LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Jesús F. Vázquez Margenat

2020 TSPR 94

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Jesús F. Vázquez Margenat

CP-2019-10 (TS-5491)

Conducta profesional: Suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y de la notaría por infracción a los Cánones 18, 35 y 38 de Ética Profesional, a los Artículos 2, 12 y 56 de la Ley Notarial y las Reglas 65, 66 y 67 del Reglamento Notarial. Relación entre el negocio de la gestoría de licencias de vehículos de motor y un notario. El uso y costumbre de que un gestor acuda a la oficina de un notario para efectuar un traspaso a nombre de un tercero no tiene cabida en nuestro ordenamiento.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2020 TSPR 94

Jesús F. Vázquez Margenat

(TS-5,491)

Número del Caso:

Fecha:

205 DPR _____

CP-2019-10

18 de agosto de 2020

Oficina del Procurador General:

Lcda. Lorena Cortés Rivera

Procuradora General Interina

Lcda. Noemí Rivera De León

Procuradora General Auxiliar

Abogada del Querellado:

Lcda. Daisy Calcaño López

Materia:

La suspensión será efectiva el 2 de septiembre de 2020,

fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal.

Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Jesús F. Vázquez Margenat

(TS-5,491)

CP-2019-0010

Conducta

Profesional

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de agosto de 2020.

“La notaría es faena de tiempo y paciente integración

de todos los elementos documentales, que sufre en su

calidad con la festinación y la atracción de los

atrechos fáciles”. Empire Life Ins. Co. v.

Registrador, 105 DPR 136, 139 (1976).

I

El Lcdo. Jesús F. Vázquez Margenat (licenciado

Vázquez Margenat) fue admitido al ejercicio de la abogacía

el 31 de mayo de 1977 y a la práctica de la notaría el

5 de julio del mismo año.

El 28 de agosto de 2017 el Tribunal de Apelaciones

dictó una Sentencia en el caso Pueblo v. Rafael González

Ferreira,

Caso Núm. KLAN201501947,

mediante

la

cual se

CP-2019-0010

2

confirmó el dictamen condenatorio del Sr. Rafael González Ferreira

(señor González Ferreira o acusado). 1

Luego de analizar la transcripción de la prueba oral donde

el licenciado Vázquez Margenat figuró como testigo del Pueblo, el

foro apelativo intermedio ordenó elevar los autos ante este

Tribunal y la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN). El

referido, acogido como Queja AB-2017-281, procuraba la evaluación

del proceder del letrado al autenticar las firmas de los señores

José R. Jarabo Álvarez (señor Jarabo Álvarez o afectado) y el

señor González Ferreira en un Certificado de título de un vehículo

de motor (Certificado de título) para el traspaso del mismo, cuando

ninguno de los dos acudió a su oficina.

El licenciado Vázquez Margenat contestó la Queja y admitió

que, en el testimonio núm. 18332 de 10 de diciembre de 2012, afirmó

falsamente que presenció las firmas del afectado y del acusado en

el Certificado de título. Es decir, el letrado reconoció que

completó el testimonio con la información que recibió de un

tercero, un gestor de licencias de vehículos de motor, sin

entrevistar a las partes ni haberle tomado sus firmas. Además, sin

pretender justificarse o excusarse, alegó que confió que los

señores Jarabo Álvarez y González Ferreira firmaron el documento

delante del gestor, asunto que durante el juicio resultó ser falso.

Por todo lo anterior, y en cumplimiento con una orden de

este Foro, el Procurador General rindió un Informe y concluyó que,

El Sr. Rafael González Ferreira se halló culpable por violar el Art. 217 del

Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5287 (posesión y traspaso de documentos

falsificados) y por infringir el Art. 25 de la Ley para la Protección de Propiedad

Vehicular, 9 LPRA sec. 3224 (entrada de información falsa a un sistema de

computadoras).

