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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: José F. Torres Acevedo

2020 TSPR 108

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: José F. Torres Acevedo

TS-13,214

Conducta profesional: Suspensión inmediata e indefinida de la práctica de la abogacía y la notaría, por incumplir con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) y con las órdenes del Tribunal Supremo.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2020 TSPR 108

José F. Torres Acevedo

Número del Caso:

Fecha:

205 DPR _____

TS-13,214

10 de septiembre de 2020

Sr. José F. Torres Acevedo:

Por derecho propio

Programa de Educación Jurídica Continua:

Lcda. María C. Molinelly González

Directora

Materia: La suspensión será efectiva el 17 de septiembre de 2020,

fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

TS-13,214

José F. Torres Acevedo

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de septiembre de 2020.

Nuevamente

disciplinaria

debemos

ejercer

para

suspender

nuestra

facultad

inmediata

e

indefinidamente de la práctica de la abogacía y la

notaría a un miembro de la profesión legal. Lo anterior

por incumplir con las órdenes de este Tribunal y con

los

requisitos

del

Programa

de

Educación

Jurídica

Continua (PEJC).

I.

El Lcdo. José F. Torres Acevedo fue admitido al

ejercicio de la abogacía el 25 de enero de 2000 y

prestó juramento como notario el 23 de febrero de 2000.

A raíz de unos señalamientos previos por incumplimiento

con

el

PEJC,

advenimos

en

conocimiento

de

letrado nía cumplido con los requisitos del PEJC

que

el

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2

letrado no había cumplido con los requisitos del PEJC para

el periodo del 1 de agosto de 2016 al 31 de julio de 2019.1

Ante ello, el 12 de agosto de 2019 emitimos una Resolución

en la que le concedimos un término de treinta (30) días

para

cumplir

con

todos

los

requerimientos

del

PEJC

y

presentar la certificación correspondiente que acreditara

su cumplimiento.2 En el expediente del letrado no consta que

este

haya

comparecido

ante

nosotros

en

respuesta

a

esa

orden.

A

solicitud

nuestra,

el

15

de

noviembre

de

2019

recibimos una Certificación del PEJC en la que se acreditó

que el letrado cumplió con el periodo de educación continua

del

1

de

embargo,

a

agosto

de

2013

esa

fecha,

el

al

31

letrado

de

julio

aún

de

2016.

incumplía

con

Sin

el

periodo del 1 de agosto de 2016 al 31 de julio de 2019. En

consecuencia,

el

11

de

diciembre

del

2019

emitimos

una

segunda Resolución —que se notificó el 12 de diciembre de

2019— en la que le concedimos al licenciado Torres Acevedo

El 13 de diciembre de 2018 la Lcda. María C. Molinelli González,

Directora Ejecutiva del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC),

refirió a nuestra atención un Informe sobre incumplimiento con el

requisito de Educación Jurídica Continua. En este señaló que el

licenciado Torres Acevedo incumplió con los requisitos del PEJC para el

periodo del 1 de agosto de 2013 al 31 de julio de 2016. A raíz de ese

informe, emitimos varias Resoluciones en las que le ordenamos al

licenciado satisfacer los requisitos del PEJC y acreditarnos su

cumplimiento. Finalmente, el 24 de junio de 2019 el licenciado Torres

Acevedo nos informó en su Moción para mostrar causa que cumplió con los

requisitos de educación continua para el periodo de 2013 al 2016.

Además, nos solicitó tiempo adicional para presentar la Certificación

correspondiente. En ese ínterin, venció —sin cumplimentarse— el periodo

de educación continua del 1 de agosto de 2016 al 31 de julio de 2019.

2 Adicionalmente, el 18 de octubre de 2019 el PEJC emitió un Aviso de

Incumplimiento en el que notificó al licenciado Torres Acevedo su

incumplimiento con los requisitos del PEJC para el periodo del 1 de

agosto de 2016 al 31 de julio de 2019.

1

TS-13,214

3

un término final e improrrogable de veinte (20) días para

que cumpliera con todos los cursos que le faltara tomar

para el periodo del 1 de agosto de 2016 al 31 de julio de

2019

y

nos

presentara

la

certificación

de

cumplimiento

correspondiente. En la Resolución le advertimos al letrado

que

su

incumplimiento

podría

conllevar

la

imposición

de

sanciones severas, incluyendo suspenderlo del ejercicio de

la profesión. El letrado tampoco compareció para responder

a esa Resolución.

II.

Este Tribunal tiene el poder inherente de regular la

profesión legal en Puerto Rico. Al amparo de ese poder tiene

el deber de asegurarse de que los miembros admitidos a la

práctica de la abogacía y la notaría ejerzan sus funciones

de

manera

Santiago

responsable,

Méndez,

201

competente

DPR

436,

442

y

diligente.

(2018);

In

re

In

re

Marín

Serrano, 197 DPR 535, 539 (2017).

En el ejercicio de la profesión jurídica todo abogado

y abogada tiene el deber de realizar “esfuerzos para lograr

y mantener un alto grado de excelencia y competencia en su

profesión

a

través

del

estudio

y

la

participación

en

programas educativos de mejoramiento profesional”. Código

de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 2. Con el objetivo

de

que

se

cumpla

tal

deber,

este

Tribunal

adoptó

el

Reglamento de Educación Jurídica Continua, 4 LPRA Ap. XVII–

D,

según

enmendado,

y

el

Reglamento

del

Programa

de

TS-13,214

Educación

4

Jurídica

Continua,

4

LPRA

Ap.

XVII-F,

según

enmendado (Reglamento del Programa). Este último requiere a

los miembros de la profesión legal cumplir con veinticuatro

(24) horas crédito de educación jurídica continua en un

periodo de tres (3) años. Véase Regla 6 del Reglamento de

Educación Jurídica Continua, 4 LPRA Ap. XVII-F, R.6; véase

además Regla 28 del Reglamento del Programa, 4 LPRA Ap.

XVII-F, R.28.

Los abogados y abogadas que no completan la cantidad

de horas crédito requeridas en un periodo de tres (3) años

incumplen con el deber de educarse continuamente. In re

Abreu Figueroa, 198 DPR 532, 537 (2017). Además, la Regla

28

del

Reglamento

del

Programa,

supra,

dispone

que,

al

finalizar cada periodo, los abogados se deben asegurar que

el PEJC acredite su cumplimiento. El incumplir y desatender

estos

requerimientos

podría

conllevar

la

imposición

de

sanciones disciplinarias severas, incluyendo la suspensión

inmediata

de

la

profesión.

Regla

28

del

Reglamento

del

Programa, supra; In re Abreu Figueroa, supra; véase además

In re López González et al., 193 DPR 1021 (2015).

Por

otro

Profesional,

4

lado,

el

Canon

9

LPRA

Ap.

IX,

C.9,

del

Código

impone

a

de

Ética

todos

los

miembros de la profesión jurídica el deber de observar para

los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor

respeto. In re López Méndez, 196 DPR 956, 960-961 (2016).

Cónsono con esa directriz, hemos reiterado que los abogados

TS-13,214

5

y abogadas tienen un deber ineludible de cumplir pronta y

diligentemente con las órdenes que emite este y todos los

tribunales. Esto incluye cumplir con los requerimientos de

la Oficina del Procurador General, la Oficina de Inspección

de Notarias y el PEJC. In re López Pérez, supra, pág. 126;

In re Arocho Cruz, 200 DPR 352 (2018). Aquellos letrados

que ignoren o desatiendan las órdenes que emitimos incurren

en una afrenta a nuestra autoridad, lo que constituye una

infracción

supra.

al

Canon

Conforme

a

lo

9

del

Código

anterior,

de

Ética

hemos

Profesional,

reiterado

que

ese

comportamiento constituye un agravio serio a la autoridad

de los tribunales, suficiente para decretar su separación

indefinida de la profesión. In re López Pérez, 201 DPR 123,

126 (2018).

III.

