Tribunal Supremo de Puerto Rico
El Pueblo v. Cotto García
2020 TSPR 110
Poder Judicial de Puerto Rico
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El Pueblo v. Cotto García
CC-2019-731
Derecho Procesal Penal: La falta de prueba documental que evidencie un historial de insanidad mental, previo al hecho imputado, no provoca que se descarte la posibilidad de levantar la defensa de insanidad mental, al amparo de la Regla 74 de Procedimiento Criminal.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Certiorari
Recurrido
v.
2020 TSPR 110
Juan G. Cotto García
205 DPR _____
Peticionario
Número del Caso:
Fecha:
CC-2019-731
18 de septiembre de 2020
Tribunal de Apelaciones:
Panel XI
Abogado de la parte peticionaria:
Lcdo. José A. Morales Arroyo
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Isaías Sánchez Báez
Procurador General
Lcdo. Pedro A. Vazquez Montijo
Subprocurador General
Lcda. Laura W. Robles Vega
Procuradora General Auxiliar
Materia:
Derecho Procesal Penal - La falta de prueba documental
que evidencie un historial de insanidad mental, previo al hecho
imputado, no provoca que se descarte la posibilidad de levantar la
defensa de insanidad mental, al amparo de la Regla 74 de
Procedimiento Criminal.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
CC-2019-731
Certiorari
Juan G. Cotto García
Peticionario
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff
Caraballo
En San Juan, Puerto Rico, a 18 de septiembre de 2020.
Este
caso
nos
presenta
la
oportunidad
de
resolver si el hecho de que un acusado no cuente con
prueba
documental
que
evidencie
un
historial
de
insanidad mental, previo al hecho que se le imputa,
provoca que se descarte la posibilidad de levantar la
defensa de insanidad mental, al amparo de la Regla 74
de Procedimiento Criminal, infra.
Por
adelante,
negativa.
los
fundamentos
respondemos
dicha
que
expondremos
interrogante
en
más
la
CC-2019-731
2
I
Por hechos ocurridos el 5 de julio de 2018 y el 3 de
agosto del mismo año, el Ministerio Público presentó dos
acusaciones
en
contra
del
Sr.
Juan
G.
Cotto
García
(peticionario). Una acusación fue por el delito de actos
lascivos y la otra por el mismo delito, en su modalidad
de que la víctima es menor de 16 años.
Por su parte, el
anunciando
defensa
peticionario presentó una
de
insanidad
mental.
Moción
Mediante
esta
moción, expuso que tiene historial de enfermedad mental y
que
sufre
de
impulsos
que
le
impiden
controlar
su
conducta conforme a la ley. Para sustentar lo anterior,
indicó que contrató los servicios del Dr. Fernando Medina
Martínez
(Psicólogo
forense)
para
que
fungiera
como
perito en el caso de epígrafe. Así, incluyó un Informe de
la Evaluación Psicológica realizada por el doctor Medina
Martínez y su Curriculum vitae.1
En resumen, en su Informe el doctor Medina Martínez
concluyó que el peticionario:
Tiene una inteligencia no verbal, a un nivel
bajo el Promedio, con relación a adultos de su
edad cronológica de cultura norteamericana.
Esta puntuación bruta de 25 es equivalente a
una edad mental de niños de 9 años. Es decir,
su capacidad intelectual no verbal está por
Como parte de la Evaluación Psicológica, el doctor Medina Martínez
le realizó al peticionario la Prueba de inteligencia No Verbal-4
(TONI-4), el Inventario Multifásico de la Personalidad de Minnesota-2
Forma Reestructurada (M.M.P.L-2, RF), el cuestionario para determinar
algún tipo de déficit de atención (ADD, inatento; ADHD-hiperactivo o
combinado) y unas entrevistas clínicas estructuradas.
1
Entre las observaciones clínicas, el Dr. Fernando Medina Martínez
explica que la apreciación de los actos del peticionario “es similar
a la que haría un niño”. Véase, Evaluación Psicológica, Apéndice de
la Petición de certiorari, pág. 22.
CC-2019-731
3
debajo al 83% de las personas de su edad
cronológica de cultura norteamericana.2 Por lo
tanto, es importante tener en cuenta que su
capacidad intelectual no verbal es limitada y
esto hace que interprete el mundo que le rodea
y sus acciones diferente a como lo haría una
persona con inteligencia no verbal promedio o
sobre el promedio.3
Además,
el
doctor
Medina
Martínez
indicó
que
el
peticionario padece del Trastorno del déficit de atención
del tipo predominante combinado, inatento e hiperactivo
(ADHD) y del Trastorno Froteurístico, caracterizado como
“una
excitación
tocamientos
o
sexual
intensa
y
recurrente
de
los
fricción
con
una
persona
sin
su
consentimiento, que se manifiesta por fantasías, deseos o
conducta irrefrenable”.4
Así,
el
doctor
Medina
Martínez
explicó
que
al
combinar los mencionados hallazgos “podemos entender que
el [peticionario] ha incurrido en 3 ocasiones en un acto
inapropiado, con severas consecuencias, producto de un
impulso
incontrolable
y
mediado
por
una
capacidad
intelectual no verbal bajo el promedio”.5
Por otro lado, el doctor Medina Martínez indicó que
el peticionario recibe servicios psicológicos con el Dr.
José Santiago Rivera, pero no recibe farmacoterapia. A
2
El peticionario tiene 37 años.
Evaluación
pág. 25.
3
4
Apéndice
de
la
Petición
de
certiorari,
Apéndice
de
la
Petición
de
certiorari,
Íd., págs. 25-26.
Evaluación
pág. 26.
5
Psicológica,
Psicológica,
CC-2019-731
4
tenor con todo lo anterior, el doctor Medina Martínez
recomendó lo siguiente:
(1) Que se tenga en cuenta los resultados de la
presente evaluación, antes de tomar ninguna
determinación final en este caso.
(2) Que se considere como primera opción, que el
[peticionario] sea sometido a un tratamiento
psicológico de modificación de conducta y
consejería psicológica, junto a tratamiento
psiquiátrico
farmacológico
ambulatorio,
encaminado a lidiar con su condición de ADHD y
“Trastorno
Froteurístico”
mientras
continúa
trabajando.6
Durante una vista de estado de los procedimientos, el
Ministerio
Público
le
requirió
al
peticionario
que
le
proveyera un listado de los hospitales y/o doctores que
le han atendido. Por su parte, el peticionario argumentó
que del Informe rendido por el doctor Medina Martínez
surgía
que
éste
recibe
tratamiento
psicológico
con
el
doctor Santiago Rivera y que próximamente podían suplir
al Ministerio Público lo que solicita. Ante ello, el foro
de instancia le ordenó al peticionario que le proveyera
al Ministerio Público la información requerida y, además,
señaló otra vista de estado de los procedimientos.7
Así las cosas, el peticionario presentó una Moción
sometiendo
información
de
tratamientos
específico,
incluyó
la
moción
Tratamiento
en
(certificación)
una
médicos.8
En
Certificación
de
provista
por
la
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la
6
Íd.
7
Minuta, Apéndice del Alegato del Procurador General, págs. 5-6.
Moción sometiendo información de tratamientos médicos, Apéndice de
la Petición de certiorari, págs. 44-48.
8
CC-2019-731
5
Adicción (ASSMCA), la cual acreditó que el peticionario
fue admitido en ASSMCA el 7 de enero de 1994 (cuando
tenía 11 años) y que recibió servicios allí. Sin embargo,
surge de la certificación una advertencia en la cual se
indica que la información antes mencionada se transcribe
del tarjetero de pacientes inactivos y que es la única
información
disponible
certificación,
el
del
peticionario.
peticionario
añadió
Además
a
la
de
la
moción
un
récord médico que contiene la Entrevista inicial y de
Cernimiento
realizada
por
el
doctor
Rivera
Santiago
(Psicólogo), con fecha del 29 de agosto de 2018.9 Mediante
ésta, el doctor Rivera Santiago indicó que el diagnóstico
provisional
del
peticionario
es
el
siguiente:
Eje
I:
302.81 Fetishistic Disorder, F 5.0 y Eje II: F 60.9.
En la vista sobre el estado de los procedimientos el
Ministerio Público alegó que los documentos provistos por
el
peticionario
establece
la
no
cumplían
regla
para
con
los
establecer
requisitos
que
la
de
defensa
insanidad mental. En específico, el Ministerio Público
expresó lo siguiente:
La información que la defensa acompañó en su
Moción es simplemente un cuestionario de una
entrevista hecha por el Dr. José A. Rivera que
data del 29 de agosto de 2018. Los hechos de
este caso fueron sometidos el 15 de agosto de
2018 y varios días después es que el acusado
acude a una cita con un especialista. El otro
documento que se acompaña, que es el que se hizo
mención de ASSMCA, es cuando el acusado tenía 11
años y lo que surge de ese documento es que él
recibió algún tipo de servicio cuando tenía esa
Entrevista Inicial y de Cernimiento, Apéndice de la Petición de
certiorari, págs. 46-48.
9
CC-2019-731
6
edad. Las reglas establecen que al momento de
los hechos el imputado tenía que estar bajo
tratamiento con un Psicólogo o Psiquiatra y no
después de los hechos.10 (Énfasis nuestro).
Así,
el
tribunal
de
instancia
le
indicó
en
corte
abierta al peticionario que “si no provee la información
porque
no
existe,
consiguiente,
el
no
foro
procede
de
su
solicitud”.11
Por
le
al
instancia
concedió
peticionario 10 días para que consiguiera la información
que solicitó en ASSMCA y que, consecuentemente, se la
proveyera
al
Ministerio
Público.
Además,
le
indicó
al
Ministerio Público que “de entenderlo pertinente, deberá
informar
el
nombre
y
dirección
de
los
peritos
que
utilizará”.12 En respuesta, el peticionario le informó al
foro primario que le iba a presentar un proyecto de orden
dirigida a ASSMCA. Así las cosas, el foro de instancia
señaló una vista sobre el estado de los procedimientos
para el 24 de junio de 2019 e indicó que sería la vista
final sobre este asunto.
Posteriormente, el tribunal de instancia proveyó de
conformidad a la solicitud del peticionario y emitió la
Orden
a
nombre
de
ASSMCA.
Mediante
ésta,
el
foro
de
instancia le ordenó a ASSMCA proveer copia del expediente
y/o récord médico y las evaluaciones psiquiátricas y/o
psicológicas
del
peticionario.
Además,
el
tribunal
de
instancia le advirtió a ASSMCA que -de no poder localizar
10
Minuta, Apéndice del Alegato del Procurador General, pág. 8.
11
Íd.
12
Íd.
CC-2019-731
dicho
(1)
7
expedientediagnóstico
proveyera
por
el
la
siguiente
información:
cual
recibió
tratamiento;
(2) medicación recetada; (3) duración de su tratamiento y
(4) nombre de los médicos que brindaron el tratamiento.13
En
cumplimiento
presentó
una
tratamientos
Tratamiento
reiteró
que
con
la
Moción
médicos
el
sometiendo
peticionario
información
de
Certificación
de
e
incluyó
una
por
ASSMCA.
Mediante
efecto-
el
emitida
-en
Orden,
ésta,
peticionario
ASSMCA
había
sido
admitido al Centro de Salud Mental de la Comunidad de
Bayamón
cuando
tratamiento
tenía
clínico
11
años
y
que
allí,
pero
que
el
había
recibido
expediente
no
estaba disponible.14
De conformidad con lo anterior, en la vista sobre el
estado de los procedimientos el peticionario informó al
tribunal que trató de conseguir copia del récord médico a
través de la Orden dirigida a ASSMCA, pero que la gestión
resultó infructuosa.
Por su parte, el Ministerio Público le solicitó al
foro de instancia que no le permitiera al peticionario
presentar la defensa de insanidad mental, tras alegar que
éste no había cumplido con las exigencias de las Reglas
de Procedimiento Criminal.
En respuesta, el peticionario argumentó que la Regla
240
13
de
Procedimiento
34
LPRA
Ap.
II,
solo
Orden, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 53.
Certificación de
certiorari, pág. 55.
14
Criminal,
Tratamiento,
Apéndice
de
la
Petición
de
CC-2019-731
8
exigía que se presente un informe y no un récord médico.15
Argumentó que ASSMCA (el Estado) es el custodio de dicho
expediente
y
que
el
mismo
no
estaba
disponible.
En
consecuencia, indicó que no puede proveer una información
que el Estado ni él tienen. Añadió que la Certificación
de Tratamiento emitida por ASSMCA confirma que recibió
tratamiento
médico.
Ante
ello,
el
Ministerio
Público
expresó que el procedimiento no estaba bajo la Regla 240
de
Procedimiento
Criminal,
sobre
procesabilidad,
sino
bajo la Regla 74 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap.
II, sobre insanidad mental y que ésta última requiere
indagar sobre los médicos y el tratamiento que recibió
“toda vez que es el acusado el que tiene que poner en
posición al Ministerio Público y en su día al tribunal de
que
este
defecto
o
esta
condición
mental
le
impedía
entender sus actos al momento de los hechos”.16 Así, el
Ministerio Público argumentó que no se habían cumplido
con las exigencias de las reglas.
Evaluados los argumentos de ambas partes, el tribunal
de instancia expresó que el peticionario no cumplió con
proveer
la
información
requerida
por
la
Regla
74.
En particular, el tribunal de instancia señaló que “la
Regla 74 de Procedimiento Criminal es clara en cuanto a
La Regla 240 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap.II, proscribe
sobre
el
concepto
de
procesabilidad.
A
diferencia
de
la
inimputabilidad por insanidad mental que evalúa la capacidad mental
al momento de los hechos, la procesabilidad atiende el estado mental
de la persona al momento de encarar el proceso judicial. Pueblo v.
Santiago Torres, 154 DPR 291, 300 (2001).
15
16
Minuta Resolución, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 14.
CC-2019-731
9
que si en ambos casos, si el acusado o el Ministerio
Público no suplen la información requerida; no tendrán
derecho a ofrecer tal evidencia”. 17
En consecuencia, el
foro
lugar”
de
instancia
declaró
“no
ha
a
la
Moción
anunciando defensa de insanidad mental.
Inconforme, el peticionario acudió ante el Tribunal
de Apelaciones mediante un recurso de certiorari y señaló
que el tribunal de instancia erró al negarse a permitir
la
defensa
de
insanidad
mental
en
las
circunstancias
particulares del caso de epígrafe. El peticionario arguyó
que es a él a quien más le interesaba obtener el récord
médico
de
ASSMCA,
pero
que
el
Estado
-a
quien
le
corresponde custodiar el récord médico- no lo tiene y
que, en consecuencia, no puede proveer algo que existió,
pero
no
está
disponible.
En
particular,
argumentó
que
cumplió con lo esbozado en la Regla 74 y que suministró
al
Ministerio
establecer
su
Público
defensa.
la
prueba
con
que
cuenta
para
Explicó
que
la
prueba
para
sostener su defensa obra en el Informe pericial emitido
por el doctor Medina Martínez y que, además, del propio
Informe
surge
que
el
peticionario
recibió
servicios
psicológicos y psiquiátricos en ASSMCA por previamente
habérsele diagnosticado ADHD.
No obstante, el Tribunal de Apelaciones denegó la
expedición del recurso, tras razonar lo siguiente:
Examinada
la
documentación
provista
por
[peticionario] no cabe hablar de que el TPI haya
17
Íd., pág. 16.
CC-2019-731
10
abusado de su discreción o errado de forma
alguna
que
se
haga
indispensable
nuestra
intervención. Incluso, si se diera por cierto
que no es culpa del [peticionario] que la
información no esté disponible, el hecho cierto
es que no la está. Al Tribunal no puede
requerírsele que, por fe, acepte una defensa
desprovista de base evidenciaria que requiere la
Regla 74 de Procedimiento Criminal, supra. […].18
(Énfasis nuestro).
Así, el foro apelativo intermedio concluyó que “[l]a
documentación presentada por el peticionario no cumple a
carta cabal con los requisitos impuestos[…].19
Inconforme con esta determinación, el peticionario
presentó una Moción urgente de reconsideración e insistió
en que en el récord del tribunal de instancia obran los
documentos necesarios para que éste tenga la oportunidad
de que se evalué su defensa de insanidad mental. Aludió a
que
el
Ministerio
Público
cuenta
con
el
Informe
del
doctor Medina Martínez en el cual se concluye que el
peticionario tiene historial de enfermedad mental y que
sufre de impulsos que le impiden controlar su conducta y
comportarse conforme a la ley. Así, arguyó que siendo el
Informe
del
doctor
Medina
Martínez
el
documento
presentado para sostener la defensa y estando el mismo en
poder del Ministerio Público, éste puede rebatirlo con
prueba pericial de entenderlo necesario. Reiteró que esa
es la base evidenciaria que requiere la Regla 74. No
obstante
a
lo
anterior,
el
foro
apelativo
intermedio
Resolución del Tribunal de Apelaciones, Apéndice de la Petición de
certiorari, pág. 60.
18
19
Íd., pág. 61.
CC-2019-731
declaró
11
“no
ha
lugar”
a
la
Moción
urgente
de
reconsideración.
En desacuerdo, el peticionario presentó una Petición
de certiorari ante este Tribunal y señala que “[e]rró el
Tribunal de Primera Instancia al negarse a permitir la
defensa de insanidad mental en las circunstancias del caso
de epígrafe”.20 En particular, el peticionario añadió lo
siguiente:
Sostener la posición del TPI y el TA nos
llevaría al absurdo de concluir que un acusado
quien nunca haya recibido tratamiento médico
[…] no puede presentar esa defensa por la
ausencia de récords médicos anteriores. En este
caso es peor porque aquí existieron unos
récords
médicos,
pero
estos
no
están
disponibles
por
causas
no
atribuibles
al
acusado.21
Luego de expedir el auto de certiorari solicitado el
25 de octubre de 2019 y comparecido las partes a expresar
su posición, pasemos, pues, a exponer el marco jurídico
para disponer de la controversia presentada en el caso de
epígrafe.
II
A.
La defensa de insanidad mental
El
relativo
Art.
21
del
Código
a
las
formas
de
Penal,
33
culpabilidad
LPRA
y
el
sec.
requisito
general del elemento subjetivo, dispone lo siguiente:
(a) Una persona solamente puede ser sancionada
penalmente
si
actuó
a
propósito,
con
conocimiento, temerariamente o negligentemente
con relación a un resultado o circunstancia
prohibida por ley.
20
Petición de certiorari, pág. 3.
21
Petición de certiorari, pág. 7.
5034,
CC-2019-731
12
(b)
El
elemento
subjetivo
del
delito
se
manifiesta por las circunstancias relacionadas
con
el
hecho,
la
capacidad
mental,
las
manifestaciones y conducta de la persona.
(Énfasis nuestro).
Al
respecto,
la
Profesora
Dora
Nevares
Muñiz
nos
comenta que el Art. 21 (a) del Código Penal, supra, sobre
el principio de culpabilidad y corolario del principio de
legalidad, “reitera lo expresado en el Art.8 (Principio
de
responsabilidad
penal),
primer
párrafo,
de
que
“[n]adie podrá ser sancionado por un hecho previsto en
una ley penal si no lo ha realizado según las formas de
culpabilidad previstas en este Código.”22
Por su parte, el Art. 21 (b) del Código Penal, supra,
“constituye una disposición probatoria para orientar al
juzgador
en
Entiéndase
la
que
relacionadas
determinación
“son
con
el
del
elemento
pertinentes:
hecho,
la
las
subjetivo”.
circunstancias
capacidad
mental,
las
manifestaciones y conducta de la persona”.23 De no ser
suficiente
la
capacidad
mental
configure
la
forma
culpabilidad
de
del
actor
o
para
elemento
que
se
mental
requerido por el delito “se consideraría como un caso de
inimputabilidad […]”.24
A tenor con lo anterior, el Art.38 del Código Penal,
33 LPRA sec. 5061, establece la incapacidad mental como
D. Nevares Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, 7ma ed., San Juan,
Ed. Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2015, pág. 192.
22
23
Nevares Muñiz, op. cit., pág. 192.
24
Íd., pág. 194.
CC-2019-731
13
causa de inimputabilidad. En específico, el Art. 38 del
Código Penal, supra, estatuye lo siguiente:
Nadie
será
sancionado
por
un
hecho
que
constituya delito si al momento de su comisión
no es imputable. Se consideran causas de
inimputabilidad las siguientes:
(a) Minoridad.
(b) Incapacidad Mental.
(c) Trastorno Mental Transitorio. (Énfasis nuestro).
En
cuanto
a
la
incapacidad
mental
como
causa
de
inimputabilidad, el Art. 40 del Código Penal, 33 LPRA sec.
5063, preceptúa que:
No es imputable quien al momento del hecho, a
causa de enfermedad o defecto mental, carece de
capacidad
suficiente
para
comprender
la
criminalidad del acto o para conducirse de
acuerdo con el mandato de ley.
Los términos enfermedad o defecto mental no
incluyen una anormalidad manifiesta sólo por
reiterada conducta criminal o antisocial.25
Para efectos de la prueba de incapacidad
mental, el imputado deberá evidenciar la
alegada incapacidad. (Énfasis nuestro).
Nótese que el Art. 40 del Código Penal, supra, está
enmarcado bajo la fórmula siquiátrica-sicológica-jurídica.
Esta
fórmula
“se
refiere
a
la
insuficiencia
en
las
facultades mentales o perturbación en las mismas, que le
impide a la persona comprender la criminalidad del acto o
dirigir voluntariamente sus acciones”.26 Esto es, contiene
dos aspectos: el cognoscitivo y el volitivo. El aspecto
Esta sección se incorporó como parte del Art. 40 del Código Penal,
supra, con el propósito de excluir a los sicópatas de la defensa de
inimputabilidad. Ello, toda vez que aunque poseen una anormalidad en
su personalidad afectiva y volitiva, no se consideran inimputables.
Nevares Muñiz, op. cit., pág. 292.
25
26
Nevares Muñiz, op. cit., pág. 284.
CC-2019-731
14
cognoscitivo
tiene
que
ver
con
la
incapacidad
de
la
persona para reconocer el carácter ilícito de su acción u
omisión y comprender la criminalidad de su acto. Por su
parte, el aspecto volitivo se refiere a la incapacidad de
la
persona
para
conducirse
conforme
al
mandato
de
la
ley.27
Al respecto, el Profesor Luis E. Chiesa Aponte nos
comenta lo siguiente:
Cuando
se
expresa
que
el
acusado
es
“inimputable” por incapacidad mental, lo que
quiere decirse es que no tiene sentido (ni
resultaría
justo)
imputarle
el
acto
antijurídico como un hecho suyo, pues al
momento de cometer el delito, el sujeto no
tenía capacidad para controlar sus acciones o
para entender la criminalidad de su proceder.28
(Énfasis nuestro).
En fin, es importante señalar que desde Pueblo v.
Marcano Pérez, 116 DPR 917, 926-927 (1986), el criterio de
inimputabilidad no exige una carencia total de capacidad
mental,
sino
que
basta
con
que dicha
carencia sea
de
la
de
índole suficiente o sustancial.
B.
El
Procedimiento
insanidad mental
Es
sabido
que
“a
Criminal
ante
los
de
fines
defensa
levantar
y
luego
establecer la defensa de incapacidad mental, cónsono con
la Regla 74 el acusado tiene que presentar un aviso ante
el tribunal y notificarlo al Ministerio Público”.29 Esto,
debido a que la Regla 74 “responde al imperativo de poner
27
Íd.
L. E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, 2da ed., San Juan,
Publicaciones JTS, 2013, pág. 256.
28
29
Pueblo v. Santiago Torres, 154 DPR 291, 300 (2001).
CC-2019-731
15
al Ministerio Público en condiciones de confrontarse con
una defensa de coartada o locura”.30
En
específico,
culpable;
la
Regla
74
sobre
alegación
de
no
notificación defensa de incapacidad mental
o
coartada, dispone lo siguiente:
Cuando el acusado hiciere alegación de no
culpable e intentare establecer la defensa de
trastorno mental transitorio o de incapacidad
mental en el momento de la alegada comisión del
delito imputándole, o cuando su defensa fuera la
de coartada, deberá presentar en el Tribunal de
Primera Instancia un aviso al efecto, con
notificación al fiscal, dentro de los veinte
(20) días siguientes al acto de la lectura de la
acusación en los casos en que deba celebrarse
dicho
acto.
Cuando
se
hubiere
entregado
personalmente al acusado una copia de la
acusación, el término para la presentación de
estas mociones será de no más de veinte (20)
días desde que el acusado hubiese respondido.
Cuando no hubiese contestado, el término será de
no más de veinte (20) días después de que se
registre la alegación de no culpable. En casos
por delitos menos graves a los cuales no aplique
el derecho a juicio por jurado el aviso con
notificación al fiscal se presentará por lo
menos veinte (20) días antes del juicio.
El acusado que desee establecer la defensa de
incapacidad
mental
o
de
trastorno
mental
transitorio deberá suministrar al Ministerio
Público, al momento de plantearla, la siguiente
información:
(a) Los testigos con los que se propone
establecer la defensa de incapacidad mental o
trastorno mental transitorio.
(b) La dirección de dichos testigos.
(c) Los documentos a ser utilizados para
sostener la defensa, supliendo copia de los
mismos, y de no poseerlos, informar en poder de
quién
se
encuentran
tales
documentos,
autorizando a que los mismos sean fotocopiados.
(d)
Hospital
u
hospitales
en
que
estuvo
recibiendo tratamiento y las fechas en que lo
recibió.
Pueblo v. Pérez Velázquez, 147 DPR 777, 783 (1999); Pueblo v.
Tribunal Superior, 101 DPR 133, 136 (1973).
30
CC-2019-731
16
(e) Médicos o facultativos que hubiesen tratado
o atendido al imputado en relación a su
incapacidad mental o condición de trastorno
mental transitorio.
[.
.
.
.
.
.
.]
El Ministerio Público tendrá la obligación
recíproca de informar al acusado el nombre y
dirección de los testigos o los documentos que
se propone utilizar para refutar la defensa de
coartada,
trastorno
mental
transitorio
o
incapacidad mental.
En ambos casos, si el acusado o el Ministerio
Público no cumplen con dicho aviso o no suplen
la información requerida, no tendrán derecho a
ofrecer tal evidencia. El tribunal podrá, sin
embargo, permitir que se ofrezca dicha evidencia
cuando se demostrare la existencia de causa
justificada para haber omitido la presentación
del aviso o información. En tales casos el
tribunal podrá decretar la posposición del
juicio
o
proveer
cualquier
otro
remedio
apropiado. (Énfasis nuestro).
Vemos
que,
en
cuanto
a
la
incapacidad
mental,
la
Regla 74 atiende varios asuntos, a saber: la notificación,
el descubrimiento de prueba, la obligación recíproca del
Ministerio Público y las consecuencias de incumplir con lo
allí estatuido.
En
cuanto
a
la
notificación
de
la
defensa
de
insanidad mental, la Regla 74 requiere que el acusado
emita un aviso al tribunal y al Ministerio Público para
informarles que desea presentar la defensa en el juicio.
Esto es, se requiere “una notificación anticipada de las
defensas
de
estatutariamente
locura
al
y
coartada,
ministerio
consagrando
fiscal
un
medio
así
de
descubrimiento de prueba anterior a la celebración del
juicio.”31 Por consiguiente, ”es razonable que la defensa
31
Pueblo v. Tribunal Superior,92 DPR 116, 118-119 (1965).
CC-2019-731
17
adelante que se propone invocar la defensa de insanidad
mental, de forma que el fiscal sepa que no podrá meramente
descansar en la presunción de cordura.”32
En
particular,
presentar
la
con
notificación,
respecto
a
adviértase
cuándo
se
que
términos
los
debe
establecidos en la Regla 74 pueden variarse cuando medie
justa causa.33 Nótese que, “[e]l verdadero alcance de la
excepción es permitir al acusado la notificación tardía de
la
defensa”.34
Además,
en
Hernández
Ortega
v.
Tribunal
Superior, 102 DPR 765 (1974), establecimos que la defensa
de insanidad mental también puede presentarse en el acto
de la vista preliminar.35
En torno al descubrimiento de prueba, la Regla 74
especifica
los
documentos
que
debe
incluir
la
notificación. Sépase que en sus orígenes la regla nada
disponía sobre ello. Sin embargo, en Pueblo v. Tribunal
Superior, 92 DPR 116 (1965), tuvimos la oportunidad de
delimitar el alcance del descubrimiento autorizado por la
Regla 74.36
En el precitado caso, el acusado presentó un escrito
titulado
Alegación
y
notificación
bajo
la
Regla
74
mediante el cual hizo alegación de no culpable por razón
E.L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados
Unidos, Colombia,Ed. Forum, 1993, Vol. III, pág. 302.
32
Nevares Muñiz, op. cit., pág. 295; Chiesa Aponte, op. cit., pág.
302.
33
34
Chiesa Aponte, op. cit., pág. 303.
35
Así fue reiterado en Pueblo v. Lebrón Lebrón, 116 DPR 855 (1986).
En ese entonces, la R. 74 de Procedimiento Criminal, supra, no
especificaba la información requerida al momento de presentar la
defensa de insanidad mental.
36
CC-2019-731
18
de insanidad mental y solicitó juicio por jurado. Por su
parte, el Ministerio Público presentó una Moción y alegó
que el acusado no solo venía obligado a emitir un aviso
informando que pretendía presentar la defensa de insanidad
mental, sino que también debía producir la prueba con la
que
se
proponía
sustentar
su
defensa.
Ello,
pues
el
acusado debía poner en posición al Ministerio Público para
conocer con qué prueba pretendía establecer la defensa de
insanidad mental. Así, el Ministerio Público le solicitó
al acusado la siguiente información: los testigos peritos
con
los
que
se
proponía
establecer
su
defensa,
sus
direcciones, su historial clínico, y los hospitales y las
fechas en que estuvo bajo tratamiento y recluido. Sin
embargo, el foro de instancia proveyó “no ha lugar” a la
solicitud del Ministerio Público.
Trabada la controversia, el Ministerio Público acudió
ante este Foro. En resumen, el acusado sostuvo que proveer
la información solicitada violentaría su derecho a la no
autoincriminación,
entre
médico
y
el
privilegio
paciente,
y
el
de
las
comunicaciones
Art.
11
del
Código
de
Enjuiciamiento Criminal, 34 LPRA sec. 11, que prohíbe al
fiscal interrogar los testigos del acusado excepto en el
juicio. Por su parte, el Ministerio Público reiteró sus
argumentos.
Evaluada la controversia, allí expusimos -en resumenlo siguiente:
[L]a información requerida, por referirse a una
defensa
afirmativa
del
encausado,
es
de
naturaleza esencialmente exculpatoria. Además,
CC-2019-731
19
se trata de la evidencia que éste intenta
utilizar en el acto del juicio. En cuanto a las
defensas específicas a que se refiere la Regla
74 es de notarse que cualquier información que
se suministre no tiende a establecer el caso de
El Pueblo; de ahí que no pueda utilizarse como
índices
de
prueba
por
el
ministerio
público.37(Énfasis nuestro).
Por consiguiente, en aquella ocasión devolvimos el
caso al foro de instancia para que se ordenara al acusado
a
suministrar
al
Ministerio
Público
la
siguiente
información: “(a) el nombre y dirección de los testigos,
incluyendo los peritos que se dispone a utilizar para
establecer
la
defensa
de
locura,
excluyendo
su
propio
testimonio y, (b) la prueba documental que se dispone a
utilizar para sustanciar tal defensa”.38
De esta forma, “[r]econocimos así la necesidad de
atenuar
las
adversativo
dificultades
suprimiendo
la
inherentes
posibilidad
del
de
sistema
sorpresa
y
ocultación que lesionan el proceso de hacer justicia”.39
Esto, debido a que antes la defensa de insanidad mental se
presentaba
en
el
juicio,
lo
que
provocaba
que
el
Ministerio Público no tuviera tiempo para investigar ni
prepararse
para
refutarla.40
Por
consiguiente,
el
propósito de la Regla 74 es poner al Ministerio Público en
condiciones de confrontarse con la defensa de locura.41
37
Pueblo v. Tribunal Superior, supra, pág. 123.
38
Íd., págs. 128-129.
39
Pueblo v. Tribunal Superior, 101 DPR 133, 135-136 (1973).
Íd., pág. 137. Véase, además, Pueblo v. Pérez Velázquez, 147 DPR
777, 782-783 (1999).
40
Pueblo v. Tribunal Superior, supra, pág. 136. Con posterioridad a
esta normativa, la R. 74 sufrió una enmienda para añadir la
41
CC-2019-731
20
Del mismo modo, el Código Penal de California -del
cual proviene nuestra Regla 74- requiere la notificación
de la defensa de locura al Ministerio Público antes de
comenzar el juicio. Esto, pues, parte de la premisa de que
el Ministerio Público “tiene la necesidad de prepararse
ante
la
prueba
pericial,
inherentemente
compleja,
que
puede presentar el acusado con sus peritos”.42
Otro aspecto importante del descubrimiento de prueba
es que la evidencia con la que se pretenda establecer la
insanidad mental no tiene que surgir estrictamente de la
que
presente
el acusado,
sino que
puede
surgir
de
la
propia prueba de cargo del Ministerio Público.43 También,
tanto la defensa como el Ministerio Público pueden hacer
uso de testigos legos para ayudar al juzgador a determinar
la
condición
mental
del
acusado.44
En
cuanto
a
la
admisibilidad de este tipo de testimonios, “este Tribunal
información requerida al momento de presentar la defensa de insanidad
mental. Ello, con el propósito de atemperar la R. 74 con la
jurisprudencia interpretativa. No obstante, el propósito de la R. 74
se mantuvo, esto es: poner al Ministerio Público en condiciones de
confrontar la prueba. Véase la Ley Núm. 30 de 29 de mayo de 1984.
Pueblo v. Pérez Velázquez, supra, pág. 786. En la disposición del
Código Penal de California, 50A Cal. Penal Code sec. 1016, el acusado
tiene que notificar la defensa antes de comenzar el juicio, pero a
diferencia de la Regla 74, “no dispone sobre información que tiene
que notificar al Ministerio Fiscal”. Al amparo de la precitada
disposición, se juzga al acusado y si se encuentra culpable, entonces
el mismo jurado o uno nuevo evalúa si éste se encontraba incapacitado
mentalmente al momento de los hechos. Respecto a la evidencia, el
tribunal selecciona 3 peritos y ordena que éstos investiguen sobre el
estado mental. Íd., pág. 784.
42
Pueblo v. Santiago Torres, 154 DPR 291, 300 (2001) citando a Pueblo
v. Ríos Maldonado,132 DPR 146, 168 (1992).
43
44
Pueblo v. Marcano Pérez, 116 DPR 917, 929 (1986).
CC-2019-731
ha
sido
21
muy
liberal
al
permitir
un
variado
tipo
de
declaraciones”.45
A tenor con lo anterior, en el caso de Pueblo v.
Colón Morales, 100 DPR 40 (1971), se planteó la defensa de
insanidad mental. Sin embargo, luego de celebrados los
procedimientos,
estos
resultaron
en
una
convicción.
En
revisión, el apelante planteó como error que el Ministerio
Público no cumplió su obligación de probar la sanidad
mental
del
acusado
fuera
de
toda
duda
razonable.
El
apelante nunca había estado recluido -antes de los hechosen una institución para personas con problemas de salud
mental.46
La
prueba
apelante
como
que
la
de
desfiló
tanto
refutación
por
parte
presentada
del
por
el
Ministerio Público descansó en testimonios de legos. En
particular,
compañeros
testigos
de
trabajo
que
y
presenciaron
vecinos.
Luego
el
asesinato,
de
evaluar
la
prueba, este Foro determinó que el apelante había rebatido
la
presunción
Público
no
de
sanidad
mental
y
que
el
había
probado
su
Ministerio
cordura
más
allá de
duda
razonable. Por consiguiente, en aquella ocasión, revocamos
el dictamen condenatorio.
De
Ortega
otra
parte
y
v.
Tribunal
como
mencionáramos,
Superior,
supra,
en
Hernández
extendimos
la
presentación de la defensa de insanidad mental al acto de
la vista preliminar. Nótese que ello tiene como propósito
E.L. Chiesa, Práctica Procesal Puertorriqueña, San Juan, Pubs. JTS,
1985, Evidencia, Vol. I, págs. 235-237.
45
46
Pueblo v. Colón Morales, 100 DPR 40, 44 (1971).
CC-2019-731
22
darle la oportunidad al imputado, en una etapa temprana
del proceso, de establecer que no debe ser sometido a
juicio porque era inimputable al momento de los hechos. No
obstante, cuando “la prueba de la incapacidad no sea tan
clara, o […] haya testimonios periciales contradictorios,
el juez no tiene que ni debe adjudicar los méritos de la
defensa para que el asunto se dilucide más ampliamente en
una vista en su fondo”.47 Resaltamos que el descubrimiento
de prueba tiene limitaciones, pues de lo contrario se
afectaría
el
derecho
que
tiene
el
acusado
a
no
incriminarse.48
Por otro lado, la Regla 74 atiende el deber recíproco
que tiene el Ministerio Público, específicamente, a la
hora de proveerle al acusado la prueba de refutación. Esto
es, el nombre y dirección de los testigos o los documentos
que
se
propone
utilizar.
Así,
el
deber
recíproco
de
notificar preserva el balance que garantiza las exigencias
del debido procedimiento de ley y del juicio justo.49
Pueblo v. Lebrón Lebrón, 121 DPR 154, 156 (1988). Resaltamos que
cuando resolvimos el precitado caso, la Regla 74 de Procedimiento
Criminal, supra, especificaba los documentos que debían suministrarse
para plantear la defensa de insanidad mental.
47
Pueblo v. Pérez Velázquez, 147 DPR 777, 783 (1999). Al respecto y
de modo persuasivo, el Comité nos recomienda añadir a la regla 74 un
párrafo que opera como una salvaguarda del derecho contra la
autoincriminación del acusado. En particular, el párrafo lee como
sigue:
La información obtenida por el Ministerio Público como
resultado del descubrimiento de prueba que permite esta
Regla no se admitirá como prueba de cargo y solo lo será
para propósitos de refutación o impugnación.
48
Véase, Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, Informe de
Reglas de Procedimiento Criminal, noviembre 2018, pág. 188.
49
Pueblo v. Acosta Acosta, 107 DPR 68, 70 (1978).
CC-2019-731
Por
23
último,
la
Regla
74
dispone
sobre
las
consecuencias de incumplir con el aviso o la presentación
de
la
información
requerida.
En
lo
pertinente,
si
el
acusado no cumple con el aviso o no ofrece la información
requerida, ello tendrá el efecto de que no podrán ofrecer
tal evidencia. Ahora bien, nótese que la regla es laxa en
el sentido de que le provee discreción al tribunal para
que cuando haya mediado justa causa por la cual no se
cumplió con el aviso o la información, éste permita la
presentación de la prueba.50 La flexibilidad de la Regla
74
es
cónsona
con
el
principio
de
que
el
objetivo
principal de los procesos judiciales es la búsqueda y
esclarecimiento de la verdad.51
A tenor con lo anterior, en el caso de Pueblo v.
Encarnación Santos, 150 DPR 489 (2000), avalamos que ante
la
mera
presentación
de
una
Moción
sobre
incapacidad
mental del imputado indicando que el abogado tenía serias
dudas sobre la capacidad mental de su cliente al momento
de los hechos y al momento de ser procesado, el foro de
instancia ordenara que se le asignara un perito privado
con cargo al Estado -por razón de indigencia- para que el
acusado pudiese presentar su defensa de inimputabilidad
por incapacidad mental.52
50
Nevares Muñiz, op. cit., pág. 295.
51
Pueblo v. Rodríguez González, 202 DPR 258, 260 (2019).
En Ake v. Oklahoma, 470 US 68 (1985), el Tribunal Supremo de los
Estados Unidos resolvió que -al amparo del debido proceso de ley- un
acusado indigente tiene derecho a que se le asigne gratis un perito
para que pueda presentar evidencia sobre la defensa de incapacidad
mental.
52
CC-2019-731
24
Por otro lado, nótese que la absolución por razón de
incapacidad mental no significa que la persona será puesta
en libertad inmediatamente.53 Es decir, “en los casos en
que la persona es sometida a juicio y resulta no culpable
por razón de incapacidad mental se procederá a determinar
si se impone una medida de seguridad”.54 Estas medidas,
toman en consideración si la persona constituye un riesgo
para
la
sociedad
y
si
ésta
puede
beneficiarse
de
un
tratamiento médico.55 Así, las medidas de seguridad tienen
un
propósito
dual,
esto
es:
beneficiar
al
sujeto
y
proteger a la sociedad.56 Para ello, el tribunal retiene
jurisdicción
sobre
la
persona
y
podrá
ordenar
que
se
interne en una institución adecuada para su tratamiento.57
En fin, destacamos que una de las dificultades que
siempre ha confrontado el Derecho Penal es la formulación
de la defensa de inimputabilidad.58 No obstante, “a través
de la historia las cortes han adoptado diversos criterios
para determinar la locura […]”.59 Asimismo, “la evolución
de
la
psiquiatría
moderna
también
ha
afectado
profundamente las determinaciones sobre la inimputabilidad
53
Pueblo v. Colón Morales, supra, pág. 45.
Nevares Muñiz, op. cit., págs. 298-29. Véase, además, A. Cruz Vélez
y B. Seijo Ortiz, Manual de la litigación criminal, Hato Rey,
Publicaciones Puertorriqueñas, Inc., 2006, pág. 218.
54
55
R. 241 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II.
56
Cruz Vélez y Seijo Ortiz, op.cit., pág. 213.
57
Véase Art. 81 del Código Penal, 33 LPRA sec. 5121.
58
Pueblo v. Marcano Pérez, supra, págs. 925-926.
59
Íd.
CC-2019-731
25
de los incapacitados mentales y las medidas de seguridad
post sentencia cuando prevalece esta defensa”.60
III
Como
mencionáramos,
el
peticionario
señala
que
el
foro de instancia erró al declarar “no ha lugar” a la
Moción anunciando defensa de insanidad mental. Luego de
un examen minucioso de la Regla 74 y la jurisprudencia
interpretativa, es forzoso concluir que al peticionario
le asiste la razón. Veamos.
Surge del expediente que el peticionario cumplió con
las
exigencias
de
la
Regla
74.
En
cuanto
a
la
notificación se refiere, nótese que el peticionario avisó
mediante la presentación de la Moción anunciando defensa
de insanidad mental, tanto al tribunal como al Ministerio
Público, su intención de levantar la defensa.61
Con respecto a la prueba, el peticionario facilitó al
tribunal y al Ministerio Público la información requerida
por la Regla 74. Esto es: inciso (a) Los testigos con los
Íd. Nótese que la tendencia en los Códigos Penales se dirige a
“ampliar el eximente de responsabilidad penal por inimputabilidad a
anomalías síquicas distintas a la enfermedad mental y a la
retardación mental”. Entre ellas, el trastorno mental transitorio.
Véase Nevares Muñiz, op. cit., pág. 294.
60
Al respecto, el Procurador General alega que la Moción anunciando
defensa de insanidad mental fue presentada de forma tardía. No
obstante, dicha alegación carece de méritos. Del expediente se
desprende que, luego de que el peticionario fue acusado, su abogado
renunció y posteriormente hubo un cambio de representación legal.
Resaltamos que la propia R. 74 otorga discreción al juez para atender
la moción pasados los 20 días luego de la acusación, siempre que
exista justa causa para ello. Además, esta alegación nunca fue
planteada en el foro de instancia ni en el apelativo.
En cuanto a que el término puede variarse cuando medie justa
causa véase: Nevares Muñiz, op. cit., pág. 295. Asimismo, el Comité
nos sugiere que evaluemos la posibilidad de incluir la expresión
“salvo justa causa” cuando se trata del término para presentar la
defensa.
61
Véase Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, Informe de
Reglas de Procedimiento Criminal, noviembre 2018, pág. 187.
CC-2019-731
que
se
mental.
26
propone
En
la
establecer
Moción
la
defensa
anunciando
de
defensa
incapacidad
de
insanidad
mental, el peticionario indicó que pretendía utilizar al
doctor
Medina
Martínez
como
testigo
pericial
para
establecer su defensa; inciso (b) La dirección de dichos
testigos. El peticionario incluyó el Curriculum vitae del
galeno,
el
cual
además
contiene
sus
datos
personales,
tales como su dirección, teléfonos, entre otros; inciso
(c)
Los
documentos
a
ser
defensa,
supliendo
copia
utilizados
de
los
para
sostener
mismos,
y
de
la
no
poseerlos, informar en poder de quién se encuentran tales
documentos,
autorizando
a
que
fotocopiados.
Conforme
lo
anterior,
a
los
mismos
el
sean
peticionario
incluyó el Informe de la Evaluación Psicológica realizada
por el doctor Medina Martínez.
Posteriormente
y
ante
la
solicitud
del
Ministerio
Público requiriendo evidencia sobre el tratamiento médico
recibido, el
peticionario
realizó esfuerzos y presentó
una
sometiendo
información
Moción
médicos,
en
Tratamiento
la
que
originada
incluyó
por
de
la
ASSMCA,
tratamientos
Certificación
mediante
la
de
cual
acreditó que fue admitido a dicha institución el 7 de
enero de 1994 (cuando era un menor de 11 años) y que allí
recibió
servicios.
Además,
el
peticionario
incluyó
un
récord médico que contiene la entrevista inicial y de
cernimiento realizada por el doctor Rivera Santiago en el
que
se
alude
peticionario
a
su
condición
diligenció
mental.
nuevamente
Asimismo,
el
el
documento
CC-2019-731
27
solicitado
emitida
y
obtuvo
otra
Certificación
por
ASSMCA,
en
la
peticionario
había
sido
de
Tratamiento
que
se
informó
admitido
al
Centro
que
de
el
Salud
Mental de la Comunidad de Bayamón cuando tenía 11 años y
que había recibido tratamiento clínico allí, pero que el
expediente no estaba disponible; inciso (d) Hospital u
hospitales
en
que
estuvo
recibiendo
tratamiento
y
las
fechas en que lo recibió. Para acreditar lo anterior, el
peticionario incluyó las certificaciones de tratamiento
originadas por ASSMCA, las cuales
-como mencionáramos-
especifican dónde recibió el tratamiento y en qué fecha.
Finalmente,
en
cuanto
al
inciso
(e)
Médicos
o
facultativos que hubiesen tratado o atendido al imputado
en
relación
trastorno
a
su
mental
incapacidad
transitorio,
mental
el
o
condición
peticionario
de
acreditó
que ha sido atendido por el doctor Medina Martínez y el
doctor Santiago Rivera.
Conforme
prueba
a
lo
presentada
antes
por
esbozado,
el
exigencias
de
la
Regla
posición
al
Ministerio
queda
peticionario
74.
El
claro
satisface
peticionario
Público
al
que
la
las
puso
en
proveerle
la
información esencial con la que pretende tratar de probar
su
defensa
de
inimputabilidad
por
insanidad
mental.
Entiéndase, que el peticionario cumplió con el principio
fundamental
de
la
Regla
74.
Es
decir,
salvaguardó
el
derecho que le asiste al Ministerio Público de prepararse
y
confrontar
la
prueba
que
el
peticionario
pretende
CC-2019-731
28
utilizar y que -en efecto- está disponible. No existe el
elemento sorpresa que pretende evitar dicha regla.
El que se desconozca el nombre del médico que atendió
al
peticionario
en
ASSMCA
no
le
impide
levantar
la
defensa, pues -como mencionáramos- esta defensa también
puede
probarse
mediante
prueba
pericial
producida
posterior a los hechos, el testimonio de testigos legos,
personas que presenciaron los hechos, entre otros. Por
consiguiente,
“no
necesariamente
es
indispensable
la
existencia de un récord siquiátrico previo a los hechos,
para que la defensa prospere, aunque ello fortalecería
aún más el caso”.62
Resolver lo contrario tendría el efecto de restringir
el
derecho
solamente
recibir
a
levantar
la
defensa
de
insanidad
a
personas
que
han
tenido
el
los
cuidados
de
hospitalización
mental
beneficio
y
de
tratamiento
médico para velar por su salud mental, previo al acto que
el
Estado
le
imputa.
Evidentemente,
tal
resultado
carecería de toda lógica y apego a la realidad.
Finalmente,
advertimos
que
lo
resuelto
en
esta
Opinión nada tiene que ver con el valor probatorio de la
prueba
que
-mediante
el
mecanismo
de
la
Regla 74-
el
acusado pretenda presentar en su favor. En otras palabras,
una cosa es el grado de distención que permite la regla en
pro
de
que
el
acusado
cuente
con
esta
defensa
-
J. B. Casillas Rodríguez, La incapacidad mental y sus zonas
intermedias: Manual práctico sobre las defensas para establecer la
incapacidad mental del imputado, San Juan, 2006, pág. 2.
62
CC-2019-731
29
salvaguardando
los
derechos
del
Estado
como
ya
hemos
mencionado- y otra distinta es cuál ha de ser el valor
probatorio de la prueba presentada y admitida. La Regla 74
busca
evitar
que
el
elemento
sorpresa
perjudique
al
Estado, asunto que no guarda relación con la admisibilidad
y el valor probatorio de la prueba.
Por todo lo antes expuesto, resolvemos que la falta
de
prueba
documental
que
evidencie
un
historial
de
insanidad mental, previo al hecho imputado, no provoca que
se
descarte
insanidad
la
posibilidad
mental,
al
de
amparo
levantar
la
de
Regla
la
defensa
74
de
de
Procedimiento Criminal, supra.
IV
Por
todo
lo
anterior,
revocamos
las
sentencias
emitidas por los foros a quo y devolvemos el caso al
Tribunal
de
Primera
Instancia
para
que
actúe
conformidad con lo aquí resuelto.
Se dictará sentencia de conformidad.
Erick V. Kolthoff Caraballo
Juez Asociado
de
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
CC-2019-731
Certiorari
Juan G. Cotto García
Peticionario
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 18 de septiembre de 2020.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede la cual se hace formar parte íntegra de
la presente, revocamos las sentencias emitidas por
los foros a quo y devolvemos el caso al Tribunal de
Primera Instancia para que actúe de conformidad con
lo aquí resuelto.
Así
lo
pronunció,
manda
el
Tribunal
y
certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Juez
Asociada señora Rodríguez Rodríguez concurre con el
resultado sin opinión escrita.
José Ignacio Campos Pérez
Secretario del Tribunal Supremo