1

CP-2019-0010

3

por los hechos que el licenciado Vázquez Margenat admitió, éste

infringió los Arts. 2, 12 y 56 de la Ley Notarial de Puerto Rico,2

las Reglas 65 a la 67 del Reglamento Notarial de Puerto Rico3 y

los Cánones 18, 35 y 38 del Código de Ética Profesional.4

Consecuentemente, tras una evaluación de la réplica presentada por

el letrado, le ordenamos al Procurador General que presentara la

Querella y referimos el asunto a la ODIN para la correspondiente

investigación y presentación del Informe.

Previo a que el Procurador General presentara la Querella,

la ODIN cumplió con nuestra orden al presentar un Informe especial

y moción en solicitud urgente de incautación preventiva de obra

protocolar. Allí, la ODIN señaló que el licenciado Vázquez

Margenat solo entregó 12 volúmenes del Libro de registro de

testimonios, de los cuales surgía que éste tenía una deuda

arancelaria preliminar ascendente a $235,762 correspondientes a

49,022 asientos autorizados y no registrados. De 2,839 asientos

registrados, se reflejó una deuda arancelaria de $12,652 a favor

de la Sociedad para la Asistencia Legal. Además de lo anterior,

el inspector notarial halló cientos de asientos en blanco o cuyo

contenido estaba incompleto. Del mismo modo, encontró asientos en

los cuales se adhirió el recibo del arancel cancelado en lugar del

sello

original.5

Ante

la

2

4 LPRA secs. 2002, 2023 y 2091.

3

4 LPRA Ap. XXIV.

4

4 LPRA Ap. IX.

seriedad

del

asunto,

ordenamos

la

Informe especial y moción en solicitud urgente de incautación preventiva de

obra protocolar, pág. 2.

5

CP-2019-0010

4

incautación preventiva de la obra protocolar y el sello notarial

del letrado.

Posteriormente, la ODIN presentó el Informe en el que

recomendó que, por la admisión del licenciado Vázquez Margenat

sobre lo acontecido con el testimonio núm. 18332 de 10 de diciembre

de 2012, éste debía ser suspendido de la profesión de manera

inmediata e indefinida. Atendido este asunto, le ordenamos al

letrado que se expresara al respecto y, al comparecer, expuso que

desde el inicio aceptó su error, que no hubo ánimo de lucro y

reconocía las consecuencias éticas de su proceder. No obstante,

entendía

necesario

que

este

Tribunal

considerara

el

uso

y

costumbre aceptado en el negocio de la gestoría de licencias de

vehículos de motor y su relación con el notariado. El letrado

expuso que, en este tipo de negocio, “el gestor acude a la oficina

del notario para [que] efectúe el traspaso a nombre de tercero, y

éste firma ante él. Es la firma del gestor la que autentica el

notario y no la del comprador y el vendedor”.6

Ahora bien, antes de que el Procurador General presentara la

Querella, por meses y a causa de la incautación preventiva, la

ODIN estuvo monitoreando el proceso de restauración de la obra

notarial

del

Procurador

licenciado

General

Vázquez

investigaba

Margenat.

para

Así,

presentar

mientras

la

el

Querella,

simultáneamente el letrado trabajaba sobre la subsanación de la

obra protocolar y la ODIN nos advertía periódicamente el progreso

del letrado. Sin embargo, a pesar de que la ODIN reconoció el

esfuerzo realizado por el licenciado Vázquez Margenat, a más de

Contestación a “Informe director ejecutivo de la Oficina de Inspección de

Notarías”, págs.7.