En el expediente del licenciado Torres Acevedo consta

una Certificación del PEJC que se emitió el 26 de junio de

2020 de la cual surge que el letrado aún no ha cumplido con

el periodo de educación jurídica continua para el periodo de

1 de agosto de 2016 al 31 de julio de 2019. Esto después de

que tanto el PEJC como esta Curia le advirtieran de las

consecuencias

de

su

incumplimiento

con

los

requisitos

aludidos y con las órdenes de este Tribunal. El letrado

tampoco ha comparecido ante nosotros, según le ordenamos,

desde la Resolución que emitimos el 11 de diciembre de 2019.

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Como

denota

indicamos,

una

actitud

la

desatención

de

menosprecio

a

e

nuestras

órdenes

indiferencia

hacia

nuestra autoridad. Ello constituye una violación al Canon 9

del

Código

de

Ética

suficiente

para

profesión.

Conforme

Profesional,

decretar

a

supra,

fundamento

la

separación

indefinida

los

postulados

éticos

de

la

esbozados,

resolvemos que el licenciado Torres Acevedo infringió el

Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra, al incumplir

con nuestras órdenes y con los requerimientos del PEJC.

IV.

A

raíz

de

lo

anterior,

se

ordena

la

suspensión

inmediata e indefinida del licenciado Torres Acevedo de la

práctica de la abogacía y la notaría. Se le impone el deber

de

notificar

inmediatamente

a

todos

sus

clientes

su

inhabilidad para continuar representándolos. Igualmente, se

le

ordena

atendido

o

devolverles

los

pendiente

de

expedientes

resolución,

de

así

cualquier

como

caso

cualquier

cantidad recibida en honorarios por trabajos no realizados.

Además, deberá informar inmediatamente de su suspensión a

los foros judiciales y administrativos en los que tenga

algún asunto pendiente.

Se

le

impone

la

obligación

de

acreditar

ante

este

Tribunal el cumplimiento con lo aquí ordenado, en un término

de treinta (30) días desde la notificación de esta Opinión

Per Curiam y Sentencia.

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Por

Tribunal

7

su

parte,

incautar

se

le

ordena

inmediatamente

al

Alguacil

la

obra

y

de

el

este

sello

notarial del señor José F. Torres Acevedo y entregarlos al

Director de la Oficina de Inspección de Notarías para la

inspección e informe correspondiente. Además, en virtud de

esta suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la

notaría, la fianza que garantiza sus funciones notariales

queda automáticamente cancelada. La fianza se considerará

buena y válida por tres años después de su terminación, en

cuanto a los actos realizados durante el periodo en que

esta estuvo vigente.

Notifíquese

por

correo

electrónico

y

por

la

vía

telefónica esta Opinión Per Curiam y Sentencia al señor

José F. Torres Acevedo.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

José F. Torres Acevedo

TS-13,214

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de septiembre de 2020.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de

la

presente

Sentencia,

se

decreta

la

suspensión

inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la

notaría del licenciado José F. Torres Acevedo. Se le

impone el deber de notificar a todos sus clientes sobre

su

inhabilidad

para

continuar

representándolos

y

devolverles

cualesquiera

honorarios

recibidos

por

trabajos

no

realizados.

Deberá

además

informar

inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y

administrativos en que tenga asuntos pendientes. Por

último, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento

con lo anterior en el término de treinta (30) días a

partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam y

Sentencia. No hacerlo pudiere conllevar que no se le

reinstale cuando lo solicite.

Por su parte, se le ordena al Alguacil de este

Tribunal incautar inmediatamente la obra y el sello

notarial del licenciado Torres Acevedo y entregarlos al

Director

de

la

ODIN

para

la

investigación

e

informe correspondiente. Además, en virtud de esta

suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la

notaría,

la

fianza

que

garantiza

las

funciones

notariales queda automáticamente cancelada. Asimismo,

la fianza se considerará buena y válida por tres (3)

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2

años después de su terminación, en cuanto a los actos

realizados durante el periodo en que esta estuvo vigente.

Notifíquese por correo electrónico y por la vía

telefónica esta Opinión Per Curiam y Sentencia al señor

Torres Acevedo.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez Torres

no intervino.

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo