Tribunal Supremo de Puerto Rico
Orlando José Aponte Rosario; et als. v. Presidente Comisión Estatal de Elecciones; Estado Libre Asociado de Puerto Rico
2020 TSPR 119
Poder Judicial de Puerto Rico
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Orlando José Aponte Rosario; et als. v. Presidente Comisión Estatal de Elecciones; Estado Libre Asociado de Puerto Rico
MD-2020-02 Cons. MD-2020-05
Derecho Constitucional: No se puede aprobar legislación que altere sustancialmente la relación política de Puerto Rico con Estados Unidos sin que previamente haya obtenido la aprobación de los puertorriqueños a ese curso de acción. La Asamblea Legislativa tiene la facultad de escoger mecanismos legítimos para adelantar su objetivo y registrar la expresión del pueblo; la sabiduría o conveniencia de esa determinación legislativa es una cuestión política no justiciable. Por lo tanto, conforme al mandato del pueblo, en los plebiscitos de 2012 y 2017, el Subcapítulo VII-B de la Ley Núm. 58 de 20 de junio de 2020, conocida como Código Electoral de Puerto Rico de 2020 y la Ley Núm. 51 del 16 de mayo de 2020, conocida como la Ley para la Definición Final del Estatus Político de Puerto Rico tienen un fin público conforme al Sec. 9 del Art. VI de la Constitución de Puerto Rico. · 5 octubre 2020
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Orlando José Aponte Rosario; Hon.
Rafael Hernández Montañez; Hon. José
Varela Fernández; Hon. Ángel R. Matos
García; Hon. Carlos A. Bianchi Angleró;
Hon. Jesús Manuel Ortiz; Hon. Ramón
Luis Cruz Burgos; Carlos Rodolfo Colón
Rosario; Leslie Ramos Rodríguez
Peticionarios
v.
Presidente Comisión Estatal de
Elecciones; Estado Libre Asociado
de Puerto Rico
2020 TSPR 119
Recurridos
____________________________
Hon. Luis Ricardo Vega Ramos en su
carácter personal y como representante
a la Cámara de Representantes del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Peticionario
v.
Presidente Comisión Estatal de
Elecciones; Estado Libre Asociado de
Puerto Rico
Recurridos
Número del Caso:
Fecha:
MD-2020-2
cons. con
MD-2020-5
5 de octubre de 2020
Abogados de la parte peticionaria:
Lcdo. Lucas Córdova Ayuso
Lcdo. Alberto C. Rivera Ramos
Lcdo. Orlando José Aponte Rosario
Abogado de la parte recurrida:
Lcdo. Félix R. Passalaqua Rivera
Abogado del Hon. Luis Vega Ramos:
Lcdo. Ricardo Arrillaga Armendáriz
205 DPR _____
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
2
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Isaías Sánchez Báez
Procurador General
Lcdo. Pedro A. Vázquez Montijo
Subprocurador General
Lcdo. Carlos Lugo Fiol
Abogados de los Amicus Curiae:
Lcdo. Eudaldo Báez Galib
Lcdo. Gregorio Igartua De la Rosa
Lcdo. Eliezer Aldarondo Ortiz
Lcda. Rosa Campos Silva
Lcdo. Eliezer Aldarondo López
Lcdo. Carlos J. Sagardía Abreu
Lcdo. Antonio A. Hernández Almodóvar
Lcda. Veronica Ferraiuoli Hornedo
Materia: Derecho Constitucional - No se puede aprobar legislación que
altere sustancialmente la relación política de Puerto Rico con Estados
Unidos sin que previamente haya obtenido la aprobación de los
puertorriqueños a ese curso de acción. La Asamblea Legislativa tiene
la facultad de escoger mecanismos legítimos para adelantar su objetivo
y registrar la expresión del pueblo; la sabiduría o conveniencia de
esa determinación legislativa es una cuestión política no justiciable.
Por lo tanto, conforme al mandato del pueblo, en los plebiscitos de
2012 y 2017, el Subcapítulo VII-B de la Ley Núm. 58 de 20 de junio de
2020, conocida como Código Electoral de Puerto Rico de 2020 y la Ley
Núm. 51 del 16 de mayo de 2020, conocida como la Ley para la
Definición Final del Estatus Político de Puerto Rico tienen un fin
público conforme al Sec. 9 del Art. VI de la Constitución de Puerto
Rico.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Orlando José Aponte Rosario;
Hon.
Rafael
Hernández
Montañez; Hon. José Varela
Fernández; Hon. Ángel R.
Matos García; Hon. Carlos A.
Bianchi Angleró; Hon. Jesús
Manuel Ortiz; Hon. Ramón
Luis Cruz Burgos; Carlos
Rodolfo
Colón
Rosario;
Leslie Ramos Rodríguez
Peticionarios
v.
MD-2020-002
Presidente Comisión Estatal
de Elecciones; Estado Libre
Asociado de Puerto Rico
cons. con
MD-2020-005
Recurridos
____________________________
Hon. Luis Ricardo Vega Ramos
en su carácter personal y
como
representante
a
la
Cámara de Representantes del
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico
Peticionario
v.
Presidente Comisión Estatal
de Elecciones; Estado Libre
Asociado de Puerto Rico
Recurridos
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor
MARTÍNEZ TORRES.
En San Juan, Puerto Rico, a 5 de octubre de 2020.
Veinte años después de nuestra decisión en Báez Galib
y otros v. C.E.E. II, 152 DPR 382, 393 (2000) (Báez Galib
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
2
II), nos corresponde determinar si, según los criterios
esbozados
en
esa
Subcapítulo
Opinión,
VIII-B
constitucionales.
disposiciones
resolvemos
de
que
de
la
Ley
Núm.
51-2020
Ley
Núm.
58-2020
son
evaluar
ambas
leyes
y
las
Puerto
Rico,
la
Luego
de
la
Constitución
de
las
leyes
controversia
en
y
el
son
constitucionales.
Hoy resolvemos lo siguiente:
•
Reafirmamos nuestro precedente en Báez Galib II, y, por
lo tanto, tenemos jurisdicción original para atender el
recurso
de
mandamus
sobre
la
constitucionalidad
del
Subcapítulo VIII-B de la Ley Núm. 58-2020, que trata
sobre el voto presidencial. Por su parte, la Ley Núm.
51-2020 confiere jurisdicción y competencia original a
este Tribunal para atender cualquier impugnación a esa
ley.
•
El pleito está maduro para su adjudicación ya que se
trata de dos eventos concretamente definidos, con fecha
cierta
y
promulgados
válidamente
por
la
Asamblea
Legislativa.
•
Estos
casos
consolidados
presentan
interrogantes
constitucionales sobre el fin público de dos eventos
electorales
promulgados
por
la
Asamblea
Legislativa,
ante el mandato que dio el pueblo puertorriqueño.
•
El pueblo de Puerto Rico ostenta el poder de expresarse
para ejercer su derecho a la autodeterminación.
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
•
3
A través de la aprobación de la Ley Núm. 51-2020 y el
Subcapítulo VIII-B de la Ley Núm. 58-2020, se hace valer
la
expresión
sobre
la
autodeterminación
de
los
puertorriqueños.
•
La
elección
de
noviembre
de
2020
para
solicitar
la
admisión de Puerto Rico como estado de la Unión, es
consecuencia directa del mandato electoral que el pueblo
dio en los plebiscitos de 2012 y 2017. En el primero, el
pueblo
votó
en
contra
de
continuar
con
la
condición
actual de territorio. La participación electoral en esa
votación fue de 78% del electorado hábil, mayor a la que
aprobó en 1952 la Constitución del Estado Libre Asociado
con un 58% de los electores inscritos. En una segunda
pregunta, los electores expresaron su preferencia por la
estadidad.
En
el
segundo
plebiscito
en
2017,
aunque
participaron menos electores, la estadidad volvió a ser
la fórmula ganadora.
•
El
resultado
expresamente
a
de
la
consulta
la
Asamblea
de
Legislativa
2017
requirió
establecer
un
proceso dirigido a adelantar la admisión de Puerto Rico
como
estado
de
la
Unión
y,
expresamente,
a
aprobar
legislación para una elección local por el Presidente y
Vicepresidente de Estados Unidos.
•
Los
estados
se
crean
por
sí
mismos,
utilizando
los
mecanismos que entiendan convenientes. No los crea el
Congreso.
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
•
4
Históricamente se ha demostrado que no hay un proceso
único o uniforme para la admisión como estado. Tampoco
depende de una sola votación ni hace falta vinculación
previa del Congreso.
•
Como
establecimos
en
P.I.P.
v.
C.E.E.,
infra,
y
reafirmamos en Báez Galib II, la Constitución es neutral
en materia de estatus político y no cierra la puerta a
la autodeterminación del pueblo de Puerto Rico.
•
El
plebiscito
de
discriminatorio.
3
de
Todo
noviembre
elector
de
2020
puede
no
es
expresarse
libremente. Los que favorecen la estadidad para Puerto
Rico pueden votar “sí” y los que no la favorecen pueden
votar
“no”.
neutral
o
Quienes
que
es
afirman
que
el
discriminatorio
plebiscito
pasan
por
no
es
alto
el
efecto legal de las consultas de 2012 y 2017. Allí, los
electores dieron un mandato a la Asamblea Legislativa
para implementar el resultado de aquellas votaciones. La
decisión legislativa de cómo poner en vigor ese mandato
electoral
merece
deferencia.
No
se
puede
invocar
el
principio de neutralidad para frustrar la voluntad del
pueblo. Eso diferencia estos casos consolidados de la
situación que existía en 2000, cuando decidimos
Báez
Galib II. Entonces no había un mandato del pueblo; hoy
sí lo hay.
•
Lo que sí es discriminatorio y no es neutral es tomar al
voto por una alternativa y sumarle el número de los
electores que no votaron. Eso altera la expresión en las
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
urnas
e
5
invariablemente
concede
una
ventaja
a
la
condición política existente, pues diluye la expresión
por
las
alternativas
de
cambio.
Esa
teoría
hace
la
decisión de no votar equivalente a la de votar por una
alternativa
específica.
voluntad
de
quien
rechazado
esa
Eso
decidió
sería
contrario
no
votar.
Por
interpretación.
Suárez
Cáceres
a
eso,
la
hemos
v.
Com.
Estatal Elecciones, infra.
•
Eso
demuestra
que
tanto
consecuencias.
Los
que
votar
como
votaron
no
en
votar
2012
tiene
y
2017
establecieron un mandato al gobierno, al expresar su
voluntad.
Esa
expresión
definición,
un
fin
votaron,
optaron
popular
público.
por
En
delegar
constituye,
cambio,
la
los
por
que
no
a
los
que
los
decisión
ciudadanos que sí emitieron un voto en las urnas.
•
La
Asamblea
Legislativa
obedeció
el
mandato
electores emitieron en los plebiscitos de 2012 y 2017.
Allí se llevó a cabo un proceso de autodeterminación y
la fórmula de estadidad obtuvo la mayoría de los votos
emitidos.
•
Existe un fin público en la legislación aprobada por
mandato de los electores de Puerto Rico, para ejercer su
derecho de autodeterminación.
•
El fin público de la Ley Núm. 58-2020 surge no solo de
las aspiraciones que el pueblo de Puerto Rico expresó en
el
Preámbulo
de
la
Constitución
del
Estado
Libre
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
6
Asociado, sino más recientemente, del mandato electoral
dado en el plebiscito de 2017.
•
Debemos ser deferentes con las actuaciones de las otras
ramas de gobierno, siempre que estén enmarcadas dentro
del
esquema
constitucional
y
aunque
como
magistrados
discrepemos personalmente de su bondad o sabiduría.
Exponemos a continuación los fundamentos de Derecho
para llegar a estas conclusiones.
I
El señor Orlando José Aponte Rosario, el señor Carlos
Rodolfo Colón Rosario, la señora Leslie Ramos Rodríguez y
varios Representantes del Partido Popular Democrático (en
adelante,
“peticionarios”)
presentaron
una
solicitud
de
mandamus, en jurisdicción original del Tribunal Supremo,
en
el
caso
Comisión
MD-2020-0002,
Estatal
de
contra
Elecciones
el
(CEE).
Presidente
En
de
la
síntesis,
los
peticionarios alegan que el cumplimiento del Subcapítulo
VII-B de la Ley Núm. 58 de 20 de junio de 2020, conocida
como Código Electoral de Puerto Rico de 2020 (Ley Núm. 582020), y la Ley Núm. 51 del 16 de mayo de 2020, conocida
como la “Ley para la Definición Final del Estatus Político
de
Puerto
Rico”
(Ley
Núm.
51-2020),
infringe
un
deber
ministerial de mayor jerarquía: el impuesto por la Sec. 9
del
Art.
VI
de
requiere
a
todo
utilizar
fondos
la
Constitución
funcionario
públicos
de
público
para
fines
Puerto
la
Rico,
que
obligación
de
públicos.
Por
lo
tanto, sostienen que la CEE y sus funcionarios tienen el
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
deber
ministerial
de
7
abstenerse
de
utilizar
recursos
públicos para un propósito que se aparte de la finalidad
pública que la Constitución exige.
Los
peticionarios
alegan
que
las
leyes
pretenden
“implementar ficticiamente un derecho legal inexistente y
perseguir
el
objetivo
de
alterar
la
relación
de
poder
entre Puerto Rico y Estados Unidos, sin que el pueblo lo
haya autorizado” y, por tanto, violentan el Art. II, Sec.
19 de la Constitución de Puerto Rico, LPRA, Tomo 1. De
igual forma, alegan que las referidas leyes, “al perseguir
objetivos
constitucionalmente
ilegítimos,
al
asignar
fondos públicos y autorizar el uso de recursos públicos,
viola la Sec. 9 del Art. VI de nuestra Constitución”.
Según
los
peticionarios,
“solo
persiguen
adelantar
la
causa de la estadidad, por lo que viola el principio de
igualdad económica electoral inmerso en la Sec. 9 del Art.
VI
de
la
Constitución
de
Puerto
Rico”.
Solicitud
de
mandamus, MD-2020-0002, pág. 14.
Como
fundamento,
los
peticionarios
adoptaron
las
expresiones de la Carta que la Oficina del Secretario de
Justicia de Estados Unidos le envió al Presidente de la
CEE, en la cual se indicó la posición de la Rama Ejecutiva
federal con relación a la solicitud de fondos que se hizo
al amparo de la Ley Núm. 51-2020. La solicitud se amparó
en la asignación congresional de $2.5 millones para “la
educación objetiva y no partidista de los votantes sobre
las opciones que resolverían el futuro estatus político de
Puerto Rico” (traducida así en la Exposición de Motivos de
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
8
la Ley Núm. 51-2020). Consolidated Appropriations Act of
2014,
Pub.
L.
No.
113-76,
128
Stat.
5,
61
(2014)
(“$2,500,000 is for objective, nonpartisan voter education
about, and a plebiscite on, options that would resolve
Puerto
Rico's
future
political
provided
to
the
State
Rico”.).
En
particular,
status,
Elections
los
which
shall
Commission
peticionarios
of
be
Puerto
argumentan
-
amparados en la carta de la Oficina del Secretario de
Justicia-
que
conflictiva
Estados
“[l]a
con
Unidos
el
de
papeleta
juicio
que
el
de
Estadidad
Sí
o
No,
es
política
pública
de
los
pueblo
de
Puerto
Rico
no
ha
rechazado definitivamente el Estado Libre Asociado (ELA)”.
Íd. pág. 8. De igual manera, alegan que la Ley Núm. 512020 promueve una sola fórmula de estatus político (la
estadidad).
Argumentan
que
esto
riñe
con
la
política
pública del gobierno federal de mantener una neutralidad
sobre el tema del estatus político de Puerto Rico para que
sean, precisamente, los puertorriqueños quienes determinen
su preferencia entre las opciones de estatus político de
la
Isla
que
no
sean
incompatibles
con
la
Constitución
federal. Íd.
Ante la cercanía de la consulta electoral, acogimos el
recurso y ordenamos que en un término improrrogable de
diez (10) días los peticionarios presentaran sus alegatos,
y
transcurrido
ese
término,
concedimos
diez
(10)
días
adicionales para que la parte recurrida y cualquier parte
interesada presentara sus alegatos. Antes de que vencieran
estos
términos,
el
Representante
del
Partido
Popular
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
9
Democrático, Hon. Luis Vega Ramos, presentó una segunda
Solicitud de mandamus y sentencia declaratoria (MD-20200005). En síntesis, planteó los mismos argumentos que los
peticionarios en el caso MD-2020-0002. En vista de ello
decidimos consolidar los recursos.
Por su parte, el Presidente de la CEE presentó su
alegato. Señaló que los peticionarios pretenden impugnar
la legalidad de un trámite programado para 2024 y que, al
presente, no está en controversia su aplicación. Además,
adujo que la presente controversia trata de un asunto que
se diferencia completamente de lo resuelto en Báez Galib
II, pues en ese caso no se prohibió el voto presidencial,
sino que se condicionó a la existencia de un fin público.
Asimismo, indicó que Báez Galib II estableció que no era
válida una votación que solo promoviera la opción de la
estadidad, pues en aquel momento, el pueblo de Puerto Rico
no
había
autorizado
esa
alternativa
de
estatus
y,
por
tanto, esta no podía favorecerse.
Además,
representado
compareció
por
la
el
Gobierno
Oficina
del
de
Puerto
Procurador
Rico,
General.
Sostuvo que la Ley Núm. 51-2020 persigue un fin público y
es
neutral
porque
discriminatorio
que
establece
permite
al
un
pueblo
plebiscito
de
no
Puerto
Rico
expresarse sobre la relación política entre Puerto Rico y
los
Estados
Unidos.
Planteó
que
esta
ley
provee
igual
oportunidad a todas las personas hábiles para votar en
Puerto Rico de expresar su acuerdo o desacuerdo con la
alternativa
de
estadidad.
Añadió
que
la
decisión
de
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
10
celebrar un plebiscito "Estadidad Sí o No" debe ser objeto
de amplia deferencia ya que se trata de una actuación
razonable
de
política
pública
promulgada
por
las
ramas
políticas de gobierno. Además, sostuvo que la actuación
legislativa está respaldada por un mandato electoral, esto
es, los resultados de las consultas plebiscitarias de los
años 2012 y 2017.
En cuanto al Subcapítulo VII-B de la Ley Núm. 58-2020,
el Gobierno planteó que el voto presidencial que allí se
autoriza es un instrumento legítimo para hacer valer el
derecho de reparación de agravios por la “condición de
inferioridad
injustificable,
por
motivo
de
su
origen
nacional y el estatus de Puerto Rico como territorio no
incorporado”. Alegato del Gobierno de Puerto Rico, pág. 3.
Según
el
Gobierno,
“[e]l
que
pueda
o
no
tener
"consecuencia práctica" o efecto inmediato por parte del
gobierno
federal
apropiado
para
no
es
un
determinar
criterio
si
la
constitucionalmente
elección
presidencial
tiene un fin público”. Íd.
También comparecieron el Lcdo. Eudaldo Báez Galib, el
Lcdo. Gregorio Igartúa De la Rosa, el Senado de Puerto
Rico, el Partido Nuevo Progresista y la Hon. Jennifer A.
González Colón como amigos de la corte. Con el beneficio
de la comparecencia de las partes y de los amigos de la
corte, atendemos
los recursos consolidados
de epígrafe,
sin trámite ulterior, como nos autoriza la Regla 50 del
Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B.
II
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
Como
asunto
jurisdicción
de
original
11
umbral,
de
este
debemos
Tribunal
discutir
para
atender
la
la
impugnación de la consulta de estatus pautada por la Ley
Núm. 51-2020 y la elección presidencial dispuesta en el
Subcapítulo VII-B de la Ley Núm. 58-2020.
La Sec. 5 del Art. V de la Constitución de Puerto
Rico, Tomo 1 LPRA, dispone que “[e]l Tribunal Supremo,
cada una de sus salas, así como cualquiera de sus jueces,
podrán conocer en primera instancia de recursos de hábeas
corpus
y
de
aquellos
otros
recursos
y
causas
que
se
determinen por ley” (Énfasis suplido). Por su parte, el
Art. 8.3(a) de la Ley Núm. 51-2020 establece:
Toda
controversia,
demanda,
litigio
o
impugnación relacionada con esta Ley que sea
ventilada en un tribunal de justicia, se
tramitará y considerará bajos los términos y las
condiciones dispuestas en el Código Electoral de
Puerto
Rico.
Cuando
alguna
impugnación,
controversia
o
acción
legal
plantee
directamente, o conlleve en alguna de sus
consecuencias, la paralización de los procesos
conducentes a la celebración del plebiscito en
la fecha y horario dispuestos por esta Ley, será
considerada y resuelta directamente por el
Tribunal Supremo de Puerto Rico.
Adviértase que la Ley Núm. 51-2020, supra, establece
que
el
Tribunal
Supremo
tiene
la
jurisdicción
y
competencia exclusiva para atender cualquier recurso como
este, en el que se solicita que el referéndum de estatus
no se celebre. Se trata de un mecanismo especial creado
por ley, análogo al de sentencia declaratoria de la Regla
59.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, pero para que
sea este Foro
-y no el Tribunal de Primera Instancia-
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
12
quien lo atienda y adjudique lo que corresponda. En otras
palabras, somos el único tribunal en el sistema local de
justicia que puede atender la impugnación a la Ley Núm.
51-2020 y, por eso, nos toca resolver y emitir mediante
Sentencia lo que proceda, en los méritos.1
Por otra parte, al considerar la impugnación de la Ley
Núm. 58-2020, puntualizamos que la Ley de la Judicatura
reconoce
la
jurisdicción
de
este
Foro
para
atender
en
primera instancia un recurso de mandamus. Art. 3.002 de la
Ley Núm. 201-2003, según enmendada, conocida como la Ley
de la Judicatura de 2003, 4 LPRA sec. 24s.
Además,
el
Art.
649
del
Código
de
Enjuiciamiento
Civil, 32 LPRA sec. 3421, establece:
El auto de mandamus es un auto altamente
privilegiado dictado por el Tribunal Supremo del
Estado Libre Asociado, o por el Tribunal de
Primera Instancia de Puerto Rico … dirigido a
alguna persona o personas naturales, a una
corporación o a un tribunal judicial de inferior
categoría
dentro
de
su
jurisdicción
requiriéndoles para el cumplimiento de algún
acto que en dicho auto se exprese y que esté
dentro de sus atribuciones o deberes. Dicho auto
no confiere nueva autoridad y la parte a quien
obliga deberá tener la facultad de poder
cumplirlo.
