Tribunal Supremo de Puerto Rico
El Pueblo v. Henríquez Rivera y otro
2020 TSPR 114
Poder Judicial de Puerto Rico
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El Pueblo v. Henríquez Rivera y otro
CC-2019-645
Sentencia con Opinión de Conformidad y Opinión de Conformidad en parte y Disidente en parte
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
v.
Héctor Henríquez Rivera
Certiorari
Recurrido
2020 TSPR 114
El Pueblo de Puerto Rico
205 DPR _____
Peticionario
v.
Yicauri Urbáez Mateo
Recurrido
Número del Caso:
Fecha:
CC-2019-645
28 de septiembre de 2020
Tribunal de Apelaciones:
Panel X
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Isaías Sánchez Báez
Procurador General
Lcda. Mónica Durán Ortiz
Procuradora General Auxiliar
Abogados de los recurridos:
Lcda. Maríana Miranda Juarbe
Sociedad Para Asistencial Legal
Lcdo. Héctor Henríquez Rivera
Materia:
Sentencia con Opinión de Conformidad
Conformidad en parte y Disidente en parte.
y
Opinión
de
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
v.
Héctor Henríquez Rivera
Recurrido
CC-2019-0645
Certiorari
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
v.
Yicauri Urbáez Mateo
Recurrido
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico a 28 de septiembre de 2020.
En el presente caso nos corresponde determinar si el
Tribunal de Apelaciones erró al concluir que procedía revocar
ciertas
Sentencias
condenatorias
de
los
aquí
recurridos.
Ello, por entender que no se probó la culpabilidad de éstos
más
allá
de
duda
razonable,
estimar
que
se
presentó
testimonio estereotipado que no merecía crédito y concluir
que
había
errado
el
foro
primario
al
admitir
cierta
evidencia.
Tras un análisis de la prueba desfilada y los hechos
ante nuestra consideración, así como del derecho aplicable,
CC-2019-0645
2
somos del criterio que el foro apelativo intermedio –- en
parte --erró en su determinación, por lo que procedemos a
modificar el dictamen recurrido. Veamos.
I.
A
consecuencia
de
los
hechos
que
se
esbozan
a
continuación, se acusó al señor Héctor Henríquez Rivera (en
adelante,
“señor
Henríquez
Rivera”)
por
infracción
a
los
Arts. 5.04 (Portación y uso de armas de fuego sin licencia)
y
6.01
(Fabricación,
distribución,
posesión
y
uso
de
municiones) de la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley Núm.4042000, 25 LPRA sec.458c y 459; Arts. 192 (Recibo, disposición
y transportación de bienes objetos del delito), 245 (Empleo
de violencia o intimidación contra la autoridad pública) y
246 (Resistencia u obstrucción a la autoridad pública) del
Código Penal de Puerto Rico de 2012, 33 LPRA 5262, 5335 y
5336; y Art. 7.02 (Manejo de vehículos de motor bajo los
efectos de bebidas embriagantes) de la Ley de Vehículos y
Tránsito de Puerto Rico, Ley Núm.22-2000, 9 LPRA sec.5202.
Por su parte, el señor Yicauri Urbáez Mateo (en adelante,
“señor Urbáez Mateo”) fue acusado por infracción al Art.
5.04 de la Ley de Armas de Puerto Rico, supra, y el Art. 401
de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley Núm.
4
del
23
de
junio
de
1971,
24
LPRA
sec.
2401,
en
su
vertiente de intención de distribuir.
La celebración del juicio en su fondo se llevó a cabo
los días 2 y 23 de diciembre de 2013, el 24 de septiembre de
CC-2019-0645
3
2015, el 14 de diciembre de 2015 y el 9 de abril de 2016.
Durante
dicho
procedimiento
judicial
se
narraron
los
siguientes hechos por medio de la prueba testifical.1
El Agente César Arocho Torres2 (en adelante, “Agente
Arocho Torres”) testificó que el 19 de enero de 2013 -- a
eso de las 7:00 p.m. -- se reportó
al Cuartel de Añasco,
luego
Unidad
de
que
el
supervisor
de
su
Motorizada
le
informara que ayudaría a proveer refuerzos, en ocasión de
las fiestas patronales de Añasco. Se le instruyó dar rondas
preventivas, junto a los Agentes Javier O. Rivera Vélez y
Herminio Sánchez Ramos (en adelante, “Agente Rivera Vélez” y
“Agente Sánchez Ramos”).
Señaló
que, a eso de las 11:00
p.m., mientras tomaba un descanso junto a los Agentes Rivera
Vélez y Sánchez Ramos, observó un Toyota color champagne con
cristales unidireccionales y sumamente oscuros. Por entender
que
los
mismos
podrían
estar
en
violación
de
la
Ley
de
Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, supra, informó sobre
los mismos a sus compañeros, para así intervenir con
el
vehículo de motor. Véase, Transcripción de la prueba oral
(en adelante, “TPO”), págs. 60-61. Acto seguido, continuaron
tras el vehículo, deteniéndolo después de dejarlo transitar
cierta distancia. Esto, debido al volumen de tránsito y los
numerosos vehículos estacionados al margen de la carretera.
Eventualmente,
al
llegar
a
la
calle
principal
del
La prueba testifical solamente incluyó los testimonios de los Agentes
César Arocho Torres, Javier O. Rivera Vélez y Herminio Sánchez Ramos.
2 El Agente César Arocho Torres, al momento del juicio, era parte de la
unidad motorizada de Mayagüez y llevaba diecinueve (19) años laborando
como policía.
1
CC-2019-0645
4
Residencial Francisco Figueroa, utilizaron biombos y sirenas
para ordenar al conductor del vehículo detenerse.
Luego de desmontar de su motocicleta, se fue acercando
al vehículo. Al aproximarse, y debido a que los cristales
del carro estaban a medias, pudo observar que había tres (3)
personas en el vehículo: un conductor, un pasajero delantero
y un pasajero trasero en el lado del conductor. Al notar
esto, hizo señales al agente Rivera Vélez -- quién estaba a
unos
pasos
de
él
-–
para
informarle
que
en
el
referido
automóvil había tres (3) ocupantes. De la misma forma, notó
que el pasajero trasero, quien resultó ser el señor Urbáez
Mateo, tenía una lata de cerveza Medalla en mano.
Así las cosas, solicitó al conductor del vehículo -identificado en sala por el Agente Arocho Torres como el
señor Henríquez Rivera -- los documentos requeridos por ley.
En ese momento, pudo observar que el conductor tenía una
lata de cerveza en la mano. Al solicitarle los documentos
pertinentes, éste colocó la cerveza entre sus piernas y le
entregó
al
registración
agente
del
una
licencia
carro.
Vista
la
de
aprendizaje
licencia,
el
y
la
agente
testificó que se dio cuenta que la misma estaba vencida.
Indicó que comenzó a entablar una conversación con el
señor Henríquez Rivera, la cual se tornó un poco hostil.
TPO, pág.64. Señaló que, de forma coetánea, comenzaron a
aglomerarse personas alrededor de la intervención, quienes
también se empezaron a comportar de forma hostil. Íd. Con
esto
en
mente,
el
agente
le
informó
al
señor
Henríquez
CC-2019-0645
5
Rivera que su licencia era de aprendizaje y que la misma
estaba
vencida.
Ante
expresó que tenía
esto,
el
señor
Henríquez
Rivera
le
una licencia de conducir vigente y la
comienza a buscar. Durante dicho proceso de búsqueda, según
testificó el agente Arocho Torres, se percató que el señor
Henríquez Rivera estaba expidiendo olor a licor y parecía
estar
bajo
los
efectos
de
bebidas
embriagantes.
Además,
estaba “hablando incoherente”. TPO, pág.65. Indicó que le
comunicó al señor Henríquez Rivera que apagara el auto y que
tuvo que insistir para que éste lo hiciera.
Ante las preguntas del Fiscal, el agente Arocho Torres
señaló que concluyó que el señor Henríquez Rivera estaba
bajo los efectos de bebidas embriagantes por la forma en que
habló, al tener los ojos rojizos, por el olor a licor que
expedía y la lata de cerveza en su posesión. TPO, pág.65.
Acto seguido, el agente Arocho Torres le solicitó al señor
Henríquez Rivera que se bajara del carro, con la intención
de leerle las advertencias de ley y ponerlo bajo arresto por
conducir
un
vehículo
bajo
los
efectos
de
bebidas
embriagantes.
Expresó que una vez le insistió que apagara el vehículo,
ayudó al señor Henríquez Rivera a abrir la puerta del carro
para
que
pasajero
éste
pudiese
frontal
del
emprendió
Residencial
carrera
desmontarse.
lado
hacia
Francisco
derecho
dentro
Figueroa.
de
El
Simultáneamente,
el
abrió
la
y
los
edificios
agente
Arocho
puerta
del
Torres
señaló que, transcurrido los hechos de referencia, el señor
CC-2019-0645
6
Henríquez Rivera lo trató de sacar de balance y comenzó a
forcejear
con
él.
TPO,
pág.66.
Especificó
que
el
señor
Henríquez Rivera lo empujó con ambas manos, sujetando la
lata de cerveza en una de ellas, la cual, en el proceso del
empujón,
se
le
cayó
al
piso.
Igualmente,
describió
el
forcejeo como tratar “de agarrarlo entre la cintura y la
mano derecha de él para intenciones de llevarlo al, al piso
para así poderlo arrestar, pero en ese forcejeo cae”. TPO,
pág.67.
Mencionó que, durante dicho forcejeo, cayó al piso un
arma de fuego de la cintura del señor Henríquez Rivera. Al
percatarse, el agente Arocho Torres gritó “¡Pistola!”, con
la
intención
de
que
los
otros
agentes
lo
escucharan.
Consecutivamente, soltó al señor Henríquez Rivera y agarró
el
arma
de
fuego.
El
arma
fue
identificada
durante
su
testimonio como una HK Compact, calibre 40, color negro, con
número de serie 26-079719, con un cargador con varias balas.3
TPO, págs.68-69.
Señaló que, una vez aseguró el arma, el señor Henríquez
Rivera huyó hacia dentro de los edificios del Residencial
Francisco
Figueroa.
Narró
que,
luego
de
que
éste
dio
carrera, ocupó el vehículo abandonado y lo transportó a la
unidad
motorizada,
donde
se
realizó
un
registro
de
inventario. Durante dicha búsqueda, se encontró un magacín
negro,
marca
Taurus,
con
nueve
(9)
balas.
TPO,
pág.68.
Posteriormente, señaló que, al verificar la procedencia del arma en el
sistema, pudo comprobar que ésta había sido hurtada en Caguas.
3
CC-2019-0645
7
Asimismo, señaló que encontró la licencia vigente del señor
Henríquez Rivera.
En cuanto a los tintes del carro, añadió que utilizó un
fotómetro
en
el
lugar
de
los
hechos,
pero
que
posteriormente, durante el registro de inventario, realizó
la prueba a todos los cristales. Dicha examinación resultó
en que un cristal arrojara 2%, otro 3% y los restantes un
4%. Por todo lo anterior, expidió un boleto por los tintes y
dos por los envases abiertos de bebidas embriagantes.
Ahora bien, ante preguntas sobre el arma y cargadores,
el agente Arocho Torres expresó que la evidencia mostrada
durante el juicio era la misma que él había ocupado durante
su intervención con el señor Henríquez Rivera. Indicó que
reconocía el arma por el número de serie y los datos que
había anotado, aunque aceptó que no había identificado o
particularizado la evidencia de otra forma.4 TPO, págs.69-72.
Igualmente, identificó el cargador del arma. En cuanto al
cargador Taurus, ocupado durante el registro de inventario,
expresó que lo reconocía porque anotó la información de la
marca
Arocho
y
numeración.
Torres
aceptó
TPO,
que
págs.75-77.
Empero,
no
particularizado
había
el
Agente
la
evidencia antes citada. TPO, págs. 78, 88.
El arma aparentaba tener algún tipo de tarjeta o documento adjunto al
embalado de plástico hecho por el Agente Arocho Torres. Dicha tarjeta o
documento no había sido preparado por él, pero tenía su firma. Las
iniciales del Agente Arocho Torres acreditaban la entrega del arma en el
Instituto de Ciencias Forenses. TPO, pág.73. Por lo tanto, el foro
primario la admitió como “Exhibit 1” del Ministerio Público, sujeto a
que testificara la persona que había preparado dicha tarjeta o
documento. De la transcripción de la prueba oral no se desprende a qué
tarjeta o documento se refieren. En ese momento, el Fiscal señaló que el
testigo forense testificaría en cuanto al arma. TPO, pág.74. Sin
embargo, dicho testimonio no se presentó.
4
CC-2019-0645
Por
8
otro
lado,
detalló
que
había
transportado
la
evidencia en una caja de Fiscalía, la cual estaba sellada e
iniciada con su nombre y número de placa. TPO, pág.79. La
caja también tenía adherido un documento de recibo, firmado
por
el
agente
Arocho
Torres
y
otros
funcionarios.
Íd.,
págs.79-83. En cuanto a la cadena de custodia, señaló que
llevó
dicha
evidencia
a
Ciencias
Forenses
para
análisis,
además de la Fiscalía, lo cual constaba acreditado en el
documento de cadena de custodia del arma.
Por
su
parte,
el
Agente
Rivera
Vélez
reiteró
lo
previamente expresado por el Agente Arocho en cuanto a la
razón
de
vehículo.
su
presencia
Señaló
que,
en
el
luego
área
y
cómo
detuvieron
el
de
que
el
automóvil
fue
detenido, él se posicionó en la parte trasera izquierda del
carro, debido a que el carro tenía tres (3) pasajeros y los
tintes
eran
oscuros.
A
través
del
cristal
posterior
del
carro, el cual estaba a mitad, pudo observar un joven de tez
trigueña, que vestía un abrigo rojo y portaba una cerveza
abierta en su mano derecha, la cual descansaba sobre la
pierna derecha. Este joven fue identificado en sala como el
señor Urbáez Mateo.
El Agente Rivera Vélez indicó que observó al Agente
Arocho Torres intervenir con el conductor del vehículo y que
éste le solicitó al conductor los documentos pertinentes.
Asimismo, expresó que, en ese momento, estaban presentes -alrededor
del
área
--
personas
con
actitud
hostil,
las
CC-2019-0645
9
cuales estaban utilizando palabras soeces y reclamándoles
por la intervención.
Mencionó
que,
seguidamente,
el
pasajero
delantero
desmontó y dio carrera, mientras que el conductor empujó por
el pecho al Agente Arocho Torres -- cayéndose así una lata
de cerveza -- y comenzó un forcejeo entre éstos. Debido a lo
que mencionáramos, el Agente Rivera Vélez le instruyó al
señor Urbáez Mateo que mantuviera sus manos visibles. Dicho
Agente señaló que, además del forcejeo, ya había visto el
pasajero
delantero
emprender
marcha,
lo
cual
le
pareció
sospechoso. Indicó que, posteriormente, continuó el forcejeo
y cayó un arma de color negro al piso. Ante esto, el Agente
Arocho Torres gritó “¡Pistola!” y el señor Henríquez Rivera
empezó a correr hacia el Residencial Francisco Figueroa.
Confrontado con estos hechos, el Agente Rivera Vélez le
ordenó al señor Urbáez Mateo que se desmontara del vehículo.
Al éste bajarse del carro, el Agente Rivera Vélez lo agarró
por
el
brazo
izquierdo,
informándole
que
estaba
bajo
arresto. Esto, ya que había visto la evidencia delictiva con
relación al arma de fuego. TPO, págs. 233-234. Señaló que el
señor
Urbáez
Mateo
empleó
resistencia
activa
y
tensó
el
brazo, haciendo movimientos como si fuese a emprender huida.
Finalmente, con la ayuda del Agente Sánchez Ramos, logró
ponerle
los
grilletes.
Luego,
el
Agente
Rivera
Vélez
registró al mismo, por seguridad. Al palpar por encima del
abrigo y por el interior de su mahón, el Agente Rivera Vélez
pudo
identificar
un
objeto
sólido.
Al
verificar,
pudo
CC-2019-0645
10
constatar que era un arma de fuego, color níquel y negro, la
cual estaba cargada. Informó y gritó que tenía un arma de
fuego y continuó el registro. TPO, pág. 235. Así, ocupó del
bolsillo derecho del abrigo una bolsa plástica trasparente
de
cierre
a
transparentes
presión,
y
color
con
muchas
rojo,
con
bolsitas
cierre
a
plásticas
presión,
con
supuesta picadura de marihuana en su interior. Íd.
Una vez le leyó las advertencias al señor Urbáez Mateo y
lo transportó al Cuartel de Distrito de Añasco, el Agente
Rivera Vélez le tomó fotos con su celular a la evidencia
ocupada. Es decir, entre otras, la pistola Smith & Wesson,
nueve (9) milímetros, color níquel y negra, número de serie
A391176, con un cargador con siete (7) balas, así como doce
(12) bolsitas plásticas transparentes con supuesta picadura
de marihuana en su interior. TPO, pág.237. Además, preparó
el formulario PPR126, en el cual se detalla la evidencia
ocupada y el cual fue firmado por el señor Urbáez Mateo. El
arma, cargador y balas no fueron identificadas con algún
“label” por el Agente Rivera Vélez. TPO, págs. 287-288.
Luego,
Mayagüez,
éste
donde
se
se
dirigió
a
practicó
la
División
la
prueba
de
Drogas
de
de
campo.5
El Tribunal de Primera Instancia permitió a la defensa que dialogara
brevemente con los testigos del Instituto de Ciencias Forenses -- los
cuales habían comparecido para testificar sobre los informes de cadena de
custodia y el funcionamiento de las armas -- para poder identificar si se
podían despachar. Como consecuencia de dicha interacción, parte de la
evidencia fue estipulada. TPO, pág.279. Esto incluyó el testimonio de
Yarelis Falcón y los certificados de funcionamiento de armas firmados por
ésta. Igualmente se estipuló la “solicitud de análisis cadena de
custodia” con relación al arma ocupada por el Agente Rivera Vélez, aunque
con disputa en cuanto a la versión del documento que fue admitido, por
éste estar solamente completado parcialmente. TPO, págs.290-293. Durante
esta discusión, el licenciado Roland Arroyo Rojas, abogado del señor
5
CC-2019-0645
11
Eventualmente, el Agente Rivera Vélez también transportó el
arma, cargador y balas al Instituto de Ciencias Forenses.
Durante el juicio, y ante preguntas del Fiscal, el Agente
Rivera Vélez identificó el arma por su número de serie,
mediante las fotos que había tomado el día de los hechos.
Aseguró que el arma presentada en el juicio fue la misma que
ocupó.
TPO,
págs.
237-238,245.
De
la
misma
forma,
así
identificó la demás evidencia, es decir, cargador y balas.
Íd., pág.244. Sin embargo, en cuanto al cargador y balas, el
Agente Rivera Vélez aceptó que no tenían un número de serie.
Íd., págs.287-288.
Por
su
parte,
el
Agente
Sánchez
Ramos
testificó
brevemente.6 Al igual que los otros dos agentes, indicó que
estaba patrullando preventivamente en ocasión de las fiestas
patronales. Expresó que estaban intervenido con el vehículo
donde se encontraban los recurridos -- por violación a la
Ley Núm.22-2000 -- cuando se abrieron, casi simultáneamente,
Henríquez Rivera, objetó la admisión del informe de cadena de custodia en
cuanto al arma ocupada a su cliente, ya que habían comparecido todos los
funcionarios del Instituto de Ciencias Forenses menos una. En ese
sentido, dijo que estaba dispuesto a estipular o estaría de acuerdo con
parte de la cadena de custodia, con excepción de la funcionaria que no
compareció. TPO, pág. 283. Tras escuchar los argumentos de ambas partes,
el foro primario admitió el mismo.
Previamente en el juicio, se había estipulado -- sobre el análisis de
la droga -- la solicitud de prueba de campo, solicitud de análisis y
certificado de análisis químico forense del Instituto de Ciencias
Forenses. Tanto en la prueba de campo, como en la solicitud de análisis,
la sustancia confiscada dio positivo a la sustancia de marihuana. Por lo
anterior, los funcionarios del Instituto de Ciencias Forenses que
trabajaron con la sustancia controlada fueron excusados.
El Agente Sánchez Ramos no prestó declaración jurada en el caso de
epígrafe ni había testificado en ningún proceso anterior al juicio. Por
otro lado, durante el juicio, el Ministerio Público puso al Agente
Sánchez Ramos a la disposición de los abogados de defensa, ya que
entendían que su testimonio era prueba acumulativa.
6
CC-2019-0645
las
puertas
12
del
conductor
y
el
pasajero
delantero.
El
conductor, quien el Agente Sánchez Ramos identificó en sala
como el señor Henríquez Rivera, se bajó del carro, mientras
que
el
pasajero
edificios
del
delantero
residencial.
comenzó
Como
a
correr
hacia
consecuencia,
el
los
Agente
Sánchez Ramos gritó que alguien estaba corriendo y se colocó
en una posición de seguridad. TPO, pág.306. Adicionalmente,
expresó que escuchó cuando el Agente Arocho Torres indicó
que había un arma. Por último, añadió que ayudó al Agente
Rivera Vélez -- y no así al Agente Arocho Torres -- durante
su arresto, ya que el señor Urbáez Mateo se había tornado
hostil
y
había
personas
agrupadas
alrededor
de
la
intervención, también con actitud hostil. TPO, pág.308.
Así pues, tras evaluar la prueba testifical y documental
antes
mencionada,
el
Tribunal
de
Primera
Instancia
dictó
Sentencias hallando culpable a los señores Henríquez Rivera
y Urbáez Mateo de todos los delitos imputados, con excepción
del cargo por violación al Art. 192 del Código Penal de
2012, supra, en contra del señor Henríquez Rivera.
Inconformes, los señores Henríquez Rivera y Urbáez Mateo
presentaron
sendas
apelaciones
criminales,
solicitando
la
revisión de las sentencias dictadas en su contra.7 Por un
lado, el señor Henríquez Rivera arguyó que el foro primario
erró
al
ocupadas,
7
admitir
a
en
pesar
evidencia
de
que
el
las
arma
mismas
y
las
no
municiones
habían
sido
Dichos recursos fueron consolidados por el Tribunal de Apelaciones.
CC-2019-0645
13
identificadas
y
autenticadas
adecuadamente,
además
de
no
haberse cumplido con la cadena de custodia; al admitir en
evidencia la caja donde se preservaron el arma y municiones,
a pesar de que ésta no fue descubierta con anterioridad al
juicio; y al no absolver al acusado, encontrándolo culpable
en base de testimonios estereotipados y sin que se probaran
los elementos de los delitos más allá de duda razonable.
Por
su
parte,
el
señor
Urbáez
Mateo
señaló
que
el
Tribunal de Primera Instancia había errado al no considerar
su
solicitud
de
supresión
de
evidencia,
tras
surgir
testimonio nuevo y contradictorio de los agentes; al hallar
culpable más allá de duda razonable al señor Urbáez Mateo
con el testimonio estereotipado de los agentes;8 y al hallar
culpable al señor Urbáez Mateo del cargo por Art. 401 de la
Ley de Sustancias Controladas, supra, sin tener evidencia
del elemento de intención de distribuir.
Evaluados los planteamientos de las partes, el 21 de
junio
de
2019
el
Tribunal
de
Apelaciones
notificó
una
Sentencia, revocando los dictámenes recurridos. Primero, el
foro apelativo intermedio planteó que el testimonio de los
agentes era estereotipado y no gozaba de confiabilidad. Así,
señaló que el testimonio del Agente Arocho Torres contenía
contradicciones e inconsistencias. Indicó, por ejemplo, que
el Agente Arocho Torres había ofrecido distintas versiones
Arguyó que los testimonios de los agentes, los cuales establecían los
motivos fundados para la intervención, no merecían crédito. Además,
indicó que, al ser ilegal su arresto, también lo era el registro
efectuado.
8
CC-2019-0645
14
sobre si llevó a cabo la prueba de tintes en la escena o una
vez se hizo el registro de inventario del vehículo. De la
misma forma, indicó que algunos de los detalles ofrecidos
por
los
agentes,
Torres,
eran
increíble
y
particularmente
inverosímiles.
que,
por
Al
ejemplo,
por
foro
los
el
a
Agente
quo
ocupantes
Arocho
le
pareció
del
vehículo
tuvieran latas de cervezas abiertas y las mantuvieran en sus
manos mientras los agentes intervenían con ellos, o que los
Agentes Rivera Vélez y Sánchez Ramos no asistieran al Agente
Arocho Torres mientras éste forcejeó con el señor Henríquez
Rivera. Igualmente, señaló que les parecía improbable que el
señor
Henríquez
Rivera
estuviese
incoherente,
pero
como
quiera pudiese forcejear con el Agente Arocho Torres.
El Tribunal de Apelaciones también determinó que, debido
a
que
el
testimonio
del
Agente
Arocho
Torres
no
era
confiable, y que el arma y municiones incautadas por éste no
habían
sido
identificadas,
las
mismas
no
eran
admisibles
como evidencia.9 En vista de lo anterior, el Tribunal de
Apelaciones
concluyó
que
no
se
probó
más
allá
de
duda
razonable la culpabilidad de los señores Henríquez Rivera y
Urbáez Mateo.
Asimismo, el foro apelativo intermedio determinó que no
se demostró que los agentes tuviesen motivos fundados para
intervenir con el señor Henríquez Rivera y Urbáez Mateo sin
El Tribunal de Apelaciones también sentenció que la caja donde se había
preservado la evidencia no era admisible en evidencia, por no haberse
descubierto como prueba dentro del término dispuesto en la Regla 95(B) de
Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II.
9
CC-2019-0645
15
orden judicial previa. Señalaron que, de igual manera, el
Ministerio
Público
no
logró
rebatir
la
presunción
de
ilegalidad de los registros y arrestos sin orden, haciendo
toda la evidencia ocupada inadmisible.
proceder
del
Tribunal
de
Inconforme con el
Apelaciones,
la
Oficina
del
Procurador General presentó una Moción de reconsideración,
la cual fue denegada por el foro a quo.
Aún insatisfecho, el 14 de agosto de 2019 la Oficina del
Procurador General compareció ante nos mediante una Petición
de
certiorari.
En
ella,
señala
que
el
foro
apelativo
intermedio erró al determinar que eran inadmisibles las dos
(2) armas de fuego presentadas como evidencia, toda vez que
éstas mostraban íntegramente su número de serie, aun si les
faltaban etiquetas de identificación. Además, arguyen que el
foro a quo erró al descartar la credibilidad que el foro
primario
le
confirió
al
testimonio
de
los
agentes,
sustituyendo injustificadamente la apreciación de la prueba
del juzgador. Señalan que, en la alternativa, no procedía la
revocación de las condenas, ya que -- aun presumiendo que
las
armas
fueron
incorrectamente
admitidas
--
no
es
necesaria la ocupación de un arma de fuego para un fallo de
culpabilidad por infracción a la Ley de Armas, supra. Ello,
ante los testimonios de los agentes, los cuales observaron
la
portación
de
las
armas
de
fuego.10
Oportunamente,
los
Para sustentar dicho argumento, citan a Pueblo v. Acabá Raíces, 118
DPR 369 (1987). En el referido caso, esta Curia expresó que, en los casos
de posesión y portación de armas, “[c]on pragmatismo judicial -- pues
imposibilitaría todo encauzamiento y eficacia probatoria conviccional
cuando un arma de fuego no es ocupada -- desde principios de siglo
10
CC-2019-0645
señores
16
Henríquez
Rivera
y
Urbáez
Mateo
presentaron
sus
alegatos en oposición.
Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,
procedemos
a
resolver
la
controversia
ante
nuestra
consideración.
II.
Como es sabido, el Art. II, Sec. 11 de la Constitución
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico prescribe que, en
todo
proceso
criminal,
el
acusado
disfrutará
de
una
presunción de inocencia. Art. II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA,
Tomo 1. De manera que, en dichos procedimientos, se presume
que
todo
contrario
acusado
más
es
allá
inocente,
hasta
de
razonable.
duda
tanto
se
pruebe
Regla
110
lo
de
Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II. De lo contrario,
procede la absolución del acusado. Íd.
De esta forma, “para que pueda obtenerse una convicción
válida en derecho que derrote la presunción de inocencia, es
un requisito
sine qua non
que el Estado presente prueba
respecto a cada uno de los elementos del delito, su conexión
con el acusado y la intención o negligencia criminal de este
último”. Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000).
Véase también Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 DPR 748, 760-761
(1985). En ese sentido, la prueba tiene que ser suficiente y
nuestra doctrina jurisprudencial ha reconocido que no es menester
presentarla en evidencia”. Íd., pág.374. Por lo tanto, “en este tipo de
casos un fallo de culpabilidad puede sostenerse si existen otros
elementos o circunstancias demostrativas que lleven a la conciencia
íntima del juzgador a concluir que el acusado poseía y portaba el arma”.
Íd., pág. 375.
CC-2019-0645
17
“satisfactoria,
es
decir,
prueba
que
produzca
certeza
o
convicción moral en una conciencia exenta de preocupación o
en un ánimo no prevenido”. Pueblo v. Acevedo Estrada, supra,
pág. 100. Véase, además, Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR
645, 652 (1986); Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102
DPR 545, 552 (1974).
Esto, sin embargo, no significa que la culpabilidad del
acusado debe ser demostrada con certeza matemática o que se
debe
descartar
cada
duda
plausible.
Pueblo
v.
Bigio
Pastrana, supra, pág. 761.
En cambio, la duda razonable que
motiva
acusado
la
absolución
insatisfacción
o
luego
ésta
de
que
del
intranquilidad
es
evaluada
es
ante
en
aquella
que
causa
prueba
de
cargo,
totalidad
de
forma
la
su
“justa, imparcial y serena”. Pueblo v. García Colón I, 182
DPR 129, 175-176 (2011); Pueblo v. Santiago Collazo, 176 DPR
133, 142-143 (2009).
En esa dirección, en lo que respecta a la causa de
epígrafe, y por ser una de las controversias traídas ante
nuestra consideración, es menester puntualizar que
al señor
Urbáez Mateo se le imputó haber infringido el Art. 401 de la
Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, supra, en su
vertiente de distribución. El precitado artículo dicta que
“[e]xcepto en la forma autorizada en este capítulo, será
ilegal
el
que
intencionalmente
cualquier
[f]abrique,
persona,
a
distribuya,
sabiendas
o
dispense,
transporte u oculte, o posea con la intención de fabricar,
distribuir, dispensar, transportar u ocultar una sustancia
CC-2019-0645
18
controlada”. Íd. Por lo tanto, y según la doctrina antes
expuesta, para refutar la presunción de inocencia aplicable
al señor Urbáez Mateo, el Ministerio Público debía presentar
evidencia sobre la posesión de una sustancia controlada por
parte del señor Urbáez Mateo y su intención de distribuir la
misma.11 Más adelante, en este escrito, evaluaremos si ello
sucedió, o no, así.
III.
De otra parte, la Regla 901(A) de Evidencia, 32 LPRA Ap.
V,
establece
que
“el
requisito
de
autenticación
o
identificación como una condición previa a la admisibilidad
se
satisface
para
con
sostener
cuestión
es
lo
la
una
que
presentación
de
evidencia
suficiente
determinación
de
que
materia
en
sostiene”.
En
la
persona
proponente
la
esencia, se debe demostrar que la evidencia es lo que se
dice que es.
Cónsono con lo anterior, el inciso B de la precitada
regla
expone
una
lista
no
exhaustiva
de
formas
de
identificar o autenticar evidencia, incluyendo: testimonio
por testigo con conocimiento, características distintivas y
cadena de custodia. Por consiguiente, la parte que presenta
Es pertinente mencionar que el Art. 404 de la Ley de Sustancias
Controladas de Puerto Rico, 24 LPRA sec. 2404, al discutir la mera
posesión, establece que “[s]erá ilegal el que cualquier persona, a
sabiendas o intencionalmente, posea alguna sustancia controlada, a menos
que tal sustancia haya sido obtenida directamente o de conformidad con la
receta u orden de un profesional actuando dentro del marco de su práctica
profesional, o excepto como se autorice en este capítulo”.
11
CC-2019-0645
19
la evidencia puede elegir, la mayoría de las veces, como
proceder. 32 LPRA Ap. V, R.901(B).
Empero,
existen
instancias
en
las
que,
como
regla
general, se requiere que se pruebe la cadena de custodia de
la prueba de cargo, como condición para su admisibilidad.
Esto incluye: objetos que contienen evidencia fungible, la
cual
no
puede
ser
marcada;
cuando,
a
pesar
de
no
ser
fungible, la evidencia no tiene “características únicas que
la
distingan
de
objetos
similares
y
resulta,
igualmente,
imposible de marcar o, pudiendo ser marcada,
ello no se
hizo”, y; cuando la condición del objeto es significativa y
puede
ser
fácilmente
alterado.
Pueblo
v.
Echevarría
Rodríguez, 128 DPR 299, 349 (1991); Pueblo v. Carrasquillo
Morales, 123 DPR 690, 700-701 (1989). Ahora bien, una vez
probado que la evidencia no ha sido afectada o ha sufrido
alteración, “cualquier duda que surja respecto de la posible
adulteración o contaminación de la evidencia, se dirige al
peso y no a la admisibilidad de la evidencia”. Pueblo v.
Santiago Feliciano, 139 DPR 361, 425 (1995).
En contraste, bajo ciertas circunstancias, demostrar la
cadena de custodia no es indispensable. Por ejemplo, “cuando
se
ofrecen
en
evidencia
objetos
que
son
fácilmente
identificables, ya sea porque poseen unas características
distintivas o porque tienen un número o marca particular, no
es imprescindible establecer la cadena de custodia para su
admisión en evidencia. Así, por ejemplo, cualquier objeto
que tenga un número de serie, como un arma o billete, puede
CC-2019-0645
ser
20
identificado
por
el
número”.
Pueblo
v.
Carrasquillo
Morales, supra, pág. 699.
IV.
Establecido
lo
anterior,
es
menester
señalar
que
el
testimonio estereotipado es “aquel que se ciñe a establecer
los elementos mínimos necesarios para sostener un delito sin
incluir detalles imprescindibles para reforzarlo”. Pueblo v.
Camilo Meléndez, 148 DPR 539, 558 (1999). Véase, Pueblo v.
Rivera Rodríguez, 123 DPR 467, 480 (1989).
Debido a su naturaleza, el testimonio estereotipado debe
ser evaluado con particular cuidado. Lo anterior, con el fin
de “frenar el celo excesivo que pueda, vía declaraciones
inexactas
o
falsas,
vulnerar
los
derechos
de
ciudadanos
inocentes”. Pueblo v. González del Valle, 102 DPR 374, 376
(1974). Véase, Pueblo v. Camilo Meléndez, supra, pág.558.
Siendo ello así, en Pueblo v. González del Valle, supra,
expusimos seis (6) criterios para utilizar al momento de
examinar
todo
dictaminamos
escudriñarse
testimonio
estereotipado.
que
el
especial
con
primer
lugar,
testimonio
estereotipado
debe
rigor.
pág.
Íd.,
En
378.
Segundo,
señalamos que los casos de evidencia abandonada o lanzada al
suelo, como aquellos de actos ilegales a plena vista, deben
–- en ausencia de otras consideraciones –- inducir sospecha
a
la
posible
existencia
de
testimonio
estereotipado.
Íd.
Como tercer factor, enfatizamos que si el testimonio vertido
es “inherentemente irreal o improbable debe ser rechazado”.
Íd.
CC-2019-0645
Por
21
otra
parte,
sentenciamos
que
“el
testimonio
estereotipado puede perder su condición de tal si, yendo más
allá de los datos indispensables para probar los requisitos
mínimos de un delito, se le rodea de las circunstancias en
que funciona el agente, el término de su investigación, los
resultados
obtenidos
fuera
del
caso
en
trámites
y
otros
detalles”. Íd. En contraste de lo antes expuesto, cualquier
laguna,
contradicción
o
vaguedad
en
el
testimonio
debe
fortalecer “el recelo con que hay que escuchar esta clase de
declaraciones”. Íd.
Finalmente,
indicamos
que
“el
peso
de
la
prueba
de
librar el testimonio estereotipado de sospecha recae en el
fiscal”,
sin
testimonio
que
flaco
dicho
y
funcionario
descarnado
pueda
para
recurrir
cumplir
con
a
lo
anteriormente esbozado. Íd.
Así pues, son los factores precitados los que deben
dirigir
nuestro
análisis
al
considerar
testimonio
alegadamente estereotipado.
V.
Finalmente,
y
por
ser
en
extremo
pertinente
a
la
controversia que nos ocupa, conviene recordar que en nuestro
ordenamiento
deferencia
jurídico
al
foro
le
conferimos
sentenciador,
un
alto
grado
particularmente
en
de
lo
relacionado a su apreciación de la prueba. Véase, Pueblo v.
Toro Martínez, 200 DPR 834 (2018). Ello, ya que el foro
primario está en posición óptima para examinar la evidencia
CC-2019-0645
22
testifical presentada, pudiendo observar cercanamente -- y
escuchar de primera mano -- a los testigos. Pueblo v. Toro
Martínez, supra, págs. 857-858; Pueblo v. García Colón I,
182 DPR 129, 165 (2011); Pueblo v. Irizarry Irizarry, 156
DPR 780, 815-816 (2002); Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR
645,653-654 (1986).
Siendo
ello
así,
esta
Curia
ha
reiterado
que
“de
ordinario, no intervendremos con el veredicto condenatorio
emitido
por
magistrado
un
en
jurado
o
‘ausencia
el
de
fallo
inculpatorio
pasión,
prejuicio
de
o
un
error
manifiesto’ en la apreciación que de la prueba realizaron los
mismos”.
Pueblo
v.
Cabán
Torres,
supra,
pág.654.
En
ese
sentido, “[l]as determinaciones que hace el juzgador de los
hechos no deben ser sustituidas por el criterio del foro
apelativo, a menos que de la prueba admitida surja que no
existe base suficiente que apoye tal determinación”. Pueblo
v. Irizarry Irizarry, supra, pág. 816. Véase, Pueblo v. Toro
Martínez, supra.
Ahora bien, dicha regla no es absoluta ni se aplica de
forma irreflexiva. Por consiguiente, si un examen cuidadoso
de la prueba no establece la culpabilidad del acusado más
allá
de
duda
razonable,
procede
revocar
el
fallo
condenatorio. Pueblo v. Irizarry Irizarry, supra, pág.816;
Pueblo
v.
Cabán
Torres,
supra,
pág.655;
Pueblo
v.
Carrasquillo Carrasquillo, supra, pág. 551.
Es, pues, a la luz de la normativa antes expuesta que
procedemos a disponer de la controversia ante nos.
CC-2019-0645
23
VI.
Como mencionáramos anteriormente, en el presente caso,
la Oficina del Procurador General arguye que el Tribunal de
Apelaciones
erró al determinar que las dos (2) armas de
fuego ocupadas, y relacionada a los delitos imputados a los
señores Henríquez Rivera y Urbáez Mateo, eran inadmisibles,
a pesar de que mostraban íntegramente su número de serie.
Además, señala que el tribunal a quo erró al descartar la
credibilidad otorgada por el foro primario al testimonio de
los agentes, sustituyendo injustificadamente la apreciación
de la prueba del juzgador de los hechos. En gran parte, le
asiste la razón.
Y es que, según surge del expediente y la transcripción
de la prueba oral ante nuestra consideración, las dos (2)
armas
ocupadas
durante
la
intervención
con
los
señores
Henríquez Rivera y Urbáez Mateo mostraban números de serie
fácilmente legibles. Por lo tanto, durante sus testimonios,
dichos
agentes
identificaron
las
respectivas
armas
e
indicaron que lo hacían, en parte, por las enumeraciones
antes
mencionadas.
identificables
--
establecer
cadena
la
por
Siendo
estos
objetos
fácilmente
tener
números
de
únicos
de
custodia
no
serie
era
--
absolutamente
necesario para su admisibilidad. Esto, aun cuando en el caso
de
marras
demostrada.
la
cadena
de
custodia
fue
suficientemente
En ese sentido, le correspondía al Tribunal de
CC-2019-0645
24
Primera Instancia aquilatar el peso de cualquier lapso en la
cadena de custodia de la evidencia pertinente; proceso que
dicho foro realizó de una manera correcta y adecuada, y que
dio paso a la admisión en evidencia de las referidas armas.
Por otra parte, en lo relacionado a la apreciación de la
prueba por parte del foro sentenciador, se desprende de la
transcripción de la prueba oral ante nos que los Agentes
Arocho Torres, Rivera Vélez y Sánchez Ramos proveyeron una
narración
detallada
fundamentalmente
de
los
coherentes
hechos,
entre
las
sí.
A
cuales
pesar
de
fueron
existir
contradicciones menores entre los testimonios de referencia,
todos coincidieron en cuanto a los motivos fundados para
detener el vehículo, la presencia de las latas de cerveza y
armas
en
la
localización,
escena,
la
la
huida
aglomeración
del
de
pasajero
personas
en
la
delantero
y
la
confrontación con el señor Henríquez Rivera.
Cónsono
con
lo
anterior,
el
Tribunal
de
Primera
Instancia no estimó que dichos testimonios eran flacos y
descarnados, ni irreales o improbables. Así pues, evaluada
la prueba oral, y tomando en cuenta que el foro primario
escudriñó
directamente
el
testimonio
vertido
durante
el
juicio, consideramos impropio intervenir con la apreciación
de los hechos del foro primario en el presente caso. Ello,
al
no
estar
presente
ninguna
de
las
circunstancias
que
ameritarían la intervención de esta Curia, a saber, pasión,
prejuicio o error manifiesto.
CC-2019-0645
25
Ahora bien, no empece a lo antes expuesto, es menester
señalar aquí que la culpabilidad del señor Urbáez Mateo -en
lo
pertinente
distribuir,
es
al
cargo
de
posesión
decir,
Art.
401
de
la
con
intención
Ley
de
de
Sustancias
Controladas de Puerto Rico, supra -- no fue probada más allá
de duda razonable.
Durante el juicio,
si bien
la prueba
demostró que el señor Urbáez Mateo poseyó doce (12) bolsitas
que
contenían
evidencia
en
picadura
cuanto
a
de
la
marihuana,
intención
no
de
se
presentó
distribuir
dicha
sustancia controlada.12 De la relación de hechos no surge
razón
para
deducir
que
ese
era
el
caso,
ya
que
no
fue
arrestado ejecutando una transacción ni fue hallado con una
cantidad
significativa
de
sustancia
ilícita,
sino
que
únicamente se le encontró en posesión de la misma.
Como
consecuencia, al no presentarse prueba en cuanto al elemento
de
intencionalidad,
Urbáez
Mateo
por
procedía
infracción
encontrar
culpable
al
404
Art.
de
al
la
señor
Ley
de
Sustancias Controladas, supra, a saber, posesión; no así por
posesión con intención de distribuir.
Siendo ello así, se cometieron, en parte, los errores
señalados.
Procede,
pues,
dictar
la
correspondiente
Sentencia.
VII.
Según surge del expediente del caso, la cantidad de marihuana ocupada
sumaba 11.53 gramos.
12
CC-2019-0645
Por
26
los
fundamentos
antes
expuestos,
revocamos
la
Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones. En el caso
del señor Henríquez Rivera, reinstalamos la determinación
del foro primario, mientras que en el caso del señor Urbáez
Mateo,
reinstalamos
Instancia,
expuesto
el
modificando
en
lo
dictamen
del
el
de
fallo
relacionado
al
Tribunal
acuerdo
Art.
401
de
con
de
Primera
lo
la
antes
Ley
de
Sustancias Controladas de Puerto Rico, supra, y devolvemos
el
caso
a
dicho
foro
para
la
continuación
de
los
procedimientos conforme a lo aquí resuelto.
Lo acordó
Tribunal
el Tribunal y certifica el Secretario del
Supremo.
El
Juez
Asociado
señor
Rivera
García
emitió una Opinión de Conformidad a la que se unió la Jueza
Asociada señora Pabón Charneco. La Jueza Presidenta Oronoz
Rodríguez
emitió
una
Opinión
de
Conformidad
en
parte
y
disidente en parte.
José Ignacio Campos Pérez
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto
Rico
Peticionario
v.
Héctor Henríquez
Rivera
Recurridos
El Pueblo de Puerto
Rico
Peticionario
CC-2019-0645
Certiorari
v.
Yicauri Urbáez Mateo
Recurridos
El Juez Asociado señor RIVERA GARCÍA emitió la Opinión de
Conformidad, a la cual se unió la Jueza Asociada señora
Pabón Charneco.
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2020.
Reconozco, y así lo he expresado previamente, que la
apreciación
parece
de
la
prueba
testifical
generar
un
dilema
al
revisión.
expresiones
Como
ante
aplicar
consecuencia,
la
a
debo
constante
nivel
el
estándar
emitir
práctica
apelativo
de
unas
breves
los
foros
de
apelativos de revocar condenas bajo la premisa de que los
testimonios
prestados
en
el
foro
primario
estereotipados. Véase, e.g., Sentencia, pág. 12.
son
CC-2019-0645
2
Una vertiente del referido dilema se produce ante nuestros
pronunciamientos en cuanto a que un testimonio perfecto debe
producir sospecha y, de caer dentro de lo que hemos denominado
testimonio estereotipado, debe escudriñarse con rigor especial
hasta el punto de poderse descartar por el juzgador. Pueblo v.
Almodóvar,
109
DPR
117,
124
(1979);
Pueblo
v.
González
de
Valle, 102 DPR 374, 378 (1974).13
No obstante, no se puede ignorar que la doctrina para la
valoración de un testimonio estereotipado se fundamenta en la
naturaleza de lo declarado ⎯qué declaró y cómo lo declaró⎯
por el testigo. Véanse: Pueblo v. Rivera Rodríguez, 123 DPR
467, 480 (1989) (“Testimonio estereotipado es aquel que se
reduce
a
establecer
los
elementos
mínimos
necesarios
para
sostener un delito sin incluir detalles imprescindibles para
reforzarlo”); Pueblo v. González de Valle, supra, pág. 378 (“el
testimonio estereotipado puede perder su condición de tal si,
yendo más allá de los datos indispensables para probar los
requisitos
mínimos
de
un
delito,
se
le
rodea
de
las
circunstancias en que funciona el agente, el término de su
investigación,
los
resultados
obtenidos
fuera
del
caso
en
trámites y otros detalles”). Por ello se ha establecido la
necesidad de ser más rigurosos en su evaluación, pudiendo el
tribunal al identificarlo restarle el valor que razonablemente
corresponda. A modo ilustrativo, esto se debe a que lo que
13
Los casos de evidencia abandonada o lanzada al suelo, así
como los casos en que se descubrió prueba u observó un evento ilegal
a plena vista son escenarios que inducen sospecha sobre la posible
existencia de un testimonio estereotipado. Pueblo v. González de
Valle, 102 DPR 374, 378 (1974).
CC-2019-0645
3
declara el testigo es tan perfecto que tiende a demostrar la
existencia
de
elementos
de
fabricación
o
falsedad
en
el
testimonio. Pueblo v. Camilo Meléndez, 148 DPR 539, 558 (1999).
Ahora bien, la perfección de la declaración por sí sola no
es suficiente para catalogarla estereotipada. Hace falta un
elemento
adicional.
Es
indispensable
que
se
trate
de
una
declaración repetida, común, superficial, pero a la vez tan
idónea que resulta difícil de creer. Pueblo v. González de
Valle, supra, pág. 377.
Así pues, la señal más patente para
reconocer
estereotipado
un
testimonio
es
la
carencia
de
elementos ajenos a aquella declaración típica que se realiza en
ese tipo de casos en nuestros tribunales. Pueblo v. Acevedo
Estrada, 150 DPR 84 (2000); Pueblo v. Almodóvar, supra; Pueblo
v. Espinet Pagán, 112 DPR 531, 537 (1982). Esto es, que el
testigo aporte sólo los elementos mínimos de la causa de acción
o
la
doctrina
que
se
persigue
activar.
Pueblo
v.
Acevedo
Estrada, supra, pág. 93; Pueblo v. Rivera Rodríguez, supra,
pág. 480. Véase, además, Pueblo v. Espinet Pagán, supra, pág.
537. Finalmente, corresponde al juzgador determinar qué versión
creyó y adjudicar de conformidad con esa apreciación.
Precisamente, a nivel revisor, el denominado testimonio
estereotipado
posición
exige
una
deliberación
más
cuidadosa
ante
la
restringida
que
se
en
comparación
con
el
ostenta
juzgador en el foro primario. Esto es así porque, si bien nos
hemos
expresado
sobre
esta
doctrina
al
revisar
condenas
criminales, debemos ser conscientes de que la función de un
CC-2019-0645
tribunal
4
apelativo
es
pasar
juicio
sobre
la
decisión
del
tribunal revisado siguiendo los parámetros o estándares que se
reiteran en la Sentencia.
El
hecho
de
que
hubiéramos
llegado
a
una
conclusión
distinta al evaluar el testimonio frío y plano que surge de una
transcripción no nos faculta para sustituir el criterio del
juzgador
de
presuntos
los
hechos.
testimonios
escenarios
en
que
No
debemos
olvidar
⎯como
estereotipados
a
nivel
que
revisor
tanto
en
ante
aquellos
identifiquemos
contradicciones de dos o más testigos⎯ sigue viva la premisa
de que el juzgador en el tribunal de instancia observó a los
testigos y cómo declararon. Por consiguiente, la revisión de la
adjudicación de credibilidad de un testigo nos merecerá igual
deferencia y sólo procede sustituir el criterio del tribunal de
instancia cuando se nos demuestre que fue producto de algún
tipo de parcialidad o es un error craso o manifiesto. Después
de todo, dada la naturaleza de la doctrina establecida para
auscultar testimonios estereotipados, el juzgador de los hechos
en instancia sigue estando en mejor posición para efectuar la
evaluación de mayor rigor que hemos exigido en estos casos y
valorar la prueba conforme su mejor criterio. Véase Pueblo v.
Rivera Rodríguez, supra.
En ese sentido, los factores con que se deben evaluar los
presuntos testimonios estereotipados son parámetros dirigidos
esencialmente
para
Tribunal
Primera
de
ser
aplicados
Instancia,
por
los
quienes
juzgadores
tienen
ante
en
el
sí
el
CC-2019-0645
5
testigo declarando. Para propósitos de los foros revisores, el
estándar de revisión de la valoración de la prueba es uno
guiado por la deferencia a la valoración de la prueba. Ello
tiene como excepción, únicamente, los escenarios en que se
demuestra la existencia de pasión, prejuicio, parcialidad o un
error manifiesto. Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR 834, 858
(2018).
En este caso, la modificación del fallo contra uno de los
recurridos está fundamentada en la ausencia de prueba más allá
de duda razonable sobre uno de los elementos de los delitos
imputados. Véase Pueblo v. Casillas, Torres, 190 DPR 398 (2014)
(resuelto en la misma dirección). No estamos sustituyendo el
criterio
del
foro
primario
sobre
la
credibilidad
o
confiabilidad de los testimonios brindados por los testigos,
distinto
a
lo
que
hizo,
sin
justificación,
el
Apelaciones. Véase Sentencia, págs. 12-13.
Edgardo Rivera García
Juez Asociado
Tribunal
de
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
v.
CC-2019-0645
Certiorari
Héctor Henríquez Rivera
Recurrido
___________________________
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
v.
Yicauri Urbáez Mateo
Recurrido
La Jueza Presidenta ORONOZ RODRIGUEZ emitió una Opinión de
conformidad en parte y disidente en parte.
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2020.
“Everyone has the right to
liberty and security of person.
No one shall be subjected to
arbitrary arrest or detention.
No one shall be deprived of his
liberty except on such grounds
and in accordance with such
procedures as are established
by law”. – Res. A. G. 2200 A,
Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, Art. 9(1)
(16 dic. 1966).
Toda
persona
tiene
el
derecho
a
disfrutar
de
su
libertad, así como de tener la seguridad de que sus derechos
fundamentales serán protegidos frente el poder del Gobierno.
CC-2019-0645
2
Se trata de un principio cardinal en la dignidad del ser
humano. Por ello, ante la amenaza de una privación a esa
libertad,
el
Estado
se
debe
regir
estrictamente
por
los
parámetros que establecen nuestras normas jurídicas, bajo las
circunstancias excepcionales que dicta nuestro ordenamiento.
Toda desviación de ese principio se debe escrudiñar celosa y
minuciosamente por los tribunales de nuestro País. Es nuestra
responsabilidad como intérpretes y garantes de esos derechos.
En la Sentencia que se dictó hoy, este Tribunal pasó
juicio
sobre
las
condenas
que
el
Tribunal
de
Primera
Instancia le impuso a los señores Héctor Henríquez Rivera y
Yicauri
Urbáez
Mateo.
correctamente
al
Rivera,
conforme
estoy
Por
sostener
con
entender
la
que
condena
ese
esta
Curia
actuó
del
señor
Henríquez
dictamen.
Empero,
disiento
enérgicamente del proceder de este Tribunal al mantener la
condena del señor Urbáez Mateo.
Al señor Urbáez Mateo se le realizó un arresto sin orden
judicial para el cual no existían motivos fundados. Al amparo
de la regla de exclusión de evidencia que consta en nuestra
Constitución, procedía declarar inadmisible la prueba que se
le
ocupó
a
raíz
de
ese
arresto
ilegal.
Suprimida
esa
evidencia, sus condenas por las infracciones al Art. 5.04 de
la Ley de Armas de Puerto Rico, infra, y el Art. 401 de la
Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, infra, no se
sostienen.
CC-2019-0645
El
3
Tribunal
de
Apelaciones
actuó
correctamente
al
revocar esa condena, y lo que procedía era que confirmáramos
esa Sentencia en cuanto al señor Urbáez Mateo.
I
En este caso, tres agentes de la Policía intervinieron
durante horas de la noche con el vehículo de motor en el que
se
encontraban
los
acusados
–el
señor
Henríquez
Rivera
(conductor del vehículo) y el señor Urbáez Mateo (pasajero en
la
parte
posterior)–
y
un
tercer
sujeto
sin
identificar
(pasajero delantero). Según el testimonio del agente Arocho
Torres
y
del
agente
Rivera
Vélez,
los
agentes
decidieron
intervenir con el vehículo pues notaron que los cristales
estaban
sumamente
oscuros.
Entendieron
que
tenían
motivos
para creer que el vehículo transitaba en violación a la Ley
de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, Ley Núm. 22-2000, 9
LPRA sec. 5001 et seq. (Ley de Tránsito).
El agente Arocho Torres declaró que luego de solicitarle
al
conductor
–entiéndase,
al
señor
Henríquez
Rivera–
la
documentación de rigor, observó que este tenía una lata de
cerveza en la mano. Testificó, además, que el señor Henríquez
Rivera tenía los ojos rojizos, expedía olor a licor y que
hablaba incoherentemente. Ante esas señales, el agente Arocho
Torres tuvo motivos para creer que el señor Henríquez Rivera
cometía
un
delito
al
conducir
un
vehículo
en
estado
de
embriaguez. Por ello, procedió a solicitarle que apagara el
vehículo y se desmontara, con la intención de leerle las
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4
advertencias correspondientes y arrestarlo. El agente declaró
que mientras ayudaba al señor Henríquez Rivera a desmontarse,
el pasajero delantero abrió la puerta y emprendió carrera
hacia los edificios del Residencial Francisco Figueroa.
Mientras
esto
ocurría,
el
señor
Urbáez
Mateo
estaba
sentado en el asiento posterior del vehículo con una cerveza
en la mano. El agente Rivera Vélez declaró que se encontraba
posicionado en el lado izquierdo del vehículo. Por ello, este
último estaba en una posición que le permitía vigilar al
señor Urbáez Mateo. A preguntas del fiscal sobre qué le llamó
la atención al agente Rivera Vélez del señor Urbáez Mateo,
este respondió: “En ese momento solamente nada que tenía una
cerveza en la mano”.14
Los
tres
agentes
testificaron
que,
una
vez
el
señor
Henríquez Rivera se encontraba fuera del vehículo, comenzó un
forcejeo entre este y el agente Arocho Torres. Durante el
forcejeo, el agente Rivera Vélez le solicitó al señor Urbáez
Mateo
que
dejara
las
manos
donde
él
pudiera
verlas.
En
específico, el agente Rivera Vélez declaró:
Yo rápidamente le grito al pasajero posterior que
es el caballero Yicauri Urbaez Mateo que deje las
manos donde yo pueda verlas, porque ya había
observado que había uno corriendo con una actitud
sospechosa para nosotros, pasa este, está pasando
esta situación con el compañero Arocho y el
conductor pues yo le grito a este, a este pasajero
posterior “deja las manos donde yo pueda verlas”.15
El agente Rivera Vélez no indicó que existiera indicio
alguno de que el señor Urbáez Mateo haya desobedecido la
14
15
Transcripción de vista oral, Apéndice, pág. 232.
Íd., pág. 233.
CC-2019-0645
orden.
De
5
hecho,
el
agente
testificó
que
mientras
se
desarrollaba el altercado, el señor Urbáez Mateo permanecía
“sin cometer delito sentado en la parte posterior del auto”.16
Mientras, el señor Henríquez Rivera y el agente Arocho
Torres
continuaban
el
forcejeo.
El
señor
Henríquez
Rivera
empujó al agente Arocho Torres, a medida que este último lo
agarró entre la cintura y la mano derecha con la intención de
llevarlo al piso para arrestarlo. En ese ínterin, los agentes
vieron que un arma de fuego se desprendió de la cintura del
señor Henríquez Rivera y cayó al piso. Esto provocó que el
agente Arocho Torres advirtiera a sus compañeros la presencia
de
una
pistola.
Consecutivamente,
el
agente
Arocho
Torres
soltó al señor Henríquez Rivera y ocupó inmediatamente el
arma de fuego, acto conocido al momento por los otros dos
agentes que testificaron. Quedó estipulado que los agentes
conocían además que el arma que se cayó al piso se desprendió
de la cintura del señor Henríquez Rivera.
El agente Rivera Vélez declaró que inmediatamente vio
caer el arma de la cintura del señor Henríquez Rivera, le
ordenó al señor Urbáez Mateo que se desmontara del vehículo.
Mientras este último acataba la orden, el agente Rivera Vélez
lo agarró por el brazo izquierdo y le informó que estaba
arrestado.
Sobre
el
particular,
el
agente
Rivera
declaró:
Arocho continúa ese forcejeo y cae un arma de, de
color negro al piso. El agente Arocho grita
“pistola” y entonces eh ese joven que resultó ser
16
Íd., pág. 274. (Énfasis suplido).
Vélez
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6
Héctor Henríquez sale corriendo hacia la parte
delantera del auto para internarse entre los
edificios del Residencial Francisco Figueroa, yo le
informo al pasajero posterior que es el joven
Yicauri Urbaez Mateo que se desmonte, cuando este
se está desmontando yo lo sujeto por el brazo
izquierdo y le informo que está arrestado porque ya
había visto la evidencia delictiva con relación al
arma de fuego que, que estaba el compañero Arocho
inclusive la, la recoge del, del suelo.17
Sobre los motivos que tuvo el agente Rivera Vélez para
efectuar el arresto del señor Urbáez Mateo, el fiscal le
preguntó directamente al agente:
FISCAL COLÓN: “Okey, le pregunto en ese momento
explíquele a su señoría, si va a efectuar un
arresto y por qué usted iba a efectuar un arresto
en
ese
momento
contra
esa
persona
[Urbáez]
explíquele a su señoría”.
[AGENTE
RIVERA]:
“Porque
ya
había
observado
evidencia delictiva en el sentido de que había
habido un forcejeo, en ese forcejeo se había
despren, se había deslizado un arma de fuego de
color negra que fue la que cayó al piso de la parte
delantera del cuerpo de Héctor Henríquez”.
FISCAL COLÓN: “Okey. Y en ese momento que usted lo
arresta, qué procedió con relación al arresto hacer
una vez usted lo tiene esposado”.
[AGENTE RIVERA]: “Ejerzo fuerza, llevo sus manos a
la parte posterior —como ya mencioné— y le pongo
los grilletes y re, por su seguridad y la nuestra
realizo un registro.18
Íd., pág. 233-234. (Énfasis suplido).
Íd., pág. 234. Por su parte, el agente Sánchez Ramos testificó que se
dirigió a ayudar al agente Rivera Vélez a arrestar al señor Urbáez Mateo.
Esto pues, a su juicio, Urbáez Mateo “estaba hostil”. Íd., pág. 307. Sin
embargo, el agente Sánchez Ramos no describió a qué se refería con
“hostil”. El agente Rivera Vélez fue quien describió en el juicio la
conducta del señor Urbáez Mateo mientras efectuaba el arresto. Declaró que
este último estaba sentado en el asiento trasero del vehículo cuando le
indicó que se desmontara. Mientras Urbáez Mateo se desmontaba, el agente
Rivera Vélez lo agarró por el brazo izquierdo y le informó que estaba
arrestado. Indicó que, acto seguido, Urbáez Mateo “tens[ó] su brazo
izquierdo y emple[ó] resistencia activa” del brazo. Íd., pág. 234. Adujo,
además, que Urbáez Mateo asumió “una posición doblado hacia el frente”.
Íd. Añadió que luego “empezó con los movimientos laterales con, con sus
piernas”, razón por la cual el agente Rivera Vélez inmediatamente lo tiró
contra el piso, donde primero cayó de rodillas y luego cayó completamente.
Íd. En ese momento, le puso los grilletes en sus muñecas. Íd.
17
18
CC-2019-0645
El
agente
7
Rivera
Vélez
fue
enfático
en
afirmar
en
múltiples ocasiones durante el juicio que la razón por la que
entendió tener motivos fundados para arrestar al señor Urbáez
Mateo fue porque al señor Henríquez Rivera se le cayó una
pistola
durante
su
forcejeo
con
el
agente
Arocho
Torres.
Sobre el particular, declaró:
FISCAL COLÓN: Con relación a, a Yicauri, usted
infor, le dijo al compañero abogado que en el
momento
en
que
el
agente
Arocho
estaba
interviniendo él no estaba (inteligible) del[…]
[AGENTE RIVERA]: Correcto.
FISCAL COLÓN: Por qué usted lo arresta entonces,
por qué usted le lo baja del vehículo, explíquele a
su señoría.
[AGENTE RIVERA]: Yo le ordeno bajar al joven porque
está sentado en el asiento posterior que resultó
ser Yicauri Urbáez Mateo, porque ya yo le vi, había
visto una evidencia delictiva con relación al arma
de fuego que cayó en el, en el suelo, una vez el
compañero César Arocho está forcejeando con Héctor
Henríquez. Ya al ver una evidencia delictiva, un
arma de fuego en el lugar eh se le ordena bajar a
este, a este joven y se le informa que está
arrestado.19
A eso, el abogado de defensa le cuestionó al agente Rivera
Vélez:
[ABOGADO]: Usted dice que vio evidencia delictiva
pero en realidad es que la evidencia que, delictiva
que usted observó no tenía nada que ver con
Yicauri, ¿verdad que no?
[AGENTE RIVERA]: Eh estaba…
[ABOGADO]: ¿Verdad que no?
[AGENTE
RIVERA]:
Yicauri no.20
19
20
Directamente
Íd., pág. 297. (Énfasis suplido).
Íd.
relacionada
con
CC-2019-0645
8
Congruente
admitió
en
Urbáez
Mateo
con
varias
lo
anterior,
ocasiones
incurriendo
que
en
el
no
agente
había
conducta
Rivera
Vélez
visto
al
señor
delictiva
en
ningún
momento antes de arrestarlo. En el interrogatorio, expresó:
[ABOGADO]: “¿Usted lo vio con algún deli, arma en
la mano?”
[AGENTE RIVERA]: “No, no”.
[ABOGADO]: “¿Cometiendo algún delito?”
[AGENTE RIVERA]: “No señor”.
[ABOGADO]: “Pero lo arrestó como quiera”.
[AGENTE RIVERA]: “Es así”.21
Luego de ponerle los grilletes al señor Urbáez Mateo, el
agente Rivera Vélez le realizó un registro superficial sobre
su
jacket
derecho
y
“por
el
interior
de
su
delantero”
en
donde
Mahón
palpó
un
en
objeto
el
extremo
sólido.22
Al
verificar, encontró que se trataba de un arma de fuego color
níquel y negro. Al continuar el registro, encontró “una bolsa
plástica transparente de cierre a presión con muchas bolsitas
plásticas
transparentes
de
cierre
a
presión
con
supuesta
picadura [de marihuana] en su interior”.23
Durante el interrogatorio, los tres agentes manifestaron
que, desde que inició la intervención del vehículo, un grupo
de personas se aglomeró en la cercanía. Los agentes indicaron
que
esa
situación
les
hizo
sentir
inseguros.
El
agente
Sánchez Ramos declaró que las personas procedieron a “gritar
Íd., págs. 273-274. (Énfasis suplido).
Íd., pág. 234.
23 Íd., pág. 235.
21
22
CC-2019-0645
improperios
ello,
9
hacia
indicó
que
[los
agentes]
ambiente
era
y
palabras
hostil.25
Por
soeces”.24
Por
su
el
parte,
agente Rivera Vélez indicó que no tuvieron la oportunidad de
intervenir con las personas que le gritaban improperios pues
“ninguno
tuvo
la
valentía
de
gritár[les]
de
frente,
lo
gritaban a la periferia”.26
Por
esos
hechos,
se
acusó
al
señor
Urbáez
Mateo
de
infringir el Art. 5.04 (portación y uso de armas de fuego sin
licencia) de la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 4042000, 25 LPRA sec. 458c (derogada), y el Art. 401 de la Ley
de Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley Núm. 4 del 23
de junio de 1971, 24 LPRA sec. 2401(a)(1), en la modalidad de
poseer una sustancia controlada con intención de distribuir.
El juicio se vio por tribunal de derecho y el señor Urbáez
Mateo fue declarado culpable de los delitos.27
24
25
Íd., pág. 309.
Sobre el particular, el agente Rivera Vélez declaró:
[H]ubieron personas de una actitud hostil manifestando
palabras soeces en el lugar, el ambiente estaba pues rodeado
de personas que se acumularon cerca de allí en reclamando por
qué se interviene con estos, con estos, con estas personas eh
ya que estaban cerca de, del lugar de la intervención.
Íd., pág. 232. A preguntas del abogado de la defensa, el agente Rivera
Vélez declaró que no se arrestó a nadie en los alrededores del vehículo
por obstrucción a la justicia ni por alteración de la paz. Íd., pág. 253.
Indicó que, si alguien le hubiese gritado de frente, entonces “en vez de
ser dos arrestados […] hubiesen [sido] tres”. Íd., pág. 254.
26 Íd., pág. 254.
27 Se acusó también al señor Henríquez Rivera por infringir los Arts. 5.04
(Portación y uso de armas de fuego sin licencia) y 6.01 (Fabricación,
distribución, posesión y uso de municiones) de la Ley de Armas de Puerto
Rico, Ley Núm.404-2000, 25 LPRA sec.458c y 459 (derogada); Arts. 192
(Recibo, disposición y transportación de bienes objetos del delito), 245
(Empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública) y 246
(Resistencia u obstrucción a la autoridad pública) del Código Penal de
Puerto Rico de 2012, 33 LPRA 5262, 5335 y 5336; y Art. 7.02 (Manejo de
vehículos de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes) de la Ley de
Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, Ley Núm.22-2000, 9 LPRA sec.5202. El
Tribunal de Primera Instancia encontró al señor Henríquez Rivera culpable
CC-2019-0645
10
El Tribunal de Apelaciones revocó las sentencias que se
dictaron contra ambos acusados. Sobre la condena del señor
Urbáez Mateo, el foro apelativo intermedio determinó que el
agente Rivera Vélez no tuvo motivos fundados para efectuar el
arresto. Concluyó que, según el testimonio de este último en
juicio,
arrestó
al
señor
Urbáez
Mateo
porque
al
señor
Henríquez Rivera se le cayó un arma de fuego de su cintura.
El
Tribunal
de
Apelaciones
hizo
alusión
a
las
ocasiones
constantes en que el agente Rivera Vélez admitió ese hecho.
El
foro
apelativo
intermedio
determinó
–entre
varios
fundamentos que no son necesarios mencionar en este momento–
que el Ministerio Público no logró rebatir la presunción de
ilegalidad en el registro y arresto que se realizó sin orden
judicial previa. Por lo tanto, en cuanto al señor Urbáez
Mateo, el Tribunal de Apelaciones dictaminó:
[C]oncluimos que no se demostró que los agentes
tuvieran motivos fundados para intervenir con los
apelantes sin una orden judicial a esos efectos. El
mismo agente Rivera testificó que no vio al señor
Urbáez Mateo cometiendo delito alguno, y que la
evidencia delictiva que dio pie a su registro y
arresto no estaba directamente relacionada a él;
por lo que no existían motivos fundados para
intervenir con él, registrarlo y arrestarlo sin
orden judicial a esos efectos. […] El Ministerio
Público
no
logró
rebatir
la
presunción
de
ilegalidad en los registros y arrestos hechos sin
orden judicial previa. Por tanto, toda la evidencia
ocupada como fruto de ello y los arrestos hechos
fueron ilegales e inadmisibles como prueba en
juicio.28
por todos los delitos por los que se le acusó, con excepción del cargo por
violación al Art.192 del Código Penal de 2012.
28 Sentencia, Apéndice, pág. 442.
CC-2019-0645
11
En desacuerdo, el Procurador General presentó el recurso
de certiorari que atendemos hoy. Particularmente, sobre los
motivos
fundados
que
tuvo
el
agente
Rivera
Vélez
para
arrestar al señor Urbáez Mateo adujo:
[El agente Rivera] le informa al señor Urbáez que
está bajo arresto, pues había portación de arma
[del señor Henríquez]. Además, de la presencia de
un arma de fuego, la conducta fue altamente
sospechosa cuando el conductor y el otro pasajero
salieron corriendo hacia el residencial. Por tanto,
se hacía necesaria la intervención con el último
ocupante del auto. Ante la presencia del arma [que
se le cayó a Henríquez] había que velar por la
seguridad.29
II
La Constitución de Puerto Rico garantiza a cada ciudadana
y ciudadano la protección de su persona,
casa, papeles y
efectos
y
contra
registros,
incautaciones
allanamientos
irrazonables. Const. ELA, Sec. 10, Art. II, LPRA, Tomo 1.
Esta protección encuentra arraigo en la Enmienda Cuarta de la
Constitución de los Estados Unidos. Emda. IV, Const. EE. UU.,
LPRA, Tomo 1. De ordinario, nuestra Carta Magna prohíbe que
se arreste a una persona sin una orden judicial previa que se
base en una determinación de causa probable. Pueblo v. Colón
Bernier, 148 DPR 135, 140 (1999). Como norma general, la
evidencia que se ocupe como fruto de un arresto sin orden
judicial
previa
está
sujeta
a
la
regla
de
exclusión,
incorporada expresamente en la Sección 10 de nuestra Carta de
Derechos. Const. ELA, supra (“Evidencia obtenida en violación
de
29
esta
sección
Certiorari, pág. 8.
será
inadmisible
en
los
tribunales”).
No
CC-2019-0645
12
obstante, la Regla 11 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap.
II, R. 11, permite a manera de excepción que un funcionario
del
orden
público
realice
un
arresto
sin
orden
judicial
únicamente en las circunstancias siguientes:
(a) Cuando tuviere motivos fundados para creer que
la persona que va a ser arrestada ha cometido un
delito en su presencia […].
(b) Cuando la persona arrestada hubiera cometido
delito grave, aun cuando no sea en su presencia.
(c) Cuando tuviere motivos fundados para creer que
la persona que va a ser arrestada ha cometido un
delito grave, independientemente de si el delito se
hubiere cometido o no en realidad.
(Énfasis
suplido).
La
frase
motivos
fundados
que
menciona
la
regla
se
refiere a aquella información o conocimiento que lleven a una
persona ordinaria y prudente a creer que la persona a ser
detenida ha cometido un delito. Pueblo v.
Serrano, Serra,
148
causa
DPR
173
(1999).
Ello
es
sinónimo
de
probable.
Pueblo v. Díaz Díaz, 106 DPR 348 (1977). Los motivos fundados
constituyen
el
mínimo
de
información
que
razonablemente
podría convencer a un juez de que existe causa probable para
expedir una orden de arresto. Pueblo v. Calderón Díaz, 156
DPR 549 (2002). Por ello, el agente que realice un arresto
sin la orden correspondiente debe observar o estar informado
de “hechos concretos que razonablemente apunten a la comisión
de un delito”, pues las “[m]eras sospechas no bastan”. Pueblo
v. Colón Bernier, supra, pág. 144. Para determinar si un
agente tenía motivos fundados para intervenir y arrestar a un
ciudadano
sin
orden
previa,
es
indispensable
analizar
la
CC-2019-0645
13
información que le constaba a este y los hechos que tenía
ante sí al momento del arresto para, entonces, determinar si
esos hechos podían llevar a una persona prudente y razonable
a creer que la persona a ser arrestada había cometido, o iba
a cometer, un delito.
En
el
contexto
de
una
infracción
de
tránsito,
hemos
reiterado que un agente puede detener a un conductor de un
vehículo si tiene “un motivo o sospecha individualizada de
que el conductor ha infringido una ley de tránsito”. Ortiz v.
DTOP, 164 DPR 361, 366 (2005). Nótese que la “mera infracción
de tránsito de por sí no justifica un registro sin orden,
aunque valida la detención inicial del vehículo”. Pueblo v.
Malavé González, 120 DPR 470, 480 (1988). Ahora bien, la
detención por motivo o sospecha individualizada de que se ha
infringido
una
ley
de
tránsito
no
constituye
fundamento
suficiente que justifique un arresto sin orden. Lo anterior,
pues la Regla 11 de Procedimiento Criminal, supra, permite el
arresto sin orden ante la creencia de comisión de delito y no
así
de
una
falta
administrativa
cuya
sanción
constituye
imponer una multa. Por ende, y a modo de ejemplo, un agente
no puede tener motivos fundados para arrestar a un conductor
únicamente porque no llevara puesto el cinturón de seguridad.
Esto pues, al amparo de las leyes de tránsito, las faltas
administrativas “que no conlleven pena de reclusión […] no
han sido consideradas propiamente delitos”. Pueblo v. Báez
Cartagena, 108 DPR 381, 389 (1979) (Juez Presidente Trías
Monge, Voto particular). Cónsono con este planteamiento, la
CC-2019-0645
14
Ley de Tránsito vigente no faculta a un agente del orden
público a realizar un arresto ante la creencia de que se ha
cometido
una
falta
administrativa.
No
obstante,
hemos
expresado que si como producto de una detención legal de un
vehículo surgiere motivo fundado para creer que se cometió o
se está cometiendo un delito en presencia del agente, este
puede
efectuar
un
arresto
o
registro
conforme
a
la
ley.
Pueblo v. Malavé González, supra, pág. 481.
Al evaluar la legalidad del arresto de una persona sin la
orden
judicial
correspondiente
un
tribunal
debe
juzgar
la
conducta del funcionario público que arresta en consideración
al criterio de la persona prudente y razonable, tomando en
cuenta las circunstancias específicas del arresto. Pueblo v.
Alcalá
Fernández,
109
DPR
326
(1980).
Sin
embargo,
la
jurisprudencia federal ha reiterado que la consideración de
la causa probable para arrestar sin orden al amparo de la
Enmienda
Cuarta
—bajo
nuestro
ordenamiento,
los
motivos
fundados— es particularizada a la persona que se arresta.
Ybarra v. Illinois, 444 US 85, 91 (1979). De esa forma, en US
v. Di Re, 332 US 581 (1948), el Tribunal Supremo federal se
negó
a
permitir
que
se
admitiera
en
evidencia
material
inculpatorio que se obtuvo de un pasajero de un vehículo,
basado en una confidencia de que otro de los pasajeros tenía
consigo
material
de
contrabando.
El
Máximo
Foro
federal
razonó que la causa probable solo existía para el individuo
sobre el cual se recibió la confidencia y, posteriormente,
surgió para un tercero a quien el policía vio con material de
CC-2019-0645
15
contrabando en su persona. Por lo tanto, todo material que se
obtuvo
incidental
al
arresto
del
ocupante
restante
del
vehículo era inadmisible en un tribunal, pues fue producto de
un arresto ilegal.30
De
esa
forma,
el
Tribunal
Supremo
federal
también
especificó que un agente no puede inferir el surgimiento de
causa probable después de efectuar el arresto basado en si el
arrestado
se
resistió
al
arresto
o
si
lo
acató
con
su
silencio. Íd., pág. 594. Sobre el particular, añadió: “One
has an undoubted right to resist an unlawful arrest, and
courts will uphold the right of resistance in proper cases”.
Íd. (Énfasis suplido). El Tribunal expresó además: “It is the
officer’s responsibility to know what he is arresting for,
and why, and one in the unhappy plight of being taken into
custody is not required to test the legality of the arrest
before the officer who is making it”. Íd., pág. 595.
Posteriormente,
en
Ybarra
v.
Illinois,
supra,
el
Tribunal Supremo federal se volvió a enfrentar a un asunto
similar, esta vez ante un registro con orden judicial en un
establecimiento. Existía causa probable para pensar que allí
30
En específico, el Tribunal Supremo federal dictaminó:
The Government now concedes that the only person who committed
a possible misdemeanor in the open presence of the officer was
Reed, the Government informer who was found visibly possessing
the coupons. Of course, as to Buttitta they had previous
information that he was to sell such coupons to Reed, and Reed
gave information that he had done so. But the officer had no
such information as to Di Re. All they had was his presence,
and if his presence was not enough to make a case for arrest
for a misdemeanor, it is hard to see how it was enough for the
felony of violating § 28 of the Criminal Code.
US v. Di Re, 332 US 581, 592 (1949).
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16
había contrabando de sustancias controladas. Como producto de
esa intervención, se arrestó a un individuo que estaba parado
en
el
área
de
la
barra
y
se
le
ocuparon
seis
paquetes
pequeños con heroína, los cuales se encontraban dentro de una
caja de cigarrillos que tenía en su persona.
El Tribunal
Supremo federal revocó la condena y expresó:
[A]
person’s
mere
propinquity
to
others
independently suspected of criminal activity does
not, without more, give rise to probable cause to
search that person. Where the standard is probable
cause, a search or seizure of a person must be
supported by probable cause particularized with
respect to that person. This requirement cannot be
undercut or avoided by simply pointing to the fact
that coincidentally there exists probable cause to
search or seize another or to search the premises
where the person may happen to be. The Fourth and
Fourteenth
Amendments
protect
the
“legitimate
expectations of privacy” of persons […]. Íd., pág.
21 (Énfasis suplido).
El caso es distinto cuando un agente descubre evidencia
delictiva
en
quién
pertenece.
le
federal
ha
un
vehículo
validado
legalmente,
En
ese
supuesto,
la
existencia
de
pero
el
se
desconoce
Tribunal
causa
a
Supremo
probable
para
arrestar a todos los ocupantes del vehículo, pues hay motivos
para pensar que cualquiera de ellos, o todos, podrían ser
responsables del delito o delitos que surjan a raíz de esa
evidencia. Maryland v. Pringle, 540 US 366 (2003).
Los fundamentos que anteceden se encuentran en armonía
con
nuestro
ordenamiento
legal
estatal.
La
Regla
11
de
Procedimiento Criminal, supra, dicta expresamente en sus tres
incisos que los motivos fundados para creer que se cometió un
delito son en torno a la persona que va a ser arrestada.
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17
Finalmente, hemos reiterado que un arresto constituye “el
acto de poner a una persona bajo custodia en los casos y del
modo que la ley autoriza[, y que] se hará por medio de la
restricción
efectiva
de
la
libertad
de
la
persona
o
sometiendo a dicha persona a la custodia de un funcionario”.
Pueblo en interés del menor NOR, 136 DPR 949, 957 (1994)
(citando
a
Pueblo
v.
Pacheco
Báez,
130
DPR
664,
668-669
(1992)); Regla 4 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II,
R. 4. Sobre el particular, hemos expresado que se considera
que “una persona ha sido arrestada, a la luz de la Cuarta
Enmienda Constitucional Federal, s[o]lo si, tomando en cuenta
la totalidad de las circunstancias que rodean al incidente
entre
la
Policía
y
el
presunto
arrestado,
una
persona
razonable hubiese creído que no estaba en libertad de poder
marcharse del lugar”. Íd., pág. 958. (Énfasis suplido). Véase
US
v.
Mendenhall,
446
US
544
(1980);
pero
véase
también
Florida v. Bostick, 501 US 429 (1991).
III
Para
recapitular,
en
este
caso
tres
agentes
de
la
Policía entendieron que hubo sospecha individualizada para
detener el vehículo que conducía el señor Henríquez Rivera,
en el cual se encontraban el señor Urbáez Mateo y un tercer
pasajero. Esto pues los cristales del vehículo aparentaban
estar muy oscuros, en posible violación a la Ley de Tránsito,
supra. Durante la detención, el agente Arocho Torres percibió
que el señor Henríquez Rivera conducía bajo los efectos de
CC-2019-0645
18
bebidas embriagantes, una infracción tipificada como delito
al amparo de la Ley de Tránsito, supra. Por ello, entendió
que había motivos fundados para arrestar al señor Henríquez
Rivera. Posteriormente, hubo un forcejeo entre este último y
el agente Arocho Torres en el que se deprendió un arma de
fuego de la cintura del señor Henríquez Rivera. Todos los
agentes testificaron que al momento de los hechos conocían
que
el
arma
que
cayó
al
piso
se
desprendió
del
señor
Henríquez Rivera. Por lo tanto, podemos determinar que el
agente Arocho Torres tenía motivos fundados para intervenir
con el señor Henríquez Rivera. Ahora bien, cabe preguntarse
si
esas
mismas
circunstancias
estaban
presentes
para
intervenir con el señor Urbáez Mateo y si la evidencia que se
obtuvo al registrarlo fue producto de un registro legal.
En
elementos
específico,
suficientes
corresponde
para
que
determinar
una
persona
si
existían
prudente
y
razonable creyera que la persona a ser arrestada,31 entiéndase
Sin duda, el agente Rivera Vélez efectuó un arresto al señor Urbáez
Mateo, por lo que la protección constitucional contra incautaciones y
allanamientos irrazonables se activó a favor del acusado tan pronto
ocurrió un arresto revestido de ilegalidad. Según vimos, el estándar para
determinar si se efectuó un arresto es si, dadas las circunstancias, una
persona razonable hubiese creído que no estaba en libertad de poder
marcharse del lugar. En este caso, según declaró el agente Rivera Vélez,
inmediatamente después de ver caer el arma de la cintura del señor
Henríquez Rivera, ordenó al señor Urbáez Mateo que se desmontara del
vehículo, lo agarró por el brazo izquierdo y le informó que estaba
arrestado. Antes de poder ponerle los grilletes, el señor Urbáez Mateo
tensó el brazo izquierdo y se dobló hacia al frente. Acto seguido, el
agente Rivera Vélez lo tumbó al suelo y finalmente le puso los grilletes
en las muñecas. Mientras, el agente Sánchez Ramos lo ayudó. Ante estas
circunstancias, una persona razonablemente pensaría que se le estaba
arrestando pues un agente con uniforme y autoridad aparente: (1) le ordenó
a salir del vehículo; (2) lo agarró por el brazo izquierdo y no lo soltó;
(3) le informó expresamente que estaba arrestado; (4) en presencia de un
segundo agente con uniforme y autoridad aparente, le restringió la
capacidad de movimiento, y (5) le puso unos grilletes en sus muñecas. Por
consiguiente, no cabe sino concluir que agente Rivera Vélez puso al señor
31
CC-2019-0645
19
el señor Urbáez Mateo, cometió o estaba cometiendo un delito.
Esto último sustentado por la existencia de motivos fundados
con respecto a esa persona en particular. Sobre los motivos
fundados
para
arrestar
al
señor
Urbáez
Mateo,
el
agente
Rivera Vélez adujo que estos fueron los siguientes: (1) al
señor Henríquez Rivera se le cayó un arma frente a su cuerpo
durante el forcejeo entre este y el agente Arocho Torres; (2)
cuando
comenzó
corriendo
hacia
el
forcejeo,
el
el
residencial
pasajero
público
delantero
que
se
salió
encontraba
próximo al lugar lo que le generó sospecha, y (3) la multitud
que le gritaba improperios —pero mirando a la periferia y
nunca de frente– lo hizo sentir inseguro.
Un análisis cuidadoso de estos elementos conduce a la
conclusión forzosa de que la convergencia de estos no era
suficiente para que una persona prudente y razonable creyera
que el señor Urbaez Mateo cometió o estaba cometiendo un
delito. Según se desprende de la prueba testifical, ninguno
de esos tres elementos guarda relación alguna con conducta o
Urbáez Mateo bajo arresto antes de realizarle el cacheo y registro por el
cual se le ocupó la evidencia que se incautó.
Nótese que el agente Rivera Vélez indicó que, mientras le ponía los
grilletes al señor Urbáez Mateo, este ultimo realizó “movimientos
laterales” con sus piernas. Adujo que interpretó esa acción como un
intento de irse a la huída. Encuentro inverosímil concluir que una persona
a quien se le anunció su arresto, se le está agarrando por el brazo y está
siendo custodiada por dos agentes de la Policía frente a la puerta de un
vehículo proponía marcharse del lugar simplemente porque movió sus piernas
con movimientos laterales mientras se bajaba del vehículo, Máxime cuando
lo anterior presuntamente ocurrió cuando el señor Urbáez Mateo estaba ante
el control total de los agentes. El hecho de que la persona mostrara
resistencia al tensar el brazo mientras el agente se proponía ponerle los
grilletes
tampoco
supone
la
existencia
de
motivos
fundados
que
justificaran, de manera retroactiva, un arresto que de por sí ya era
ilegal. Nada en nuestro ordenamiento jurídico ni en la jurisprudencia
federal valida la aplicación de la doctrina de motivos fundados de manera
retroactiva.
CC-2019-0645
20
circunstancias atribuibles al señor Urbáez Mateo. En primer
lugar, en cuanto al arma de fuego que se desprendió de la
cintura del señor Henríquez Rivera, el agente Rivera Vélez
testificó que conocía que esta no guardaba relación alguna
con el señor Urbáez Mateo. Sobre el particular, declaró:
[ABOGADO]: […] Usted dice que vio evidencia
delictiva pero la realidad es que la evidencia que,
delictiva que usted observó no tenía nada que ver
con Yicauri, ¿verdad que no?”
[…]
[AGENTE
RIVERA]:
Yicauri no.32
Directamente
relacionada
con
En segundo lugar, con relación a la conducta del pasajero
que
salió
corriendo
y
la
sospecha
que
esta
generó
en
el
agente Rivera Vélez, la jurisprudencia indica que una mera
sospecha
no
constituye
motivo
suficiente
para
arrestar
a
alguien. Pueblo v. Colón Bernier, supra, pág. 144. Además,
esa sospecha no podía ser atribuible al señor Urbáez Mateo,
quien en todo momento antes de su arresto se quedó sentado en
el asiento posterior del vehículo, sin incurrir en conducta
sospechosa.33 Aun si uniéramos este suceso al desprendimiento
del arma del señor Henríquez Rivera, estos hechos de por sí
Íd., pág. 297.
Esto quedó evidenciado en las admisiones múltiples que hizo el agente
Rivera Vélez sobre el comportamiento del señor Urbáez Mateo durante la
intervención. Por ejemplo, el agente Rivera testificó:
32
33
[ABOGADO]: No. Y de hecho usted dice […] que él[, Urbáez,] no
había cometido ningún delito.
[AGENTE RIVERA]: Bueno, estaba sentado…
[ABOGADO]: Sentado.
[AGENTE RIVERA]: … sin cometer delito sentado en la parte
posterior del auto. Correcto.33
Íd., pág. 274.
CC-2019-0645
21
no conectaban de ninguna manera al señor Urbáez Mateo con la
creencia razonable de que cometió o cometía un delito. Hasta
ese momento, lo único que tenían en común el señor Urbáez
Mateo y los dos ocupantes del vehículo era su presencia en el
automóvil que los agentes detuvieron.
Resta preguntarnos si el ambiente presuntamente hostil
que
se
suscitó
intervención
en
creó
las
las
cercanías
del
circunstancias
área
que
durante
la
justificaran
el
arresto y registro del señor Urbáez Mateo. La respuesta es
que no. Claramente el hecho de que la multitud actuara de una
manera
hostil
no
implicó
de
ninguna
manera
que
el
señor
Urbáez Mateo cometió o estaba cometiendo un delito. Máxime
cuando el Ministerio Público no alegó que el señor Urbáez
Mateo fue el responsable de que se suscitara ese ambiente.
Por otro lado, validar un arresto sin orden judicial en esas
circunstancias sería avalar el arresto y registro de toda
persona –independientemente de su conducta– que se encontrara
en la cercanía de un intercambio de palabras entre la Policía
y ciertas personas en ese grupo únicamente por su presencia
en ese lugar. Esa conclusión es absurda. Si bien durante el
juicio
los
agentes
declararon
que
ese
ambiente
los
hizo
sentir inseguros, no argumentaron cómo el arresto del señor
Urbáez Mateo en esos momentos hubiese disminuido ese efecto.
Finalmente, aunque el agente Rivera Vélez no adujo que
esta fuera una causa para arrestarlo, debemos considerar si
el
hecho
de
que
el
señor
Urbáez
Mateo
tenía
una
cerveza
abierta en la mano al momento de la intervención justificaba
CC-2019-0645
22
un arresto sin orden judicial. Al respecto, el Art. 10.17(f)
de
la
Ley
de
Tránsito,
9
LPRA
sec.
5297,
prohíbe
el
transporte de bebidas embriagantes en envases abiertos en el
interior de un vehículo. Sin embargo, ese artículo dispone
que
su
infracción
sancionada
con
la
constituye
expedición
de
una
falta
administrativa
un
boleto
de
doscientos
dólares ($200). Según el Art. 23.03 de la Ley de Tránsito, 9
LPRA sec. 5683, una falta administrativa al amparo de ese
estatuto se convertirá en delito menos grave cuando, como
consecuencia de la infracción, se causare o contribuyere a
causar un accidente que resultare en la lesión de una persona
o
daños
a
la
propiedad
circunstancias
para
convirtiera
en
un
tratarse
una
de
que
delito
falta
ajena.
Aquí
la
menos
dieron
las
falta
administrativa
se
grave.
Por
tanto,
al
funcionario
del
administrativa,
no
un
se
lo
orden público no estaba facultado a realizar un arresto al
amparo de la Regla 11 de Procedimiento Criminal, supra.
En conclusión, no me queda duda que en este caso se
arrestó al señor Urbáez Mateo sin motivos fundados para ello.
Por lo tanto, el cacheo y posterior registro que se le hizo
mientras
estuvo
bajo
arresto
y
esposado
en
el
suelo
se
realizó sin autoridad en ley para ello y toda la evidencia
que se obtuvo fue a raíz de un registro ilegal. Al amparo de
la
regla
de
exclusión
que
contiene
la
Constitución,
correspondía que se declararan inadmisibles el arma y las
sustancias controladas que se le ocuparon luego de su arresto
ilegal. Debido a que al señor Urbáez Mateo se le acusó de los
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23
delitos de portación y uso de armas de fuego sin licencia, al
amparo del Art. 5.04 de la Ley de Armas, supra, y de poseer
una sustancia controlada con intención de distribuir, bajo el
Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas, supra, sin esa
evidencia
ninguno
de
no
se
los
consecuencia,
podía
dos
probar
delitos
procedía
que
más
por
allá
los
de
duda
razonable
que
se
le
acusó.
En
confirmáramos
la
Sentencia
del
Tribunal de Apelaciones en cuanto a absolver al señor Urbáez
Mateo. Dado que una mayoría de este Tribunal resolvió lo
contrario
sobre
ese
particular,
disiento
en
parte
totalidad del dictamen.
Maite D. Oronoz Rodríguez
Jueza Presidenta
con
la