del lugar simplemente porque movió sus piernas

con movimientos laterales mientras se bajaba del vehículo, Máxime cuando

lo anterior presuntamente ocurrió cuando el señor Urbáez Mateo estaba ante

el control total de los agentes. El hecho de que la persona mostrara

resistencia al tensar el brazo mientras el agente se proponía ponerle los

grilletes

tampoco

supone

la

existencia

de

motivos

fundados

que

justificaran, de manera retroactiva, un arresto que de por sí ya era

ilegal. Nada en nuestro ordenamiento jurídico ni en la jurisprudencia

federal valida la aplicación de la doctrina de motivos fundados de manera

retroactiva.

CC-2019-0645

20

circunstancias atribuibles al señor Urbáez Mateo. En primer

lugar, en cuanto al arma de fuego que se desprendió de la

cintura del señor Henríquez Rivera, el agente Rivera Vélez

testificó que conocía que esta no guardaba relación alguna

con el señor Urbáez Mateo. Sobre el particular, declaró:

[ABOGADO]: […] Usted dice que vio evidencia

delictiva pero la realidad es que la evidencia que,

delictiva que usted observó no tenía nada que ver

con Yicauri, ¿verdad que no?”

[…]

[AGENTE

RIVERA]:

Yicauri no.32

Directamente

relacionada

con

En segundo lugar, con relación a la conducta del pasajero

que

salió

corriendo

y

la

sospecha

que

esta

generó

en

el

agente Rivera Vélez, la jurisprudencia indica que una mera

sospecha

no

constituye

motivo

suficiente

para

arrestar

a

alguien. Pueblo v. Colón Bernier, supra, pág. 144. Además,

esa sospecha no podía ser atribuible al señor Urbáez Mateo,

quien en todo momento antes de su arresto se quedó sentado en

el asiento posterior del vehículo, sin incurrir en conducta

sospechosa.33 Aun si uniéramos este suceso al desprendimiento

del arma del señor Henríquez Rivera, estos hechos de por sí

Íd., pág. 297.

Esto quedó evidenciado en las admisiones múltiples que hizo el agente

Rivera Vélez sobre el comportamiento del señor Urbáez Mateo durante la

intervención. Por ejemplo, el agente Rivera testificó:

32

33

[ABOGADO]: No. Y de hecho usted dice […] que él[, Urbáez,] no

había cometido ningún delito.

[AGENTE RIVERA]: Bueno, estaba sentado…

[ABOGADO]: Sentado.

[AGENTE RIVERA]: … sin cometer delito sentado en la parte

posterior del auto. Correcto.33

Íd., pág. 274.

CC-2019-0645

21

no conectaban de ninguna manera al señor Urbáez Mateo con la

creencia razonable de que cometió o cometía un delito. Hasta

ese momento, lo único que tenían en común el señor Urbáez

Mateo y los dos ocupantes del vehículo era su presencia en el

automóvil que los agentes detuvieron.

Resta preguntarnos si el ambiente presuntamente hostil

que

se

suscitó

intervención

en

creó

las

las

cercanías

del

circunstancias

área

que

durante

la

justificaran

el

arresto y registro del señor Urbáez Mateo. La respuesta es

que no. Claramente el hecho de que la multitud actuara de una

manera

hostil

no

implicó

de

ninguna

manera

que

el

señor

Urbáez Mateo cometió o estaba cometiendo un delito. Máxime

cuando el Ministerio Público no alegó que el señor Urbáez

Mateo fue el responsable de que se suscitara ese ambiente.

Por otro lado, validar un arresto sin orden judicial en esas

circunstancias sería avalar el arresto y registro de toda

persona –independientemente de su conducta– que se encontrara

en la cercanía de un intercambio de palabras entre la Policía

y ciertas personas en ese grupo únicamente por su presencia

en ese lugar. Esa conclusión es absurda. Si bien durante el

juicio

los

agentes

declararon

que

ese

ambiente

los

hizo

sentir inseguros, no argumentaron cómo el arresto del señor

Urbáez Mateo en esos momentos hubiese disminuido ese efecto.

Finalmente, aunque el agente Rivera Vélez no adujo que

esta fuera una causa para arrestarlo, debemos considerar si

el

hecho

de

que

el

señor

Urbáez

Mateo

tenía

una

cerveza

abierta en la mano al momento de la intervención justificaba

CC-2019-0645

22

un arresto sin orden judicial. Al respecto, el Art. 10.17(f)

de

la

Ley

de

Tránsito,

9

LPRA

sec.

5297,

prohíbe

el

transporte de bebidas embriagantes en envases abiertos en el

interior de un vehículo. Sin embargo, ese artículo dispone

que

su

infracción

sancionada

con

la

constituye

expedición

de

una

falta

administrativa

un

boleto

de

doscientos

dólares ($200). Según el Art. 23.03 de la Ley de Tránsito, 9

LPRA sec. 5683, una falta administrativa al amparo de ese

estatuto se convertirá en delito menos grave cuando, como

consecuencia de la infracción, se causare o contribuyere a

causar un accidente que resultare en la lesión de una persona

o

daños

a

la

propiedad

circunstancias

para

convirtiera

en

un

tratarse

una

de

que

delito

falta

ajena.

Aquí

la

menos

dieron

las

falta

administrativa

se

grave.

Por

tanto,

al

funcionario

del

administrativa,

no

un

se

lo

orden público no estaba facultado a realizar un arresto al

amparo de la Regla 11 de Procedimiento Criminal, supra.

En conclusión, no me queda duda que en este caso se

arrestó al señor Urbáez Mateo sin motivos fundados para ello.

Por lo tanto, el cacheo y posterior registro que se le hizo

mientras

estuvo

bajo

arresto

y

esposado

en

el

suelo

se

realizó sin autoridad en ley para ello y toda la evidencia

que se obtuvo fue a raíz de un registro ilegal. Al amparo de

la

regla

de

exclusión

que

contiene

la

Constitución,

correspondía que se declararan inadmisibles el arma y las

sustancias controladas que se le ocuparon luego de su arresto

ilegal. Debido a que al señor Urbáez Mateo se le acusó de los

CC-2019-0645

23

delitos de portación y uso de armas de fuego sin licencia, al

amparo del Art. 5.04 de la Ley de Armas, supra, y de poseer

una sustancia controlada con intención de distribuir, bajo el

Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas, supra, sin esa

evidencia

ninguno

de

no

se

los

consecuencia,

podía

dos

probar

delitos

procedía

que

más

por

allá

los

de

duda

razonable

que

se

le

acusó.

En

confirmáramos

la

Sentencia

del

Tribunal de Apelaciones en cuanto a absolver al señor Urbáez

Mateo. Dado que una mayoría de este Tribunal resolvió lo

contrario

sobre

ese

particular,

disiento

en

parte

totalidad del dictamen.

Maite D. Oronoz Rodríguez

Jueza Presidenta

con

la