6

CP-2019-0010

5

un año de haber incautado la obra notarial, el letrado no ha

culminado el proceso de subsanación. Según la ODIN, actualmente

el abogado adeuda $42,416 en aranceles y tiene pendiente 1,615

asientos por inscribir en múltiples volúmenes

del Libro de

registro de testimonios.7

Por su parte, el 22 de noviembre de 2019, el Procurador

General presentó la Querella y allí reiteró las infracciones

iniciales, a saber: los Artículos 2, 12 y 56 de la Ley Notarial,

supra, las Reglas 65 a la 67 del Reglamento Notarial, supra, y los

Cánones 18, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, supra. El

licenciado Vázquez Margenat replicó la Querella y, en esencia, se

allanó a los cargos imputados. No obstante, para justificar que

su práctica cumplió con el estatuto y con la reglamentación que

gobiernan el negocio de la gestoría de licencias de vehículos de

motor, expresó lo siguiente:

Es importante señalar que los documentos fueron

presentados ante el promovido a través de un gestor de

licencias. La práctica del compareciente era trabajo

notarial para gestores en su mayoría, no era un empleado

de una gestoría y nunca trabajó en los quioscos aledaños

al CESCO. El procedimiento normal consiste en que el

gestor presente ante el notario las identificaciones de

los contratantes y una declaración jurada, de no

presentarla, el notario la redacta, en la cual consta la

información del comprador, vendedor o solicitante de otro

asunto distinto al traspaso. Incluye asimismo, la

descripción del vehículo objeto del traspaso o puede

tratarse de otro tipo de transacción o petición; entre

otras, duplicados de licencias de vehículos, de título,

reemplazo de marbete o piezas y gravámenes. El uso y

costumbre conform[e] a la Ley y Reglamentos, el que sus

funciones[,] el gestor acuda a la oficina del notario

para efectuar el traspaso [a] nombre de tercero(s) y éste

firma ante el notario. Es la firma del gestor la que

aut[e]ntica el notario y no la del comprador y el

vendedor. Nos llama la atención c[ó]mo esta práctica que

La Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) actualizó el estado de la obra

notarial incautada mediante Segunda Moción Informativa expresando el estado

actual de la obra notarial incautada y otros pormenores presentada el

26 de febrero de 2020.

7

CP-2019-0010

6

cumple con las leyes y reglamentos vigentes, puede

incidir en la responsabilidad ética del Notario o Notaria

y exponerlo a procedimientos disciplinarios.

Lo cierto es que el traspaso ante el Lcdo. Vázquez no se

completó, ya que el documento del gestor, título del

vehículo, intencionalmente no se validó al éste

percatarse que era necesario redactar una declaración

jurada en la cual se incluyeran los nombres de las partes

contratantes, la descripción del vehículo objeto de la

transacción y la juramentación del documento por parte

del gestor, para así poder autenticar la firma de éste.

Inexplicablemente el traspaso lo hizo el [CESCO] de

Carolina a pesar de mediar un documento incompleto o

defectuoso. Posterior a ello, se radicaron los cargos

criminales contra el señor Rafael González Ferreira.8

II

Como principio del derecho notarial, todo notario está

inexorablemente vinculado al estricto cumplimiento de la Ley

Notarial de Puerto Rico,9 el Reglamento Notarial de Puerto Rico y

a los Cánones del Código de Ética Profesional.10 En el cumplimiento

de dicha función, el notario representa la fe pública y la ley

para todas las partes.11 Como custodio de la fe pública notarial,

espina dorsal del notariado, el notario tiene que ser cuidadoso y

debe desempeñar su ministerio con esmero, diligencia y estricto

celo profesional.12

Como sabemos, cuando el notario da fe implica que ese

documento cumple con todas las formalidades de ley, formal y

sustantivamente, que el documento es legal y verdadero, y que se

8

Contestación a Querella, págs. 9-10.

9

Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, 4 LPRA sec. 2001 et seq.

10

In re Vázquez Pardo, 185 DPR 1031, 1040 (2012).

11

Íd.

12

Íd., pág. 1042.

