LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Orlando José Aponte Rosario; et als. v. Presidente Comisión Estatal de Elecciones; Estado Libre Asociado de Puerto Rico

2020 TSPR 119

Poder Judicial de Puerto Rico

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Orlando José Aponte Rosario; et als. v. Presidente Comisión Estatal de Elecciones; Estado Libre Asociado de Puerto Rico

MD-2020-02 Cons. MD-2020-05

Derecho Constitucional: No se puede aprobar legislación que altere sustancialmente la relación política de Puerto Rico con Estados Unidos sin que previamente haya obtenido la aprobación de los puertorriqueños a ese curso de acción. La Asamblea Legislativa tiene la facultad de escoger mecanismos legítimos para adelantar su objetivo y registrar la expresión del pueblo; la sabiduría o conveniencia de esa determinación legislativa es una cuestión política no justiciable. Por lo tanto, conforme al mandato del pueblo, en los plebiscitos de 2012 y 2017, el Subcapítulo VII-B de la Ley Núm. 58 de 20 de junio de 2020, conocida como Código Electoral de Puerto Rico de 2020 y la Ley Núm. 51 del 16 de mayo de 2020, conocida como la Ley para la Definición Final del Estatus Político de Puerto Rico tienen un fin público conforme al Sec. 9 del Art. VI de la Constitución de Puerto Rico. · 5 octubre 2020

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Orlando José Aponte Rosario; Hon.

Rafael Hernández Montañez; Hon. José

Varela Fernández; Hon. Ángel R. Matos

García; Hon. Carlos A. Bianchi Angleró;

Hon. Jesús Manuel Ortiz; Hon. Ramón

Luis Cruz Burgos; Carlos Rodolfo Colón

Rosario; Leslie Ramos Rodríguez

Peticionarios

v.

Presidente Comisión Estatal de

Elecciones; Estado Libre Asociado

de Puerto Rico

2020 TSPR 119

Recurridos

____________________________

Hon. Luis Ricardo Vega Ramos en su

carácter personal y como representante

a la Cámara de Representantes del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Peticionario

v.

Presidente Comisión Estatal de

Elecciones; Estado Libre Asociado de

Puerto Rico

Recurridos

Número del Caso:

Fecha:

MD-2020-2

cons. con

MD-2020-5

5 de octubre de 2020

Abogados de la parte peticionaria:

Lcdo. Lucas Córdova Ayuso

Lcdo. Alberto C. Rivera Ramos

Lcdo. Orlando José Aponte Rosario

Abogado de la parte recurrida:

Lcdo. Félix R. Passalaqua Rivera

Abogado del Hon. Luis Vega Ramos:

Lcdo. Ricardo Arrillaga Armendáriz

205 DPR _____

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

2

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Isaías Sánchez Báez

Procurador General

Lcdo. Pedro A. Vázquez Montijo

Subprocurador General

Lcdo. Carlos Lugo Fiol

Abogados de los Amicus Curiae:

Lcdo. Eudaldo Báez Galib

Lcdo. Gregorio Igartua De la Rosa

Lcdo. Eliezer Aldarondo Ortiz

Lcda. Rosa Campos Silva

Lcdo. Eliezer Aldarondo López

Lcdo. Carlos J. Sagardía Abreu

Lcdo. Antonio A. Hernández Almodóvar

Lcda. Veronica Ferraiuoli Hornedo

Materia: Derecho Constitucional - No se puede aprobar legislación que

altere sustancialmente la relación política de Puerto Rico con Estados

Unidos sin que previamente haya obtenido la aprobación de los

puertorriqueños a ese curso de acción. La Asamblea Legislativa tiene

la facultad de escoger mecanismos legítimos para adelantar su objetivo

y registrar la expresión del pueblo; la sabiduría o conveniencia de

esa determinación legislativa es una cuestión política no justiciable.

Por lo tanto, conforme al mandato del pueblo, en los plebiscitos de

2012 y 2017, el Subcapítulo VII-B de la Ley Núm. 58 de 20 de junio de

2020, conocida como Código Electoral de Puerto Rico de 2020 y la Ley

Núm. 51 del 16 de mayo de 2020, conocida como la Ley para la

Definición Final del Estatus Político de Puerto Rico tienen un fin

público conforme al Sec. 9 del Art. VI de la Constitución de Puerto

Rico.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Orlando José Aponte Rosario;

Hon.

Rafael

Hernández

Montañez; Hon. José Varela

Fernández; Hon. Ángel R.

Matos García; Hon. Carlos A.

Bianchi Angleró; Hon. Jesús

Manuel Ortiz; Hon. Ramón

Luis Cruz Burgos; Carlos

Rodolfo

Colón

Rosario;

Leslie Ramos Rodríguez

Peticionarios

v.

MD-2020-002

Presidente Comisión Estatal

de Elecciones; Estado Libre

Asociado de Puerto Rico

cons. con

MD-2020-005

Recurridos

____________________________

Hon. Luis Ricardo Vega Ramos

en su carácter personal y

como

representante

a

la

Cámara de Representantes del

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico

Peticionario

v.

Presidente Comisión Estatal

de Elecciones; Estado Libre

Asociado de Puerto Rico

Recurridos

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor

MARTÍNEZ TORRES.

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de octubre de 2020.

Veinte años después de nuestra decisión en Báez Galib

y otros v. C.E.E. II, 152 DPR 382, 393 (2000) (Báez Galib

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

2

II), nos corresponde determinar si, según los criterios

esbozados

en

esa

Subcapítulo

Opinión,

VIII-B

constitucionales.

disposiciones

resolvemos

de

que

de

la

Ley

Núm.

51-2020

Ley

Núm.

58-2020

son

evaluar

ambas

leyes

y

las

Puerto

Rico,

la

Luego

de

la

Constitución

de

las

leyes

controversia

en

y

el

son

constitucionales.

Hoy resolvemos lo siguiente:

•

Reafirmamos nuestro precedente en Báez Galib II, y, por

lo tanto, tenemos jurisdicción original para atender el

recurso

de

mandamus

sobre

la

constitucionalidad

del

Subcapítulo VIII-B de la Ley Núm. 58-2020, que trata

sobre el voto presidencial. Por su parte, la Ley Núm.

51-2020 confiere jurisdicción y competencia original a

este Tribunal para atender cualquier impugnación a esa

ley.

•

El pleito está maduro para su adjudicación ya que se

trata de dos eventos concretamente definidos, con fecha

cierta

y

promulgados

válidamente

por

la

Asamblea

Legislativa.

•

Estos

casos

consolidados

presentan

interrogantes

constitucionales sobre el fin público de dos eventos

electorales

promulgados

por

la

Asamblea

Legislativa,

ante el mandato que dio el pueblo puertorriqueño.

•

El pueblo de Puerto Rico ostenta el poder de expresarse

para ejercer su derecho a la autodeterminación.

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

•

3

A través de la aprobación de la Ley Núm. 51-2020 y el

Subcapítulo VIII-B de la Ley Núm. 58-2020, se hace valer

la

expresión

sobre

la

autodeterminación

de

los

puertorriqueños.

•

La

elección

de

noviembre

de

2020

para

solicitar

la

admisión de Puerto Rico como estado de la Unión, es

consecuencia directa del mandato electoral que el pueblo

dio en los plebiscitos de 2012 y 2017. En el primero, el

pueblo

votó

en

contra

de

continuar

con

la

condición

actual de territorio. La participación electoral en esa

votación fue de 78% del electorado hábil, mayor a la que

aprobó en 1952 la Constitución del Estado Libre Asociado

con un 58% de los electores inscritos. En una segunda

pregunta, los electores expresaron su preferencia por la

estadidad.

En

el

segundo

plebiscito

en

2017,

aunque

participaron menos electores, la estadidad volvió a ser

la fórmula ganadora.

•

El

resultado

expresamente

a

de

la

consulta

la

Asamblea

de

Legislativa

2017

requirió

establecer

un

proceso dirigido a adelantar la admisión de Puerto Rico

como

estado

de

la

Unión

y,

expresamente,

a

aprobar

legislación para una elección local por el Presidente y

Vicepresidente de Estados Unidos.

•

Los

estados

se

crean

por

sí

mismos,

utilizando

los

mecanismos que entiendan convenientes. No los crea el

Congreso.

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

•

4

Históricamente se ha demostrado que no hay un proceso

único o uniforme para la admisión como estado. Tampoco

depende de una sola votación ni hace falta vinculación

previa del Congreso.

•

Como

establecimos

en

P.I.P.

v.

C.E.E.,

infra,

y

reafirmamos en Báez Galib II, la Constitución es neutral

en materia de estatus político y no cierra la puerta a

la autodeterminación del pueblo de Puerto Rico.

•

El

plebiscito

de

discriminatorio.

3

de

Todo

noviembre

elector

de

2020

puede

no

es

expresarse

libremente. Los que favorecen la estadidad para Puerto

Rico pueden votar “sí” y los que no la favorecen pueden

votar

“no”.

neutral

o

Quienes

que

es

afirman

que

el

discriminatorio

plebiscito

pasan

por

no

es

alto

el

efecto legal de las consultas de 2012 y 2017. Allí, los

electores dieron un mandato a la Asamblea Legislativa

para implementar el resultado de aquellas votaciones. La

decisión legislativa de cómo poner en vigor ese mandato

electoral

merece

deferencia.

No

se

puede

invocar

el

principio de neutralidad para frustrar la voluntad del

pueblo. Eso diferencia estos casos consolidados de la

situación que existía en 2000, cuando decidimos

Báez

Galib II. Entonces no había un mandato del pueblo; hoy

sí lo hay.

•

Lo que sí es discriminatorio y no es neutral es tomar al

voto por una alternativa y sumarle el número de los

electores que no votaron. Eso altera la expresión en las

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

urnas

e

5

invariablemente

concede

una

ventaja

a

la

condición política existente, pues diluye la expresión

por

las

alternativas

de

cambio.

Esa

teoría

hace

la

decisión de no votar equivalente a la de votar por una

alternativa

específica.

voluntad

de

quien

rechazado

esa

Eso

decidió

sería

contrario

no

votar.

Por

interpretación.

Suárez

Cáceres

a

eso,

la

hemos

v.

Com.

Estatal Elecciones, infra.

•

Eso

demuestra

que

tanto

consecuencias.

Los

que

votar

como

votaron

no

en

votar

2012

tiene

y

2017

establecieron un mandato al gobierno, al expresar su

voluntad.

Esa

expresión

definición,

un

fin

votaron,

optaron

popular

público.

por

En

delegar

constituye,

cambio,

la

los

por

que

no

a

los

que

los

decisión

ciudadanos que sí emitieron un voto en las urnas.

•

La

Asamblea

Legislativa

obedeció

el

mandato

electores emitieron en los plebiscitos de 2012 y 2017.

Allí se llevó a cabo un proceso de autodeterminación y

la fórmula de estadidad obtuvo la mayoría de los votos

emitidos.

•

Existe un fin público en la legislación aprobada por

mandato de los electores de Puerto Rico, para ejercer su

derecho de autodeterminación.

•

El fin público de la Ley Núm. 58-2020 surge no solo de

las aspiraciones que el pueblo de Puerto Rico expresó en

el

Preámbulo

de

la

Constitución

del

Estado

Libre

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

6

Asociado, sino más recientemente, del mandato electoral

dado en el plebiscito de 2017.

•

Debemos ser deferentes con las actuaciones de las otras

ramas de gobierno, siempre que estén enmarcadas dentro

del

esquema

constitucional

y

aunque

como

magistrados

discrepemos personalmente de su bondad o sabiduría.

Exponemos a continuación los fundamentos de Derecho

para llegar a estas conclusiones.

I

El señor Orlando José Aponte Rosario, el señor Carlos

Rodolfo Colón Rosario, la señora Leslie Ramos Rodríguez y

varios Representantes del Partido Popular Democrático (en

adelante,

“peticionarios”)

presentaron

una

solicitud

de

mandamus, en jurisdicción original del Tribunal Supremo,

en

el

caso

Comisión

MD-2020-0002,

Estatal

de

contra

Elecciones

el

(CEE).

Presidente

En

de

la

síntesis,

los

peticionarios alegan que el cumplimiento del Subcapítulo

VII-B de la Ley Núm. 58 de 20 de junio de 2020, conocida

como Código Electoral de Puerto Rico de 2020 (Ley Núm. 582020), y la Ley Núm. 51 del 16 de mayo de 2020, conocida

como la “Ley para la Definición Final del Estatus Político

de

Puerto

Rico”

(Ley

Núm.

51-2020),

infringe

un

deber

ministerial de mayor jerarquía: el impuesto por la Sec. 9

del

Art.

VI

de

requiere

a

todo

utilizar

fondos

la

Constitución

funcionario

públicos

de

público

para

fines

Puerto

la

Rico,

que

obligación

de

públicos.

Por

lo

tanto, sostienen que la CEE y sus funcionarios tienen el

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

deber

ministerial

de

7

abstenerse

de

utilizar

recursos

públicos para un propósito que se aparte de la finalidad

pública que la Constitución exige.

Los

peticionarios

alegan

que

las

leyes

pretenden

“implementar ficticiamente un derecho legal inexistente y

perseguir

el

objetivo

de

alterar

la

relación

de

poder

entre Puerto Rico y Estados Unidos, sin que el pueblo lo

haya autorizado” y, por tanto, violentan el Art. II, Sec.

19 de la Constitución de Puerto Rico, LPRA, Tomo 1. De

igual forma, alegan que las referidas leyes, “al perseguir

objetivos

constitucionalmente

ilegítimos,

al

asignar

fondos públicos y autorizar el uso de recursos públicos,

viola la Sec. 9 del Art. VI de nuestra Constitución”.

Según

los

peticionarios,

“solo

persiguen

adelantar

la

causa de la estadidad, por lo que viola el principio de

igualdad económica electoral inmerso en la Sec. 9 del Art.

VI

de

la

Constitución

de

Puerto

Rico”.

Solicitud

de

mandamus, MD-2020-0002, pág. 14.

Como

fundamento,

los

peticionarios

adoptaron

las

expresiones de la Carta que la Oficina del Secretario de

Justicia de Estados Unidos le envió al Presidente de la

CEE, en la cual se indicó la posición de la Rama Ejecutiva

federal con relación a la solicitud de fondos que se hizo

al amparo de la Ley Núm. 51-2020. La solicitud se amparó

en la asignación congresional de $2.5 millones para “la

educación objetiva y no partidista de los votantes sobre

las opciones que resolverían el futuro estatus político de

Puerto Rico” (traducida así en la Exposición de Motivos de

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

8

la Ley Núm. 51-2020). Consolidated Appropriations Act of

2014,

Pub.

L.

No.

113-76,

128

Stat.

5,

61

(2014)

(“$2,500,000 is for objective, nonpartisan voter education

about, and a plebiscite on, options that would resolve

Puerto

Rico's

future

political

provided

to

the

State

Rico”.).

En

particular,

status,

Elections

los

which

shall

Commission

peticionarios

of

be

Puerto

argumentan

-

amparados en la carta de la Oficina del Secretario de

Justicia-

que

conflictiva

Estados

“[l]a

con

Unidos

el

de

papeleta

juicio

que

el

de

Estadidad

Sí

o

No,

es

política

pública

de

los

pueblo

de

Puerto

Rico

no

ha

rechazado definitivamente el Estado Libre Asociado (ELA)”.

Íd. pág. 8. De igual manera, alegan que la Ley Núm. 512020 promueve una sola fórmula de estatus político (la

estadidad).

Argumentan

que

esto

riñe

con

la

política

pública del gobierno federal de mantener una neutralidad

sobre el tema del estatus político de Puerto Rico para que

sean, precisamente, los puertorriqueños quienes determinen

su preferencia entre las opciones de estatus político de

la

Isla

que

no

sean

incompatibles

con

la

Constitución

federal. Íd.

Ante la cercanía de la consulta electoral, acogimos el

recurso y ordenamos que en un término improrrogable de

diez (10) días los peticionarios presentaran sus alegatos,

y

transcurrido

ese

término,

concedimos

diez

(10)

días

adicionales para que la parte recurrida y cualquier parte

interesada presentara sus alegatos. Antes de que vencieran

estos

términos,

el

Representante

del

Partido

Popular

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

9

Democrático, Hon. Luis Vega Ramos, presentó una segunda

Solicitud de mandamus y sentencia declaratoria (MD-20200005). En síntesis, planteó los mismos argumentos que los

peticionarios en el caso MD-2020-0002. En vista de ello

decidimos consolidar los recursos.

Por su parte, el Presidente de la CEE presentó su

alegato. Señaló que los peticionarios pretenden impugnar

la legalidad de un trámite programado para 2024 y que, al

presente, no está en controversia su aplicación. Además,

adujo que la presente controversia trata de un asunto que

se diferencia completamente de lo resuelto en Báez Galib

II, pues en ese caso no se prohibió el voto presidencial,

sino que se condicionó a la existencia de un fin público.

Asimismo, indicó que Báez Galib II estableció que no era

válida una votación que solo promoviera la opción de la

estadidad, pues en aquel momento, el pueblo de Puerto Rico

no

había

autorizado

esa

alternativa

de

estatus

y,

por

tanto, esta no podía favorecerse.

Además,

representado

compareció

por

la

el

Gobierno

Oficina

del

de

Puerto

Procurador

Rico,

General.

Sostuvo que la Ley Núm. 51-2020 persigue un fin público y

es

neutral

porque

discriminatorio

que

establece

permite

al

un

pueblo

plebiscito

de

no

Puerto

Rico

expresarse sobre la relación política entre Puerto Rico y

los

Estados

Unidos.

Planteó

que

esta

ley

provee

igual

oportunidad a todas las personas hábiles para votar en

Puerto Rico de expresar su acuerdo o desacuerdo con la

alternativa

de

estadidad.

Añadió

que

la

decisión

de

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

10

celebrar un plebiscito "Estadidad Sí o No" debe ser objeto

de amplia deferencia ya que se trata de una actuación

razonable

de

política

pública

promulgada

por

las

ramas

políticas de gobierno. Además, sostuvo que la actuación

legislativa está respaldada por un mandato electoral, esto

es, los resultados de las consultas plebiscitarias de los

años 2012 y 2017.

En cuanto al Subcapítulo VII-B de la Ley Núm. 58-2020,

el Gobierno planteó que el voto presidencial que allí se

autoriza es un instrumento legítimo para hacer valer el

derecho de reparación de agravios por la “condición de

inferioridad

injustificable,

por

motivo

de

su

origen

nacional y el estatus de Puerto Rico como territorio no

incorporado”. Alegato del Gobierno de Puerto Rico, pág. 3.

Según

el

Gobierno,

“[e]l

que

pueda

o

no

tener

"consecuencia práctica" o efecto inmediato por parte del

gobierno

federal

apropiado

para

no

es

un

determinar

criterio

si

la

constitucionalmente

elección

presidencial

tiene un fin público”. Íd.

También comparecieron el Lcdo. Eudaldo Báez Galib, el

Lcdo. Gregorio Igartúa De la Rosa, el Senado de Puerto

Rico, el Partido Nuevo Progresista y la Hon. Jennifer A.

González Colón como amigos de la corte. Con el beneficio

de la comparecencia de las partes y de los amigos de la

corte, atendemos

los recursos consolidados

de epígrafe,

sin trámite ulterior, como nos autoriza la Regla 50 del

Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B.

II

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

Como

asunto

jurisdicción

de

original

11

umbral,

de

este

debemos

Tribunal

discutir

para

atender

la

la

impugnación de la consulta de estatus pautada por la Ley

Núm. 51-2020 y la elección presidencial dispuesta en el

Subcapítulo VII-B de la Ley Núm. 58-2020.

La Sec. 5 del Art. V de la Constitución de Puerto

Rico, Tomo 1 LPRA, dispone que “[e]l Tribunal Supremo,

cada una de sus salas, así como cualquiera de sus jueces,

podrán conocer en primera instancia de recursos de hábeas

corpus

y

de

aquellos

otros

recursos

y

causas

que

se

determinen por ley” (Énfasis suplido). Por su parte, el

Art. 8.3(a) de la Ley Núm. 51-2020 establece:

Toda

controversia,

demanda,

litigio

o

impugnación relacionada con esta Ley que sea

ventilada en un tribunal de justicia, se

tramitará y considerará bajos los términos y las

condiciones dispuestas en el Código Electoral de

Puerto

Rico.

Cuando

alguna

impugnación,

controversia

o

acción

legal

plantee

directamente, o conlleve en alguna de sus

consecuencias, la paralización de los procesos

conducentes a la celebración del plebiscito en

la fecha y horario dispuestos por esta Ley, será

considerada y resuelta directamente por el

Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Adviértase que la Ley Núm. 51-2020, supra, establece

que

el

Tribunal

Supremo

tiene

la

jurisdicción

y

competencia exclusiva para atender cualquier recurso como

este, en el que se solicita que el referéndum de estatus

no se celebre. Se trata de un mecanismo especial creado

por ley, análogo al de sentencia declaratoria de la Regla

59.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, pero para que

sea este Foro

-y no el Tribunal de Primera Instancia-

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

12

quien lo atienda y adjudique lo que corresponda. En otras

palabras, somos el único tribunal en el sistema local de

justicia que puede atender la impugnación a la Ley Núm.

51-2020 y, por eso, nos toca resolver y emitir mediante

Sentencia lo que proceda, en los méritos.1

Por otra parte, al considerar la impugnación de la Ley

Núm. 58-2020, puntualizamos que la Ley de la Judicatura

reconoce

la

jurisdicción

de

este

Foro

para

atender

en

primera instancia un recurso de mandamus. Art. 3.002 de la

Ley Núm. 201-2003, según enmendada, conocida como la Ley

de la Judicatura de 2003, 4 LPRA sec. 24s.

Además,

el

Art.

649

del

Código

de

Enjuiciamiento

Civil, 32 LPRA sec. 3421, establece:

El auto de mandamus es un auto altamente

privilegiado dictado por el Tribunal Supremo del

Estado Libre Asociado, o por el Tribunal de

Primera Instancia de Puerto Rico … dirigido a

alguna persona o personas naturales, a una

corporación o a un tribunal judicial de inferior

categoría

dentro

de

su

jurisdicción

requiriéndoles para el cumplimiento de algún

acto que en dicho auto se exprese y que esté

dentro de sus atribuciones o deberes. Dicho auto

no confiere nueva autoridad y la parte a quien

obliga deberá tener la facultad de poder

cumplirlo.

Así pues, el mandamus es el recurso para requerirle a

un funcionario el cumplimiento de un acto que la ley le

En Vamos, Concertación Ciudadana, Inc. v. Commonwealth of Puerto

Rico, Civil No. 20-1426(FAB), el Tribunal de Estados Unidos para el

Distrito de Puerto Rico declaró inconstitucional la aplicación de esta

sección de la Ley Núm. 51-2020 para impedir la presentación de

demandas de interdicto en ese tribunal, por violación de derechos

civiles. Opinion and Order, 24 de septiembre de 2020. Eso en nada

altera la asignación de jurisdicción y competencia original que la ley

hace a este Tribunal, para litigios locales relacionados con ese

estatuto.

1

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

ordena,

cuando

ese

deber

13

no

admite

discreción

en

su

ejercicio. Por lo tanto, el requisito primordial es que se

trate de un deber ministerial impuesto por ley. Además, el

mandamus solo debe expedirse cuando el peticionario carece

de “un recurso adecuado y eficaz en el curso ordinario de

la ley”. Art. 651 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32

LPRA sec. 3423.

Los peticionarios sostienen que tenemos jurisdicción

original para atender el recurso y ordenar a la CEE que

cumpla con su deber ministerial, impuesto por la Sec. 9

del

Art.

VI

de

la

Constitución

de

Puerto

Rico.

Este

requiere a todo funcionario público que utilice los fondos

públicos solamente para fines públicos. Al respecto, en

Báez Galib II, supra, pág. 393, resolvimos que “el recurso

de mandamus permite exigir que un funcionario no acate o

cumpla con una ley o actuación gubernamental cuando su

cumplimiento quebranta un deber ministerial de

superior

jerarquía, como lo sería un deber ministerial impuesto por

la

Constitución

expresamos

que,

del

Estado

Libre

el

Presidente

Asociado”.

de

la

funcionarios, como funcionarios públicos

adherirse

a

lo

que

se

dispone

en

Además,

CEE

y

sus

que tienen que

nuestras

leyes

y

Constitución, están sujetos al auto de mandamus. Íd., pág.

392.

No cabe duda de que el Presidente de la CEE tiene el

deber

ministerial

de

actuar

conforme

a

derecho.

Véase,

Art. 3.2 de la Ley Núm. 58-2020. El Art. 3.8 de esa ley

reconoce

que

el

Presidente

de

la

CEE

es

la

máxima

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

14

autoridad ejecutiva y administrativa de la Comisión y que

es responsable de los procesos y los eventos electorales.

Asimismo, el Art. 8.3.b establece que “corresponderá al

Presidente de la Comisión tomar las medidas necesarias, y

con

la

mayor

rapidez,

para

garantizar

el

cumplimiento

cabal de esta Ley”. Por lo tanto, según el precedente de

Báez Galib II, se justifica expedir un auto de mandamus si

la parte peticionaria demuestra que las actuaciones de un

funcionario

infringen

alguna

disposición

de

la

Constitución.

En vista de todo lo anterior, por disposición expresa

de la Ley Núm. 51-2020, por un lado y por otro, en cuanto

a la Ley Núm. 58-2020, ateniéndonos al precedente de Báez

Galib

II,

resolvemos

que

tenemos

jurisdicción

original

para atender los casos ante nos. Con esto presente, nos

toca

evaluar

amparo

de

la

la

resolvemos

por

constitucionalidad

Constitución

de

fundamentos

de

ambas

leyes

Puerto

Rico.

Es

locales

al

decir,

independientes

al

derecho constitucional federal.

III

Nos

corresponde

atender

los

señalamientos

de

los

peticionarios sobre la inconstitucionalidad de la Ley Núm.

51-2020. Estos son: (1) la celebración de la consulta que

ordena la Ley Núm. 51-2020 depende de que se desembolsen

fondos federales, lo que se negó por virtud de la Carta de

la

Oficina

del

Secretario

de

Justicia

federal,

(2)

la

Asamblea Legislativa pretende alterar la relación entre

Puerto Rico y Estados Unidos sin la aprobación del pueblo,

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

15

(3) la Ley Núm. 51-2020 viola la Sección 9 del Artículo 6

de la Constitución de Puerto Rico, ya que carece de un fin

público y, (4) la Ley Núm. 51-2020 violenta el principio

de igualdad electoral.

A. Ley Núm. 51-2020

El 16 de mayo de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico,

Hon. Wanda Vázquez Garced, firmó la Ley Núm. 51-2020, que

dispone la celebración de una consulta de estatus político

el próximo 3 de noviembre de 2020, día de las elecciones

generales en la Isla. Conforme a la Exposición de Motivos

de la precitada ley, esta fue aprobada para

disponer las reglas para la celebración de un

plebiscito el 3 de noviembre de 2020 que

solucione el centenario problema de Puerto Rico

como territorio de Estados Unidos de América;

garantizar a los ciudadanos americanos de Puerto

Rico

el

ejercicio

de

su

derecho

a

la

autodeterminación y su derecho a requerir del

Gobierno federal la reparación de agravios”

disponer

las

condiciones

para

que

este

plebiscito se realice conforme a la Ley Pública

113-76 de 2014 y los informes congresionales

relacionados H.R. Report 113-171 y H.R. Report

116-101; asignar fondos; y para otros fines

relacionados. Véase Exposición de Motivos de la

Ley para la Definición Final del Estatus

Político de Puerto Rico, Ley Núm. 51-2020, pág.

1.

Por su parte, el Art. 1.3(d) de la Ley Núm. 51-2020,

establece como Declaración de Política Pública que “[las]

expresiones

en

vigentes

nunca

y

ambos

han

plebiscitos

sido

son

revocadas

recientes,

están

electoralmente.

El

reclamo de igualdad de deberes y derechos como ciudadanos

americanos con la estadidad, por lo tanto, constituye un

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

mandato

electoral

del

16

pueblo

soberano

y

conforma

la

política pública vigente en Puerto Rico”.

El inciso (e) añade:

[A] partir del rechazo electoral en el reciente

Plebiscito de 2012 a la actual condición

territorial, los ciudadanos americanos de Puerto

Rico padecen las desigualdades y las desventajas

de esa condición a pesar de su rechazo y

autodeterminación. Ese agravio contradice los

valores de democracia e igualdad de nuestra

Nación; agravio inaceptable que exige la más

pronta reparación. Art. 1.3(e) Ley Núm. 51-2020.

La declaración de política pública concluye con el

inciso (i), que establece que “el propósito del plebiscito

aquí

dispuesto

electoral

es

ratificar

expresada

por

la

y

hacer

mayoría

valer

de

los

la

voluntad

ciudadanos

americanos de Puerto Rico en los recientes Plebiscitos de

2012 y 2017”. Art. 1.3(i) Ley Núm. 51-2020. Así, conforme

al texto de la ley, el electorado puertorriqueño tendrá la

oportunidad de contestar con un “Sí” o un “No” si desea

que

Puerto

Rico

se

convierta

en

un

estado

de

Estados

Unidos de América. Art. 4.1 de la Ley Núm. 51-2020.

Además,

la

ley

reconoce

favorecida

la

proceso

transición.

de

alternativa

A

que

del

estos

en

“Sí”,

caso

deberá

efectos,

la

de

resultar

comenzar

un

legislación

establece lo siguiente:

El proceso de transición será liderado por

la Gobernadora y la Comisionada Residente de

Puerto Rico, quienes serán quienes representen a

la isla en cualquier asunto o negociación

relacionado a un “Plan de Transición”. No más

tarde de los treinta (30) días a partir de la

certificación de los resultados del plebiscito,

la Gobernadora y la Comisionada Residente, con

el consejo de la Comisión de la Igualdad,

redactarán el Plan de Transición, debidamente

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

17

calendarizado para hacer valer la expresión

democrática y mayoritaria de autodeterminación

del pueblo de Puerto Rico.

El Plan de

Transición será entregado a los líderes del

Congreso de ambos partidos políticos nacionales

y al Presidente de Estados Unidos con el

propósito

de

establecer

los

procesos

de

transición con la urgencia que reclaman los

ciudadanos de Puerto Rico.

La Comisionada Residente de Puerto Rico en

Washington,

DC,

presentará

la

legislación

federal

correspondiente

y

la

Comisión

de

Igualdad abogará por su aprobación en el

Congreso. Art. 4.3 de la Ley Núm. 51-2020.

Como vemos, la propia ley reconoce que el hecho de

que el “Sí” prevalezca no quiere decir que automáticamente

se vaya a admitir a Puerto Rico como estado de la Unión.

Lo que dispone la ley es un mandato a los funcionarios

territoriales a que promulguen e impulsen un proceso de

transición en el Congreso Federal.

(i)

El

La celebración de la consulta de estatus político

no depende de la asignación de fondos federales.

Art.

8.1

de

la

Ley

Núm.

51-2020,

atiende

la

asignación de fondos para la celebración de este evento.

Este establece:

(a) La Gobernadora, el Director Ejecutivo de

la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el

Secretario de Hacienda y el Director Ejecutivo

de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia

Fiscal

de

Puerto

Rico,

tienen

el

deber

ministerial de priorizar, identificar y hacer

disponibles los recursos económicos estatales

aquí asignados para cumplir con todos los

propósitos de esta Ley y conforme al calendario

dispuesto en esta, haya o no disponibles

asignaciones federales para el plebiscito.

. . .

(c) Por virtud de la Sección 402 de la Ley

Pública 114-187 (2016), conocida como “Puerto

Rico

Oversight,

Management,

and

Economic

Stability

Act''

(PROMESA)”,

los

recursos

económicos

estatales

requeridos

para

el

cumplimiento de esta Ley quedan totalmente

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

18

excluidos de los alcances y las disposiciones de

esa Ley federal y de cualquier objeción de su

Junta de Supervisión Fiscal.

Como

vemos,

el

legislador

proveyó

mecanismos

para

salvaguardar y garantizar el derecho de los electores en

caso

de

que

no

se

desembolsaran

solicitados.

La

carta

de

la

los

Oficina

fondos

del

federales

Secretario

de

Justicia de los Estados Unidos solo tiene el efecto de no

autorizar

el

desembolso

de

fondos

federales

para

la

consulta y es totalmente inconsecuente para otro fin.

Asimismo, el Art. 8.5 de la Ley Núm. 51-2020 dispone:

En caso de surgir alguna omisión, desacuerdo

o incumplimiento relacionados con esta Ley o con

la implementación de la Ley Pública 113-76

(2014), quedan ordenados por esta Ley los

remedios y los recursos económicos propios del

Gobierno de Puerto Rico que sean necesarios para

así proteger los derechos de los ciudadanos

americanos de Puerto Rico a votar libre,

voluntaria

y

democráticamente

en

este

plebiscito, según los requiera el Presidente de

la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto

Rico.

La anterior, constituye una obligación

ministerial del Presidente de la Comisión. Art.

8.5 de la Ley Núm. 51-2020 (Énfasis suplido).

Es decir, la celebración del plebiscito solo depende

de la voluntad del territorio y no de la autorización

congresional. Esta se requiere solamente para utilizar los

$2.5 millones que el Congreso aprobó para “la educación

objetiva

y

opciones

que

Puerto

no

Rico”.

partidista

resolverían

el

Consolidated

de

los

votantes

sobre

las

futuro

estatus

político

de

Appropriations

Act

of

2014,

supra. Véanse, además, H.R. Report 113-171; H.R. Report

116-101.

(ii)

La Asamblea Legislativa actuó conforme al mandato

del pueblo en los plebiscitos de 2012 y 2017.

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

19

El 23 de julio de 1967 fue la primera ocasión en la

que

se

consultó

al

electorado

preferencia

de

estatus,

después

Constitución

en

1952.

Bayrón

F.

puertorriqueño

de

sobre

su

la

adopción

de

la

Toro,

Historia

de

las

elecciones y los partidos políticos de Puerto Rico (18092012), 8va ed. Rev., Publicaciones Gaviota, 2016, págs.

442-443. En aquella ocasión, la fórmula del Estado Libre

Asociado

prevaleció

con

un

60.4%

del

voto

emitido.

La

fórmula de la estadidad, por su parte, obtuvo un 39.00%,

mientras que la independencia obtuvo un 0.06% del respaldo

del

electorado.

Íd.

Este

plebiscito

contó

con

la

participación del 62% del electorado hábil. Íd.

Veinte seis (26) años después se volvió a consultar

al pueblo. En 1993, prevaleció la fórmula del Estado Libre

Asociado,

con

el

favor

del

48.6%

del

electorado.

La

estadidad creció con un 46.3% del respaldo del electorado

y la independencia obtuvo un 4.4%.

Íd.

En este evento

participó el 73.5% del electorado hábil. Íd.

Cinco años después, en 1998, el 50.3% del electorado

escogió

la

opción

de

"ninguna

de

las

anteriores"

que

aparecía en la papeleta. La estadidad mantuvo un 46.5% de

apoyo, la independencia obtuvo el favor de un 2.5% del

electorado,

la

libre

asociación

obtuvo

un

0.3%

de

los

votos y la opción de permanecer como territorio solo tuvo

el aval del 0.1% de los votantes. Íd. En este plebiscito

participó el 71.3% del electorado hábil. Íd.

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

Transcurridos

20

catorce

(14)

años

desde

la

última

consulta, el pueblo puertorriqueño contestó dos preguntas

en

noviembre

acuerdo

con

de

2012.

mantener

Primero

la

se

preguntó:

“¿Estás

de

condición

política

territorial

actual?” En esa ocasión, el 53.97% del electorado contestó

“No”. Por otra parte, un

contestaba

segunda

que

46.03% contestó que “Sí”. Si

no

a

la

primera

pregunta,

en

la

cual

pregunta

el

se

hacía

una

electorado

tenía

la

oportunidad de escoger entre tres opciones de estatus: (1)

la

estadidad,

(2)

un

llamado

estado

libre

asociado

soberano, o (3) la independencia. La estadidad obtuvo el

61.16% de los votos emitidos mientras que el denominado

estado

libre

asociado

soberano

y

la

independencia

obtuvieron un 33.34% y 5.49%, respectivamente.2 En este

plebiscito participó el 78.19% del electorado hábil. Íd.

Más recientemente, en 2017, el pueblo escogió por segunda

ocasión

la

estadidad,

con

un

97.18%

de

los

votos

depositados. La libre asociación o independencia obtuvo un

1.5%, y el territorio fue favorecido por tan solo un 1.32%

de

los

votos.

Participó

solamente

el

23.23%

de

los

electores hábiles.3

Comisión Estatal de Elecciones, Consulta sobre el estatus político

de

Puerto

Rico,

2012,

http://168.62.166.179/eg2012/REYDI_Escrutinio/index.html#es/default/CO

NDICION_POLITICA_TERRITORIAL_ACTUAL_ISLA.xml (última visita, 5 de

octubre de 2020).

2

Comisión Estatal de Elecciones, “Plebiscito para la descolonización

inmediata

de

Puerto

Rico:

Escrutinio”,

2017,

http://resultados2017.ceepur.org/Escrutinio_General_79/index.html#es/d

efault/CONSULTA_DE_ESTATUS_Resumen.xml (última visita, 5 de octubre de

2020).

3

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

Como

podemos

ver,

21

después

de

refrendar

al

Estado

Libre Asociado en dos ocasiones (por mayoría en 1967 y por

pluralidad en 1993), el pueblo rechazó en 2012 dar su aval

a la condición territorial actual y, en cambio, escogió la

estadidad como su fórmula preferida de estatus. Lo mismo

hizo

el

pueblo

en

2017,

cuando

reiteró

su

apoyo

a

la

fórmula de la estadidad. Tom C.W. Lin, Americans, Almost

and Forgotten, 107 Calif. L. Rev. 1249, 1289 (2019). En

cada una de las mencionadas consultas, el pueblo emitió un

mandato. Del mismo modo en que se respetó el mandato del

pueblo en 1967, 1993 y 1998, debemos respetar el mandato

de autodeterminación y voluntad de cambio que el pueblo

emitió

en

2012

y

2017.

No

podemos

ser

selectivos

al

aceptar la voluntad del pueblo.

Los peticionarios alegan que los resultados de las

consultas de 2012 y 2017 no constituyen un mandato del

pueblo a favor de la estadidad. Sostienen, en el caso de

la

consulta

de

escoger

entre

dejaron

515,115

2012,

las

que

en

fórmulas

papeletas

la

segunda

políticas

en

blanco.

de

pregunta

para

estatus,

Véase,

Sol.

se

de

mandamus, MD-2020-0002, pág. 7 (citando la comunicación de

la

Oficina

del

Secretario

de

Justicia

federal

al

Presidente de la CEE). Respecto a la consulta de 2017,

argumentan que como el ejecutivo federal no aprobó las

definiciones

de

cada

fórmula

de

estatus

y

porque

la

participación de electores en el último plebiscito fue más

baja

que

en

ocasiones

anteriores,

se

le

debe

restar

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

22

validez al resultado. Íd. Este argumento no tiene base que

lo sustente.

Los

peticionarios

pretenden

adjudicarles

un

significado o preferencia a las papeletas depositadas en

blanco. La Constitución de Puerto Rico señala expresamente

que “[l]as leyes garantizarán la expresión de la voluntad

del pueblo mediante el sufragio universal, igual, directo

y secreto, y protegerán al ciudadano contra toda coacción

en el ejercicio de la prerrogativa electoral”. Const. PR,

Art. II, Sec. 2, LPRA, Tomo I. En Suárez Cáceres v. Com.

Estatal Elecciones, 176 DPR 31 (2009), explicamos que el

derecho al voto “comprende no sólo la prerrogativa de un

ciudadano de votar por… las opciones de su predilección,

sino

el

papeleta

derecho

en

de

blanco

acudir

o

a

la

urna

y

depositar

la

dañarla,

si

ese

es

su

o

deseo

empeño”. Íd., págs. 70–71. Añadimos que la razonabilidad y

el sentido común nos obligan a concluir que “el elector

que

voluntariamente

daña

su

papeleta,

la

deposita

en

blanco o vota por algún personaje ficticio, tuvo la clara

intención de no favorecer ninguna opción o candidato de

los que se encontraban en la papeleta”. Íd., pág. 72. “No

obstante, tal voto [en blanco] de ninguna manera puede ser

contado para efectos de influir o afectar el resultado de

una elección, referéndum o plebiscito, entre otros eventos

electorales.”

(Énfasis

suplido).

Íd.,

págs.

73-74.

Aclaramos entonces que lo único que podríamos interpretar

con relación a ese elector es “lo que no quiere —esto es,

no favorecer lo que está en la papeleta— pero no tenemos

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

23

base alguna para interpretar lo que sí quiere, a no ser,

simplemente, ejercer su derecho a expresarse”. Íd., pág.

72. (Énfasis suplido).

La decisión de realizar una consulta es prerrogativa

de las ramas políticas del gobierno. Ante esa decisión, el

elector

tiene

la

opción

propuestas,

o

en

depositando

en

blanco

de

cambio,

su

votar

por

de

participar,

no

papeleta

o

las

alternativas

ya

sea

absteniéndose

de

votar. Puede que un elector no participe en una elección

porque

no

le

gustan

las

alternativas

propuestas.

Puede

ser, en cambio, que otro elector no crea que sea apropiado

expresarse

en

ese

momento,

por

las

circunstancias

imperantes o porque no tiene información suficiente para

decidirse.

Finalmente,

un

elector

puede

abstenerse

de

expresar su preferencia porque no tiene ninguna o por la

sencilla razón de que el tema no le interesa; le da lo

mismo cuál opción prevalezca. Ante tantas explicaciones

posibles,

no

podemos

atribuirle

a

todos

los

que

no

participaron la intención de llevar a cabo un acto de

protesta,

como

pretenden

los

peticionarios.

Lo

único

claro, entonces, es que no podemos adscribirle motivos.

Cualquier

interpretación

sería

especular

acerca

de

la

intención del elector.

“[E]s particularmente nocivo y contrario al mandato

constitucional

de

neutralidad

inyectar

un

elemento

totalmente subjetivo y especulativo en la adjudicación de

los

votos”.

supra,

pág.

Suárez

Cáceres

91.

(Martínez

v.

Com.

Estatal

Torres,

J.,

Elecciones,

Opinión

de

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

24

conformidad, a la cual se unieron Rivera Pérez, J. y Pabón

Charneco, J.). La adjudicación de las papeletas en blanco

como si fueran votos en contra de la fórmula ganadora

amplía de manera artificial el universo electoral y diluye

la proporción de votos válidos emitidos por las fórmulas

en contienda. Íd. Esto dificulta e impide que se verifique

en el escrutinio el mandato mayoritario y le concede una

ventaja

electoral

indebida

a

la

condición

territorial

actual, pues a los votos a favor en los plebiscitos de

2012 y 2017 le suma los votos en blanco como si fueran lo

mismo que un voto por el territorio. Es decir “la inercia

concedería ventaja solamente a la condición existente, que

prevalecería

vigente

al

engañoso

voluntad

mayoritaria

la

frustrarse

por

de

un

escrutinio

cambio”.

Íd.

Ese

favoritismo es contrario al principio de neutralidad de la

Constitución en materia de estatus político.

Por

lo

electoral,

tanto,

quienes

lo

justo

finalmente

es

que,

elijan

en

todo

sean

evento

aquellos

ciudadanos cuya intención clara e inequívoca fue votar por

una de las alternativas presentadas en la papeleta. Suárez

Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, supra, pág. 73. Por

consiguiente, no podemos utilizar la decisión voluntaria

de los votantes que no participaron para precisamente ir

en contra de la expresión popular. Lo único que podemos

concluir es que quien no votó o depositó su papeleta en

blanco dejó la decisión en manos de quien sí participó.

Por otro lado, los peticionarios argumentan que la

consulta de 2017 no constituye un mandato del pueblo a

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

25

favor de la estadidad porque solo participó el 23.23% del

electorado hábil para votar y que las fórmulas de estatus

contenidas

en

la

consulta

no

fueron

previamente

autorizadas por el Congreso. No le asiste la razón.

En

nuestro

sistema

electoral

la

validez

de

un

resultado electoral no está condicionada a que participen

una

cantidad

totalmente

o

porcentaje

contrario

a

específico

nuestra

de

electores.

tradición

Es

democrática

imponer esa condición. Más aun, en 1952 solo el 58% del

electorado hábil participó en el Referéndum de Aceptación

de la Constitución del Estado Libre Asociado. Bayrón Toro,

op.

cit.,

págs.

442-443.

La

abstención

del

42%

del

electorado no le quitó validez. Pero, independientemente

de eso, los peticionarios omiten que, en 2012, el 53.97%

de los votantes (970,910 electores) contestó que no a la

pregunta

“¿Estás

de

acuerdo

con

mantener

la

condición

política territorial actual?”. En ese plebiscito participó

el 78.19% del electorado hábil.4 En conclusión, hubo más

participación electoral en 2012 para rechazar el ELA que

en 1952 para aceptarlo.

De

hecho,

en

nuestra

tradición

electoral

se

ha

enmendado la Constitución solo con la participación de un

35%

de

los

electores

hábiles.

Íd.

En

1970,

el

pueblo

puertorriqueño enmendó la Constitución para otorgar a los

Véase Comisión Estatal de Elecciones, Consulta sobre el estatus

político

de

Puerto

Rico,

2012,

http://168.62.166.179/eg2012/REYDI_Escrutinio/index.html#es/default/CO

NDICION_POLITICA_TERRITORIAL_ACTUAL_ISLA.xml (última visita, 5 de

octubre de 2020).

4

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

26

jóvenes de 18 años el derecho al voto. La enmienda fue

refrendada por el pueblo con una mínima participación del

35% del electorado. Íd. Si adoptáramos el argumento de los

peticionarios, ese mandato sería inválido por la escasa

participación de los electores inscritos y los jóvenes de

18

años

no

tendrían

derecho

a

votar

en

las

próximas

elecciones. ¿Acaso un 35% de los electores inscritos es

una participación adecuada y un 23.23% no? ¿Dónde se tira

la raya? Así de ilógico es lo que los peticionarios nos

invitan a hacer con la consulta de 2017.

(iii)

La Ley Núm. 51-2020 tiene un fin público,

consistente con lo que se dispone en el Art. VI,

Sec. 9 de la Constitución de Puerto Rico.

El Art. VI, Sec. 9 de la Constitución de Puerto Rico,

ordena

que

“[s]ólo

fondos

públicos

se

dispondrá

para

fines

de

las

propiedades

y

y

el

públicos

para

sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del

Estado,

y

en

todo

caso

por

autoridad

de

ley”.

Hemos

reconocido que la noción de finalidad pública juega un

papel

muy

importante

Báez

Galib

II,

en

supra,

nuestro

pág.

395.

ordenamiento

jurídico.

(citando

P.I.P.

a

v.

C.E.E., 120 DPR 580, 606 (1988)). Esta limita la capacidad

de

actuar

del

indispensable

Estado,

en

todo

pues

se

proceso

trata

de

de

un

erogación

análisis

de

fondos

públicos. Es decir, “la búsqueda de un fin de interés

público

es

la

condición

positiva

de

toda

actuación

estatal”. P.I.P. v. C.E.E., supra, pág. 606.

En P.P.D. v. Gobernador I, 139 DPR 643, 686 (1995),

discutimos el concepto de “fin público”. Allí expresamos:

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

27

El concepto de “fin público” no es uno estático

y sí uno ligado al bienestar general que tiene

que

ceñirse

a

las

cambiantes

condiciones

sociales de una comunidad específica, a los

problemas peculiares que éstas crean y a las

nuevas obligaciones que el ciudadano impone a

sus

gobernantes

en

una

sociedad

compleja.

(Énfasis suplido).

Asimismo, reconocimos que la determinación inicial de

los poderes políticos en torno a lo que constituye un fin

público merece gran deferencia. En McCormick v. Marrero,

Juez, 64 DPR 260, 267 (1944), reconocimos que la Asamblea

Legislativa “tiene amplia discreción para determinar qué

es lo que constituye un fin público y para tomar aquellas

medidas

que

comunidad”.

a

su

juicio

Añadimos

que

promuevan

“[n]o

el

es

bienestar

función

de

de

la

los

tribunales la de expresar opinión sobre la sabiduría o

conveniencia de una medida legislativa”. Íd.

Cónsono con esto, en P.I.P. v. C.E.E., supra, pág.

611, afirmamos que

al

ejercer

nuestras

prerrogativas

constitucionales de juzgar la validez jurídica

de las actuaciones de las otras ramas de

gobierno con relación al uso de fondos del

erario para fines considerados como públicos,

“los tribunales debemos actuar con prudencia y

deferencia a la voluntad legislativa, siempre

que la misma esté enmarcada dentro del esquema

constitucional

y

aunque

como

magistrados

discrepemos personalmente de la bondad de los

actos legislativos”. (Énfasis suplido).

Como vemos, la Asamblea Legislativa posee una amplia

discreción a los efectos de determinar lo que constituye

un

fin

público.

De

ordinario,

validaremos

esa

determinación a menos que sea manifiestamente arbitraria e

incorrecta. Asoc. Ctrl. Acc. C. Maracaibo v. Cardona, 144

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

DPR

1

(1997).

Así

lo

28

reconocimos

cuando

expresamos

lo

siguiente:

Por ser las Asambleas Legislativas de los

Estados democráticos los cuerpos donde maduran y

toman forma las fuerzas sociales latentes u

operantes, y donde sólo es posible definir con

la necesaria precisión la mayor parte de los

elementos que componen y constituyen el llamado

fin

o

interés

público,

las

opciones

del

legislador en este campo son amplias, siempre y

cuando éste se mueva dentro del marco de la

Constitución. P.I.P. v. C.E.E., supra, págs.

607-608. (Énfasis suplido).

Claro está, como aclaramos en Báez Galib II, supra,

pág. 396, esto “no significa que los tribunales debemos

renunciar

a

ejercer

nuestra

evaluar

si

determinado

uso

Estado

por

parte

la

de

facultad

de

constitucional

propiedad

Legislatura

y

o

fondos

el

de

del

Ejecutivo

constituye un uso para un fin público”.

Para resolver a favor de los peticionarios tendríamos

que ignorar el mandato que el pueblo emitió en las urnas

para

que

se

adelante

el

cambio

de

estatus

hacia

la

estadidad federada. Confundiría la política pública que el

pueblo

expresó

intromisión

adelantar

dos

con

el

la

proceso

veces

en

decisión

las

urnas

legislativa

consultando

al

y

sería

una

legítima

de

pueblo

para

que

ratifique o rechace su apoyo a la estadidad. A diferencia

del año 2000, cuando resolvimos Báez Galib II, hoy existe

un mandato electoral del pueblo para la descolonización de

Puerto

Rico

mediante

la

admisión

del

territorio

como

estado de la Unión, y a favor de toda gestión legal que

adelante esos fines. Por consiguiente, es válido que se

consulte

al

pueblo

acerca

de

la

ratificación

e

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

29

implementación de su más reciente expresión. Esa es una

decisión legislativa de política pública con la que no

podemos intervenir.

Por otra parte, en P.I.P. v. C.E.E., supra, pág. 626,

dijimos:

La mera posibilidad de que la publicidad y

celebración de las primarias [presidenciales]

pueda

tener

un

efecto

adverso

sobre

los

intereses ideológicos o políticos del demandante

no

es

suficiente

para

establecer

la

inconstitucionalidad de la ley, así como tampoco

impide el uso de fondos del Estado en una

actividad que la Legislatura determinó que

estaba revestida de interés público.

Por lo tanto, los efectos adversos sobre los intereses

ideológicos

o

políticos

de

los

peticionarios

no

son

suficientes para sostener la impugnación de las leyes en

disputa, pues la decisión legislativa merece deferencia.

Se plantea también que la consulta de estatus político

no

es

válida

Congreso

para

porque

no

hay

atenderla

e

un

compromiso

implementar

la

previo

del

voluntad

del

pueblo de Puerto Rico. Como veremos a continuación, esta

objeción tampoco tiene méritos.

a Métodos

federado

Desde

su

para

obtener

génesis,

la

Estados

admisión

Unidos

de

como

estado

América

fue

concebida como una nación creciente y abierta a nuevos

integrantes. En el Federalista Núm. 14, James Madison dejó

claro

que

la

expansionista,

Constitución

sino

autodeterminación

que

que

no

solo

reconoce

tienen

los

cumple

el

con

derecho

ciudadanos

territorios que deseen ser parte de la Unión:

ese

fin

a

la

de

los

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

30

[E]l objeto inmediato de la Constitución

federal es asegurar la unión de los trece

estados primitivos, cosa que sabemos que es

factible, y sumar a éstos los otros Estados

que pueden surgir de su propio seno, o en su

vecindad, lo que no hay razón para dudar que

sea

igualmente

viable.

Los

arreglos

indispensables por lo que se refiere a esos

ángulos y fracciones de nuestro territorio

situados

en

la

frontera

noroeste,

deben

dejarse para aquellos a quienes la experiencia

y los futuros descubrimientos pondrán al nivel

de esa tarea. A. Hamilton, J. Madison y J.

Jay, El Federalista o La Nueva Constitución,

(G.R.

Velasco,

trad.),

México,

Fondo

de

Cultura Económica, 1943, pág. 55. (Énfasis

suplido).

Así, acorde con esa visión de apertura, en el Art. IV,

Sec.

3,

Cl.

1

de

la

Constitución

federal,

el

pueblo

estadounidense delegó al Congreso la facultad de admitir

nuevos estados. Esta sección dispone que:

El Congreso podrá admitir nuevos estados a

esta Unión; pero no se formará o establecerá

ningún estado nuevo dentro de la jurisdicción

de ningún otro estado. Tampoco se formará

ningún estado por unión de dos o más estados,

o partes de estados, sin el consentimiento

tanto de las Asambleas Legislativas de los

estados en cuestión como del Congreso. Const.

EE.UU., Art IV, LPRA Tomo 1, pág. 177.

El Congreso ha ejercido su facultad de admitir estados

a la Unión por los pasados 200 años al admitir treinta y

siete estados a la Unión. Queda claro que el poder del

Congreso

se

crearlos.

responsible

limita

“The

for

a

admitir

admission

the

nuevos

power

birth

of

estados

y

no

a

of

Congress

is

not

the

new

state.

...

Superficial analysis brings some to the conclusion that it

is the fact of admission that creates a new state. Yet,

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

31

Congress has no power to create state[s]”. R. Hernández

Colón,

The

Commonwealth

of

Puerto

Rico:

Territory

or

State?, 19 Rev. C. Abo. P.R. 207, 235 (1959). El poder de

crear y establecer nuevos estados recae en los ciudadanos

del territorio. Grupo de Investigadores Puertorriqueños,

Breakthrough from Colonialism: An Interdisciplinary Study

of Statehood, San Juan, Ed. UPR, 1984, Vol. I, pág. 49.

Ahora bien, el proceso de admisión de nuevos estados

no ha sido uniforme. Todo lo contrario, ha sido flexible y

adaptable

a

las

particularidades

de

cada

territorio.

Comptroller General of the United States, Experiences of

past

territories

can

assist

Puerto

Rico

status

deliberations, General Accounting Office, 1980, pág. 3.

La

decisión

de

admitir

un

estado

es

puramente

política. “The process of admitting a new state to the

Union is one of bargaining, of negotiation between the

leaders of the territory and Congress”. Hernández Colón,

supra,

pág.

discreción,

233.

El

considera

socioeconómicos

del

Congreso,

los

momento

y

en

el

ejercicio

de

su

intereses

políticos

y

decide

da

la

si

paso

a

admisión del prospecto estado. Esto ha sido una constante

desde el establecimiento de la nación. Véase, Grupo de

Investigadores Puertorriqueños, op. cit., Vol. II, págs.

1255-1259.

b. Plebiscito y referéndum: Métodos para canalizar la

autodeterminación

Uno de los derechos fundamentales que tiene todo ser

humano es su autodeterminación. J. Falkowski, Secessionary

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

Self

Determination:

Intl.

L.J.

209,

a

32

Jeffersonian

210-211

Perspective,

(1991).

El

9

derecho

B.U.

a

la

autodeterminación fue pieza clave en la liberación de las

trece

colonias

del

yugo

británico

y

de

la

posterior

creación y admisión de cada uno de los 37 territorios que

lograron su entrada a la Unión.

Ahora bien, en ninguna parte de la Constitución se

requiere un tipo de mecanismo en particular, para medir el

sentir del pueblo. Los residentes de cada territorio son

libres

para

decidir

qué

mecanismos

utilizarán

para

auscultar el parecer de su pueblo. Al hacer un recuento

sobre

los

utilizaron

distintos

para

esquemas

plasmar

el

que

sentir

los

del

territorios

pueblo

sobre

la

estadidad, se desprende la utilización de cinco métodos:

(1)

asambleas

pueblo;

(2)

encuestas;

(3)

censos

convenciones

regionales;

(4)

elección

de

diputados

territoriales

afines

la

celebración

de

de

a

referéndums

causa

o

Investigadores Puertorriqueños,

estadista

plebiscitos.

y

y

(5)

Grupo

de

op. cit., Vol. II, pág.

1182. Por la pertinencia a la controversia ante nuestra

consideración,

solo

auscultaremos

la

utilización

del

territorios

que

mecanismo del referéndum o plebiscitos.

Diecisiete

de

los

treinta

y

siete

lograron la admisión a la Unión utilizaron ese método.

Íd., pág. 1191. Hubo estados, como Arkansas, que fueron

admitidos luego de celebrar un solo referéndum. Grupo de

Investigadores

Puertorriqueños,

íd.,

Vol.

I,

pág.

284.

Otros, como Hawai’i, celebraron dos referéndums antes de

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

su

admisión

como

estado,

33

incluyendo

el

referéndum

de

ratificación de la Ley de Admisión. Íd., Vol. II, pág.

1010. En cambio, Alaska efectuó tres. Íd., Vol. II, pág.

1187. Por su parte, Maine celebró seis votaciones antes de

entrar a la Unión. Íd., Vol. II, pág. 1182.

Como

vemos,

peticionarios

de

no

se

sostiene

el

que

la

referencia

argumento

a

los

de

los

procesos

de

Alaska y Hawai’i en la Exposición de Motivos de la Ley

Núm. 51-2020 puede inducir a error, pues implica que este

plebiscito es la última vez que Puerto Rico votaría sobre

la estadidad. Como vemos, fue luego de que el pueblo en

ambos territorios votó a favor de la estadidad, que el

Congreso actuó y se consultó sobre los términos de la

posible admisión. Es decir, los referéndums iniciales no

obligaban al Congreso a actuar y se celebraron sin su

“aval”

previo.

Eran

peticiones

del

pueblo

de

cada

territorio.

Además, la propia ley de Puerto Rico reconoce que en

caso

de

resultar

favorecida

la

alternativa

del

“Sí”,

deberá comenzar un proceso de transición y que el voto por

esa

alternativa

no

quiere

decir

que

automáticamente

se

vaya a admitir a Puerto Rico como estado. Véase Art. 4.3

de la Ley Núm. 51-2020.

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

34

c. La ausencia de un aval del Congreso no determina la

validez de la consulta.

En

resumen,

referéndums

o

los

territorios

plebiscitos

antes

de

pueden

ser

celebrar

admitidos

como

estados o de que el Congreso haga una oferta de admisión.

No se requiere el aval o autorización del Congreso para

solicitar la admisión a la Unión de estados. Requerir que

el pueblo del territorio tenga que consultar al gobierno

federal para poder encaminar el proceso para resolver su

situación

política

es

contrario

a

los

postulados

de

autodeterminación y de gobierno propio, así como al claro

récord histórico.

La validez de este tipo de consulta tampoco depende

de que una súper mayoría de los electores apoye que se

admita al territorio como un estado de la Unión. Íd., Vol.

II, pág. 1190. Como se expresó en el Informe de la Cámara

de Representantes para la admisión de Alaska a la Unión,

lo importante "es que una mayoría del electorado desee la

estadidad". Providing for the Admission of the State of

Alaska into the Union, H.R. Rep. No. 624, 85th Cong. 1st

Sess. 147, 159 (June 25, 1957) (Traducción nuestra) (“is

that

a

majority

of

the

electorate

wish

statehood”).

A

veces, incluso, se ha requerido menos. Por ejemplo, el

Congreso aprobó la admisión de Nebraska, aunque la mayoría

de los electores del territorio rechazaron la estadidad y

la

constitución

propuesta

para

el

estado.

Grupo

de

Investigadores Puertorriqueños, op. cit., Vol. II, págs. 12211225. En fin, la decisión depende de la realidad política

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

35

imperante y no de ningún requisito legal o constitucional,

como el que los peticionarios proponen.

d.

La Asamblea Legislativa tiene la facultad de

escoger mecanismos legítimos para adelantar su

objetivo y registrar la expresión del pueblo. La

sabiduría o conveniencia de esa determinación

legislativa

es

una

cuestión

política

no

justiciable.

La conveniencia o deseabilidad de los mecanismos o

estrategias que se utilicen para adelantar un fin público

son

asuntos

políticos.

Las

cuestiones

políticas

no

son

justiciables.

La doctrina de cuestión política plantea esencialmente

que

existen

asuntos

que

no

son

susceptibles

de

una

determinación judicial, porque su resolución corresponde a

las

otras

ramas

de

gobierno

y

no

al

Poder

Judicial.

Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406 (1994). Se trata

de

una

obligación

autoimpuesta

por

el

principio

de

separación de poderes que rige nuestro sistema republicano

de gobierno. Ramos, Méndez v. García García, 2019 TSPR

188, 203 DPR __ (2019). Hay tres instancias básicas en las

que aplica la doctrina de cuestión política, a saber: (1)

cuando existe un asunto que ha sido asignado textualmente

por la Constitución a otra rama del Gobierno; (2) si no

existen criterios de decisión susceptibles de descubrirse

y

administrarse

por

los

tribunales,

y

(3)

cuando

lo

aconsejable es la abstención judicial, por consideraciones

derivadas

de

la

Representantes,

prudencia.

171

DPR

789,

Córdova

800-801

y

otros

(2007).

v.

Cámara

Véase, R.

Serrano Geyls, Derecho Constitucional de Estados Unidos y

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

36

Puerto Rico, San Juan, Ed. C. Abo. P.R, 1986, Vol. I,

págs. 679-680.

Al respecto, hemos mencionado que “si la Constitución

confiere una facultad expresa a una rama de gobierno y

ésta es de naturaleza política, la misma no estará sujeta

a revisión judicial salvo que dicha facultad sea ejecutada

incorrectamente”.

Noriega

Rodríguez

v.

Jarabo,

136

DPR

497, 516 (1994). Ahora bien, hemos expresado que “cuando

ejercemos

la

interpretar

función

ineludible

Derecho

en

el

casos

e

de

indelegable

conflictos

de

sobre

derechos políticos, así como la constitucionalidad de las

fuentes

de

esos

derechos,

debemos

actuar

con

mesura,

respetando el criterio de otros cuerpos gubernamentales

sobre

la

extensión

de

sus

propios

poderes”.

Íd.

Claro

está, delinear contornos de las facultades de las otras

ramas y la determinación de la validez de sus ejercicios

son asuntos reservados a los tribunales. Íd.

En

este

legislación

caso,

como

promulgada

ya

explicamos,

válidamente

por

se

trata

de

la

Asamblea

Legislativa, ante el mandato del pueblo puertorriqueño. No

debemos intervenir con la facultad del legislador de hacer

valer el mandato del electorado mediante los mecanismos

que estime convenientes, siempre y cuando actúe dentro del

marco de la Constitución. No es función de los tribunales

opinar sobre la sabiduría o conveniencia de una medida

legislativa.

En vista de lo anterior, concluimos que el plebiscito

ordenado mediante la Ley Núm. 51-2020, supra, cumple un

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

37

fin público, ya que permite a todos los puertorriqueños,

en

igualdad

de

condiciones,

participar

y

expresarse

a

favor o en contra de ratificar e implementar la fórmula de

estatus

que

resultó

favorecida

en

los

plebiscitos

celebrados en 2012 y 2017.

(iv) La Ley Núm.

discriminatoria.

51-2020

es

neutral

y

no

es

Los peticionarios alegan que la Ley Núm. 51-2020 viola

el alegado “axioma de igualdad electoral inmerso en la

Constitución”. Alegato de los peticionarios del MD-20202002, págs. 15-16; Alegato del peticionario del MD-20200005, págs. 15-17. En Com. PNP v. CEE et al., 197 DPR 914

(2017),

tuvimos

pronunciamientos

la

oportunidad

errados

que

de

realizamos

corregir

los

en

v.

P.P.D.

Gobernador II, 136 DPR 916 (1994). Allí explicamos que la

idea del “axioma” de igualdad económica entre los partidos

no es de estirpe constitucional. Com. PNP v. CEE et al.,

supra,

en

la

pág.

928.

Citamos

al

profesor

Luis

M.

Villaronga, quien expresó muy acertadamente lo siguiente:

Como

es

sabido

“axioma”

significa

una

“[a]firmación tan evidente que es admitida por

todos sin necesidad de demostración”. 1 María

Moliner, Diccionario de uso del español 318

(1986). Ni la Constitución de Puerto Rico ni la

de los Estados Unidos contienen tal [principio

de igualdad económica] respecto a personas en

general y mucho menos respecto a los partidos

políticos. (Énfasis suplido). L.M. Villaronga,

Derecho constitucional, 66 Rev. Jur. UPR 391,

402 esc. 48 (1997).

Ahora bien, indistintamente del alcance del concepto

“igualdad electoral” y de sus diferentes concepciones, aun

bajo

las

visiones

mayoritarias

y

minoritarias

de

este

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

38

Tribunal, la realidad es que en esta controversia no hay

cabida

para

naturaleza.

que

prospere

un

planteamiento

de

esa

Incluso, aun bajo el anterior y el vigente

precedente no hay posibilidad de validar un planteamiento

de

desigualdad

en

esta

controversia,

toda

vez

que

la

legislación impugnada no concede a la opción “Sí” o a la

opción “No” alguna ventaja cualitativa o cuantitativa.

Lo que sí es correcto es analizar el señalamiento de

los peticionarios tomando en cuenta que el texto de la

Constitución

de

Puerto

Rico

es

neutral

en

cuanto

al

destino político de la Isla. Por lo tanto, no favorece ni

cierra puertas a alternativa alguna de estatus. P.S.P. v.

E.L.A., 107 DPR 590, 606 (1978). A esos efectos, en Báez

Galib II, supra, pág. 400, expresamos que cualquier medida

legislativa

o

inclinar

balanza

la

gubernamental

a

favor

que

tenga

el

efecto

de

de

alguna

alternativa

de

estatus sin que tenga la aprobación de los ciudadanos de

Puerto Rico, infringe el esquema de neutralidad que al

respecto se deriva de nuestra Constitución. Sostuvimos lo

siguiente:

La Legislatura, si bien puede formular política

pública sobre distintas áreas del quehacer

gubernamental

legítimo,

no

puede

aprobar

legislación

que

altere

sustancialmente

la

relación política de Puerto Rico con Estados

Unidos sin que previamente haya obtenido la

aprobación de los puertorriqueños a ese curso de

acción. Báez Galib II, supra, pág. 400, citando

a P.S.P. v. E.L.A., supra, pág. 606.

Como

vemos,

nuestro

precedente

sostiene

que

no

se

puede aprobar legislación que altere sustancialmente la

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

39

relación política de Puerto Rico con Estados Unidos sin

que

previamente

haya

obtenido

la

aprobación

de

los

puertorriqueños. Hoy reafirmamos esa norma. No cabe duda

de que “[e]l pueblo de Puerto Rico conserva la facultad de

procurar cambios de [e]status”. Ramírez de Ferrer v. Mari

Brás, 144 DPR 141, 205 (1997).

Cuando decidimos Báez Galib II no había un mandato del

pueblo; hoy sí lo hay. El pueblo otorgó ese mandato en los

plebiscitos de 2012 y 2017. Ahora se propone consultarle

en

específico

si

desea

ratificar

la

preferencia

que

manifestó entonces, para adelantar así el proceso iniciado

en 2012. La Ley Núm. 51-2020 provee igual oportunidad a

todos los electores hábiles en Puerto Rico para expresar

su acuerdo o desacuerdo con la alternativa de estadidad.

Como

vemos,

la

de

estatus

efectuarse

el

3

noviembre

de

2020

es

válido

no

discriminatorio,

con

un

fin

y

de

consulta

político

un

a

mecanismo

eminentemente

público. No existe problema alguno de representatividad o

desigualdad. Las personas que prefieren alternativas que

no sean la estadidad tienen la opción de votar "No", al

igual que aquellas que favorecen la estadidad tienen la

opción de votar "Sí", independientemente de si pertenecen

a

algún

partido

político

o

no.

Lo

que

pretenden

los

peticionarios es que se haga otra consulta consignando las

mismas opciones que

fueron

rechazadas reiteradamente en

los plebiscitos celebrados en los años 2012 y 2017. No se

puede

invocar

el

principio

de

neutralidad

ni

tampoco

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

40

invocar una alegada desigualdad para fosilizar la voluntad

del pueblo.

IV

A. Ley Núm. 58-2020

El 20 de enero de 2018, el entonces Gobernador de

Puerto Rico, Hon. Ricardo Rosselló Nevares, firmó la Ley

Núm. 12-2018, conocida como la “Ley para garantizar el

voto

presidencial

a

todos

los

ciudadanos

americanos

residentes en Puerto Rico”, 16 LPRA sec. 976 et seq. Sin

embargo, con la aprobación de la Ley Núm. 58-2020,

derogó

la

Ley

Núm.

12-2018,

supra,

pero

se

se

adoptaron

íntegramente todas sus disposiciones para hacerlas formar

parte del Código Electoral de Puerto Rico de 2020. Véase,

Art. 1.1 de la Ley Núm. 58-2020.

La Exposición de Motivos de la Ley 58-2020 sostiene

que a los habitantes de Puerto Rico “se les priva de su

derecho a votar en elecciones federales en igualdad de

condiciones

con

sus

conciudadanos

en

el

resto

de

Nación”. Luego añade:

Esa privación, se impone unilateralmente por el

Gobierno federal bajo las premisas de un sistema

territorial y colonial que fue rechazado por el

pueblo

de Puerto Rico en los Plebiscitos

recientes de 2012 y 2017. En ambas consultas

electorales, incluso, el pueblo de Puerto Rico

también reclamó la igualdad de derechos y

obligaciones con la estadidad. La privación del

derecho al voto federal lesiona los principios

fundamentales de la democracia americana, de la

autodeterminación

de

los

ciudadanos

y

del

ordenamiento de un sistema republicano en el que

la autoridad del gobierno debe ser ejercida con

el consentimiento del voto de los gobernados.

(énfasis nuestro).

la

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

Según

el

41

legislador,

el

ejercicio

del

Voto

Presidencial que promueve esta ley

constituye un acto constitucionalmente protegido

para exigir la reparación del agravio de la

privación del derecho al voto de los ciudadanos

americanos de Puerto Rico y para que se les

reconozca el derecho a votar por el Presidente

que rige sus vidas.

…

El ejercicio del derecho al voto presidencial

constituye un instrumento decisivo en la misión

de defender los derechos civiles y humanos de

los ciudadanos americanos de Puerto Rico frente

a la desigualdad y las desventajas de la

centenaria condición territorial y colonial.

Exposición de Motivos, Ley 58-2020, págs. 11,

13.

En cuanto al fin público, el legislador expresó lo

siguiente:

La autorización del uso de propiedad y fondos

públicos que aquí se hace para estos propósitos

se fundamenta en el mandato electoral vigente nunca revocado- que expresó el pueblo soberano y

elector en los plebiscitos de 6 de noviembre de

2012 y 11 de junio de 2017 y en los que, por

abrumadora mayoría, rechazó el estatus colonial

y manifestó su preferencia por la admisión de

Puerto Rico como un estado de la Unión.

Exposición de Motivos, Ley 58-2020, pág. 13.

A esos efectos, la Ley Núm. 58-2020 ordena que el día

de cada elección general, comenzando con la del año 2024,

todo ciudadano americano domiciliado en Puerto Rico pueda

ejercer su voto para expresar su preferencia entre los

candidatos

y

exigir

que

su

voto

sea

contado

en

cada

elección presidencial. Íd. Así, el Art. 8.1.b de la ley

establece que “en el mismo día de cada Elección General,

comenzando con la que se realice en el año 2024, todo

ciudadano americano que sea Elector hábil en Puerto Rico

ejerza

y

reclame

su

derecho

al

voto

para

expresar

su

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

preferencia

entre

los

42

candidatos

a

Presidente

y

Vicepresidente de Estados Unidos de América”.

Cónsono

con

lo anterior,

el

Art.

8.3.b

de

la ley

dispone que “[c]ada cuatro (4) años, en el mismo día de

las

Elecciones

General

del

Generales,

año

2024,

la

comenzando

Comisión

con

la

deberá

Elección

organizar

y

viabilizar que los electores en Puerto Rico emitan su voto

para expresar su preferencia entre los Candidatos para los

cargos de Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos de

América”.5

B. Justiciabilidad de la controversia

Hemos

expresado

que

los

tribunales

solo

podemos

evaluar aquellos casos que son justiciables. Al respecto,

en Smyth, Puig v. Oriental Bank, 170 DPR 73, 76 (2007)

expresamos que “los propios tribunales deben preguntarse y

evaluar si es o no apropiado entender en un determinado

caso,

mediante

discreción

en

un

análisis

cuanto

que

al

les

permite

límite

de

ejercer

su

su

poder

constitucional”. Así, en aras de proteger este principio,

se han desarrollado ciertos criterios de justiciabilidad

que demarcan la facultad de los tribunales para entender

5 Sin embargo, el Art. 8.22.b, que se refiere a la "Votación por

los Compromisarios”, expresa que “[l]os procesos de votación de los

Compromisarios y su escrutinio, siempre se realizarán en el Capitolio

de Puerto Rico. Para la primera Elección Presidencial de 3 de

noviembre de 2020 estos trabajos serán dirigidos por el Presidente de

la Cámara en el hemiciclo de ese cuerpo legislativo…”

Tras un análisis íntegro del Subcapítulo VIII-B de la Ley Núm.

58-2020, es evidente, que la referencia a la fecha del 3 de noviembre

de 2020 es un error en la redacción del estatuto. Todas las demás

disposiciones del estatuto establecen que la primera elección

presidencial será en 2024. Véanse, Arts. 8.1.b y 8.3.b.

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

43

en un asunto traído ante sí, entre estos la madurez de la

controversia planteada. Romero Barceló v. E.L.A., 169 DPR

460, 470 (2006).

La

prudencia

consultivas

y

la

no

deseabilidad

de

fundamentan

el

requisito

madurez.

de

opiniones

R.

Serrano Geyls, Derecho Constitucional de Estados Unidos y

Puerto Rico, op. cit., Vol. I, pág. 195. En estos casos,

“resulta

determinante,

pues,

que

la

controversia

se

encuentre concretamente definida, de forma que el tribunal

pueda justipreciarla en sus méritos”. Clases A, B y C v.

PRTC,

183

DPR

666,

692

(2011).

Así,

“todo

lo

que

se

necesita para asegurar que un caso está maduro es que el

evento contemplado... con toda probabilidad va a ocurrir”.

J.J. Álvarez González,

Derecho constitucional de Puerto

Rico y relaciones constitucionales con los Estados Unidos,

Bogotá, Ed. Temis, 2009, pág. 203, esc. 8.

Hay

quienes

plantean

que

este

Tribunal

carece

de

jurisdicción para atender el reclamo relacionado con la

votación para Presidente y Vicepresidente de los Estados

Unidos, pues alegan que es prematuro. Según esa postura,

la

celebración

de

la

elección

presidencial

en

2024

es

especulativa, ya que se puede enmendar la Ley Núm. 58-2020

para eliminar el Subcapítulo VIII-B.

Eso sí es especulativo. No hay un requisito legal de

esperar a 2024 para poder impugnar la ley. Al presente hay

un evento con fecha cierta, programado por ley, que se

aprobó

válidamente.

Por

lo

tanto,

la

celebración

del

evento no depende de eventos inciertos. Lo que sí depende

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

44

de hechos inciertos, hipotéticos y especulativos es que no

se celebre el evento como está programado por ley. No

podemos abstenernos de asumir jurisdicción cada vez que

una parte plantee que una ley puede ser enmendada. Si

fuera

así,

nos

quedaríamos

sin

controversias

que

adjudicar.

Establecida la justiciabilidad de esta controversia,

evaluemos los méritos de la impugnación presentada.

C. Fin Público del Subcapítulo VIII-B de la Ley Núm. 582020

Los peticionarios se amparan en lo resuelto en Báez

Galib II, al alegar que el Subcapítulo VIII-B de la Ley

Núm. 58-2020, supra, que autoriza la celebración de las

elecciones

presidenciales

en

Puerto

Rico,

es

inconstitucional porque no tiene un fin público. En ese

caso resolvimos que la Ley Núm. 403-2000, titulada “Ley de

Elecciones Presidenciales de Puerto Rico”, violaba el Art.

VI, Sec. 9 de la Constitución de Puerto Rico, por no tener

un fin público, ya que los ciudadanos americanos en Puerto

Rico

no

tienen

Vicepresidente

derecho

en

las

a

votar

por

elecciones

el

Presidente

presidenciales.

y

Íd.,

págs. 397-399. Por otro lado, descartamos el argumento de

que permitir al pueblo expresar su deseo de votar por el

Presidente

confería

un

y

Vicepresidente

fin

público

a

de

los

Estados

la

medida

en

Unidos

le

controversia.

Razonamos que la Ley Núm. 403-2000 no se concibió como una

consulta sobre la deseabilidad del voto presidencial, sino

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

45

que se presumió la validez del voto en las elecciones

presidenciales. Íd. pág. 400.

Por el contrario, en la Exposición de Motivos de la

Ley Núm. 58-2020, el legislador expresó que “el ejercicio

del derecho al voto presidencial constituye un instrumento

decisivo en la misión de defender los derechos civiles y

humanos de los ciudadanos americanos de Puerto Rico frente

a

la

desigualdad

y

las

desventajas

de

la

centenaria

condición territorial y colonial”. Exposición de Motivos,

Ley Núm. 58-2020, pág. 11. En esa dirección, el legislador

expresó que “[l]a historia nos enseña que, en la cultura

política americana, los derechos no se suplican, se exigen

y se demandan. A Puerto Rico le ha llegado la hora de

exigir los derechos de igualdad política y socioeconómica

que le corresponden dentro de la ciudadanía americana”.

Íd. Es por esto que el legislador estableció que todos los

puertorriqueños pueden ejercer su voto “para expresar su

preferencia

entre

Vicepresidente

exigir

que

de

su

los

Estados

voto

candidatos

Unidos

sea

de

contado

a

Presidente

América;

en

y

cada

y

también

elección

presidencial”. Íd.

La propuesta de celebrar elecciones presidenciales en

Puerto Rico no es reciente y mucho menos ajena a nuestra

historia. El exgobernador Luis Muñoz Marín defendió esta

propuesta

ante

Congreso

estaba

presidencial

entonces

a

el

los

gobernador

Congreso.

En

una

ocasión

considerando

brindarles

conciudadanos

de

Muñoz

participó

Marín

en

el

Washington

de

la

que

el

voto

DC,

el

vista

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

pública

y

abogó

para

46

que

se

concediera

a

los

puertorriqueños el derecho a votar por el presidente de la

Nación.

District

Hearings

Before

of

Columbia

Subcommittee

Representation

and

Vote:

Number

the

House

5

of

Committee on the Judiciary on House Joint Resolution 529,

86th Cong., 2d Sess. 21 (1960).

Cónsono

Legislativa

Partido

con

esa

puertorriqueña

Popular

resolución

visión,

para

se

1962,

–controlada

Democráticoque

en

aprobó

permitiera

a

por

la

Asamblea

miembros

del

unánimemente

una

los

en

residentes

Puerto Rico votar por el presidente de los Estados Unidos

de América. A. Quiñones Calderón, La obra de Luis A. Ferre

en

la

Fortaleza,

San

Juan,

Ed.

Servicios

Editoriales,

1975, pág. 150. En esa línea, la Asamblea de Programa y

Reglamento del Partido Popular se reunió el 1 de agosto de

1962 y aprobó por mayoría que la “culminación del Estado

Libre

Asociado

no

estará

completa

si

no

se

logra

el

derecho puertorriqueño a votar para elegir el Presidente y

el Vicepresidente de Estados Unidos”. Quiñones Calderón,

op. cit., pág. 150 (Citando al periódico El Mundo de 2 de

agosto de 1962). Postura similar tuvo el exgobernador Luis

A. Ferré, al expresar que se tenía que “echar mano a la

institución más poderosa, el voto presidencial, para poder

lograr

que

futuros

presidentes

problemas

puertorriqueños

interesen

en

151.

ellos”.

aún

Quiñones

conozcan

por

a

resolver

Calderón,

op.

fondo

los

y

se

que

cit.,

pág.

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

47

A esos fines, en julio de 1969, el gobernador Luis A.

Ferré propuso al presidente Richard M. Nixon un comité ad

hoc,

compuesto

continente,

por

para

puertorriqueños

estudiar

la

y

americanos

viabilidad

del

del

voto

presidencial y hacer las recomendaciones para adelantar

ese fin. Íd., pág. 159. El presidente accedió y nombró el

comité ad hoc. En agosto de 1971, el comité sometió su

informe.

Recomendó

que

se

le

concediera

a

todos

los

puertorriqueños el derecho a votar por el Presidente y

Vicepresidente de Estados Unidos. Íd., pág. 167. A esos

efectos,

propuso

que

se

sometiera

al

electorado,

a

la

brevedad posible, la pregunta de si este favorecía o no el

voto presidencial. Íd.

En respuesta a las recomendaciones del comité, el

gobernador Ferré propuso que se celebrara un referéndum de

voto presidencial a finales de 1971. En cambio, el Senado

-controlado por el Partido Popular Democrático- aprobó el

sustitutivo

“Celebración

al

de

P.

de

un

la

C.

1458,

referéndum

el

el

cual

disponía

la

primer

domingo

de

noviembre de 1973, en el cual el pueblo de Puerto Rico

exprese su voluntad en cuanto a si desea que se conceda el

derecho a votar por los candidatos a la Presidencia y

Vicepresidencia

de

los

Estados

Unidos

de

América”.

R.

Hernández Colón, Desde el Senado: El Presidente informa,

http://dspace.cai.sg.inter.edu/xmlui/bitstream/handle/1234

56789/11741/B17c003d005.pdf?sequence=1

(última visita, 25

de septiembre de 2020). El presidente del Senado insistió

en

que

cualquier

medida

relacionada

con

el

voto

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

48

presidencial en Puerto Rico debía considerarse como parte

del desarrollo del Estado Libre Asociado y no como un paso

para adelantar la admisión de Puerto Rico como un estado

de

la

Unión.

Asociado,

Sol,

Véase,

naturaleza

2014,

pág.

R.

y

373.

Hernández

desarrollo,

La

Colón,

San

discrepancia

Estado

Juan,

de

Libre

Ed.

fechas

Calle

y

la

suspicacia sobre los motivos del gobernador para adelantar

el

voto

presidencial

evitaron

que

la

propuesta

de

referéndum se convirtiera en ley.

Las leyes para viabilizar una votación presidencial

no

son

extrañas

en

un

territorio,

a

pesar

de

la

inhabilidad de sus habitantes para votar por el Presidente

y Vicepresidente. Puerto Rico, por decirlo así, no inventó

esa rueda. Todo lo contrario, el territorio de Guam lleva

desde

1980

celebrando

elecciones

presidenciales,

en

conjunto con sus comicios generales. 3 GCA sec. 7107 (“The

ballot

for

divisible

the

by

general

four

(4)

election

shall

in

contain

each

year

the

names

evenly

of

the

nominees for President and Vice–President of the United

States of each national political party which has made

such nominations”.). Además de ordenar la celebración de

la

elección

presidencial,

la

Sec.

11130

faculta

al

presidente del organismo electoral de Guam a representar

al territorio como su elector en el colegio electoral y a

emitir

su

voto

por

los

candidatos

a

Presidente

y

Vicepresidente que obtuvieron la mayor cantidad de votos

en Guam. 3 GCA sec. 11130.

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

49

La celebración de las elecciones presidenciales en

Puerto Rico- al igual que ocurre en Guam- es una forma en

la

cual

el

participar

pueblo

puede

la

elección

en

canalizar

su

de

funcionarios

los

aspiración

de

cuyas

decisiones impactan la vida diaria. Queda claro que el

legislador

concibió

la

celebración

de

las

elecciones

presidenciales en Puerto Rico como un proceso de expresión

política y no como uno que automáticamente le concede el

derecho al voto en las elecciones presidenciales a los

ciudadanos americanos en Puerto Rico. Sostenemos que no

nos compete, como miembros del Tribunal Supremo, juzgar la

sabiduría

de

la

celebración

de

las

elecciones

presidenciales en Puerto Rico. Esa labor es del pueblo;

única,

exclusiva

y

terminantemente

del

pueblo.

Véase,

P.I.P. v. E.L.A., supra, pág. 47.

D. El Subcapítulo VIII-B de la Ley Núm. 58-2020 no es

discriminatorio

Los peticionarios argumentan que el Subcapítulo VIIIB de la

Ley Núm. 58-2020, que autoriza las elecciones

presidenciales, es discriminatorio. Sostienen que, según

Báez

Galib

favorece

II,

una

supra,

fórmula

pág.

400,

específica

el

de

voto

estatus

presidencial

para

Puerto

Rico sobre las demás alternativas, por lo que infringe el

"axioma

constitucional

partidos

políticos

de

igualdad

inscritos".

electoral

Como

de

los

discutimos

anteriormente, ese "axioma de igualdad” no existe en la

Constitución. Com. PNP v. CEE et al., supra. Lo correcto

es referirnos al principio de neutralidad, ya que, según

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

50

explicamos, la Constitución no favorece ninguna fórmula

específica de estatus.

Como se desprende, al concebir y aprobar la Ley Núm.

58-2020,

el

legislador

era

consciente

de

que

los

ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico no tienen

derecho a votar por el Presidente y Vicepresidente de la

Nación. Es ante esa realidad que el legislador viabilizó

la celebración de una consulta en la cual los ciudadanos

americanos residentes en Puerto Rico pudieran “expresar su

preferencia

entre

los

candidatos

a

Presidente

y

Vicepresidente de Estados Unidos de América y exigir que

su voto sea contado en cada elección presidencial”. Íd.

Por lo tanto, a diferencia de la Ley Núm. 403-2000, la Ley

Núm. 58-2020 tiene un fin público discernible y definido.

Es

una

expresión

de

una

preferencia,

cónsona

con

el

mandato electoral de estadidad de 2012 y 2017.

No cabe duda de que el pueblo puertorriqueño siempre

ha

abrazado

los

procesos

democráticos

como

herramienta

para el crecimiento de nuestra sociedad. Como evidencia de

ello,

en

el

Preámbulo

de

plasmados

los

valores

postulados

y

la

Constitución

que,

como

quedaron

pueblo,

decidimos adoptar y proteger, a saber:

Nosotros, el pueblo de Puerto Rico, a fin

de organizarnos políticamente sobre una base

plenamente democrática, promover el bienestar

general y asegurar para nosotros y nuestra

posteridad el goce cabal de los derechos

humanos, puesta nuestra confianza en Dios

Todopoderoso, ordenamos y establecemos esta

Constitución para el estado libre asociado que

en el ejercicio de nuestro derecho natural

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

51

ahora creamos dentro de nuestra unión con los

Estados Unidos de América.

Al así hacerlo declaramos:

Que el sistema democrático es fundamental

para la vida de la comunidad puertorriqueña;

Que entendemos por sistema democrático

aquel donde la voluntad del pueblo es la

fuente del poder público, donde el orden

político está subordinado a los derechos del

hombre

y

donde

se

asegura

la

libre

participación del ciudadano en las decisiones

colectivas;

Que consideramos factores determinantes en

nuestra vida la ciudadanía de los Estados

Unidos

de

América

y

la

aspiración

a

continuamente

enriquecer

nuestro

acervo

democrático

en

el

disfrute

individual

y

colectivo de sus derechos y prerrogativas…

Const. PR, Preámbulo, LPRA, Tomo 1 (Énfasis

suplido).

Es

pueblo

evidente

que,

al

de

Rico

estableció

Puerto

ratificar

su

la

Carta

Magna,

importancia

de

el

la

participación plena en los procesos que impacten su futuro

como

sociedad,

democrático.

para

De

preservar

igual

y

forma,

desarrollar

su

sistema

dejó

el

factor

claro

determinante que tiene la ciudadanía americana en nuestras

vidas

y

la

aspiración

constante

a

enriquecer

nuestro

quehacer como sociedad, con los derechos y prerrogativas

que esa ciudadanía confiere. Íd.

Uno de los grandes derechos que tienen los ciudadanos

americanos en los estados de la Unión es el derecho a

votar

por

el

Presidente

y

Vicepresidente

de

Estados

Unidos. En cambio, los ciudadanos americanos domiciliados

en Puerto Rico no disfrutan de ese derecho, debido a que

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

52

Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos. Véase,

Igartúa de la Rosa v. USA, 417 F.3d 145 (1er Cir. 2005).

No

obstante,

pueblo

desde

la

adopción

puertorriqueño

de

su

Constitución,

el

estableció

una

aspiración

de

continuar enriqueciendo los derechos y prerrogativas de su

ciudadanía americana.

El

acto

de

expresar

aspiraciones

colectivas

en

el

Preámbulo de la Constitución no fue una acción aislada. De

igual

forma

expresó

se

el

hizo

en

la

Carta

delegado

en

la

de

Derechos.

Convención

y

Presidente

del

Tribunal

Supremo,

José

”Retoricismo

y

reformismo

hicieron

de

nuestra

carta

aspiraciones

de

y

derechos

propósitos

más

que

una

una

Así

luego

Trías

buen

lo

Juez

Monge:

parte

de

declaración

de

consignación

de

libertades en efecto gozadas o exigibles de inmediato”. J.

Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, Ed.

UPR, 1982, Vol. III, pág. 169. (Énfasis suplido).

La

futuro

Constitución

político

de

del

Puerto

Rico

territorio.

no

Por

comprometió

el

el

contrario,

reconoció que las aspiraciones que se plantearon en la

Constitución pertenecen al pueblo y, por esa razón, no

pueden

estar

sujetas

a

ninguna

fórmula

de

estatus

político. Por eso, hemos resuelto lo siguiente:

Es al pueblo de Puerto Rico, por tanto, a

quien corresponde entender directamente en la

decisión de su destino político final o en la

aprobación de medidas que afecten de modo

importante sus relaciones con Estados Unidos. La

Asamblea Legislativa del país tiene facultad

para disponer plebiscitos no discriminatorios

sobre tales medidas o sobre la cuestión general

del [e]status. La asignación de fondos para

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

53

tales

fines

constituye

indudablemente

una

asignación de fondos para fines públicos. La

Asamblea Legislativa está desprovista de poder,

sin embargo, para legislar en zonas reservadas

al pueblo de Puerto Rico, tales como la relativa

al voto presidencial, a menos que el pueblo la

autorice expresamente. P.S.P. v. E.L.A., supra,

pág. 609 (Énfasis suplido).

Es

correcto

que

la

consecución

de

la

aspiración

plasmada en el preámbulo de la Constitución de Puerto Rico

no

está

atada

E.L.A.,

íd.,

puertas

a

a

ninguna

pág.

605.

cualquier

fórmula

Ahora

de

bien,

iniciativa

estatus. P.S.P.

v.

tampoco

cierra

las

dirigida

a

legislativa

implementar y obedecer un mandato electoral directo del

pueblo, expresado en las urnas.

En esa línea, en

resolvimos

que

Báez Galib II,

"[c]ualquier

supra,

medida

pág. 400,

legislativa

o

gubernamental que tenga el efecto de inclinar la balanza a

favor de alguna alternativa de estatus sin que tenga la

aprobación de los puertorriqueños, infringe el esquema de

neutralidad

que

Constitución”

invalidamos

al

respecto

(Énfasis

entonces

se

deriva

de

nuestra

Por

esa

razón,

suplido).

una

ley

para

implementar

el

voto

presidencial en Puerto Rico.

A diferencia de la situación imperante en 2000, cuando

resolvimos

Báez

Galib

II,

en

2017

el

pueblo

autorizó

expresamente a la Asamblea Legislativa a aprobar una ley

de voto presidencial. En la definición de la fórmula de

estadidad se encontraba un reclamo expreso para adelantar

la

obtención

del

voto

presidencial

en

Puerto

Rico,

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

54

mediante legislación federal o estatal. En específico, la

definición establecía lo siguiente:

Con mi voto reitero mi petición al Gobierno

federal para comenzar de inmediato el proceso

para la descolonización de Puerto Rico con la

admisión de Puerto Rico como estado de la

unión de Estados Unidos de América. Soy

consciente de que el resultado de esta

petición de Estadidad conllevaría iguales

derechos y deberes con los demás estados; y la

unión permanente de Puerto Rico con los

Estados Unidos de América. Soy consciente,

además, que mi voto en reclamo de la Estadidad

significa mi apoyo a toda gestión dirigida a

la admisión de Puerto Rico como un estado de

la Unión y a toda legislación estatal o

federal dirigida a establecer la igualdad de

condiciones, la Representación Congresional y

el Voto Presidencial para los ciudadanos

americanos de Puerto Rico. Véase además,

Exposición de Motivos Ley 51-2020, supra, en

la pág. 6 (énfasis suplido).

No

cabe

duda

de que

al

legislador

le

constaba el

mandato conferido por el pueblo, al aprobar el Subcapítulo

VIII-B de la Ley Núm. 58-2020 y articular la celebración

del

voto

presidencial

en

Puerto

Rico.

Debemos

dar

deferencia al deseo del pueblo. Más aún, hemos expresado

que en la Asamblea Legislativa es “donde maduran y toman

forma

las

definir...

fuerzas

los

sociales...

elementos

que

y

donde

componen

sólo

y

es

posible

constituyen

el

llamado fin o interés público, [por lo que] las opciones

del legislador en este campo son amplias, siempre y cuando

éste se mueva dentro del marco de la Constitución". P.I.P.

v. C.E.E., supra, págs. 607-608.

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

Por

todo

lo

55

anterior,

en

esta

ocasión

resulta

innecesario revaluar el requisito instaurado en Báez Galib

II de que este tipo de legislación requiere autorización

expresa del pueblo.

Otro de los argumentos de los peticionarios es que la

Ley

Núm.

58-2020,

supra,

no

persigue

un

fin

público,

porque carece de consecuencia práctica y jurídica. Alegato

de

los

peticionarios

Alegato

del

Argumentan

del

peticionario

que

como

los

MD-2020-0002,

del

págs.

MD-2020-0005,

compromisarios

11-15;

pág.

elegidos

18.

por

el

pueblo no tendrán derecho a votar en el Colegio Electoral

que elige al Presidente y al Vicepresidente, la Asamblea

Legislativa aprobó una ley inútil.

"Hemos destacado en el pasado que, como condición para

expedir

un

auto

de

mandamus,

debemos

considerar

los

factores siguientes: 'el posible impacto que este pueda

tener

sobre

lo[s]

intereses

públicos

que

puedan

estar

[involucrados]; ... evitar una intromisión indebida en los

procedimientos del poder ejecutivo, y que el auto no se

preste

a

confusión

terceros'".

Báez

Noriega

Hernández

v.

o

Galib

perjuicios

de

II,

pág.

supra,

Colón,

supra,

los

derechos

392,

pág.

de

citando

448.

a

Véase,

además, AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., 178 DPR 253, 268

(2010).

El mandamus solicitado no cumple con esos criterios.

Contrario

a

lo

que

los

peticionarios

alegan,

las

consecuencias prácticas de un estatuto o los efectos que

pueda tener o no tener, no son un factor que determina su

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

56

constitucionalidad. "Nunca hemos resuelto que fin público

significa

un

fin

que

'produzca

derecho'

o

que

tenga

efectos exclusivamente 'jurídicos' ". Báez Galib II, pág.

450 (Corrada Del Río, J., Opinión disidente). De hecho, en

2007 convalidamos la constitucionalidad de un referéndum

para que el pueblo expresara si quería que se estableciera

un sistema legislativo unicameral en Puerto Rico, aunque

la consulta no tenía efecto legal porque no se atenía al

proceso de enmiendas a la Constitución (Const. PR, Art.

VII,

Sec.

1,

Tomo

1

LPRA),

necesario

para

que

la

unicameralidad entrara en vigor, y aunque solo participó

el 22.6% de los electores inscritos. Córdova y otros v.

Cámara Representantes,

supra. Sostuvimos que aunque era

inconstitucional que la legislación pretendiera obligar a

los legisladores a iniciar un proceso de enmiendas a la

Constitución,

esta

"no

prohíbe

celebrar

un

referéndum

antes de iniciarse el proceso contemplado en el Art. VII,

Sec. 1, supra, para palpar el sentir de la ciudadanía".

Íd., pág. 806. En este sentido, modificamos lo resuelto en

Báez Galib II.

En

una

electoral

democracia

válidamente

es

legítima

emitida

en

cualquier

las

urnas.

expresión

Córdova

otros v. Cámara Representantes, íd. Su

carácter consultivo no implica que el resultado

del referéndum... esté huérfano de efecto alguno

en nuestras ramas representativas de gobierno.

Este efecto se reserva al ámbito político, por

lo que a fin de cuentas y como siempre ocurre en

una democracia, es a través del ejercicio del

voto que los electores expresan su sentir sobre

los distintos asuntos que se discuten a diario

en la vida política puertorriqueña. Íd., pág.

y

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

57

826

(Rodríguez

conformidad).

Rodríguez,

J.,

Se

dinámica

natural

trata

de

una

Opinión

de

en

procesos

los

políticos que merece extrema deferencia.

"La obligación

del

sido

Estado

de

proteger

ese

derecho

ha

igualmente

reconocida". P.I.P. v. C.E.E., supra, pág. 615. Por lo

tanto,

resulta

razonable

que

la

Asamblea

Legislativa

-

dentro de sus prerrogativas- haya decidido articular un

evento en el cual el pueblo pueda expresarse, al votar por

el Presidente y Vicepresidente de la Nación. La discusión

sobre

la

efectividad,

necesidad

o

conveniencia

de

esta

legislación no es un asunto que se deba discutir en un

foro judicial, sino en la arena pública.

"[P]ara justificar la intervención de un tribunal se

requiere

'un

caso

claro

de

desviación

de

cualquier

propósito público que razonablemente pudiera concebirse',

o...

'un

despliegue

de

poder

arbitrario,

no

una

demostración de juicio'. Y esa autoridad judicial... debe

ejercitarse con la 'más extrema cautela'". P.R. Telephone

Co. v. Tribl. Contribuciones, 81 DPR 982, 996-997 (1960)

(citas omitidas). Más aún, al evaluar si una ley tiene un

fin público, los tribunales venimos obligados a reconocer

que ese concepto no es estático. "[T]iene que 'ceñirse a

las

cambiantes

condiciones

sociales

de

una

comunidad

específica y los problemas peculiares que éstas crean y a

las

nuevas

gobernantes

obligaciones

en

una

que

el

sociedad

ciudadano

impone

democrática

a

sus

altamente

compleja'". P.I.P. v. C.E.E., supra, pág. 612, citando a

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

58

P.R. Telephone Co. v. Tribl. Contribuciones, supra, pág.

997.

El fin público de la Ley Núm. 58-2020 surge no solo de

las aspiraciones que el pueblo expresó en el Preámbulo de

la

Constitución

del

Estado

Libre

Asociado,

sino

más

recientemente, del mandato electoral dado en el plebiscito

de 2017. Reafirmamos lo resuelto en Báez Galib II, de que

este tipo de legislación necesita ser autorizada por el

pueblo. Como esa autorización expresa para la Ley Núm. 582020 se obtuvo en el plebiscito de 2017 y es cónsona con

las aspiraciones que el pueblo de Puerto Rico manifestó al

aprobar su Constitución, no nos corresponde invalidar la

legislación impugnada.

V

En

conclusión,

favoreciendo

la

ante

fórmula

el

de

mandato

estadidad

del

en

electorado

dos

ocasiones

distintas y reclamando la aprobación de legislación para

implementar

el

voto

presidencial,

así

como

ante

las

aspiraciones que el pueblo expresó en el Preámbulo de la

Constitución,

las

leyes

impugnadas

en

estos

casos

consolidados cumplen con un fin público.

Acogemos las comparecencias, como amigos de la corte,

del Lcdo. Eudaldo Báez Galib, el Lcdo. Gregorio Igartúa De

la

Rosa,

el

Senado

de

Puerto

Rico,

el

Partido

Nuevo

Progresista y la Hon. Jennifer A. González Colón.

Por

acogidos

los

los

fundamentos

recursos,

expuestos

se

en

dictará

esta

Opinión,

Sentencia

y

en

jurisdicción original, de conformidad con el Art. 8.3(a)

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

59

de la Ley Núm. 51-2020, para adjudicar la impugnación de

ese estatuto. Sostenemos la constitucionalidad de esa ley.

Además, resolvemos que el Subcapítulo VIII-B de la Ley

Núm. 58-2020 es constitucional y, por ello, se deniega el

auto

de

mandamus

solicitado

para

suspender

implementación.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES

Juez Asociado

su

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Orlando José Aponte Rosario;

Hon.

Rafael

Hernández

Montañez; Hon. José Varela

Fernández; Hon. Ángel R.

Matos García; Hon. Carlos A.

Bianchi Angleró; Hon. Jesús

Manuel Ortiz; Hon. Ramón

Luis Cruz Burgos; Carlos

Rodolfo

Colón

Rosario;

Leslie Ramos Rodríguez

Peticionarios

v.

MD-2020-002

Presidente Comisión Estatal

de Elecciones; Estado Libre

Asociado de Puerto Rico

cons. con

MD-2020-005

Recurridos

____________________________

Hon. Luis Ricardo Vega Ramos

en su carácter personal y

como

representante

a

la

Cámara de Representantes del

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico

Peticionario

v.

Presidente Comisión Estatal

de Elecciones; Estado Libre

Asociado de Puerto Rico

Recurridos

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de octubre de 2020.

Acogemos las comparecencias, como amigos de la corte,

del Lcdo. Eudaldo Báez Galib, el Lcdo. Gregorio Igartúa De

MD-2020-0002 y MD-2020-0005

la Rosa, el Senado de Puerto Rico, el Partido

Progresista y la Hon. Jennifer A. González Colón.

2

Nuevo

Por los fundamentos expuestos en esta Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte de esta Sentencia,

y

acogidos

los

recursos,

se

dicta

Sentencia

en

jurisdicción original, de conformidad con el Art. 8.3(a)

de la Ley Núm. 51-2020, para adjudicar la impugnación de

ese estatuto. Sostenemos la constitucionalidad de esa ley.

Además, resolvemos que el Subcapítulo VIII-B de la Ley

Núm. 58-2020 es constitucional y, por ello, se deniega el

auto

de

mandamus

solicitado

para

suspender

su

implementación.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez emitió una opinión disidente. El Juez Asociado

señor Colón Perez emitió una Opinión disidente a la cual

se unieron la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y la Juez

Asociada señora Rodríguez Rodríguez.

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Orlando José Aponte Rosario;

Hon.

Rafael

Hernández

Montañez; Hon. José Varela

Fernández; Hon. Ángel R. Matos

García; Hon. Carlos A. Bianchi

Angleró; Hon. Jesús Manuel

Ortiz; Hon. Ramón Luis Cruz

Burgos; Carlos Rodolfo Colón

Rosario;

Leslie

Ramos

Rodríguez

Peticionarios

v.

Presidente Comisión Estatal de

Elecciones;

Estado

Libre

Asociado de Puerto Rico

Núm.MD-2020-0002

cons. con

Recurridos

MD-2020-0005

Hon. Luis Ricardo Vega Ramos

en su carácter personal y como

representante a la Cámara de

Representantes

del

Estado

Libre Asociado de Puerto Rico

Peticionario

v.

Presidente Comisión Estatal de

Elecciones;

Estado

Libre

Asociado de Puerto Rico

Recurridos

Opinión disidente emitida

Rodríguez Rodríguez

por

la

Juez

Asociada

señora

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de octubre de 2020.

“La Lógica es un cajón de gran

tamaño donde guardamos algunas

herramientas útiles, y muchas

otras

superfluas.

La

persona

sabia busca en el cajón con dos

propósitos: para aprovecharse de

aquellos instrumentos que le son

útiles

y

para

admirar

la

inventiva con la cual aquellos

que no lo son, se acomodan y se

organizan.”

Charles

Caleb

Colton,

inglés (1780-1832)

Poeta

MD-2020-0002

cons. con

MD-2020-0005

2

Durante el día de hoy, una mayoría de los integrantes

de este Tribunal permite el desembolso millonario de fondos

públicos para la celebración de dos eventos electorales que

carecen

de

un

fin

público

y

cuyos

resultados

serán

completamente inconsecuentes. La única consecuencia directa

de

la

celebración

de

esos

eventos

electorales

será

justamente la sustracción de casi tres millones de dólares

del

presupuesto

gubernamental

a

expensas

de

un

pueblo

abatido por los efectos de la corrupción, el mal gobierno,

la pobreza, el desempleo y -más recientemente- una pandemia

mundial que ha expuesto en definitiva las precariedades e

inequidades socioeconómicas yacentes. Por entender que el

proceder

de

la

mayoría

es

inconstitucional,

disiento

impetuosamente.

Las implicaciones sociales y económicas del curso de

acción

de

una

mayoría

son

igual

de

peligrosas

y

problemáticas que el precedente judicial que hoy se pauta.

En esencia, el razonamiento de una mayoría consiste en

distinguir -aún en ausencia de una diferencia tangible- un

precedente judicial que presuntamente se reafirma mediante

un resultado patentemente contrario a éste. Dicho de otra

forma, la mayoría establece una distinción sin diferencias,

para presuntamente no revocar lo revocado.

Ante tan ininteligible silogismo, queda claro que el

designio político de la mayoría es el mismo que se persigue

mediante los eventos electorales aquí impugnados. Así, la

mayoría recurre a artilugios semánticos y glosas ilusas

que, empleadas con una maña magistral, ajustan el efecto de

MD-2020-0002

cons. con

MD-2020-0005

un

precedente

3

de

gran

arraigo

en

nuestro

ordenamiento

electoral al fin deseado. Más que un paralogismo retórico,

la opinión de la mayoría es un sofisma sagaz que honra a

Gorgias; un réquiem discreto al valor del precedente en

nuestra jurisdicción y a la seriedad, agudeza y sensatez

judicial.6

Por

todo

lo

anterior,

disiento

del

curso

mayoritario.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada

Llamemos las cosas por su nombre y no seamos ilusos. La

ley que la mayoría avala a través de sus galimatías

constitucionales es lo que se conoce en el argot

electoral, un ejercicio de get out the vote, el llamado

GOTV. Es decir, el propósito de esta ley no es

verdaderamente alcanzar o como poco adelantar el ideal

codiciado, sino sacar el voto a la calle de los

correligionarios

utilizando

fondos

públicos

y

el

imprimatur mayoritario.

6

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Orlando José Aponte Rosario,

Hon. Rafael Hernández Montañez,

Hon. José Varela Fernández,

et al.

Peticionarios

MD-2020-002

MD-2020-005

Mandamus

v.

Presidente Comisión Estatal de

Elecciones; Estado Libre Asociado

de Puerto Rico

Recurrido

_________________________________

Luis Ricardo Vega Ramos

Peticionario

v.

Presidente Comisión Estatal de

Elecciones; Estado Libre Asociado

de Puerto Rico

Recurrido

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN

PÉREZ a la cual se unen la Jueza Presidenta ORONOZ RODRÍGUEZ

y la Juez Asociada señora RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.

En San Juan, Puerto Rico a 5 de octubre de 2020.

En el día de hoy, -- en un acto muy apasionado, pero

poco pensado --, una mayoría de esta Curia decide revocar sub

silentio lo sentenciado hace varias décadas por este Tribunal

en el normativo caso Báez Galib v. C.E.E, infra, y, al así

hacerlo, peligrosamente validan en nuestra jurisdicción el

MD-2020-0002

cons. con

MD-2020-0005

2

uso de fondos públicos para adelantar la fórmula de estatus

que propone el partido político en el poder.

ello

también

va

puertorriqueñas

atado

“puedan

Vicepresidente

de

repercusiones

políticas,

tristemente

los

a

que

los

puertorriqueños

y

votar”

por

el

Presidente

y

Unidos

de

América.

Las

Estados

dictaminado

En este caso,

sociales

por

y

este

económicas

Foro

son

de

y

lo

serán

incalculables.

No albergamos duda alguna que el cuestionable proceder de

una

mayoría

de

este

Tribunal

choca

frontalmente

con

lo

dispuesto en las Constituciones del Estado Libre Asociado de

Puerto

Rico

y

de

los

Estados

Unidos

de

América,

y

su

jurisprudencia interpretativa. Como cuestión de hecho, así lo

reconoció

el

comunicación

Departamento

escrita

cursada

de

Justicia

federal

al

entonces

presidente

en

de

una

la

Comisión Estatal de Elecciones del País, Lcdo. Juan E. Dávila

Rivera7; exponiendo a esta Curia, una vez más, a tener que ser

corregida por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, si

así

lo

solicitasen

las

partes.8

De

ahí,

la

obligación

de

disentir.

Véase, Apéndice I (Comunicación escrita del Departamento de Justicia

federal cursada al entonces presidente de la Comisión Estatal de

Elecciones, Lcdo. Juan E. Dávila Rivera).

7

De la misma forma en que lo alertamos anteriormente en Acevedo

Feliciano v. Iglesia Católica, Apostólica y Romana, 200 DPR 458 (2018)

(Colón Pérez, opinión disidente) -- caso que fue expedido por el Tribunal

Supremo de los Estados Unidos el 24 de febrero de 2020, Roman Catholic

Archdiocese of San Juan, Puerto Rico v. Yali Acevedo Feliciano, et al.,

140 S. Ct. 696, 589 US __ (2020) -- llamamos la atención a que el caso

ante nuestra consideración posee todos los elementos necesarios para ser

revisado por la Corte Suprema federal.

8

No olvidemos que una de las controversias medulares del

presente caso es el derecho al voto por el Presidente y

MD-2020-0002

cons. con

MD-2020-0005

Una

3

vez

se

revise

el

contenido

de

nuestra

Opinión

Disidente, notarán que los fondos públicos que hoy la mayoría

de los miembros de este Foro autoriza se empleen en eventos

simbólicos,

elaborados

en

cuartos

obscuros,

y

con

aviesa

intención, hubiesen servido un mejor propósito de haber ido a

parar a las puertas de todos aquellos hogares de las familias

puertorriqueñas que todavía sufren los estragos ocasionados

por los huracanes Irma y María, los terremotos en la región

suroeste

del

país,

o

la

pandemia

COVID-19;

eventos

que

verdaderamente han dejado al descubierto la pobreza que se

vive

en

esta

Isla

y

las

brechas

económicas

que

triste

e

innecesariamente separan a unos de otros. ¡Quizás así, de una

manera más real y acertada, podamos alcanzar la verdadera

IGUALDAD que algunos de mis compañeros y compañeras de estrado

reclaman en su escrito! Veamos.

I.

Los

hechos

medulares

que

dieron

margen

al

presente

litigio no están en controversia. Allá para el 16 de mayo de

2020,

la

Gobernadora

de

Puerto

Rico,

Hon.

Wanda

Vázquez

Garced, firmó la Ley Núm. 51-2020, conocida como Ley para la

definición final del estatus político de Puerto Rico, 2020 LPR

Vicepresidente de Estados Unidos, asunto contemplado por el Art.

II, Sec. 1, de la Constitución federal. Véase lo resuelto por la

Corte de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston en

Igartúa de la Rosa v. USA, infra.

Hoy, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, interpretando

ligera y erróneamente la Constitución de los Estados Unidos e

ignorando la legislación congresional relacionada, pretende

concederle a los puertorriqueños y puertorriqueñas el derecho al

voto por el Presidente y Vicepresidente de los Estados Unidos de

América, cuando a todas luces ello en derecho no procede.

MD-2020-0002

cons. con

MD-2020-0005

51,

a

los

4

fines

de

disponer

el

procedimiento

para

la

celebración de un plebiscito sobre el estatus político de la

Isla, simultáneo a las Elecciones Generales del 3 de noviembre

de 2020.

Mediante

potenciales

el

plebiscito

electores

y

propuesto

electoras

se

lo

preguntará

siguiente:

a

los

“¿[d]ebe

Puerto Rico ser admitido inmediatamente dentro de la Unión

como un Estado?”. Las alternativas de contestaciones a esa

pregunta,

las

cuales

estarán

impresas

en

la

papeleta

de

votación, serán Estadidad “Sí” o “No”. Art. 4.1, 2020 LPR 51.

A grandes rasgos, la referida ley le ordena al presidente

de la Comisión Estatal de Elecciones elaborar una propuesta o

proyecto

para

el

diseño

general

de

una

campaña

educativa

masiva a los electores y un proyecto de plan presupuestario

para los demás gastos -- como la impresión de las papeletas -los cuales deberán ser sometidos ante la consideración del

Departamento

de

Justicia

federal

para

el

respectivo

financiamiento. Art. 3.2, 2020 LPR 51. Para ello, se le ordena

utilizar

“todos

difusión

los

pública

medios

a

su

de

comunicación

alcance,

y

técnicas

incluyendo

de

medios

electrónicos”. Art. 4.5, 2020 LPR 51.

En cuanto a la asignación de fondos para llevar a cabo el

plebiscito,

el

Art.

8.1,

2020

LPR

51,

dispone

que

la

Gobernadora, el Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia y

Presupuesto, el Secretario de Hacienda y el Director Ejecutivo

de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de

MD-2020-0002

cons. con

MD-2020-0005

5

Puerto Rico, tienen el deber ministerial de identificar y

hacer disponibles los recursos económicos estatales asignados

en la precitada ley -- aproximadamente $3,500,000.00 -- para

cumplir

con

todos

los

propósitos

de

la

misma,

independientemente se hayan asignado fondos federales o no.

De otra parte, y poco más de un mes después, el 20 de

junio de 2020 para ser exactos, se firmó la Ley Núm. 58 de

2020, conocida como Código Electoral de 2020, 2020 LPR 58. En

lo pertinente a la controversia ante nuestra consideración, el

mismo se legisló a los fines de integrar las disposiciones de

la

derogada

Garantizar

Ley

el

Núm.

Voto

12-2018,

conocida

como

Ley

a

los

Ciudadanos

Presidencial

todos

para

Americanos Residentes en Puerto Rico, 2018 LPR 12 (derogada

2020). Art. 1.1, 2020 LPR 58.

Consecuentemente, en el Código Electoral recién aprobado

se ordena que, en el mismo día de cada elección general,

comenzando

con

la

que

se

realice

en

el

año

2024,

todo

ciudadano y ciudadana estadounidense que sea elector hábil en

Puerto

Rico,

vote

por

su

candidato

de

preferencia

para

Presidente y Vicepresidente de los Estados Unidos de América.9

Resaltamos que, si bien el Art. 8.1.b del Código Electoral de 2020

establece las elecciones generales del año 2024 como punto de partida para

la celebración de la primera elección presidencial en Puerto Rico, el Art.

8.22.b, por su parte, dispone:

9

El

lunes

después

del

segundo

miércoles

de

diciembre del año en que se realice la Elección

Presidencial, el Presidente del Senado y el

Presidente de la Cámara de Representantes de

Puerto Rico, convocarán al Capitolio de Puerto

Rico a los Compromisarios, de acuerdo con la

certificación

de

elección

emitida

por

el

Presidente de la Comisión. Dichos Compromisarios,

mediante votación secreta, emitirán sus votos de

compromiso a favor de los Candidatos a Presidente

MD-2020-0002

cons. con

MD-2020-0005

6

De igual manera, el referido Código le ordena a la Comisión

Estatal de Elecciones organizar y viabilizar que los electores

puertorriqueños

emitan

su

voto

para

escoger

entre

los

mencionados candidatos. Art. 8.3.b, 2020 LPR 51.

A la luz de lo anterior, varios legisladores y candidatos

a dicho puesto (en adelante, “los peticionarios”) acuden ante

nos mediante el recurso extraordinario del mandamus, en el

cual solicitan que se ordene al presidente de la Comisión

Estatal

de

Elecciones

y

demás

funcionarios,

acatar

la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y que no

ejecuten la Ley para la definición final del estatus político

de Puerto Rico, supra, así como lo dispuesto en el Código

Electoral

de

2020,

supra,

relativo

al

voto

presidencial.

Además, nos solicitan que -- mediante sentencia declaratoria - ambas leyes sean declaradas inconstitucionales.

A esos efectos, éstos arguyen que las mencionadas leyes

pretenden

implementar

ficticiamente

un

derecho

legal

inexistente y alterar la relación de poder entre Puerto Rico y

Estados Unidos sin que el Pueblo lo haya autorizado. Asimismo,

sostienen

que

dichas

leyes

persiguen

objetivos

inconstitucionales al autorizar el uso de fondos públicos para

y Vicepresidente de Estados Unidos a quienes

representan.

Los procesos de votación de los

Compromisarios

y

su

escrutinio,

siempre

se

realizarán en el Capitolio de Puerto Rico. Para la

primera Elección Presidencial de 3 de noviembre de

2020, estos trabajos serán dirigidos por el

Presidente de la Cámara en el hemiciclo de ese

cuerpo legislativo y, en adelante, cada cuatro (4)

años la dirección estos trabajos se alternará con

el Presidente del Senado. (Énfasis suplido). 2020

LPRA 58.

MD-2020-0002

cons. con

MD-2020-0005

adelantar

7

la

fórmula

de

estatus

que

promueve

el

partido

político en el poder -- lo cual, a juicio de éstos, carece de

un fin público -- por lo que viola el principio de igualdad

económica

electoral

inmerso

en

nuestra

Constitución.

Posteriormente, el Hon. Luis Vega Ramos presentó recursos de

mandamus

y

sentencia

declaratoria

en

los

cuales

realizó

alegaciones similares a aquellas contenidas en los recursos

presentados por los mencionados peticionarios. Por tanto, los

recursos de referencia fueron consolidados.

Valga resaltar aquí que, en lo relacionado a la

elección

presidencial,

los

peticionarios

no

alegan

hechos

concretos que pongan de manifiesto el uso de fondos públicos

para comenzar las labores concernientes a dicha elección junto

a las elecciones generales que están próximas a celebrarse.

Esto

debido

a

que,

como

mencionamos

anteriormente,

varias

disposiciones del Código Electoral de 2020, supra, contemplan

la celebración de las primeras elecciones presidenciales en la

Isla

para

estatuto,

el

año

2024

entiéndase

el

y

solo

Art.

un

artículo

8.22b,

del

establece

referido

el

3

de

noviembre de 2020 como punto de partida.10

Por su parte, tanto el entonces presidente de la Comisión

Estatal de Elecciones, Lcdo. Juan E. Dávila Rivera, como el

Estado

Libre

Asociado

de

Puerto

Rico

presentaron

sus

Recordemos que, conforme a la doctrina de autolimitación judicial, este

Foro debe evitar emitir opiniones consultivas en controversias que, entre

otros, carezcan de madurez. Para superar dicho escollo, aquella parte que

impugne la constitucionalidad de alguna disposición de ley, tal como

ocurre en el caso de autos, viene obligado a demostrar la proximidad

temporal del daño que la misma ha de ocasionarle. Véase, Rexach v. Ramírez

Vélez, 162 DPR 130 (2004).

10

MD-2020-0002

cons. con

MD-2020-0005

8

respectivos alegatos. En esencia, ambos sostienen que la Ley

Núm. 51, supra, y las disposiciones sobre el voto presidencial

contenidas en el Código Electoral de 2020, supra, persiguen un

fin público y, por ende, ambas leyes son constitucionales. Por

esta razón, nos solicitaron la desestimación de los recursos

de epígrafe.

De igual forma, varias partes interesadas en el pleito

comparecieron ante este Tribunal, a saber: el Senado de Puerto

Rico,

representado

Schatz;

el

presidente

por

Partido

de

la

su

presidente,

Hon.

Thomás

Nuevo

Progresista

por

conducto

referida

colectividad,

Lcdo.

Rivera

Pedro

del

R.

Pierluisi Urrutia; el Lcdo. Gregorio Igartúa de la Rosa; y la

actual Comisionada Residente en Washington, Hon. Jennifer A.

González

Colón.

En

apretada

síntesis,

los

comparecientes

arguyen que los estatutos impugnados promueven un fin público

relacionado

al

bienestar

general

e

igualdad

de

los

puertorriqueños y puertorriqueñas y, en consecuencia, ambos

son constitucionales por no contravenir el Art. VI, sec. 9, de

la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Asimismo, el señor Eudaldo Báez Galib acudió ante esta

Curia

como

amicus

curiae.

Este

sostuvo

que,

ante

la

posibilidad de que se revoque lo resuelto en Baéz Galib v.

C.E.E, infra, resultaba necesario destacar que los hechos en

el caso ante nuestra consideración -- así como la normativa

aplicable -- son en extremo similares a los que este Tribunal

tuvo ante su consideración en el precitado caso del cual él

fue parte. Es decir (1) el caso Igartúa de la Rosa v. USA,

MD-2020-0002

cons. con

MD-2020-0005

9

infra, no ha sido revocado; (2) las disposiciones del voto

presidencial contenidas en el actual Código Electoral, supra,

son esencialmente las mismas contempladas en la ley que se

declaró inconstitucional en Báez Galib v. C.E.E., infra; y (3)

la cláusula constitucional sobre el uso de fondos públicos

según

contemplada

en

el

Art.

VI,

Sec.

9

de

nuestra

Constitución es la misma que fue interpretada en el mencionado

caso.

Trabada así la controversia, y con el beneficio de la

comparecencia de ambas partes en el litigio, así como de otras

partes

interesadas,

procedemos

a

exponer

la

normativa

aplicable a la misma.

II.

Como es sabido, el Art. VI, Sec. 9, de la Constitución

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece que “[s]ólo

se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines

públicos

y

para

el

sostenimiento

y

funcionamiento

de

las

instituciones del Estado, y en todo caso por autoridad de

ley”. CONST. ELA art. VI, § 9, LPRA, Tomo 1. Cónsono con ello,

hemos

sentenciado

que

la

noción

de

finalidad

pública

contemplada en la mencionada disposición constitucional juega

un rol importante en nuestro ordenamiento jurídico, pues, a

diferencia

de

las

personas

particulares

--

quienes

pueden

actuar para variados fines -- “[l]a búsqueda de un fin de

interés público es la condición positiva de toda actuación

estatal”.

Báez

Galib

v.

C.E.E.,

supra.

Véase,

P.I.P.

v.

C.E.E., 120 DPR 580, 606 (1988). De ese modo, todo organismo

MD-2020-0002

cons. con

MD-2020-0005

10

gubernamental

está

obligado

a

cumplir

cabalmente

con

la

anterior disposición, lo cual se logra utilizando los fondos

públicos para fines públicos legítimos. Mun. de Quebradillas

v. Corp. Salud Lares, 180 DPR 1003, 1017 (2011); C.F.S.E. v.

Unión de Médicos, 170 DPR 443, 452 (2007); De Jesús Gonzalez

v. AC, 148 DPR 255, 268 (1999).

De conformidad con lo anterior, la Asamblea Legislativa

tiene la facultad de asignar fondos públicos -- ya sea a

entidades públicas, semipúblicas o aun privadas -- siempre que

cumplan con una función reconocidamente pública y cuando el

propósito de éstas sea colaborar en el desempeño de alguna

labor gubernamental. Véase, 2 DIARIO

SESIONES

DE

DE LA

CONVENCIÓN

CONSTITUYENTE 904-906 (1952). Véase, además, P.S.P. v. ELA, 107

DPR 590, 600 (1978). Es decir, los fondos del erario nunca se

deben utilizar para el fomento de empresas privadas, ni para

el

beneficio

de

personas

o

entidades

particulares

en

su

condición como tales. Véase, DIARIO DE SESIONES, supra. Asimismo,

es impermisible una asignación de fondos públicos que infrinja

otras disposiciones de nuestra Carta Magna, como la igual

protección

de

propiedades

o

las

leyes,

fondos

la

prohibición

públicos

para

contra

fines

el

sectarios

uso

de

o

el

sostenimiento de instituciones educativas que no sean las del

Estado, así como cualquier otro derecho que emane del Pueblo,

conforme al sistema democrático que impera en nuestro País.11

P.S.P. v. ELA, supra. Véanse, además, Asoc. de Maestros v.

MD-2020-0002

cons. con

MD-2020-0005

11

Depto. de Educación, 200 DPR 974 (2018) (Colón Pérez, opinión

disidente); Asoc. Maestros P.R. v. Srio. Educación, 137 DPR

528 (1994) (Fuster Berlingeri, opinión de conformidad); Lemon

v. Kurtzman, 403 US 602 (1971).

Sobre el particular, hemos expresado que la determinación

que

realizan

los

poderes

políticos

en

cuanto

a

lo

que

constituye un fin público merece gran deferencia por parte de

los tribunales. Báez Galib v. C.E.E., supra, págs. 395-96;

P.S.P. v. ELA, supra. Por consiguiente, al ejercer nuestra

función revisora y juzgar la validez constitucional de las

actuaciones de las demás ramas de gobierno en torno al uso de

fondos públicos para fines que éstas consideran como públicos,

los parámetros que impone la doctrina de separación de poderes

nos

obligan

a

actuar

con

particular

recelo,

prudencia

y

deferencia hacia la voluntad legislativa. Véase, P.P.D. v.

Gobernador I, 139 DPR 643, 685 (1995). Esto, “[s]iempre que la

misma

esté

enmarcada

dentro

del

esquema

constitucional

y

aunque como magistrados discrepemos personalmente de la bondad

de los actos legislativos”. P.I.P. v. C.E.E., supra, pág. 611.

Véanse, además, Báez Galib v. C.E.E., supra, págs. 394-96;

P.P.D. v. Gobernador I, supra.

Ahora bien, lo anterior no significa que debamos abdicar

nuestro

rol

como

garantes

e

intérpretes

finales

de

la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Máxime,

cuando se trata de la delicada tarea de evitar, a toda costa,

Para una discusión sobre el uso de fondos públicos para el sostenimiento

de instituciones educativas privadas, véase, Asoc. de Maestros v. Depto.

11

MD-2020-0002

cons. con

MD-2020-0005

el

12

derroche

de

fondos

públicos

en

un

país

sumido

en

una

lamentable crisis política, social y económica.

Así

pues

--

y

teniendo

como

norte

que

nuestra

Constitución es “más que una ley ordinaria, sino que es la ley

que gobierna al gobierno” y como tal se impone sobre cualquier

otra legislación -- dicha deferencia no puede desembocar en el

absurdo de que este Tribunal se cruce de brazos y permita que

se deroguen fondos públicos para un fin claramente contrario a

lo que el Art. VI, Sec. 9 de nuestra Constitución exige. PNP

v. Calderón González, 170 DPR 268, 294 (2007); Báez Galib v.

C.E.E., supra, pág. 396; P.I.P v. C.E.E., supra, pág. 612. A

ello no estamos dispuestos, no al menos el Juez que suscribe.

III.

De otra parte, la Constitución del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico también consagra el derecho al voto para toda

persona domiciliada en el país, al disponer en su Art. II,

Sec. 2, que las leyes adoptadas por la Asamblea Legislativa

“garantizarán la expresión de la voluntad del pueblo mediante

el sufragio universal, igual, directo y secreto, y protegerán

al

ciudadano

contra

toda

coacción

en

el

ejercicio

de

la

prerrogativa electoral”. CONST. ELA art. II, § 2, LPRA, Tomo

1. De lo anterior podemos colegir que los funcionarios y las

funcionarias gubernamentales a cargo de la dirección del País

tienen una responsabilidad constitucional dual.

Por un lado, esos funcionarios y funcionarias tienen que

abstenerse

de

interferir

con

el

ejercicio

de Educación, supra (Colón Pérez, opinión disidente).

del

sufragio

MD-2020-0002

cons. con

MD-2020-0005

13

universal, igual, directo y secreto, y, por otra parte, éstos

tienen un deber afirmativo de proteger a los ciudadanos y

ciudadanas

contra

toda

coacción

en

el

ejercicio

de

tal

derecho. Ello, ya que en nuestro ordenamiento constitucional

el

poder

político

emana

del

consentimiento

y

de

la

libre

selección y voluntad de los ciudadanos y ciudadanas que en

este

país

habitan.

PPD

v.

Gobernador

I,

supra,

pág.

670.

Véase, además, Sánchez y Colón v. ELA I, 134 DPR 445, 448-49

(1993).

De conformidad con lo anterior, el Art. VI, Sec. 4, de

nuestra Constitución esboza ciertas normas básicas para la

celebración

de

los

eventos

electorales,

así

como

los

requisitos para poder participar en éstos. CONST. ELA art. VI,

§ 4, LPRA, Tomo 1. A la luz de este postulado, será elector o

electora toda persona que haya cumplido dieciocho (18) años de

edad y que reúna los demás requisitos que se determinen por

ley. Íd. Además, y en lo pertinente a la controversia que nos

ocupa, el referido artículo establece que “[s]e dispondrá por

ley todo lo concerniente al proceso electoral y de inscripción

de electores, así como lo relativo a los partidos políticos y

candidatura”. Íd. Valga señalar que el derecho al voto de los

puertorriqueños y las puertorriqueñas comprende no sólo el

derecho

a

participar

de

las

elecciones,

sino

que

exige,

además, que en las papeletas a utilizarse se incluyan las

opciones que reflejan las corrientes políticas contemporáneas.

PNP v. De Castro Font II, 172 DPR 883, 893 (2007); McClintock

MD-2020-0002

cons. con

MD-2020-0005

14

Hernández v. Rivera Schatz, 171 DPR 605 (2007); P.A.C. v. ELA,

150 DPR 359, 372 (2000).

Así pues, “[l]a Asamblea Legislativa tiene la facultad y

la

obligación

de

aprobar

aquella

reglamentación

que,

sin

obstaculizar innecesariamente el derecho al voto en todas sus

dimensiones, propenda a la realización de un proceso electoral

justo, ordenado, libre de fraude, honesto e íntegro”. P.A.C.

v. ELA, 150 DPR 359 (2000); P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. Romero

Barceló,

110

DPR

948

(1980);

P.S.P.

v.

Com.

Estatal

de

Elecciones, 110 DPR 400 (1980); P.N.P. v. Tribunal Electoral,

104 DPR 741 (1976). Ahora bien, aunque la referida rama de

gobierno tiene amplia facultad para reglamentar los procesos

electorales

--

lo

cual

incluye

las

elecciones

generales,

primarias, plebiscitos y referéndums -- le corresponde a los

tribunales, en el descargue de su responsabilidad para con el

Pueblo, asegurar que la legislación promulgada a esos fines

cumpla con las garantías constitucionales. Sánchez y Colón v.

ELA I, supra, págs. 449-50; Sánchez y Colón v. ELA II, 134 DPR

503, 530 (1993) (Hernández Denton, opinión de conformidad).

En esos menesteres, es necesario que realicemos “[u]n

delicado balance entre el derecho fundamental al sufragio y el

interés del Estado en reglamentar su ejercicio para que el

proceso se conduzca ordenadamente con la mayor participación

de electores en igualdad de condiciones”. Íd. Véase, además,

Burgos Andújar v. Com. Estatal de Elecciones, 197 DPR 914, 986

(2017) (Colón Pérez, opinión disidente). Esto, pues, “[e]l

Derecho

Electoral

concierne

los

derechos

básicos

de

una

MD-2020-0002

cons. con

MD-2020-0005

democracia

15

y

la

legitimidad

de

sus

elecciones,

lo

cual

requiere un especial celo en actuar con el mayor cuidado y

estudio”. H. L. Acevedo, La democracia puertorriqueña y su

sistema electoral, en Puerto Rico y su gobierno: estructura,

retos y dinámicas, Puerto Rico, Ed. SM, 2016, pág. 297.

De

igual

Constitución

forma,

de

varios

Estados

artículos

Unidos

de

y

enmiendas

América

abundan

de

la

en

lo

concerniente al derecho al voto de los ciudadanos y ciudadanas

estadounidenses. A esos fines, el Artículo II, Sec. 1, de la

referida Constitución estipula que el proceso para elegir al

Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos será mediante el

llamado

Colegio

Electoral,

a

través

del

cual

los

estados

nombran varios electores o compromisarios. CONST. EE.UU. art.

II,

§1.

Luego

de

que

los

ciudadanos

y

ciudadanas

de

los

distintos estados voten por el candidato de su preferencia,

estos compromisarios se reunirán y, a su vez, votarán, por el

candidato que fue elegido mediante el voto popular. CONST.

EE.UU. art. II, §1.

Asimismo, la Constitución de Estados Unidos de América

prohíbe que el Gobierno Federal o los estados denieguen el

derecho al sufragio por razón de raza, color, sexo o condición

previa de servidumbre o a personas mayores de dieciocho (18)

años.12 Cada estado de la Unión tiene el deber de legislar en

Véanse las enmiendas XV, XIX y XXVI de la Constitución de Estados

Unidos. CONST. EE.UU. enm. XV, XIX y XXVI.

12

MD-2020-0002

cons. con

MD-2020-0005

16

lo relativo al mencionado derecho teniendo en cuenta, claro

está, los postulados constitucionales.13

Sobre este extremo, cabe resaltar que cada referencia al

derecho al voto que se encuentra en la Constitución de Estados

Unidos hace mención a los estados de la Unión, lo cual, en

este momento, nos lleva a concluir que en Puerto Rico no

existe el derecho a votar por el Presidente y Vicepresidente.

Como

cuestión

de

hecho,

así

lo

entendió

la

Corte

de

Apelaciones para el Primer Circuito en Boston en Igartúa de la

Rosa v. USA, 229 F. 3d 80 (2000).

En Igartúa de la Rosa v. USA, supra, varios ciudadanos

estadounidenses domiciliados en Puerto Rico alegaron que se

les estaba coartando su derecho a votar por los candidatos a

Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos. A juicio de

éstos, ello era contrario a la cláusula constitucional sobre

privilegios e inmunidades, el debido proceso de ley, la igual

protección

de

las

leyes,

así

como

varios

tratados

internacionales que cobijan a los ciudadanos estadounidenses.

Igartúa de la Rosa v. USA, supra, pág. 82.

Al revocar cierta determinación de la Corte de Distrito

para el Distrito de Puerto Rico, la Corte de Apelaciones para

el Primer Circuito en Boston razonó que el Art. II de la

Constitución de Estados Unidos establece de manera explícita

que

el

Presidente

de

Estados

Unidos

será

elegido

por

los

electores o compromisarios que cada estado escoja. Igartúa de

Véase, el Art. II, Sec. 1 de la Constitución de Estados Unidos, CONST.

EE.UU. art. II, §1.

13

MD-2020-0002

cons. con

MD-2020-0005

17

la Rosa v. USA, supra, pág. 83. Debido a que Puerto Rico no es

un estado de la Unión, éste no puede designar electores al

Colegio Electoral. Igartúa de la Rosa v. USA, supra.

Consecuentemente, concluyó que, en ausencia de un cambio

de estatus político en las relaciones de Puerto Rico y Estados

Unidos o de una enmienda a la Constitución de este último -tal cual ocurrió mediante la vigésima tercera enmienda, la

cual le garantizó el derecho al voto a los residentes del

Distrito

de

Columbia

--

los

ciudadanos

estadounidenses

domiciliados en Puerto Rico no tienen derecho a votar en las

elecciones para elegir al Presidente y Vicepresidente. Igartúa

de

la

Rosa

v.

anteriormente,

USA,

en

supra,

una

págs.

83-84.

controversia

Resaltamos

similar

--

la

que,

cual

involucraba las mismas partes -- la Corte Suprema de Estados

Unidos

denegó

revisar

la

determinación

de

la

Corte

de

Apelaciones para el Primer Circuito en Boston, en la que se

resolvió que los ciudadanos de Estados Unidos domiciliados en

Puerto

Rico

no

tenían

derecho

al

voto

en

las

elecciones

presidenciales.14

IV.

De otra parte, y por también considerarlo en extremo

pertinente para la correcta disposición de las controversias

que

nos

ocupan,

resulta

menester

señalar

aquí

que

la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al

igual

que

la

Constitución

de

Estados

Unidos

de

América,

Véase, Igartúa de la Rosa v. US, 32 F. 3d 8 (1995) (certiorari denegado

en Igartúa v. US, 514 US 1049)

14

MD-2020-0002

cons. con

MD-2020-0005

18

consagra como principio fundamental el derecho a la igualdad e

igual protección de las leyes. En lo pertinente, la Sección 1

de nuestra Carta de Derechos dispone que “[t]odos los hombres

son

iguales

ante

la

ley.

No

podrá

establecerse

discrimen

alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o

condición social, ni ideas políticas o religiosas. Tanto las

leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán estos

principios de esencial igualdad humana”. CONST. ELA art. II, §

1, LPRA, Tomo 1.

documento

Mientras, el Art. II, Sec. 7 del referido

establece

que

no

se negará

a

persona

alguna

en

Puerto Rico la igual protección de las leyes. CONST. ELA art.

II, § 7, LPRA, Tomo 1.

Al respecto, esta Curia ha reconocido que “la igualdad es

ingrediente medular del ideal de justicia que constantemente

late

en

la

Constitución.

Por

su

naturaleza

dinámica

es

susceptible de manifestarse en diversas dimensiones”. P.P.D.

v. Gobernador I, supra, págs. 666-67; P.R.P. v. E.L.A., 115

DPR 631, 633 (1984). Una de esas dimensiones es la igualdad

electoral recogida por el discutido Art. II, Sec. 2, pues la

precitada disposición exige que el derecho al sufragio sea

universal, igual, directo y secreto. CONST. ELA art. II, § 2,

LPRA, Tomo 1.

En esa dirección, hemos sentenciado que los principios de

igualdad electoral no son exclusivos de aquellas controversias

que involucren a los partidos políticos, sino que su alcance

debe trascender a otros contextos tal como lo sería el respeto

a la voluntad del Pueblo y a que éste ejerza su derecho en

MD-2020-0002

cons. con

MD-2020-0005

19

igualdad de condiciones. Burgos Andújar v. Com. Estatal de

Elecciones, supra, pág. 975 (Colón Pérez, opinión disidente);

Guadalupe

v.

CEE,

165

DPR

106,

117

(2005).

“Frente

a

la

‘partidocracia’, debe prevalecer la democracia”, pilar básico

de nuestra sociedad. Íd.

Los principios antes expuestos, sin lugar a dudas, se

socavarían si, por ejemplo, avaláramos -- como así lo ha hecho

una mayoría de este Tribunal en el día de hoy -- que se adopte

legislación que le otorgue una ventaja indebida a un partido

político

por

encima

del

otro,

tal

como

lo

sería

utilizar

fondos públicos para promover la postura del partido político

en el poder. En otras palabras, “[t]oda actuación que tienda a

crear una desigualdad indebida o desventaja no justificada en

unos

partidos

políticos

y

otros

es

constitucionalmente

impermisible”. Acevedo Vilá v. Com. Estatal de Elecciones, 172

DPR 971, 986 (2007). Véase, P.N.P. v. Srio. de DTOP, 122 DPR

362 (1988). Así pues, “[n]o se puede dejar que los que están

adentro decidan por quienes se quedan fuera”. H.L. Acevedo,

op. cit. (citando a John Hart Ely, Democracy and Distrust,

Harvard University Press, 1980, pág. 120).

Al

respecto,

jurisprudencia

donde,

de

de

resulta

este

necesario

pasada

sensitivo

asunto,

Tribunal

en

con

ordenamiento

conformidad

el

tan

repasar

democrático

imperante en nuestra jurisdicción -- el cual se cimenta en el

derecho al sufragio universal e igual --, esta Curia reconoció

lo

que

hasta

el

2005

se

denominó

como

el

“axioma

constitucional de igualdad electoral”. “En el espectro de ese

MD-2020-0002

cons. con

MD-2020-0005

axioma

20

loable,

este

Tribunal

interpretó

que

nuestra

Constitución exige ciertos derechos y garantías adicionales al

acto

formal

Elecciones,

del

voto”.

supra,

Burgos

Andújar

v.

947

(Oronoz

Rodríguez,

pág.

Com.

Estatal

de

opinión

disidente).

Sobre el particular, a grandes rasgos, y en separadas

instancias,

esta

Curia

sostuvo

que

el

axioma

de

igualdad

electoral requería, entre otros, lo siguiente: (1) la igualdad

de participación de los partidos en el Fondo Electoral; (2)

igualdad en la participación de los partidos por petición

junto con los partidos principales en la administración de la

Comisión Estatal de Elecciones; (3) prohibición del uso de

vehículos públicos en campañas políticas; (4) prohibición del

uso de fondos públicos para campañas gubernamentales antes de

un referéndum para enmendar la Constitución; (5) prohibición

del uso de fondos públicos para campañas gubernamentales que

benefician al partido en el poder; y (6) inconstitucionalidad

de una ley para votar por el Presidente de Estados Unidos.15

Véase,

J.

J.

Puerto

Rico

y

Álvarez

Gonzalez,

Relaciones

con

Derecho

los

Estados

Constitucional

Unidos:

Casos

de

y

Materiales, Bogotá, Ed. Temis, 2009, págs. 965-67.

Ahora bien, en Burgos Andújar v. Comisión Estatal de

Elecciones, supra, una mayoría de este Tribunal -- en clara

contravención de la doctrina del precedente -- revocó el hasta

Véanse, P.S.P. v. Srio. de Hacienda, 110 DPR 313 (1980); P.S.P. v. Com.

Estatal de Elecciones, supra; Marrero v. Mun. de Morovis, 115 DPR 643

(1984); P.P.D. v. Gobernador II, supra; P.P.D. v. Gobernador I, supra;

Miranda v. Com. Estatal de Elecciones, 141 DPR 775, 786 (1996); Báez Galib

v. C.E.E., supra.

15

MD-2020-0002

cons. con

MD-2020-0005

21

entonces normativo caso de P.P.D. v. Gobernador II, 139 DPR

916 (1994), en el cual se levantaba el axioma de igualdad

electoral, tras razonar que tal axioma era inexistente en

nuestro

ordenamiento

jurídico.

En

dicha

ocasión,

quien

suscribe -- al igual que lo hace hoy mediante esta Opinión

Disidente

--

reafirmó

la

existencia

y

relevancia

del

mencionado axioma, al expresar que “[n]o exist[ía] duda de que

... el principio de igualdad inmerso en nuestra Constitución

se manif[estaba], entre otras, en los asuntos electorales,

trátese de una elección general, plebiscito o referéndum”, por

lo

que

“no

pod[íamos]

permitir

una

partido

que

esté

Gobierno

para

en

el

ventaja

indebida

promover

su

del

postura

mediante la utilización de fondos públicos”. Burgos Andújar v.

Com. Estatal de Elecciones, supra, pág. 992.

Lo anterior, bajo el fundamento de que “[h]istóricamente,

el ideal de la igualdad en el contexto eleccionario se ha

erigido sobre esquemas para el financiamiento de los partidos

políticos y de los procesos electorales”. Burgos Andújar v.

Com.

Estatal

de

Elecciones,

supra,

pág.

966

(Rodríguez

Rodríguez, opinión disidente). Dicho esquema pretende combatir

el

“inversionismo”

distribución

político,

igualitaria

de

así

bienes

como

o

garantizar

subsidios

directos

la

e

indirectos. Íd.

Finalmente, en aquel momento, quien suscribe, expresó que

la decisión a la que llegó la mayoría del Tribunal “avala[ba]

que el partido político que ocupa el poder utili[zase] los

fondos públicos para interferir -- intencionalmente -- con el

MD-2020-0002

cons. con

MD-2020-0005

libre

22

derecho

al

voto

puertorriqueñas

a

ser

de

los

depositado

puertorriqueños

y

las

en

de

la

las

urnas

democracia, socavando así los pilares del esquema electoral de

nuestro país”. Burgos Andújar v. Com. Estatal de Elecciones,

supra, pág. 978. Hoy, lamentablemente, nos encontramos ante

otro episodio de tan triste saga.

V.

Por otro lado, previo a disponer de los asuntos que nos

ocupan, conviene recordar aquí que la legislación objeto del

presente litigio le requirió al entonces Presidente de la

Comisión Estatal de Elecciones, Lcdo. Juan E. Dávila Rivera,

entregarle al Secretario del Departamento de Justicia federal,

en

lo

concerniente

a

la

controversia

ante

nuestra

consideración, lo siguiente: (a) un borrador de la papeleta de

votación del plebiscito; (b) una propuesta para el diseño

general de la campaña de educación a los electores sobre el

plebiscito la cual debe ser objetiva y no partidista y con un

presupuesto total que no excederá dos millones de dólares

($2,000,000); y (c) un proyecto de plan presupuestario para

los demás gastos del plebiscito, tales como los costos de

impresión

de

papeletas,

lo

cual

no

excederá

de

un

millón

quinientos mil dólares ($1,500,000). Art. 3.2, 2020 LPR 51.

Los anteriores requisitos se exigían pues, conforme a la

Ley

Pública

113-76

de

2014,

Act,

128

Stat.

Appropriations

conocida

5,

así

como

Consolidated

como

el

Informe

Congresional que le acompaña, H.R. Rep No. 113-71 (2014), el

Secretario

del

Departamento

de

Justicia

Federal

era

el

MD-2020-0002

cons. con

MD-2020-0005

23

funcionario encargado de certificar los materiales, autorizar

la celebración del plebiscito y, consecuentemente, autorizar

el

desembolso

de

ciertos

fondos

federales.

Ello,

pues,

a

través de la precitada ley, el Congreso asignó $2,500,000 para

la educación objetiva y no partidista de los electores en un

plebiscito sobre el estatus político de Puerto Rico con los

Estados Unidos.

Así pues, y a raíz de la petición de fondos federales

realizada por el entonces Presidente de la Comisión Estatal de

Elecciones al Departamento de Justicia de los Estados Unidos,

el 29 de julio de 2020 la referida agencia federal le remitió

a

éste

una

misiva

atendiendo

lo

relativo

al

plebiscito

propuesto.16 En la misma, el Departamento de Justicia de los

Estados Unidos enumeró sus objeciones a la celebración de este

evento, no solo en lo procesal -- ya que la Comisión no le

proveyó los documentos con la antelación requerida para que

los mismos pudieran ser revisados de manera completa y eficaz,

ello debido a la complejidad del proceso de certificación -sino también en términos sustantivos.

En cuanto al aspecto sustantivo, la mencionada agencia

federal

demostró

serias

preocupaciones

con

los

materiales

sometidos por la Comisión Estatal de Elecciones, por entender

que los mismos eran contrarios a la política de los Estados

Unidos. Al respecto, advirtió lo siguiente:

First, the United States has consistently

remained

neutral

about

the

legally

permissible

status

options

for

the

16

Véase, Apéndice I.

MD-2020-0002

cons. con

MD-2020-0005

24

Commonwealth of Puerto Rico – Statehood,

continued

territorial

status,

and

independence (including free association) –

maintaining that the people of Puerto Rico,

not

the

federal

government,

should

determine their preference among options

for the islands’ future status that are not

incompatible with the Constitution and

basic laws and policies of the United

States. (Énfasis suplido).17

No obstante, continuó expresando que múltiples aspectos de la

Ley Núm. 51-2020, supra, demuestran que el plebiscito aborda

la pregunta sobre el estatus político futuro de Puerto Rico

desde

una

perspectiva

pro-estadidad.18

En

ese

sentido,

la

aprobación y financiamiento de dicho evento por parte del

Departamento de Justicia de Estados Unidos podría ser visto

como un respaldo de dicha postura -- entiéndase, la Estadidad

-- y un rechazo a las demás opciones de estatus.

Así también, el Departamento de Justicia de los Estados

Unidos entendió que dicha percepción es altamente probable

pues el Art. 4.4(b) de la Ley Núm. 51-2020 propone que en las

papeletas del plebiscito se disponga que el mismo es promovido

y apoyado por el Gobierno de los Estados Unidos de América,

con los fondos asignados bajo la Ley Pública 113-76 de 2014,

supra. Sobre este extremo, resaltó que “while the Department

would not object, in appropriate circumstances, to a similar

statement

endorsing

an

objective,

non-partisan

plebiscite

process, it must do so here, when such a statement would imply

17

Íd. en la pág. 2.

18

Íd. en la pág. 3.

MD-2020-0002

cons. con

MD-2020-0005

that

the

25

United

States

has

departed

from

its

policy

of

neutrality to endorse a pro-Statehood initiative”.19

En segundo lugar, la referida misiva rechazó la base

sobre la cual el plebiscito propuesto parece estar cimentando,

es decir, la contención de que los plebiscitos celebrados en

los años 2012 y 2017 significaron un rechazo directo al actual

estatus.20

Respecto

al

plebiscito

de

2012,

la

mencionada

agencia federal reiteró los pasados señalamientos de que la

validez de los resultados de dicho proceso electoral estaba en

controversia

reflejaban

la

y

que

era

voluntad

incierto

actual

del

si

éstos,

Pueblo.21

en

efecto,

Mientras,

en

cuanto al plebiscito de 2017,22 el Departamento de Justicia de

los Estados Unidos señaló que el rechazo de las papeletas en

aquel momento -- por ser incompatibles con las leyes y la

política de los Estados Unidos --, y la baja participación del

electorado, le impedía considerar el mismo como una decisión

del Pueblo a favor de la Estadidad.23

Consecuentemente, sentenció que la base para la papeleta

propuesta Estadidad, “Sí” o “No” -- entiéndase la aprobación

20

Íd.

Íd.

21

Íd.

19

Valga señalar que la declaración de política pública contenida en el

Art. III de la Ley para la descolonización inmediata de Puerto Rico de

2017, 16 LPRA sec. 975 et seq., que dio a lugar al plebiscito celebrado en

el 2017, resaltó, en varias ocasiones, que las alternativas de estatus

allí propuestas -- estadidad, libre asociación/independencia o actual

estatus territorial -- eran cónsonas con la Constitución y las leyes de

Estados Unidos. Es decir, en ese momento la referida ley reconoció la

importancia de que el mencionado evento electoral intentara ajustarse a la

Constitución federal. No vemos, pues, razón por la cual la legislación y

jurisprudencia federal no sean pertinentes para la correcta disposición de

las controversias ante nuestra consideración.

22

MD-2020-0002

cons. con

MD-2020-0005

que

refleja

26

la

Ley

Núm.

51-2020

hacia

los

pasados

dos

plebiscitos -- conflige con la política pública de los Estados

Unidos a los efectos de que el Pueblo de Puerto Rico no ha

rechazado en definitiva el Estado Libre Asociado.24

Finalmente, el Departamento de Justicia federal se mostró

preocupado por el contenido de los materiales a utilizarse en

el plebiscito, por entender que los mismos pueden ocasionar

que los electores malinterpreten el efecto de un resultado

mayoritario a favor de la Estadidad. Lo anterior, ya que ello

no implica la admisión automática o inmediata como estado de

la Unión.25

A

la

Justicia

luz

de

de

los

lo

antes

Estados

esbozado,

Unidos

no

el

Departamento

aprobó

los

de

materiales

sometidos para el plebiscito de 3 de noviembre de 2020 y, por

tanto, se vio impedido de asignar los fondos que proveía la

Ley Pública 113-76 de 2014, supra.

que,

de

proseguir

con

la

Dicha conclusión implica

celebración

del

mencionado

plebiscito, le correspondería a los funcionarios enumerados en

el Art. 8.1, 2020 LPR 51, identificar y utilizar para esos

fines los fondos con los que cuenta el Estado Libre Asociado

de Puerto Rico.

Es

menester

resaltar

que

lo

expresado

en

la

misiva

anterior -- a los fines de aclarar que es el Pueblo de Puerto

Rico,

y

no

el gobierno

federal,

quien

debe

determinar

su

preferencia para el estatus político futuro de la Isla -- es

23

24

Íd.

Íd. en las págs. 3-4.

MD-2020-0002

cons. con

MD-2020-0005

27

cónsono con lo dispuesto en la Ley Pública Núm. 600 de 3 de

julio de 1950, conocida como Ley de relaciones federales con

Puerto Rico, LPRA, Tomo 1; 64 Stat. 319.

Sobre ello, basta

con repasar lo recientemente expresado por la Juez Asociada

del

Tribunal

Sotomayor,

Supremo

en

de

Financial

los

Estados

Oversight

and

Unidos,

Hon.

Management

Sonia

Bd.

for

Puerto Rico v. Aurelius Investment, LLC, 140 S. Ct. 1649, 590

US ___ (2020), en cuanto a la relación política entre Puerto

Rico y los Estados Unidos. Y es que, en su Opinión Concurrente

en el precitado caso, la Juez Sotomayor expone -- de manera

muy acertada -- los eventos que dieron paso a la creación de

nuestro

propio

ordenamiento

constitucional,

cuyo

poder

político emana de la voluntad del Pueblo.

En el referido escrito, -- con un dominio particular del

tema --, la Juez Sotomayor nos relata que, allá para el año

1950, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Pública

600 de 3 de julio de 1950 a los fines de permitirle a Puerto

Rico

emprender

en

un

proyecto

constitucional

de

gobierno

propio. Íd. en la pág. 1672. Véase, además, Puerto Rico v.

Sánchez Valle, 136 S. Ct. 1863, 1868, 519 US ___ (2016). La

referida legislación ofreció a los puertorriqueños un acuerdo,

bajo

el

cual

éstos

podrían

organizar

un

gobierno

bajo

su

propia Constitución. Financial Oversight and Management Bd.

for Puerto Rico v. Aurelius Investment, supra, pág. 1672. En

25 Íd.

en la pág. 4.

MD-2020-0002

cons. con

MD-2020-0005

28

ese sentido, la Ley Pública Núm. 600 reconoció y afirmó el

principio de gobierno por consentimiento del Pueblo.

Ahora bien, dicha ley -- además de ser aprobada por el

Congreso -- tenía que contar con el aval del Pueblo de Puerto

Rico, por lo que fue presentada a éste mediante referéndum.

Íd. Una vez la precitada ley fue respaldada por la mayoría de

los

electores,

la

Asamblea

Legislativa

convocó

a

una

convención constitucional, con el fin de preparar un borrador

de Constitución que creara un gobierno de forma republicana e

incluyera

una

carta

de

derechos.

Íd.

Este

borrador

de

Constitución fue sometido a un referéndum especial para la

consideración del Pueblo.

Así pues, en el año 1952 el Pueblo puertorriqueño aprobó

el borrador de Constitución y, posteriormente, el Congreso de

Estados

Unidos

le

realizó

ciertas

modificaciones,

con

la

salvedad de que la misma “shall become effective only when

Puerto Rico declare[s] in a formal resolution its acceptance”.

66 Stat. 327. Véase, Financial Oversight and Management Bd.

for Puerto Rico v. Aurelius Investment, supra.

Mediante un

subsiguiente referéndum, el referido documento se convirtió en

lo que hoy conocemos como la Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico. A pesar de que los términos del

acuerdo

proveían

para

la

aprobación

del

Congreso,

cuando

nuestra Constitución comenzó a regir, ésta se convirtió en lo

que el Congreso llamó “a ‘constitution’ under which the people

of Puerto Rico organized a government of their own adoption”.

Íd.

MD-2020-0002

cons. con

MD-2020-0005

A

29

partir

de

la

aprobación

reconocimiento

de

nuestra

de

la

Constitución,

Ley

600

Estados

y

el

Unidos

y

Puerto Rico forjaron una relación política única cimentada en

la evolución de la isla a una democracia constitucional. Íd.

De

hecho,

“poco

Constitución

de

después

de

que

Puerto

Rico,

el

los

Congreso

oficiales

aprobara

la

federales

le

indicaron a las Naciones Unidas expresamente que el acuerdo

era de naturaleza bilateral, y como tal sus términos podían

ser

alterados

solo

mediante

el

consentimiento

mutuo”.

(Traducción suplida). Íd. en la pág. 1675.

Finalmente,

acuerdo,

y

la

los

Juez

Sotomayor

subsiguientes

manifiesta

desarrollos

que

este

históricos

y

jurídicos, tales como la jurisprudencia de la Corte Suprema de

Estados Unidos, indican que el Congreso dejó en manos de los

habitantes de Puerto Rico la autoridad para establecer su

propio gobierno. Íd. en la pág. 1677. Sus expresiones fueron

validadas anteriormente por el máximo foro federal en Puerto

Rico v. Sánchez Valle, supra.

Asimismo,

resaltamos

que

la

anterior

fórmula

--

entiéndase, la voluntad del Pueblo como factor determinante en

el estatus político futuro de Puerto Rico -- es precisamente

la postura que promueve el Gobierno Federal, pues así surge de

la

misiva

del

Departamento

de

Justicia

rechazando

la

aprobación y financiamiento del plebiscito propuesto mediante

la Ley Núm. 51-2020, 2020 LPR 51.

Por

consiguiente,

y

de

conformidad

con

nuestra

Carta

Magna, el poder del Estado Libre Asociado de Puerto Rico emana

MD-2020-0002

cons. con

MD-2020-0005

30

del Pueblo y el mismo debe ser ejercido conforme a su voluntad

y dentro de los términos del acuerdo entre el Pueblo de Puerto

Rico y los Estados Unidos. Con ello en mente, al resolver las

controversias ante nuestra consideración, este Tribunal debe

partir

de

la

constitucional

premisa

de

que

donde

impera

vivimos

en

un

ley

no

las

la

y

ordenamiento

voluntades

individuales. Acevedo Vilá v. Aponte Hernández, 168 DPR 443,

451 (2006). Ese ordenamiento constitucional, históricamente,

ha

reconocido

y

reconoce

como

fórmulas

de

estatus

--

a

considerarse en todo evento plebiscitario por los electores y

electoras

puertorriqueñas

--

el

Estado

Libre

Asociado,

la

Estadidad y la Independencia.26

VI.

Sobre la naturaleza del Estado Libre Asociado de Puerto, el Tribunal

Supremo de los Estados Unidos, en Puerto Rico v. Sánchez Valle, supra,

expresó que:

26

The Puerto Rico Constitution created a new political

entity, the Commonwealth of Puerto Rico or, in

Spanish, Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Like

the U.S. Constitution, it divides political power into

three

branches—the

‘legislative,

judicial

and

executive.’ Art. I, § 2. And again resonant of

American

founding

principles,

the

Puerto

Rico

Constitution describes that tripartite government as

‘republican

in

form’

and

‘subordinate

to

the

sovereignty of the people of Puerto Rico.’ The

Commonwealth's power, the Constitution proclaims,

‘emanates from the people and shall be exercised in

accordance with their will, within the terms of the

compact agreed upon between the people of Puerto Rico

and the United States.’” (Citas omitidas).

Asimismo, y tras expresar que la relación entre Puerto Rico y Estados

Unidos

es

única

en

su

historia,

razonó

que

los

desarrollos

constitucionales en la Isla “made Puerto Rico ‘sovereign’ in one commonly

understood sense of that term. As this Court has recognized, Congress in

1952 ‘relinquished its control over [the Commonwealth's] local affairs[,]

grant[ing] Puerto Rico a measure of autonomy comparable to that possessed

by the States.’” Puerto Rico v. Sánchez Valle, supra, pág. 1874.

MD-2020-0002

cons. con

MD-2020-0005

31

Sobre lo antes esbozado, resultaba altamente vinculante

lo resuelto por esta Curia hace veinte (20) años atrás en Báez

Galib v. C.E.E., supra, precedente que hoy una mayoría de este

Tribunal,

a

nuestro

juicio,

--

sub

silentio

y

tras

una

interpretación acomodaticia -- revoca. En el precitado caso,

varios funcionarios de la Comisión Estatal de Elecciones, así

como

otros

funcionarios

“peticionarios”),

presentaron

electos

ciertos

(en

recursos

adelante,

de

mandamus

mediante los cuales impugnaron la Ley Núm. 403-2000, 16 LPRA

sec. 961 et seq., firmada por el entonces Gobernador, Hon.

Pedro Roselló González.

La precitada ley les impuso a éstos organizar y celebrar

en la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

una

elección

para

elegir

compromisarios

que

eventualmente

votarían por el Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos.

Dicha elección presidencial, al igual que en la Ley 58-2020

aquí en controversia, se definió como “[e]l proceso mediante

el

cual

los

electores

emiten

su

voto

para

expresar

su

preferencia en cuanto a los candidatos nominados para los

cargos de Presidente y Vicepresidente de los Estados Unidos de

América,

mediante

la

designación

de

compromisarios...”.

16

LPRA sec. 961. El referido evento electoral se realizaría de

forma

simultánea

con

las

Elecciones

Generales

de

7

de

noviembre de 2000. Báez Galib v. C.E.E., supra, pág. 386.

Asimismo, autorizaba el uso de fondos públicos para llevar a

cabo todos los procesos relacionados al evento y le asignó a

la Comisión la cantidad de novecientos mil dólares ($900,000)

MD-2020-0002

cons. con

MD-2020-0005

32

de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal. Íd. en la pág.

387.

Los peticionarios adujeron que la referida ley constituía

un

ejercicio

inconstitucional

de

autoridad

legislativa

en

violación del Art. II, Sec. 19, de la Constitución del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, ya que pretendía implementar un

derecho legal inexistente y alterar la relación de poder entre

Puerto Rico y Estados Unidos sin la autorización del Pueblo.

Además,

arguyeron

que

la

misma

era

inconstitucional

pues

asignaba fondos públicos a pesar de que el propósito no era un

fin público legítimo -- ello en contravención del Art. VI,

Sec. 9 de nuestra Constitución -- y que mediante ésta se

pretendía adelantar la causa de la Estadidad, por lo que se

violaba

el

principio

de

igualdad

económica

inmerso

en

la

anterior disposición constitucional.

Al disponer de las referidas controversias, este Tribunal

expresó que el cumplimiento de la Ley Núm. 403-2000 infringía

un deber ministerial de mayor jerarquía, entiéndase, aquel

dispuesto por la Sec. 9 del Art. VI de la Constitución del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que requiere a todo

funcionario público la obligación de utilizar los fondos del

erario

para

Estatal

de

fines

públicos.

Elecciones

y

sus

En

consecuencia,

funcionarios

la

tenían

Comisión

el

deber

ministerial de abstener de utilizar los recursos públicos para

los objetivos de la precitada ley.

De igual forma, en Báez Galib v. C.E.E., supra, esta

Curia repasó lo resuelto en Igartúa de la Rosa v. USA, supra,

MD-2020-0002

cons. con

MD-2020-0005

33

y sentenció que la Constitución de Estados Unidos solo le

reconocía el derecho al voto presidencial a los ciudadanos

domiciliados en alguno de los estados de la Unión o en el

Distrito de Columbia. Además, aclaramos que ni la Constitución

del

Estado

relaciones

Libre

Asociado

federales

con

de

Puerto

Puerto

Rico

ni

Rico,supra,

la

Ley

de

permitía

la

realización de un evento electoral en esta jurisdicción para

que las personas aquí domiciliadas eligieran compromisarios.

Ya que se trataba de una legislación sin consecuencia jurídica

alguna -- por ser contraria a la Constitución federal así como

la nuestra -- sostuvimos que no existía un fin público para

satisfacer la exigencia constitucional antes esbozada.

Conforme a lo anterior, establecimos que en ausencia de

un fin público discernible y definido, era evidente que el

propósito de la legislación en aquel momento en controversia

era únicamente político-partidista, lo cual es ajeno a lo

dispuesto

en

nuestra

públicos.

Debido

a

Constitución

que

la

sobre

Constitución

el

del

uso

de

fondos

Estado

Libre

Asociado de Puerto Rico no favorecía, ni favorece, alternativa

de estatus alguna, concluimos que utilizar los fondos públicos

para adelantar la causa de uno solo de los partidos políticos

-- entiéndase, la Estadidad -- era inconstitucional. Señalamos

allí:

Su texto es neutral al destino político del

país.

Cualquier

medida

legislativa

o

gubernamental que tenga el efecto de inclinar

la balanza a favor de alguna alternativa de

estatus sin que tenga la aprobación de los

puertorriqueños,

infringe

el

esquema

de

neutralidad que al respecto se deriva de

MD-2020-0002

cons. con

MD-2020-0005

34

nuestra Constitución. Báez Galib v. C.E.E.,

supra, pág. 400.

Es el Pueblo de Puerto Rico quien ostenta la facultad de

procurar cambios de estatus.

Asimismo, y en lo concerniente al axioma constitucional

de igualdad electoral de los partidos políticos, en Báez Galib

v.

C.E.E.,

supra,

concluimos

que

violaba

el

mismo

“[e]n

la

práctica

electoral

que

e[ra]

la

medida

legislación

impugnada

en

que

prom[ovía]

una

cónsona

con

una

de

fórmula

estatus que sólo propugna[ba] un partido político, en este

caso, el Partido Nuevo Progresista”, inclinando la balanza a

favor

de

entidad.

la

alternativa

Consecuentemente,

de

estatus

resolvimos

defendida

que

la

por

dicha

asignación

de

fondos públicos con el fin de poner en ejecución la Ley Núm.

403-2000 era impermisible, debido a que socavaba el esquema

democrático de neutralidad gubernamental en los asuntos de

estatus.

Indudablemente,

pensado,

estudiado

este

y

era

el

elaborado

--

precedente

que

esta

--

uno

Curia

bien

estaba

obligada a seguir. Tristemente, la interpretación que, en el

día de hoy, se realiza sobre el mismo, pretende soslayar el

criterio

rector

allí

pautado,

entiéndase

el

principio

de

neutralidad que recoge nuestra Constitución.

VII.

Por último, no podemos obviar lo concerniente al valor

del precedente y la doctrina del stare decisis que rige en el

ordenamiento jurídico puertorriqueño. Este concepto proviene

del

latin

stare

decisis

et

non

quieta

movere,

lo

cual

MD-2020-0002

cons. con

MD-2020-0005

35

significa mantenerse con lo decidido y no perturbar la calma.

Véase, Ramos v. Louisiana, 140 S. Ct. 1390, 590 US ___ (2020)

(Sotomayor, opinión concurrente); Townsend v. Jemison, 50 US

407 (1850). El propósito de esa doctrina es que un tribunal,

en aras de proveer certidumbre y estabilidad en las relaciones

jurídicas en el país, siga sus dictámenes previos. Rivera Ruiz

v. Mun. de Ponce, 196 DPR 410, 429 (2016). Véase, además, Am.

Railroad Co. v. Comisión Industrial, 61 DPR 314, 326 (1943).

Ello, como elemento esencial para generar la confianza de los

ciudadanos y ciudadanas en su sistema de justicia. Asoc. de

Maestros v. Dpto. de Educación, supra, pág. 1110 (Colón Pérez,

opinión disidente).

Ahora bien, esta doctrina admite excepciones, por lo que

los tribunales no están llamados a seguir un precedente cuando

esté presente alguna de las siguientes circunstancias: (a) el

precedente establecido fue claramente erróneo; (b) sus efectos

sobre el ordenamiento sean adversos; o (c) la cantidad de

personas que confiaron en éste fuese limitada.

Pueblo v.

Camacho Delgado, 175 DPR 1, 20 esc. 4 (2008). Véase, además,

González v. Merck, 166 DPR 659, 688 (2006). Sin lugar a duda,

dichas excepciones no están presentes en el caso de autos.

Es,

expuesta,

precisamente,

y

no

de

a

otra,

la

luz

que

de

la

procedía

normativa

disponer

antes

de

las

controversias ante nuestra consideración. Como una mayoría de

este Tribunal no lo hizo, procedemos -- desde el disenso -- a

así hacerlo.

VIII.

MD-2020-0002

cons. con

MD-2020-0005

36

Conforme mencionáramos anteriormente, en el presente caso

los peticionarios aducen que la Ley Núm. 51-2020 y la Ley Núm.

58-2020 son inconstitucionales, pues alteran la relación de

poder entre Puerto Rico y Estados Unidos sin que el Pueblo lo

haya autorizado. Además, sostienen que dichas leyes persiguen

objetivos inconstitucionales al autorizar el uso de fondos

públicos para adelantar la fórmula de estatus que promueve el

partido político en el poder, lo cual, a juicio de éstos,

carece de un fin público. Les asiste la razón. El normativo

caso

de

Báez

Galib

v.

C.E.E.,

supra,

así

claramente

lo

establecía.

No empece a ello, en un lamentable proceder, la mayoría

de los miembros de esta Curia nuevamente obvia el valor del

precedente y revoca sub silentio el precitado caso. Al así

hacerlo,

erróneamente

resuelven

que

las

leyes

aquí

en

controversia persiguen un fin público legítimo. Sostienen que

el mismo se cumple al permitir a todos los puertorriqueños y

puertorriqueñas participar y expresarse a favor o en contra de

ratificar

la

fórmula

de

estatus

que,

a

juicio

de

éstos,

resultó favorecida en los plebiscitos de 2012 y 2017.

Para llegar a la anterior conclusión, interpretan que

Báez Galib v. C.E.E, supra, condicionó la constitucionalidad

de aquella ley que incline la balanza a favor de alguna de las

alternativas de estatus, a que se tuviese la aprobación previa

de

los

puertorriqueños

y

puertorriqueñas.

Acto

seguido,

manifiestan que el pueblo puertorriqueño expresó su voluntad a

favor

de

la

Estadidad

en

dos

ocasiones

anteriores

a

los

MD-2020-0002

cons. con

MD-2020-0005

eventos

37

electorales

que

las

leyes

aquí

en

controversia

convocan, por lo que se cumple con el estándar requerido en

Báez Galib v. C.E.E, supra; soslayando con su actuación el

principio constitucional de neutralidad allí reafirmado.27

En ese sentido, la Opinión Mayoritaria sostiene que los

resultados de los plebiscitos de 2012 y 2017 reflejaron el

mandato inequívoco del Pueblo sobre la preferencia de éste en

cuanto al estatus político de Puerto Rico. Plebiscitos que,

como es sabido, no tuvieron efecto jurídico-político alguno,

lo que motivó al legislador a, nuevamente, radicar legislación

muy similar -- y con iguales defectos a los aquí discutidos -dirigida a atender el mismo asunto.

Esto, pues, en cuanto al plebiscito celebrado en el 2012,

las instrucciones contenidas en la papeleta requerían que -independientemente que en la primera pregunta se contestara

que se favorecía o no se favorecía el estatus territorial

actual

--

se

eligiera

algunas

de

las

opciones

de

estatus

contenidas en la segunda pregunta. No obstante, en ésta no se

En cuanto al requisito de neutralidad exigido por nuestra Constitución y

reafirmado en Báez Galib v. C.E.E., supra, curiosamente, la Opinión

Mayoritaria se contradice en más de una ocasión -- nuevamente, a su

conveniencia -- en cuanto a la aplicabilidad o no del mismo. En la página

4 sostienen que no se puede invocar el principio de neutralidad para

frustrar la voluntad de los puertorriqueños, lo cual a su entender no

existía

cuando

esta

Curia

resolvió

dicho

caso.

No

obstante,

posteriormente, citan con aprobación Suárez Cáceres v. Com. Estatal de

Elecciones, 176 DPR 31 (2009), a los fines de expresar que “[e]s

particularmente

nocivo

y

contrario

al

mandato

constitucional

de

neutralidad inyectar un elemento totalmente subjetivo y especulativo en la

adjudicación de los votos”. Íd. en la pág. 91.

27

Por su parte, en la pág. 40 se expresa que “[n]o se puede invocar el

principio de neutralidad ni tampoco invocar una alegada desigualdad para

fosilizar la voluntad del pueblo”. Empero, más adelante, sostienen su

postura en cuanto a la inexistencia del axioma constitucional de igualdad

electoral, y aducen que “[l]o correcto es referirnos al principio de

neutralidad, ya que, según explicamos, la Constitución no favorece ninguna

fórmula específica de estatus”. Véase, pág. 49 de la Opinión Mayoritaria.

MD-2020-0002

cons. con

MD-2020-0005

incluyó

una

38

opción

para

expresar

la

preferencia

de

los

electores por el Estado Libre Asociado.28 Lo anterior tuvo el

efecto

de

reflejar

un

resultado

ilusorio

a

favor

de

la

Estadidad que realmente no representó el sentir mayoritario de

las puertorriqueñas y los puertorriqueños que salieron a votar

en las urnas.

Mientras, en lo relacionado al plebiscito del 2017, es

harto conocido que solo el 23% de los electores hábiles en

Puerto

Rico

participaron

en

el

mismo;

es

decir,

aproximadamente 518,000 de 2.3 millones de electores. Ello,

precisamente, debido a que la manera en que se formuló la

papeleta excluyó la participación de amplios sectores de la

población y no permitió el aval del Gobierno Federal.29

A la luz de todo lo anterior, nos vemos en la obligación

de reiterar nuestras expresiones previas en Asoc. de Maestros

v. Dpto de Educación, supra, a los efectos de que “[n]os

resulta altamente preocupante la regularidad con la que una

mayoría de este Tribunal, en tiempos recientes, ha optado por

obviar el valor que tiene el precedente en todo ordenamiento

jurídico. Máxime, cuando se hace para validar el uso de fondos

Además, existe controversia respecto a de qué manera, si alguna, se

consideraron las 498,604 papeletas en las cuales se dejó en blanco la

segunda pregunta sobre las distintas opciones de estatus. Así pues, no

podemos perder de perspectiva que dichas papeletas inciden en el

porcentaje de aquellos electores que favorecieron la Estadidad en el año

2012 y, consecuentemente, cuan representativos son dichos resultados.

Véase, Congressional Research Service, Puerto Rico’s Political Status and

the

2012

Plebiscite:

Background

and

Key

Questions,

https://fas.org/sgp/crs/row/R42765.pdf (última visita 3 de octubre de

2020).

28

Véase, Congressional Research Service, Political Status of Puerto Rico:

Brief

Background

and

Recent

Developments

for

Congress,

https://fas.org/sgp/crs/row/R44721.pdf (última visita 3 de octubre de

2020).

29

MD-2020-0002

cons. con

MD-2020-0005

39

públicos para fines privados”. Íd. en la pág. 1111. En esa

instancia, la preocupación es doble y nuestra conciencia nos

impide avalar tal proceder.

Y

es

que

las

leyes

aquí

en

beneficiar,

injustificadamente,

al

poder,

permitirle

fondos

al

utilizar

controversia

partido

político

públicos

buscan

en

para

el

fines

privados; entiéndase, para adelantar sus posturas en cuanto al

estatus político y la relación de Puerto Rico con los Estados

Unidos.

Dicho

proceder,

a

todas

luces,

es

contrario

a

lo

dispuesto en la Constitución del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, en la Constitución de Estados Unidos y en su

respectiva jurisprudencia interpretativa.

Como si lo anterior no fuera suficiente, la conclusión

que hoy adopta esta Curia es un nuevo episodio del constante

atropello al derecho constitucional de los electores a ejercer

su derecho al voto libre de coacción por parte del Estado, y

en igualdad de condiciones, pues, en esta ocasión, se les

impide

promover

sus

propias

posturas

e

ideologías

en

lo

referente al estatus del País, como lo pueden ser el Estado

Libre Asociado o la Independencia. Éstas, sin lugar a dudas,

no están contempladas en un plebiscito Estadidad, “Sí o No”.

Recordemos que todos los eventos electorales deben tener

como elemento común el “convocar al pueblo para que mediante

el

ejercicio

del

voto

se

expresen

sobre

un

tema

trascendental”. Burgos Andújar v. Com. Estatal de Elecciones,

supra, pág. 993 (Cólon Pérez, opinión disidente). No podemos

ser

selectivos

en

cuanto

al

sector

del

electorado

que

MD-2020-0002

cons. con

MD-2020-0005

40

decidamos convocar a la hora de celebrar eventos electorales

de trascendental importancia, tal cual lo es un plebiscito

sobre el estatus político futuro de nuestro País.

Convocar

a

un

solo

sector

de

la

población

que

se

identifica con una sola de las varias opciones de estatus

político que se reconocen -- en esta ocasión, la Estadidad --,

a todas luces, socava los pilares de la democracia sobre los

cuales se erigió nuestra Constitución. ¿A dónde fue a parar la

máxima constitucional de que el poder político del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico emana del Pueblo y se ejercerá

con

arreglo

a

su

voluntad

y

dentro

de

los

términos

del

convenio acordado entre nuestro Pueblo y los Estados Unidos de

América? CONST. ELA art. I, § 1, LPRA, Tomo 1.

En fin, como últimos intérpretes de la Constitución del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es nuestra función velar

por el fiel cumplimiento de la misma y, en cuanto al derecho

al sufragio se refiere, procurar que los procesos electorales

que se celebren en nuestra jurisdicción garanticen la igualdad

de condiciones tanto de los electores como de los partidos

políticos que en las mismas participen.

Mediante esta Opinión

Disidente, quien suscribe entiende cumplió con su deber.

IX.

Es,

pues,

por

los

fundamentos

antes

expuestos,

que

enérgicamente disentimos del lamentable proceder de la Mayoría

de este Tribunal en el día de hoy.

Ángel Colón Pérez

Juez Asociado