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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Rivera Lamberty v. Rodríguez Amador

2020 TSPR 105

Poder Judicial de Puerto Rico

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Rivera Lamberty v. Rodríguez Amador

CC-2017-6

Sentencia con Voto Particular Disidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Karla Tatiana Rivera Lamberty

Certiorari

Peticionaria

V.

2020 TSPR 105

José Alberto Rodríguez Amador

205 DPR _____

Recurrido

Número del Caso:

Fecha:

CC-2017-6

16 de septiembre de 2020

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Carolina y Humacao, Panel X

Abogados de la parte peticionaria:

Lcda. Pilar B. Pérez Rojas

Lcdo. Carlos A. Cabán García

Abogado de la parte recurrida:

Lcdo. Rubén E. Falú Allende

Materia:

Sentencia con Voto Particular Disidente

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Karla Tatiana Rivera Lamberty

Peticionaria

v.

Certiorari

CC-2017-0006

José Alberto Rodríguez Amador

Recurrido

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de septiembre de 2020.

Un matrimonio se divorcia y el exesposo reside

solo

en

vivienda

la

propiedad

familiar.

ganancial

que

¿Significa

constituía

esto

que

la

usó

ilícitamente el bien de la comunidad postganancial y

que está obligado a pagarle a su exesposa un crédito

por

ese

uso?

Por

los

fundamentos

que

exponemos

a

continuación, resolvemos que el mero uso de la cosa

común por uno solo de los comuneros no convierte ese

uso

en

uno

ilícito

que

justifique

una

acción

de

resarcimiento. Ahora bien, la indemnización sí procede

si se infringe una reglamentación específica del uso,

si al comunero afectado se le impide utilizar el bien

o si hay un requerimiento de renta, por ejemplo, del

CC-2017-0006

2

comunero lesionado por el uso incompatible con su derecho.

I

La Sra. Karla Tatiana Rivera Lamberty (peticionaria o

señora Rivera Lamberty) y el Sr. José Rodríguez Amador

(recurrido

o señor Rodríguez Amador)

estuvieron casados

desde el 1998 hasta el 1 de octubre de 2008, cuando el

matrimonio se disolvió mediante Sentencia de divorcio que

se notificó el 6 de octubre de 2008. Tres días después, la

señora Rivera Lamberty presentó una demanda mediante la

cual

solicitó

la

liquidación

de

la

Sociedad

Legal

de

Gananciales. Indicó que “por información y creencia, [el

señor

Rodríguez

Apartamento

207,

Amador]

Viejo

reside

San

en

Juan,

la

calle

Puerto

Cruz

Rico

107

00901”. 1

Alegó, entre otras cosas, que “la mayoría de los bienes

gananciales

parte

han

estado

demandada”. 2

control

sobre

las

En

bajo

el

absoluto

particular,

cuentas

de

control

mencionó

banco,

la

que

de

la

tiene

administración

exclusiva de bienes de la Sociedad Legal de Gananciales,

así como la participación de esta última en negocios y

corporaciones.3

En su contestación a la demanda el señor Rodríguez

Amador

aclaró

propiedad

de

que

la

en

diciembre

comunidad

de

2008

postganancial

se

mudó

a

la

ubicada

en

la

Demanda, Apéndice, pág. 89.

Íd.

3 Ese mismo día, la Sra. Karla Tatiana Rivera Lamberty presentó una

Moción urgente solicitando remedios provisionales en protección de los

bienes de la Sociedad Legal de Gananciales. En síntesis, solicitó que

el foro primario emitiera varias órdenes provisionales para evitar la

dilapidación de los bienes de la Sociedad Legal de Gananciales.

Apéndice, págs. 95-97.

1

2

CC-2017-0006

3

Urbanización Andrea’s Court debido a que la señora Rivera

Lamberty abandonó la misma sin pagar la hipoteca, la luz y

la cuota de mantenimiento.4

El foro primario realizó varias vistas en las que las

partes presentaron prueba documental y testifical. Una de

las controversias a dirimir era los créditos a los que

tenía derecho la señora Rivera Lamberty por el alegado uso

exclusivo del señor Rodríguez Amador de la residencia en

la Urbanización Andrea’s Court. El señor Rodríguez Amador

alegó que permaneció en el inmueble para protegerlo y que

la

señora

Rivera

Lamberty

abandonó

voluntariamente

la

propiedad, nunca reclamó su uso y no aportó a los pagos de

la hipoteca ni mantenimiento. Sostuvo que no era viable

vender la propiedad porque valía menos de lo adeudado y

tampoco era conveniente rentarla por una cantidad inferior

al pago mensual de la hipoteca. Según el señor Rodríguez

Amador, si la señora Rivera Lamberty tenía algún derecho,

este sería a partir de junio de 2015, cuando reclamó el

crédito por primera vez.

El Tribunal de Primera Instancia declaró disuelta la

comunidad

postganancial.

Sobre

la

propiedad

en

la

Urbanización Andrea’s Court, el foro primario dio entera

credibilidad

al

testimonio

del

señor

Rodríguez

Amador.

Señaló que no podía concluir “que el [señor] Rodríguez

Amador ocupó la vivienda de manera exclusiva y mucho menos

4

Contestación a la demanda, Apéndice, pág. 122.

CC-2017-0006

4

que actuó en contra del patrimonio comunitario”. 5 Basándose

en la Sentencia que se emitió en Meléndez v. Maldonado,

175 DPR 1007 (2009), y en la Opinión de conformidad de la

Juez Asociada Rodríguez Rodríguez, el foro de instancia

resolvió

que

el

crédito

en

concepto

de

rentas

debía

computarse desde que la señora Rivera Lamberty lo reclamó

expresamente en junio de 2015 y no desde que el señor

Rodríguez Amador se mudó a la residencia ganancial.

Para

computar

ese

crédito,

el

foro

primario

estableció una renta promedio de $1,900 para los trece

meses -de junio de 2015 a julio de 2016- que el señor

Rodríguez

Amador

usó

exclusivamente

la

propiedad.

Así,

estimó que la señora Rivera Lamberty tenía derecho a un

crédito de $12,350. 6 Además, el Tribunal estableció que la

señora

Rivera

Lamberty

tenía

derecho

a

un

crédito

de

$24,918.30, pues el señor Rodríguez Amador se benefició

exclusivamente de un crédito contributivo de $49,836.60.

Sumados ambos créditos, la señora Rivera Lamberty tenía un

total de $37,268.30 en créditos por la propiedad en la

Urbanización Andrea’s Court.

El foro de instancia determinó además que el señor

Rodríguez

Amador

pagó

$265,630.67

en

gastos

de

mantenimiento y de préstamo hipotecario desde octubre de

2008

a

costeó

junio

de

2016.

esas

deudas

con

Como

el

dinero

señor

Rodríguez

privativo,

el

Amador

Tribunal

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice, pág. 73.

$1,900 multiplicado por trece es $24,700. Esa cantidad dividida entre

los dos miembros de la comunidad postganancial equivale a $12,350.

5

6

CC-2017-0006

5

reconoció un crédito a su favor de $132,815.33, es decir,

la mitad de lo pagado.

El

Tribunal

de

Primera

Instancia

también

adjudicó

otras controversias, entre ellas los créditos que reclamó

la señora Rivera Lamberty con relación a: (1) los bienes

muebles

de

la

residencia

en

Court;

(2)

un

apartamento

la

en

Urbanización

Bayside

Cove;

Andrea’s

(3)

una

propiedad ganancial ubicada en Vista Real en Fajardo; y

(4) las corporaciones People’s Marine, MSL Liquor Store y

Villas del Paraíso.

Finalmente,

el

foro

primario

determinó

que

los

activos comunitarios sumaban $137,029.34 y el único pasivo

era la hipoteca que gravaba el inmueble en Andrea’s Court.

A su vez, atendidas todas las reclamaciones, reconoció a

la señora Rivera Lamberty un crédito de $163,002.17 y al

señor Rodríguez Amador un crédito de $418,491.69 sobre la

totalidad de los bienes, lo cual implicó que este último

tuvo un crédito neto de $255,489.52. Por consiguiente, el

foro primario adjudicó a su favor el inmueble en Andrea’s

Court.

Además,

ordenó

que

una

deuda

con

el

Centro

de

Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) se pagara con

el dinero consignado en el tribunal y que el sobrante, si

alguno, se abonara al crédito del señor Rodríguez Amador.

Inconforme, el 19 de agosto de 2016 la señora Rivera

Lamberty

recurrió

ante

el

foro

apelativo

intermedio

mediante un recurso de apelación. Reclamó tener un crédito

a su favor por la renta que el señor Rodríguez Amador le

CC-2017-0006

adeudaba,

octubre

a

de

6

partir

de

la

fecha

del

2008,

por

el

tiempo

en

la

propiedad.

exclusivamente

de

determinaciones

del

foro

divorcio

el

que

benefició

Además,

primario

se

impugnó

sobre

los

1

de

otras

créditos

concedidos a ambas partes.

Por su parte, el 16 de septiembre de 2016 el señor

Rodríguez Amador presentó un Alegato en Oposición. Alegó

que

la

peticionaria

incumplió

con

la

Regla

19

del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXI-B,

sobre la reproducción de la prueba oral. Por lo tanto,

adujo que la señora Rivera Lamberty no puso en posición al

Tribunal

otorgó

de

el

Apelaciones

foro

primario

de

evaluar

a

los

la

credibilidad

testimonios

que

presentados.

Sobre la controversia en los méritos, este reiteró los

argumentos

que

presentó

en

el

Tribunal

de

Primera

Instancia.

Posteriormente, el 18 de octubre de 2016 la señora

Rivera

Lamberty

solicitó

“un

término

de

30

días

para

obtener la regrabación y transcripción estipulada de la

prueba desfilada ante el TPI”. 7 Alegó que fue una omisión

involuntaria producto de una situación de salud del hijo

de

su

representante

legal.

En

su

oposición,

el

señor

Rodríguez Amador resaltó que la peticionaria presentó su

solicitud un mes, cuatro semanas y un día luego de que

presentó el recurso de apelación. Ello, a pesar de que la

Regla

7

19(B)

del

Reglamento

del

Tribunal

de

Apelaciones

Moción en Solicitud de Regrabación, Apéndice, pág. 1544.

CC-2017-0006

7

establece que “[l]a parte apelante deberá acreditar dentro

del término de diez (10) días siguientes a la presentación

de

la

apelación,

que

el

método

de

reproducción

de

la

prueba oral que utilizará es el que propicia la más rápida

dilucidación del caso”.8

El 7 de noviembre de 2016 el Tribunal de Apelaciones

notificó una Sentencia en la que confirmó al Tribunal de

Primera Instancia, salvo por corregir un error del foro

primario en la suma de los créditos que le corresponden a

cada

una

de

las

partes.

Sobre

la

controversia

de

los

créditos por el alegado uso exclusivo, el foro apelativo

resolvió que el derecho de la señora Rivera Lamberty a

recibir el pago de la renta comenzó a partir de junio de

2015, fecha en que solicitó el crédito por primera vez.

Por otro lado, resaltó que la peticionaria incumplió con

la Regla 19 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones al

no presentar una transcripción sobre la prueba oral que se

presentó

limitó

en

a

el

hacer

reproducción

de

foro

primario.

meras

la

Como

alegaciones

prueba

oral,

la

peticionaria

se

y

no

la

el

foro

presentó

apelativo

intermedio evaluó cada uno de los señalamientos de error

de la peticionaria a la luz de

las determinaciones de

hechos y la credibilidad conferida por el foro primario.

Luego de que su solicitud de reconsideración fuese

rechazada, la señora Rivera Lamberty presentó un recurso

Oposición a Solicitud

Apéndice, pág. 1548.

8

sobre

Regrabación

de

los

Procedimientos,

CC-2017-0006

de

8

certiorari

ante

este

Tribunal.

Planteó

los

señalamientos de errores siguientes:

PRIMER ERROR: Erró el Tribunal de Apelaciones al

denegar la moción de la Peticionaria solicitando

la reproducción de la prueba y resolver la

apelación en los méritos sin la transcripción de

la prueba, lo que constituyó, de facto, una

desestimación,

sin

seguir

la

normativa

jurisprudencial de sanciones progresivas y/o

advertencias a la representación legal antes de

privar a una parte de su derecho apelativo.

SEGUNDO ERROR: Erró el Tribunal de Apelaciones

al limitar el reclamo de la Peticionaria de

renta sobre la propiedad comunal de Andrea’s

Court a partir de junio de 2015.

TERCER ERROR: Erró el Tribunal de Apelaciones al

considerar de forma incompleta el recurso,

omitir evaluar la diversa prueba documental y

por lo tanto adjudicar erróneamente diversas

controversias,

tales

como

confirmar

la

determinación del TPI de que el Recurrido no era

accionista de People’s Marine a pesar de la

prueba documental en contrario y que el propio

Recurrido lo aceptó en la contestación de la

demanda; al igual que otras controversias.

Tras evaluar los argumentos, expedimos el recurso.

Con

el

beneficio

de

la

comparecencia

de

ambas

partes,

resolvemos.

II

A. Reproducción de la prueba oral

La

Regla

19(A)

del

Reglamento

del

Tribunal

de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, dispone que cuando una

parte

apelante

en

un

caso

civil

señale

un

error

relacionado con la suficiencia o la apreciación errónea de

la

prueba

testifical

someterá

exposición

estipulada

o

importancia

radica

en

una

que

una

transcripción,

exposición

si

la

parte

una

narrativa.

Su

apelante

no

CC-2017-0006

9

reproduce la prueba oral el tribunal apelativo no podrá

cumplir cabalmente su función revisora. Álvarez v. Rivera,

165 DPR 1, 13 (2005). Esto, pues, sin la reproducción de

la prueba oral los tribunales apelativos no podrán evaluar

si las determinaciones de hechos del juzgador se basaron

en

pasión,

prejuicio,

parcialidad

o

error

manifiesto.

Véase Santiago Montañez v. Fresenius Medical, 195 DPR 476

(2016);

véase

también

la

Regla

42.2

de

Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V.

Además de requerir la reproducción de la prueba oral,

el Reglamento del Tribunal de Apelaciones también regula

cómo debe solicitarse. La Regla 19(B) exige que la parte

apelante “acredit[e] dentro del término de diez (10) días

siguientes

a

la

presentación

de

la

apelación,

que

el

método de reproducción de la prueba oral que utilizará es

el

que

propicia

la

más

rápida

dilucidación

del

caso,

pudiendo el tribunal determinar el método que alcance esos

propósitos”.

dispone

4

que

transcripción

LPRA

Ap.

XXII-B.

cuando

la

prueba

se

seguirá

el

Además,

se

proceso

la

Regla

reproduzca

de

la

Regla

20

por

76,

mientras que cuando se utilice la exposición estipulada o

narrativa se hará conforme con la Regla 76.1. 4 LPRA Ap.

XXII-B.

Sobre

el

proceso

de

transcripción,

conviene

destacar que la Regla 76 también requiere que la parte

apelante

notifique

al

Tribunal

de

Apelaciones

−en

un

término de diez días desde que se presentó el recurso− que

se propone transcribir la prueba oral. Deberá, a su vez,

CC-2017-0006

exponer

10

por

qué

la

transcripción

es

indispensable

e

identificar las porciones pertinentes del récord ante el

Tribunal de Primera Instancia cuya transcripción interesa,

incluso la fecha de los testimonios y los nombres de los

testigos. 4 LPRA Ap. XXII-B.

Después

de

presentar

la

reproducción

de

la

prueba

oral la parte apelante tiene la facultad de presentar un

alegato

suplementario

con

la

intención

de

indicar

las

porciones de la exposición o de la transcripción que sean

relevantes a sus señalamientos de error. 4 LPRA Ap. XXIIB. Ahora bien, el término para presentarlo es treinta días

desde

que

presentó

la

transcripción

o

la

exposición

estipulada o narrativa de la prueba. Además, si la parte

desea

presentar

un

alegato

suplementario

deberá

notificarlo cuando presente la reproducción de la prueba

oral.

Las disposiciones reglamentarias discutidas se deben

observar rigurosamente. Los abogados tienen la obligación

de cumplir fielmente con el trámite establecido en las

leyes y en los reglamentos aplicables, ya que “[n]o puede

quedar

al

arbitrio

de

los

abogados

decidir

qué

disposiciones reglamentarias se deben acatar y cuándo”.

Hernández

(2011).

Maldonado

Esta

tribunales

v.

Taco

exigencia

es

apelativos

correctamente

los

estén

casos,

Maker,

181

necesaria

DPR

281,

290

para

que

los

en

posición

contando

con

un

de

decidir

expediente

CC-2017-0006

11

completo y claro de la controversia que tienen ante sí.

Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013).

B. Discusión del primer y tercer señalamiento de error

La

señora

Rivera

Lamberty

plantea

que

el

foro

intermedio incurrió en una desestimación de facto cuando

denegó su moción solicitando la reproducción de la prueba

oral.

Nos

pide

prueba

oral

y

que

autoricemos

que

devolvamos

la

el

transcripción

caso

al

de

la

Tribunal

de

Apelaciones para que considere nuevamente los méritos del

caso, con el beneficio de la transcripción de la prueba.

Por su parte, el señor Rodríguez Amador aclara que no se

trata

de

una

apelativo

intermedio

controversias

Rivera

para

desestimación

atendió

planteadas.

Lamberty

solicitar

incumplió

la

de

facto

en

Ahora

con

reproducción

sus

bien,

el

de

porque

foro

méritos

las

como

término

la

el

la

señora

reglamentario

prueba

oral,

el

Tribunal de Apelaciones aplicó correctamente la norma de

deferencia judicial sobre la apreciación de los hechos que

realizó

el

Tribunal

de

Primera

Instancia.

El

señor

Rodríguez Amador tiene la razón.

Según explicamos, la Regla 19(A) del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, supra, dispone que un apelante en

un caso civil deberá someter una reproducción de la prueba

oral cuando señale un error relacionado con la suficiencia

o la apreciación errónea de la prueba testifical. De ser

así, la parte apelante deberá acreditar, en el término de

diez días siguientes a la presentación de la apelación,

CC-2017-0006

12

que el método de reproducción de la prueba oral que eligió

propicia la más rápida dilucidación del caso. Regla 19(B)

del

Reglamento

otro

lado,

del

Tribunal

cuando

transcripción,

la

de

Apelaciones,

el

método

seleccionado

parte

apelante

debe

supra.

Por

sea

una

notificar,

en

un

término de diez días de presentado el recurso, que se

propone

transcribir

la

porciones

pertinentes

interesa.

Regla

76

prueba

del

del

oral

e

récord

identificar

cuya

Reglamento

las

transcripción

del

Tribunal

de

Apelaciones, supra.

La

señora

disposiciones

Rivera

Lamberty

reglamentarias.

Desde

no

el

observó

19

de

estas

agosto

de

2016, fecha en que presentó el recurso de apelación, la

peticionaria

contaba

con

un

término

de

diez

días

para

indicar cómo reproduciría la prueba oral y, de elegir la

transcripción, indicar por qué era indispensable y cuáles

eran las porciones pertinentes del récord. No obstante, no

fue hasta el 18 de octubre de 2016, luego de que fuera

señalado

por

el

señor

Rodríguez

Amador,

que

la

señora

Rivera Lamberty solicitó un término de treinta días para

obtener

la

regrabación

y

producir

una

transcripción

estipulada.

La señora Rivera Lamberty presentó como justa causa

para su incumplimiento la situación de salud del hijo de

su representante legal. No obstante, en Lugo v. Suárez,

165 DPR 729, 740 (2005), resolvimos que “[l]a enfermedad

de un abogado o de una persona de su círculo familiar

CC-2017-0006

13

inmediato que dependa de él es una circunstancia especial,

no planificada, que constituye una justa causa, siempre

que se acredite fehacientemente su ocurrencia” (Énfasis

suplido). En cambio, en este caso la representante legal

de la peticionaria se limitó a expresar

dos

meses más

tarde que tuvo una emergencia de salud, sin indicar cuál

fue

o

acreditar

fehacientemente

su

ocurrencia.

Por

lo

tanto, no hubo justa causa para incumplir con los términos

reglamentarios sobre reproducción de la prueba oral.

Por otro lado,

cabe destacar que en este caso

el

Tribunal de Apelaciones no desestimó la apelación, sino

que atendió los señalamientos de error en los méritos.

Para ello, concedió deferencia a las determinaciones de

hecho

del

Tribunal

de

Primera

Instancia

al

momento

de

analizar si las determinaciones de derecho se basaron en

la prueba documental y testifical que se presentó. Por

consiguiente, ante el incumplimiento sin justa causa de la

señora

Rivera

reglamentarias,

Lamberty

actuó

con

las

correctamente

el

disposiciones

Tribunal

de

Apelaciones al denegar la reproducción de la prueba oral y

atender los señalamientos de error sin su beneficio.

Resuelto lo anterior, procedemos a discutir el derecho

aplicable al señalamiento de error restante.

III

A. Comunidad Postganancial

Según

el

Código

Civil,

a

falta

de

capitulaciones

matrimoniales, la sociedad legal de gananciales será el

CC-2017-0006

14

régimen económico aplicable a los matrimonios contraídos

en Puerto Rico. Art. 1267 del Código Civil, 31 LPRA sec.

3551. Bajo este régimen se presumen gananciales todos los

bienes del matrimonio. Art. 1307 del Código Civil, 31 LPRA

sec.

3551.

Además,

administradores

matrimonial.

de

ambos

cónyuges

son

la

totalidad

del

v.

Rodríguez,

Montalván

161

codueños

y

patrimonio

DPR

411,

420

(2004).

Esta sociedad de gananciales se extingue cuando el

matrimonio se disuelve o se declara nulo. Art. 1315 del

Código Civil, 31 LPRA sec. 3681. En ese instante nace una

comunidad

de

bienes,

también

conocida

como

comunidad

postganancial, compuesta por los bienes que le pertenecían

a la sociedad de gananciales. Art. 1294 del Código Civil,

31 LPRA sec. 3621; Montalván v. Rodríguez, supra, pág.

421. En la comunidad postganancial cada ex cónyuge posee

una

cuota

abstracta

e

independiente

sobre

la

masa

ganancial. Pagán Rodríguez v. Registradora, 177 DPR 522,

532

(2009).

comunidad

Además,

como

ambos

solicitar

pueden

su

tanto

administrar

la

división.

Montalván

v.

Rodríguez, supra, pág. 421. Una vez uno de los ex cónyuges

pide

la

división,

se

liquidan

los

bienes

que

le

pertenecían a la sociedad legal de gananciales y deja de

existir

la

comunidad

postganancial.

Residentes

Corazón v. Arsuaga, 160 DPR 289, 305 (2003).

B. Crédito por uso ilícito de un bien común

Sagrado

CC-2017-0006

Aunque

comunidad

15

tiene

sus

postganancial

características

está

sujeta

a

propias,

las

la

normas

del

Código Civil sobre comunidad de bienes. BL Investment Inc.

v. Registrador, 181 DPR 5, 24 (2011). En lo pertinente, el

Artículo

328

del

Código

Civil

dispone

que

“[c]ada

partícipe podrá servirse de las cosas comunes, siempre que

disponga de ellas conforme a su destino y de manera que no

perjudique el interés de la comunidad, ni impida a los

copartícipes utilizarlas según su derecho”. 31 LPRA sec.

1273.

En

otras

palabras,

mientras

dure

la

comunidad

postganancial cada ex cónyuge puede usar la cosa común,

aunque ninguno puede tener control total sobre sus bienes.

Betancourt González v. Pastrana Santiago, 200 DPR 169, 180

(2018).

En De la Fuente v. Antonio Roig Sucrs., S. en C., 82

DPR 514, 521 (1961), aclaramos que la frase “conforme a su

destino” implica que los comuneros solo podrán utilizar la

cosa

para

admitidos

aquellos

“usos

generalmente

para

fijados

la

por

cosa,

ya

la

comunidad

fueren

por

o

su

naturaleza o por ‘el uso del tráfico’”. Concluimos que el

Artículo 328 impide a un comunero utilizar la cosa común

“para su particular y exclusivo beneficio y sin pagar una

adecuada

compensación

a

la

comunidad”.

Íd.,

pág.

534.

Incluso, destacamos que esta prohibición es “uno de los

principios rectores de un régimen pacífico y justo de la

comunidad”. Íd.

CC-2017-0006

En

el

16

contexto

de

una

comunidad

postganancial,

en

Soto López v. Colón, 143 DPR 282, 289 (1997), expresamos

que

“durante

la

existencia

de

la

comunidad

de

bienes

ninguno de los ex cónyuges puede tener el monopolio de

ella”. Por lo tanto, como en ese caso el exesposo tuvo el

control absoluto de los bienes, resolvimos que la exesposa

tenía un derecho como comunera “a que su ex cónyuge le

pague una suma líquida especifica periódica”. Íd., págs.

291-292. De esta manera garantizamos el disfrute de los

bienes comunes de la comunera que fue excluida de su uso.

Más relevante aún, en Díaz v. Aguayo, 162 DPR 801

(2004), atendimos el caso de la Sra. Lilliam Díaz Lizardi

y el Sr. Juan José Aguayo Leal, quienes

siendo

novios

compraron una residencia en la cual cada uno tendría una

participación

del

50%.

Aunque

compraron

muebles

y

accesorios, nunca se mudaron a la propiedad. El noviazgo

finalizó en noviembre de 1998 y, un mes después, el señor

Aguayo Leal comenzó a hacer el pago mensual de la hipoteca

en

su

totalidad.

comenzó

a

vivir

Además,

ahí

con

en

diciembre

de

su

esposa

retuvo

y

1999,

este

todo

el

mobiliario que adquirió con la señora Díaz Lizardi.

En noviembre del 2000 la señora Díaz Lizardi presentó

una demanda sobre división de comunidad de bienes y cobro

de

dinero.

entre

otras

El

Tribunal

cosas,

que

de

Primera

el

señor

Instancia

Aguayo

Leal

determinó,

tenía

un

crédito por la mitad de los pagos mensuales de hipoteca

que realizó desde diciembre de 1998. Inconforme, la señora

CC-2017-0006

Díaz

17

Lizardi

argumentó

crédito,

acudió

que

ya

el

que

ante

foro

le

el

Tribunal

primario

privaba

de

erró

su

de

Apelaciones

al

conceder

ese

a

una

derecho

tener

y

compensación adecuada por el tiempo en que el señor Aguayo

Leal hizo uso exclusivo de los bienes de la comunidad. No

obstante, el foro apelativo intermedio confirmó al foro de

instancia,

lo

que

provocó

que

la

señora

Díaz

Lizardi

recurriera ante este Tribunal.

Según

la

Opinión

del

Tribunal

la

controversia

a

resolver era “el efecto que tiene el uso exclusivo de los

bienes muebles e inmuebles comunitarios por uno de los

copropietarios, en el cómputo final del crédito que le

corresponde a cada uno al momento de la liquidación”. Íd.,

pág. 808. Luego de citar el Artículo 328 del Código Civil

señalamos que el derecho de uso de un comunero tiene tres

restricciones básicas: (1) debe usar la cosa conforme a su

destino;

(2)

no

comunidad,

y

(3)

debe

no

perjudicar

debe

impedir

el

el

interés

uso

de

los

de

la

otros

copartícipes conforme a su derecho. Íd., pág. 809. Además,

destacamos que ya habíamos analizado esa última limitación

en los casos de De la Fuente v. Antonio Roig Sucrs., S. en

C., supra, y Soto López v. Colón, supra.

Luego de exponer el derecho aplicable, afirmamos que

lo resuelto en estos dos casos, esto es, “que uno de los

comuneros no puede usar la cosa común de manera exclusiva

y

en

su

propio

beneficio

sin

pagar

la

compensación

correspondiente a los demás”, era la norma aplicable a la

CC-2017-0006

18

controversia. Díaz v. Aguayo, supra, pág. 813. Por otro

lado, por primera vez establecimos que “el uso exclusivo

del bien común por uno sólo de los comuneros sin resarcir

al otro es contrario a principios elementales de derecho,

basados en la equidad, que no permiten el enriquecimiento

injusto”. Íd., pág. 814.

Al aplicar el derecho a los hechos, concluimos que el

señor Aguayo Leal utilizó los bienes comunales para su

beneficio

exclusivo

sin

el

consentimiento

de

la

señora

Díaz Lizardi. Por lo tanto, rechazamos los argumentos del

señor Aguayo Leal, entre ellos que la señora Díaz Lizardi

no mostró interés en vivir en la casa, que consintió a su

uso exclusivo y que no fue diligente al no interponer una

demanda de interdicto para impedirlo.

En consecuencia,

resolvimos que

desde

diciembre de

1999 –cuando el señor Aguayo Leal se mudó a la residencia

luego de casarse– la señora Díaz Lizardi tenía derecho a

un

crédito

por

privación

de

uso

del

bien

inmueble. 9

Determinamos que ese crédito debía computarse utilizando

como

base

similar

el

para

canon

esas

de

arrendamiento

fechas.

Asimismo,

de

una

propiedad

rechazamos

que

el

señor Aguayo Leal tuviera derecho a un crédito por el pago

de la hipoteca durante este periodo, pues “permitir que el

señor Aguayo reciba un crédito por la mitad de los pagos

Por otro lado, establecimos que por los meses de diciembre de 1998

hasta noviembre de 1999 la señora Díaz Lizardi no tenía derecho a un

crédito, pues ninguno de los dos comuneros ocupó la vivienda durante

ese periodo. En cambio, reconocimos que el señor Aguayo Leal tenía un

crédito por la mitad de los pagos hipotecarios que realizó durante

este periodo.

9

CC-2017-0006

19

de la hipoteca, cuando utilizó el bien para su beneficio

exclusivo,

a

todas

luces

presenta

una

situación

de

enriquecimiento injusto”. Íd., pág. 816.10

Posteriormente,

en

Meléndez

v.

Maldonado,

175

DPR

1007 (2009) (Sentencia), nos enfrentamos a otra solicitud

de renta por parte de un cónyuge por el uso exclusivo de

una propiedad. En este, la Sra. Ida Nicza Meléndez Berríos

permaneció viviendo en la residencia con los tres hijos

del matrimonio tras divorciarse del Sr. Wilfredo Maldonado

Dieppa.

Varios

años

después,

la

señora

Meléndez

Berríos

presentó una acción de división de comunidad de bienes. El

señor Maldonado Dieppa contestó la demanda y presentó una

reconvención donde solicitó una renta por el uso exclusivo

de la señora Meléndez Berríos de la residencia conyugal.

Solicitó que los cánones fueran satisfechos desde el 2 de

junio de 2000, fecha en que la menor de los dos hijos del

matrimonio se emancipó por mayoridad. Luego modificó su

postura y alegó que los cánones debían resarcirse desde el

24 de abril de 2002, fecha en que solicitó por primera vez

la división de la comunidad postganancial.

El entonces Juez Asociado Hernández Denton emitió una Opinión de

conformidad donde expresó que “el mero hecho del uso exclusivo por uno

de los comuneros no es determinante al resolver si éste ‘impidió’ a

los demás copartícipes el ejercicio de igual derecho”. Díaz v. Aguayo,

162 DPR 801, 821 (2004). En cambio, para el Juez Asociado lo

determinante fue que el señor Aguayo Leal trajo a un tercero, a su

esposa, a participar del uso y disfrute del inmueble. Por lo tanto, si

el señor Aguayo Leal se hubiese mudado solo “no hubiese necesariamente

infringido el Art. 328 del Código Civil porque estaría legítimamente

haciendo efectivo su derecho de disfrutar la cosa común conforme a su

destino, sin perjudicar los intereses de la comunidad y sin impedir

que la señora Díaz Lizardi haga lo propio”. Íd.

10

CC-2017-0006

20

Por su parte, la señora Meléndez Berríos arguyó que

no

estaba

obligada

a

pagar

renta

alguna,

pues

todo

comunero tiene derecho al uso de la propiedad en común.

Indicó que no le impidió al señor Maldonado Dieppa usar la

propiedad sino que este se autoexcluyó del disfrute cuando

contrajo nuevas nupcias. En la alternativa, alegó que la

renta debía pagarse desde que el señor Maldonado Dieppa

presentó su reconvención y realizó un requerimiento formal

de

pago.

El

Tribunal

de

Primera

Instancia

acogió

la

postura de la señora Meléndez Berríos y resolvió que el

crédito

debía

satisfacerse

desde

que

se

solicitó

formalmente en la reconvención. El señor Maldonado Dieppa

recurrió ante el Tribunal de Apelaciones, pero ese foro

confirmó al foro primario pues entendió que, distinto a

Díaz v. Aguayo, supra, en este caso la señora Meléndez

Berríos permaneció soltera y no excluyó ni privó al señor

Maldonado Dieppa de usar la residencia.

Por estar igualmente dividido, este Tribunal emitió

una Sentencia mediante la cual confirmó al Tribunal de

Apelaciones.

Según

una

Opinión

de

Conformidad

que

se

emitió, los foros recurridos resolvieron correctamente la

controversia debido a que el uso del bien común por uno

solo de los comuneros no constituye un uso ilícito de por

sí. Se expuso que:

[e]n ausencia de la violación de un pacto o una

reglamentación específica de uso establecido por

los comuneros, aquel que entienda que el uso

exclusivo de la cosa por otro comunero es

incompatible con su propio derecho, tendrá que

requerir al otro el uso de la cosa o del pago de

CC-2017-0006

21

la renta o del canon por el uso exclusivo y a

partir de ese requerimiento nacerá la obligación

de resarcir. Meléndez v. Maldonado, 175 DPR 1018

(2009)

(J.

Rodríguez

Rodríguez,

Op.

de

Conformidad).11

En

consecuencia,

el

señor

Maldonado

Dieppa

tenía

un

derecho a rentas desde que hizo el requerimiento formal y

no

desde

que

la

señora

Meléndez

Berríos

se

mudó

a

la

residencia.

Finalmente,

en

Molina

González

v.

Álvarez

Gerena,

2019 TSPR 191, 203 DPR __ (2019), aplicamos esa norma al

resolver

que

–en

ausencia

de

un

acto

obstativo–

un

comunero en una comunidad hereditaria solo tenía que pagar

una renta por uso exclusivo de una propiedad comunal a

otra comunera a partir del momento en que esta reclamó el

pago de esa renta. En ese caso, de manera unánime, este

Tribunal aclaró que “para tener derecho al pago de una

compensación, el comunero que alega haber sido excluido de

su participación en la comunidad deberá identificar[…] un

acto

obstativo

requerimiento

excluido”.

que

suponga

afirmativo

Íd.,

demandado

no

propiedad

comunal

pág.

impidió

ni

del

tal

exclusión

comunero

a

que

que

o

un

alega

ser

10.

Debido

el

comunero

a

la

comunera

excluida

usar

la

esta

solicitó

usarla

antes

de

reclamar el pago de rentas por el presunto uso exclusivo,

el periodo por el cual el primero le debía rentas a la

segunda no podía computarse a partir del momento en que

Asimismo, en la Opinión de Conformidad se distinguió el caso de lo

resuelto en Díaz v. Aguayo, supra, pues en ese último caso hubo una

clara exclusión de la señora Díaz Lizardi cuando el señor Aguayo Leal

se mudó a la propiedad con su esposa.

11

CC-2017-0006

22

este se mudó a la propiedad, sino desde que la comunera

excluida requirió las rentas por primera vez. En ese caso,

ello sucedió con la presentación de la demanda, debido a

que fue entonces que la comunera excluida solicitó por

primera vez el pago de rentas por uso exclusivo. Íd., pág.

12 (“Al momento en que la señora Molina González interpone

una demanda solicitando la división de esa comunidad y el

pago de las rentas, en el año 2005, es que [e]sta tiene

derecho a una compensación en concepto del uso y disfrute

exclusivo

del

señor

Álvarez

Gerena

del

bien

común”)

(Énfasis suplido).

C. Discusión del segundo señalamiento de error

La señora Rivera Lamberty alega que erró el Tribunal

de Apelaciones al limitar su reclamo de renta sobre la

propiedad comunal de Andrea’s Court a partir de junio de

2015. 12 En su alegato solicita que apliquemos la norma de

Díaz

v.

Aguayo,

supra,

y

resolvamos

que

el

derecho

a

recibir la renta surgió cuando el señor Rodríguez Amador

comenzó a utilizar la residencia para sí. No obstante, aun

en

caso

de

aplicar

lo

expuesto

en

la

Opinión

de

Conformidad que se emitió en Meléndez v. Maldonado, supra,

la

señora

judicial

Rivera

Lamberty

constituye

entiende

suficiente

que

“la

‘requerimiento

reclamación

de

pago’

pues está rechazando expresamente la posesión exclusiva de

Este Tribunal se encuentra en posición de revisar la determinación

de los foros recurridos, ya que se trata de una determinación de

derecho. Es decir, nos corresponde resolver si las rentas por uso

ilícito nacen cuando el comunero se muda solo a la propiedad o si se

requiere algún requerimiento o manifestación del otro comunero que no

consiente ese uso.

12

CC-2017-0006

los

bienes

23

por

el

otro

ex

cónyuge”. 13

De

modo

que

el

crédito por renta debe computarse a partir de octubre de

2008, cuando presentó su reclamación judicial de división

de bienes.

En

cambio,

el

en

la

propiedad

para

evitar

su

constituyó

una

exclusión

de

señora

Rivera

residir

señor

Rodríguez

la

Amador

plantea

que

deterioro

no

Lamberty.

Además, sostiene que “se puede colegir que la peticionaria

tácitamente consintió [] a que la propiedad fuese ocupada

exclusivamente

por

el

[recurrido]”.

14

Por

lo

tanto,

argumenta que el pago de la renta se debe computar desde

que

esta

revocó

expresamente

el

consentimiento

tácito

mediante el requerimiento específico del pago de renta por

el uso del bien inmueble en junio de 2015.

No hay duda de que si un comunero impide o excluye a

los otros comuneros en cuanto al uso de un bien común este

está haciendo un uso ilícito que debe compensarse. De la

Fuente v. Antonio Roig Sucrs., S. en C.,

supra.

Ahora

bien, la controversia actual se da en casos donde no se

probó que el comunero impidió usar la propiedad, pero sí

fue

el

único

en

usarla.

En

esos

casos

la

doctrina

civilista considera que el mero uso de la cosa común por

uno solo de los comuneros no supone un uso ilícito que

requiera un resarcimiento por privación de uso a los demás

copropietarios. Por lo tanto, en estos casos, para que un

comunero sea acreedor de un crédito será necesario que el

13

14

Alegato de la Parte Peticionaria, pág. 26.

Alegato en oposición, pág. 23.

CC-2017-0006

24

otro comunero infrinja una reglamentación específica o que

el

comunero

afectado

requiera

usar

la

cosa

o

una

compensación económica por dicho uso. 15 Véase además Molina

González, supra, pág. 10.

Esta norma tiene su justificación valorativa en que,

según la doctrina de comunidad de bienes, todo comunero

puede usar la cosa común siempre y cuando no afecte el

interés de la comunidad y la use conforme con su destino.

Art.

328

del

Código

que

el

interpretar

mero

Civil,

uso

supra.

de

la

Sería

cosa

absurdo

común

está

afectando el interés de la comunidad o es en contra de su

destino.

De

ser

así,

los

bienes

de

la

comunidad

postganancial o de cualquier otra comunidad no podrían ser

usados por ninguno de los comuneros, lo cual contravendría

el Artículo 328 del Código Civil, el cual dispone que

“[c]ada partícipe podrá servirse de las cosas comunes”.

Íd. Por lo tanto, en ausencia de prueba en contrario, se

presumirá que el comunero consintió tácitamente a que el

otro comunero ocupara el bien común.

El Tribunal Supremo de España acogió esta norma al

interpretar

el

idéntico

nuestro

a

Artículo

394

Artículo

del

Código

328.

Un

Civil

ejemplo

español,

es

la

Sentencia de 19 de febrero de 2016. S. de 19 de febrero de

2016, Núm. 533/2016. En el contexto de un bien inmueble

que

era

usado

por

unas

comuneras

como

oficinas

para

M. Miquel González, en M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y

compilaciones forales, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1985, T. V, Vol.

2, pág. 73.

15

CC-2017-0006

25

ejercer la profesión de psicología, el Tribunal expresó

que

si

“un

comunero

usa

la

cosa

común

respetando

los

límites del artículo 394 CC, […] los otros comuneros no

pueden impedírselo por el mero hecho de que aquél la use

él sólo, o de que

-teniendo, por ejemplo, todos ellos

cuotas iguales-, aquél la use más que el otro u otros”.

Íd., pág. 8. El Tribunal Supremo de España abundó que

“[e]l mero hecho de que el referido uso de la cosa común

sea el único […], n[o] lo convierte en un uso ilícito que

justifique una acción de resarcimiento, ni en un uso sin

causa

que

permita

fundar

una

acción

de

enriquecimiento

claro

que

el

hecho

de

que

solo

un

común

no

convierte

ese

uso

en

injusto”. Íd.

De

comunero

ahí

queda

use

la

cosa

ilícito. Por lo tanto, según la jurisprudencia española,

“a falta de acuerdo válido de reglamentación específica

del uso de la cosa común, no incumbe al comunero imponerse

a sí mismo el límite del que su uso ‘no perjudique el

interés de la comunidad’”. Íd., pág. 9. Para que el uso

sea

ilícito

y

exista

una

acción

de

resarcimiento

“es

necesario infringir una reglamentación específica del uso,

o

un

requerimiento

[…]

del

comunero

lesionado

por

uso

incompatible con su derecho”. Íd. (Énfasis suplido).16

Por otro lado, expertas en la materia en Puerto Rico también

entienden que el uso de la cosa común por solamente uno de los

comuneros no convierte ese uso en ilícito. Véase Érika Fontánez Torres

& Mariana Muñiz Lara, Derechos Reales, 79 Rev. Jur. U.P.R. 471, 514

(2010). Al evaluar Meléndez v. Maldonado, supra, expresaron que

coincidían en que “el hecho de que un comunero o una comunera se sirva

de la cosa no implica, de por sí, que automáticamente tenga que

compensar a otra u otras personas”. Íd. Así, mencionaron ciertas

16

CC-2017-0006

26

Adoptar la postura contraria implicaría que en una

situación

de

supra,

una

hijos

usaría

hechos

mujer

como

la

de

Meléndez

divorciada

que

tenga

ilícitamente

el

bien

v.

Maldonado,

custodia

común

una

de

vez

los

estos

advengan mayores de edad. Esto, a pesar de que tiene un

derecho, como toda comunera, a usar el bien común y su ex

cónyuge nunca le manifestó que no podía hacer uso de la

propiedad.

La

advertía

tal

Profesora

Margarita

consecuencia

resolverse

Meléndez

v.

utilizarse

prospectivamente

E.

cuando

expuso,

Maldonado,

el

caso

García

supra,

de

Díaz

Cárdenas

previo

a

que

—al

v.

Aguayo,

supra— era importante mantener en perspectiva “que en la

situación de hechos el señor Aguayo Leal estaba ocupando

la

casa

con

su

nueva

esposa

y

no

se

trataba

de

una

comunidad pos ganancial en la cual él se hubiera quedado

en el uso de la residencia con unos hijos comunes menores

de edad”.17

Asimismo, dicha solución permitiría que un ex cónyuge

que abandone el bien perteneciente a la comunidad por un

tiempo

indeterminado

conserve

un

derecho

a

reclamar

la

mitad de la renta, computada desde el momento en que su ex

cónyuge

comenzó

a

podemos

avalar

una

residir

teoría

en

la

propiedad

jurídica

cuyo

común.

efecto

No

sea

distinciones que consideraron válidas e importantes entre dicha

sentencia y lo resuelto en Díaz v. Aguayo, supra. Señalaron, entre

otras cosas, que en Díaz v. Aguayo, supra, se puede entender que el

señor Aguayo Leal al mudarse con su nueva pareja a la propiedad no

utilizó la misma conforme al destino que fijó la comunidad, es decir,

el uso de la residencia por la pareja disuelta. Íd.

17 Margarita E. García Cárdenas, La comunidad pos ganancial: Quo Vadis,

39 Rev. Jur. U.I.P.R. 717, 724 (2005).

CC-2017-0006

27

desalentar el ejercicio diligente de derechos a expensas

del

comunero

que

ejerce

legítimamente

su

facultad

de

utilizar el bien común, 18 sujeto a los límites que enumera

el Art. 328 del Código Civil, supra. Lo anterior, máxime

cuando lo único que se exige del comunero presuntamente

excluido para hacer valer su derecho es que sea diligente

en realizar requerimientos ante un uso que entiende es

incompatible con sus derechos como comunero.

Por todo lo anterior, resolvemos que, según reconoce

el Artículo 328 del Código Civil, los comuneros pueden

usar el bien común –incluso de manera exclusiva– siempre y

cuando no impidan su uso por parte de los demás comuneros.

Ahora bien, tal uso se considera ilícito y da paso a una

acción por resarcimiento si se infringe una reglamentación

específica del uso, si al comunero afectado se le impide

utilizar el bien o si hay un requerimiento de renta, por

ejemplo, del comunero lesionado por el uso incompatible

con

su

derecho.

De

esta

forma

se

promueve

que

los

comuneros lleguen a un acuerdo, ya sea en cuanto al uso de

la propiedad o la división de la comunidad de bienes, y

además que sean diligentes en el reclamo de sus derechos.

En este caso, los foros recurridos coincidieron en

que el mero uso exclusivo no da derecho a un crédito.

Entendieron que el derecho de la señora Rivera Lamberty a

El resultado práctico de adoptar tal norma bien podría ser que un

comunero diligente que en otro escenario se ocuparía de vivir y

conservar la propiedad decida no hacerlo. Ello, en atención a la

amenaza que le representaría tener que responder por la mitad de la

renta ante un comunero que abandonó la propiedad y no cuestionó su

uso.

18

CC-2017-0006

28

recibir el pago de la renta comenzó a partir de junio de

2015, pues plantean que esta fue la fecha en que solicitó

por primera vez el crédito. Están en lo correcto en cuanto

a lo primero, mas no lo segundo.

En cuanto al uso de la propiedad, conviene destacar

que al foro primario le mereció credibilidad lo alegado

por el señor Rodríguez Amador en cuanto a las razones para

permanecer residiendo en la propiedad. Es decir, que se

vio forzado a utilizarla para proteger los haberes de la

comunidad post ganancial ante el abandono de la propiedad

por

parte

procede

de

la

señora

determinar

impedimento

en

lo

Rivera

que

que

la

se

Lamberty.

mudanza

refiere

a

Por

ello,

constituyó

la

señora

no

un

Rivera

Lamberty y su derecho a utilizar la propiedad.19

En vista de lo anterior, y de que tampoco estamos

ante la violación de un acuerdo entre las partes, la renta

procede

desde

que

se

realizó

el

requerimiento.

A

esos

efectos, precisamos que, para activar la responsabilidad

del ex cónyuge residente a pagar un crédito por privación

de uso, el requerimiento del otro ex cónyuge debe exhibir

un grado mínimo de especificidad. En particular, bastará

que

el

requerimiento

de

uso:

(1)

identifique

el

bien

comunal objeto del requerimiento y (2) sea dirigido a la

persona del otro ex cónyuge comunero. La efectividad de

tal requerimiento no depende de requisito de forma alguno;

Distinto sería si se hubiera determinado que el señor Rodríguez

Amador le exigió a la señora Rivera Lamberty que se fuera de la

propiedad, ya que ello constituiría un impedimento en cuanto al uso

del bien.

19

CC-2017-0006

29

cuándo y cómo ocurrió el primer requerimiento de uso es un

asunto de prueba a dirimirse por los tribunales de acorde

a las normas de derecho probatorio.

Surge del expediente que el 30 de noviembre de 2012

fue la primera vez que la señora Rivera Lamberty solicitó

expresamente el crédito mediante una Oposición a Solicitud

Urgente presentada por la Demandada y al Retiro de Fondos

Depositados en el Tribunal que presentó. 20 En particular,

expresó lo siguiente: “La [peticionaria], en este caso,

tiene un crédito en contra del [recurrido] por el tiempo

en que este ha utilizado exclusivamente la propiedad que

ubica en la Urbanización Andrea’s Court sin resarcir de

forma alguna a la [peticionaria] por este perjuicio”.21

Procede, pues, que el Tribunal de Primera Instancia

determine el pago de la renta a partir del 30 de noviembre

de 2012, pues desde ese momento la señora Rivera Lamberty

requirió ese pago. Molina González, supra.

IV

Por

los

fundamentos

que

anteceden,

se

revoca

la

Sentencia del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el

caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúe

20 A

pesar de que la señora Rivera Lamberty alega que el crédito por

renta debe computarse a partir de octubre de 2008, cuando presentó su

reclamación judicial de división de bienes, entendemos que no tiene

razón. Lo anterior, debido a que cuando presentó la demanda ni

siquiera tenía conocimiento de que el señor Rodríguez Amador estuviera

residiendo en la propiedad. En particular, la señora Rivera Lamberty

indicó que este residía en la calle Cruz 107, Apartamento 207, Viejo

San Juan, PR 00901. Demanda, Apéndice, pág. 89. Por lo tanto, la

demanda de liquidación de bienes no se puede considerar un

requerimiento que conllevara el resarcimiento solicitado.

21

Oposición a Solicitud Urgente presentada por la Demandada y al

Retiro de Fondos Depositados en el Tribunal, Apéndice, pág. 702.

CC-2017-0006

30

con los procedimientos de forma compatible con lo aquí

resuelto.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal

Supremo.

El

Juez

Asociado

señor

Colón

Pérez

emitió un Voto particular disidente. El Juez Asociado señor

Martínez Torres disiente y emite la siguiente expresión, a

la

cual

se

unen

los

Jueces

Asociados

señores

Kolthoff

Caraballo y Rivera García:

“Disentimos del curso de acción seguido por

este Tribunal, pues es contrario a lo que

recientemente resolvimos en Molina González v.

Álvarez Gerena, 2019 TSPR 191, 203 DPR _ (2019).

En

aquella

ocasión

concluimos

que

para

determinar si un comunero ha sido excluido del

uso de un bien común hay que hacer un examen de

los hechos particulares de cada caso. Íd., pág.

18. Asimismo, indicamos que en los casos en que

se alegue la exclusión por parte de uno de los

excónyuges del uso y disfrute del bien de la

comunidad post ganancial “deberá identificarse

un acto obstativo o un requerimiento afirmativo

del comunero que suponga tal exclusión”. Íd.,

pág. 19. Es a partir de cualquiera de eso dos

momentos que el cónyuge que queda excluido de

usar la propiedad ganancial tiene derecho a

recobrar un crédito por el uso exclusivo del

bien que hace el otro cónyuge. En este caso,

contrario a lo que indica la mayoría de esta

Curia, el acto obstativo ocurrió desde el

momento en que el Sr. José Alberto Rodríguez

Amador, tras la separación, decidió quedarse a

vivir en la propiedad ganancial en el 2008, pues

por la naturaleza de la situación, la Sra. Karla

Tatiana Rivera Lamberty estaba impedida de vivir

en la propiedad ganancial mientras el señor

Rodríguez Amador viva en ella. Véase, expresión

disidente del Juez Asociado Martínez Torres en

Meléndez Berríos v. Maldonado Dieppa, 175 DPR

1007, 1008 (2009). Ante esto, la señora Rivera

Lamberty tiene derecho a que se le pague el

crédito por el uso exclusivo del bien ganancial

que ostenta el señor Rodríguez Amador desde el

momento en que se separaron y él se quedó

viviendo en la propiedad ganancial. Resolver lo

contrario significaría ir contra lo que hemos

CC-2017-0006

31

afirmado en controversias pasadas, tan reciente

como hace apenas un año”.

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Karla Tatiana Rivera Lamberty

CC-2017-0006

Peticionaria

v.

Certiorari

C

José Alberto Rodríguez Amador

Recurrido

Voto Particular Disidente emitido por el Juez Asociado señor COLÓN

PÉREZ.

En San Juan, Puerto Rico a 16 de septiembre de 2020.

Disentimos

del

curso

de

acción

seguido

por

una

mayoría de este Tribunal en el presente caso, ello por

entender

que

--

contrario

a

lo

que

erróneamente

se

concluye en la Sentencia que hoy emite esta Curia -- la

señora

Karla

Tatiana

Rivera

Lamberty,

la

aquí

peticionaria, tiene derecho a un crédito por el tiempo

que su excónyuge, el señor José Alberto Rodríguez Amador,

utilizó de manera exclusiva cierto inmueble perteneciente

a la comunidad postganancial, entiéndase desde que éste

ocupo la referida propiedad. Veamos.

Los

litigio

hechos

se

I.

medulares que

recogen

con

dan

particular

margen

al

precisión

presente

en

la

CC-2017-0006

2

Sentencia que hoy emite este Tribunal, razón por la cual

hemos

decidido

adoptar

los

mismos

por

referencia.

En

síntesis, el caso de marras versa sobre la comunidad de

bienes postganancial habida entre la señora Karla Tatiana

Rivera Lamberty (en adelante, “señora Rivera Lamberty”) y

el

señor

José

Alberto

Rodríguez

Amador

(en

adelante,

“señor Rodríguez Amador”) la cual está compuesta, entre

otros,

de

cierto

inmueble

ubicado

en

la

Urbanización

Andrea’s Court. El referido inmueble fue ocupado -- allá

para diciembre de 2008 -- por el señor Rodríguez Amador

luego de disolverse el vínculo matrimonial habido entre

éste y la señora Rivera Lamberty. Debido a lo anterior,

esta

última

reclama

un

crédito

por

el

tiempo

que

su

excónyuge utilizó dicha propiedad ya que, a su juicio, se

le impidió el

uso y disfrute

del

mismo. Le

asiste la

razón. Nos explicamos

II.

Como es sabido, aunque el divorcio de dos personas

unidas en matrimonio implica la terminación del régimen de

la

sociedad

legal

de

bienes

gananciales

habido

entre

ambos, la liquidación del capital común entre excónyuges

no siempre ocurre simultáneamente con la disolución del

matrimonio. Betancourt González v. Pastrana Santiago, 200

DPR 169, 178 (2018). En esas circunstancias en las que la

liquidación

simultánea

del

con

capital

el

común

divorcio,

no

ocurre

sobreviene

un

de

manera

periodo

de

CC-2017-0006

3

tiempo en que se mezclan y confunden provisionalmente los

bienes de los excónyuges, hasta que se liquida finalmente

la comunidad de bienes postganancial que se crea entre

ellos una vez ocurra el divorcio. Betancourt González v.

Pastrana

Santiago,

registrador,

181

supra;

DPR

5

BL

(2011);

Investment

Inc.

Muñiz

Noriega

Curia

ha

v.

v.

Muñoz

señalado

que,

Bonet, 177 DPR 967 (2018).

Sobre

durante

el

la

postganancial,

particular,

esta

vigencia

de

la

comunidad

de

bienes

ninguno

de

los

excónyuges

puede

tener

control total sobre ella.

Betancourt González v. Pastrana

Santiago, supra. Lo anterior, conforme a lo dispuesto en

el Art. 328 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1273, el cual

claramente establece que “[c]ada partícipe podrá servirse

de

las

cosas

comunes,

siempre

que

disponga

de

ellas

conforme a su destino y de manera que no perjudique el

interés

de

la

comunidad,

ni

impida

a

los

copartícipes

utilizarlas según su derecho”. Véase, Betancourt González

v. Pastrana Santiago, supra.

En

esa

dirección,

hemos

sentenciado

que

usar

las

cosas comunes de manera que uno de los comuneros posea la

totalidad de ellas excluyendo a los demás, se considera un

perjuicio del interés de la comunidad. Díaz v. Aguayo, 162

DPR 801 (2004); Soto López v. Colón, 143 DPR 282 (1997).

Ello no debe ser permitido.

CC-2017-0006

Así

4

pues,

control y uso

si

uno

de

los

de los bienes

excónyuges

de

mantiene

la comunidad,

el

el otro

excónyuge tiene un derecho superior como comunero a que,

entre

otras

específica.

cosas,

Soto

se

López

le

v.

pague

Colón,

una

suma

líquida

supra,

págs.

291-92.

Ello, pues, no resarcir al cónyuge que se ve impedido del

uso

de

determinado

bien

es

contrario

a

principios

elementales de derecho -- fundamentados en la equidad -que

no

permiten

el

enriquecimiento

injusto.

Díaz

v.

Díaz

v.

Aguayo, supra, pág. 814.

En

Aguayo,

esa

dirección,

supra,

luego

en

el

precitado

del

divorcio

y

caso

previo

a

la

liquidación de la comunidad de bienes postganancial, el

señor Aguayo Leal ocupó cierta residencia perteneciente a

la comunidad, junto a su nueva esposa. En esa ocasión,

rechazamos el argumento del señor Aguayo Leal en cuanto a

que la señora Díaz Lizardi nunca mostró interés en vivir

en la casa ni en retener los bienes muebles adquiridos en

común, así como que esta última tenía que presentar un

interdicto para avalar su derecho a un crédito. De esa

manera, concluimos que el señor Aguayo Leal poseyó los

bienes

comunales

exclusivo,

sin

el

y

los

utilizó

consentimiento

para

de

su

la

beneficio

señora

Díaz

Lizardi, por lo cual procedía la compensación.

De

otra

parte, este

Tribunal

también

ha

expresado

que, para tener derecho al pago de una compensación, el

CC-2017-0006

5

comunero que alega haber sido excluido de su participación

en la comunidad deberá identificar un acto obstativo que

suponga

tal

realizar

un

derecho

a

exclusión.

En

la

requerimiento

ser

alternativa,

afirmativo

compensando.

Molina

éste

deberá

solicitando

González

v.

su

Álvarez

Gerena, 2019 TSPR 191, 203 DPR ___ (2019).

Es, pues, a la luz de la normativa antes expuesta, y

no de otra, que procedía disponer de la causa de epígrafe.

Como una mayoría del Tribunal no lo hizo de esta manera,

procedemos a así hacerlo.

III.

Como mencionamos anteriormente, en el presente caso

el

señor

Rodríguez

Amador

ocupó

la

propiedad

aquí

en

controversia en diciembre de 2008. Es a partir de dicha

fecha que se configuró el acto obstativo que exige nuestro

ordenamiento jurídico para dar paso a la compensación del

excónyuge excluido del uso y disfrute de determinado bien,

en

este

caso,

perteneciente

a

la

comunidad

de

bienes

postganancial.

El

acto

obstativo

al

que

hemos

hecho

referencia

consistió en la decisión del señor Rodríguez Amador de

mudarse al inmueble ubicado en la Urbanización Andrea’s

Court. Decisión que provocó que -- una vez se ordenó la

disolución del vínculo matrimonial con la señora Rivera

Lamberty -– esta última estuviera impedida de utilizar el

inmueble,

pues

el

mismo

lo

estaba

ocupando

el

señor

CC-2017-0006

6

Rodríguez Amador y ninguno de ellos tenía interés en la

mutua

convivencia.

Es

desde

esta

fecha

que

procede

realizar el cómputo de la compensación a la cual la señora

Rivera Lamberty tiene derecho.

En fin, la señora Rivera Lamberty tiene derecho a que

se le pague un crédito desde diciembre de 2008, fecha en

que

se

le

impidió

propiedad

el

uso

perteneciente

postganancial

habida

y

disfrute

a

entre

la

el

de

la

comunidad

señor

mencionada

de

Rodríguez

bienes

Amador

y

ésta. Ahora bien, ello es sin perjuicio del derecho que

pueda ostentar el señor Rodríguez Amador de obtener un

crédito por los pagos de hipoteca, así como por los gastos

de mantenimiento del referido inmueble que éste realizó

desde 2008 hasta 2016. Esto es lo justo.

IV.

Por no ser ese el resultado al que se llega en la

Sentencia

que

hoy

emite

este

Tribunal,

respetuosamente

disentimos.

Ángel Colón Pérez

Juez Asociado