CP-2019-0010

7

trata de una transacción válida y legítima.13

En el pasado hemos

expresado que “la dación de fe brinda la confianza de que los

hechos jurídicos y las circunstancias que acredita el notario

fueron percibidos y comprobado con sus sentidos o ejecutados por

él”.14 La investidura que conlleva la fe pública notarial va

acompañada de una presunción controvertible a los actos que ve y

oye el notario de que lo allí consignado es legal y verdadero.15

Es

precisamente

esta

presunción

de

legalidad,

veracidad

y

legitimidad lo que le brinda certeza, garantía y eficacia al

documento notarial.16

El Art. 2 de la Ley Notarial, supra, consagra el principio

de la fe pública notarial. Este artículo dispone que “la fe pública

al notario es plena respecto a los hechos que, en el ejercicio de

su función, personalmente ejecute o compruebe, y también respecto

a la forma, lugar, día y hora del otorgamiento”.

Así pues, la fe

pública notarial es de tan alta importancia que no es necesario

que el notario falte a la verdad intencionalmente para que incurra

en una violación a ella.17

Ahora bien, a través de “un testimonio o declaración de

autenticidad un notario puede dar fe de que, en determinada fecha,

se firmó un documento en su presencia y que esa persona es quien

13

In re Vázquez Pardo, supra, pág. 1041.

In re Arocho Cruz, 198 DPR 360, 365–66 (2017) citando a In re Rivera Aponte,

169 DPR 738, 741-742 (2006); In re Toro Imbernón, 194 DPR 499, 505 (2016).

14

15

In re Vázquez Pardo, supra.

16

Íd., págs. 1041-1042.

17

Íd., pág. 1041.

CP-2019-0010

dice

8

ser”.18

Además,

“el

notario

hará

constar

tanto

en

el

testimonio, como en el Registro, su conocimiento personal del

firmante o en su defecto la utilización de los medios supletorios

que provee [el Art. 17 de la Ley Notarial, 4 LPRA sec. 2035]”.19

Cónsono con lo anterior, y por cuanto las declaraciones

juradas son testimonios de legitimación de la firma, los notarios

no pueden dar fe notarial en un documento en el cual la persona

que pretende la otorgación no compareció personalmente.20 De manera

que el notario que autoriza una declaración jurada sin la presencia

del firmante transgrede la fe pública notarial y lesiona la

confianza depositada en el sistema de autenticidad documental.21

A su vez, esto constituye la certificación de un hecho falso que

no solo contraviene la Ley Notarial, supra, y el Reglamento

Notarial, supra, sino además, quebranta los Cánones 18, 35 y 38

del Código de Ética Profesional, supra.

Según el Canon 18, los profesionales del Derecho deben

ejercer

sus

funciones

de

manera

competente,

cuidadosa

y

diligente.22 Infringe este canon el notario que toma livianamente

el celo de la custodia de la fe pública notarial al no ejercer la

profesión con el cuidado y la prudencia que ésta requiere.23

Del

In re Arocho Cruz, supra, pág. 366; Art. 56(1) de la Ley Notarial, supra;

Reglas 65, 66 y 67 del Reglamento Notarial, 4 LPRA Ap. XXIV. Véanse In re Vargas

Velázquez, 193 DPR 681, 689 (2015); In re Llanis Menéndez I, 175 DPR 22, 25

(2008).

18

In re Arocho Cruz, supra, 366; Art. 56(1) de la Ley Notarial, supra;

Reglas 65, 66 y 67 del Reglamento Notarial, 4 LPRA Ap. XXIV.

19

20

In re Arocho Cruz, supra, pág. 366.

21

Id.

22

4 LPRA Ap. IX.

23

In re Arocho Cruz, supra, pág. 367.

CP-2019-0010

9

mismo

modo,

“la

gestión

notarial

es

de

carácter

personal,

indivisible e indelegable, de completa responsabilidad del notario

autorizante”.24 Bajo ningún concepto, un notario puede delegar la

fe pública notarial a un tercero, ni debe empoderar lo que por

autoridad legal solo a él le fue entregado.

