Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: José F. Torres Acevedo
2020 TSPR 108
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: José F. Torres Acevedo
TS-13,214
Conducta profesional: Suspensión inmediata e indefinida de la práctica de la abogacía y la notaría, por incumplir con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) y con las órdenes del Tribunal Supremo.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2020 TSPR 108
José F. Torres Acevedo
Número del Caso:
Fecha:
205 DPR _____
TS-13,214
10 de septiembre de 2020
Sr. José F. Torres Acevedo:
Por derecho propio
Programa de Educación Jurídica Continua:
Lcda. María C. Molinelly González
Directora
Materia: La suspensión será efectiva el 17 de septiembre de 2020,
fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
TS-13,214
José F. Torres Acevedo
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de septiembre de 2020.
Nuevamente
disciplinaria
debemos
ejercer
para
suspender
nuestra
facultad
inmediata
e
indefinidamente de la práctica de la abogacía y la
notaría a un miembro de la profesión legal. Lo anterior
por incumplir con las órdenes de este Tribunal y con
los
requisitos
del
Programa
de
Educación
Jurídica
Continua (PEJC).
I.
El Lcdo. José F. Torres Acevedo fue admitido al
ejercicio de la abogacía el 25 de enero de 2000 y
prestó juramento como notario el 23 de febrero de 2000.
A raíz de unos señalamientos previos por incumplimiento
con
el
PEJC,
advenimos
en
conocimiento
de
letrado nía cumplido con los requisitos del PEJC
que
el
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2
letrado no había cumplido con los requisitos del PEJC para
el periodo del 1 de agosto de 2016 al 31 de julio de 2019.1
Ante ello, el 12 de agosto de 2019 emitimos una Resolución
en la que le concedimos un término de treinta (30) días
para
cumplir
con
todos
los
requerimientos
del
PEJC
y
presentar la certificación correspondiente que acreditara
su cumplimiento.2 En el expediente del letrado no consta que
este
haya
comparecido
ante
nosotros
en
respuesta
a
esa
orden.
A
solicitud
nuestra,
el
15
de
noviembre
de
2019
recibimos una Certificación del PEJC en la que se acreditó
que el letrado cumplió con el periodo de educación continua
del
1
de
embargo,
a
agosto
de
2013
esa
fecha,
el
al
31
letrado
de
julio
aún
de
2016.
incumplía
con
Sin
el
periodo del 1 de agosto de 2016 al 31 de julio de 2019. En
consecuencia,
el
11
de
diciembre
del
2019
emitimos
una
segunda Resolución —que se notificó el 12 de diciembre de
2019— en la que le concedimos al licenciado Torres Acevedo
El 13 de diciembre de 2018 la Lcda. María C. Molinelli González,
Directora Ejecutiva del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC),
refirió a nuestra atención un Informe sobre incumplimiento con el
requisito de Educación Jurídica Continua. En este señaló que el
licenciado Torres Acevedo incumplió con los requisitos del PEJC para el
periodo del 1 de agosto de 2013 al 31 de julio de 2016. A raíz de ese
informe, emitimos varias Resoluciones en las que le ordenamos al
licenciado satisfacer los requisitos del PEJC y acreditarnos su
cumplimiento. Finalmente, el 24 de junio de 2019 el licenciado Torres
Acevedo nos informó en su Moción para mostrar causa que cumplió con los
requisitos de educación continua para el periodo de 2013 al 2016.
Además, nos solicitó tiempo adicional para presentar la Certificación
correspondiente. En ese ínterin, venció —sin cumplimentarse— el periodo
de educación continua del 1 de agosto de 2016 al 31 de julio de 2019.
2 Adicionalmente, el 18 de octubre de 2019 el PEJC emitió un Aviso de
Incumplimiento en el que notificó al licenciado Torres Acevedo su
incumplimiento con los requisitos del PEJC para el periodo del 1 de
agosto de 2016 al 31 de julio de 2019.
1
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3
un término final e improrrogable de veinte (20) días para
que cumpliera con todos los cursos que le faltara tomar
para el periodo del 1 de agosto de 2016 al 31 de julio de
2019
y
nos
presentara
la
certificación
de
cumplimiento
correspondiente. En la Resolución le advertimos al letrado
que
su
incumplimiento
podría
conllevar
la
imposición
de
sanciones severas, incluyendo suspenderlo del ejercicio de
la profesión. El letrado tampoco compareció para responder
a esa Resolución.
II.
Este Tribunal tiene el poder inherente de regular la
profesión legal en Puerto Rico. Al amparo de ese poder tiene
el deber de asegurarse de que los miembros admitidos a la
práctica de la abogacía y la notaría ejerzan sus funciones
de
manera
Santiago
responsable,
Méndez,
201
competente
DPR
436,
442
y
diligente.
(2018);
In
re
In
re
Marín
Serrano, 197 DPR 535, 539 (2017).
En el ejercicio de la profesión jurídica todo abogado
y abogada tiene el deber de realizar “esfuerzos para lograr
y mantener un alto grado de excelencia y competencia en su
profesión
a
través
del
estudio
y
la
participación
en
programas educativos de mejoramiento profesional”. Código
de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 2. Con el objetivo
de
que
se
cumpla
tal
deber,
este
Tribunal
adoptó
el
Reglamento de Educación Jurídica Continua, 4 LPRA Ap. XVII–
D,
según
enmendado,
y
el
Reglamento
del
Programa
de
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Educación
4
Jurídica
Continua,
4
LPRA
Ap.
XVII-F,
según
enmendado (Reglamento del Programa). Este último requiere a
los miembros de la profesión legal cumplir con veinticuatro
(24) horas crédito de educación jurídica continua en un
periodo de tres (3) años. Véase Regla 6 del Reglamento de
Educación Jurídica Continua, 4 LPRA Ap. XVII-F, R.6; véase
además Regla 28 del Reglamento del Programa, 4 LPRA Ap.
XVII-F, R.28.
Los abogados y abogadas que no completan la cantidad
de horas crédito requeridas en un periodo de tres (3) años
incumplen con el deber de educarse continuamente. In re
Abreu Figueroa, 198 DPR 532, 537 (2017). Además, la Regla
28
del
Reglamento
del
Programa,
supra,
dispone
que,
al
finalizar cada periodo, los abogados se deben asegurar que
el PEJC acredite su cumplimiento. El incumplir y desatender
estos
requerimientos
podría
conllevar
la
imposición
de
sanciones disciplinarias severas, incluyendo la suspensión
inmediata
de
la
profesión.
Regla
28
del
Reglamento
del
Programa, supra; In re Abreu Figueroa, supra; véase además
In re López González et al., 193 DPR 1021 (2015).
Por
otro
Profesional,
4
lado,
el
Canon
9
LPRA
Ap.
IX,
C.9,
del
Código
impone
a
de
Ética
todos
los
miembros de la profesión jurídica el deber de observar para
los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor
respeto. In re López Méndez, 196 DPR 956, 960-961 (2016).
Cónsono con esa directriz, hemos reiterado que los abogados
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y abogadas tienen un deber ineludible de cumplir pronta y
diligentemente con las órdenes que emite este y todos los
tribunales. Esto incluye cumplir con los requerimientos de
la Oficina del Procurador General, la Oficina de Inspección
de Notarias y el PEJC. In re López Pérez, supra, pág. 126;
In re Arocho Cruz, 200 DPR 352 (2018). Aquellos letrados
que ignoren o desatiendan las órdenes que emitimos incurren
en una afrenta a nuestra autoridad, lo que constituye una
infracción
supra.
al
Canon
Conforme
a
lo
9
del
Código
anterior,
de
Ética
hemos
Profesional,
reiterado
que
ese
comportamiento constituye un agravio serio a la autoridad
de los tribunales, suficiente para decretar su separación
indefinida de la profesión. In re López Pérez, 201 DPR 123,
126 (2018).
III.
En el expediente del licenciado Torres Acevedo consta
una Certificación del PEJC que se emitió el 26 de junio de
2020 de la cual surge que el letrado aún no ha cumplido con
el periodo de educación jurídica continua para el periodo de
1 de agosto de 2016 al 31 de julio de 2019. Esto después de
que tanto el PEJC como esta Curia le advirtieran de las
consecuencias
de
su
incumplimiento
con
los
requisitos
aludidos y con las órdenes de este Tribunal. El letrado
tampoco ha comparecido ante nosotros, según le ordenamos,
desde la Resolución que emitimos el 11 de diciembre de 2019.
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Como
denota
indicamos,
una
actitud
la
desatención
de
menosprecio
a
e
nuestras
órdenes
indiferencia
hacia
nuestra autoridad. Ello constituye una violación al Canon 9
del
Código
de
Ética
suficiente
para
profesión.
Conforme
Profesional,
decretar
a
supra,
fundamento
la
separación
indefinida
los
postulados
éticos
de
la
esbozados,
resolvemos que el licenciado Torres Acevedo infringió el
Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra, al incumplir
con nuestras órdenes y con los requerimientos del PEJC.
IV.
A
raíz
de
lo
anterior,
se
ordena
la
suspensión
inmediata e indefinida del licenciado Torres Acevedo de la
práctica de la abogacía y la notaría. Se le impone el deber
de
notificar
inmediatamente
a
todos
sus
clientes
su
inhabilidad para continuar representándolos. Igualmente, se
le
ordena
atendido
o
devolverles
los
pendiente
de
expedientes
resolución,
de
así
cualquier
como
caso
cualquier
cantidad recibida en honorarios por trabajos no realizados.
Además, deberá informar inmediatamente de su suspensión a
los foros judiciales y administrativos en los que tenga
algún asunto pendiente.
Se
le
impone
la
obligación
de
acreditar
ante
este
Tribunal el cumplimiento con lo aquí ordenado, en un término
de treinta (30) días desde la notificación de esta Opinión
Per Curiam y Sentencia.
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Por
Tribunal
7
su
parte,
incautar
se
le
ordena
inmediatamente
al
Alguacil
la
obra
y
de
el
este
sello
notarial del señor José F. Torres Acevedo y entregarlos al
Director de la Oficina de Inspección de Notarías para la
inspección e informe correspondiente. Además, en virtud de
esta suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la
notaría, la fianza que garantiza sus funciones notariales
queda automáticamente cancelada. La fianza se considerará
buena y válida por tres años después de su terminación, en
cuanto a los actos realizados durante el periodo en que
esta estuvo vigente.
Notifíquese
por
correo
electrónico
y
por
la
vía
telefónica esta Opinión Per Curiam y Sentencia al señor
José F. Torres Acevedo.
Se dictará Sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
José F. Torres Acevedo
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SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de septiembre de 2020.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de
la
presente
Sentencia,
se
decreta
la
suspensión
inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la
notaría del licenciado José F. Torres Acevedo. Se le
impone el deber de notificar a todos sus clientes sobre
su
inhabilidad
para
continuar
representándolos
y
devolverles
cualesquiera
honorarios
recibidos
por
trabajos
no
realizados.
Deberá
además
informar
inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y
administrativos en que tenga asuntos pendientes. Por
último, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento
con lo anterior en el término de treinta (30) días a
partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam y
Sentencia. No hacerlo pudiere conllevar que no se le
reinstale cuando lo solicite.
Por su parte, se le ordena al Alguacil de este
Tribunal incautar inmediatamente la obra y el sello
notarial del licenciado Torres Acevedo y entregarlos al
Director
de
la
ODIN
para
la
investigación
e
informe correspondiente. Además, en virtud de esta
suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la
notaría,
la
fianza
que
garantiza
las
funciones
notariales queda automáticamente cancelada. Asimismo,
la fianza se considerará buena y válida por tres (3)
TS-13,214
2
años después de su terminación, en cuanto a los actos
realizados durante el periodo en que esta estuvo vigente.
Notifíquese por correo electrónico y por la vía
telefónica esta Opinión Per Curiam y Sentencia al señor
Torres Acevedo.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez Torres
no intervino.
José Ignacio Campos Pérez
Secretario del Tribunal Supremo