Tribunal Supremo de Puerto Rico
800 Ponce de León Corp. v. American International Insurance Company of Puerto Rico
2020 TSPR 104
Poder Judicial de Puerto Rico
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800 Ponce de León Corp. v. American International Insurance Company of Puerto Rico
CC-2018-498
Derecho Procesal Civil: Facultad del Tribunal de Apelaciones para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias que pueden afectar sustancialmente el resultado de un pleito o limitar la reclamación de una parte.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
800 Ponce de León Corp.
Peticionaria
Certiorari
v.
2020 TSPR 104
American International Insurance
Company of Puerto Rico
205 DPR _____
Recurrida
Número del Caso:
Fecha:
CC-2018-498
15 de septiembre de 2020
Tribunal de Apelaciones:
Circuito Regional de San Juan y Caguas, Panel II
Abogados de la parte peticionaria:
Lcdo. Carlos R. Ríos Gautier
Lcda. Gladys M. Míguez Corujo
Lcda. Paola J. Figueroa Alemañy
Abogados de la parte recurrida:
Lcdo. Francisco A. Rosa Silva
Lcdo. Luis N. Saldaña Román
Lcda. Elizabeth Aquino Pérez
Lcdo. Bayoán Muñiz Calderón
Materia:
Derecho Procesal Civil - Facultad del Tribunal de
Apelaciones para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias que
pueden afectar sustancialmente el resultado de un pleito o limitar
la reclamación de una parte.
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
800 Ponce de León Corp.
Peticionaria
v.
CC-2018-0498
American International
Insurance
Company
of
Puerto Rico
Certiorari
Recurrida
La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió la Opinión del Tribunal
En San Juan, Puerto Rico, a 15 de septiembre de 2020.
Nos corresponde resolver si el Tribunal de Apelaciones
erró al denegar la Petición de Certiorari que presentó
800 Ponce de León Corp. (PDL) tras concluir que se
recurría
de
una
resolución
interlocutoria
en
un
supuesto que la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32
LPRA Ap. V, R. 52.1, no contempla. En su recurso de
certiorari
ante
el
foro
apelativo
intermedio,
PDL
solicitó que se revocara una Orden del Tribunal de
Primera Instancia, mediante la cual el foro primario
impidió que PDL presentara evidencia sobre la alegada
conducta dolosa de AIG Insurance Company of Puerto Rico
(AIG) en la tramitación de una reclamación al amparo de
un contrato de fianza.1
Cabe mencionar que el aquí demandado –AIG Insurance Company
of Puerto Rico– se conocía originalmente como la American
International Insurance Company of Puerto Rico. No obstante, y
para evitar confusión, en lo sucesivo se refiere a la entidad
por su nombre actual: AIG.
1
CC-2018-0498
2
Por los fundamentos que se exponen a continuación,
resolvemos que el Tribunal de Apelaciones erró al denegar
expedir el certiorari, puesto que: (1) esta es la etapa
idónea del caso para atender el señalamiento de error que
adujo PDL y (2) negarse a expedir constituiría un fracaso a
la
justicia.
Lo
anterior,
debido
a
que,
conforme
los
artículos 1054 y 1060 del Código Civil, infra, PDL tiene
derecho
a
presentar
evidencia
para
sustentar
sus
alegaciones sobre dolo contractual contra AIG. Veamos.
I
El 12 de abril de 1999 PDL y Miramar Construction
Co., Inc. (MCC) otorgaron un contrato de construcción por
la suma de $13,282,000.00 para el proyecto de un edificio
de
oficinas
y
estacionamiento
llamado
Capitol
Office
Building. En virtud del contrato, la contratista MCC se
comprometió a completar sustancialmente la obra para el 11
de
septiembre
de
2000
y
PDL
se
obligó
a
hacer
pagos
sucesivos de acuerdo con el cumplimiento de MCC hasta una
total de $13,282,000.00.
Con
el
propósito
de
garantizar
la
obligación,
AIG
emitió una fianza de ejecución y pago (“Performance and
Payment Bond”) por la cantidad de $13,282,000.00 a favor
de PDL.
Mediante el contrato de fianza, AIG se obligó
solidaria
y
mancomunadamente
a
cumplir
con
las
obligaciones de MCC en caso de que este incumpliera con el
contrato
de
construcción.
En
efecto,
el
contrato
de
CC-2018-0498
3
construcción se incorporó por referencia al contrato de
fianza.
Ante
el
incumplimiento
construcción
y
la
de
negativa
MCC
de
con
AIG
el
de
contrato
resolver
de
las
reclamaciones de PDL sobre el desembolso de la fianza, PDL
presentó una demanda sobre incumplimiento de contrato y
daños y perjuicios contra AIG. Alegó que AIG rehusó honrar
la fianza de ejecución y pago relacionada con el contrato
de
construcción
financiamiento
por
lo
externo
que
se
vio
obligada
para
sufragar
los
a
buscar
costos
de
construcción. En consecuencia, reclamó daños ascendentes a
$18,862,402.00
más
$500,000.00
por
concepto
de
costas,
gastos, intereses y honorarios de abogado. Incluyó entre
sus alegaciones que AIG actuó de mala fe durante todo el
proceso
de
reclamación
responsabilidad
por
el
y
que
monto
total
procedía
de
los
imponer
daños
que
sufrió.
Luego de algunos trámites procesales, AIG solicitó la
desestimación
de
la
causa
de
acción
sobre
daños
y
perjuicios. Entre otras cosas, alegó que un reclamo bajo
una fianza no podía dar lugar a una acción en daños ni a
la
concesión
de
remedios
que
excedieran
el
límite
monetario de la responsabilidad de la fiadora según se
estableció en el contrato de fianza. Por su parte, PDL
arguyó
que
en
nuestro
derecho
civil
existen
remedios
contra quienes obran de mala fe o negligentemente en el
cumplimiento de sus obligaciones y que, como la fianza se
CC-2018-0498
constituyó
4
mediante
un
contrato,
sus
derechos
y
obligaciones se regían por el Código Civil en todo lo que
el Código de Seguros no regulara expresamente. Argumentó
que AIG se obligó solidariamente a ejecutar la obra si MCC
incumplía, por lo que AIG era responsable tanto por el
monto
total
afianzado
como
también
por
los
gastos
en
exceso que PDL tuvo que incurrir para completar la obra
como
consecuencia
de
la
mala
fe
de
2007
el
la
fiadora
en
el
proceso de la reclamación.
El
16
de
enero
Instancia
emitió
una
solicitud
de
de
Resolución
desestimación.
Tribunal
en
Concluyó
la
de
cual
que
la
Primera
denegó
la
causa
de
acción de daños y perjuicios por el alegado proceder de
mala fe de AIG estaba apoyada en los Arts. 1054 y 1210 del
Código Civil de Puerto Rico, los cuales
aplican
a los
contratos de fianza. Resolvió, pues, que “[c]iertamente,
la prueba que en su día se presente sobre la ausencia de
buena fe en el cumplimiento de las obligaciones por parte
de la demandada, tal como alega la demandante, y los daños
que se prueben que son dimanantes de tal actuación, serán
determinantes
para
el
Tribunal
imponer
mayor
responsabilidad, si alguna, a la cantidad principal que se
fijó en el cuerpo de la fianza”.2
Inconforme,
AIG
presentó
un
recurso
de
certiorari
ante el Tribunal de Apelaciones, pero el foro intermedio
denegó expedir el recurso en ese momento. Fundamentó su
2
Resolución, Apéndice, pág. 910.
CC-2018-0498
5
determinación en que las alegaciones de PDL en torno a la
mala fe y falta de diligencia de AIG –a base de las cuales
reclamaba indemnización en exceso del límite de la fianzadebían dilucidarse en un juicio plenario. Explicó que los
daños que reclamó
PDL, de ser probados, son daños que
emanan de una relación contractual –el contrato de fianza–
por
lo
cual
artículos
esa
del
controversia
Código
Civil
se
debe
sobre
consecuencias de su incumplimiento.
regir
por
los
contratos
y
las
No obstante,
aclaró
que lo anterior dependería de que PDL en su día lograse
probar que AIG incurrió en mala fe, negligencia, dolo,
culpa o morosidad.
Devuelto el caso al foro primario, y en consideración
a
los
aspectos
técnicos
y
especializados
del
caso,
el
tribunal nombró al Lcdo. Carlos S. Dávila como Comisionado
Especial
(Comisionado)
al
amparo
de
la
Regla
41
de
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 41. Su encomienda
principal
fue
rendir
un
informe
al
Tribunal
determinaciones
de
hechos,
conclusiones
de
recomendaciones
una
vez
caso
sometido
el
quedara
con
derecho
y
para
adjudicación en sus diferentes etapas.
A tono con su encomienda, el Comisionado emitió una
Orden en la que aclaró que el caso se bifurcaría en dos
etapas. En la primera etapa se atendería la controversia
sobre la declaración de default; o sea, el incumplimiento
con
el
contrato
de
construcción
y
si
se
activó
la
responsabilidad de la fiadora. En la segunda etapa, se
CC-2018-0498
desfilaría
6
evidencia
sobre
el
monto
de
los
daños,
si
alguno. Una vez se celebraron los procedimientos de la
primera
etapa,
el
Comisionado
sometió
al
Tribunal
un
Informe Final en el cual concluyó que MCC no incumplió con
el
contrato
de
construcción.3
Así,
no
llevó
a
cabo
la
segunda etapa pues recomendó que el tribunal declarara sin
lugar la demanda.
Luego
de
varios
trámites
procesales,
el
tribunal
acogió el Informe Final del Comisionado y desestimó la
demanda. Concluyó que MCC no abandonó el proyecto y que la
paralización
de
la
construcción
estuvo
justificada.
En
desacuerdo, PDL presentó un recurso de apelación. Mediante
Sentencia dictada el 29 de mayo de 2015 (Sentencia de
2015)
el
Tribunal
de
recurrido.
Concluyó
que
intención
de
regresar
Apelaciones
y
revocó
el
MCC
abandonó
el
que,
por
tanto,
lo
dictamen
proyecto
AIG,
sin
como
fiadora, era responsable frente a PDL. El foro intermedio
determinó que “de acuerdo con las obligaciones contraídas
solidaria y mancomunadamente, [AIG] deberá responder por
los daños y perjuicios causados por el incumplimiento de
la fianza; a saber: el costo al tiempo de la construcción
para
terminar
el
[proyecto
de
construcción],
hasta
un
total ascendente a $13,282,000.00”.4
En particular, en la primera etapa del juicio se atendieron las
siguientes controversias: (1) si MCC tuvo una justificación para
paralizar la construcción; (2) si PDL tenía fundamentos para declarar
a MCC en incumplimiento contractual craso y (3) si PDL podía dar por
terminado el contrato de construcción con MCC. Informe Final del
Comisionado, Apéndice, pág. 438.
4 Sentencia de 2015, Apéndice, pág. 907.
3
CC-2018-0498
7
Devuelto el caso al foro primario, este lo refirió al
Comisionado
para la continuación de los procedimientos.
Luego de varios trámites procesales y mientras el caso
estaba
ante
la
atención
del
Comisionado,
AIG
planteó
mediante moción que PDL pretendía presentar prueba sobre
controversias ajenas a los asuntos encomendados y a lo que
el
Tribunal
2015.
de
Apelaciones
Específicamente,
dispuso
arguyó
que
en
PDL
la
Sentencia
quería
de
someter
prueba sobre: (1) la falta de ajuste por parte de AIG, (2)
la mala fe de AIG y (3) la posibilidad de ser compensada
en
exceso
del
límite
que
estableció
el
Tribunal
de
Apelaciones en su Sentencia de 2015. En síntesis, alegó
que ello no procedía debido a que el Tribunal de Primera
Instancia
encomendó
al
Comisionado
únicamente
que
continuara los procedimientos conforme a lo dispuesto en
la
Sentencia
de
2015.5
Así,
arguyó
que
el
referido
al
Comisionado fue a los fines de celebrar una vista de daños
hasta un total ascendente a $13,282,000.00, por lo que
cualquier pretensión de ampliar el ámbito establecido por
el
Tribunal
de
Apelaciones
y
el
Tribunal
de
Primera
Instancia para esa etapa de los procedimientos sería una
actuación ultra vires.6
Por su parte, PDL replicó que, debido a que el caso
se
encontraba
en
su
etapa
final,
procedía
que
se
le
Véase Resolución y orden enmendada nunc pro tunc, Apéndice, pág. 946.
Moción urgente para solicitar vista argumentativa sobre el alcance
del referido del Tribunal Superior al Comisionado Especial, Apéndice,
pág. 842.
5
6
CC-2018-0498
8
permitiera presentar evidencia no solo de la cuantía por
la que respondía la fianza, sino también de los daños
adicionales
que
AIG
le
ocasionó
al
actuar
dolosamente
durante el trámite de su reclamación. Lo anterior, pues
según
la
ley
del
caso
nunca
se
desestimó
su
causa
de
acción de daños por mala fe. Añadió que en la Sentencia de
2015
el
foro
apelativo
intermedio
se
limitó
a
atender
controversias sobre el incumplimiento con el contrato de
construcción por ser ese asunto el que se llevó ante su
atención. Así, arguyó que el referido tribunal no pasó
juicio
sobre
su
causa
de
acción
por
mala
fe,
dolo
o
negligencia.
Tras considerar los planteamientos de las partes, el
Comisionado determinó que su encomienda era continuar los
procedimientos de conformidad con lo que el Tribunal de
Apelaciones
resolvió
en
la
Sentencia
de
2015,
la
cual
específicamente limitó la responsabilidad de AIG al monto
de $13,282,000.00.7
Así las cosas, el 5 de febrero de 2018 PDL solicitó
al foro primario que interviniera y aclarara la encomienda
que delegó al Comisionado. En particular, solicitó que le
permitiera
al
Comisionado
resolver
todos
los
asuntos
pendientes relacionados con los daños sin la limitación al
monto
de
los
daños
que
AIG
pretendía
imponer.
Por
su
parte, AIG se opuso. Tras evaluar las mociones que las
partes
7
presentaron,
el
foro
primario
emitió
Véase Resolución del Comisionado, Apéndice, pág. 953.
la
Orden
CC-2018-0498
recurrida,
9
en
la
cual
indicó
que
la
encomienda
al
Comisionado era para continuar con los procesos conforme
lo dispuso el Tribunal de Apelaciones en la Sentencia de
2015.
De
conformidad,
indicó
que
no
procedía
la
intervención que PDL solicitó y ordenó la continuación de
los procedimientos ante el Comisionado.8
Inconforme,
PDL
presentó
un
recurso
de
certiorari
ante el Tribunal de Apelaciones en donde señaló que el
Tribunal
de
Primera
Instancia
cometió
los
errores
siguientes:
Erró al limitar las controversias pendientes de
resolverse únicamente a la determinación de
daños a los que se refiere la Sentencia del
2015 dejando afuera los demás daños reclamados
por 800 [PDL], los cuales no fueron objeto de
adjudicación en la Sentencia del 2015.
Erró al determinar equívocamente que el límite
que menciona la Sentencia del 2015 tuvo el
efecto de exonerar a AIG de responder por daños
por su conducta morosa, dolosa y de mala fe,
pasada, presente y futura en el cumplimiento de
sus obligaciones.
Tras evaluar estos planteamientos, el foro apelativo
intermedio concluyó que lo que resolvió el foro primario
era
un
asunto
relacionado
con
el
trámite
del
caso
y
constituyó un ejercicio válido de su discreción. Asimismo,
indicó que ese tipo de dictamen no es revisable según la
Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
En consecuencia, resolvió que carecía de jurisdicción para
atender el asunto, por lo que se negó a expedir el recurso
de certiorari.
8
Véase Orden del TPI, Apéndice, pág. 1038.
CC-2018-0498
10
En desacuerdo, PDL acude ante nos y señala el error
siguiente:
Erró el TA al declararse sin jurisdicción y
rehusar expedir el auto e impedir que en la
segunda y última etapa del litigio se dilucide,
además de los daños cubiertos bajo la fianza
emitida, la causa de acción que se origina en la
alegada mala fe de AIG en el ajuste de la
reclamación.
El 25 de enero de 2019 expedimos el recurso. Con el
beneficio de la comparecencia de ambas partes, resolvemos.
II
A. Recurso de certiorari
El
recurso
de
certiorari
es
un
vehículo
procesal
discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía
revisar
las
determinaciones
de
un
foro
inferior.
IG
Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). La
determinación de expedir o denegar un recurso de certiorari
está enmarcada dentro de la discreción judicial. Íd. Dicha
discreción
es
discernimiento
“una
forma
judicial
de
para
razonabilidad
llegar
a
una
aplicada
al
conclusión
justiciera”. Bco. Popular de PR v. Mun. de Aguadilla, 144
DPR 651, 657-658 (1977).
La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,
R. 52.1, limita la facultad que tiene el foro apelativo
intermedio
para
interlocutorias
revisar
que
emite
las
el
resoluciones
foro
primario.
u
órdenes
Esa
regla
establece que el recurso de certiorari solo se expedirá
cuando se recurra de una resolución u orden bajo remedios
CC-2018-0498
11
provisionales de la Regla 56, injunctions de la Regla 57 o
de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo.
No obstante, también dispone que el tribunal apelativo, en
su ejercicio discrecional y por excepción, podrá expedir
un recurso de certiorari cuando se recurra de decisiones
sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos
esenciales,
en
evidenciarios,
asuntos
en
casos
relacionados
a
anotaciones
de
de
privilegios
rebeldía,
en
casos de relaciones de familia, en casos revestidos de
interés público o en cualquier otra situación en la que
esperar
a
una
apelación
constituiría
un
la
de
fracaso
irremediable de la justicia.
Cabe
resaltar
que,
con
aprobación
la
Regla
52.1, supra en el 2009, la Asamblea Legislativa limitó los
asuntos
interlocutorios
que
el
Tribunal
de
Apelaciones
podía revisar bajo el entendimiento de que estos podían
esperar hasta la conclusión del caso para ser revisados en
apelación. IG Builders et al. v. BBVAPR, supra. Así, se
fijó
taxativamente
cuáles
asuntos
interlocutorios
eran
aptos para revisión mediante certiorari. Íd., págs. 336337. En aquel momento, la revisión se limitó a instancias
en las cuales se recurriera de una resolución u orden bajo
la
Regla
56
(remedios
(injunctions).
Municipio
provisionales)
Autónomo
de
y
la
Regla
57
Caguas
v.
JRO
Construction, Inc., et al., 201 DPR 703, 710 (2019).
Posteriormente, las leyes Núm. 220-2009 y Núm. 1772010 enmendaron la Regla 52.1, supra, e incorporaron otros
CC-2018-0498
escenarios
12
que
permiten
la
intervención
interlocurtoria
del foro revisor, ya sea por su naturaleza o por el efecto
que produciría a las partes. Municipio Autónomo de Caguas
v. JRO Construction, Inc., et al., supra; IG Builders et
al. v. BBVAPR, supra.
Específicamente
facultad
revisora
la
Ley
del
Núm.
177-2010
extendió
la
Tribunal
de
Apelaciones
a
resoluciones u órdenes interlocutorias que traten asuntos
de interés público o situaciones que requieran la atención
inmediata
del
foro
revisor,
pues
aguardar
hasta
la
conclusión del caso conllevaría un fracaso irremediable de
la justicia. Íd. La exposición de motivos de dicha ley
explica que, el texto original de la Regla 52.1 establecía
un
listado
taxativo
que
no
consideraba
situaciones
excepcionales que requieren la intervención oportuna del
foro
apelativo
intermedio
para
corregir
errores
del
tribunal de instancia. Exposición de Motivos de la Ley
Núm. 177-2010; véase Municipio Autónomo de Caguas v. JRO
Construction, Inc., et al., supra.
A base de lo anterior expusimos que la inclusión de
las
enmiendas
Legislativa
interlocutorias
implicó
el
reconocimiento
de
que
“ciertas
pueden
afectar
de
la
Asamblea
determinaciones
sustancialmente
el
resultado del pleito o tener efectos limitativos para la
defensa o reclamación de una parte o conllevar cuestiones
neurálgicas o de política pública que deben estar sujetos
a revisión inmediata”. Municipio Autónomo de Caguas v. JRO
CC-2018-0498
13
Construction, Inc., et al., supra (citando a R. Hernández
Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal
Civil, 6ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2017, pág. 533)
(Énfasis suplido).
Por
otro
lado,
el
examen
que
hace
el
tribunal
apelativo previo a expedir un certiorari no se da en el
vacío ni en ausencia de otros parámetros. IG Builders et
al.
v.
BBVAPR,
supra.
La
Regla
40
del
Reglamento
del
Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala
los criterios que debe tomar en consideración ese foro al
evaluar
si
debe
expedir
un
auto
de
certiorari.
particular, esta Regla dispone:
El tribunal tomará en consideración los siguientes
criterios al determinar la expedición de un auto de
certiorari o de una orden de mostrar causa:
(A)
Si el remedio y la disposición de la
decisión recurrida, a diferencia de sus
fundamentos, son contrarios a derecho.
(B)
Si la situación de hechos planteada es la
más
indicada
para
el
análisis
del
problema.
(C)
Si ha mediado prejuicio, parcialidad o
error
craso
y
manifiesto
en
la
apreciación de la prueba por el Tribunal
de Primera Instancia.
(D)
Si
el
asunto
planteado
exige
consideración más detenida a la luz de
los autos originales, los cuales deberán
ser
elevados,
o
de
alegatos
más
elaborados.
(E)
Si la etapa del procedimiento en que se
presenta el caso es la más propicia para
su consideración.
En
CC-2018-0498
14
(F)
Si la expedición del auto o de la orden
de
mostrar
causa
no
causan
un
fraccionamiento indebido del pleito y una
dilación indeseable en la solución final
del litigio.
(G)
Si la expedición del auto o de la orden
de mostrar causa evita un fracaso de la
justicia.9
B. La obligación que surge del contrato de fianza
La controversia de este caso versa sobre una fianza
de
ejecución
construcción.
frecuencia
y
pago
Este
para
en
tipo
el
contexto
de
garantizar
fianza
las
de
un
se
contrato
de
utiliza
con
obligaciones
de
los
contratistas en proyectos de construcción. En Andamios de
P.R. v. JPH Contractors, Corp., 179 DPR 503 (2010), este
Tribunal explicó en qué consisten las fianzas de ejecución
y pago. En lo pertinente, señaló que:
[C]uando
se
realiza
un
proyecto
de
construcción, el contratista general de la obra
usualmente garantiza el cumplimiento de sus
obligaciones con dos contratos de fianza de
construcción,
los
cuales
se
denominan
de
cumplimiento (performance bond) y de pago
(labor and material payment bond). Mediante la
fianza de cumplimiento, la fiadora garantiza al
dueño de la obra que el proyecto que el
contratista va a ejecutar, conforme a su
obligación, según pactada en el contrato de
construcción, se realizará según este contrato
o pagará los daños en los que haya incurrido
hasta el límite de dinero establecido en la
fianza.
Por otra parte, en la fianza de pago, la
fiadora le garantiza al dueño de la obra que
toda la labor y los materiales utilizados en el
proyecto serán pagados por la fiadora si el
contratista
general
incumple.
Un
fiador
9
4 LPRA Ap. XXII-B.3 (Énfasis suplido).
CC-2018-0498
15
solidario responde igual que su fiado. En otras
palabras, éste está obligado a cumplir el
contrato íntegra y totalmente, desde el momento
cuando el fiado deja de cumplir lo convenido.10
Las obligaciones que nacen de los contratos tienen
fuerza
de
ley
entre
las
partes
contratantes
y
deben
cumplirse a tenor con los mismos. Art. 1044 del Código
Civil, 31 LPRA sec. 2994. Así ocurre con los contratos de
fianza. Mediante el contrato de fianza una parte se obliga
a pagar o cumplir por un tercero, en caso de
este no
hacerlo. Art. 1721 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4871. En
otras palabras, el fiador se obliga a pagar al acreedor en
caso de que el deudor incumpla con el contrato subyacente.
Por lo tanto, se trata de una obligación accesoria que no
existe sin la obligación principal. Art. 1723 del Código
Civil, 31 LPRA sec. 4873. De modo que con la fianza “se
proporciona
satisfecho
agresión
al
su
a
un
acreedor
interés,
ya
patrimonio
mayor
que
probabilidad
se
amplía
distinto
del
su
de
ver
poder
de
originalmente
responsable”.11
A tono con lo anterior, el interés primordial y el
derecho que tiene el acreedor de una fianza de ejecución y
pago es la garantía de no tener que pagar con sus propios
fondos
un
proyecto
si
el
contratista
incumple
con
el
contrato de construcción. Así, la obligación solidaria y
mancomunada que contrae una fiadora le exige interponer los
Andamios de P.R. v. JPH Contractors, Corp., 179 DPR 503, 514 (2010)
(citando a San José Realty, S.E. v. El Fénix de P.R., 157 DPR 427, 451
(2002)).
11 La Cruz, Elementos del Derecho Civil II Derecho de Obligaciones,
Vol. II, 5ta edición, Madrid, 2013, pág. 317.
10
CC-2018-0498
16
intereses del acreedor por encima de los suyos al momento
de atender una reclamación sobre la fianza.
La extensión de obligación del fiador queda enmarcada
en los Arts. 1725 y 1726 del Código Civil, 31 LPRA secs.
4875-6.
El
primero
establece
que
el
fiador
no
puede
obligarse a más que el deudor principal; el segundo que la
fianza debe ser expresa y no puede extenderse a más de lo
contenido en ella. Así, nos explica el tratadista DíezPicazo que la obligación del fiador encuentra su fundamento
en la función de garantía que conlleva, lo que no existiría
si el fiador adquiriera una obligación de mayor entidad que
la obligación garantizada.12 Por lo tanto, si una fiadora
se
hubiese
reducirá
obligado
su
a
más
obligación
a
que
los
el
deudor
límites
principal,
de
la
se
deuda
garantizada. No obstante, el mismo tratadista nos resalta
que “[u]na extensión de la obligación del fiador, superior
a la extensión de la del deudor principal, carecería de
causa y, si tuviera alguna, tendría que necesariamente ser
distinta de la función de garantía”.13 Por lo tanto, un
deudor fiador es responsable por su obligación de garantía
hasta el límite de la deuda garantizada, lo que no excluye
que por una fuente jurídica independiente sea responsable
por un monto mayor como consecuencia de su incumplimiento
con esa obligación.
Díez- Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial II, 6ta
edición, España, 2008, pág. 498.
13 Íd., pág. 499 (Énfasis suplido).
12
CC-2018-0498
17
Las fiadoras, al igual que las aseguradoras, se rigen
en primera instancia por el Código de Seguros de Puerto
Rico. Este señala que, por definición, seguro de garantía
incluye
“garantizar
el
cumplimento
de
contratos
y
garantizar y otorgar fianzas, obligaciones y contratos de
fianza”. Art. 4.090 del Código de Seguros, 26 LPRA sec.
409. En otras palabras, los contratos de fianza son un
seguro de garantía según lo contempla la ley que aplica a
las aseguradoras.
En lo que atañe a las obligaciones y los contratos de
fianza, el Artículo 22.040 del Código de Seguros, 26 LPRA
sec.
2204,
garantice
establece
el
que
“todo
cumplimiento
de
seguro
de
contratos,
garantía
sea
una
que
fianza
civil o criminal o garantice cualquier tipo de obligación
[,] obligará solidariamente al asegurador y su principal,
pero sujeto a los términos de prescripción y caducidad”.
Asimismo, en torno al pago de las reclamaciones, el Código
de Seguros detalla que el asegurador de la garantía vendrá
obligado
a
satisfacer
requerimientos
del
la
deuda
acreedor,
de
luego
su
de
principal
a
verificar
la
existencia, liquidez y exigibilidad de la reclamación en un
término de noventa (90) días. 26 LPRA sec. 2205. De no
hacerlo, el asegurador incurrirá en violación al Artículo
27.161 del mismo Código, el cual detalla las prácticas
desleales en el ajuste de las reclamaciones. Íd.
Cabe
mencionar
que
una
de
las
controversias
que
atendió el Tribunal Supremo en el caso Morales v. Automatic
CC-2018-0498
Vending
18
Service,
aseguradora
Inc.,
era
103
DPR
responsable
281
por
(1975),
la
fue
si
una
totalidad
de
una
sentencia cuando -de mala fe e irrazonablemente- rechazó
una oferta de transacción. Resolvimos que era razonable
imponer
a
cualquier
la
suma
aseguradora
la
responsabilidad
en
del
límite
exceso
de
establecido
pagar
en
la
póliza pues esta actuó de mala fe y negligentemente al no
transigir
la
póliza.
Íd.,
reclamación
pág.
dentro
290.
de
Allí,
los
límites
sostuvimos
de
la
que
la
responsabilidad emanaba del pacto implícito que nace de un
contrato
de
obligación
de
seguro
actuar
que
le
impone
con
especial
al
asegurador
consideración
a
la
los
intereses del asegurado. Íd., pág. 288. Por lo tanto, una
aseguradora que interpuso sus propios intereses a los del
asegurado –quien obtuvo una póliza precisamente para no
tener que pagar con su dinero los daños ocasionados por el
vehículo asegurado– era responsable de pagar aún por encima
del límite de la póliza. Íd., pág. 290. Similarmente, uno
de
los
intereses
primordiales
y
derechos
que
tiene
el
acreedor de una fianza de ejecución y pago es la garantía
de no tener que pagar con sus propios fondos el proyecto si
el contratista incumple con el contrato de construcción.
C. Las consecuencias del incumplimiento contractual
El hecho de que una compañía aseguradora haya sido el
ente que expidió la fianza no excluye la aplicación de las
disposiciones del Código Civil sobre las consecuencias del
incumplimiento de un contrato. El Art. 1054 del Código
CC-2018-0498
19
Civil dispone que “quedan sujetos a la indemnización de los
daños y perjuicios causados, los que en el cumplimiento de
sus
obligaciones
incurrieren
en
dolo,
negligencia
o
morosidad, y los que de cualquier modo contravienen al
tenor de aquellas”. 31 LPRA sec. 3018. Así, la causa del
incumplimiento
determinará
la
extensión
de
la
indemnización.14
Nos señala Puig Brutau que:
[E]n virtud del incumplimiento imputable al deudor,
el acreedor puede pedir la realización coactiva de la
prestación debida o la entrega del equivalente
económico de la misma. Pero, además, puede demostrar
que el incumplimiento y el hecho de no disponer
oportunamente de lo que debía entregar o realizar el
deudor, ha repercutido en su patrimonio de una manera
desfavorable, produciendo daños de la misma manera
que los produce un acto ilícito.15
La culpa o la negligencia del deudor consiste en la
omisión de la diligencia que exige la naturaleza de la
obligación. Art. 1057 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3021.
Es decir, es la falta de diligencia del deudor en procurar
el
cumplimiento
de
la
obligación.16
Surge
de
esta
definición que el incumplimiento de la obligación por culpa
o
negligencia
no
acarrea
un
elemento
de
intención.
El
deudor incumple, no por mala fe, sino falta de diligencia.
De manera que para efectos de los daños que se podrán
indemnizar a causa del incumplimiento aplicarán aquellos
por los que responde un deudor de buena fe. Según el primer
J. Vélez Torres, Derecho de Obligaciones, 2da ed. San Juan, PR,
1997, pág. 278 (revisado por Migdalia Fraticelli Torres).
15 J. Puig Brutau, Fundamentos del Derecho Civil, 3era ed. Barcelona,
España, 1985, pág. 443.
16 J. Vélez Torres, Derecho de Obligaciones, 2da ed. San Juan, PR,
1997, pág. 275.
14
CC-2018-0498
20
párrafo del artículo 1060 del Código Civil, 31 LPRA sec.
3024, estos “son los previstos o los que se hayan podido
prever al tiempo de constituirse la obligación y que sean
consecuencia necesaria de la falta de cumplimiento de la
obligación”.
Por
su
consciente,
parte,
el
intencionada
dolo
consiste
en
la
omisión
y
voluntaria
de
eludir
el
cumplimiento de la obligación con conocimiento de que se
realiza un acto injusto. Colón v. Promo Motor Imports,
Inc.,
144
DPR
659,
American,
112
DPR
668
329,
(1997).
340
Véase
(1982);
Canales
Márquez
v.
v.
Pan
Torres
Campos, 111 DPR 854, 864 (1982). Según el tratadista José
Ramón Vélez Torres, “[e]s el actuar de mala fe, aunque en
ello
no
haya
intención
premeditada
de
causar
daño
al
acreedor. No es preciso […] el ánimo de dañar, sino la
voluntad de incumplir”.17 Así, a diferencia del dolo en el
consentimiento
al
momento
de
otorgar
el
contrato
-que
pudiera producir la nulidad del contrato- el dolo en el
cumplimiento de la obligación da lugar a una reclamación en
daños.18
El
Código
Civil
dispone
que
la
responsabilidad
procedente del dolo es exigible en todas las obligaciones.
Art. 1055 del Código Civil, 33 LPRA sec. 3019. Sobre los
daños y perjuicios en caso de dolo, el deudor responderá de
todos
17
18
los
que
Íd., pág. 274.
Íd.
conocidamente
se
deriven
de
la
falta
de
CC-2018-0498
21
cumplimiento de la obligación. Art. 1060 del Código Civil,
33 LPRA sec. 3024. Por lo tanto, el deudor que incurre en
dolo en el cumplimiento de su obligación está sujeto a
indemnizar al acreedor por todos los daños que surjan de
ese incumplimiento.
Cabe señalar que, en nuestro ordenamiento jurídico,
hay
un
deber
de
actuar
de
buena
fe
en
las
relaciones
contractuales. Este principio obliga a los contratantes “no
solo
al
cumplimiento
de
lo
expresamente
pactado,
sino
también a todas las consecuencias que según su naturaleza
sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley”. Art. 1210
del Código Civil, 33 LPRA sec. 3375. Basándose en esta
disposición, nuestra jurisprudencia ha reconocido que, de
acuerdo con la naturaleza de la relación jurídica entre las
partes, la buena fe crea deberes especiales de conducta
exigibles en cada contrato. Arthur Young & Co. v. Virgilio
Vega III, 136 DPR 157, 170 (1994). De manera que “todo
contrato debe tener como pilar principal el principio de la
buena fe”. Íd.
III
PDL
alega
que
el
Tribunal
de
Apelaciones
erró
al
denegar su recurso de certiorari pues sostiene que la Orden
del Tribunal de Primera Instancia de la que se recurre no
es
de
carácter
procesal,
sino
de
carácter
dispositivo.
Arguye que dicha orden le impide presentar prueba sobre la
causa de acción de daños y perjuicios por mala fe, dolo,
negligencia o mora, lo que tiene el efecto práctico de
CC-2018-0498
22
desestimar varias de sus alegaciones. Además, sostiene que
presentó la reclamación en un momento idóneo pues esperar a
la apelación de la sentencia final sería un fracaso de la
justicia si se toma en consideración que el Tribunal de
Primera Instancia dispondría del caso sin evaluar prueba
alguna sobre todas las alegaciones. En todo caso, sostiene
que
la
fracciona
determinación
del
foro
indebidamente
el
caso
apelativo
intermedio
causa
dilación
y
una
indeseable a la solución de un pleito que comenzó hace casi
quince (15) años. Esto, pues el foro primario tendría que
atender la reclamación por mala fe, dolo o mora en una
tercera etapa que no existe.
Por su parte, AIG alegó que la intención de PDL con
este recurso es que revisemos la Sentencia de 2015 la cual
advino final y firme. Así, sostuvo que esa determinación
del
foro
apelativo
intermedio
no
es
revisable.
También
resaltó que las alegaciones de mala fe que aduce PDL son
planteamientos prematuros sobre temeridad en el trámite del
caso
los
cuales
deben
determinarse
cuando
se
dicte
la
sentencia final.19
La
encomienda
inicial
que
el
Tribunal
de
Primera
Instancia delegó al Comisionado se limitó a atender si se
No obstante, adelantamos que la conducta de mala fe y dolo que PDL
le imputa a AIG se refiere a su conducta durante el proceso de
reclamación de la fianza previo al reclamo judicial. Por lo tanto, no
le asiste la razón a AIG en cuanto a ese extremo. Cabe señalar que, si
bien AIG en su alegato presentó varios argumentos tendentes a
demostrar que no incurrió en dolo en la tramitación de reclamación de
PDL, no entramos a discutirlos debido a que estos no son pertinentes a
la controversia ante nuestra consideración, a saber: si PDL tenía
derecho a presentar evidencia sobre la conducta negligente o dolosa en
la que presuntamente incurrió AIG durante la tramitación de la
reclamación de fianza.
19
CC-2018-0498
23
incumplió con el contrato de construcción y, de ser ese el
caso,
determinar
la
responsabilidad
de
la
fiadora
como
consecuencia. Así, en la Sentencia de 2015, el Tribunal de
Apelaciones se limitó a resolver que: (1) MCC incumplió con
el contrato de construcción, por lo cual (2) se activó la
responsabilidad de AIG al amparo del contrato de fianza.
Sin embargo, el foro apelativo no adjudicó o atendió la
responsabilidad de AIG por razón de su alegada conducta de
mala fe o dolo durante la tramitación de la reclamación de
la fianza. Simple y llanamente, ese asunto no estuvo ante
su consideración en aquel momento. Por lo tanto, no podemos
concluir que la Sentencia de 2015 exoneró a AIG de su
responsabilidad por los daños que PDL alegó fueron producto
de mala fe, dolo o mora.
Así, la expresión del foro apelativo intermedio en la
Sentencia de 2015 a los efectos de que AIG deberá responder
por los daños y perjuicios “hasta un total ascendente a
$13,282,000.00” se refiere únicamente a los daños por los
que responde la fianza tras el incumplimiento de MCC con el
contrato de construcción. Ese total concierne solamente a
la responsabilidad de AIG por su obligación, como fiadora
de MCC, de cumplir con el contrato de construcción. Ese
monto no implica la totalidad de los daños que pudo haber
causado AIG por su propia conducta de mala fe o dolo en el
cumplimiento de su obligación de desembolsar la fianza, a
tenor
con
el
Art.
1060
del
Código
Civil,
supra.
Lo
anterior, pues esa reclamación no emana del incumplimiento
CC-2018-0498
24
de MCC, lo cual a su vez activó la responsabilidad de AIG
bajo
el
contrato
de
fianza,
sino
de
la
conducta
presuntamente dolosa o de mala fe de la fiadora en el
cumplimiento de su obligación de desembolsar la fianza.
Ciertamente, el Art. 1726 del Código Civil, 31 LPRA
sec. 4876, establece que la fianza no puede extenderse a
más de lo contenido en ella. No obstante, lo anterior no es
incompatible con la reclamación de PDL, pues el límite que
establece la disposición se refiere a los daños por los que
responde
la
fianza,
independientes
incumple
por
los
los
dolosamente
cuales
que
con
no
incluyen
respondería
la
obligación
la
los
daños
fiadora
que
si
contrajo
libremente bajo el contrato de fianza. Es decir, se trata
de señalamientos sobre fuentes de derecho independientes.
La causa por la que se activa el desembolso de la fianza es
la obligación de garantía que contrajo la fiadora a base
del
contrato
de
construcción
hasta
el
tope
de
$13,282,000.00. Sin embargo, la causa para el reclamo por
los daños totales surge de la obligación de la fiadora de
cumplir con su obligación conforme al principio de buena
fe. Precisamente lo que el acreedor de una fianza espera
que haga una fiadora es cumplir con lo que se expresó en el
contrato y actuar de manera razonable en respuesta a una
reclamación. Por lo tanto, de acuerdo con los Arts. 1054 y
1060 del Código Civil, supra, si un acreedor prueba que la
fiadora incurrió en dolo o mala fe en el cumplimiento de su
obligación, tiene derecho a reclamar una indemnización por
CC-2018-0498
la
25
totalidad
de
los
daños
que
sufrió
a
causa
de
su
faculta
al
incumplimiento.
Por
otra
parte,
la
Tribunal
de
Apelaciones
Regla
52.1,
a
revisar
supra
determinaciones
interlocutorias en las cuales esperar el final del caso
constituiría un fracaso irremediable de la justicia. La
enmienda que introdujo la Ley Núm. 177-2010 reconoció que
ciertas decisiones interlocutorias del Tribunal de Primera
Instancia pueden afectar sustancialmente el resultado de un
pleito o tener efectos limitativos para la reclamación de
una
parte.
Municipio
Autónomo
de
Caguas
v.
JRO
Construction, Inc., et al., supra. Tales determinaciones se
pueden revisar excepcionalmente bajo la Regla 52.1, supra.
En este caso, PDL recurrió de un asunto interlocutorio
que, conforme la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra,
era
revisable
por
tratarse
de
un
sustancialmente
la
reclamación
de
dictamen
PDL
a
que
tal
limitó
punto
que
dispuso de varias de las alegaciones de la demanda. Esta
Regla cobra una importancia mayor en el contexto particular
de este caso, el cual comenzó hace más de quince (15) años
y en el cual se ha recurrido al foro apelativo intermedio
en
tres
ocasiones,
dos
de
ellas
para
revisar
determinaciones del Tribunal de Primera Instancia sobre la
reclamación
de
PDL
por
dolo
contractual.
Este
trámite
procesal extenso, unido a que la decisión del foro primario
limitó sustancialmente la reclamación de PDL, es suficiente
para demostrar que obligar a PDL a esperar a que recaiga
CC-2018-0498
sentencia
26
constituiría
un
fracaso
irremediable
de
la
justicia conforme la Regla 52.1, supra, y su jurisprudencia
interpretativa.
Resolver
lo
contrario
contravendría
el
principio de economía procesal, pues retrasaría aún más y
de forma innecesaria la adjudicación de una controversia
medular para el ejercicio efectivo de la reclamación por
dolo contractual en la que PDL insistió desde el inicio del
pleito.
Igualmente,
identifica
la
Apelaciones,
tomados
Regla
40
supra,
en
conjunto,
del
Reglamento
favorecían
los
expedir
criterios
que
del
Tribunal
de
el
recurso
de
certiorari. Según vimos, los fundamentos que empleó el foro
primario para negarle a PDL la oportunidad de presentar
prueba
sobre
derecho.
Regla
dolo
contractual
40(A),
supra.
El
no
fueron
caso
correctos
está
en
su
en
etapa
final, por lo que exigir que PDL hiciera valer su reclamo
por
la
totalidad
de
los
daños
en
una
etapa
posterior
hubiese obligado al foro primario a fraccionar aún más el
caso
y
dilatado
los
procesos
innecesariamente.
Reglas
40(E), (F), supra. Finalmente, según se discutió, obligar a
PDL a esperar a que recayese una sentencia –tomando en
consideración (1) el trámite procesal extenso y accidentado
de este caso y (2) que la decisión del foro primario limitó
sustancialmente
su
reclamación–
hubiese
constituido
un
fracaso irremediable de la justicia. Regla 40(G), supra.
El
dictamen
del
foro
apelativo
intermedio
tuvo
el
efecto de avalar la determinación del Tribunal de Primera
CC-2018-0498
Instancia
que
27
dispone
indirectamente
de
parte
de
la
reclamación del demandante, a saber: las alegaciones sobre
la mala fe o dolo de AIG en el proceso de reclamación de la
fianza. Como vimos, disponer de esa reclamación de esa
forma no procedía en derecho.
En vista de que PDL no ha tenido la oportunidad de
presentar prueba sobre todos los daños que reclamó en la
demanda y de que la Sentencia de 2015 no limitó los daños
que PDL puede reclamar, pues no tuvo ante su consideración
las controversias sobre mala fe y dolo, resolvemos que el
Tribunal
de
Apelaciones
erró
al
denegar
expedir
el
revocamos
la
certiorari.
IV
Por
los
fundamentos
que
anteceden,
determinación del Tribunal de Apelaciones y devolvemos el
caso al Tribunal de Primera Instancia para que le permita a
PDL presentar prueba sobre todos los daños que alegó y
continúe
con
los
procedimientos
conforme
con
lo
aquí
resuelto.
Se dictará sentencia de conformidad.
Maite D. Oronoz Rodríguez
Jueza Presidenta
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
800 Ponce de León Corp.
Peticionaria
v.
American
International
Insurance Company of Puerto
Rico
CC-2018-0498
Certiorari
Recurrida
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 15 de septiembre de 2020.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la
presente Sentencia, revocamos la determinación del
Tribunal de Apelaciones y devolvemos el caso al
Tribunal de Primera Instancia para que le permita a
PDL presentar prueba sobre todos los daños que alegó y
continúe con los procedimientos conforme con lo aquí
resuelto.
Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria
del Tribunal Supremo Interina. El Juez Asociado señor
Martínez Torres emitió una Opinión Disidente. La Juez
Asociada señora Rodríguez Rodríguez disintió sin
opinión. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco no
interviene.
Secretaria
María I. Colón Falcón
del
Tribunal
Supremo
Interina
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
800 Ponce de León Corp.
Peticionaria
v.
CC-2018-0498
American International Insurance
Company of Puerto Rico
Recurrida
Opinión disidente emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES.
En San Juan, Puerto Rico, a 15 de septiembre de 2020.
Disiento
suscribe
este
respetuosamente
Tribunal.
La
de
la
Opinión
interpretación
que
que
una
mayoría de este Tribunal le da a la Regla 52.1 de
Procedimiento Civil, infra, es contraria a esta.
En primer lugar, el recurso del cual la parte
peticionaria recurre es uno interlocutorio y no uno
que dispone del caso en su totalidad, contrario a lo
que sugiere la Opinión. Véase, Opinión, pág. 23.
En
segundo
argumentar
que
lugar,
como
el
la
Opinión
caso
de
se
equivoca
epígrafe
tuvo
al
un
trámite procesal extenso, “obligar a PDL a esperar a
que
recaiga
sentencia
constituiría
un
fracaso
CC-2018-0498
2
irremediable de la justicia conforme la Regla 52.1, supra, y su
jurisprudencia interpretativa “. Íd. El trámite atropellado de un
caso, por sí solo, no es fundamento suficiente para no cumplir con
los requisitos de la Regla 52.1, infra, pues los peticionarios no
quedan desprovistos de un remedio para hacer valer sus derechos. Por
el contrario, cuentan con el mecanismo de la apelación dispuesto en
nuestras Reglas de Procedimiento Civil.
La regla exige que el fracaso de la justicia sea irremediable
y este no lo es. La omisión de ese requisito reglamentario de
irremediabilidad crea un precedente perjudicial que aniquilará el
propósito que nos impulsó al adoptar la Regla 52.1: limitar la
expedición
de
recursos
de
certiorari
para
revisar
órdenes
y
resoluciones interlocutorias.
I.
El
trámite
de
este
litigio
se
recoge
en
la
Opinión
del
Tribunal. Por lo tanto, lo adopto por referencia. 800 Ponce de León
Corp.
(en
adelante,
PDL)
acude
apelativo
intermedio
erró
al
ante
nos
declararse
y
señala
sin
que
el
jurisdicción
foro
y
no
expedir el auto de certiorari.
En específico, PLD argumenta que el foro primario erró al no
permitirle
presentar
alegadamente,
evidencia
American
de
los
International
daños
Insurance
particulares
Company
of
que,
Puerto
Rico (en adelante, AIG) le ocasionó al supuestamente actuar con dolo
durante el trámite de la reclamación. Opinión, Pág. 7.
II.
El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional
que
permite
a
un
tribunal
de
mayor
jerarquía
revisar
las
determinaciones de un foro inferior. IG Builders Corp. v. BBVAPR,
CC-2018-0498
3
185 DPR 307, 337-338 (2012). La determinación de expedir o denegar
un recurso de certiorari está enmarcada dentro de la discreción
judicial.
Íd.
Dicha
discreción
es
“una
forma
de
razonabilidad
aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión
justiciera”. Bco. Popular de PR v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651,
657-658 (1977).
De
igual
manera,
hemos
reiterado
que
los
“tribunales
apelativos no deben intervenir con determinaciones emitidas por el
foro primario y sustituir el criterio utilizado por este último en
el ejercicio de su discreción, salvo que se pruebe que dicho foro
actuó
con
prejuicio
o
parcialidad,
incurrió
en
craso
abuso
de
discreción, o que incurrió en error manifiesto”. Citibank et al. V.
ACBI et al. 200 DPR 724,736 (2018). Énfasis nuestro.
III.
Por su parte, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA
Ap. V, R. 52.1, delimita las instancias en las cuales el Tribunal de
Apelaciones
tiene
jurisdicción
para
atender
los
recursos
de
certiorari. En lo aquí pertinente, dicha regla dispone que “[e]l
recurso
de
certiorari
interlocutorias
dictadas
para
por
revisar
el
resoluciones
Tribunal
de
Primera
u
órdenes
Instancia,
solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se
recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la
denegatoria de una moción de carácter dispositivo”.32 LPRA Ap. V, R.
52.1
La regla añade que el Tribunal de Apelaciones puede revisar
resoluciones
Instancia
u
órdenes
cuando
se
interlocutorias
recurra
sobre
del
Tribunal
decisiones
en
de
cuanto
Primera
a
“la
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4
admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos
relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en
casos
de
relaciones
de
familia,
en
casos
que
revistan
interés
público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la
apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia”. Id.
Énfasis suplido.
Este
análisis
no
es
uno
aislado,
pues
la
Regla
40
del
Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40,
establece
los
criterios
que
el
foro
apelativo
intermedio
evaluar al expedir un auto de certiorari. Esta Regla dispone:
Regla 40. Criterios para la expedición del auto
de certiorari
El
tribunal
tomará
en
consideración
los
siguientes criterios al determinar la expedición de
un auto de certiorari o de una orden de mostrar
causa:
(A) Si el remedio y la disposición de la decisión
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
contrarios a derecho.
(B) Si la situación de hechos planteada es la más
indicada para el análisis del problema.
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error
craso y manifiesto en la apreciación de la prueba
por el Tribunal de Primera Instancia.
(D) Si el asunto planteado exige consideración más
detenida a la luz de los autos originales, los
cuales deberán ser elevados, o de alegatos más
elaborados.
(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta
el caso es la más propicia para su consideración.
(F) Si la expedición del auto o de la orden de
mostrar causa no causan un fraccionamiento indebido
del pleito y una dilación indeseable en la solución
final del litigio.
(G) Si la expedición del auto o de la orden de
mostrar causa evita un fracaso de la justicia. 4
LPRA Ap. XXII-B
debe
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5
Es importante destacar que lo que nos llevó a adoptar la Regla
52.1, supra, fue agilizar los procedimientos judiciales y reducir las
instancias en las cuales las partes podrían acudir al Tribunal de
Apelaciones para revisar órdenes y resoluciones interlocutorias, al
limitarlas solamente a la revisión de órdenes dispositivas. Véase,
Hon. Federico Hernández Denton, En ocasión de la presentación de las
nuevas
Reglas
de
Procedimiento
Civil
en
la
Academia
Judicial
Puertorriqueña (28 de enero de 2010). De ese modo, se procuró evitar
dilaciones
innecesarias,
el
fraccionamiento
de
causas
y
las
intervenciones a destiempo. Como afirma Cuevas Segarra en su Tratado
de Derecho Procesal “...estas limitaciones lo que efectivamente hacen
es
restaurarle
al
certiorari
su
característica
de
remedio
extraordinario y especial que había perdido ante normas procesales
amplias y liberales que no imponía cortapisas a la sobre utilización
del
mismo
para
la
revisión
de
órdenes
y
resoluciones
interlocutorias…”. J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal
Civil, 2da ed., Pubs. JTS, 2011, T. IV, 1503.
En el caso ante nuestra consideración, estamos frente a la
denegatoria de una solicitud de presentación de pruebas sobre unos
alegados daños particulares. Este es un asunto interlocutorio, cuyo
resultado no dispone del caso. Además, el tipo de solicitud aquí en
controversia no está entre las instancias permitidas por la Regla
52.1, supra. Ante esa realidad, la única forma en la cual el foro
apelativo intermedio podría revisar la determinación interlocutoria
del foro primario es que el asunto en controversia esté revestido de
interés público o que esperar a la apelación constituiría un fracaso
irremediable
de
la
justicia.
En
la
controversia
ante
consideración no se cumple con ninguna de estas instancias.
nuestra
CC-2018-0498
6
En primer lugar, el asunto en controversia no está revestido de
interés público. Estamos ante la denegatoria de una solicitud de
presentación de prueba. Esta es una disputa puramente procesal.
En segundo lugar, no atender la controversia en estos momentos
no causaría un fracaso irremediable de la justicia, debido a que el
peticionario
no
se
queda
desprovisto
de
remedio
para
revisar
cualquier determinación que en su día resuelva el foro primario.
Según la Opinión, “obligar a PDL a esperar a que recaiga sentencia
constituiría un fracaso irremediable de la justicia conforme la Regla
52.1, supra, y su jurisprudencia interpretativa”. Opinión, pág. 23.
En este caso, de persistir la denegatoria a admitir la prueba que la
parte
peticionaria
desea
presentar,
si
el
error
cometido
es
perjudicial y si la peticionaria tiene razón en su planteamiento, el
foro apelativo podría revocar la sentencia y devolver el caso al foro
primario.
Allí,
en
esa
excluida
erróneamente
y
situación,
procedería
dictar
nueva
una
recibir
sentencia.
la
No
prueba
se
deja
indefensa y sin remedio a la parte peticionaria. Por consiguiente, no
hay un fracaso irremediable de la justicia.
Cualquier error de derecho en la etapa interlocutoria es, por
definición, un fracaso de la justicia. Por eso, para que el Tribunal
de
Apelaciones
intervenga
en
la
etapa
interlocutoria
no
basta
concluir que el foro primario cometió un error. Tiene que tratarse de
un
error
perjudicial
que
deje
sin
remedio
efectivo
a
la
parte
afectada si el tribunal no interviene en esa etapa. Al requerir que
el fracaso de la justicia sea irremediable —opuesto a remediable— la
Regla, 52.1, supra, limita las instancias en las cuales el foro
apelativo
intermedio
puede
intervenir
en
las
determinaciones
interlocutorias del foro primario. Por lo tanto, el foro apelativo
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7
intermedio tiene que evaluar si el error que se le está solicitando
remediar
es
de
tal
magnitud
que
de
no
atenderse
en
el
momento
colocaría al peticionario en una posición de indefensión y no se
podría conceder un remedio justo y efectivo en la etapa de apelación.
No es suficiente que el peticionario alegue que el foro primario se
equivocó o que la determinación de dicho foro le afecte de alguna
forma. Tiene que probar que el error es de tal magnitud que esperar a
la apelación le causaría un fracaso irremediable de la justicia, es
decir, que le dejaría sin un remedio eficaz. En el presente caso, el
peticionario no logró demostrar que la denegatoria de presentación de
evidencia le causaría un perjuicio de tal magnitud que no remediarlo
de inmediato – en la etapa interlocutoria- resultaría en un fracaso
irremediable de la justicia.
Más aún, si tomamos como correcta la interpretación que la
mayoría
le
da
determinación
a
la
Regla
interlocutoria
52.1,
de
un
supra,
foro
entonces
inferior
que
cualquier
coloque
al
demandante en posición de apelar el asunto luego de una sentencia
final, constituye un fracaso irremediable de la justicia que autoriza
la
intervención
de
los
foros
apelativos.
Por
lo
foro
apelativo
intermedio
para
negarse
discreción
del
cualquier
recurso
de
certiorari,
pues
tanto,
toda
a
no
hay
expedir
determinación
interlocutoria errónea constituiría un fracaso irremediable de la
justicia. Esto altera la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra.
Además, la interpretación equivocada que la Opinión le da a la Regla
52.1, íd., tendrá como consecuencia directa un torrente de recursos
de certiorari innecesarios en nuestros foros apelativos, presentados
con
el
pretexto
de
que
esperar
a
la
apelación
le
causaría
al
peticionario un perjuicio que, si no se corrige inmediatamente, sería
un fracaso irremediable de la justicia.
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Insisto en que el propósito de la Regla 52.1, supra, es reducir
las
instancias
en
las
cuales
el
foro
apelativo
intermedio
puede
intervenir con las determinaciones discrecionales interlocutorias del
foro primario. Este es el caso, salvo que el asunto en controversia
esté contemplado entre las instancias en que la misma Regla 52.1,
supra, autoriza la intervención del foro apelativo intermedio o que,
por
excepción,
esperar
a
la
apelación
constituiría
un
fracaso
irremediable de la justicia.
IV.
En
el
caso
ante
nuestra
consideración,
el
foro
apelativo
intermedio no erró al negarse a intervenir en la determinación del
foro recurrido. No es un fracaso irremediable de la justicia esperar
a la apelación para revisar todos los señalamientos de error que hace
la parte peticionaria.
RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES
Juez Asociado