Por otro lado, el Canon 35 exige que los notarios conduzcan

su profesión con honestidad y “ajustarse a la sinceridad de los

hechos […] al redactar afidávits y otros documentos[…]”.25 Un

notario infringe el Art. 2 de la Ley Notarial, supra, y el Canon

35 sin importar si actuó de manera intencional o no.26 Es decir,

no

es

defensa

la

ausencia

de

haber

obrado

de

mala

fe,

deliberadamente o sin la intención de engañar como tampoco lo es

que no se haya causado daño a un tercero.27

En línea con lo señalado, el Art. 12 de la Ley Notarial,

supra, regula el contenido y la presentación de los índices sobre

actividades notariales. Entre varios asuntos, de estos informes

tienen que surgir las fechas y los nombres de los firmantes de las

declaraciones juradas autorizadas por el notario. La presentación

de los índices sobre actividades notariales “garantizan la certeza

de los documentos en los que intervienen los notarios, y evitan

el riesgo de manipulación y fraude”.28 De lo anterior podemos

colegir que un notario que asegure que una persona figuró como

In re Torres Olmeda, 145 DPR 384, 391–392 (1998) citando a In re Laboy,

113 DPR 476 (1982).

24

25

4 LPRA Ap. IX.

26

In re Vázquez Pardo, supra, págs. 1046–1047.

27

Íd.

28

In re Santiago Ortiz, 191 DPR 950, 961 (2014).

CP-2019-0010

10

compareciente en una declaración jurada en el índice de actividad

notarial presentado sin ser cierto, quebranta los Arts. 2, 12 y

56 de la Ley Notarial, las Reglas 65, 66, 67 del Reglamento

Notarial y el Canon 35.

Respecto al Canon 38, éste obliga a los abogados a preservar

la dignidad y el honor de la profesión. El esfuerzo para cumplir

con ese cometido conlleva incluso sacrificios personales.29 No

exalta la profesión legal el notario que no desempeñe con cautela

y el celo que demanda la función pública del notariado.

Cabe mencionar que somos más rigurosos cuando se trata de

violaciones sobre la inobservancia de la comparecencia personal y

el conocimiento de los firmantes en las declaraciones juradas de

traspasos de vehículos de motor.30 Pero, es la primera vez que nos

argumentan la relación entre el negocio de la gestoría de licencias

de vehículos de motor y un notario.

Es un principio básico de hermenéutica que “el uso y la

costumbre no deben usarse como fuente de derecho cuando hay leyes

aplicables al caso”.31 En ese contexto resulta meritorio detenernos

29

4 LPRA Ap. IX.

In re Machargo Barreras, 161 DPR 364, 370 (2004). En esa oportunidad indicamos

que nuestra rigurosidad se debía a la alta incidencia de traspasos de vehículo

de motor fraudulentos. Allí, repasamos lo siguiente:

30

In re Nieves Rivera, 124 DPR 803 (1989) (en este caso se suspendió

indefinidamente al señor Nieves Rivera del ejercicio de la

abogacía y notaría por reiteradamente dar fe de conocimiento y

de que los comparecientes firmaban el documento ante él —lo que

no era cierto— haciendo viable el traspaso de vehículos hurtados;

los “otorgantes” nunca comparecieron ante él y las firmas fueron

falsificadas); In re González González, 119 DPR 496 (1987) (se

suspendió al señor González González del ejercicio de la notaría

por el período de un año por otorgar un traspaso de licencia de

vehículo de motor sin que una de las partes compareciera ante

él).

Puerto Rico Horse Owners Association (PRHOA) v. Confederación Hípica de

Puerto Rico, 202 DPR 509, 522 (2019); 31 LPRA sec. 7.

31

CP-2019-0010

11

y analizar la figura del gestor regulada por la Ley Núm. 22-2000,

conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico,

9 LPRA sec. 5001 et seq. (Ley 22).

Conforme al Art. 1.48 de la Ley 22, supra32 un gestor de

licencias es aquella “persona autorizada por el Secretario [del

Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico33

(Secretario del DTOP)] para dedicarse al negocio de gestionar o

tramitar por otro, con la autorización de éste, la obtención de

cualquier tipo de licencia o su renovación

relacionada con

vehículos de motor, y por cuyos servicios podrá recibir el pago

de honorarios.” 34 (Énfasis nuestro).

Asimismo, el Art. 3.18 de la Ley 22, supra, dispone que la

persona interesada en ser gestor necesita una licencia y, para

ello, requiere la aprobación de un examen que ofrece el Secretario

del DTOP. El aspirante a gestor debe cumplir con los requisitos

que dispone el Art. VI del Reglamento para reglamentar los negocios

de gestorías de licencias, Reglamento Núm. 6272 de 2 de enero de

2001 (Reglamento 6272). Una vez aprobada y extendida la licencia

de gestor, cuya vigencia es de dos años, éste tendrá una función

limitada. Es decir, el gestor solo podrá “tramitar o gestionar por

otro la obtención de cualquier tipo de licencia o su renovación

relacionada a un vehículo de motor”.35 Acorde con el Art. XI del

32

9 LPRA sec. 5001(46).

33

Art. 1.88 de la Ley 22, 9 LPRA sec. 5001(86).

El Reglamento para reglamentar los negocios de gestorías de licencias,

Reglamento Núm. 6272 de 2 de enero de 2001, pág. 3 (Reglamento 6272) adoptó la

misma definición de gestor que estableció el Art. 1.48 de la Ley Núm. 22-2000,

conocida como la Ley de Vehículo y Tránsito de Puerto Rico (Ley 22).

34

35

Art. 1.48 de la Ley 22, 9 LPRA sec. 5001(46) y Art. VI Reglamento 6272.

CP-2019-0010

12

Reglamento 6272, supra, la representación o transacción que

realice el gestor por la persona que contrata sus servicios

únicamente se ejecuta ante el Centro de Servicios al Conductor

(CESCO).36

Nótese que, al evaluar el estatuto y el reglamento que

gobierna la figura del gestor dentro del negocio de la gestoría,

en ninguna de las partes discutidas se alude a que el gestor está

investido por ley o regla alguna para representar a su cliente

ante un notario. Lo mismo ocurre con el ordenamiento jurídico

notarial, pues éste no permite que un notario de fe de una

transacción sin que sus sentidos perciban

a los verdaderos

interesados en finiquitar un negocio jurídico. Esto es entregar

la confianza y la presunción de legalidad que permea en la fe

pública notarial.

Recalcamos, la fe pública notarial a la que el notario está

investido “es de carácter personal, indivisible e indelegable, de

completa responsabilidad del notario autorizante”.37 Acorde con lo

anterior, y luego de una evaluación de la Ley 22, supra, del

Reglamento 6272, supra, de la Ley Notarial, supra, y del Reglamento

Notarial, supra, es forzoso concluir que un notario no posee

autoridad legal para delegar la fe pública notarial a un tercero.

Ninguno de los estatutos discutidos expresamente faculta a que un

notario autentique la firma de un gestor que comparece ante él con

una declaración jurada que lo autoriza a culminar el proceso de

un traspaso de un vehículo de motor que el comprador y vendedor

36

Reglamento 6272, supra, págs. 11-13.

37

In re Torres Olmeda, supra.

CP-2019-0010

13

del mismo pretendan finiquitar. Más aun, debido a que las funciones

del notariado y de la gestoría tienen una base legal, el argumento

del uso y costumbre de que un gestor acuda a la oficina de un

notario para efectuar un traspaso a nombre de un tercero no tiene

cabida en nuestro ordenamiento.38

Otro asunto de importancia que debemos insistir es que la

inercia

de

los

profesionales

del

Derecho

en

observar

los

requerimientos de la ODIN sobre el ejercicio de la notaría tiene

el mismo efecto disruptivo que cuando se desatiende una orden

directa

de

este

Tribunal.39

Como

parte

del

trámite

de

la

incautación preventiva de una obra notarial la ODIN examina que

el notario haya cumplido con la inscripción de los testimonios en

el Libro de registros de testimonios y que haya adherido y

cancelado los aranceles correspondientes,40 tal como exige el Art.

10 de la Ley Notarial, supra, 4 LPRA sec. 2021. Lamentablemente,

la inobservancia de este deber tiene serias consecuencias,41 entre

éstas, “anulabilidad e ineficacia jurídica de estos documentos en

perjuicio de los otorgantes o de terceros, defrauda el erario y

podría resultar en la configuración del delito de apropiación

ilegal”.42

Puerto Rico Horse Owners Association (PRHOA) v. Confederación Hípica de

Puerto Rico, supra.

38

39

In re Troche Mercado, 194 DPR 747, 751 (2016).

40

Íd.

In re Troche Mercado, supra, citando a In re Salas Arana, 170 DPR 202 (2007);

In re Amundaray Rivera, 163 DPR 251 (2004); In re Casiano Silva, 145 DPR 343,

347 (1998); In re Cardona Estelritz, 137 DPR 453, 455 (1994).

41

42

In re Abendano Ezquerro, 198 DPR 677, 683 (2017).

CP-2019-0010

14

Así,

en

ocasión

de

que

un

abogado

se

resista

en

la

subsanación de la obra notarial y, además, con dicha conducta

quebrante la fe pública notarial al no adherir y cancelar los

aranceles correspondientes, expresamos lo siguiente:

Todo notario tiene la ineludible obligación de adherir y

cancelar en cada documento o instrumento público que

autorice y en las copias certificadas que de ellas expida

los correspondientes sellos de aranceles notariales. Se

trata, pues, de un deber ministerial al que deberá darle

cumplimiento estricto y que requiere que el arancel sea

adherido al momento de su otorgamiento. Ello debido a que

en estas copias certificadas que el notario expide, éste

da fe de haber adherido y cancelado los referidos

aranceles. Por lo tanto, al no hacerlo estaría dando fe de

haber realizado un acto que realmente no efectuó, lo que

constituye una falta extremadamente grave.

........

Además, incumplir con esta singular obligación expone al

notario a que sea objeto de las más severas sanciones

disciplinarias y conlleva que pueda ser responsable tanto

en el ámbito civil como en el penal, dependiendo de las

circunstancias en que ocurra tal violación. 43

III

Este es uno de esos casos en que la actuación es de tal

gravedad que solo corresponde la suspensión inmediata e indefinida

del ejercicio de la abogacía y la notaría del miembro de la

profesión legal. Si bien el letrado admitió sus actos, aseguró

estar arrepentido y afirmó no haber tenido ánimo de lucro, lo

cierto es que su conducta constituyó un incumplimiento craso a sus

deberes como custodio de la fe pública notarial.

El licenciado Vázquez Margenat olvidó que su práctica era

faena de tiempo y paciente integración de todos los elementos

documentales y con su despliegue provocó que la calidad de su

práctica sufriera mortalmente a causa de la festinación y de la

In re Troche Mercado, supra, pág. 752 citando a In re Román Jiménez, 161 DPR

727, 731 (2004).

43

CP-2019-0010

15

atracción de los atrechos fáciles.44 Recordemos que el abogado

actuó de manera incompetente, faltó a la honradez y no exaltó la

profesión legal al dar fe pública notarial de que legitimó las

firmas de los señores Jarabo Álvarez y González Ferreira en la

Certificación de título para un traspaso de un vehículo de motor.

Además, cedió la custodia de la fe pública notarial a un tercero

cuando confió en la información vertida por un gestor respecto a

las firmas de estos caballeros y certificó falsamente en el índice

de actividad notarial correspondiente al mes de diciembre de 2012

que los señores Jarabo Álvarez y González Ferreira fueron los que

otorgaron el testimonio núm. 18332. Por último, incumplió con

subsanar las deficiencias de la obra notarial señaladas por la

ODIN, entiéndase que no culminó las correspondientes entradas en

el Libro de registro de testimonios y tampoco terminó de adherir

ni cancelar los aranceles. Es incuestionable que la conducta

desplegada por el licenciado Vázquez Margenat refleja una apatía,

abandono e indiferencia a su responsabilidad en la práctica de la

notaría.45

IV

Por

los

fundamentos

expuestos,

suspendemos

inmediata

e

indefinidamente del ejercicio de la abogacía y de la notaría al

Lcdo. Jesús F. Vázquez Margenat.

En consecuencia, se le impone al señor Vázquez Margenat el

deber de notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad para

continuar representándolos y devolverles cualesquiera honorarios

recibidos por trabajos no realizados. De igual forma, tendrá que

44

Empire Life Ins. Co. v. Registrador, 105 DPR 136, 139 (1976).

45

In re Troche Mercado, supra, pág. 752.

CP-2019-0010

16

informar oportunamente de su suspensión a cualquier sala del

Tribunal General de Justicia o foro administrativo en el que tenga

algún caso pendiente. Deberá acreditar y certificar ante este

Tribunal el cumplimiento con lo anterior, en el término de treinta

días, contados a partir de la notificación de la presente Opinión

“per curiam” y Sentencia.

Se le apercibe al señor Vázquez Margenat que la presente

acción disciplinaria no le exime de tener que subsanar, a sus

expensas, las deficiencias señaladas por ODIN en su obra notarial.

Esa

obligación

subsiste

y

su

desatención

le

expone

al

correspondiente procedimiento de desacato. Por lo tanto, le

concedemos al señor Vázquez Margenat un término de sesenta días

para que subsane las deficiencias arancelarias de su obra notarial

y que contrate, a su costo, a un notario para corregir las

deficiencias señaladas. Consecuentemente, su fianza notarial queda

automáticamente cancelada. La fianza se considerará buena y válida

por tres años después de su terminación en cuanto a los actos

realizados por el notario Vázquez Margenat durante el periodo en

que la misma estuvo vigente. Asimismo, respecto a la deuda

arancelaria, se refiere este asunto al Departamento de Justicia

para la acción correspondiente.

Notifíquese esta Opinión Per Curiam y Sentencia mediante

correo electrónico y por teléfono.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Jesús F. Vázquez Margenat

(TS-5,491)

CP-2019-0010

Conducta

Profesional

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de agosto de 2020.

Por

los

fundamentos

expuestos,

suspendemos

inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía y

de la notaría al Lcdo. Jesús F. Vázquez Margenat.

En consecuencia, se le impone al señor Vázquez

Margenat el deber de notificar a todos sus clientes sobre

su

inhabilidad

para

continuar

representándolos

y

devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos

no realizados. De igual forma, tendrá que informar

oportunamente de su suspensión a cualquier sala del

Tribunal General de Justicia o foro administrativo en el

que tenga algún caso pendiente. Deberá acreditar y

certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo

anterior, en el término de treinta días, contados a partir

de la notificación de la presente Opinión “Per Curiam” y

Sentencia.

Se le apercibe al señor Vázquez Margenat que la

presente acción disciplinaria no le exime de tener que

subsanar, a sus expensas, las deficiencias señaladas por

ODIN en su obra notarial. Esa obligación subsiste y su

desatención le expone al correspondiente procedimiento de

desacato. Por lo tanto, le concedemos al señor Vázquez

Margenat un término de sesenta días para que subsane las

deficiencias arancelarias de su obra notarial y que

CP-2019-0010

2

contrate, a su costo, a un notario para corregir las deficiencias

señaladas.

Consecuentemente,

su

fianza

notarial

queda

automáticamente cancelada. La fianza se considerará buena y válida

por tres años después de su terminación en cuanto a los actos

realizados por el notario Vázquez Margenat durante el periodo en

que la misma estuvo vigente. Asimismo, respecto a la deuda

arancelaria, se refiere este asunto al Departamento de Justicia

para la acción correspondiente.

Notifíquese esta Opinión Per Curiam y Sentencia mediante

correo electrónico y por teléfono.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo.

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo