LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

800 Ponce de León Corp. v. American International Insurance Company of Puerto Rico

2020 TSPR 104

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

800 Ponce de León Corp. v. American International Insurance Company of Puerto Rico

CC-2018-498

Derecho Procesal Civil: Facultad del Tribunal de Apelaciones para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias que pueden afectar sustancialmente el resultado de un pleito o limitar la reclamación de una parte.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

800 Ponce de León Corp.

Peticionaria

Certiorari

v.

2020 TSPR 104

American International Insurance

Company of Puerto Rico

205 DPR _____

Recurrida

Número del Caso:

Fecha:

CC-2018-498

15 de septiembre de 2020

Tribunal de Apelaciones:

Circuito Regional de San Juan y Caguas, Panel II

Abogados de la parte peticionaria:

Lcdo. Carlos R. Ríos Gautier

Lcda. Gladys M. Míguez Corujo

Lcda. Paola J. Figueroa Alemañy

Abogados de la parte recurrida:

Lcdo. Francisco A. Rosa Silva

Lcdo. Luis N. Saldaña Román

Lcda. Elizabeth Aquino Pérez

Lcdo. Bayoán Muñiz Calderón

Materia:

Derecho Procesal Civil - Facultad del Tribunal de

Apelaciones para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias que

pueden afectar sustancialmente el resultado de un pleito o limitar

la reclamación de una parte.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal.

Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

800 Ponce de León Corp.

Peticionaria

v.

CC-2018-0498

American International

Insurance

Company

of

Puerto Rico

Certiorari

Recurrida

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió la Opinión del Tribunal

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de septiembre de 2020.

Nos corresponde resolver si el Tribunal de Apelaciones

erró al denegar la Petición de Certiorari que presentó

800 Ponce de León Corp. (PDL) tras concluir que se

recurría

de

una

resolución

interlocutoria

en

un

supuesto que la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, R. 52.1, no contempla. En su recurso de

certiorari

ante

el

foro

apelativo

intermedio,

PDL

solicitó que se revocara una Orden del Tribunal de

Primera Instancia, mediante la cual el foro primario

impidió que PDL presentara evidencia sobre la alegada

conducta dolosa de AIG Insurance Company of Puerto Rico

(AIG) en la tramitación de una reclamación al amparo de

un contrato de fianza.1

Cabe mencionar que el aquí demandado –AIG Insurance Company

of Puerto Rico– se conocía originalmente como la American

International Insurance Company of Puerto Rico. No obstante, y

para evitar confusión, en lo sucesivo se refiere a la entidad

por su nombre actual: AIG.

1

CC-2018-0498

2

Por los fundamentos que se exponen a continuación,

resolvemos que el Tribunal de Apelaciones erró al denegar

expedir el certiorari, puesto que: (1) esta es la etapa

idónea del caso para atender el señalamiento de error que

adujo PDL y (2) negarse a expedir constituiría un fracaso a

la

justicia.

Lo

anterior,

debido

a

que,

conforme

los

artículos 1054 y 1060 del Código Civil, infra, PDL tiene

derecho

a

presentar

evidencia

para

sustentar

sus

alegaciones sobre dolo contractual contra AIG. Veamos.

I

El 12 de abril de 1999 PDL y Miramar Construction

Co., Inc. (MCC) otorgaron un contrato de construcción por

la suma de $13,282,000.00 para el proyecto de un edificio

de

oficinas

y

estacionamiento

llamado

Capitol

Office

Building. En virtud del contrato, la contratista MCC se

comprometió a completar sustancialmente la obra para el 11

de

septiembre

de

2000

y

PDL

se

obligó

a

hacer

pagos

sucesivos de acuerdo con el cumplimiento de MCC hasta una

total de $13,282,000.00.

Con

el

propósito

de

garantizar

la

obligación,

AIG

emitió una fianza de ejecución y pago (“Performance and

Payment Bond”) por la cantidad de $13,282,000.00 a favor

de PDL.

Mediante el contrato de fianza, AIG se obligó

solidaria

y

mancomunadamente

a

cumplir

con

las

obligaciones de MCC en caso de que este incumpliera con el

contrato

de

construcción.

En

efecto,

el

contrato

de

CC-2018-0498

3

construcción se incorporó por referencia al contrato de

fianza.

Ante

el

incumplimiento

construcción

y

la

de

negativa

MCC

de

con

AIG

el

de

contrato

resolver

de

las

reclamaciones de PDL sobre el desembolso de la fianza, PDL

presentó una demanda sobre incumplimiento de contrato y

daños y perjuicios contra AIG. Alegó que AIG rehusó honrar

la fianza de ejecución y pago relacionada con el contrato

de

construcción

financiamiento

por

lo

externo

que

se

vio

obligada

para

sufragar

los

a

buscar

costos

de

construcción. En consecuencia, reclamó daños ascendentes a

$18,862,402.00

más

$500,000.00

por

concepto

de

costas,

gastos, intereses y honorarios de abogado. Incluyó entre

sus alegaciones que AIG actuó de mala fe durante todo el

proceso

de

reclamación

responsabilidad

por

el

y

que

monto

total

procedía

de

los

imponer

daños

que

sufrió.

Luego de algunos trámites procesales, AIG solicitó la

desestimación

de

la

causa

de

acción

sobre

daños

y

perjuicios. Entre otras cosas, alegó que un reclamo bajo

una fianza no podía dar lugar a una acción en daños ni a

la

concesión

de

remedios

que

excedieran

el

límite

monetario de la responsabilidad de la fiadora según se

estableció en el contrato de fianza. Por su parte, PDL

arguyó

que

en

nuestro

derecho

civil

existen

remedios

contra quienes obran de mala fe o negligentemente en el

cumplimiento de sus obligaciones y que, como la fianza se

CC-2018-0498

constituyó

4

mediante

un

contrato,

sus

derechos

y

obligaciones se regían por el Código Civil en todo lo que

el Código de Seguros no regulara expresamente. Argumentó

que AIG se obligó solidariamente a ejecutar la obra si MCC

incumplía, por lo que AIG era responsable tanto por el

monto

total

afianzado

como

también

por

los

gastos

en

exceso que PDL tuvo que incurrir para completar la obra

como

consecuencia

de

la

mala

fe

de

2007

el

la

fiadora

en

el

proceso de la reclamación.

El

16

de

enero

Instancia

emitió

una

solicitud

de

de

Resolución

desestimación.

Tribunal

en

Concluyó

la

de

cual

que

la

Primera

denegó

la

causa

de

acción de daños y perjuicios por el alegado proceder de

mala fe de AIG estaba apoyada en los Arts. 1054 y 1210 del

Código Civil de Puerto Rico, los cuales

aplican

a los

contratos de fianza. Resolvió, pues, que “[c]iertamente,

la prueba que en su día se presente sobre la ausencia de

buena fe en el cumplimiento de las obligaciones por parte

de la demandada, tal como alega la demandante, y los daños

que se prueben que son dimanantes de tal actuación, serán

determinantes

para

el

Tribunal

imponer

mayor

responsabilidad, si alguna, a la cantidad principal que se

fijó en el cuerpo de la fianza”.2

Inconforme,

AIG

presentó

un

recurso

de

certiorari

ante el Tribunal de Apelaciones, pero el foro intermedio

denegó expedir el recurso en ese momento. Fundamentó su

2

Resolución, Apéndice, pág. 910.

CC-2018-0498

5

determinación en que las alegaciones de PDL en torno a la

mala fe y falta de diligencia de AIG –a base de las cuales

reclamaba indemnización en exceso del límite de la fianzadebían dilucidarse en un juicio plenario. Explicó que los

daños que reclamó

PDL, de ser probados, son daños que

emanan de una relación contractual –el contrato de fianza–

por

lo

cual

artículos

esa

del

controversia

Código

Civil

se

debe

sobre

consecuencias de su incumplimiento.

regir

por

los

contratos

y

las

No obstante,

aclaró

que lo anterior dependería de que PDL en su día lograse

probar que AIG incurrió en mala fe, negligencia, dolo,

culpa o morosidad.

Devuelto el caso al foro primario, y en consideración

a

los

aspectos

técnicos

y

especializados

del

caso,

el

tribunal nombró al Lcdo. Carlos S. Dávila como Comisionado

Especial

(Comisionado)

al

amparo

de

la

Regla

41

de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 41. Su encomienda

principal

fue

rendir

un

informe

al

Tribunal

determinaciones

de

hechos,

conclusiones

de

recomendaciones

una

vez

caso

sometido

el

quedara

con

derecho

y

para

adjudicación en sus diferentes etapas.

A tono con su encomienda, el Comisionado emitió una

Orden en la que aclaró que el caso se bifurcaría en dos

etapas. En la primera etapa se atendería la controversia

sobre la declaración de default; o sea, el incumplimiento

con

el

contrato

de

construcción

y

si

se

activó

la

responsabilidad de la fiadora. En la segunda etapa, se

CC-2018-0498

desfilaría

6

evidencia

sobre

el

monto

de

los

daños,

si

alguno. Una vez se celebraron los procedimientos de la

primera

etapa,

el

Comisionado

sometió

al

Tribunal

un

Informe Final en el cual concluyó que MCC no incumplió con

el

contrato

de

construcción.3

Así,

no

llevó

a

cabo

la

segunda etapa pues recomendó que el tribunal declarara sin

lugar la demanda.

Luego

de

varios

trámites

procesales,

el

tribunal

acogió el Informe Final del Comisionado y desestimó la

demanda. Concluyó que MCC no abandonó el proyecto y que la

paralización

de

la

construcción

estuvo

justificada.

En

desacuerdo, PDL presentó un recurso de apelación. Mediante

Sentencia dictada el 29 de mayo de 2015 (Sentencia de

2015)

el

Tribunal

de

recurrido.

Concluyó

que

intención

de

regresar

Apelaciones

y

revocó

el

MCC

abandonó

el

que,

por

tanto,

lo

dictamen

proyecto

AIG,

sin

como

fiadora, era responsable frente a PDL. El foro intermedio

determinó que “de acuerdo con las obligaciones contraídas

solidaria y mancomunadamente, [AIG] deberá responder por

los daños y perjuicios causados por el incumplimiento de

la fianza; a saber: el costo al tiempo de la construcción

para

terminar

el

[proyecto

de

construcción],

hasta

un

total ascendente a $13,282,000.00”.4

En particular, en la primera etapa del juicio se atendieron las

siguientes controversias: (1) si MCC tuvo una justificación para

paralizar la construcción; (2) si PDL tenía fundamentos para declarar

a MCC en incumplimiento contractual craso y (3) si PDL podía dar por

terminado el contrato de construcción con MCC. Informe Final del

Comisionado, Apéndice, pág. 438.

4 Sentencia de 2015, Apéndice, pág. 907.

3

CC-2018-0498

7

Devuelto el caso al foro primario, este lo refirió al

Comisionado

para la continuación de los procedimientos.

Luego de varios trámites procesales y mientras el caso

estaba

ante

la

atención

del

Comisionado,

AIG

planteó

mediante moción que PDL pretendía presentar prueba sobre

controversias ajenas a los asuntos encomendados y a lo que

el

Tribunal

2015.

de

Apelaciones

Específicamente,

dispuso

arguyó

que

en

PDL

la

Sentencia

quería

de

someter

prueba sobre: (1) la falta de ajuste por parte de AIG, (2)

la mala fe de AIG y (3) la posibilidad de ser compensada

en

exceso

del

límite

que

estableció

el

Tribunal

de

Apelaciones en su Sentencia de 2015. En síntesis, alegó

que ello no procedía debido a que el Tribunal de Primera

Instancia

encomendó

al

Comisionado

únicamente

que

continuara los procedimientos conforme a lo dispuesto en

la

Sentencia

de

2015.5

Así,

arguyó

que

el

referido

al

Comisionado fue a los fines de celebrar una vista de daños

hasta un total ascendente a $13,282,000.00, por lo que

cualquier pretensión de ampliar el ámbito establecido por

el

Tribunal

de

Apelaciones

y

el

Tribunal

de

Primera

Instancia para esa etapa de los procedimientos sería una

actuación ultra vires.6

Por su parte, PDL replicó que, debido a que el caso

se

encontraba

en

su

etapa

final,

procedía

que

se

le

Véase Resolución y orden enmendada nunc pro tunc, Apéndice, pág. 946.

Moción urgente para solicitar vista argumentativa sobre el alcance

del referido del Tribunal Superior al Comisionado Especial, Apéndice,

pág. 842.

5

6

CC-2018-0498

8

permitiera presentar evidencia no solo de la cuantía por

la que respondía la fianza, sino también de los daños

adicionales

que

AIG

le

ocasionó

al

actuar

dolosamente

durante el trámite de su reclamación. Lo anterior, pues

según

la

ley

del

caso

nunca

se

desestimó

su

causa

de

acción de daños por mala fe. Añadió que en la Sentencia de

2015

el

foro

apelativo

intermedio

se

limitó

a

atender

controversias sobre el incumplimiento con el contrato de

construcción por ser ese asunto el que se llevó ante su

atención. Así, arguyó que el referido tribunal no pasó

juicio

sobre

su

causa

de

acción

por

mala

fe,

dolo

o

negligencia.

Tras considerar los planteamientos de las partes, el

Comisionado determinó que su encomienda era continuar los

procedimientos de conformidad con lo que el Tribunal de

Apelaciones

resolvió

en

la

Sentencia

de

2015,

la

cual

específicamente limitó la responsabilidad de AIG al monto

de $13,282,000.00.7

Así las cosas, el 5 de febrero de 2018 PDL solicitó

al foro primario que interviniera y aclarara la encomienda

que delegó al Comisionado. En particular, solicitó que le

permitiera

al

Comisionado

resolver

todos

los

asuntos

pendientes relacionados con los daños sin la limitación al

monto

de

los

daños

que

AIG

pretendía

imponer.

Por

su

parte, AIG se opuso. Tras evaluar las mociones que las

partes

7

presentaron,

el

foro

primario

emitió

Véase Resolución del Comisionado, Apéndice, pág. 953.

la

Orden

CC-2018-0498

recurrida,

9

en

la

cual

indicó

que

la

encomienda

al

Comisionado era para continuar con los procesos conforme

lo dispuso el Tribunal de Apelaciones en la Sentencia de

2015.

De

conformidad,

indicó

que

no

procedía

la

intervención que PDL solicitó y ordenó la continuación de

los procedimientos ante el Comisionado.8

Inconforme,

PDL

presentó

un

recurso

de

certiorari

ante el Tribunal de Apelaciones en donde señaló que el

Tribunal

de

Primera

Instancia

cometió

los

errores

siguientes:

Erró al limitar las controversias pendientes de

resolverse únicamente a la determinación de

daños a los que se refiere la Sentencia del

2015 dejando afuera los demás daños reclamados

por 800 [PDL], los cuales no fueron objeto de

adjudicación en la Sentencia del 2015.

Erró al determinar equívocamente que el límite

que menciona la Sentencia del 2015 tuvo el

efecto de exonerar a AIG de responder por daños

por su conducta morosa, dolosa y de mala fe,

pasada, presente y futura en el cumplimiento de

sus obligaciones.

Tras evaluar estos planteamientos, el foro apelativo

intermedio concluyó que lo que resolvió el foro primario

era

un

asunto

relacionado

con

el

trámite

del

caso

y

constituyó un ejercicio válido de su discreción. Asimismo,

indicó que ese tipo de dictamen no es revisable según la

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.

En consecuencia, resolvió que carecía de jurisdicción para

atender el asunto, por lo que se negó a expedir el recurso

de certiorari.

8

Véase Orden del TPI, Apéndice, pág. 1038.

CC-2018-0498

10

En desacuerdo, PDL acude ante nos y señala el error

siguiente:

Erró el TA al declararse sin jurisdicción y

rehusar expedir el auto e impedir que en la

segunda y última etapa del litigio se dilucide,

además de los daños cubiertos bajo la fianza

emitida, la causa de acción que se origina en la

alegada mala fe de AIG en el ajuste de la

reclamación.

El 25 de enero de 2019 expedimos el recurso. Con el

beneficio de la comparecencia de ambas partes, resolvemos.

II

A. Recurso de certiorari

El

recurso

de

certiorari

es

un

vehículo

procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía

revisar

las

determinaciones

de

un

foro

inferior.

IG

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). La

determinación de expedir o denegar un recurso de certiorari

está enmarcada dentro de la discreción judicial. Íd. Dicha

discreción

es

discernimiento

“una

forma

judicial

de

para

razonabilidad

llegar

a

una

aplicada

al

conclusión

justiciera”. Bco. Popular de PR v. Mun. de Aguadilla, 144

DPR 651, 657-658 (1977).

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R. 52.1, limita la facultad que tiene el foro apelativo

intermedio

para

interlocutorias

revisar

que

emite

las

el

resoluciones

foro

primario.

u

órdenes

Esa

regla

establece que el recurso de certiorari solo se expedirá

cuando se recurra de una resolución u orden bajo remedios

CC-2018-0498

11

provisionales de la Regla 56, injunctions de la Regla 57 o

de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo.

No obstante, también dispone que el tribunal apelativo, en

su ejercicio discrecional y por excepción, podrá expedir

un recurso de certiorari cuando se recurra de decisiones

sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos

esenciales,

en

evidenciarios,

asuntos

en

casos

relacionados

a

anotaciones

de

de

privilegios

rebeldía,

en

casos de relaciones de familia, en casos revestidos de

interés público o en cualquier otra situación en la que

esperar

a

una

apelación

constituiría

un

la

de

fracaso

irremediable de la justicia.

Cabe

resaltar

que,

con

aprobación

la

Regla

52.1, supra en el 2009, la Asamblea Legislativa limitó los

asuntos

interlocutorios

que

el

Tribunal

de

Apelaciones

podía revisar bajo el entendimiento de que estos podían

esperar hasta la conclusión del caso para ser revisados en

apelación. IG Builders et al. v. BBVAPR, supra. Así, se

fijó

taxativamente

cuáles

asuntos

interlocutorios

eran

aptos para revisión mediante certiorari. Íd., págs. 336337. En aquel momento, la revisión se limitó a instancias

en las cuales se recurriera de una resolución u orden bajo

la

Regla

56

(remedios

(injunctions).

Municipio

provisionales)

Autónomo

de

y

la

Regla

57

Caguas

v.

JRO

Construction, Inc., et al., 201 DPR 703, 710 (2019).

Posteriormente, las leyes Núm. 220-2009 y Núm. 1772010 enmendaron la Regla 52.1, supra, e incorporaron otros

CC-2018-0498

escenarios

12

que

permiten

la

intervención

interlocurtoria

del foro revisor, ya sea por su naturaleza o por el efecto

que produciría a las partes. Municipio Autónomo de Caguas

v. JRO Construction, Inc., et al., supra; IG Builders et

al. v. BBVAPR, supra.

Específicamente

facultad

revisora

la

Ley

del

Núm.

177-2010

extendió

la

Tribunal

de

Apelaciones

a

resoluciones u órdenes interlocutorias que traten asuntos

de interés público o situaciones que requieran la atención

inmediata

del

foro

revisor,

pues

aguardar

hasta

la

conclusión del caso conllevaría un fracaso irremediable de

la justicia. Íd. La exposición de motivos de dicha ley

explica que, el texto original de la Regla 52.1 establecía

un

listado

taxativo

que

no

consideraba

situaciones

excepcionales que requieren la intervención oportuna del

foro

apelativo

intermedio

para

corregir

errores

del

tribunal de instancia. Exposición de Motivos de la Ley

Núm. 177-2010; véase Municipio Autónomo de Caguas v. JRO

Construction, Inc., et al., supra.

A base de lo anterior expusimos que la inclusión de

las

enmiendas

Legislativa

interlocutorias

implicó

el

reconocimiento

de

que

“ciertas

pueden

afectar

de

la

Asamblea

determinaciones

sustancialmente

el

resultado del pleito o tener efectos limitativos para la

defensa o reclamación de una parte o conllevar cuestiones

neurálgicas o de política pública que deben estar sujetos

a revisión inmediata”. Municipio Autónomo de Caguas v. JRO

CC-2018-0498

13

Construction, Inc., et al., supra (citando a R. Hernández

Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal

Civil, 6ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2017, pág. 533)

(Énfasis suplido).

Por

otro

lado,

el

examen

que

hace

el

tribunal

apelativo previo a expedir un certiorari no se da en el

vacío ni en ausencia de otros parámetros. IG Builders et

al.

v.

BBVAPR,

supra.

La

Regla

40

del

Reglamento

del

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala

los criterios que debe tomar en consideración ese foro al

evaluar

si

debe

expedir

un

auto

de

certiorari.

particular, esta Regla dispone:

El tribunal tomará en consideración los siguientes

criterios al determinar la expedición de un auto de

certiorari o de una orden de mostrar causa:

(A)

Si el remedio y la disposición de la

decisión recurrida, a diferencia de sus

fundamentos, son contrarios a derecho.

(B)

Si la situación de hechos planteada es la

más

indicada

para

el

análisis

del

problema.

(C)

Si ha mediado prejuicio, parcialidad o

error

craso

y

manifiesto

en

la

apreciación de la prueba por el Tribunal

de Primera Instancia.

(D)

Si

el

asunto

planteado

exige

consideración más detenida a la luz de

los autos originales, los cuales deberán

ser

elevados,

o

de

alegatos

más

elaborados.

(E)

Si la etapa del procedimiento en que se

presenta el caso es la más propicia para

su consideración.

En

CC-2018-0498

14

(F)

Si la expedición del auto o de la orden

de

mostrar

causa

no

causan

un

fraccionamiento indebido del pleito y una

dilación indeseable en la solución final

del litigio.

(G)

Si la expedición del auto o de la orden

de mostrar causa evita un fracaso de la

justicia.9

B. La obligación que surge del contrato de fianza

La controversia de este caso versa sobre una fianza

de

ejecución

construcción.

frecuencia

y

pago

Este

para

en

tipo

el

contexto

de

garantizar

fianza

las

de

un

se

contrato

de

utiliza

con

obligaciones

de

los

contratistas en proyectos de construcción. En Andamios de

P.R. v. JPH Contractors, Corp., 179 DPR 503 (2010), este

Tribunal explicó en qué consisten las fianzas de ejecución

y pago. En lo pertinente, señaló que:

[C]uando

se

realiza

un

proyecto

de

construcción, el contratista general de la obra

usualmente garantiza el cumplimiento de sus

obligaciones con dos contratos de fianza de

construcción,

los

cuales

se

denominan

de

cumplimiento (performance bond) y de pago

(labor and material payment bond). Mediante la

fianza de cumplimiento, la fiadora garantiza al

dueño de la obra que el proyecto que el

contratista va a ejecutar, conforme a su

obligación, según pactada en el contrato de

construcción, se realizará según este contrato

o pagará los daños en los que haya incurrido

hasta el límite de dinero establecido en la

fianza.

Por otra parte, en la fianza de pago, la

fiadora le garantiza al dueño de la obra que

toda la labor y los materiales utilizados en el

proyecto serán pagados por la fiadora si el

contratista

general

incumple.

Un

fiador

9

4 LPRA Ap. XXII-B.3 (Énfasis suplido).

CC-2018-0498

15

solidario responde igual que su fiado. En otras

palabras, éste está obligado a cumplir el

contrato íntegra y totalmente, desde el momento

cuando el fiado deja de cumplir lo convenido.10

Las obligaciones que nacen de los contratos tienen

fuerza

de

ley

entre

las

partes

contratantes

y

deben

cumplirse a tenor con los mismos. Art. 1044 del Código

Civil, 31 LPRA sec. 2994. Así ocurre con los contratos de

fianza. Mediante el contrato de fianza una parte se obliga

a pagar o cumplir por un tercero, en caso de

este no

hacerlo. Art. 1721 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4871. En

otras palabras, el fiador se obliga a pagar al acreedor en

caso de que el deudor incumpla con el contrato subyacente.

Por lo tanto, se trata de una obligación accesoria que no

existe sin la obligación principal. Art. 1723 del Código

Civil, 31 LPRA sec. 4873. De modo que con la fianza “se

proporciona

satisfecho

agresión

al

su

a

un

acreedor

interés,

ya

patrimonio

mayor

que

probabilidad

se

amplía

distinto

del

su

de

ver

poder

de

originalmente

responsable”.11

A tono con lo anterior, el interés primordial y el

derecho que tiene el acreedor de una fianza de ejecución y

pago es la garantía de no tener que pagar con sus propios

fondos

un

proyecto

si

el

contratista

incumple

con

el

contrato de construcción. Así, la obligación solidaria y

mancomunada que contrae una fiadora le exige interponer los

Andamios de P.R. v. JPH Contractors, Corp., 179 DPR 503, 514 (2010)

(citando a San José Realty, S.E. v. El Fénix de P.R., 157 DPR 427, 451

(2002)).

11 La Cruz, Elementos del Derecho Civil II Derecho de Obligaciones,

Vol. II, 5ta edición, Madrid, 2013, pág. 317.

10

CC-2018-0498

16

intereses del acreedor por encima de los suyos al momento

de atender una reclamación sobre la fianza.

La extensión de obligación del fiador queda enmarcada

en los Arts. 1725 y 1726 del Código Civil, 31 LPRA secs.

4875-6.

El

primero

establece

que

el

fiador

no

puede

obligarse a más que el deudor principal; el segundo que la

fianza debe ser expresa y no puede extenderse a más de lo

contenido en ella. Así, nos explica el tratadista DíezPicazo que la obligación del fiador encuentra su fundamento

en la función de garantía que conlleva, lo que no existiría

si el fiador adquiriera una obligación de mayor entidad que

la obligación garantizada.12 Por lo tanto, si una fiadora

se

hubiese

reducirá

obligado

su

a

más

obligación

a

que

los

el

deudor

límites

principal,

de

la

se

deuda

garantizada. No obstante, el mismo tratadista nos resalta

que “[u]na extensión de la obligación del fiador, superior

a la extensión de la del deudor principal, carecería de

causa y, si tuviera alguna, tendría que necesariamente ser

distinta de la función de garantía”.13 Por lo tanto, un

deudor fiador es responsable por su obligación de garantía

hasta el límite de la deuda garantizada, lo que no excluye

que por una fuente jurídica independiente sea responsable

por un monto mayor como consecuencia de su incumplimiento

con esa obligación.

Díez- Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial II, 6ta

edición, España, 2008, pág. 498.

13 Íd., pág. 499 (Énfasis suplido).

12

CC-2018-0498

17

Las fiadoras, al igual que las aseguradoras, se rigen

en primera instancia por el Código de Seguros de Puerto

Rico. Este señala que, por definición, seguro de garantía

incluye

“garantizar

el

cumplimento

de

contratos

y

garantizar y otorgar fianzas, obligaciones y contratos de

fianza”. Art. 4.090 del Código de Seguros, 26 LPRA sec.

409. En otras palabras, los contratos de fianza son un

seguro de garantía según lo contempla la ley que aplica a

las aseguradoras.

En lo que atañe a las obligaciones y los contratos de

fianza, el Artículo 22.040 del Código de Seguros, 26 LPRA

sec.

2204,

garantice

establece

el

que

“todo

cumplimiento

de

seguro

de

contratos,

garantía

sea

una

que

fianza

civil o criminal o garantice cualquier tipo de obligación

[,] obligará solidariamente al asegurador y su principal,

pero sujeto a los términos de prescripción y caducidad”.

Asimismo, en torno al pago de las reclamaciones, el Código

de Seguros detalla que el asegurador de la garantía vendrá

obligado

a

satisfacer

requerimientos

del

la

deuda

acreedor,

de

luego

su

de

principal

a

verificar

la

existencia, liquidez y exigibilidad de la reclamación en un

término de noventa (90) días. 26 LPRA sec. 2205. De no

hacerlo, el asegurador incurrirá en violación al Artículo

27.161 del mismo Código, el cual detalla las prácticas

desleales en el ajuste de las reclamaciones. Íd.

Cabe

mencionar

que

una

de

las

controversias

que

atendió el Tribunal Supremo en el caso Morales v. Automatic

CC-2018-0498

Vending

18

Service,

aseguradora

Inc.,

era

103

DPR

responsable

281

por

(1975),

la

fue

si

una

totalidad

de

una

sentencia cuando -de mala fe e irrazonablemente- rechazó

una oferta de transacción. Resolvimos que era razonable

imponer

a

cualquier

la

suma

aseguradora

la

responsabilidad

en

del

límite

exceso

de

establecido

pagar

en

la

póliza pues esta actuó de mala fe y negligentemente al no

transigir

la

póliza.

Íd.,

reclamación

pág.

dentro

290.

de

Allí,

los

límites

sostuvimos

de

la

que

la

responsabilidad emanaba del pacto implícito que nace de un

contrato

de

obligación

de

seguro

actuar

que

le

impone

con

especial

al

asegurador

consideración

a

la

los

intereses del asegurado. Íd., pág. 288. Por lo tanto, una

aseguradora que interpuso sus propios intereses a los del

asegurado –quien obtuvo una póliza precisamente para no

tener que pagar con su dinero los daños ocasionados por el

vehículo asegurado– era responsable de pagar aún por encima

del límite de la póliza. Íd., pág. 290. Similarmente, uno

de

los

intereses

primordiales

y

derechos

que

tiene

el

acreedor de una fianza de ejecución y pago es la garantía

de no tener que pagar con sus propios fondos el proyecto si

el contratista incumple con el contrato de construcción.

C. Las consecuencias del incumplimiento contractual

El hecho de que una compañía aseguradora haya sido el

ente que expidió la fianza no excluye la aplicación de las

disposiciones del Código Civil sobre las consecuencias del

incumplimiento de un contrato. El Art. 1054 del Código

CC-2018-0498

19

Civil dispone que “quedan sujetos a la indemnización de los

daños y perjuicios causados, los que en el cumplimiento de

sus

obligaciones

incurrieren

en

dolo,

negligencia

o

morosidad, y los que de cualquier modo contravienen al

tenor de aquellas”. 31 LPRA sec. 3018. Así, la causa del

incumplimiento

determinará

la

extensión

de

la

indemnización.14

Nos señala Puig Brutau que:

[E]n virtud del incumplimiento imputable al deudor,

el acreedor puede pedir la realización coactiva de la

prestación debida o la entrega del equivalente

económico de la misma. Pero, además, puede demostrar

que el incumplimiento y el hecho de no disponer

oportunamente de lo que debía entregar o realizar el

deudor, ha repercutido en su patrimonio de una manera

desfavorable, produciendo daños de la misma manera

que los produce un acto ilícito.15

La culpa o la negligencia del deudor consiste en la

omisión de la diligencia que exige la naturaleza de la

obligación. Art. 1057 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3021.

Es decir, es la falta de diligencia del deudor en procurar

el

cumplimiento

de

la

obligación.16

Surge

de

esta

definición que el incumplimiento de la obligación por culpa

o

negligencia

no

acarrea

un

elemento

de

intención.

El

deudor incumple, no por mala fe, sino falta de diligencia.

De manera que para efectos de los daños que se podrán

indemnizar a causa del incumplimiento aplicarán aquellos

por los que responde un deudor de buena fe. Según el primer

J. Vélez Torres, Derecho de Obligaciones, 2da ed. San Juan, PR,

1997, pág. 278 (revisado por Migdalia Fraticelli Torres).

15 J. Puig Brutau, Fundamentos del Derecho Civil, 3era ed. Barcelona,

España, 1985, pág. 443.

16 J. Vélez Torres, Derecho de Obligaciones, 2da ed. San Juan, PR,

1997, pág. 275.

14

CC-2018-0498

20

párrafo del artículo 1060 del Código Civil, 31 LPRA sec.

3024, estos “son los previstos o los que se hayan podido

prever al tiempo de constituirse la obligación y que sean

consecuencia necesaria de la falta de cumplimiento de la

obligación”.

Por

su

consciente,

parte,

el

intencionada

dolo

consiste

en

la

omisión

y

voluntaria

de

eludir

el

cumplimiento de la obligación con conocimiento de que se

realiza un acto injusto. Colón v. Promo Motor Imports,

Inc.,

144

DPR

659,

American,

112

DPR

668

329,

(1997).

340

Véase

(1982);

Canales

Márquez

v.

v.

Pan

Torres

Campos, 111 DPR 854, 864 (1982). Según el tratadista José

Ramón Vélez Torres, “[e]s el actuar de mala fe, aunque en

ello

no

haya

intención

premeditada

de

causar

daño

al

acreedor. No es preciso […] el ánimo de dañar, sino la

voluntad de incumplir”.17 Así, a diferencia del dolo en el

consentimiento

al

momento

de

otorgar

el

contrato

-que

pudiera producir la nulidad del contrato- el dolo en el

cumplimiento de la obligación da lugar a una reclamación en

daños.18

El

Código

Civil

dispone

que

la

responsabilidad

procedente del dolo es exigible en todas las obligaciones.

Art. 1055 del Código Civil, 33 LPRA sec. 3019. Sobre los

daños y perjuicios en caso de dolo, el deudor responderá de

todos

17

18

los

que

Íd., pág. 274.

Íd.

conocidamente

se

deriven

de

la

falta

de

CC-2018-0498

21

cumplimiento de la obligación. Art. 1060 del Código Civil,

33 LPRA sec. 3024. Por lo tanto, el deudor que incurre en

dolo en el cumplimiento de su obligación está sujeto a

indemnizar al acreedor por todos los daños que surjan de

ese incumplimiento.

Cabe señalar que, en nuestro ordenamiento jurídico,

hay

un

deber

de

actuar

de

buena

fe

en

las

relaciones

contractuales. Este principio obliga a los contratantes “no

solo

al

cumplimiento

de

lo

expresamente

pactado,

sino

también a todas las consecuencias que según su naturaleza

sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley”. Art. 1210

del Código Civil, 33 LPRA sec. 3375. Basándose en esta

disposición, nuestra jurisprudencia ha reconocido que, de

acuerdo con la naturaleza de la relación jurídica entre las

partes, la buena fe crea deberes especiales de conducta

exigibles en cada contrato. Arthur Young & Co. v. Virgilio

Vega III, 136 DPR 157, 170 (1994). De manera que “todo

contrato debe tener como pilar principal el principio de la

buena fe”. Íd.

III

PDL

alega

que

el

Tribunal

de

Apelaciones

erró

al

denegar su recurso de certiorari pues sostiene que la Orden

del Tribunal de Primera Instancia de la que se recurre no

es

de

carácter

procesal,

sino

de

carácter

dispositivo.

Arguye que dicha orden le impide presentar prueba sobre la

causa de acción de daños y perjuicios por mala fe, dolo,

negligencia o mora, lo que tiene el efecto práctico de

CC-2018-0498

22

desestimar varias de sus alegaciones. Además, sostiene que

presentó la reclamación en un momento idóneo pues esperar a

la apelación de la sentencia final sería un fracaso de la

justicia si se toma en consideración que el Tribunal de

Primera Instancia dispondría del caso sin evaluar prueba

alguna sobre todas las alegaciones. En todo caso, sostiene

que

la

fracciona

determinación

del

foro

indebidamente

el

caso

apelativo

intermedio

causa

dilación

y

una

indeseable a la solución de un pleito que comenzó hace casi

quince (15) años. Esto, pues el foro primario tendría que

atender la reclamación por mala fe, dolo o mora en una

tercera etapa que no existe.

Por su parte, AIG alegó que la intención de PDL con

este recurso es que revisemos la Sentencia de 2015 la cual

advino final y firme. Así, sostuvo que esa determinación

del

foro

apelativo

intermedio

no

es

revisable.

También

resaltó que las alegaciones de mala fe que aduce PDL son

planteamientos prematuros sobre temeridad en el trámite del

caso

los

cuales

deben

determinarse

cuando

se

dicte

la

sentencia final.19

La

encomienda

inicial

que

el

Tribunal

de

Primera

Instancia delegó al Comisionado se limitó a atender si se

No obstante, adelantamos que la conducta de mala fe y dolo que PDL

le imputa a AIG se refiere a su conducta durante el proceso de

reclamación de la fianza previo al reclamo judicial. Por lo tanto, no

le asiste la razón a AIG en cuanto a ese extremo. Cabe señalar que, si

bien AIG en su alegato presentó varios argumentos tendentes a

demostrar que no incurrió en dolo en la tramitación de reclamación de

PDL, no entramos a discutirlos debido a que estos no son pertinentes a

la controversia ante nuestra consideración, a saber: si PDL tenía

derecho a presentar evidencia sobre la conducta negligente o dolosa en

la que presuntamente incurrió AIG durante la tramitación de la

reclamación de fianza.

19

CC-2018-0498

23

incumplió con el contrato de construcción y, de ser ese el

caso,

determinar

la

responsabilidad

de

la

fiadora

como

consecuencia. Así, en la Sentencia de 2015, el Tribunal de

Apelaciones se limitó a resolver que: (1) MCC incumplió con

el contrato de construcción, por lo cual (2) se activó la

responsabilidad de AIG al amparo del contrato de fianza.

Sin embargo, el foro apelativo no adjudicó o atendió la

responsabilidad de AIG por razón de su alegada conducta de

mala fe o dolo durante la tramitación de la reclamación de

la fianza. Simple y llanamente, ese asunto no estuvo ante

su consideración en aquel momento. Por lo tanto, no podemos

concluir que la Sentencia de 2015 exoneró a AIG de su

responsabilidad por los daños que PDL alegó fueron producto

de mala fe, dolo o mora.

Así, la expresión del foro apelativo intermedio en la

Sentencia de 2015 a los efectos de que AIG deberá responder

por los daños y perjuicios “hasta un total ascendente a

$13,282,000.00” se refiere únicamente a los daños por los

que responde la fianza tras el incumplimiento de MCC con el

contrato de construcción. Ese total concierne solamente a

la responsabilidad de AIG por su obligación, como fiadora

de MCC, de cumplir con el contrato de construcción. Ese

monto no implica la totalidad de los daños que pudo haber

causado AIG por su propia conducta de mala fe o dolo en el

cumplimiento de su obligación de desembolsar la fianza, a

tenor

con

el

Art.

1060

del

Código

Civil,

supra.

Lo

anterior, pues esa reclamación no emana del incumplimiento

CC-2018-0498

24

de MCC, lo cual a su vez activó la responsabilidad de AIG

bajo

el

contrato

de

fianza,

sino

de

la

conducta

presuntamente dolosa o de mala fe de la fiadora en el

cumplimiento de su obligación de desembolsar la fianza.

Ciertamente, el Art. 1726 del Código Civil, 31 LPRA

sec. 4876, establece que la fianza no puede extenderse a

más de lo contenido en ella. No obstante, lo anterior no es

incompatible con la reclamación de PDL, pues el límite que

establece la disposición se refiere a los daños por los que

responde

la

fianza,

independientes

incumple

por

los

los

dolosamente

cuales

que

con

no

incluyen

respondería

la

obligación

la

los

daños

fiadora

que

si

contrajo

libremente bajo el contrato de fianza. Es decir, se trata

de señalamientos sobre fuentes de derecho independientes.

La causa por la que se activa el desembolso de la fianza es

la obligación de garantía que contrajo la fiadora a base

del

contrato

de

construcción

hasta

el

tope

de

$13,282,000.00. Sin embargo, la causa para el reclamo por

los daños totales surge de la obligación de la fiadora de

cumplir con su obligación conforme al principio de buena

fe. Precisamente lo que el acreedor de una fianza espera

que haga una fiadora es cumplir con lo que se expresó en el

contrato y actuar de manera razonable en respuesta a una

reclamación. Por lo tanto, de acuerdo con los Arts. 1054 y

1060 del Código Civil, supra, si un acreedor prueba que la

fiadora incurrió en dolo o mala fe en el cumplimiento de su

obligación, tiene derecho a reclamar una indemnización por

CC-2018-0498

la

25

totalidad

de

los

daños

que

sufrió

a

causa

de

su

faculta

al

incumplimiento.

Por

otra

parte,

la

Tribunal

de

Apelaciones

Regla

52.1,

a

revisar

supra

determinaciones

interlocutorias en las cuales esperar el final del caso

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. La

enmienda que introdujo la Ley Núm. 177-2010 reconoció que

ciertas decisiones interlocutorias del Tribunal de Primera

Instancia pueden afectar sustancialmente el resultado de un

pleito o tener efectos limitativos para la reclamación de

una

parte.

Municipio

Autónomo

de

Caguas

v.

JRO

Construction, Inc., et al., supra. Tales determinaciones se

pueden revisar excepcionalmente bajo la Regla 52.1, supra.

En este caso, PDL recurrió de un asunto interlocutorio

que, conforme la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra,

era

revisable

por

tratarse

de

un

sustancialmente

la

reclamación

de

dictamen

PDL

a

que

tal

limitó

punto

que

dispuso de varias de las alegaciones de la demanda. Esta

Regla cobra una importancia mayor en el contexto particular

de este caso, el cual comenzó hace más de quince (15) años

y en el cual se ha recurrido al foro apelativo intermedio

en

tres

ocasiones,

dos

de

ellas

para

revisar

determinaciones del Tribunal de Primera Instancia sobre la

reclamación

de

PDL

por

dolo

contractual.

Este

trámite

procesal extenso, unido a que la decisión del foro primario

limitó sustancialmente la reclamación de PDL, es suficiente

para demostrar que obligar a PDL a esperar a que recaiga

CC-2018-0498

sentencia

26

constituiría

un

fracaso

irremediable

de

la

justicia conforme la Regla 52.1, supra, y su jurisprudencia

interpretativa.

Resolver

lo

contrario

contravendría

el

principio de economía procesal, pues retrasaría aún más y

de forma innecesaria la adjudicación de una controversia

medular para el ejercicio efectivo de la reclamación por

dolo contractual en la que PDL insistió desde el inicio del

pleito.

Igualmente,

identifica

la

Apelaciones,

tomados

Regla

40

supra,

en

conjunto,

del

Reglamento

favorecían

los

expedir

criterios

que

del

Tribunal

de

el

recurso

de

certiorari. Según vimos, los fundamentos que empleó el foro

primario para negarle a PDL la oportunidad de presentar

prueba

sobre

derecho.

Regla

dolo

contractual

40(A),

supra.

El

no

fueron

caso

correctos

está

en

su

en

etapa

final, por lo que exigir que PDL hiciera valer su reclamo

por

la

totalidad

de

los

daños

en

una

etapa

posterior

hubiese obligado al foro primario a fraccionar aún más el

caso

y

dilatado

los

procesos

innecesariamente.

Reglas

40(E), (F), supra. Finalmente, según se discutió, obligar a

PDL a esperar a que recayese una sentencia –tomando en

consideración (1) el trámite procesal extenso y accidentado

de este caso y (2) que la decisión del foro primario limitó

sustancialmente

su

reclamación–

hubiese

constituido

un

fracaso irremediable de la justicia. Regla 40(G), supra.

El

dictamen

del

foro

apelativo

intermedio

tuvo

el

efecto de avalar la determinación del Tribunal de Primera

CC-2018-0498

Instancia

que

27

dispone

indirectamente

de

parte

de

la

reclamación del demandante, a saber: las alegaciones sobre

la mala fe o dolo de AIG en el proceso de reclamación de la

fianza. Como vimos, disponer de esa reclamación de esa

forma no procedía en derecho.

En vista de que PDL no ha tenido la oportunidad de

presentar prueba sobre todos los daños que reclamó en la

demanda y de que la Sentencia de 2015 no limitó los daños

que PDL puede reclamar, pues no tuvo ante su consideración

las controversias sobre mala fe y dolo, resolvemos que el

Tribunal

de

Apelaciones

erró

al

denegar

expedir

el

revocamos

la

certiorari.

IV

Por

los

fundamentos

que

anteceden,

determinación del Tribunal de Apelaciones y devolvemos el

caso al Tribunal de Primera Instancia para que le permita a

PDL presentar prueba sobre todos los daños que alegó y

continúe

con

los

procedimientos

conforme

con

lo

aquí

resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

Maite D. Oronoz Rodríguez

Jueza Presidenta

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

800 Ponce de León Corp.

Peticionaria

v.

American

International

Insurance Company of Puerto

Rico

CC-2018-0498

Certiorari

Recurrida

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de septiembre de 2020.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la

presente Sentencia, revocamos la determinación del

Tribunal de Apelaciones y devolvemos el caso al

Tribunal de Primera Instancia para que le permita a

PDL presentar prueba sobre todos los daños que alegó y

continúe con los procedimientos conforme con lo aquí

resuelto.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria

del Tribunal Supremo Interina. El Juez Asociado señor

Martínez Torres emitió una Opinión Disidente. La Juez

Asociada señora Rodríguez Rodríguez disintió sin

opinión. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco no

interviene.

Secretaria

María I. Colón Falcón

del

Tribunal

Supremo

Interina

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

800 Ponce de León Corp.

Peticionaria

v.

CC-2018-0498

American International Insurance

Company of Puerto Rico

Recurrida

Opinión disidente emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES.

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de septiembre de 2020.

Disiento

suscribe

este

respetuosamente

Tribunal.

La

de

la

Opinión

interpretación

que

que

una

mayoría de este Tribunal le da a la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, infra, es contraria a esta.

En primer lugar, el recurso del cual la parte

peticionaria recurre es uno interlocutorio y no uno

que dispone del caso en su totalidad, contrario a lo

que sugiere la Opinión. Véase, Opinión, pág. 23.

En

segundo

argumentar

que

lugar,

como

el

la

Opinión

caso

de

se

equivoca

epígrafe

tuvo

al

un

trámite procesal extenso, “obligar a PDL a esperar a

que

recaiga

sentencia

constituiría

un

fracaso

CC-2018-0498

2

irremediable de la justicia conforme la Regla 52.1, supra, y su

jurisprudencia interpretativa “. Íd. El trámite atropellado de un

caso, por sí solo, no es fundamento suficiente para no cumplir con

los requisitos de la Regla 52.1, infra, pues los peticionarios no

quedan desprovistos de un remedio para hacer valer sus derechos. Por

el contrario, cuentan con el mecanismo de la apelación dispuesto en

nuestras Reglas de Procedimiento Civil.

La regla exige que el fracaso de la justicia sea irremediable

y este no lo es. La omisión de ese requisito reglamentario de

irremediabilidad crea un precedente perjudicial que aniquilará el

propósito que nos impulsó al adoptar la Regla 52.1: limitar la

expedición

de

recursos

de

certiorari

para

revisar

órdenes

y

resoluciones interlocutorias.

I.

El

trámite

de

este

litigio

se

recoge

en

la

Opinión

del

Tribunal. Por lo tanto, lo adopto por referencia. 800 Ponce de León

Corp.

(en

adelante,

PDL)

acude

apelativo

intermedio

erró

al

ante

nos

declararse

y

señala

sin

que

el

jurisdicción

foro

y

no

expedir el auto de certiorari.

En específico, PLD argumenta que el foro primario erró al no

permitirle

presentar

alegadamente,

evidencia

American

de

los

International

daños

Insurance

particulares

Company

of

que,

Puerto

Rico (en adelante, AIG) le ocasionó al supuestamente actuar con dolo

durante el trámite de la reclamación. Opinión, Pág. 7.

II.

El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional

que

permite

a

un

tribunal

de

mayor

jerarquía

revisar

las

determinaciones de un foro inferior. IG Builders Corp. v. BBVAPR,

CC-2018-0498

3

185 DPR 307, 337-338 (2012). La determinación de expedir o denegar

un recurso de certiorari está enmarcada dentro de la discreción

judicial.

Íd.

Dicha

discreción

es

“una

forma

de

razonabilidad

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión

justiciera”. Bco. Popular de PR v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651,

657-658 (1977).

De

igual

manera,

hemos

reiterado

que

los

“tribunales

apelativos no deben intervenir con determinaciones emitidas por el

foro primario y sustituir el criterio utilizado por este último en

el ejercicio de su discreción, salvo que se pruebe que dicho foro

actuó

con

prejuicio

o

parcialidad,

incurrió

en

craso

abuso

de

discreción, o que incurrió en error manifiesto”. Citibank et al. V.

ACBI et al. 200 DPR 724,736 (2018). Énfasis nuestro.

III.

Por su parte, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 52.1, delimita las instancias en las cuales el Tribunal de

Apelaciones

tiene

jurisdicción

para

atender

los

recursos

de

certiorari. En lo aquí pertinente, dicha regla dispone que “[e]l

recurso

de

certiorari

interlocutorias

dictadas

para

por

revisar

el

resoluciones

Tribunal

de

Primera

u

órdenes

Instancia,

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se

recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la

denegatoria de una moción de carácter dispositivo”.32 LPRA Ap. V, R.

52.1

La regla añade que el Tribunal de Apelaciones puede revisar

resoluciones

Instancia

u

órdenes

cuando

se

interlocutorias

recurra

sobre

del

Tribunal

decisiones

en

de

cuanto

Primera

a

“la

CC-2018-0498

4

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos

relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en

casos

de

relaciones

de

familia,

en

casos

que

revistan

interés

público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia”. Id.

Énfasis suplido.

Este

análisis

no

es

uno

aislado,

pues

la

Regla

40

del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40,

establece

los

criterios

que

el

foro

apelativo

intermedio

evaluar al expedir un auto de certiorari. Esta Regla dispone:

Regla 40. Criterios para la expedición del auto

de certiorari

El

tribunal

tomará

en

consideración

los

siguientes criterios al determinar la expedición de

un auto de certiorari o de una orden de mostrar

causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son

contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más

indicada para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error

craso y manifiesto en la apreciación de la prueba

por el Tribunal de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más

detenida a la luz de los autos originales, los

cuales deberán ser elevados, o de alegatos más

elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta

el caso es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de

mostrar causa no causan un fraccionamiento indebido

del pleito y una dilación indeseable en la solución

final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de

mostrar causa evita un fracaso de la justicia. 4

LPRA Ap. XXII-B

debe

CC-2018-0498

5

Es importante destacar que lo que nos llevó a adoptar la Regla

52.1, supra, fue agilizar los procedimientos judiciales y reducir las

instancias en las cuales las partes podrían acudir al Tribunal de

Apelaciones para revisar órdenes y resoluciones interlocutorias, al

limitarlas solamente a la revisión de órdenes dispositivas. Véase,

Hon. Federico Hernández Denton, En ocasión de la presentación de las

nuevas

Reglas

de

Procedimiento

Civil

en

la

Academia

Judicial

Puertorriqueña (28 de enero de 2010). De ese modo, se procuró evitar

dilaciones

innecesarias,

el

fraccionamiento

de

causas

y

las

intervenciones a destiempo. Como afirma Cuevas Segarra en su Tratado

de Derecho Procesal “...estas limitaciones lo que efectivamente hacen

es

restaurarle

al

certiorari

su

característica

de

remedio

extraordinario y especial que había perdido ante normas procesales

amplias y liberales que no imponía cortapisas a la sobre utilización

del

mismo

para

la

revisión

de

órdenes

y

resoluciones

interlocutorias…”. J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal

Civil, 2da ed., Pubs. JTS, 2011, T. IV, 1503.

En el caso ante nuestra consideración, estamos frente a la

denegatoria de una solicitud de presentación de pruebas sobre unos

alegados daños particulares. Este es un asunto interlocutorio, cuyo

resultado no dispone del caso. Además, el tipo de solicitud aquí en

controversia no está entre las instancias permitidas por la Regla

52.1, supra. Ante esa realidad, la única forma en la cual el foro

apelativo intermedio podría revisar la determinación interlocutoria

del foro primario es que el asunto en controversia esté revestido de

interés público o que esperar a la apelación constituiría un fracaso

irremediable

de

la

justicia.

En

la

controversia

ante

consideración no se cumple con ninguna de estas instancias.

nuestra

CC-2018-0498

6

En primer lugar, el asunto en controversia no está revestido de

interés público. Estamos ante la denegatoria de una solicitud de

presentación de prueba. Esta es una disputa puramente procesal.

En segundo lugar, no atender la controversia en estos momentos

no causaría un fracaso irremediable de la justicia, debido a que el

peticionario

no

se

queda

desprovisto

de

remedio

para

revisar

cualquier determinación que en su día resuelva el foro primario.

Según la Opinión, “obligar a PDL a esperar a que recaiga sentencia

constituiría un fracaso irremediable de la justicia conforme la Regla

52.1, supra, y su jurisprudencia interpretativa”. Opinión, pág. 23.

En este caso, de persistir la denegatoria a admitir la prueba que la

parte

peticionaria

desea

presentar,

si

el

error

cometido

es

perjudicial y si la peticionaria tiene razón en su planteamiento, el

foro apelativo podría revocar la sentencia y devolver el caso al foro

primario.

Allí,

en

esa

excluida

erróneamente

y

situación,

procedería

dictar

nueva

una

recibir

sentencia.

la

No

prueba

se

deja

indefensa y sin remedio a la parte peticionaria. Por consiguiente, no

hay un fracaso irremediable de la justicia.

Cualquier error de derecho en la etapa interlocutoria es, por

definición, un fracaso de la justicia. Por eso, para que el Tribunal

de

Apelaciones

intervenga

en

la

etapa

interlocutoria

no

basta

concluir que el foro primario cometió un error. Tiene que tratarse de

un

error

perjudicial

que

deje

sin

remedio

efectivo

a

la

parte

afectada si el tribunal no interviene en esa etapa. Al requerir que

el fracaso de la justicia sea irremediable —opuesto a remediable— la

Regla, 52.1, supra, limita las instancias en las cuales el foro

apelativo

intermedio

puede

intervenir

en

las

determinaciones

interlocutorias del foro primario. Por lo tanto, el foro apelativo

CC-2018-0498

7

intermedio tiene que evaluar si el error que se le está solicitando

remediar

es

de

tal

magnitud

que

de

no

atenderse

en

el

momento

colocaría al peticionario en una posición de indefensión y no se

podría conceder un remedio justo y efectivo en la etapa de apelación.

No es suficiente que el peticionario alegue que el foro primario se

equivocó o que la determinación de dicho foro le afecte de alguna

forma. Tiene que probar que el error es de tal magnitud que esperar a

la apelación le causaría un fracaso irremediable de la justicia, es

decir, que le dejaría sin un remedio eficaz. En el presente caso, el

peticionario no logró demostrar que la denegatoria de presentación de

evidencia le causaría un perjuicio de tal magnitud que no remediarlo

de inmediato – en la etapa interlocutoria- resultaría en un fracaso

irremediable de la justicia.

Más aún, si tomamos como correcta la interpretación que la

mayoría

le

da

determinación

a

la

Regla

interlocutoria

52.1,

de

un

supra,

foro

entonces

inferior

que

cualquier

coloque

al

demandante en posición de apelar el asunto luego de una sentencia

final, constituye un fracaso irremediable de la justicia que autoriza

la

intervención

de

los

foros

apelativos.

Por

lo

foro

apelativo

intermedio

para

negarse

discreción

del

cualquier

recurso

de

certiorari,

pues

tanto,

toda

a

no

hay

expedir

determinación

interlocutoria errónea constituiría un fracaso irremediable de la

justicia. Esto altera la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra.

Además, la interpretación equivocada que la Opinión le da a la Regla

52.1, íd., tendrá como consecuencia directa un torrente de recursos

de certiorari innecesarios en nuestros foros apelativos, presentados

con

el

pretexto

de

que

esperar

a

la

apelación

le

causaría

al

peticionario un perjuicio que, si no se corrige inmediatamente, sería

un fracaso irremediable de la justicia.

CC-2018-0498

8

Insisto en que el propósito de la Regla 52.1, supra, es reducir

las

instancias

en

las

cuales

el

foro

apelativo

intermedio

puede

intervenir con las determinaciones discrecionales interlocutorias del

foro primario. Este es el caso, salvo que el asunto en controversia

esté contemplado entre las instancias en que la misma Regla 52.1,

supra, autoriza la intervención del foro apelativo intermedio o que,

por

excepción,

esperar

a

la

apelación

constituiría

un

fracaso

irremediable de la justicia.

IV.

En

el

caso

ante

nuestra

consideración,

el

foro

apelativo

intermedio no erró al negarse a intervenir en la determinación del

foro recurrido. No es un fracaso irremediable de la justicia esperar

a la apelación para revisar todos los señalamientos de error que hace

la parte peticionaria.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES

Juez Asociado