Así pues, el mandamus es el recurso para requerirle a
un funcionario el cumplimiento de un acto que la ley le
En Vamos, Concertación Ciudadana, Inc. v. Commonwealth of Puerto
Rico, Civil No. 20-1426(FAB), el Tribunal de Estados Unidos para el
Distrito de Puerto Rico declaró inconstitucional la aplicación de esta
sección de la Ley Núm. 51-2020 para impedir la presentación de
demandas de interdicto en ese tribunal, por violación de derechos
civiles. Opinion and Order, 24 de septiembre de 2020. Eso en nada
altera la asignación de jurisdicción y competencia original que la ley
hace a este Tribunal, para litigios locales relacionados con ese
estatuto.
1
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
ordena,
cuando
ese
deber
13
no
admite
discreción
en
su
ejercicio. Por lo tanto, el requisito primordial es que se
trate de un deber ministerial impuesto por ley. Además, el
mandamus solo debe expedirse cuando el peticionario carece
de “un recurso adecuado y eficaz en el curso ordinario de
la ley”. Art. 651 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32
LPRA sec. 3423.
Los peticionarios sostienen que tenemos jurisdicción
original para atender el recurso y ordenar a la CEE que
cumpla con su deber ministerial, impuesto por la Sec. 9
del
Art.
VI
de
la
Constitución
de
Puerto
Rico.
Este
requiere a todo funcionario público que utilice los fondos
públicos solamente para fines públicos. Al respecto, en
Báez Galib II, supra, pág. 393, resolvimos que “el recurso
de mandamus permite exigir que un funcionario no acate o
cumpla con una ley o actuación gubernamental cuando su
cumplimiento quebranta un deber ministerial de
superior
jerarquía, como lo sería un deber ministerial impuesto por
la
Constitución
expresamos
que,
del
Estado
Libre
el
Presidente
Asociado”.
de
la
funcionarios, como funcionarios públicos
adherirse
a
lo
que
se
dispone
en
Además,
CEE
y
sus
que tienen que
nuestras
leyes
y
Constitución, están sujetos al auto de mandamus. Íd., pág.
392.
No cabe duda de que el Presidente de la CEE tiene el
deber
ministerial
de
actuar
conforme
a
derecho.
Véase,
Art. 3.2 de la Ley Núm. 58-2020. El Art. 3.8 de esa ley
reconoce
que
el
Presidente
de
la
CEE
es
la
máxima
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
14
autoridad ejecutiva y administrativa de la Comisión y que
es responsable de los procesos y los eventos electorales.
Asimismo, el Art. 8.3.b establece que “corresponderá al
Presidente de la Comisión tomar las medidas necesarias, y
con
la
mayor
rapidez,
para
garantizar
el
cumplimiento
cabal de esta Ley”. Por lo tanto, según el precedente de
Báez Galib II, se justifica expedir un auto de mandamus si
la parte peticionaria demuestra que las actuaciones de un
funcionario
infringen
alguna
disposición
de
la
Constitución.
En vista de todo lo anterior, por disposición expresa
de la Ley Núm. 51-2020, por un lado y por otro, en cuanto
a la Ley Núm. 58-2020, ateniéndonos al precedente de Báez
Galib
II,
resolvemos
que
tenemos
jurisdicción
original
para atender los casos ante nos. Con esto presente, nos
toca
evaluar
amparo
de
la
la
resolvemos
por
constitucionalidad
Constitución
de
fundamentos
de
ambas
leyes
Puerto
Rico.
Es
locales
al
decir,
independientes
al
derecho constitucional federal.
III
Nos
corresponde
atender
los
señalamientos
de
los
peticionarios sobre la inconstitucionalidad de la Ley Núm.
51-2020. Estos son: (1) la celebración de la consulta que
ordena la Ley Núm. 51-2020 depende de que se desembolsen
fondos federales, lo que se negó por virtud de la Carta de
la
Oficina
del
Secretario
de
Justicia
federal,
(2)
la
Asamblea Legislativa pretende alterar la relación entre
Puerto Rico y Estados Unidos sin la aprobación del pueblo,
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
15
(3) la Ley Núm. 51-2020 viola la Sección 9 del Artículo 6
de la Constitución de Puerto Rico, ya que carece de un fin
público y, (4) la Ley Núm. 51-2020 violenta el principio
de igualdad electoral.
A. Ley Núm. 51-2020
El 16 de mayo de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico,
Hon. Wanda Vázquez Garced, firmó la Ley Núm. 51-2020, que
dispone la celebración de una consulta de estatus político
el próximo 3 de noviembre de 2020, día de las elecciones
generales en la Isla. Conforme a la Exposición de Motivos
de la precitada ley, esta fue aprobada para
disponer las reglas para la celebración de un
plebiscito el 3 de noviembre de 2020 que
solucione el centenario problema de Puerto Rico
como territorio de Estados Unidos de América;
garantizar a los ciudadanos americanos de Puerto
Rico
el
ejercicio
de
su
derecho
a
la
autodeterminación y su derecho a requerir del
Gobierno federal la reparación de agravios”
disponer
las
condiciones
para
que
este
plebiscito se realice conforme a la Ley Pública
113-76 de 2014 y los informes congresionales
relacionados H.R. Report 113-171 y H.R. Report
116-101; asignar fondos; y para otros fines
relacionados. Véase Exposición de Motivos de la
Ley para la Definición Final del Estatus
Político de Puerto Rico, Ley Núm. 51-2020, pág.
1.
Por su parte, el Art. 1.3(d) de la Ley Núm. 51-2020,
establece como Declaración de Política Pública que “[las]
expresiones
en
vigentes
nunca
y
ambos
han
plebiscitos
sido
son
revocadas
recientes,
están
electoralmente.
El
reclamo de igualdad de deberes y derechos como ciudadanos
americanos con la estadidad, por lo tanto, constituye un
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
mandato
electoral
del
16
pueblo
soberano
y
conforma
la
política pública vigente en Puerto Rico”.
El inciso (e) añade:
[A] partir del rechazo electoral en el reciente
Plebiscito de 2012 a la actual condición
territorial, los ciudadanos americanos de Puerto
Rico padecen las desigualdades y las desventajas
de esa condición a pesar de su rechazo y
autodeterminación. Ese agravio contradice los
valores de democracia e igualdad de nuestra
Nación; agravio inaceptable que exige la más
pronta reparación. Art. 1.3(e) Ley Núm. 51-2020.
La declaración de política pública concluye con el
inciso (i), que establece que “el propósito del plebiscito
aquí
dispuesto
electoral
es
ratificar
expresada
por
la
y
hacer
mayoría
valer
de
los
la
voluntad
ciudadanos
americanos de Puerto Rico en los recientes Plebiscitos de
2012 y 2017”. Art. 1.3(i) Ley Núm. 51-2020. Así, conforme
al texto de la ley, el electorado puertorriqueño tendrá la
oportunidad de contestar con un “Sí” o un “No” si desea
que
Puerto
Rico
se
convierta
en
un
estado
de
Estados
Unidos de América. Art. 4.1 de la Ley Núm. 51-2020.
Además,
la
ley
reconoce
favorecida
la
proceso
transición.
de
alternativa
A
que
del
estos
en
“Sí”,
caso
deberá
efectos,
la
de
resultar
comenzar
un
legislación
establece lo siguiente:
El proceso de transición será liderado por
la Gobernadora y la Comisionada Residente de
Puerto Rico, quienes serán quienes representen a
la isla en cualquier asunto o negociación
relacionado a un “Plan de Transición”. No más
tarde de los treinta (30) días a partir de la
certificación de los resultados del plebiscito,
la Gobernadora y la Comisionada Residente, con
el consejo de la Comisión de la Igualdad,
redactarán el Plan de Transición, debidamente
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
17
calendarizado para hacer valer la expresión
democrática y mayoritaria de autodeterminación
del pueblo de Puerto Rico.
El Plan de
Transición será entregado a los líderes del
Congreso de ambos partidos políticos nacionales
y al Presidente de Estados Unidos con el
propósito
de
establecer
los
procesos
de
transición con la urgencia que reclaman los
ciudadanos de Puerto Rico.
La Comisionada Residente de Puerto Rico en
Washington,
DC,
presentará
la
legislación
federal
correspondiente
y
la
Comisión
de
Igualdad abogará por su aprobación en el
Congreso. Art. 4.3 de la Ley Núm. 51-2020.
Como vemos, la propia ley reconoce que el hecho de
que el “Sí” prevalezca no quiere decir que automáticamente
se vaya a admitir a Puerto Rico como estado de la Unión.
Lo que dispone la ley es un mandato a los funcionarios
territoriales a que promulguen e impulsen un proceso de
transición en el Congreso Federal.
(i)
El
La celebración de la consulta de estatus político
no depende de la asignación de fondos federales.
Art.
8.1
de
la
Ley
Núm.
51-2020,
atiende
la
asignación de fondos para la celebración de este evento.
Este establece:
(a) La Gobernadora, el Director Ejecutivo de
la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el
Secretario de Hacienda y el Director Ejecutivo
de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia
Fiscal
de
Puerto
Rico,
tienen
el
deber
ministerial de priorizar, identificar y hacer
disponibles los recursos económicos estatales
aquí asignados para cumplir con todos los
propósitos de esta Ley y conforme al calendario
dispuesto en esta, haya o no disponibles
asignaciones federales para el plebiscito.
. . .
(c) Por virtud de la Sección 402 de la Ley
Pública 114-187 (2016), conocida como “Puerto
Rico
Oversight,
Management,
and
Economic
Stability
Act''
(PROMESA)”,
los
recursos
económicos
estatales
requeridos
para
el
cumplimiento de esta Ley quedan totalmente
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
18
excluidos de los alcances y las disposiciones de
esa Ley federal y de cualquier objeción de su
Junta de Supervisión Fiscal.
Como
vemos,
el
legislador
proveyó
mecanismos
para
salvaguardar y garantizar el derecho de los electores en
caso
de
que
no
se
desembolsaran
solicitados.
La
carta
de
la
los
Oficina
fondos
del
federales
Secretario
de
Justicia de los Estados Unidos solo tiene el efecto de no
autorizar
el
desembolso
de
fondos
federales
para
la
consulta y es totalmente inconsecuente para otro fin.
Asimismo, el Art. 8.5 de la Ley Núm. 51-2020 dispone:
En caso de surgir alguna omisión, desacuerdo
o incumplimiento relacionados con esta Ley o con
la implementación de la Ley Pública 113-76
(2014), quedan ordenados por esta Ley los
remedios y los recursos económicos propios del
Gobierno de Puerto Rico que sean necesarios para
así proteger los derechos de los ciudadanos
americanos de Puerto Rico a votar libre,
voluntaria
y
democráticamente
en
este
plebiscito, según los requiera el Presidente de
la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto
Rico.
La anterior, constituye una obligación
ministerial del Presidente de la Comisión. Art.
8.5 de la Ley Núm. 51-2020 (Énfasis suplido).
Es decir, la celebración del plebiscito solo depende
de la voluntad del territorio y no de la autorización
congresional. Esta se requiere solamente para utilizar los
$2.5 millones que el Congreso aprobó para “la educación
objetiva
y
opciones
que
Puerto
no
Rico”.
partidista
resolverían
el
Consolidated
de
los
votantes
sobre
las
futuro
estatus
político
de
Appropriations
Act
of
2014,
supra. Véanse, además, H.R. Report 113-171; H.R. Report
116-101.
(ii)
La Asamblea Legislativa actuó conforme al mandato
del pueblo en los plebiscitos de 2012 y 2017.
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
19
El 23 de julio de 1967 fue la primera ocasión en la
que
se
consultó
al
electorado
preferencia
de
estatus,
después
Constitución
en
1952.
Bayrón
F.
puertorriqueño
de
sobre
su
la
adopción
de
la
Toro,
Historia
de
las
elecciones y los partidos políticos de Puerto Rico (18092012), 8va ed. Rev., Publicaciones Gaviota, 2016, págs.
442-443. En aquella ocasión, la fórmula del Estado Libre
Asociado
prevaleció
con
un
60.4%
del
voto
emitido.
La
fórmula de la estadidad, por su parte, obtuvo un 39.00%,
mientras que la independencia obtuvo un 0.06% del respaldo
del
electorado.
Íd.
Este
plebiscito
contó
con
la
participación del 62% del electorado hábil. Íd.
Veinte seis (26) años después se volvió a consultar
al pueblo. En 1993, prevaleció la fórmula del Estado Libre
Asociado,
con
el
favor
del
48.6%
del
electorado.
La
estadidad creció con un 46.3% del respaldo del electorado
y la independencia obtuvo un 4.4%.
Íd.
En este evento
participó el 73.5% del electorado hábil. Íd.
Cinco años después, en 1998, el 50.3% del electorado
escogió
la
opción
de
"ninguna
de
las
anteriores"
que
aparecía en la papeleta. La estadidad mantuvo un 46.5% de
apoyo, la independencia obtuvo el favor de un 2.5% del
electorado,
la
libre
asociación
obtuvo
un
0.3%
de
los
votos y la opción de permanecer como territorio solo tuvo
el aval del 0.1% de los votantes. Íd. En este plebiscito
participó el 71.3% del electorado hábil. Íd.
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
Transcurridos
20
catorce
(14)
años
desde
la
última
consulta, el pueblo puertorriqueño contestó dos preguntas
en
noviembre
acuerdo
con
de
2012.
mantener
Primero
la
se
preguntó:
“¿Estás
de
condición
política
territorial
actual?” En esa ocasión, el 53.97% del electorado contestó
“No”. Por otra parte, un
contestaba
segunda
que
46.03% contestó que “Sí”. Si
no
a
la
primera
pregunta,
en
la
cual
pregunta
el
se
hacía
una
electorado
tenía
la
oportunidad de escoger entre tres opciones de estatus: (1)
la
estadidad,
(2)
un
llamado
estado
libre
asociado
soberano, o (3) la independencia. La estadidad obtuvo el
61.16% de los votos emitidos mientras que el denominado
estado
libre
asociado
soberano
y
la
independencia
obtuvieron un 33.34% y 5.49%, respectivamente.2 En este
plebiscito participó el 78.19% del electorado hábil. Íd.
Más recientemente, en 2017, el pueblo escogió por segunda
ocasión
la
estadidad,
con
un
97.18%
de
los
votos
depositados. La libre asociación o independencia obtuvo un
1.5%, y el territorio fue favorecido por tan solo un 1.32%
de
los
votos.
Participó
solamente
el
23.23%
de
los
electores hábiles.3
Comisión Estatal de Elecciones, Consulta sobre el estatus político
de
Puerto
Rico,
2012,
http://168.62.166.179/eg2012/REYDI_Escrutinio/index.html#es/default/CO
NDICION_POLITICA_TERRITORIAL_ACTUAL_ISLA.xml (última visita, 5 de
octubre de 2020).
2
Comisión Estatal de Elecciones, “Plebiscito para la descolonización
inmediata
de
Puerto
Rico:
Escrutinio”,
2017,
http://resultados2017.ceepur.org/Escrutinio_General_79/index.html#es/d
efault/CONSULTA_DE_ESTATUS_Resumen.xml (última visita, 5 de octubre de
2020).
3
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
Como
podemos
ver,
21
después
de
refrendar
al
Estado
Libre Asociado en dos ocasiones (por mayoría en 1967 y por
pluralidad en 1993), el pueblo rechazó en 2012 dar su aval
a la condición territorial actual y, en cambio, escogió la
estadidad como su fórmula preferida de estatus. Lo mismo
hizo
el
pueblo
en
2017,
cuando
reiteró
su
apoyo
a
la
fórmula de la estadidad. Tom C.W. Lin, Americans, Almost
and Forgotten, 107 Calif. L. Rev. 1249, 1289 (2019). En
cada una de las mencionadas consultas, el pueblo emitió un
mandato. Del mismo modo en que se respetó el mandato del
pueblo en 1967, 1993 y 1998, debemos respetar el mandato
de autodeterminación y voluntad de cambio que el pueblo
emitió
en
2012
y
2017.
No
podemos
ser
selectivos
al
aceptar la voluntad del pueblo.
Los peticionarios alegan que los resultados de las
consultas de 2012 y 2017 no constituyen un mandato del
pueblo a favor de la estadidad. Sostienen, en el caso de
la
consulta
de
escoger
entre
dejaron
515,115
2012,
las
que
en
fórmulas
papeletas
la
segunda
políticas
en
blanco.
de
pregunta
para
estatus,
Véase,
Sol.
se
de
mandamus, MD-2020-0002, pág. 7 (citando la comunicación de
la
Oficina
del
Secretario
de
Justicia
federal
al
Presidente de la CEE). Respecto a la consulta de 2017,
argumentan que como el ejecutivo federal no aprobó las
definiciones
de
cada
fórmula
de
estatus
y
porque
la
participación de electores en el último plebiscito fue más
baja
que
en
ocasiones
anteriores,
se
le
debe
restar
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
22
validez al resultado. Íd. Este argumento no tiene base que
lo sustente.
Los
peticionarios
pretenden
adjudicarles
un
significado o preferencia a las papeletas depositadas en
blanco. La Constitución de Puerto Rico señala expresamente
que “[l]as leyes garantizarán la expresión de la voluntad
del pueblo mediante el sufragio universal, igual, directo
y secreto, y protegerán al ciudadano contra toda coacción
en el ejercicio de la prerrogativa electoral”. Const. PR,
Art. II, Sec. 2, LPRA, Tomo I. En Suárez Cáceres v. Com.
Estatal Elecciones, 176 DPR 31 (2009), explicamos que el
derecho al voto “comprende no sólo la prerrogativa de un
ciudadano de votar por… las opciones de su predilección,
sino
el
papeleta
derecho
en
de
blanco
acudir
o
a
la
urna
y
depositar
la
dañarla,
si
ese
es
su
o
deseo
empeño”. Íd., págs. 70–71. Añadimos que la razonabilidad y
el sentido común nos obligan a concluir que “el elector
que
voluntariamente
daña
su
papeleta,
la
deposita
en
blanco o vota por algún personaje ficticio, tuvo la clara
intención de no favorecer ninguna opción o candidato de
los que se encontraban en la papeleta”. Íd., pág. 72. “No
obstante, tal voto [en blanco] de ninguna manera puede ser
contado para efectos de influir o afectar el resultado de
una elección, referéndum o plebiscito, entre otros eventos
electorales.”
(Énfasis
suplido).
Íd.,
págs.
73-74.
Aclaramos entonces que lo único que podríamos interpretar
con relación a ese elector es “lo que no quiere —esto es,
no favorecer lo que está en la papeleta— pero no tenemos
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
23
base alguna para interpretar lo que sí quiere, a no ser,
simplemente, ejercer su derecho a expresarse”. Íd., pág.
72. (Énfasis suplido).
La decisión de realizar una consulta es prerrogativa
de las ramas políticas del gobierno. Ante esa decisión, el
elector
tiene
la
opción
propuestas,
o
en
depositando
en
blanco
de
cambio,
su
votar
por
de
participar,
no
papeleta
o
las
alternativas
ya
sea
absteniéndose
de
votar. Puede que un elector no participe en una elección
porque
no
le
gustan
las
alternativas
propuestas.
Puede
ser, en cambio, que otro elector no crea que sea apropiado
expresarse
en
ese
momento,
por
las
circunstancias
imperantes o porque no tiene información suficiente para
decidirse.
Finalmente,
un
elector
puede
abstenerse
de
expresar su preferencia porque no tiene ninguna o por la
sencilla razón de que el tema no le interesa; le da lo
mismo cuál opción prevalezca. Ante tantas explicaciones
posibles,
no
podemos
atribuirle
a
todos
los
que
no
participaron la intención de llevar a cabo un acto de
protesta,
como
pretenden
los
peticionarios.
Lo
único
claro, entonces, es que no podemos adscribirle motivos.
Cualquier
interpretación
sería
especular
acerca
de
la
intención del elector.
“[E]s particularmente nocivo y contrario al mandato
constitucional
de
neutralidad
inyectar
un
elemento
totalmente subjetivo y especulativo en la adjudicación de
los
votos”.
supra,
pág.
Suárez
Cáceres
91.
(Martínez
v.
Com.
Estatal
Torres,
J.,
Elecciones,
Opinión
de
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
24
conformidad, a la cual se unieron Rivera Pérez, J. y Pabón
Charneco, J.). La adjudicación de las papeletas en blanco
como si fueran votos en contra de la fórmula ganadora
amplía de manera artificial el universo electoral y diluye
la proporción de votos válidos emitidos por las fórmulas
en contienda. Íd. Esto dificulta e impide que se verifique
en el escrutinio el mandato mayoritario y le concede una
ventaja
electoral
indebida
a
la
condición
territorial
actual, pues a los votos a favor en los plebiscitos de
2012 y 2017 le suma los votos en blanco como si fueran lo
mismo que un voto por el territorio. Es decir “la inercia
concedería ventaja solamente a la condición existente, que
prevalecería
vigente
al
engañoso
voluntad
mayoritaria
la
frustrarse
por
de
un
escrutinio
cambio”.
Íd.
Ese
favoritismo es contrario al principio de neutralidad de la
Constitución en materia de estatus político.
Por
lo
electoral,
tanto,
quienes
lo
justo
finalmente
es
que,
elijan
en
todo
sean
evento
aquellos
ciudadanos cuya intención clara e inequívoca fue votar por
una de las alternativas presentadas en la papeleta. Suárez
Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, supra, pág. 73. Por
consiguiente, no podemos utilizar la decisión voluntaria
de los votantes que no participaron para precisamente ir
en contra de la expresión popular. Lo único que podemos
concluir es que quien no votó o depositó su papeleta en
blanco dejó la decisión en manos de quien sí participó.
Por otro lado, los peticionarios argumentan que la
consulta de 2017 no constituye un mandato del pueblo a
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
25
favor de la estadidad porque solo participó el 23.23% del
electorado hábil para votar y que las fórmulas de estatus
contenidas
en
la
consulta
no
fueron
previamente
autorizadas por el Congreso. No le asiste la razón.
En
nuestro
sistema
electoral
la
validez
de
un
resultado electoral no está condicionada a que participen
una
cantidad
totalmente
o
porcentaje
contrario
a
específico
nuestra
de
electores.
tradición
Es
democrática
imponer esa condición. Más aun, en 1952 solo el 58% del
electorado hábil participó en el Referéndum de Aceptación
de la Constitución del Estado Libre Asociado. Bayrón Toro,
op.
cit.,
págs.
442-443.
La
abstención
del
42%
del
electorado no le quitó validez. Pero, independientemente
de eso, los peticionarios omiten que, en 2012, el 53.97%
de los votantes (970,910 electores) contestó que no a la
pregunta
“¿Estás
de
acuerdo
con
mantener
la
condición
política territorial actual?”. En ese plebiscito participó
el 78.19% del electorado hábil.4 En conclusión, hubo más
participación electoral en 2012 para rechazar el ELA que
en 1952 para aceptarlo.
De
hecho,
en
nuestra
tradición
electoral
se
ha
enmendado la Constitución solo con la participación de un
35%
de
los
electores
hábiles.
Íd.
En
1970,
el
pueblo
puertorriqueño enmendó la Constitución para otorgar a los
Véase Comisión Estatal de Elecciones, Consulta sobre el estatus
político
de
Puerto
Rico,
2012,
http://168.62.166.179/eg2012/REYDI_Escrutinio/index.html#es/default/CO
NDICION_POLITICA_TERRITORIAL_ACTUAL_ISLA.xml (última visita, 5 de
octubre de 2020).
4
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
26
jóvenes de 18 años el derecho al voto. La enmienda fue
refrendada por el pueblo con una mínima participación del
35% del electorado. Íd. Si adoptáramos el argumento de los
peticionarios, ese mandato sería inválido por la escasa
participación de los electores inscritos y los jóvenes de
18
años
no
tendrían
derecho
a
votar
en
las
próximas
elecciones. ¿Acaso un 35% de los electores inscritos es
una participación adecuada y un 23.23% no? ¿Dónde se tira
la raya? Así de ilógico es lo que los peticionarios nos
invitan a hacer con la consulta de 2017.
(iii)
La Ley Núm. 51-2020 tiene un fin público,
consistente con lo que se dispone en el Art. VI,
Sec. 9 de la Constitución de Puerto Rico.
El Art. VI, Sec. 9 de la Constitución de Puerto Rico,
ordena
que
“[s]ólo
fondos
públicos
se
dispondrá
para
fines
de
las
propiedades
y
y
el
públicos
para
sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del
Estado,
y
en
todo
caso
por
autoridad
de
ley”.
Hemos
reconocido que la noción de finalidad pública juega un
papel
muy
importante
Báez
Galib
II,
en
supra,
nuestro
pág.
395.
ordenamiento
jurídico.
(citando
P.I.P.
a
v.
C.E.E., 120 DPR 580, 606 (1988)). Esta limita la capacidad
de
actuar
del
indispensable
Estado,
en
todo
pues
se
proceso
trata
de
de
un
erogación
análisis
de
fondos
públicos. Es decir, “la búsqueda de un fin de interés
público
es
la
condición
positiva
de
toda
actuación
estatal”. P.I.P. v. C.E.E., supra, pág. 606.
En P.P.D. v. Gobernador I, 139 DPR 643, 686 (1995),
discutimos el concepto de “fin público”. Allí expresamos:
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
27
El concepto de “fin público” no es uno estático
y sí uno ligado al bienestar general que tiene
que
ceñirse
a
las
cambiantes
condiciones
sociales de una comunidad específica, a los
problemas peculiares que éstas crean y a las
nuevas obligaciones que el ciudadano impone a
sus
gobernantes
en
una
sociedad
compleja.
(Énfasis suplido).
Asimismo, reconocimos que la determinación inicial de
los poderes políticos en torno a lo que constituye un fin
público merece gran deferencia. En McCormick v. Marrero,
Juez, 64 DPR 260, 267 (1944), reconocimos que la Asamblea
Legislativa “tiene amplia discreción para determinar qué
es lo que constituye un fin público y para tomar aquellas
medidas
que
comunidad”.
a
su
juicio
Añadimos
que
promuevan
“[n]o
el
es
bienestar
función
de
de
la
los
tribunales la de expresar opinión sobre la sabiduría o
conveniencia de una medida legislativa”. Íd.
Cónsono con esto, en P.I.P. v. C.E.E., supra, pág.
611, afirmamos que
al
ejercer
nuestras
prerrogativas
constitucionales de juzgar la validez jurídica
de las actuaciones de las otras ramas de
gobierno con relación al uso de fondos del
erario para fines considerados como públicos,
“los tribunales debemos actuar con prudencia y
deferencia a la voluntad legislativa, siempre
que la misma esté enmarcada dentro del esquema
constitucional
y
aunque
como
magistrados
discrepemos personalmente de la bondad de los
actos legislativos”. (Énfasis suplido).
Como vemos, la Asamblea Legislativa posee una amplia
discreción a los efectos de determinar lo que constituye
un
fin
público.
De
ordinario,
validaremos
esa
determinación a menos que sea manifiestamente arbitraria e
incorrecta. Asoc. Ctrl. Acc. C. Maracaibo v. Cardona, 144
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
DPR
1
(1997).
Así
lo
28
reconocimos
cuando
expresamos
lo
siguiente:
Por ser las Asambleas Legislativas de los
Estados democráticos los cuerpos donde maduran y
toman forma las fuerzas sociales latentes u
operantes, y donde sólo es posible definir con
la necesaria precisión la mayor parte de los
elementos que componen y constituyen el llamado
fin
o
interés
público,
las
opciones
del
legislador en este campo son amplias, siempre y
cuando éste se mueva dentro del marco de la
Constitución. P.I.P. v. C.E.E., supra, págs.
607-608. (Énfasis suplido).
Claro está, como aclaramos en Báez Galib II, supra,
pág. 396, esto “no significa que los tribunales debemos
renunciar
a
ejercer
nuestra
evaluar
si
determinado
uso
Estado
por
parte
la
de
facultad
de
constitucional
propiedad
Legislatura
y
o
fondos
el
de
del
Ejecutivo
constituye un uso para un fin público”.
Para resolver a favor de los peticionarios tendríamos
que ignorar el mandato que el pueblo emitió en las urnas
para
que
se
adelante
el
cambio
de
estatus
hacia
la
estadidad federada. Confundiría la política pública que el
pueblo
expresó
intromisión
adelantar
dos
con
el
la
proceso
veces
en
decisión
las
urnas
legislativa
consultando
al
y
sería
una
legítima
de
pueblo
para
que
ratifique o rechace su apoyo a la estadidad. A diferencia
del año 2000, cuando resolvimos Báez Galib II, hoy existe
un mandato electoral del pueblo para la descolonización de
Puerto
Rico
mediante
la
admisión
del
territorio
como
estado de la Unión, y a favor de toda gestión legal que
adelante esos fines. Por consiguiente, es válido que se
consulte
al
pueblo
acerca
de
la
ratificación
e
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
29
implementación de su más reciente expresión. Esa es una
decisión legislativa de política pública con la que no
podemos intervenir.
Por otra parte, en P.I.P. v. C.E.E., supra, pág. 626,
dijimos:
La mera posibilidad de que la publicidad y
celebración de las primarias [presidenciales]
pueda
tener
un
efecto
adverso
sobre
los
intereses ideológicos o políticos del demandante
no
es
suficiente
para
establecer
la
inconstitucionalidad de la ley, así como tampoco
impide el uso de fondos del Estado en una
actividad que la Legislatura determinó que
estaba revestida de interés público.
Por lo tanto, los efectos adversos sobre los intereses
ideológicos
o
políticos
de
los
peticionarios
no
son
suficientes para sostener la impugnación de las leyes en
disputa, pues la decisión legislativa merece deferencia.
Se plantea también que la consulta de estatus político
no
es
válida
Congreso
para
porque
no
hay
atenderla
e
un
compromiso
implementar
la
previo
del
voluntad
del
pueblo de Puerto Rico. Como veremos a continuación, esta
objeción tampoco tiene méritos.
a Métodos
federado
Desde
su
para
obtener
génesis,
la
Estados
admisión
Unidos
de
como
estado
América
fue
concebida como una nación creciente y abierta a nuevos
integrantes. En el Federalista Núm. 14, James Madison dejó
claro
que
la
expansionista,
Constitución
sino
autodeterminación
que
que
no
solo
reconoce
tienen
los
cumple
el
con
derecho
ciudadanos
territorios que deseen ser parte de la Unión:
ese
fin
a
la
de
los
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
30
[E]l objeto inmediato de la Constitución
federal es asegurar la unión de los trece
estados primitivos, cosa que sabemos que es
factible, y sumar a éstos los otros Estados
que pueden surgir de su propio seno, o en su
vecindad, lo que no hay razón para dudar que
sea
igualmente
viable.
Los
arreglos
indispensables por lo que se refiere a esos
ángulos y fracciones de nuestro territorio
situados
en
la
frontera
noroeste,
deben
dejarse para aquellos a quienes la experiencia
y los futuros descubrimientos pondrán al nivel
de esa tarea. A. Hamilton, J. Madison y J.
Jay, El Federalista o La Nueva Constitución,
(G.R.
Velasco,
trad.),
México,
Fondo
de
Cultura Económica, 1943, pág. 55. (Énfasis
suplido).
Así, acorde con esa visión de apertura, en el Art. IV,
Sec.
3,
Cl.
1
de
la
Constitución
federal,
el
pueblo
estadounidense delegó al Congreso la facultad de admitir
nuevos estados. Esta sección dispone que:
El Congreso podrá admitir nuevos estados a
esta Unión; pero no se formará o establecerá
ningún estado nuevo dentro de la jurisdicción
de ningún otro estado. Tampoco se formará
ningún estado por unión de dos o más estados,
o partes de estados, sin el consentimiento
tanto de las Asambleas Legislativas de los
estados en cuestión como del Congreso. Const.
EE.UU., Art IV, LPRA Tomo 1, pág. 177.
El Congreso ha ejercido su facultad de admitir estados
a la Unión por los pasados 200 años al admitir treinta y
siete estados a la Unión. Queda claro que el poder del
Congreso
se
crearlos.
responsible
limita
“The
for
a
admitir
admission
the
nuevos
power
birth
of
estados
y
no
a
of
Congress
is
not
the
new
state.
...
Superficial analysis brings some to the conclusion that it
is the fact of admission that creates a new state. Yet,
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
31
Congress has no power to create state[s]”. R. Hernández
Colón,
The
Commonwealth
of
Puerto
Rico:
Territory
or
State?, 19 Rev. C. Abo. P.R. 207, 235 (1959). El poder de
crear y establecer nuevos estados recae en los ciudadanos
del territorio. Grupo de Investigadores Puertorriqueños,
Breakthrough from Colonialism: An Interdisciplinary Study
of Statehood, San Juan, Ed. UPR, 1984, Vol. I, pág. 49.
Ahora bien, el proceso de admisión de nuevos estados
no ha sido uniforme. Todo lo contrario, ha sido flexible y
adaptable
a
las
particularidades
de
cada
territorio.
Comptroller General of the United States, Experiences of
past
territories
can
assist
Puerto
Rico
status
deliberations, General Accounting Office, 1980, pág. 3.
La
decisión
de
admitir
un
estado
es
puramente
política. “The process of admitting a new state to the
Union is one of bargaining, of negotiation between the
leaders of the territory and Congress”. Hernández Colón,
supra,
pág.
discreción,
233.
El
considera
socioeconómicos
del
Congreso,
los
momento
y
en
el
ejercicio
de
su
intereses
políticos
y
decide
da
la
si
paso
a
admisión del prospecto estado. Esto ha sido una constante
desde el establecimiento de la nación. Véase, Grupo de
Investigadores Puertorriqueños, op. cit., Vol. II, págs.
1255-1259.
b. Plebiscito y referéndum: Métodos para canalizar la
autodeterminación
Uno de los derechos fundamentales que tiene todo ser
humano es su autodeterminación. J. Falkowski, Secessionary
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
Self
Determination:
Intl.
L.J.
209,
a
32
Jeffersonian
210-211
Perspective,
(1991).
El
9
derecho
B.U.
a
la
autodeterminación fue pieza clave en la liberación de las
trece
colonias
del
yugo
británico
y
de
la
posterior
creación y admisión de cada uno de los 37 territorios que
lograron su entrada a la Unión.
Ahora bien, en ninguna parte de la Constitución se
requiere un tipo de mecanismo en particular, para medir el
sentir del pueblo. Los residentes de cada territorio son
libres
para
decidir
qué
mecanismos
utilizarán
para
auscultar el parecer de su pueblo. Al hacer un recuento
sobre
los
utilizaron
distintos
para
esquemas
plasmar
el
que
sentir
los
del
territorios
pueblo
sobre
la
estadidad, se desprende la utilización de cinco métodos:
(1)
asambleas
pueblo;
(2)
encuestas;
(3)
censos
convenciones
regionales;
(4)
elección
de
diputados
territoriales
afines
la
celebración
de
de
a
referéndums
causa
o
Investigadores Puertorriqueños,
estadista
plebiscitos.
y
y
(5)
Grupo
de
op. cit., Vol. II, pág.
1182. Por la pertinencia a la controversia ante nuestra
consideración,
solo
auscultaremos
la
utilización
del
territorios
que
mecanismo del referéndum o plebiscitos.
Diecisiete
de
los
treinta
y
siete
lograron la admisión a la Unión utilizaron ese método.
Íd., pág. 1191. Hubo estados, como Arkansas, que fueron
admitidos luego de celebrar un solo referéndum. Grupo de
Investigadores
Puertorriqueños,
íd.,
Vol.
I,
pág.
284.
Otros, como Hawai’i, celebraron dos referéndums antes de
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
su
admisión
como
estado,
33
incluyendo
el
referéndum
de
ratificación de la Ley de Admisión. Íd., Vol. II, pág.
1010. En cambio, Alaska efectuó tres. Íd., Vol. II, pág.
1187. Por su parte, Maine celebró seis votaciones antes de
entrar a la Unión. Íd., Vol. II, pág. 1182.
Como
vemos,
peticionarios
de
no
se
sostiene
el
que
la
referencia
argumento
a
los
de
los
procesos
de
Alaska y Hawai’i en la Exposición de Motivos de la Ley
Núm. 51-2020 puede inducir a error, pues implica que este
plebiscito es la última vez que Puerto Rico votaría sobre
la estadidad. Como vemos, fue luego de que el pueblo en
ambos territorios votó a favor de la estadidad, que el
Congreso actuó y se consultó sobre los términos de la
posible admisión. Es decir, los referéndums iniciales no
obligaban al Congreso a actuar y se celebraron sin su
“aval”
previo.
Eran
peticiones
del
pueblo
de
cada
territorio.
Además, la propia ley de Puerto Rico reconoce que en
caso
de
resultar
favorecida
la
alternativa
del
“Sí”,
deberá comenzar un proceso de transición y que el voto por
esa
alternativa
no
quiere
decir
que
automáticamente
se
vaya a admitir a Puerto Rico como estado. Véase Art. 4.3
de la Ley Núm. 51-2020.
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
34
c. La ausencia de un aval del Congreso no determina la
validez de la consulta.
En
resumen,
referéndums
o
los
territorios
plebiscitos
antes
de
pueden
ser
celebrar
admitidos
como
estados o de que el Congreso haga una oferta de admisión.
No se requiere el aval o autorización del Congreso para
solicitar la admisión a la Unión de estados. Requerir que
el pueblo del territorio tenga que consultar al gobierno
federal para poder encaminar el proceso para resolver su
situación
política
es
contrario
a
los
postulados
de
autodeterminación y de gobierno propio, así como al claro
récord histórico.
La validez de este tipo de consulta tampoco depende
de que una súper mayoría de los electores apoye que se
admita al territorio como un estado de la Unión. Íd., Vol.
II, pág. 1190. Como se expresó en el Informe de la Cámara
de Representantes para la admisión de Alaska a la Unión,
lo importante "es que una mayoría del electorado desee la
estadidad". Providing for the Admission of the State of
Alaska into the Union, H.R. Rep. No. 624, 85th Cong. 1st
Sess. 147, 159 (June 25, 1957) (Traducción nuestra) (“is
that
a
majority
of
the
electorate
wish
statehood”).
A
veces, incluso, se ha requerido menos. Por ejemplo, el
Congreso aprobó la admisión de Nebraska, aunque la mayoría
de los electores del territorio rechazaron la estadidad y
la
constitución
propuesta
para
el
estado.
Grupo
de
Investigadores Puertorriqueños, op. cit., Vol. II, págs. 12211225. En fin, la decisión depende de la realidad política
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
35
imperante y no de ningún requisito legal o constitucional,
como el que los peticionarios proponen.
d.
La Asamblea Legislativa tiene la facultad de
escoger mecanismos legítimos para adelantar su
objetivo y registrar la expresión del pueblo. La
sabiduría o conveniencia de esa determinación
legislativa
es
una
cuestión
política
no
justiciable.
La conveniencia o deseabilidad de los mecanismos o
estrategias que se utilicen para adelantar un fin público
son
asuntos
políticos.
Las
cuestiones
políticas
no
son
justiciables.
La doctrina de cuestión política plantea esencialmente
que
existen
asuntos
que
no
son
susceptibles
de
una
determinación judicial, porque su resolución corresponde a
las
otras
ramas
de
gobierno
y
no
al
Poder
Judicial.
Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406 (1994). Se trata
de
una
obligación
autoimpuesta
por
el
principio
de
separación de poderes que rige nuestro sistema republicano
de gobierno. Ramos, Méndez v. García García, 2019 TSPR
188, 203 DPR __ (2019). Hay tres instancias básicas en las
que aplica la doctrina de cuestión política, a saber: (1)
cuando existe un asunto que ha sido asignado textualmente
por la Constitución a otra rama del Gobierno; (2) si no
existen criterios de decisión susceptibles de descubrirse
y
administrarse
por
los
tribunales,
y
(3)
cuando
lo
aconsejable es la abstención judicial, por consideraciones
derivadas
de
la
Representantes,
prudencia.
171
DPR
789,
Córdova
800-801
y
otros
(2007).
v.
Cámara
Véase, R.
Serrano Geyls, Derecho Constitucional de Estados Unidos y
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
36
Puerto Rico, San Juan, Ed. C. Abo. P.R, 1986, Vol. I,
págs. 679-680.
Al respecto, hemos mencionado que “si la Constitución
confiere una facultad expresa a una rama de gobierno y
ésta es de naturaleza política, la misma no estará sujeta
a revisión judicial salvo que dicha facultad sea ejecutada
incorrectamente”.
Noriega
Rodríguez
v.
Jarabo,
136
DPR
497, 516 (1994). Ahora bien, hemos expresado que “cuando
ejercemos
la
interpretar
función
ineludible
Derecho
en
el
casos
e
de
indelegable
conflictos
de
sobre
derechos políticos, así como la constitucionalidad de las
fuentes
de
esos
derechos,
debemos
actuar
con
mesura,
respetando el criterio de otros cuerpos gubernamentales
sobre
la
extensión
de
sus
propios
poderes”.
Íd.
Claro
está, delinear contornos de las facultades de las otras
ramas y la determinación de la validez de sus ejercicios
son asuntos reservados a los tribunales. Íd.
En
este
legislación
caso,
como
promulgada
ya
explicamos,
válidamente
por
se
trata
de
la
Asamblea
Legislativa, ante el mandato del pueblo puertorriqueño. No
debemos intervenir con la facultad del legislador de hacer
valer el mandato del electorado mediante los mecanismos
que estime convenientes, siempre y cuando actúe dentro del
marco de la Constitución. No es función de los tribunales
opinar sobre la sabiduría o conveniencia de una medida
legislativa.
En vista de lo anterior, concluimos que el plebiscito
ordenado mediante la Ley Núm. 51-2020, supra, cumple un
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
37
fin público, ya que permite a todos los puertorriqueños,
en
igualdad
de
condiciones,
participar
y
expresarse
a
favor o en contra de ratificar e implementar la fórmula de
estatus
que
resultó
favorecida
en
los
plebiscitos
celebrados en 2012 y 2017.
(iv) La Ley Núm.
discriminatoria.
51-2020
es
neutral
y
no
es
Los peticionarios alegan que la Ley Núm. 51-2020 viola
el alegado “axioma de igualdad electoral inmerso en la
Constitución”. Alegato de los peticionarios del MD-20202002, págs. 15-16; Alegato del peticionario del MD-20200005, págs. 15-17. En Com. PNP v. CEE et al., 197 DPR 914
(2017),
tuvimos
pronunciamientos
la
oportunidad
errados
que
de
realizamos
corregir
los
en
v.
P.P.D.
Gobernador II, 136 DPR 916 (1994). Allí explicamos que la
idea del “axioma” de igualdad económica entre los partidos
no es de estirpe constitucional. Com. PNP v. CEE et al.,
supra,
en
la
pág.
928.
Citamos
al
profesor
Luis
M.
Villaronga, quien expresó muy acertadamente lo siguiente:
Como
es
sabido
“axioma”
significa
una
“[a]firmación tan evidente que es admitida por
todos sin necesidad de demostración”. 1 María
Moliner, Diccionario de uso del español 318
(1986). Ni la Constitución de Puerto Rico ni la
de los Estados Unidos contienen tal [principio
de igualdad económica] respecto a personas en
general y mucho menos respecto a los partidos
políticos. (Énfasis suplido). L.M. Villaronga,
Derecho constitucional, 66 Rev. Jur. UPR 391,
402 esc. 48 (1997).
Ahora bien, indistintamente del alcance del concepto
“igualdad electoral” y de sus diferentes concepciones, aun
bajo
las
visiones
mayoritarias
y
minoritarias
de
este
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
38
Tribunal, la realidad es que en esta controversia no hay
cabida
para
naturaleza.
que
prospere
un
planteamiento
de
esa
Incluso, aun bajo el anterior y el vigente
precedente no hay posibilidad de validar un planteamiento
de
desigualdad
en
esta
controversia,
toda
vez
que
la
legislación impugnada no concede a la opción “Sí” o a la
opción “No” alguna ventaja cualitativa o cuantitativa.
Lo que sí es correcto es analizar el señalamiento de
los peticionarios tomando en cuenta que el texto de la
Constitución
de
Puerto
Rico
es
neutral
en
cuanto
al
destino político de la Isla. Por lo tanto, no favorece ni
cierra puertas a alternativa alguna de estatus. P.S.P. v.
E.L.A., 107 DPR 590, 606 (1978). A esos efectos, en Báez
Galib II, supra, pág. 400, expresamos que cualquier medida
legislativa
o
inclinar
balanza
la
gubernamental
a
favor
que
tenga
el
efecto
de
de
alguna
alternativa
de
estatus sin que tenga la aprobación de los ciudadanos de
Puerto Rico, infringe el esquema de neutralidad que al
respecto se deriva de nuestra Constitución. Sostuvimos lo
siguiente:
La Legislatura, si bien puede formular política
pública sobre distintas áreas del quehacer
gubernamental
legítimo,
no
puede
aprobar
legislación
que
altere
sustancialmente
la
relación política de Puerto Rico con Estados
Unidos sin que previamente haya obtenido la
aprobación de los puertorriqueños a ese curso de
acción. Báez Galib II, supra, pág. 400, citando
a P.S.P. v. E.L.A., supra, pág. 606.
Como
vemos,
nuestro
precedente
sostiene
que
no
se
puede aprobar legislación que altere sustancialmente la
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
39
relación política de Puerto Rico con Estados Unidos sin
que
previamente
haya
obtenido
la
aprobación
de
los
puertorriqueños. Hoy reafirmamos esa norma. No cabe duda
de que “[e]l pueblo de Puerto Rico conserva la facultad de
procurar cambios de [e]status”. Ramírez de Ferrer v. Mari
Brás, 144 DPR 141, 205 (1997).
Cuando decidimos Báez Galib II no había un mandato del
pueblo; hoy sí lo hay. El pueblo otorgó ese mandato en los
plebiscitos de 2012 y 2017. Ahora se propone consultarle
en
específico
si
desea
ratificar
la
preferencia
que
manifestó entonces, para adelantar así el proceso iniciado
en 2012. La Ley Núm. 51-2020 provee igual oportunidad a
todos los electores hábiles en Puerto Rico para expresar
su acuerdo o desacuerdo con la alternativa de estadidad.
Como
vemos,
la
de
estatus
efectuarse
el
3
noviembre
de
2020
es
válido
no
discriminatorio,
con
un
fin
y
de
consulta
político
un
a
mecanismo
eminentemente
público. No existe problema alguno de representatividad o
desigualdad. Las personas que prefieren alternativas que
no sean la estadidad tienen la opción de votar "No", al
igual que aquellas que favorecen la estadidad tienen la
opción de votar "Sí", independientemente de si pertenecen
a
algún
partido
político
o
no.
Lo
que
pretenden
los
peticionarios es que se haga otra consulta consignando las
mismas opciones que
fueron
rechazadas reiteradamente en
los plebiscitos celebrados en los años 2012 y 2017. No se
puede
invocar
el
principio
de
neutralidad
ni
tampoco
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
40
invocar una alegada desigualdad para fosilizar la voluntad
del pueblo.
IV
A. Ley Núm. 58-2020
El 20 de enero de 2018, el entonces Gobernador de
Puerto Rico, Hon. Ricardo Rosselló Nevares, firmó la Ley
Núm. 12-2018, conocida como la “Ley para garantizar el
voto
presidencial
a
todos
los
ciudadanos
americanos
residentes en Puerto Rico”, 16 LPRA sec. 976 et seq. Sin
embargo, con la aprobación de la Ley Núm. 58-2020,
derogó
la
Ley
Núm.
12-2018,
supra,
pero
se
se
adoptaron
íntegramente todas sus disposiciones para hacerlas formar
parte del Código Electoral de Puerto Rico de 2020. Véase,
Art. 1.1 de la Ley Núm. 58-2020.
La Exposición de Motivos de la Ley 58-2020 sostiene
que a los habitantes de Puerto Rico “se les priva de su
derecho a votar en elecciones federales en igualdad de
condiciones
con
sus
conciudadanos
en
el
resto
de
Nación”. Luego añade:
Esa privación, se impone unilateralmente por el
Gobierno federal bajo las premisas de un sistema
territorial y colonial que fue rechazado por el
pueblo
de Puerto Rico en los Plebiscitos
recientes de 2012 y 2017. En ambas consultas
electorales, incluso, el pueblo de Puerto Rico
también reclamó la igualdad de derechos y
obligaciones con la estadidad. La privación del
derecho al voto federal lesiona los principios
fundamentales de la democracia americana, de la
autodeterminación
de
los
ciudadanos
y
del
ordenamiento de un sistema republicano en el que
la autoridad del gobierno debe ser ejercida con
el consentimiento del voto de los gobernados.
(énfasis nuestro).
la
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
Según
el
41
legislador,
el
ejercicio
del
Voto
Presidencial que promueve esta ley
constituye un acto constitucionalmente protegido
para exigir la reparación del agravio de la
privación del derecho al voto de los ciudadanos
americanos de Puerto Rico y para que se les
reconozca el derecho a votar por el Presidente
que rige sus vidas.
…
El ejercicio del derecho al voto presidencial
constituye un instrumento decisivo en la misión
de defender los derechos civiles y humanos de
los ciudadanos americanos de Puerto Rico frente
a la desigualdad y las desventajas de la
centenaria condición territorial y colonial.
Exposición de Motivos, Ley 58-2020, págs. 11,
13.
En cuanto al fin público, el legislador expresó lo
siguiente:
La autorización del uso de propiedad y fondos
públicos que aquí se hace para estos propósitos
se fundamenta en el mandato electoral vigente nunca revocado- que expresó el pueblo soberano y
elector en los plebiscitos de 6 de noviembre de
2012 y 11 de junio de 2017 y en los que, por
abrumadora mayoría, rechazó el estatus colonial
y manifestó su preferencia por la admisión de
Puerto Rico como un estado de la Unión.
Exposición de Motivos, Ley 58-2020, pág. 13.
A esos efectos, la Ley Núm. 58-2020 ordena que el día
de cada elección general, comenzando con la del año 2024,
todo ciudadano americano domiciliado en Puerto Rico pueda
ejercer su voto para expresar su preferencia entre los
candidatos
y
exigir
que
su
voto
sea
contado
en
cada
elección presidencial. Íd. Así, el Art. 8.1.b de la ley
establece que “en el mismo día de cada Elección General,
comenzando con la que se realice en el año 2024, todo
ciudadano americano que sea Elector hábil en Puerto Rico
ejerza
y
reclame
su
derecho
al
voto
para
expresar
su
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
preferencia
entre
los
42
candidatos
a
Presidente
y
Vicepresidente de Estados Unidos de América”.
Cónsono
con
lo anterior,
el
Art.
8.3.b
de
la ley
dispone que “[c]ada cuatro (4) años, en el mismo día de
las
Elecciones
General
del
Generales,
año
2024,
la
comenzando
Comisión
con
la
deberá
Elección
organizar
y
viabilizar que los electores en Puerto Rico emitan su voto
para expresar su preferencia entre los Candidatos para los
cargos de Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos de
América”.5
B. Justiciabilidad de la controversia
Hemos
expresado
que
los
tribunales
solo
podemos
evaluar aquellos casos que son justiciables. Al respecto,
en Smyth, Puig v. Oriental Bank, 170 DPR 73, 76 (2007)
expresamos que “los propios tribunales deben preguntarse y
evaluar si es o no apropiado entender en un determinado
caso,
mediante
discreción
en
un
análisis
cuanto
que
al
les
permite
límite
de
ejercer
su
su
poder
constitucional”. Así, en aras de proteger este principio,
se han desarrollado ciertos criterios de justiciabilidad
que demarcan la facultad de los tribunales para entender
5 Sin embargo, el Art. 8.22.b, que se refiere a la "Votación por
los Compromisarios”, expresa que “[l]os procesos de votación de los
Compromisarios y su escrutinio, siempre se realizarán en el Capitolio
de Puerto Rico. Para la primera Elección Presidencial de 3 de
noviembre de 2020 estos trabajos serán dirigidos por el Presidente de
la Cámara en el hemiciclo de ese cuerpo legislativo…”
Tras un análisis íntegro del Subcapítulo VIII-B de la Ley Núm.
58-2020, es evidente, que la referencia a la fecha del 3 de noviembre
de 2020 es un error en la redacción del estatuto. Todas las demás
disposiciones del estatuto establecen que la primera elección
presidencial será en 2024. Véanse, Arts. 8.1.b y 8.3.b.
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
43
en un asunto traído ante sí, entre estos la madurez de la
controversia planteada. Romero Barceló v. E.L.A., 169 DPR
460, 470 (2006).
La
prudencia
consultivas
y
la
no
deseabilidad
de
fundamentan
el
requisito
madurez.
de
opiniones
R.
Serrano Geyls, Derecho Constitucional de Estados Unidos y
Puerto Rico, op. cit., Vol. I, pág. 195. En estos casos,
“resulta
determinante,
pues,
que
la
controversia
se
encuentre concretamente definida, de forma que el tribunal
pueda justipreciarla en sus méritos”. Clases A, B y C v.
PRTC,
183
DPR
666,
692
(2011).
Así,
“todo
lo
que
se
necesita para asegurar que un caso está maduro es que el
evento contemplado... con toda probabilidad va a ocurrir”.
J.J. Álvarez González,
Derecho constitucional de Puerto
Rico y relaciones constitucionales con los Estados Unidos,
Bogotá, Ed. Temis, 2009, pág. 203, esc. 8.
Hay
quienes
plantean
que
este
Tribunal
carece
de
jurisdicción para atender el reclamo relacionado con la
votación para Presidente y Vicepresidente de los Estados
Unidos, pues alegan que es prematuro. Según esa postura,
la
celebración
de
la
elección
presidencial
en
2024
es
especulativa, ya que se puede enmendar la Ley Núm. 58-2020
para eliminar el Subcapítulo VIII-B.
Eso sí es especulativo. No hay un requisito legal de
esperar a 2024 para poder impugnar la ley. Al presente hay
un evento con fecha cierta, programado por ley, que se
aprobó
válidamente.
Por
lo
tanto,
la
celebración
del
evento no depende de eventos inciertos. Lo que sí depende
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
44
de hechos inciertos, hipotéticos y especulativos es que no
se celebre el evento como está programado por ley. No
podemos abstenernos de asumir jurisdicción cada vez que
una parte plantee que una ley puede ser enmendada. Si
fuera
así,
nos
quedaríamos
sin
controversias
que
adjudicar.
Establecida la justiciabilidad de esta controversia,
evaluemos los méritos de la impugnación presentada.
C. Fin Público del Subcapítulo VIII-B de la Ley Núm. 582020
Los peticionarios se amparan en lo resuelto en Báez
Galib II, al alegar que el Subcapítulo VIII-B de la Ley
Núm. 58-2020, supra, que autoriza la celebración de las
elecciones
presidenciales
en
Puerto
Rico,
es
inconstitucional porque no tiene un fin público. En ese
caso resolvimos que la Ley Núm. 403-2000, titulada “Ley de
Elecciones Presidenciales de Puerto Rico”, violaba el Art.
VI, Sec. 9 de la Constitución de Puerto Rico, por no tener
un fin público, ya que los ciudadanos americanos en Puerto
Rico
no
tienen
Vicepresidente
derecho
en
las
a
votar
por
elecciones
el
Presidente
presidenciales.
y
Íd.,
págs. 397-399. Por otro lado, descartamos el argumento de
que permitir al pueblo expresar su deseo de votar por el
Presidente
confería
un
y
Vicepresidente
fin
público
a
de
los
Estados
la
medida
en
Unidos
le
controversia.
Razonamos que la Ley Núm. 403-2000 no se concibió como una
consulta sobre la deseabilidad del voto presidencial, sino
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
45
que se presumió la validez del voto en las elecciones
presidenciales. Íd. pág. 400.
Por el contrario, en la Exposición de Motivos de la
Ley Núm. 58-2020, el legislador expresó que “el ejercicio
del derecho al voto presidencial constituye un instrumento
decisivo en la misión de defender los derechos civiles y
humanos de los ciudadanos americanos de Puerto Rico frente
a
la
desigualdad
y
las
desventajas
de
la
centenaria
condición territorial y colonial”. Exposición de Motivos,
Ley Núm. 58-2020, pág. 11. En esa dirección, el legislador
expresó que “[l]a historia nos enseña que, en la cultura
política americana, los derechos no se suplican, se exigen
y se demandan. A Puerto Rico le ha llegado la hora de
exigir los derechos de igualdad política y socioeconómica
que le corresponden dentro de la ciudadanía americana”.
Íd. Es por esto que el legislador estableció que todos los
puertorriqueños pueden ejercer su voto “para expresar su
preferencia
entre
Vicepresidente
exigir
que
de
su
los
Estados
voto
candidatos
Unidos
sea
de
contado
a
Presidente
América;
en
y
cada
y
también
elección
presidencial”. Íd.
La propuesta de celebrar elecciones presidenciales en
Puerto Rico no es reciente y mucho menos ajena a nuestra
historia. El exgobernador Luis Muñoz Marín defendió esta
propuesta
ante
Congreso
estaba
presidencial
entonces
a
el
los
gobernador
Congreso.
En
una
ocasión
considerando
brindarles
conciudadanos
de
Muñoz
participó
Marín
en
el
Washington
de
la
que
el
voto
DC,
el
vista
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
pública
y
abogó
para
46
que
se
concediera
a
los
puertorriqueños el derecho a votar por el presidente de la
Nación.
District
Hearings
Before
of
Columbia
Subcommittee
Representation
and
Vote:
Number
the
House
5
of
Committee on the Judiciary on House Joint Resolution 529,
86th Cong., 2d Sess. 21 (1960).
Cónsono
Legislativa
Partido
con
esa
puertorriqueña
Popular
resolución
visión,
para
se
1962,
–controlada
Democráticoque
en
aprobó
permitiera
a
por
la
Asamblea
miembros
del
unánimemente
una
los
en
residentes
Puerto Rico votar por el presidente de los Estados Unidos
de América. A. Quiñones Calderón, La obra de Luis A. Ferre
en
la
Fortaleza,
San
Juan,
Ed.
Servicios
Editoriales,
1975, pág. 150. En esa línea, la Asamblea de Programa y
Reglamento del Partido Popular se reunió el 1 de agosto de
1962 y aprobó por mayoría que la “culminación del Estado
Libre
Asociado
no
estará
completa
si
no
se
logra
el
derecho puertorriqueño a votar para elegir el Presidente y
el Vicepresidente de Estados Unidos”. Quiñones Calderón,
op. cit., pág. 150 (Citando al periódico El Mundo de 2 de
agosto de 1962). Postura similar tuvo el exgobernador Luis
A. Ferré, al expresar que se tenía que “echar mano a la
institución más poderosa, el voto presidencial, para poder
lograr
que
futuros
presidentes
problemas
puertorriqueños
interesen
en
151.
ellos”.
aún
Quiñones
conozcan
por
a
resolver
Calderón,
op.
fondo
los
y
se
que
cit.,
pág.
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
47
A esos fines, en julio de 1969, el gobernador Luis A.
Ferré propuso al presidente Richard M. Nixon un comité ad
hoc,
compuesto
continente,
por
para
puertorriqueños
estudiar
la
y
americanos
viabilidad
del
del
voto
presidencial y hacer las recomendaciones para adelantar
ese fin. Íd., pág. 159. El presidente accedió y nombró el
comité ad hoc. En agosto de 1971, el comité sometió su
informe.
Recomendó
que
se
le
concediera
a
todos
los
puertorriqueños el derecho a votar por el Presidente y
Vicepresidente de Estados Unidos. Íd., pág. 167. A esos
efectos,
propuso
que
se
sometiera
al
electorado,
a
la
brevedad posible, la pregunta de si este favorecía o no el
voto presidencial. Íd.
En respuesta a las recomendaciones del comité, el
gobernador Ferré propuso que se celebrara un referéndum de
voto presidencial a finales de 1971. En cambio, el Senado
-controlado por el Partido Popular Democrático- aprobó el
sustitutivo
“Celebración
al
de
P.
de
un
la
C.
1458,
referéndum
el
el
cual
disponía
la
primer
domingo
de
noviembre de 1973, en el cual el pueblo de Puerto Rico
exprese su voluntad en cuanto a si desea que se conceda el
derecho a votar por los candidatos a la Presidencia y
Vicepresidencia
de
los
Estados
Unidos
de
América”.
R.
Hernández Colón, Desde el Senado: El Presidente informa,
http://dspace.cai.sg.inter.edu/xmlui/bitstream/handle/1234
56789/11741/B17c003d005.pdf?sequence=1
(última visita, 25
de septiembre de 2020). El presidente del Senado insistió
en
que
cualquier
medida
relacionada
con
el
voto
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
48
presidencial en Puerto Rico debía considerarse como parte
del desarrollo del Estado Libre Asociado y no como un paso
para adelantar la admisión de Puerto Rico como un estado
de
la
Unión.
Asociado,
Sol,
Véase,
naturaleza
2014,
pág.
R.
y
373.
Hernández
desarrollo,
La
Colón,
San
discrepancia
Estado
Juan,
de
Libre
Ed.
fechas
Calle
y
la
suspicacia sobre los motivos del gobernador para adelantar
el
voto
presidencial
evitaron
que
la
propuesta
de
referéndum se convirtiera en ley.
Las leyes para viabilizar una votación presidencial
no
son
extrañas
en
un
territorio,
a
pesar
de
la
inhabilidad de sus habitantes para votar por el Presidente
y Vicepresidente. Puerto Rico, por decirlo así, no inventó
esa rueda. Todo lo contrario, el territorio de Guam lleva
desde
1980
celebrando
elecciones
presidenciales,
en
conjunto con sus comicios generales. 3 GCA sec. 7107 (“The
ballot
for
divisible
the
by
general
four
(4)
election
shall
in
contain
each
year
the
names
evenly
of
the
nominees for President and Vice–President of the United
States of each national political party which has made
such nominations”.). Además de ordenar la celebración de
la
elección
presidencial,
la
Sec.
11130
faculta
al
presidente del organismo electoral de Guam a representar
al territorio como su elector en el colegio electoral y a
emitir
su
voto
por
los
candidatos
a
Presidente
y
Vicepresidente que obtuvieron la mayor cantidad de votos
en Guam. 3 GCA sec. 11130.
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
49
La celebración de las elecciones presidenciales en
Puerto Rico- al igual que ocurre en Guam- es una forma en
la
cual
el
participar
pueblo
puede
la
elección
en
canalizar
su
de
funcionarios
los
aspiración
de
cuyas
decisiones impactan la vida diaria. Queda claro que el
legislador
concibió
la
celebración
de
las
elecciones
presidenciales en Puerto Rico como un proceso de expresión
política y no como uno que automáticamente le concede el
derecho al voto en las elecciones presidenciales a los
ciudadanos americanos en Puerto Rico. Sostenemos que no
nos compete, como miembros del Tribunal Supremo, juzgar la
sabiduría
de
la
celebración
de
las
elecciones
presidenciales en Puerto Rico. Esa labor es del pueblo;
única,
exclusiva
y
terminantemente
del
pueblo.
Véase,
P.I.P. v. E.L.A., supra, pág. 47.
D. El Subcapítulo VIII-B de la Ley Núm. 58-2020 no es
discriminatorio
Los peticionarios argumentan que el Subcapítulo VIIIB de la
Ley Núm. 58-2020, que autoriza las elecciones
presidenciales, es discriminatorio. Sostienen que, según
Báez
Galib
favorece
II,
una
supra,
fórmula
pág.
400,
específica
el
de
voto
estatus
presidencial
para
Puerto
Rico sobre las demás alternativas, por lo que infringe el
"axioma
constitucional
partidos
políticos
de
igualdad
inscritos".
electoral
Como
de
los
discutimos
anteriormente, ese "axioma de igualdad” no existe en la
Constitución. Com. PNP v. CEE et al., supra. Lo correcto
es referirnos al principio de neutralidad, ya que, según
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
50
explicamos, la Constitución no favorece ninguna fórmula
específica de estatus.
Como se desprende, al concebir y aprobar la Ley Núm.
58-2020,
el
legislador
era
consciente
de
que
los
ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico no tienen
derecho a votar por el Presidente y Vicepresidente de la
Nación. Es ante esa realidad que el legislador viabilizó
la celebración de una consulta en la cual los ciudadanos
americanos residentes en Puerto Rico pudieran “expresar su
preferencia
entre
los
candidatos
a
Presidente
y
Vicepresidente de Estados Unidos de América y exigir que
su voto sea contado en cada elección presidencial”. Íd.
Por lo tanto, a diferencia de la Ley Núm. 403-2000, la Ley
Núm. 58-2020 tiene un fin público discernible y definido.
Es
una
expresión
de
una
preferencia,
cónsona
con
el
mandato electoral de estadidad de 2012 y 2017.
No cabe duda de que el pueblo puertorriqueño siempre
ha
abrazado
los
procesos
democráticos
como
herramienta
para el crecimiento de nuestra sociedad. Como evidencia de
ello,
en
el
Preámbulo
de
plasmados
los
valores
postulados
y
la
Constitución
que,
como
quedaron
pueblo,
decidimos adoptar y proteger, a saber:
Nosotros, el pueblo de Puerto Rico, a fin
de organizarnos políticamente sobre una base
plenamente democrática, promover el bienestar
general y asegurar para nosotros y nuestra
posteridad el goce cabal de los derechos
humanos, puesta nuestra confianza en Dios
Todopoderoso, ordenamos y establecemos esta
Constitución para el estado libre asociado que
en el ejercicio de nuestro derecho natural
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
51
ahora creamos dentro de nuestra unión con los
Estados Unidos de América.
Al así hacerlo declaramos:
Que el sistema democrático es fundamental
para la vida de la comunidad puertorriqueña;
Que entendemos por sistema democrático
aquel donde la voluntad del pueblo es la
fuente del poder público, donde el orden
político está subordinado a los derechos del
hombre
y
donde
se
asegura
la
libre
participación del ciudadano en las decisiones
colectivas;
Que consideramos factores determinantes en
nuestra vida la ciudadanía de los Estados
Unidos
de
América
y
la
aspiración
a
continuamente
enriquecer
nuestro
acervo
democrático
en
el
disfrute
individual
y
colectivo de sus derechos y prerrogativas…
Const. PR, Preámbulo, LPRA, Tomo 1 (Énfasis
suplido).
Es
pueblo
evidente
que,
al
de
Rico
estableció
Puerto
ratificar
su
la
Carta
Magna,
importancia
de
el
la
participación plena en los procesos que impacten su futuro
como
sociedad,
democrático.
para
De
preservar
igual
y
forma,
desarrollar
su
sistema
dejó
el
factor
claro
determinante que tiene la ciudadanía americana en nuestras
vidas
y
la
aspiración
constante
a
enriquecer
nuestro
quehacer como sociedad, con los derechos y prerrogativas
que esa ciudadanía confiere. Íd.
Uno de los grandes derechos que tienen los ciudadanos
americanos en los estados de la Unión es el derecho a
votar
por
el
Presidente
y
Vicepresidente
de
Estados
Unidos. En cambio, los ciudadanos americanos domiciliados
en Puerto Rico no disfrutan de ese derecho, debido a que
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
52
Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos. Véase,
Igartúa de la Rosa v. USA, 417 F.3d 145 (1er Cir. 2005).
No
obstante,
pueblo
desde
la
adopción
puertorriqueño
de
su
Constitución,
el
estableció
una
aspiración
de
continuar enriqueciendo los derechos y prerrogativas de su
ciudadanía americana.
El
acto
de
expresar
aspiraciones
colectivas
en
el
Preámbulo de la Constitución no fue una acción aislada. De
igual
forma
expresó
se
el
hizo
en
la
Carta
delegado
en
la
de
Derechos.
Convención
y
Presidente
del
Tribunal
Supremo,
José
”Retoricismo
y
reformismo
hicieron
de
nuestra
carta
aspiraciones
de
y
derechos
propósitos
más
que
una
una
Así
luego
Trías
buen
lo
Juez
Monge:
parte
de
declaración
de
consignación
de
libertades en efecto gozadas o exigibles de inmediato”. J.
Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, Ed.
UPR, 1982, Vol. III, pág. 169. (Énfasis suplido).
La
futuro
Constitución
político
de
del
Puerto
Rico
territorio.
no
Por
comprometió
el
el
contrario,
reconoció que las aspiraciones que se plantearon en la
Constitución pertenecen al pueblo y, por esa razón, no
pueden
estar
sujetas
a
ninguna
fórmula
de
estatus
político. Por eso, hemos resuelto lo siguiente:
Es al pueblo de Puerto Rico, por tanto, a
quien corresponde entender directamente en la
decisión de su destino político final o en la
aprobación de medidas que afecten de modo
importante sus relaciones con Estados Unidos. La
Asamblea Legislativa del país tiene facultad
para disponer plebiscitos no discriminatorios
sobre tales medidas o sobre la cuestión general
del [e]status. La asignación de fondos para
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
53
tales
fines
constituye
indudablemente
una
asignación de fondos para fines públicos. La
Asamblea Legislativa está desprovista de poder,
sin embargo, para legislar en zonas reservadas
al pueblo de Puerto Rico, tales como la relativa
al voto presidencial, a menos que el pueblo la
autorice expresamente. P.S.P. v. E.L.A., supra,
pág. 609 (Énfasis suplido).
Es
correcto
que
la
consecución
de
la
aspiración
plasmada en el preámbulo de la Constitución de Puerto Rico
no
está
atada
E.L.A.,
íd.,
puertas
a
a
ninguna
pág.
605.
cualquier
fórmula
Ahora
de
bien,
iniciativa
estatus. P.S.P.
v.
tampoco
cierra
las
dirigida
a
legislativa
implementar y obedecer un mandato electoral directo del
pueblo, expresado en las urnas.
En esa línea, en
resolvimos
que
Báez Galib II,
"[c]ualquier
supra,
medida
pág. 400,
legislativa
o
gubernamental que tenga el efecto de inclinar la balanza a
favor de alguna alternativa de estatus sin que tenga la
aprobación de los puertorriqueños, infringe el esquema de
neutralidad
que
Constitución”
invalidamos
al
respecto
(Énfasis
entonces
se
deriva
de
nuestra
Por
esa
razón,
suplido).
una
ley
para
implementar
el
voto
presidencial en Puerto Rico.
A diferencia de la situación imperante en 2000, cuando
resolvimos
Báez
Galib
II,
en
2017
el
pueblo
autorizó
expresamente a la Asamblea Legislativa a aprobar una ley
de voto presidencial. En la definición de la fórmula de
estadidad se encontraba un reclamo expreso para adelantar
la
obtención
del
voto
presidencial
en
Puerto
Rico,
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
54
mediante legislación federal o estatal. En específico, la
definición establecía lo siguiente:
Con mi voto reitero mi petición al Gobierno
federal para comenzar de inmediato el proceso
para la descolonización de Puerto Rico con la
admisión de Puerto Rico como estado de la
unión de Estados Unidos de América. Soy
consciente de que el resultado de esta
petición de Estadidad conllevaría iguales
derechos y deberes con los demás estados; y la
unión permanente de Puerto Rico con los
Estados Unidos de América. Soy consciente,
además, que mi voto en reclamo de la Estadidad
significa mi apoyo a toda gestión dirigida a
la admisión de Puerto Rico como un estado de
la Unión y a toda legislación estatal o
federal dirigida a establecer la igualdad de
condiciones, la Representación Congresional y
el Voto Presidencial para los ciudadanos
americanos de Puerto Rico. Véase además,
Exposición de Motivos Ley 51-2020, supra, en
la pág. 6 (énfasis suplido).
No
cabe
duda
de que
al
legislador
le
constaba el
mandato conferido por el pueblo, al aprobar el Subcapítulo
VIII-B de la Ley Núm. 58-2020 y articular la celebración
del
voto
presidencial
en
Puerto
Rico.
Debemos
dar
deferencia al deseo del pueblo. Más aún, hemos expresado
que en la Asamblea Legislativa es “donde maduran y toman
forma
las
definir...
fuerzas
los
sociales...
elementos
que
y
donde
componen
sólo
y
es
posible
constituyen
el
llamado fin o interés público, [por lo que] las opciones
del legislador en este campo son amplias, siempre y cuando
éste se mueva dentro del marco de la Constitución". P.I.P.
v. C.E.E., supra, págs. 607-608.
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
Por
todo
lo
55
anterior,
en
esta
ocasión
resulta
innecesario revaluar el requisito instaurado en Báez Galib
II de que este tipo de legislación requiere autorización
expresa del pueblo.
Otro de los argumentos de los peticionarios es que la
Ley
Núm.
58-2020,
supra,
no
persigue
un
fin
público,
porque carece de consecuencia práctica y jurídica. Alegato
de
los
peticionarios
Alegato
del
Argumentan
del
peticionario
que
como
los
MD-2020-0002,
del
págs.
MD-2020-0005,
compromisarios
11-15;
pág.
elegidos
18.
por
el
pueblo no tendrán derecho a votar en el Colegio Electoral
que elige al Presidente y al Vicepresidente, la Asamblea
Legislativa aprobó una ley inútil.
"Hemos destacado en el pasado que, como condición para
expedir
un
auto
de
mandamus,
debemos
considerar
los
factores siguientes: 'el posible impacto que este pueda
tener
sobre
lo[s]
intereses
públicos
que
puedan
estar
[involucrados]; ... evitar una intromisión indebida en los
procedimientos del poder ejecutivo, y que el auto no se
preste
a
confusión
terceros'".
Báez
Noriega
Hernández
v.
o
Galib
perjuicios
de
II,
pág.
supra,
Colón,
supra,
los
derechos
392,
pág.
de
citando
448.
a
Véase,
además, AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., 178 DPR 253, 268
(2010).
El mandamus solicitado no cumple con esos criterios.
Contrario
a
lo
que
los
peticionarios
alegan,
las
consecuencias prácticas de un estatuto o los efectos que
pueda tener o no tener, no son un factor que determina su
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
56
constitucionalidad. "Nunca hemos resuelto que fin público
significa
un
fin
que
'produzca
derecho'
o
que
tenga
efectos exclusivamente 'jurídicos' ". Báez Galib II, pág.
450 (Corrada Del Río, J., Opinión disidente). De hecho, en
2007 convalidamos la constitucionalidad de un referéndum
para que el pueblo expresara si quería que se estableciera
un sistema legislativo unicameral en Puerto Rico, aunque
la consulta no tenía efecto legal porque no se atenía al
proceso de enmiendas a la Constitución (Const. PR, Art.
VII,
Sec.
1,
Tomo
1
LPRA),
necesario
para
que
la
unicameralidad entrara en vigor, y aunque solo participó
el 22.6% de los electores inscritos. Córdova y otros v.
Cámara Representantes,
supra. Sostuvimos que aunque era
inconstitucional que la legislación pretendiera obligar a
los legisladores a iniciar un proceso de enmiendas a la
Constitución,
esta
"no
prohíbe
celebrar
un
referéndum
antes de iniciarse el proceso contemplado en el Art. VII,
Sec. 1, supra, para palpar el sentir de la ciudadanía".
Íd., pág. 806. En este sentido, modificamos lo resuelto en
Báez Galib II.
En
una
electoral
democracia
válidamente
es
legítima
emitida
en
cualquier
las
urnas.
expresión
Córdova
otros v. Cámara Representantes, íd. Su
carácter consultivo no implica que el resultado
del referéndum... esté huérfano de efecto alguno
en nuestras ramas representativas de gobierno.
Este efecto se reserva al ámbito político, por
lo que a fin de cuentas y como siempre ocurre en
una democracia, es a través del ejercicio del
voto que los electores expresan su sentir sobre
los distintos asuntos que se discuten a diario
en la vida política puertorriqueña. Íd., pág.
y
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
57
826
(Rodríguez
conformidad).
Rodríguez,
J.,
Se
dinámica
natural
trata
de
una
Opinión
de
en
procesos
los
políticos que merece extrema deferencia.
"La obligación
del
sido
Estado
de
proteger
ese
derecho
ha
igualmente
reconocida". P.I.P. v. C.E.E., supra, pág. 615. Por lo
tanto,
resulta
razonable
que
la
Asamblea
Legislativa
-
dentro de sus prerrogativas- haya decidido articular un
evento en el cual el pueblo pueda expresarse, al votar por
el Presidente y Vicepresidente de la Nación. La discusión
sobre
la
efectividad,
necesidad
o
conveniencia
de
esta
legislación no es un asunto que se deba discutir en un
foro judicial, sino en la arena pública.
"[P]ara justificar la intervención de un tribunal se
requiere
'un
caso
claro
de
desviación
de
cualquier
propósito público que razonablemente pudiera concebirse',
o...
'un
despliegue
de
poder
arbitrario,
no
una
demostración de juicio'. Y esa autoridad judicial... debe
ejercitarse con la 'más extrema cautela'". P.R. Telephone
Co. v. Tribl. Contribuciones, 81 DPR 982, 996-997 (1960)
(citas omitidas). Más aún, al evaluar si una ley tiene un
fin público, los tribunales venimos obligados a reconocer
que ese concepto no es estático. "[T]iene que 'ceñirse a
las
cambiantes
condiciones
sociales
de
una
comunidad
específica y los problemas peculiares que éstas crean y a
las
nuevas
gobernantes
obligaciones
en
una
que
el
sociedad
ciudadano
impone
democrática
a
sus
altamente
compleja'". P.I.P. v. C.E.E., supra, pág. 612, citando a
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
58
P.R. Telephone Co. v. Tribl. Contribuciones, supra, pág.
997.
El fin público de la Ley Núm. 58-2020 surge no solo de
las aspiraciones que el pueblo expresó en el Preámbulo de
la
Constitución
del
Estado
Libre
Asociado,
sino
más
recientemente, del mandato electoral dado en el plebiscito
de 2017. Reafirmamos lo resuelto en Báez Galib II, de que
este tipo de legislación necesita ser autorizada por el
pueblo. Como esa autorización expresa para la Ley Núm. 582020 se obtuvo en el plebiscito de 2017 y es cónsona con
las aspiraciones que el pueblo de Puerto Rico manifestó al
aprobar su Constitución, no nos corresponde invalidar la
legislación impugnada.
V
En
conclusión,
favoreciendo
la
ante
fórmula
el
de
mandato
estadidad
del
en
electorado
dos
ocasiones
distintas y reclamando la aprobación de legislación para
implementar
el
voto
presidencial,
así
como
ante
las
aspiraciones que el pueblo expresó en el Preámbulo de la
Constitución,
las
leyes
impugnadas
en
estos
casos
consolidados cumplen con un fin público.
Acogemos las comparecencias, como amigos de la corte,
del Lcdo. Eudaldo Báez Galib, el Lcdo. Gregorio Igartúa De
la
Rosa,
el
Senado
de
Puerto
Rico,
el
Partido
Nuevo
Progresista y la Hon. Jennifer A. González Colón.
Por
acogidos
los
los
fundamentos
recursos,
expuestos
se
en
dictará
esta
Opinión,
Sentencia
y
en
jurisdicción original, de conformidad con el Art. 8.3(a)
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
59
de la Ley Núm. 51-2020, para adjudicar la impugnación de
ese estatuto. Sostenemos la constitucionalidad de esa ley.
Además, resolvemos que el Subcapítulo VIII-B de la Ley
Núm. 58-2020 es constitucional y, por ello, se deniega el
auto
de
mandamus
solicitado
para
suspender
implementación.
RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES
Juez Asociado
su
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Orlando José Aponte Rosario;
Hon.
Rafael
Hernández
Montañez; Hon. José Varela
Fernández; Hon. Ángel R.
Matos García; Hon. Carlos A.
Bianchi Angleró; Hon. Jesús
Manuel Ortiz; Hon. Ramón
Luis Cruz Burgos; Carlos
Rodolfo
Colón
Rosario;
Leslie Ramos Rodríguez
Peticionarios
v.
MD-2020-002
Presidente Comisión Estatal
de Elecciones; Estado Libre
Asociado de Puerto Rico
cons. con
MD-2020-005
Recurridos
____________________________
Hon. Luis Ricardo Vega Ramos
en su carácter personal y
como
representante
a
la
Cámara de Representantes del
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico
Peticionario
v.
Presidente Comisión Estatal
de Elecciones; Estado Libre
Asociado de Puerto Rico
Recurridos
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 5 de octubre de 2020.
Acogemos las comparecencias, como amigos de la corte,
del Lcdo. Eudaldo Báez Galib, el Lcdo. Gregorio Igartúa De
MD-2020-0002 y MD-2020-0005
la Rosa, el Senado de Puerto Rico, el Partido
Progresista y la Hon. Jennifer A. González Colón.
2
Nuevo
Por los fundamentos expuestos en esta Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte de esta Sentencia,
y
acogidos
los
recursos,
se
dicta
Sentencia
en
jurisdicción original, de conformidad con el Art. 8.3(a)
de la Ley Núm. 51-2020, para adjudicar la impugnación de
ese estatuto. Sostenemos la constitucionalidad de esa ley.
Además, resolvemos que el Subcapítulo VIII-B de la Ley
Núm. 58-2020 es constitucional y, por ello, se deniega el
auto
de
mandamus
solicitado
para
suspender
su
implementación.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez
Rodríguez emitió una opinión disidente. El Juez Asociado
señor Colón Perez emitió una Opinión disidente a la cual
se unieron la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y la Juez
Asociada señora Rodríguez Rodríguez.
José Ignacio Campos Pérez
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Orlando José Aponte Rosario;
Hon.
Rafael
Hernández
Montañez; Hon. José Varela
Fernández; Hon. Ángel R. Matos
García; Hon. Carlos A. Bianchi
Angleró; Hon. Jesús Manuel
Ortiz; Hon. Ramón Luis Cruz
Burgos; Carlos Rodolfo Colón
Rosario;
Leslie
Ramos
Rodríguez
Peticionarios
v.
Presidente Comisión Estatal de
Elecciones;
Estado
Libre
Asociado de Puerto Rico
Núm.MD-2020-0002
cons. con
Recurridos
MD-2020-0005
Hon. Luis Ricardo Vega Ramos
en su carácter personal y como
representante a la Cámara de
Representantes
del
Estado
Libre Asociado de Puerto Rico
Peticionario
v.
Presidente Comisión Estatal de
Elecciones;
Estado
Libre
Asociado de Puerto Rico
Recurridos
Opinión disidente emitida
Rodríguez Rodríguez
por
la
Juez
Asociada
señora
En San Juan, Puerto Rico, a 5 de octubre de 2020.
“La Lógica es un cajón de gran
tamaño donde guardamos algunas
herramientas útiles, y muchas
otras
superfluas.
La
persona
sabia busca en el cajón con dos
propósitos: para aprovecharse de
aquellos instrumentos que le son
útiles
y
para
admirar
la
inventiva con la cual aquellos
que no lo son, se acomodan y se
organizan.”
Charles
Caleb
Colton,
inglés (1780-1832)
Poeta
MD-2020-0002
cons. con
MD-2020-0005
2
Durante el día de hoy, una mayoría de los integrantes
de este Tribunal permite el desembolso millonario de fondos
públicos para la celebración de dos eventos electorales que
carecen
de
un
fin
público
y
cuyos
resultados
serán
completamente inconsecuentes. La única consecuencia directa
de
la
celebración
de
esos
eventos
electorales
será
justamente la sustracción de casi tres millones de dólares
del
presupuesto
gubernamental
a
expensas
de
un
pueblo
abatido por los efectos de la corrupción, el mal gobierno,
la pobreza, el desempleo y -más recientemente- una pandemia
mundial que ha expuesto en definitiva las precariedades e
inequidades socioeconómicas yacentes. Por entender que el
proceder
de
la
mayoría
es
inconstitucional,
disiento
impetuosamente.
Las implicaciones sociales y económicas del curso de
acción
de
una
mayoría
son
igual
de
peligrosas
y
problemáticas que el precedente judicial que hoy se pauta.
En esencia, el razonamiento de una mayoría consiste en
distinguir -aún en ausencia de una diferencia tangible- un
precedente judicial que presuntamente se reafirma mediante
un resultado patentemente contrario a éste. Dicho de otra
forma, la mayoría establece una distinción sin diferencias,
para presuntamente no revocar lo revocado.
Ante tan ininteligible silogismo, queda claro que el
designio político de la mayoría es el mismo que se persigue
mediante los eventos electorales aquí impugnados. Así, la
mayoría recurre a artilugios semánticos y glosas ilusas
que, empleadas con una maña magistral, ajustan el efecto de
MD-2020-0002
cons. con
MD-2020-0005
un
precedente
3
de
gran
arraigo
en
nuestro
ordenamiento
electoral al fin deseado. Más que un paralogismo retórico,
la opinión de la mayoría es un sofisma sagaz que honra a
Gorgias; un réquiem discreto al valor del precedente en
nuestra jurisdicción y a la seriedad, agudeza y sensatez
judicial.6
Por
todo
lo
anterior,
disiento
del
curso
mayoritario.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada
Llamemos las cosas por su nombre y no seamos ilusos. La
ley que la mayoría avala a través de sus galimatías
constitucionales es lo que se conoce en el argot
electoral, un ejercicio de get out the vote, el llamado
GOTV. Es decir, el propósito de esta ley no es
verdaderamente alcanzar o como poco adelantar el ideal
codiciado, sino sacar el voto a la calle de los
correligionarios
utilizando
fondos
públicos
y
el
imprimatur mayoritario.
6
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Orlando José Aponte Rosario,
Hon. Rafael Hernández Montañez,
Hon. José Varela Fernández,
et al.
Peticionarios
MD-2020-002
MD-2020-005
Mandamus
v.
Presidente Comisión Estatal de
Elecciones; Estado Libre Asociado
de Puerto Rico
Recurrido
_________________________________
Luis Ricardo Vega Ramos
Peticionario
v.
Presidente Comisión Estatal de
Elecciones; Estado Libre Asociado
de Puerto Rico
Recurrido
Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN
PÉREZ a la cual se unen la Jueza Presidenta ORONOZ RODRÍGUEZ
y la Juez Asociada señora RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.
En San Juan, Puerto Rico a 5 de octubre de 2020.
En el día de hoy, -- en un acto muy apasionado, pero
poco pensado --, una mayoría de esta Curia decide revocar sub
silentio lo sentenciado hace varias décadas por este Tribunal
en el normativo caso Báez Galib v. C.E.E, infra, y, al así
hacerlo, peligrosamente validan en nuestra jurisdicción el
MD-2020-0002
cons. con
MD-2020-0005
2
uso de fondos públicos para adelantar la fórmula de estatus
que propone el partido político en el poder.
ello
también
va
puertorriqueñas
atado
“puedan
Vicepresidente
de
repercusiones
políticas,
tristemente
los
a
que
los
puertorriqueños
y
votar”
por
el
Presidente
y
Unidos
de
América.
Las
Estados
dictaminado
En este caso,
sociales
por
y
este
económicas
Foro
son
de
y
lo
serán
incalculables.
No albergamos duda alguna que el cuestionable proceder de
una
mayoría
de
este
Tribunal
choca
frontalmente
con
lo
dispuesto en las Constituciones del Estado Libre Asociado de
Puerto
Rico
y
de
los
Estados
Unidos
de
América,
y
su
jurisprudencia interpretativa. Como cuestión de hecho, así lo
reconoció
el
comunicación
Departamento
escrita
cursada
de
Justicia
federal
al
entonces
presidente
en
de
una
la
Comisión Estatal de Elecciones del País, Lcdo. Juan E. Dávila
Rivera7; exponiendo a esta Curia, una vez más, a tener que ser
corregida por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, si
así
lo
solicitasen
las
partes.8
De
ahí,
la
obligación
de
disentir.
Véase, Apéndice I (Comunicación escrita del Departamento de Justicia
federal cursada al entonces presidente de la Comisión Estatal de
Elecciones, Lcdo. Juan E. Dávila Rivera).
7
De la misma forma en que lo alertamos anteriormente en Acevedo
Feliciano v. Iglesia Católica, Apostólica y Romana, 200 DPR 458 (2018)
(Colón Pérez, opinión disidente) -- caso que fue expedido por el Tribunal
Supremo de los Estados Unidos el 24 de febrero de 2020, Roman Catholic
Archdiocese of San Juan, Puerto Rico v. Yali Acevedo Feliciano, et al.,
140 S. Ct. 696, 589 US __ (2020) -- llamamos la atención a que el caso
ante nuestra consideración posee todos los elementos necesarios para ser
revisado por la Corte Suprema federal.
8
No olvidemos que una de las controversias medulares del
presente caso es el derecho al voto por el Presidente y
MD-2020-0002
cons. con
MD-2020-0005
Una
3
vez
se
revise
el
contenido
de
nuestra
Opinión
Disidente, notarán que los fondos públicos que hoy la mayoría
de los miembros de este Foro autoriza se empleen en eventos
simbólicos,
elaborados
en
cuartos
obscuros,
y
con
aviesa
intención, hubiesen servido un mejor propósito de haber ido a
parar a las puertas de todos aquellos hogares de las familias
puertorriqueñas que todavía sufren los estragos ocasionados
por los huracanes Irma y María, los terremotos en la región
suroeste
del
país,
o
la
pandemia
COVID-19;
eventos
que
verdaderamente han dejado al descubierto la pobreza que se
vive
en
esta
Isla
y
las
brechas
económicas
que
triste
e
innecesariamente separan a unos de otros. ¡Quizás así, de una
manera más real y acertada, podamos alcanzar la verdadera
IGUALDAD que algunos de mis compañeros y compañeras de estrado
reclaman en su escrito! Veamos.
I.
Los
hechos
medulares
que
dieron
margen
al
presente
litigio no están en controversia. Allá para el 16 de mayo de
2020,
la
Gobernadora
de
Puerto
Rico,
Hon.
Wanda
Vázquez
Garced, firmó la Ley Núm. 51-2020, conocida como Ley para la
definición final del estatus político de Puerto Rico, 2020 LPR
Vicepresidente de Estados Unidos, asunto contemplado por el Art.
II, Sec. 1, de la Constitución federal. Véase lo resuelto por la
Corte de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston en
Igartúa de la Rosa v. USA, infra.
Hoy, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, interpretando
ligera y erróneamente la Constitución de los Estados Unidos e
ignorando la legislación congresional relacionada, pretende
concederle a los puertorriqueños y puertorriqueñas el derecho al
voto por el Presidente y Vicepresidente de los Estados Unidos de
América, cuando a todas luces ello en derecho no procede.
MD-2020-0002
cons. con
MD-2020-0005
51,
a
los
4
fines
de
disponer
el
procedimiento
para
la
celebración de un plebiscito sobre el estatus político de la
Isla, simultáneo a las Elecciones Generales del 3 de noviembre
de 2020.
Mediante
potenciales
el
plebiscito
electores
y
propuesto
electoras
se
lo
preguntará
siguiente:
a
los
“¿[d]ebe
Puerto Rico ser admitido inmediatamente dentro de la Unión
como un Estado?”. Las alternativas de contestaciones a esa
pregunta,
las
cuales
estarán
impresas
en
la
papeleta
de
votación, serán Estadidad “Sí” o “No”. Art. 4.1, 2020 LPR 51.
A grandes rasgos, la referida ley le ordena al presidente
de la Comisión Estatal de Elecciones elaborar una propuesta o
proyecto
para
el
diseño
general
de
una
campaña
educativa
masiva a los electores y un proyecto de plan presupuestario
para los demás gastos -- como la impresión de las papeletas -los cuales deberán ser sometidos ante la consideración del
Departamento
de
Justicia
federal
para
el
respectivo
financiamiento. Art. 3.2, 2020 LPR 51. Para ello, se le ordena
utilizar
“todos
difusión
los
pública
medios
a
su
de
comunicación
alcance,
y
técnicas
incluyendo
de
medios
electrónicos”. Art. 4.5, 2020 LPR 51.
En cuanto a la asignación de fondos para llevar a cabo el
plebiscito,
el
Art.
8.1,
2020
LPR
51,
dispone
que
la
Gobernadora, el Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia y
Presupuesto, el Secretario de Hacienda y el Director Ejecutivo
de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de
MD-2020-0002
cons. con
MD-2020-0005
5
Puerto Rico, tienen el deber ministerial de identificar y
hacer disponibles los recursos económicos estatales asignados
en la precitada ley -- aproximadamente $3,500,000.00 -- para
cumplir
con
todos
los
propósitos
de
la
misma,
independientemente se hayan asignado fondos federales o no.
De otra parte, y poco más de un mes después, el 20 de
junio de 2020 para ser exactos, se firmó la Ley Núm. 58 de
2020, conocida como Código Electoral de 2020, 2020 LPR 58. En
lo pertinente a la controversia ante nuestra consideración, el
mismo se legisló a los fines de integrar las disposiciones de
la
derogada
Garantizar
Ley
el
Núm.
Voto
12-2018,
conocida
como
Ley
a
los
Ciudadanos
Presidencial
todos
para
Americanos Residentes en Puerto Rico, 2018 LPR 12 (derogada
2020). Art. 1.1, 2020 LPR 58.
Consecuentemente, en el Código Electoral recién aprobado
se ordena que, en el mismo día de cada elección general,
comenzando
con
la
que
se
realice
en
el
año
2024,
todo
ciudadano y ciudadana estadounidense que sea elector hábil en
Puerto
Rico,
vote
por
su
candidato
de
preferencia
para
Presidente y Vicepresidente de los Estados Unidos de América.9
Resaltamos que, si bien el Art. 8.1.b del Código Electoral de 2020
establece las elecciones generales del año 2024 como punto de partida para
la celebración de la primera elección presidencial en Puerto Rico, el Art.
8.22.b, por su parte, dispone:
9
El
lunes
después
del
segundo
miércoles
de
diciembre del año en que se realice la Elección
Presidencial, el Presidente del Senado y el
Presidente de la Cámara de Representantes de
Puerto Rico, convocarán al Capitolio de Puerto
Rico a los Compromisarios, de acuerdo con la
certificación
de
elección
emitida
por
el
Presidente de la Comisión. Dichos Compromisarios,
mediante votación secreta, emitirán sus votos de
compromiso a favor de los Candidatos a Presidente
MD-2020-0002
cons. con
MD-2020-0005
6
De igual manera, el referido Código le ordena a la Comisión
Estatal de Elecciones organizar y viabilizar que los electores
puertorriqueños
emitan
su
voto
para
escoger
entre
los
mencionados candidatos. Art. 8.3.b, 2020 LPR 51.
A la luz de lo anterior, varios legisladores y candidatos
a dicho puesto (en adelante, “los peticionarios”) acuden ante
nos mediante el recurso extraordinario del mandamus, en el
cual solicitan que se ordene al presidente de la Comisión
Estatal
de
Elecciones
y
demás
funcionarios,
acatar
la
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y que no
ejecuten la Ley para la definición final del estatus político
de Puerto Rico, supra, así como lo dispuesto en el Código
Electoral
de
2020,
supra,
relativo
al
voto
presidencial.
Además, nos solicitan que -- mediante sentencia declaratoria - ambas leyes sean declaradas inconstitucionales.
A esos efectos, éstos arguyen que las mencionadas leyes
pretenden
implementar
ficticiamente
un
derecho
legal
inexistente y alterar la relación de poder entre Puerto Rico y
Estados Unidos sin que el Pueblo lo haya autorizado. Asimismo,
sostienen
que
dichas
leyes
persiguen
objetivos
inconstitucionales al autorizar el uso de fondos públicos para
y Vicepresidente de Estados Unidos a quienes
representan.
Los procesos de votación de los
Compromisarios
y
su
escrutinio,
siempre
se
realizarán en el Capitolio de Puerto Rico. Para la
primera Elección Presidencial de 3 de noviembre de
2020, estos trabajos serán dirigidos por el
Presidente de la Cámara en el hemiciclo de ese
cuerpo legislativo y, en adelante, cada cuatro (4)
años la dirección estos trabajos se alternará con
el Presidente del Senado. (Énfasis suplido). 2020
LPRA 58.
MD-2020-0002
cons. con
MD-2020-0005
adelantar
7
la
fórmula
de
estatus
que
promueve
el
partido
político en el poder -- lo cual, a juicio de éstos, carece de
un fin público -- por lo que viola el principio de igualdad
económica
electoral
inmerso
en
nuestra
Constitución.
Posteriormente, el Hon. Luis Vega Ramos presentó recursos de
mandamus
y
sentencia
declaratoria
en
los
cuales
realizó
alegaciones similares a aquellas contenidas en los recursos
presentados por los mencionados peticionarios. Por tanto, los
recursos de referencia fueron consolidados.
Valga resaltar aquí que, en lo relacionado a la
elección
presidencial,
los
peticionarios
no
alegan
hechos
concretos que pongan de manifiesto el uso de fondos públicos
para comenzar las labores concernientes a dicha elección junto
a las elecciones generales que están próximas a celebrarse.
Esto
debido
a
que,
como
mencionamos
anteriormente,
varias
disposiciones del Código Electoral de 2020, supra, contemplan
la celebración de las primeras elecciones presidenciales en la
Isla
para
estatuto,
el
año
2024
entiéndase
el
y
solo
Art.
un
artículo
8.22b,
del
establece
referido
el
3
de
noviembre de 2020 como punto de partida.10
Por su parte, tanto el entonces presidente de la Comisión
Estatal de Elecciones, Lcdo. Juan E. Dávila Rivera, como el
Estado
Libre
Asociado
de
Puerto
Rico
presentaron
sus
Recordemos que, conforme a la doctrina de autolimitación judicial, este
Foro debe evitar emitir opiniones consultivas en controversias que, entre
otros, carezcan de madurez. Para superar dicho escollo, aquella parte que
impugne la constitucionalidad de alguna disposición de ley, tal como
ocurre en el caso de autos, viene obligado a demostrar la proximidad
temporal del daño que la misma ha de ocasionarle. Véase, Rexach v. Ramírez
Vélez, 162 DPR 130 (2004).
10
MD-2020-0002
cons. con
MD-2020-0005
8
respectivos alegatos. En esencia, ambos sostienen que la Ley
Núm. 51, supra, y las disposiciones sobre el voto presidencial
contenidas en el Código Electoral de 2020, supra, persiguen un
fin público y, por ende, ambas leyes son constitucionales. Por
esta razón, nos solicitaron la desestimación de los recursos
de epígrafe.
De igual forma, varias partes interesadas en el pleito
comparecieron ante este Tribunal, a saber: el Senado de Puerto
Rico,
representado
Schatz;
el
presidente
por
Partido
de
la
su
presidente,
Hon.
Thomás
Nuevo
Progresista
por
conducto
referida
colectividad,
Lcdo.
Rivera
Pedro
del
R.
Pierluisi Urrutia; el Lcdo. Gregorio Igartúa de la Rosa; y la
actual Comisionada Residente en Washington, Hon. Jennifer A.
González
Colón.
En
apretada
síntesis,
los
comparecientes
arguyen que los estatutos impugnados promueven un fin público
relacionado
al
bienestar
general
e
igualdad
de
los
puertorriqueños y puertorriqueñas y, en consecuencia, ambos
son constitucionales por no contravenir el Art. VI, sec. 9, de
la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Asimismo, el señor Eudaldo Báez Galib acudió ante esta
Curia
como
amicus
curiae.
Este
sostuvo
que,
ante
la
posibilidad de que se revoque lo resuelto en Baéz Galib v.
C.E.E, infra, resultaba necesario destacar que los hechos en
el caso ante nuestra consideración -- así como la normativa
aplicable -- son en extremo similares a los que este Tribunal
tuvo ante su consideración en el precitado caso del cual él
fue parte. Es decir (1) el caso Igartúa de la Rosa v. USA,
MD-2020-0002
cons. con
MD-2020-0005
9
infra, no ha sido revocado; (2) las disposiciones del voto
presidencial contenidas en el actual Código Electoral, supra,
son esencialmente las mismas contempladas en la ley que se
declaró inconstitucional en Báez Galib v. C.E.E., infra; y (3)
la cláusula constitucional sobre el uso de fondos públicos
según
contemplada
en
el
Art.
VI,
Sec.
9
de
nuestra
Constitución es la misma que fue interpretada en el mencionado
caso.
Trabada así la controversia, y con el beneficio de la
comparecencia de ambas partes en el litigio, así como de otras
partes
interesadas,
procedemos
a
exponer
la
normativa
aplicable a la misma.
II.
Como es sabido, el Art. VI, Sec. 9, de la Constitución
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece que “[s]ólo
se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines
públicos
y
para
el
sostenimiento
y
funcionamiento
de
las
instituciones del Estado, y en todo caso por autoridad de
ley”. CONST. ELA art. VI, § 9, LPRA, Tomo 1. Cónsono con ello,
hemos
sentenciado
que
la
noción
de
finalidad
pública
contemplada en la mencionada disposición constitucional juega
un rol importante en nuestro ordenamiento jurídico, pues, a
diferencia
de
las
personas
particulares
--
quienes
pueden
actuar para variados fines -- “[l]a búsqueda de un fin de
interés público es la condición positiva de toda actuación
estatal”.
Báez
Galib
v.
C.E.E.,
supra.
Véase,
P.I.P.
v.
C.E.E., 120 DPR 580, 606 (1988). De ese modo, todo organismo
MD-2020-0002
cons. con
MD-2020-0005
10
gubernamental
está
obligado
a
cumplir
cabalmente
con
la
anterior disposición, lo cual se logra utilizando los fondos
públicos para fines públicos legítimos. Mun. de Quebradillas
v. Corp. Salud Lares, 180 DPR 1003, 1017 (2011); C.F.S.E. v.
Unión de Médicos, 170 DPR 443, 452 (2007); De Jesús Gonzalez
v. AC, 148 DPR 255, 268 (1999).
De conformidad con lo anterior, la Asamblea Legislativa
tiene la facultad de asignar fondos públicos -- ya sea a
entidades públicas, semipúblicas o aun privadas -- siempre que
cumplan con una función reconocidamente pública y cuando el
propósito de éstas sea colaborar en el desempeño de alguna
labor gubernamental. Véase, 2 DIARIO
SESIONES
DE
DE LA
CONVENCIÓN
CONSTITUYENTE 904-906 (1952). Véase, además, P.S.P. v. ELA, 107
DPR 590, 600 (1978). Es decir, los fondos del erario nunca se
deben utilizar para el fomento de empresas privadas, ni para
el
beneficio
de
personas
o
entidades
particulares
en
su
condición como tales. Véase, DIARIO DE SESIONES, supra. Asimismo,
es impermisible una asignación de fondos públicos que infrinja
otras disposiciones de nuestra Carta Magna, como la igual
protección
de
propiedades
o
las
leyes,
fondos
la
prohibición
públicos
para
contra
fines
el
sectarios
uso
de
o
el
sostenimiento de instituciones educativas que no sean las del
Estado, así como cualquier otro derecho que emane del Pueblo,
conforme al sistema democrático que impera en nuestro País.11
P.S.P. v. ELA, supra. Véanse, además, Asoc. de Maestros v.
MD-2020-0002
cons. con
MD-2020-0005
11
Depto. de Educación, 200 DPR 974 (2018) (Colón Pérez, opinión
disidente); Asoc. Maestros P.R. v. Srio. Educación, 137 DPR
528 (1994) (Fuster Berlingeri, opinión de conformidad); Lemon
v. Kurtzman, 403 US 602 (1971).
Sobre el particular, hemos expresado que la determinación
que
realizan
los
poderes
políticos
en
cuanto
a
lo
que
constituye un fin público merece gran deferencia por parte de
los tribunales. Báez Galib v. C.E.E., supra, págs. 395-96;
P.S.P. v. ELA, supra. Por consiguiente, al ejercer nuestra
función revisora y juzgar la validez constitucional de las
actuaciones de las demás ramas de gobierno en torno al uso de
fondos públicos para fines que éstas consideran como públicos,
los parámetros que impone la doctrina de separación de poderes
nos
obligan
a
actuar
con
particular
recelo,
prudencia
y
deferencia hacia la voluntad legislativa. Véase, P.P.D. v.
Gobernador I, 139 DPR 643, 685 (1995). Esto, “[s]iempre que la
misma
esté
enmarcada
dentro
del
esquema
constitucional
y
aunque como magistrados discrepemos personalmente de la bondad
de los actos legislativos”. P.I.P. v. C.E.E., supra, pág. 611.
Véanse, además, Báez Galib v. C.E.E., supra, págs. 394-96;
P.P.D. v. Gobernador I, supra.
Ahora bien, lo anterior no significa que debamos abdicar
nuestro
rol
como
garantes
e
intérpretes
finales
de
la
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Máxime,
cuando se trata de la delicada tarea de evitar, a toda costa,
Para una discusión sobre el uso de fondos públicos para el sostenimiento
de instituciones educativas privadas, véase, Asoc. de Maestros v. Depto.
11
MD-2020-0002
cons. con
MD-2020-0005
el
12
derroche
de
fondos
públicos
en
un
país
sumido
en
una
lamentable crisis política, social y económica.
Así
pues
--
y
teniendo
como
norte
que
nuestra
Constitución es “más que una ley ordinaria, sino que es la ley
que gobierna al gobierno” y como tal se impone sobre cualquier
otra legislación -- dicha deferencia no puede desembocar en el
absurdo de que este Tribunal se cruce de brazos y permita que
se deroguen fondos públicos para un fin claramente contrario a
lo que el Art. VI, Sec. 9 de nuestra Constitución exige. PNP
v. Calderón González, 170 DPR 268, 294 (2007); Báez Galib v.
C.E.E., supra, pág. 396; P.I.P v. C.E.E., supra, pág. 612. A
ello no estamos dispuestos, no al menos el Juez que suscribe.
III.
De otra parte, la Constitución del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico también consagra el derecho al voto para toda
persona domiciliada en el país, al disponer en su Art. II,
Sec. 2, que las leyes adoptadas por la Asamblea Legislativa
“garantizarán la expresión de la voluntad del pueblo mediante
el sufragio universal, igual, directo y secreto, y protegerán
al
ciudadano
contra
toda
coacción
en
el
ejercicio
de
la
prerrogativa electoral”. CONST. ELA art. II, § 2, LPRA, Tomo
1. De lo anterior podemos colegir que los funcionarios y las
funcionarias gubernamentales a cargo de la dirección del País
tienen una responsabilidad constitucional dual.
Por un lado, esos funcionarios y funcionarias tienen que
abstenerse
de
interferir
con
el
ejercicio
de Educación, supra (Colón Pérez, opinión disidente).
del
sufragio
MD-2020-0002
cons. con
MD-2020-0005
13
universal, igual, directo y secreto, y, por otra parte, éstos
tienen un deber afirmativo de proteger a los ciudadanos y
ciudadanas
contra
toda
coacción
en
el
ejercicio
de
tal
derecho. Ello, ya que en nuestro ordenamiento constitucional
el
poder
político
emana
del
consentimiento
y
de
la
libre
selección y voluntad de los ciudadanos y ciudadanas que en
este
país
habitan.
PPD
v.
Gobernador
I,
supra,
pág.
670.
Véase, además, Sánchez y Colón v. ELA I, 134 DPR 445, 448-49
(1993).
De conformidad con lo anterior, el Art. VI, Sec. 4, de
nuestra Constitución esboza ciertas normas básicas para la
celebración
de
los
eventos
electorales,
así
como
los
requisitos para poder participar en éstos. CONST. ELA art. VI,
§ 4, LPRA, Tomo 1. A la luz de este postulado, será elector o
electora toda persona que haya cumplido dieciocho (18) años de
edad y que reúna los demás requisitos que se determinen por
ley. Íd. Además, y en lo pertinente a la controversia que nos
ocupa, el referido artículo establece que “[s]e dispondrá por
ley todo lo concerniente al proceso electoral y de inscripción
de electores, así como lo relativo a los partidos políticos y
candidatura”. Íd. Valga señalar que el derecho al voto de los
puertorriqueños y las puertorriqueñas comprende no sólo el
derecho
a
participar
de
las
elecciones,
sino
que
exige,
además, que en las papeletas a utilizarse se incluyan las
opciones que reflejan las corrientes políticas contemporáneas.
PNP v. De Castro Font II, 172 DPR 883, 893 (2007); McClintock
MD-2020-0002
cons. con
MD-2020-0005
14
Hernández v. Rivera Schatz, 171 DPR 605 (2007); P.A.C. v. ELA,
150 DPR 359, 372 (2000).
Así pues, “[l]a Asamblea Legislativa tiene la facultad y
la
obligación
de
aprobar
aquella
reglamentación
que,
sin
obstaculizar innecesariamente el derecho al voto en todas sus
dimensiones, propenda a la realización de un proceso electoral
justo, ordenado, libre de fraude, honesto e íntegro”. P.A.C.
v. ELA, 150 DPR 359 (2000); P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. Romero
Barceló,
110
DPR
948
(1980);
P.S.P.
v.
Com.
Estatal
de
Elecciones, 110 DPR 400 (1980); P.N.P. v. Tribunal Electoral,
104 DPR 741 (1976). Ahora bien, aunque la referida rama de
gobierno tiene amplia facultad para reglamentar los procesos
electorales
--
lo
cual
incluye
las
elecciones
generales,
primarias, plebiscitos y referéndums -- le corresponde a los
tribunales, en el descargue de su responsabilidad para con el
Pueblo, asegurar que la legislación promulgada a esos fines
cumpla con las garantías constitucionales. Sánchez y Colón v.
ELA I, supra, págs. 449-50; Sánchez y Colón v. ELA II, 134 DPR
503, 530 (1993) (Hernández Denton, opinión de conformidad).
En esos menesteres, es necesario que realicemos “[u]n
delicado balance entre el derecho fundamental al sufragio y el
interés del Estado en reglamentar su ejercicio para que el
proceso se conduzca ordenadamente con la mayor participación
de electores en igualdad de condiciones”. Íd. Véase, además,
Burgos Andújar v. Com. Estatal de Elecciones, 197 DPR 914, 986
(2017) (Colón Pérez, opinión disidente). Esto, pues, “[e]l
Derecho
Electoral
concierne
los
derechos
básicos
de
una
MD-2020-0002
cons. con
MD-2020-0005
democracia
15
y
la
legitimidad
de
sus
elecciones,
lo
cual
requiere un especial celo en actuar con el mayor cuidado y
estudio”. H. L. Acevedo, La democracia puertorriqueña y su
sistema electoral, en Puerto Rico y su gobierno: estructura,
retos y dinámicas, Puerto Rico, Ed. SM, 2016, pág. 297.
De
igual
Constitución
forma,
de
varios
Estados
artículos
Unidos
de
y
enmiendas
América
abundan
de
la
en
lo
concerniente al derecho al voto de los ciudadanos y ciudadanas
estadounidenses. A esos fines, el Artículo II, Sec. 1, de la
referida Constitución estipula que el proceso para elegir al
Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos será mediante el
llamado
Colegio
Electoral,
a
través
del
cual
los
estados
nombran varios electores o compromisarios. CONST. EE.UU. art.
II,
§1.
Luego
de
que
los
ciudadanos
y
ciudadanas
de
los
distintos estados voten por el candidato de su preferencia,
estos compromisarios se reunirán y, a su vez, votarán, por el
candidato que fue elegido mediante el voto popular. CONST.
EE.UU. art. II, §1.
Asimismo, la Constitución de Estados Unidos de América
prohíbe que el Gobierno Federal o los estados denieguen el
derecho al sufragio por razón de raza, color, sexo o condición
previa de servidumbre o a personas mayores de dieciocho (18)
años.12 Cada estado de la Unión tiene el deber de legislar en
Véanse las enmiendas XV, XIX y XXVI de la Constitución de Estados
Unidos. CONST. EE.UU. enm. XV, XIX y XXVI.
12
MD-2020-0002
cons. con
MD-2020-0005
16
lo relativo al mencionado derecho teniendo en cuenta, claro
está, los postulados constitucionales.13
Sobre este extremo, cabe resaltar que cada referencia al
derecho al voto que se encuentra en la Constitución de Estados
Unidos hace mención a los estados de la Unión, lo cual, en
este momento, nos lleva a concluir que en Puerto Rico no
existe el derecho a votar por el Presidente y Vicepresidente.
Como
cuestión
de
hecho,
así
lo
entendió
la
Corte
de
Apelaciones para el Primer Circuito en Boston en Igartúa de la
Rosa v. USA, 229 F. 3d 80 (2000).
En Igartúa de la Rosa v. USA, supra, varios ciudadanos
estadounidenses domiciliados en Puerto Rico alegaron que se
les estaba coartando su derecho a votar por los candidatos a
Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos. A juicio de
éstos, ello era contrario a la cláusula constitucional sobre
privilegios e inmunidades, el debido proceso de ley, la igual
protección
de
las
leyes,
así
como
varios
tratados
internacionales que cobijan a los ciudadanos estadounidenses.
Igartúa de la Rosa v. USA, supra, pág. 82.
Al revocar cierta determinación de la Corte de Distrito
para el Distrito de Puerto Rico, la Corte de Apelaciones para
el Primer Circuito en Boston razonó que el Art. II de la
Constitución de Estados Unidos establece de manera explícita
que
el
Presidente
de
Estados
Unidos
será
elegido
por
los
electores o compromisarios que cada estado escoja. Igartúa de
Véase, el Art. II, Sec. 1 de la Constitución de Estados Unidos, CONST.
EE.UU. art. II, §1.
13
MD-2020-0002
cons. con
MD-2020-0005
17
la Rosa v. USA, supra, pág. 83. Debido a que Puerto Rico no es
un estado de la Unión, éste no puede designar electores al
Colegio Electoral. Igartúa de la Rosa v. USA, supra.
Consecuentemente, concluyó que, en ausencia de un cambio
de estatus político en las relaciones de Puerto Rico y Estados
Unidos o de una enmienda a la Constitución de este último -tal cual ocurrió mediante la vigésima tercera enmienda, la
cual le garantizó el derecho al voto a los residentes del
Distrito
de
Columbia
--
los
ciudadanos
estadounidenses
domiciliados en Puerto Rico no tienen derecho a votar en las
elecciones para elegir al Presidente y Vicepresidente. Igartúa
de
la
Rosa
v.
anteriormente,
USA,
en
supra,
una
págs.
83-84.
controversia
Resaltamos
similar
--
la
que,
cual
involucraba las mismas partes -- la Corte Suprema de Estados
Unidos
denegó
revisar
la
determinación
de
la
Corte
de
Apelaciones para el Primer Circuito en Boston, en la que se
resolvió que los ciudadanos de Estados Unidos domiciliados en
Puerto
Rico
no
tenían
derecho
al
voto
en
las
elecciones
presidenciales.14
IV.
De otra parte, y por también considerarlo en extremo
pertinente para la correcta disposición de las controversias
que
nos
ocupan,
resulta
menester
señalar
aquí
que
la
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al
igual
que
la
Constitución
de
Estados
Unidos
de
América,
Véase, Igartúa de la Rosa v. US, 32 F. 3d 8 (1995) (certiorari denegado
en Igartúa v. US, 514 US 1049)
14
MD-2020-0002
cons. con
MD-2020-0005
18
consagra como principio fundamental el derecho a la igualdad e
igual protección de las leyes. En lo pertinente, la Sección 1
de nuestra Carta de Derechos dispone que “[t]odos los hombres
son
iguales
ante
la
ley.
No
podrá
establecerse
discrimen
alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o
condición social, ni ideas políticas o religiosas. Tanto las
leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán estos
principios de esencial igualdad humana”. CONST. ELA art. II, §
1, LPRA, Tomo 1.
documento
Mientras, el Art. II, Sec. 7 del referido
establece
que
no
se negará
a
persona
alguna
en
Puerto Rico la igual protección de las leyes. CONST. ELA art.
II, § 7, LPRA, Tomo 1.
Al respecto, esta Curia ha reconocido que “la igualdad es
ingrediente medular del ideal de justicia que constantemente
late
en
la
Constitución.
Por
su
naturaleza
dinámica
es
susceptible de manifestarse en diversas dimensiones”. P.P.D.
v. Gobernador I, supra, págs. 666-67; P.R.P. v. E.L.A., 115
DPR 631, 633 (1984). Una de esas dimensiones es la igualdad
electoral recogida por el discutido Art. II, Sec. 2, pues la
precitada disposición exige que el derecho al sufragio sea
universal, igual, directo y secreto. CONST. ELA art. II, § 2,
LPRA, Tomo 1.
En esa dirección, hemos sentenciado que los principios de
igualdad electoral no son exclusivos de aquellas controversias
que involucren a los partidos políticos, sino que su alcance
debe trascender a otros contextos tal como lo sería el respeto
a la voluntad del Pueblo y a que éste ejerza su derecho en
MD-2020-0002
cons. con
MD-2020-0005
19
igualdad de condiciones. Burgos Andújar v. Com. Estatal de
Elecciones, supra, pág. 975 (Colón Pérez, opinión disidente);
Guadalupe
v.
CEE,
165
DPR
106,
117
(2005).
“Frente
a
la
‘partidocracia’, debe prevalecer la democracia”, pilar básico
de nuestra sociedad. Íd.
Los principios antes expuestos, sin lugar a dudas, se
socavarían si, por ejemplo, avaláramos -- como así lo ha hecho
una mayoría de este Tribunal en el día de hoy -- que se adopte
legislación que le otorgue una ventaja indebida a un partido
político
por
encima
del
otro,
tal
como
lo
sería
utilizar
fondos públicos para promover la postura del partido político
en el poder. En otras palabras, “[t]oda actuación que tienda a
crear una desigualdad indebida o desventaja no justificada en
unos
partidos
políticos
y
otros
es
constitucionalmente
impermisible”. Acevedo Vilá v. Com. Estatal de Elecciones, 172
DPR 971, 986 (2007). Véase, P.N.P. v. Srio. de DTOP, 122 DPR
362 (1988). Así pues, “[n]o se puede dejar que los que están
adentro decidan por quienes se quedan fuera”. H.L. Acevedo,
op. cit. (citando a John Hart Ely, Democracy and Distrust,
Harvard University Press, 1980, pág. 120).
Al
respecto,
jurisprudencia
donde,
de
de
resulta
este
necesario
pasada
sensitivo
asunto,
Tribunal
en
con
ordenamiento
conformidad
el
tan
repasar
democrático
imperante en nuestra jurisdicción -- el cual se cimenta en el
derecho al sufragio universal e igual --, esta Curia reconoció
lo
que
hasta
el
2005
se
denominó
como
el
“axioma
constitucional de igualdad electoral”. “En el espectro de ese
MD-2020-0002
cons. con
MD-2020-0005
axioma
20
loable,
este
Tribunal
interpretó
que
nuestra
Constitución exige ciertos derechos y garantías adicionales al
acto
formal
Elecciones,
del
voto”.
supra,
Burgos
Andújar
v.
947
(Oronoz
Rodríguez,
pág.
Com.
Estatal
de
opinión
disidente).
Sobre el particular, a grandes rasgos, y en separadas
instancias,
esta
Curia
sostuvo
que
el
axioma
de
igualdad
electoral requería, entre otros, lo siguiente: (1) la igualdad
de participación de los partidos en el Fondo Electoral; (2)
igualdad en la participación de los partidos por petición
junto con los partidos principales en la administración de la
Comisión Estatal de Elecciones; (3) prohibición del uso de
vehículos públicos en campañas políticas; (4) prohibición del
uso de fondos públicos para campañas gubernamentales antes de
un referéndum para enmendar la Constitución; (5) prohibición
del uso de fondos públicos para campañas gubernamentales que
benefician al partido en el poder; y (6) inconstitucionalidad
de una ley para votar por el Presidente de Estados Unidos.15
Véase,
J.
J.
Puerto
Rico
y
Álvarez
Gonzalez,
Relaciones
con
Derecho
los
Estados
Constitucional
Unidos:
Casos
de
y
Materiales, Bogotá, Ed. Temis, 2009, págs. 965-67.
Ahora bien, en Burgos Andújar v. Comisión Estatal de
Elecciones, supra, una mayoría de este Tribunal -- en clara
contravención de la doctrina del precedente -- revocó el hasta
Véanse, P.S.P. v. Srio. de Hacienda, 110 DPR 313 (1980); P.S.P. v. Com.
Estatal de Elecciones, supra; Marrero v. Mun. de Morovis, 115 DPR 643
(1984); P.P.D. v. Gobernador II, supra; P.P.D. v. Gobernador I, supra;
Miranda v. Com. Estatal de Elecciones, 141 DPR 775, 786 (1996); Báez Galib
v. C.E.E., supra.
15
MD-2020-0002
cons. con
MD-2020-0005
21
entonces normativo caso de P.P.D. v. Gobernador II, 139 DPR
916 (1994), en el cual se levantaba el axioma de igualdad
electoral, tras razonar que tal axioma era inexistente en
nuestro
ordenamiento
jurídico.
En
dicha
ocasión,
quien
suscribe -- al igual que lo hace hoy mediante esta Opinión
Disidente
--
reafirmó
la
existencia
y
relevancia
del
mencionado axioma, al expresar que “[n]o exist[ía] duda de que
... el principio de igualdad inmerso en nuestra Constitución
se manif[estaba], entre otras, en los asuntos electorales,
trátese de una elección general, plebiscito o referéndum”, por
lo
que
“no
pod[íamos]
permitir
una
partido
que
esté
Gobierno
para
en
el
ventaja
indebida
promover
su
del
postura
mediante la utilización de fondos públicos”. Burgos Andújar v.
Com. Estatal de Elecciones, supra, pág. 992.
Lo anterior, bajo el fundamento de que “[h]istóricamente,
el ideal de la igualdad en el contexto eleccionario se ha
erigido sobre esquemas para el financiamiento de los partidos
políticos y de los procesos electorales”. Burgos Andújar v.
Com.
Estatal
de
Elecciones,
supra,
pág.
966
(Rodríguez
Rodríguez, opinión disidente). Dicho esquema pretende combatir
el
“inversionismo”
distribución
político,
igualitaria
de
así
bienes
como
o
garantizar
subsidios
directos
la
e
indirectos. Íd.
Finalmente, en aquel momento, quien suscribe, expresó que
la decisión a la que llegó la mayoría del Tribunal “avala[ba]
que el partido político que ocupa el poder utili[zase] los
fondos públicos para interferir -- intencionalmente -- con el
MD-2020-0002
cons. con
MD-2020-0005
libre
22
derecho
al
voto
puertorriqueñas
a
ser
de
los
depositado
puertorriqueños
y
las
en
de
la
las
urnas
democracia, socavando así los pilares del esquema electoral de
nuestro país”. Burgos Andújar v. Com. Estatal de Elecciones,
supra, pág. 978. Hoy, lamentablemente, nos encontramos ante
otro episodio de tan triste saga.
V.
Por otro lado, previo a disponer de los asuntos que nos
ocupan, conviene recordar aquí que la legislación objeto del
presente litigio le requirió al entonces Presidente de la
Comisión Estatal de Elecciones, Lcdo. Juan E. Dávila Rivera,
entregarle al Secretario del Departamento de Justicia federal,
en
lo
concerniente
a
la
controversia
ante
nuestra
consideración, lo siguiente: (a) un borrador de la papeleta de
votación del plebiscito; (b) una propuesta para el diseño
general de la campaña de educación a los electores sobre el
plebiscito la cual debe ser objetiva y no partidista y con un
presupuesto total que no excederá dos millones de dólares
($2,000,000); y (c) un proyecto de plan presupuestario para
los demás gastos del plebiscito, tales como los costos de
impresión
de
papeletas,
lo
cual
no
excederá
de
un
millón
quinientos mil dólares ($1,500,000). Art. 3.2, 2020 LPR 51.
Los anteriores requisitos se exigían pues, conforme a la
Ley
Pública
113-76
de
2014,
Act,
128
Stat.
Appropriations
conocida
5,
así
como
Consolidated
como
el
Informe
Congresional que le acompaña, H.R. Rep No. 113-71 (2014), el
Secretario
del
Departamento
de
Justicia
Federal
era
el
MD-2020-0002
cons. con
MD-2020-0005
23
funcionario encargado de certificar los materiales, autorizar
la celebración del plebiscito y, consecuentemente, autorizar
el
desembolso
de
ciertos
fondos
federales.
Ello,
pues,
a
través de la precitada ley, el Congreso asignó $2,500,000 para
la educación objetiva y no partidista de los electores en un
plebiscito sobre el estatus político de Puerto Rico con los
Estados Unidos.
Así pues, y a raíz de la petición de fondos federales
realizada por el entonces Presidente de la Comisión Estatal de
Elecciones al Departamento de Justicia de los Estados Unidos,
el 29 de julio de 2020 la referida agencia federal le remitió
a
éste
una
misiva
atendiendo
lo
relativo
al
plebiscito
propuesto.16 En la misma, el Departamento de Justicia de los
Estados Unidos enumeró sus objeciones a la celebración de este
evento, no solo en lo procesal -- ya que la Comisión no le
proveyó los documentos con la antelación requerida para que
los mismos pudieran ser revisados de manera completa y eficaz,
ello debido a la complejidad del proceso de certificación -sino también en términos sustantivos.
En cuanto al aspecto sustantivo, la mencionada agencia
federal
demostró
serias
preocupaciones
con
los
materiales
sometidos por la Comisión Estatal de Elecciones, por entender
que los mismos eran contrarios a la política de los Estados
Unidos. Al respecto, advirtió lo siguiente:
First, the United States has consistently
remained
neutral
about
the
legally
permissible
status
options
for
the
16
Véase, Apéndice I.
MD-2020-0002
cons. con
MD-2020-0005
24
Commonwealth of Puerto Rico – Statehood,
continued
territorial
status,
and
independence (including free association) –
maintaining that the people of Puerto Rico,
not
the
federal
government,
should
determine their preference among options
for the islands’ future status that are not
incompatible with the Constitution and
basic laws and policies of the United
States. (Énfasis suplido).17
No obstante, continuó expresando que múltiples aspectos de la
Ley Núm. 51-2020, supra, demuestran que el plebiscito aborda
la pregunta sobre el estatus político futuro de Puerto Rico
desde
una
perspectiva
pro-estadidad.18
En
ese
sentido,
la
aprobación y financiamiento de dicho evento por parte del
Departamento de Justicia de Estados Unidos podría ser visto
como un respaldo de dicha postura -- entiéndase, la Estadidad
-- y un rechazo a las demás opciones de estatus.
Así también, el Departamento de Justicia de los Estados
Unidos entendió que dicha percepción es altamente probable
pues el Art. 4.4(b) de la Ley Núm. 51-2020 propone que en las
papeletas del plebiscito se disponga que el mismo es promovido
y apoyado por el Gobierno de los Estados Unidos de América,
con los fondos asignados bajo la Ley Pública 113-76 de 2014,
supra. Sobre este extremo, resaltó que “while the Department
would not object, in appropriate circumstances, to a similar
statement
endorsing
an
objective,
non-partisan
plebiscite
process, it must do so here, when such a statement would imply
17
Íd. en la pág. 2.
18
Íd. en la pág. 3.
MD-2020-0002
cons. con
MD-2020-0005
that
the
25
United
States
has
departed
from
its
policy
of
neutrality to endorse a pro-Statehood initiative”.19
En segundo lugar, la referida misiva rechazó la base
sobre la cual el plebiscito propuesto parece estar cimentando,
es decir, la contención de que los plebiscitos celebrados en
los años 2012 y 2017 significaron un rechazo directo al actual
estatus.20
Respecto
al
plebiscito
de
2012,
la
mencionada
agencia federal reiteró los pasados señalamientos de que la
validez de los resultados de dicho proceso electoral estaba en
controversia
reflejaban
la
y
que
era
voluntad
incierto
actual
del
si
éstos,
Pueblo.21
en
efecto,
Mientras,
en
cuanto al plebiscito de 2017,22 el Departamento de Justicia de
los Estados Unidos señaló que el rechazo de las papeletas en
aquel momento -- por ser incompatibles con las leyes y la
política de los Estados Unidos --, y la baja participación del
electorado, le impedía considerar el mismo como una decisión
del Pueblo a favor de la Estadidad.23
Consecuentemente, sentenció que la base para la papeleta
propuesta Estadidad, “Sí” o “No” -- entiéndase la aprobación
20
Íd.
Íd.
21
Íd.
19
Valga señalar que la declaración de política pública contenida en el
Art. III de la Ley para la descolonización inmediata de Puerto Rico de
2017, 16 LPRA sec. 975 et seq., que dio a lugar al plebiscito celebrado en
el 2017, resaltó, en varias ocasiones, que las alternativas de estatus
allí propuestas -- estadidad, libre asociación/independencia o actual
estatus territorial -- eran cónsonas con la Constitución y las leyes de
Estados Unidos. Es decir, en ese momento la referida ley reconoció la
importancia de que el mencionado evento electoral intentara ajustarse a la
Constitución federal. No vemos, pues, razón por la cual la legislación y
jurisprudencia federal no sean pertinentes para la correcta disposición de
las controversias ante nuestra consideración.
22
MD-2020-0002
cons. con
MD-2020-0005
que
refleja
26
la
Ley
Núm.
51-2020
hacia
los
pasados
dos
plebiscitos -- conflige con la política pública de los Estados
Unidos a los efectos de que el Pueblo de Puerto Rico no ha
rechazado en definitiva el Estado Libre Asociado.24
Finalmente, el Departamento de Justicia federal se mostró
preocupado por el contenido de los materiales a utilizarse en
el plebiscito, por entender que los mismos pueden ocasionar
que los electores malinterpreten el efecto de un resultado
mayoritario a favor de la Estadidad. Lo anterior, ya que ello
no implica la admisión automática o inmediata como estado de
la Unión.25
A
la
Justicia
luz
de
de
los
lo
antes
Estados
esbozado,
Unidos
no
el
Departamento
aprobó
los
de
materiales
sometidos para el plebiscito de 3 de noviembre de 2020 y, por
tanto, se vio impedido de asignar los fondos que proveía la
Ley Pública 113-76 de 2014, supra.
que,
de
proseguir
con
la
Dicha conclusión implica
celebración
del
mencionado
plebiscito, le correspondería a los funcionarios enumerados en
el Art. 8.1, 2020 LPR 51, identificar y utilizar para esos
fines los fondos con los que cuenta el Estado Libre Asociado
de Puerto Rico.
Es
menester
resaltar
que
lo
expresado
en
la
misiva
anterior -- a los fines de aclarar que es el Pueblo de Puerto
Rico,
y
no
el gobierno
federal,
quien
debe
determinar
su
preferencia para el estatus político futuro de la Isla -- es
23
24
Íd.
Íd. en las págs. 3-4.
MD-2020-0002
cons. con
MD-2020-0005
27
cónsono con lo dispuesto en la Ley Pública Núm. 600 de 3 de
julio de 1950, conocida como Ley de relaciones federales con
Puerto Rico, LPRA, Tomo 1; 64 Stat. 319.
Sobre ello, basta
con repasar lo recientemente expresado por la Juez Asociada
del
Tribunal
Sotomayor,
Supremo
en
de
Financial
los
Estados
Oversight
and
Unidos,
Hon.
Management
Sonia
Bd.
for
Puerto Rico v. Aurelius Investment, LLC, 140 S. Ct. 1649, 590
US ___ (2020), en cuanto a la relación política entre Puerto
Rico y los Estados Unidos. Y es que, en su Opinión Concurrente
en el precitado caso, la Juez Sotomayor expone -- de manera
muy acertada -- los eventos que dieron paso a la creación de
nuestro
propio
ordenamiento
constitucional,
cuyo
poder
político emana de la voluntad del Pueblo.
En el referido escrito, -- con un dominio particular del
tema --, la Juez Sotomayor nos relata que, allá para el año
1950, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Pública
600 de 3 de julio de 1950 a los fines de permitirle a Puerto
Rico
emprender
en
un
proyecto
constitucional
de
gobierno
propio. Íd. en la pág. 1672. Véase, además, Puerto Rico v.
Sánchez Valle, 136 S. Ct. 1863, 1868, 519 US ___ (2016). La
referida legislación ofreció a los puertorriqueños un acuerdo,
bajo
el
cual
éstos
podrían
organizar
un
gobierno
bajo
su
propia Constitución. Financial Oversight and Management Bd.
for Puerto Rico v. Aurelius Investment, supra, pág. 1672. En
25 Íd.
en la pág. 4.
MD-2020-0002
cons. con
MD-2020-0005
28
ese sentido, la Ley Pública Núm. 600 reconoció y afirmó el
principio de gobierno por consentimiento del Pueblo.
Ahora bien, dicha ley -- además de ser aprobada por el
Congreso -- tenía que contar con el aval del Pueblo de Puerto
Rico, por lo que fue presentada a éste mediante referéndum.
Íd. Una vez la precitada ley fue respaldada por la mayoría de
los
electores,
la
Asamblea
Legislativa
convocó
a
una
convención constitucional, con el fin de preparar un borrador
de Constitución que creara un gobierno de forma republicana e
incluyera
una
carta
de
derechos.
Íd.
Este
borrador
de
Constitución fue sometido a un referéndum especial para la
consideración del Pueblo.
Así pues, en el año 1952 el Pueblo puertorriqueño aprobó
el borrador de Constitución y, posteriormente, el Congreso de
Estados
Unidos
le
realizó
ciertas
modificaciones,
con
la
salvedad de que la misma “shall become effective only when
Puerto Rico declare[s] in a formal resolution its acceptance”.
66 Stat. 327. Véase, Financial Oversight and Management Bd.
for Puerto Rico v. Aurelius Investment, supra.
Mediante un
subsiguiente referéndum, el referido documento se convirtió en
lo que hoy conocemos como la Constitución del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico. A pesar de que los términos del
acuerdo
proveían
para
la
aprobación
del
Congreso,
cuando
nuestra Constitución comenzó a regir, ésta se convirtió en lo
que el Congreso llamó “a ‘constitution’ under which the people
of Puerto Rico organized a government of their own adoption”.
Íd.
MD-2020-0002
cons. con
MD-2020-0005
A
29
partir
de
la
aprobación
reconocimiento
de
nuestra
de
la
Constitución,
Ley
600
Estados
y
el
Unidos
y
Puerto Rico forjaron una relación política única cimentada en
la evolución de la isla a una democracia constitucional. Íd.
De
hecho,
“poco
Constitución
de
después
de
que
Puerto
Rico,
el
los
Congreso
oficiales
aprobara
la
federales
le
indicaron a las Naciones Unidas expresamente que el acuerdo
era de naturaleza bilateral, y como tal sus términos podían
ser
alterados
solo
mediante
el
consentimiento
mutuo”.
(Traducción suplida). Íd. en la pág. 1675.
Finalmente,
acuerdo,
y
la
los
Juez
Sotomayor
subsiguientes
manifiesta
desarrollos
que
este
históricos
y
jurídicos, tales como la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Estados Unidos, indican que el Congreso dejó en manos de los
habitantes de Puerto Rico la autoridad para establecer su
propio gobierno. Íd. en la pág. 1677. Sus expresiones fueron
validadas anteriormente por el máximo foro federal en Puerto
Rico v. Sánchez Valle, supra.
Asimismo,
resaltamos
que
la
anterior
fórmula
--
entiéndase, la voluntad del Pueblo como factor determinante en
el estatus político futuro de Puerto Rico -- es precisamente
la postura que promueve el Gobierno Federal, pues así surge de
la
misiva
del
Departamento
de
Justicia
rechazando
la
aprobación y financiamiento del plebiscito propuesto mediante
la Ley Núm. 51-2020, 2020 LPR 51.
Por
consiguiente,
y
de
conformidad
con
nuestra
Carta
Magna, el poder del Estado Libre Asociado de Puerto Rico emana
MD-2020-0002
cons. con
MD-2020-0005
30
del Pueblo y el mismo debe ser ejercido conforme a su voluntad
y dentro de los términos del acuerdo entre el Pueblo de Puerto
Rico y los Estados Unidos. Con ello en mente, al resolver las
controversias ante nuestra consideración, este Tribunal debe
partir
de
la
constitucional
premisa
de
que
donde
impera
vivimos
en
un
ley
no
las
la
y
ordenamiento
voluntades
individuales. Acevedo Vilá v. Aponte Hernández, 168 DPR 443,
451 (2006). Ese ordenamiento constitucional, históricamente,
ha
reconocido
y
reconoce
como
fórmulas
de
estatus
--
a
considerarse en todo evento plebiscitario por los electores y
electoras
puertorriqueñas
--
el
Estado
Libre
Asociado,
la
Estadidad y la Independencia.26
VI.
Sobre la naturaleza del Estado Libre Asociado de Puerto, el Tribunal
Supremo de los Estados Unidos, en Puerto Rico v. Sánchez Valle, supra,
expresó que:
26
The Puerto Rico Constitution created a new political
entity, the Commonwealth of Puerto Rico or, in
Spanish, Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Like
the U.S. Constitution, it divides political power into
three
branches—the
‘legislative,
judicial
and
executive.’ Art. I, § 2. And again resonant of
American
founding
principles,
the
Puerto
Rico
Constitution describes that tripartite government as
‘republican
in
form’
and
‘subordinate
to
the
sovereignty of the people of Puerto Rico.’ The
Commonwealth's power, the Constitution proclaims,
‘emanates from the people and shall be exercised in
accordance with their will, within the terms of the
compact agreed upon between the people of Puerto Rico
and the United States.’” (Citas omitidas).
Asimismo, y tras expresar que la relación entre Puerto Rico y Estados
Unidos
es
única
en
su
historia,
razonó
que
los
desarrollos
constitucionales en la Isla “made Puerto Rico ‘sovereign’ in one commonly
understood sense of that term. As this Court has recognized, Congress in
1952 ‘relinquished its control over [the Commonwealth's] local affairs[,]
grant[ing] Puerto Rico a measure of autonomy comparable to that possessed
by the States.’” Puerto Rico v. Sánchez Valle, supra, pág. 1874.
MD-2020-0002
cons. con
MD-2020-0005
31
Sobre lo antes esbozado, resultaba altamente vinculante
lo resuelto por esta Curia hace veinte (20) años atrás en Báez
Galib v. C.E.E., supra, precedente que hoy una mayoría de este
Tribunal,
a
nuestro
juicio,
--
sub
silentio
y
tras
una
interpretación acomodaticia -- revoca. En el precitado caso,
varios funcionarios de la Comisión Estatal de Elecciones, así
como
otros
funcionarios
“peticionarios”),
presentaron
electos
ciertos
(en
recursos
adelante,
de
mandamus
mediante los cuales impugnaron la Ley Núm. 403-2000, 16 LPRA
sec. 961 et seq., firmada por el entonces Gobernador, Hon.
Pedro Roselló González.
La precitada ley les impuso a éstos organizar y celebrar
en la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
una
elección
para
elegir
compromisarios
que
eventualmente
votarían por el Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos.
Dicha elección presidencial, al igual que en la Ley 58-2020
aquí en controversia, se definió como “[e]l proceso mediante
el
cual
los
electores
emiten
su
voto
para
expresar
su
preferencia en cuanto a los candidatos nominados para los
cargos de Presidente y Vicepresidente de los Estados Unidos de
América,
mediante
la
designación
de
compromisarios...”.
16
LPRA sec. 961. El referido evento electoral se realizaría de
forma
simultánea
con
las
Elecciones
Generales
de
7
de
noviembre de 2000. Báez Galib v. C.E.E., supra, pág. 386.
Asimismo, autorizaba el uso de fondos públicos para llevar a
cabo todos los procesos relacionados al evento y le asignó a
la Comisión la cantidad de novecientos mil dólares ($900,000)
MD-2020-0002
cons. con
MD-2020-0005
32
de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal. Íd. en la pág.
387.
Los peticionarios adujeron que la referida ley constituía
un
ejercicio
inconstitucional
de
autoridad
legislativa
en
violación del Art. II, Sec. 19, de la Constitución del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, ya que pretendía implementar un
derecho legal inexistente y alterar la relación de poder entre
Puerto Rico y Estados Unidos sin la autorización del Pueblo.
Además,
arguyeron
que
la
misma
era
inconstitucional
pues
asignaba fondos públicos a pesar de que el propósito no era un
fin público legítimo -- ello en contravención del Art. VI,
Sec. 9 de nuestra Constitución -- y que mediante ésta se
pretendía adelantar la causa de la Estadidad, por lo que se
violaba
el
principio
de
igualdad
económica
inmerso
en
la
anterior disposición constitucional.
Al disponer de las referidas controversias, este Tribunal
expresó que el cumplimiento de la Ley Núm. 403-2000 infringía
un deber ministerial de mayor jerarquía, entiéndase, aquel
dispuesto por la Sec. 9 del Art. VI de la Constitución del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que requiere a todo
funcionario público la obligación de utilizar los fondos del
erario
para
Estatal
de
fines
públicos.
Elecciones
y
sus
En
consecuencia,
funcionarios
la
tenían
Comisión
el
deber
ministerial de abstener de utilizar los recursos públicos para
los objetivos de la precitada ley.
De igual forma, en Báez Galib v. C.E.E., supra, esta
Curia repasó lo resuelto en Igartúa de la Rosa v. USA, supra,
MD-2020-0002
cons. con
MD-2020-0005
33
y sentenció que la Constitución de Estados Unidos solo le
reconocía el derecho al voto presidencial a los ciudadanos
domiciliados en alguno de los estados de la Unión o en el
Distrito de Columbia. Además, aclaramos que ni la Constitución
del
Estado
relaciones
Libre
Asociado
federales
con
de
Puerto
Puerto
Rico
ni
Rico,supra,
la
Ley
de
permitía
la
realización de un evento electoral en esta jurisdicción para
que las personas aquí domiciliadas eligieran compromisarios.
Ya que se trataba de una legislación sin consecuencia jurídica
alguna -- por ser contraria a la Constitución federal así como
la nuestra -- sostuvimos que no existía un fin público para
satisfacer la exigencia constitucional antes esbozada.
Conforme a lo anterior, establecimos que en ausencia de
un fin público discernible y definido, era evidente que el
propósito de la legislación en aquel momento en controversia
era únicamente político-partidista, lo cual es ajeno a lo
dispuesto
en
nuestra
públicos.
Debido
a
Constitución
que
la
sobre
Constitución
el
del
uso
de
fondos
Estado
Libre
Asociado de Puerto Rico no favorecía, ni favorece, alternativa
de estatus alguna, concluimos que utilizar los fondos públicos
para adelantar la causa de uno solo de los partidos políticos
-- entiéndase, la Estadidad -- era inconstitucional. Señalamos
allí:
Su texto es neutral al destino político del
país.
Cualquier
medida
legislativa
o
gubernamental que tenga el efecto de inclinar
la balanza a favor de alguna alternativa de
estatus sin que tenga la aprobación de los
puertorriqueños,
infringe
el
esquema
de
neutralidad que al respecto se deriva de
MD-2020-0002
cons. con
MD-2020-0005
34
nuestra Constitución. Báez Galib v. C.E.E.,
supra, pág. 400.
Es el Pueblo de Puerto Rico quien ostenta la facultad de
procurar cambios de estatus.
Asimismo, y en lo concerniente al axioma constitucional
de igualdad electoral de los partidos políticos, en Báez Galib
v.
C.E.E.,
supra,
concluimos
que
violaba
el
mismo
“[e]n
la
práctica
electoral
que
e[ra]
la
medida
legislación
impugnada
en
que
prom[ovía]
una
cónsona
con
una
de
fórmula
estatus que sólo propugna[ba] un partido político, en este
caso, el Partido Nuevo Progresista”, inclinando la balanza a
favor
de
entidad.
la
alternativa
Consecuentemente,
de
estatus
resolvimos
defendida
que
la
por
dicha
asignación
de
fondos públicos con el fin de poner en ejecución la Ley Núm.
403-2000 era impermisible, debido a que socavaba el esquema
democrático de neutralidad gubernamental en los asuntos de
estatus.
Indudablemente,
pensado,
estudiado
este
y
era
el
elaborado
--
precedente
que
esta
--
uno
Curia
bien
estaba
obligada a seguir. Tristemente, la interpretación que, en el
día de hoy, se realiza sobre el mismo, pretende soslayar el
criterio
rector
allí
pautado,
entiéndase
el
principio
de
neutralidad que recoge nuestra Constitución.
VII.
Por último, no podemos obviar lo concerniente al valor
del precedente y la doctrina del stare decisis que rige en el
ordenamiento jurídico puertorriqueño. Este concepto proviene
del
latin
stare
decisis
et
non
quieta
movere,
lo
cual
MD-2020-0002
cons. con
MD-2020-0005
35
significa mantenerse con lo decidido y no perturbar la calma.
Véase, Ramos v. Louisiana, 140 S. Ct. 1390, 590 US ___ (2020)
(Sotomayor, opinión concurrente); Townsend v. Jemison, 50 US
407 (1850). El propósito de esa doctrina es que un tribunal,
en aras de proveer certidumbre y estabilidad en las relaciones
jurídicas en el país, siga sus dictámenes previos. Rivera Ruiz
v. Mun. de Ponce, 196 DPR 410, 429 (2016). Véase, además, Am.
Railroad Co. v. Comisión Industrial, 61 DPR 314, 326 (1943).
Ello, como elemento esencial para generar la confianza de los
ciudadanos y ciudadanas en su sistema de justicia. Asoc. de
Maestros v. Dpto. de Educación, supra, pág. 1110 (Colón Pérez,
opinión disidente).
Ahora bien, esta doctrina admite excepciones, por lo que
los tribunales no están llamados a seguir un precedente cuando
esté presente alguna de las siguientes circunstancias: (a) el
precedente establecido fue claramente erróneo; (b) sus efectos
sobre el ordenamiento sean adversos; o (c) la cantidad de
personas que confiaron en éste fuese limitada.
Pueblo v.
Camacho Delgado, 175 DPR 1, 20 esc. 4 (2008). Véase, además,
González v. Merck, 166 DPR 659, 688 (2006). Sin lugar a duda,
dichas excepciones no están presentes en el caso de autos.
Es,
expuesta,
precisamente,
y
no
de
a
otra,
la
luz
que
de
la
procedía
normativa
disponer
antes
de
las
controversias ante nuestra consideración. Como una mayoría de
este Tribunal no lo hizo, procedemos -- desde el disenso -- a
así hacerlo.
VIII.
MD-2020-0002
cons. con
MD-2020-0005
36
Conforme mencionáramos anteriormente, en el presente caso
los peticionarios aducen que la Ley Núm. 51-2020 y la Ley Núm.
58-2020 son inconstitucionales, pues alteran la relación de
poder entre Puerto Rico y Estados Unidos sin que el Pueblo lo
haya autorizado. Además, sostienen que dichas leyes persiguen
objetivos inconstitucionales al autorizar el uso de fondos
públicos para adelantar la fórmula de estatus que promueve el
partido político en el poder, lo cual, a juicio de éstos,
carece de un fin público. Les asiste la razón. El normativo
caso
de
Báez
Galib
v.
C.E.E.,
supra,
así
claramente
lo
establecía.
No empece a ello, en un lamentable proceder, la mayoría
de los miembros de esta Curia nuevamente obvia el valor del
precedente y revoca sub silentio el precitado caso. Al así
hacerlo,
erróneamente
resuelven
que
las
leyes
aquí
en
controversia persiguen un fin público legítimo. Sostienen que
el mismo se cumple al permitir a todos los puertorriqueños y
puertorriqueñas participar y expresarse a favor o en contra de
ratificar
la
fórmula
de
estatus
que,
a
juicio
de
éstos,
resultó favorecida en los plebiscitos de 2012 y 2017.
Para llegar a la anterior conclusión, interpretan que
Báez Galib v. C.E.E, supra, condicionó la constitucionalidad
de aquella ley que incline la balanza a favor de alguna de las
alternativas de estatus, a que se tuviese la aprobación previa
de
los
puertorriqueños
y
puertorriqueñas.
Acto
seguido,
manifiestan que el pueblo puertorriqueño expresó su voluntad a
favor
de
la
Estadidad
en
dos
ocasiones
anteriores
a
los
MD-2020-0002
cons. con
MD-2020-0005
eventos
37
electorales
que
las
leyes
aquí
en
controversia
convocan, por lo que se cumple con el estándar requerido en
Báez Galib v. C.E.E, supra; soslayando con su actuación el
principio constitucional de neutralidad allí reafirmado.27
En ese sentido, la Opinión Mayoritaria sostiene que los
resultados de los plebiscitos de 2012 y 2017 reflejaron el
mandato inequívoco del Pueblo sobre la preferencia de éste en
cuanto al estatus político de Puerto Rico. Plebiscitos que,
como es sabido, no tuvieron efecto jurídico-político alguno,
lo que motivó al legislador a, nuevamente, radicar legislación
muy similar -- y con iguales defectos a los aquí discutidos -dirigida a atender el mismo asunto.
Esto, pues, en cuanto al plebiscito celebrado en el 2012,
las instrucciones contenidas en la papeleta requerían que -independientemente que en la primera pregunta se contestara
que se favorecía o no se favorecía el estatus territorial
actual
--
se
eligiera
algunas
de
las
opciones
de
estatus
contenidas en la segunda pregunta. No obstante, en ésta no se
En cuanto al requisito de neutralidad exigido por nuestra Constitución y
reafirmado en Báez Galib v. C.E.E., supra, curiosamente, la Opinión
Mayoritaria se contradice en más de una ocasión -- nuevamente, a su
conveniencia -- en cuanto a la aplicabilidad o no del mismo. En la página
4 sostienen que no se puede invocar el principio de neutralidad para
frustrar la voluntad de los puertorriqueños, lo cual a su entender no
existía
cuando
esta
Curia
resolvió
dicho
caso.
No
obstante,
posteriormente, citan con aprobación Suárez Cáceres v. Com. Estatal de
Elecciones, 176 DPR 31 (2009), a los fines de expresar que “[e]s
particularmente
nocivo
y
contrario
al
mandato
constitucional
de
neutralidad inyectar un elemento totalmente subjetivo y especulativo en la
adjudicación de los votos”. Íd. en la pág. 91.
27
Por su parte, en la pág. 40 se expresa que “[n]o se puede invocar el
principio de neutralidad ni tampoco invocar una alegada desigualdad para
fosilizar la voluntad del pueblo”. Empero, más adelante, sostienen su
postura en cuanto a la inexistencia del axioma constitucional de igualdad
electoral, y aducen que “[l]o correcto es referirnos al principio de
neutralidad, ya que, según explicamos, la Constitución no favorece ninguna
fórmula específica de estatus”. Véase, pág. 49 de la Opinión Mayoritaria.
MD-2020-0002
cons. con
MD-2020-0005
incluyó
una
38
opción
para
expresar
la
preferencia
de
los
electores por el Estado Libre Asociado.28 Lo anterior tuvo el
efecto
de
reflejar
un
resultado
ilusorio
a
favor
de
la
Estadidad que realmente no representó el sentir mayoritario de
las puertorriqueñas y los puertorriqueños que salieron a votar
en las urnas.
Mientras, en lo relacionado al plebiscito del 2017, es
harto conocido que solo el 23% de los electores hábiles en
Puerto
Rico
participaron
en
el
mismo;
es
decir,
aproximadamente 518,000 de 2.3 millones de electores. Ello,
precisamente, debido a que la manera en que se formuló la
papeleta excluyó la participación de amplios sectores de la
población y no permitió el aval del Gobierno Federal.29
A la luz de todo lo anterior, nos vemos en la obligación
de reiterar nuestras expresiones previas en Asoc. de Maestros
v. Dpto de Educación, supra, a los efectos de que “[n]os
resulta altamente preocupante la regularidad con la que una
mayoría de este Tribunal, en tiempos recientes, ha optado por
obviar el valor que tiene el precedente en todo ordenamiento
jurídico. Máxime, cuando se hace para validar el uso de fondos
Además, existe controversia respecto a de qué manera, si alguna, se
consideraron las 498,604 papeletas en las cuales se dejó en blanco la
segunda pregunta sobre las distintas opciones de estatus. Así pues, no
podemos perder de perspectiva que dichas papeletas inciden en el
porcentaje de aquellos electores que favorecieron la Estadidad en el año
2012 y, consecuentemente, cuan representativos son dichos resultados.
Véase, Congressional Research Service, Puerto Rico’s Political Status and
the
2012
Plebiscite:
Background
and
Key
Questions,
https://fas.org/sgp/crs/row/R42765.pdf (última visita 3 de octubre de
2020).
28
Véase, Congressional Research Service, Political Status of Puerto Rico:
Brief
Background
and
Recent
Developments
for
Congress,
https://fas.org/sgp/crs/row/R44721.pdf (última visita 3 de octubre de
2020).
29
MD-2020-0002
cons. con
MD-2020-0005
39
públicos para fines privados”. Íd. en la pág. 1111. En esa
instancia, la preocupación es doble y nuestra conciencia nos
impide avalar tal proceder.
Y
es
que
las
leyes
aquí
en
beneficiar,
injustificadamente,
al
poder,
permitirle
fondos
al
utilizar
controversia
partido
político
públicos
buscan
en
para
el
fines
privados; entiéndase, para adelantar sus posturas en cuanto al
estatus político y la relación de Puerto Rico con los Estados
Unidos.
Dicho
proceder,
a
todas
luces,
es
contrario
a
lo
dispuesto en la Constitución del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, en la Constitución de Estados Unidos y en su
respectiva jurisprudencia interpretativa.
Como si lo anterior no fuera suficiente, la conclusión
que hoy adopta esta Curia es un nuevo episodio del constante
atropello al derecho constitucional de los electores a ejercer
su derecho al voto libre de coacción por parte del Estado, y
en igualdad de condiciones, pues, en esta ocasión, se les
impide
promover
sus
propias
posturas
e
ideologías
en
lo
referente al estatus del País, como lo pueden ser el Estado
Libre Asociado o la Independencia. Éstas, sin lugar a dudas,
no están contempladas en un plebiscito Estadidad, “Sí o No”.
Recordemos que todos los eventos electorales deben tener
como elemento común el “convocar al pueblo para que mediante
el
ejercicio
del
voto
se
expresen
sobre
un
tema
trascendental”. Burgos Andújar v. Com. Estatal de Elecciones,
supra, pág. 993 (Cólon Pérez, opinión disidente). No podemos
ser
selectivos
en
cuanto
al
sector
del
electorado
que
MD-2020-0002
cons. con
MD-2020-0005
40
decidamos convocar a la hora de celebrar eventos electorales
de trascendental importancia, tal cual lo es un plebiscito
sobre el estatus político futuro de nuestro País.
Convocar
a
un
solo
sector
de
la
población
que
se
identifica con una sola de las varias opciones de estatus
político que se reconocen -- en esta ocasión, la Estadidad --,
a todas luces, socava los pilares de la democracia sobre los
cuales se erigió nuestra Constitución. ¿A dónde fue a parar la
máxima constitucional de que el poder político del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico emana del Pueblo y se ejercerá
con
arreglo
a
su
voluntad
y
dentro
de
los
términos
del
convenio acordado entre nuestro Pueblo y los Estados Unidos de
América? CONST. ELA art. I, § 1, LPRA, Tomo 1.
En fin, como últimos intérpretes de la Constitución del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es nuestra función velar
por el fiel cumplimiento de la misma y, en cuanto al derecho
al sufragio se refiere, procurar que los procesos electorales
que se celebren en nuestra jurisdicción garanticen la igualdad
de condiciones tanto de los electores como de los partidos
políticos que en las mismas participen.
Mediante esta Opinión
Disidente, quien suscribe entiende cumplió con su deber.
IX.
Es,
pues,
por
los
fundamentos
antes
expuestos,
que
enérgicamente disentimos del lamentable proceder de la Mayoría
de este Tribunal en el día de hoy.
Ángel Colón Pérez
Juez Asociado