Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Francisco RádinsonPérez; Francisco RádinsonCaraballo; Sergio Rádinson Caraballo
2020 TSPR 86
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Francisco RádinsonPérez; Francisco RádinsonCaraballo; Sergio Rádinson Caraballo
CP-2017-17
Conducta profesional: Censuras enérgicas a los Lcdos. Francisco Rádinson Pérez y Sergio Rádinson Caraballo y suspensión inmediata del ejercicio de la abogacía del Lcdo. Francisco Rádinson Caraballo, por infracción al Canon 18 de Ética Profesional.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2020 TSPR 86
Francisco Rádinson Pérez
Francisco Rádinson Caraballo
Sergio Rádinson Caraballo
Número del Caso:
Fecha:
204 DPR _____
CP-2017-17
23 de julio de 2020
Abogado de los Promovidos:
Por derecho propio
Oficina del Procurador General:
Lcda. Lorena Cortés Rivera
Subprocuradora General Interina
Lcdo. Joseph Feldstein Del Valle
Subprocurador General
Lcda. Yaizamarie Lugo Fontánez
Procuradora General Auxiliar
Lcda. Noemí Rivera de León
Procuradora General Auxiliar
Comisionada Especial:
Hon. Jeannette Ramos Buonomo
Materia:
La suspensión del Lcdo. Francisco Rádinson Caraballo será
efectiva el 19 de agosto, fecha en que se le notificó de su suspensión
inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal.
Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Francisco Rádinson Pérez
Francisco Rádinson Caraballo
Sergio Rádinson Caraballo
CP-2017-17
Conducta
Profesional
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de julio de 2020.
En esta ocasión, nos corresponde ejercer nuestro
poder disciplinario para evaluar la conducta de los
Lcdos.
Francisco
Rádinson
Pérez,
Sergio
Rádinson
Caraballo y Francisco Rádinson Caraballo quienes, en
el ejercicio de la profesión legal, se distanciaron
del Canon 18 (Competencia del abogado y consejo al
cliente). Específicamente, incumplieron con su deber
de
defender
de
manera
diligente
y
adecuada
los
intereses de sus clientes al desconocer el derecho
vigente aplicable a la emancipación de un menor de
edad durante la tramitación de un caso de división
de herencia ante el Tribunal de Primera Instancia.
CP-2017-17
2
Por los
fundamentos que expondremos a continuación,
censuramos
enérgicamente
la
actuación
de
los
Lcdos. Francisco Rádinson Pérez y Sergio Rádinson Caraballo.
Además,
Lcdo.
decretamos
Francisco
la
Rádinson
suspensión
Caraballo
inmediata
del
ejercicio
abogacía por el término de un (1) mes.
del
de
la
Esto, ya que la
actuación de los letrados no fue cónsona con su obligación
ineludible de realizar un estudio riguroso y continuo de la
normativa legislativa, reglamentaria y jurisprudencial para
mantener un alto grado de excelencia y competencia en la
encomienda delegada por sus clientes.
Una encomienda de
naturaleza personalísima que forma parte de la vocación del
abogado. Véase, S. Steidel Figueroa, Ética para juristas:
Ética del abogado y responsabilidad disciplinaria, San Juan,
Ed. Situm, 2016, sec. 6.03, pág. 358.
Así, pasamos a
examinar el trasfondo procesal que dio base al procedimiento
disciplinario.
I
A. Trasfondo fáctico y procesal
Tras el fallecimiento del Sr. Manuel Monsegur Sanabria
(causante o señor Monsegur Sanabria), los miembros de su
sucesión compuesta por Manuel, Iván y Maritza de apellidos
Monsegur Roche y el Sr. Manuel Alberto Monsegur González
(sucesión
o
querellantes)
contrataron
los
servicios
profesionales del Lcdo. Miguel A. Montalvo Delgado y la
Lcda. Evelyn J. García López para presentar una demanda de
partición de herencia e injunction (Caso Núm. ISCI2004-1931)
CP-2017-17
3
en contra de la Sra. Haydee Franqui Sánchez (señora Franqui
Sánchez), por sí y en representación del hijo menor del
causante,
Álvaro
E.
Monsegur
Monsegur)1
el
de
diciembre
20
Franqui
de
(menor
2004.
En
o
Álvaro
resumen,
solicitaron la liquidación, división y adjudicación de los
bienes de la herencia en cuanto al caudal del causante, ya
que la posesión inmediata la ostentaba su viuda, la señora
Franqui Sánchez.
El 3 de marzo de 2005, los Lcdos. Francisco Rádinson
Pérez, Sergio Rádinson Caraballo y posteriormente, Francisco
Rádinson Caraballo, todos socios del
Bufete Rádinson &
Rádinson (Bufete R & R) asumieron la representación legal
de la señora Franqui Sánchez y del menor, y contestaron la
demanda.
Por otro lado, en mayo de 2005, el Lcdo. Francisco
Rádinson Pérez asumió la representación legal de la señora
Franqui
Sánchez
expropiación
y
(Caso
el
menor
en
un
procedimiento
Núm.
KEF2003-0026)
de
iniciado
anteriormente por el causante en la Sala de Expropiaciones
del Tribunal de Primera Instancia de San Juan en donde
previamente se había dictado sentencia final el 30 de enero
de 2004.
1
Sin embargo, ante el fallecimiento del causante,
Es meritorio destacar que al momento de la presentación de la
demanda de la partición de la herencia del Sr. Manuel Monsegur Sanabria
(causante o señor Monsegur Sanabria) (Caso Núm. ISCI2004-1931) en el
2004, su hijo menor de edad, Álvaro E. Monsegur Franqui (menor o Álvaro
Monsegur) contaba con diecisiete (17) años.
CP-2017-17
4
el dinero se encontraba consignado en el Tribunal.2
Por
dicha razón, como remedio para la aceptación y retiro del
dinero consignado, el 7 de octubre de 2006, se otorgó la
Escritura de emancipación Núm. 41, ante el Lcdo. Francisco
Rádinson Pérez quien la otorgó en capacidad de Notario.
Mediante la referida escritura, la señora Franqui Sánchez,
renunció a la patria potestad y custodia sobre los bienes y
la persona de Álvaro Monsegur, quien para entonces contaba
con diecinueve (19) años, y aceptó la emancipación.
Luego,
el 23 de octubre de 2006, el Lcdo. Francisco Rádinson Pérez
informó la referida emancipación en el caso de expropiación
forzosa (Caso Núm. KEF2003-0026) y solicitó el desembolso
de la compensación que estaba consignada a favor de la
sucesión del causante.3
Posteriormente, las partes suscribieron un Acuerdo de
transacción y relevo (Acuerdo) el 7 de mayo de 2007 en el
caso de la partición de la herencia (Caso Núm. ISCI20041931), con el fin de dividir la herencia y terminar el
pleito.4
Este documento fue firmado por las partes y sus
2
Advertimos que en el 2003 la Sra. Haydee Franqui Sánchez (señora
Franqui Sánchez) solicitó la emancipación judicial del menor (Caso Núm.
ISFR2005-01290) para de este modo permitirle a su hijo retirar el dinero
consignado en el caso de expropiación (Caso Núm. KEF2003-0026). Ante
la denegatoria a su petición por el Tribunal de Primera Instancia, la
señora
Franqui
Sánchez
recurrió
al
Tribunal
de
Apelaciones
(KLAN2005001390) que confirmó al foro primario.
3
Resaltamos que no surge del expediente evidencia para establecer
que la emancipación fuese notificada en el pleito relacionado con la
partición de la herencia (Caso Núm. ISCI2004-1931).
4
En el Caso Núm. ISCI2004-1391, las partes son la sucesión del señor
Monsegur Sanabria compuesta por Manuel, Iván y Maritza de apellidos
Monsegur Roche y el Sr. Manuel Alberto Monsegur González (querellantes
o sucesión), la señora Franqui Sánchez en su carácter personal y como
representante del menor.
CP-2017-17
5
representantes legales, a saber, el licenciado Montalvo
Delgado, y los querellados.
No obstante, por entender que
Álvaro Monsegur de diecinueve (19) años carecía de capacidad
legal para consentir al Acuerdo, la señora Franqui Sánchez
y Álvaro Monsegur se obligaron a tramitar una autorización
judicial como parte del Acuerdo.
En cumplimiento con lo anterior, el 7 de mayo de 2007,
la señora Franqui Sánchez, representada por los querellados,
presentó
una
petición
de
autorización
judicial
en
el
Tribunal de Primera Instancia (Caso Núm. ISRF2007-00697),5
con el fin de validar el Acuerdo efectuado entre las partes
para que Álvaro Monsegur pudiera recibir las participaciones
allí establecidas.
El 21 de septiembre de 2007, la licenciada García López
envió una carta al Lcdo. Sergio Rádinson Caraballo en la que
explicó
que
advino
en
conocimiento
de
la
escritura
de
emancipación y solicitó que se le confirmara la existencia
de
la
misma
y
si
entonces,
la
autorización
dispuesta en el Acuerdo era necesaria.6
judicial
Sin embargo, el
Lcdo. Sergio Rádinson Caraballo nunca respondió.
Entretanto, Álvaro Monsegur cumplió veintiún (21) años
en agosto del 2008, por lo que no se prosiguió con el trámite
de la autorización judicial.
Luego, el 14 de octubre de
2008, éste compareció ante el tribunal, representado por el
5
La
referida
petición
de
autorización
judicial
(Caso Núm. ISRF2007-00697) fue consolidada con el caso de partición de
herencia (Caso Núm. ISCI2004-1931).
6
Apéndice de AB-2011-26 (Pieza 3), pág. 279.
CP-2017-17
6
Lcdo. Sergio Rádinson Caraballo para informar que ya había
advenido a la mayoría de edad. Además, indicó que no deseaba
ratificar el Acuerdo.
Por ello, solicitó que se anulara el
mismo, ya que al momento en que se suscribió no tenía
capacidad para consentir.7
Mediante Resolución emitida el 30 de enero de 2009, el
Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la solicitud
de Álvaro Monsegur.
Así, decretó la nulidad del Acuerdo,
por falta del consentimiento de todas las partes y ordenó
la continuación de los procedimientos ordinarios relativos
a la partición de la herencia.8
El 13 de octubre de 2010, la representación legal de los
querellantes expresó que el 5 de octubre de 2010, advinieron
en conocimiento de la Escritura de emancipación Núm. 41. A
base de ello, presentaron una Moción de extrema urgencia
solicitando relevo de resolución interlocutoria por fraude
y para que se dicte sentencia de conformidad al contrato
transaccional. Mediante ésta solicitaron que se dejara sin
efecto la Resolución del 30 de enero de 2009, que declaró
nulo el Acuerdo, ya que el menor estaba emancipado al momento
de su firma. Alegaron que los querellados ocultaron la
emancipación intencionalmente por lo que cometieron fraude
7
8
Apéndice de AB-2011-26 (Pieza 3), pág. 59.
En desacuerdo, los miembros de la sucesión acudieron ante el
Tribunal de Apelaciones que emitió Sentencia el 29 de abril de 2009
(KLCE090033) mediante la cual confirmó al foro primario.
A su vez,
presentaron un recurso de certiorari ante este Tribunal (CC-2009-0506)
que fue declarado no ha lugar.
CP-2017-17
7
al tribunal.
Asimismo, presentaron una Moción solicitando
descalificación de los tres Abogados que representan a la
parte demandada y se eleven los autos al Tribunal Supremo
de P.R. por conducta impropia.
En síntesis, solicitaron la
descalificación inmediata de todos los abogados que ostentan
la representación legal de la señora Franqui Sánchez y
Álvaro Monsegur y que se elevaran los autos del caso ante
este Tribunal para que se evaluara la acción disciplinaria
correspondiente.
Por su parte, los letrados en oposición sostuvieron que
el único fin de la escritura de emancipación era retirar el
dinero consignado.
Alegaron que la representación legal de
la sucesión había sido negligente e irresponsable en la
defensa de los mejores intereses de sus clientes por conocer
sobre
la
emancipación
desde
antes,
solicitaron su descalificación.
por
lo
que
también
Por su parte, el Lcdo.
Francisco Rádinson Pérez a través de una declaración jurada
admitió que tenía responsabilidad completa del error, se
responsabilizó y resaltó la falta de intención.
Tras evaluar lo anterior, el 10 de noviembre de 2010, el
Hon. Edwin Nieves Troche emitió una Resolución y Orden en
la que descalificó al Lcdo. Francisco Rádinson Pérez, como
abogado
en
el
pleito
por
entender
que
éste
otorgó
la
Escritura de emancipación Núm. 41 sin informarlo en el
pleito de partición de herencia y con ello, permitió que se
perfeccionara el Acuerdo con el requisito innecesario de
realizar una autorización judicial omitiendo el hecho de que
CP-2017-17
8
Álvaro Monsegur ya era mayor de edad, pues había sido
emancipado en virtud de las enmiendas realizadas en el 1996
al Artículo 237 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA
sec. 915, que le concedían capacidad plena para regir sus
bienes.9
De esta forma, el Tribunal de Primera Instancia
determinó que el abogado incurrió en conducta censurable y,
por ello, lo descalificó.
Asimismo, señaló una vista de
presentación de prueba para determinar si Álvaro Monsegur,
efectivamente,
voluntaria.
consintió
al
Acuerdo
de
forma
libre
y
Finalmente, ordenó que se elevaran los autos a
este Tribunal.
El 31 de enero de 2011, los querellantes presentaron una
queja
disciplinaria
ante
este
Tribunal
contra
los
querellados (AB-2011-26).
Tras varios trámites procesales, el foro primario evaluó
la prueba desfilada en torno al consentimiento de Álvaro
9
Antes de la enmienda realizada por la Ley Núm. 7-1996, el Art. 237
del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA ant. sec. 915, establecía lo
siguiente:
La emancipación habilita al menor para regir su persona y
bienes como si fuera mayor; pero hasta que llegare a la mayor
edad no podrá el emancipado contraer promesa u obligación
alguna que exceda del importe de sus rentas por un año.
Tampoco podrá gravar ni vender bienes inmuebles suyos sin
consentimiento de su padre, y el de su madre, cuando ambos
ejerzan la patria potestad conjuntamente o el de ellos que
ejerza por sí solo y, en su caso, sin el de su tutor. Tampoco
podrá comparecer en juicio sin asistencias de dichas
personas. (Énfasis nuestro). Íd.
Posteriormente, la Ley Núm. 7-1996 enmendó el referido artículo
para establecer en lo pertinente, lo siguiente:
La emancipación habilita al menor para regir su persona y
bienes como si fuera mayor. Toda persona de dieciocho (18)
años o más emancipada por sus padres o por aquél con patria
potestad podrá regir sus bienes y contraer promesa y
obligación sin necesidad de la autorización de éstos.
(Énfasis nuestro). 31 LPRA sec. 915.
CP-2017-17
9
Monsegur y continuó con el proceso de la partición de la
herencia.
Así, el 22 de agosto de 2013, el foro primario
notificó una Sentencia y Resolución en la que reinstaló el
Acuerdo suscrito por las partes el 7 de mayo de 2007.
En
resumen, resolvió que la emancipación de Álvaro Monsegur lo
facultó para firmar el Acuerdo.
Explicó que, éste participó
en el otorgamiento, escuchó los términos y consintió a la
transacción.
Determinó que Álvaro Monsegur leyó y firmó el
Acuerdo con pleno conocimiento de sus efectos, dando así su
consentimiento libre y voluntario.
la
autorización
judicial
no
era
Por tanto, razonó que
necesaria
para
hacerlo
efectivo.10
En
cuanto
a
las
actuaciones
profesionales
de
los
peticionarios y sus abogados concluyó que “realizaron una
falsa representación al tribunal y a las partes en cuanto a
la necesidad de tal autorización judicial”.
B. Trámite disciplinario
1. AB-2010-293 – Lcdo. Francisco Rádinson Pérez
El 10 de noviembre de 2010, el Juez Edwin Nieves Troche
emitió una Resolución y Orden en la que descalificó al
Lcdo. Francisco Rádinson Pérez en el caso.11 El 16 de febrero
10
En desacuerdo, la señora Franqui Sánchez y su hijo, Álvaro Monsegur
recurrieron al foro apelativo intermedio (KLAN201301634) para impugnar
la reinstalación del Acuerdo de transacción y relevo (Acuerdo), al igual
que los querellantes (KLAN201301809), que recurrieron para revisar la
negativa del foro primario a conceder los intereses por mora y honorarios
de abogado. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones emitió una Sentencia
que denegó ambos recursos y confirmó al Tribunal de Primera Instancia.
11
Es meritorio destacar que los Lcdos. Francisco y Sergio Rádinson
Caraballo no fueron descalificados en el caso. Posteriormente, el 6 y 8
CP-2017-17
10
de 2011, tras atender la resolución, ordenamos al letrado a
contestar la queja (AB-2010-293).
Así, el 8 de marzo
de 2011, el Lcdo. Francisco Rádinson Pérez presentó su
contestación por virtud de la cual indicó que actuó de buena
fe y sin intención de cometer fraude alguno, ya que contaba
con el consentimiento de todas las partes.
Sostuvo que
actuó conforme a su entendimiento del derecho vigente y, con
ello, admitió su desconocimiento de la enmienda al Artículo
237 del Código Civil de Puerto Rico, supra, realizada en
1996 por la Ley Núm. 7-1996 que eliminó las restricciones
del emancipado sobre sus bienes.
Aceptó haber autorizado
la escritura de emancipación de Álvaro Monsegur con el único
fin de retirar una suma de dinero en el caso de expropiación
forzosa
(Caso
Núm.
KEF2003-0026),
por
lo
que
negó
rotundamente haber actuado con la intención de defraudar al
tribunal.
Por el contrario, afirmó que ello era para el
beneficio y mejor interés de todas las partes.
Finalmente,
planteó que su conducta constituyó un simple “error humano”.
Asimismo, el Lcdo. Francisco Rádinson Pérez señaló que
la autorización de dicho documento notarial fue notificada
al
licenciado
Montalvo
Delgado,
por
lo
que
éste
tenía
conocimiento de la referida emancipación como representante
legal de la sucesión.
El 1 de abril de 2011, remitimos el asunto a la Oficina
de la Procuradora General (OPG).
El proceso disciplinario
de julio de 2015, respectivamente, presentaron su solicitud de renuncia,
acogida por el Tribunal de Primera Instancia el 15 de julio de 2015.
CP-2017-17
11
estuvo paralizado hasta que culminó el caso de división de
herencia ante el Tribunal de Primera Instancia.
13
de
mayo
de
2016,
ordenamos
mediante
Así, el
resolución
la
continuación de los procedimientos disciplinarios.
2. AB-2011-26 – Lcdos. Francisco Rádinson Pérez,
Francisco Rádinson Caraballo y Sergio Rádinson Caraballo
El 31 de enero de 2011, la sucesión presentó una queja
disciplinaria (AB-2011-26) ante este Tribunal contra los
querellados.
Posteriormente, el 4 de marzo de 2011, el Lcdo. Francisco
Rádinson Pérez sometió su contestación y reiteró que no
actuó con intención de defraudar al tribunal al autorizar
la escritura.
Además, expresó que la representación legal
de la sucesión conocía de la presentación del documento en
el trámite del caso de expropiación forzosa (Caso Núm.
KEF2003-0026) desde octubre de 2006.
de
junio
de
2011,
los
Posteriormente, el 10
querellados
comparecieron
y
solicitaron la desestimación de la queja.
El
7
de
enero
de
2017,
a
solicitud
de
la
consolidamos las quejas (AB-2010-293 y AB-2011-26).
OPG,
Varios
meses después, el 1 de marzo de 2017, la OPG remitió su
Informe del Procurador General (Informe de la OPG).
Expuso
que los letrados incumplieron con los Cánones 18, 35 y 38
del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, al no
informar al foro primario o a los representantes legales de
las demás partes sobre la escritura de emancipación en el
pleito de la partición de herencia.
Además, indicó que
CP-2017-17
12
incumplieron con los Cánones 12 y 17 del Código de Ética
Profesional, supra, al causar dilaciones con el trámite de
autorización judicial, pudiendo culminar la controversia con
el Acuerdo en 2007 y no en 2015.
En
cuanto
al
Lcdo.
Francisco
Rádinson
Caraballo,
mencionó que pudo infringir los Cánones 9 y 35 del Código
de Ética Profesional, supra, por no informar su suspensión
del ejercicio de la abogacía durante el caso de la partición
de herencia.12
Por otro lado, refirió el caso a la Oficina
de Inspección de Notaría (ODIN) para evaluar su desempeño
como
notario
y
posible
infracción
de
la
Regla
5
del
Reglamento Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXIV, R.5,
al otorgar la Escritura de emancipación Núm. 41.13
12
La suspensión del Lcdo. Francisco Rádinson Caraballo en In re
Rádinson Caraballo, 172 DPR 1006 (2008), surgió por su incumplimiento
con el Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, tras no
responder prontamente a los requerimientos de documentos esenciales por
parte de la Oficina de Inspección de Notaría (ODIN) para la investigación
de la queja (AB-2005-252). El letrado fue suspendido de la profesión
de la abogacía el 16 de enero de 2008 y reinstalado el 14 de agosto
de 2008.
13
Como norma general, la Regla 5 del Reglamento Notarial de
Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXIV, R.5, establece que los notarios están
impedidos de representar legalmente a cualquiera de las partes
otorgantes en un pleito posterior mediante el cual se reclamen las
prestaciones contenidas en el documento otorgado ante ese notario. En
lo pertinente, dispone que:
La práctica de la profesión de abogado puede ser en algunas
ocasiones incompatible con la práctica de la notaría.
El notario autorizante de un documento público está
impedido de actuar posteriormente como abogado de una de
las partes otorgantes para exigir en un litigio
contencioso las contraprestaciones a que se haya obligado
cualquier otra parte en el documento otorgado ante él.
El notario está impedido de representar como abogado a un
cliente en la litigación contenciosa y, a la vez, servir
de notario en el mismo caso por el posible conflicto de
intereses o incompatibilidades que puedan dimanar del
mismo […]. Íd.
CP-2017-17
13
Por su parte, el 19 de abril de 2017, los querellados
presentaron su Escrito en torno a informe del procurador
general y ofrecimiento de excusas.
Mediante dicho escrito,
reiteraron que habían actuado sin intención de defraudar y
que la representación legal de la sucesión conocía de la
emancipación desde que se otorgó en 2006.
Arguyeron que el
efecto de la escritura se limitaba a permitir el desembolso
del dinero consignado en el caso de expropiación.
3. CP-2017-0017
Tras considerar el Informe de la OPG junto al Escrito en
torno a informe del Procurador General y ofrecimiento de
excusas interpuesto por los querellados, el 12 de mayo
de 2017, ordenamos se sometiese querella en contra de los
tres abogados por los Cánones 12, 17, 18, 35 y 38 del Código
de Ética Profesional, supra.
En cumplimiento con nuestra orden, el 17 de julio
de 2017, la OPG presentó la Querella correspondiente.
El 18 de agosto de 2017, los querellados solicitaron la
desestimación y negaron que hubieran incurrido en alguna
violación ética, porque no actuaron con mala fe ni con
intención de fraude.
El 1 de diciembre de 2017, denegamos
la solitud de los querellados.
Posteriormente, el 11 de septiembre de 2018, designamos
a la Hon. Jeannette Ramos Buonomo, Ex Jueza del Tribunal de
Apelaciones, como Comisionada Especial (Comisionada) para
que recibiera la prueba y nos emitiera un informe con las
CP-2017-17
14
determinaciones de hechos y recomendaciones que estimara
pertinentes.
Oportunamente se celebró una vista en la cual la OPG
sometió
su
caso
expedientes.14
Pérez
y
por
la
prueba
que
consta
en
los
Por su parte, los Lcdos. Francisco Rádinson
Francisco
Rádinson
Caraballo
presentaron
sus
testimonios.
El 18 de marzo de 2019, la Comisionada
remitió
el
documento intitulado Informe de la Comisionada Especial
(Informe)
con
las
determinaciones
recomendaciones de rigor.
de
hechos
y
Concluyó que la conducta de los
querellados provocó el incumplimiento de los Cánones 18 y
35 del Código de Ética Profesional, supra, y recomendó la
censura enérgica como sanción.
La Comisionada consideró
como atenuantes que no hubo ánimo de lucro, y que los
querellados
aceptaron
su
error
y
mostraron
sincero
arrepentimiento en todo momento.
Recibido el Informe, el 14 de mayo de 2019, la OPG
presentó su Reacción al Informe de la Comisionada Especial.
De esta forma, reafirmó su postura en torno a que los
querellados incumplieron con los preceptos contenidos en los
Cánones 12, 17, 18, 35 y 38 de Ética Profesional, supra.
Sostuvo que, como conocedores del derecho, los querellados
debían estar apercibidos que no era necesario el pleito de
14
De hecho, durante la vista, la Hon. Jeannette Ramos Buonomo, Ex
Jueza del Tribunal de Apelaciones, designada como Comisionada Especial
(Comisionada) aclaró que los cargos de la Queja AB-2010-293 relacionados
con el desempeño como Notario del Lcdo. Francisco Rádinson Pérez no
fueron parte de la querella.
CP-2017-17
15
autorización judicial y su ignorancia causó la dilación de
los procesos.15
Con
el
beneficio
del
Informe,
así
como
con
las
comparecencias de las partes, el caso quedó sometido para
la
adjudicación.
Por
ello,
procedemos
a
enmarcar
la
controversia en el derecho aplicable.
II
El
Código
de
Ética
Profesional
contiene
las
normas
mínimas que rigen la conducta de los miembros de la profesión
con el fin “de promover una conducta ejemplar para beneficio
de la ciudadanía, las instituciones de justicia y de la
profesión legal”.
In re Blain León, 199 DPR 443, 451 (2017).
Véanse, In re Nazario Díaz, 198 DPR 793, 802 (2017); In re
Ortiz, Rivera, 195 DPR 122, 131 (2016); In re Ortiz Delgado,
189 DPR 826, 830 (2013).
De manera que, los abogados deben
conducirse con diligencia, competencia y honradez, de forma
que se mantenga un orden jurídico íntegro y eficaz.
In re
Blain León, supra; In re Feliciano Rodríguez, 198 DPR 369,
378 (2017).
A. Canon 12 (Puntualidad y tramitación de causas) y
Canon 18 (Competencia del abogado y consejo al cliente)
El Canon 12 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap.
IX (Canon 12), impone a todo abogado el deber de tramitar
15
Los querellados reaccionaron con una moción presentada fuera del
término establecido por el Reglamento de este Tribunal. Por su parte,
reiteraron que su desconocimiento resultó ser un error de derecho y con
ello, un error de juicio.
Véase, Escrito en oposición al escrito
presentado por el procurador general, titulado “Reacción a informe de
la comisionada especial”.
CP-2017-17
las
16
causas
de
su
cliente
de
manera
responsable,
con
puntualidad y diligencia. In re Otero Calero, 200 DPR 562,
572-573 (2018); In re López Santiago, 199 DPR 797, 809-810
(2018); In re García Ortiz, 187 DPR 507, 516 (2012); In re
Nieves Nieves, 181 DPR 25, 35 (2011).
La falta de diligencia que da lugar a sanciones debe ser
grave.
Por
significativa
ello,
no
la
dilación
implica
Steidel Figueroa, op.
una
cit.,
sec.
sin
una
sanción
4.08,
consecuencia
disciplinaria.
pág.
232.
En
particular, el Canon 12 del Código de Ética Profesional, 4
LPRA Ap. IX, dispone que:
Es deber del abogado hacia el tribunal, sus
compañeros, las partes y testigos el ser
puntual en su asistencia y conciso y exacto en
el trámite y presentación de las causas. Ello
implica el desplegar todas las diligencias
necesarias para asegurar que no se causen
indebidas dilaciones en su tramitación y
solución. Sólo debe solicitar la suspensión de
vista cuando existan razones poderosas y sea
indispensable para la protección de los
derechos sustanciales de su cliente. Íd.
Por
su
parte,
el
Canon
18
del
Código
de
Profesional, supra (Canon 18) establece que:
Será impropio de un abogado asumir una
representación
profesional
cuando
[es]
consciente de que no puede rendir una labor
idónea, competente y que no puede prepararse
adecuadamente sin que ello apareje gastos o
demoras irrazonables a su cliente o a la
administración de la justicia.
Es deber del abogado defender los
intereses
del
cliente
diligentemente,
desplegando en cada caso su más profundo saber
y habilidad y actuando en aquella forma que la
profesión jurídica en general estima adecuada
y responsable. (Énfasis suplido). Íd.
Ética
CP-2017-17
17
De esta forma, se le impone un deber ineludible al
abogado que se obliga profesionalmente con un cliente de ser
responsable, de conducir los asuntos delegados de manera
capaz, competente y diligente, desplegando en todo momento
el máximo de sus habilidades y conocimientos.
In re Blain
León, supra, pág. 453; In re Nazario Díaz, supra, pág. 803.
Conforme a lo anterior, todo abogado tiene el deber ético
de conocer el ordenamiento legal y actuar de conformidad al
mismo.
In re Roldán González, 195 DPR 414, 422 (2016); In
re Ayala Vega I, 189 DPR 672, 679 (2013); In re Nieves
Nieves, supra, pág. 38.
Asimismo, el abogado está obligado
a defender diligentemente, con celo y dentro del marco
ético, los derechos e intereses de su cliente.
In re
Bonhomme Meléndez, 2019 TSPR 105, 202 DPR __ (2019); In re
García Incera, 201 DPR 1043, 1049 (2019); In re Rivera
Nazario, 193 DPR 573, 582-583 (2015).
de
diligencia
implica
que,
al
Por ello, el deber
abogado
aceptar
la
representación legal de una persona, deberá realizar “las
gestiones que le fueron encomendadas en momento oportuno,
en forma adecuada y sin dilaciones que puedan afectar la
pronta solución de la controversia”.
cit., sec. 4.04, pág. 221.
Steidel Figueroa, op.
Véanse, también, In re Rivera
Rodríguez, 2019 TSPR 140, 202 DPR __ (2019); In re García
Incera, supra, pág. 1050; In re Miranda Daleccio, 193 DPR
753, 762 (2015); In re Pietri Torres, 191 DPR 482, 488
(2014).
CP-2017-17
18
Anteriormente,
competencia
del
distinguirlo
al
discutir
Canon
del
deber
18,
de
y
explicar
hemos
sido
diligencia
el
deber
de
cuidadosos
al
impuesto
por
el Canon 12, ya que:
[E]l
deber
de
diligencia
que
impone
el Canon 12, supra, se refiere al deber de
actuar oportunamente a favor de un cliente o
respecto a órdenes del tribunal [mientras que]
[e]l deber de competencia, por su parte, puede
delimitarse
al
deber
de poseer
los
conocimientos jurídicos necesarios para la
tramitación adecuada de un caso o gestión
profesional”.
(Énfasis nuestro).
In re
Muñoz, Morell, 182 DPR 738, 751 (2011).
Así
pues,
razonamos
al
amparo
de
la
siguiente
explicación del Hon. Sigfrido Steidel Figueroa:
Aun
cuando
el
deber
de
actuar
competentemente parece estar subsumido en el
deber de diligencia, ambos deberes pueden
distinguirse.
El
deber
de
diligencia
comprende
tanto
al
deber
de
actuar
oportunamente a favor de un cliente como al
deber de cumplir diligentemente las órdenes
del tribunal.
El de competencia puede
circunscribirse exclusivamente al deber de
poseer los conocimientos jurídicos necesarios
para la tramitación adecuada de un caso o
gestión profesional.
El primero parecería
referirse a cómo el abogado actúa en la
tramitación de un caso desde la perspectiva
procesal.
El segundo parece referirse al
conocimiento que se tiene, o más bien, en cuán
“al día” está el abogado en el conocimiento
del Derecho.
Sin embargo, no actuar
oportunamente pudiera ser consecuencia de que
se carece del conocimiento de que se debía
actuar
[…].
(Énfasis
suplido).
Steidel Figueroa, op. cit., pág. 233.
No podemos olvidar que la representación legal adecuada
presupone que el abogado posee los conocimientos y las
destrezas jurídicas vinculadas a su gestión profesional.
Ello, podrá lograrse cuando el abogado realiza un estudio
CP-2017-17
19
riguroso y continuo de las normas legales aplicables a las
controversias planteadas en cada uno de sus casos.
Véase,
Canon 2 del Código de Ética Profesional, supra.
B. Canon 17 (Litigios injustificados)
El Canon 17
del
Código
de
Ética
Profesional,
supra
(Canon 17)16 prohíbe al abogado iniciar procesos judiciales
a favor de su cliente cuando esté convencido que a través
de éstos se pretende molestar, hostigar y perjudicar a la
parte adversa.
In re Irizarry Rodríguez, 193 DPR 633, 663-
664 (2015); In re Salas Arana, 188 DPR 339, 341-342 (2013).
Además, expone que la comparecencia de un abogado ante el
tribunal equivale a una afirmación sobre su honor de que, a
su juicio, el caso de su cliente es digno de un remedio
judicial.
Por
consiguiente,
al
suscribir
un
escrito
judicial, el abogado certifica que lo leyó y que, conforme
16
El Canon 17 del Código de Ética Profesional, supra, dispone lo
siguiente:
Todo abogado debe negarse a representar a un
cliente en un caso civil cuando estuviere convencido de
que se pretende por medio del pleito molestar o
perjudicar a la parte contraria, haciéndole víctima de
opresión o daño.
Su comparecencia ante un tribunal
debe equivaler a una afirmación sobre su honor de que
en su opinión el caso de su cliente es uno digno de la
sanción judicial.
La firma de un abogado en una
alegación en un caso equivale a certificar que ha leído
la alegación y que de acuerdo con su mejor conocimiento,
información y creencia está bien fundada.
Un abogado deberá solicitar permiso del tribunal
para renunciar la representación profesional de su
cliente en un caso en litigio cuando se convenza durante
el curso del pleito que el mismo es injustificado y que
se pretende por medio del proceso molestar o perjudicar
a la parte contraria, haciéndole víctima de opresión o
daño. Íd.
CP-2017-17
a
su
20
juicio,
fundado.
información
y
conocimiento,
está
bien
In re Guzmán Guzmán, 181 DPR 495, 509 (2001).
Consecuentemente, actúa en contravención a este canon
todo abogado que presente un escrito con alegaciones falsas
o que carecen de la prueba necesaria para sustentarlas, más
aun si las mismas inducen a error al tribunal.
In re
Irizarry Rodríguez, supra, pág. 664; In re Guzmán Guzmán,
supra. Igualmente, infringe el canon el abogado que durante
el transcurso de un pleito se percata de que es injustificado
y no se lo informe al cliente, ni presenta su renuncia formal
para
la
consideración
del
foro
judicial. In
re
Rivera
Contreras, 2019 TSPR 56, 202 DPR __ (2019); In re Irizarry
Rodríguez, supra, pág. 664.
C. Canon 35 (Sinceridad y honradez)
En lo pertinente, el Canon 35
del Código de Ética
Profesional, supra (Canon 35) dispone que:
La conducta de cualquier miembro de la
profesión legal ante los tribunales, para con
sus representados y en las relaciones con sus
compañeros debe ser sincera y honrada.
No es sincero ni honrado el utilizar medios
que sean inconsistentes con la verdad ni se
debe inducir al juzgador a error utilizando
artificios o una falsa relación de los hechos
o del derecho. Íd.
Como se puede colegir, este canon exige a los abogados
ser
sinceros
y
honrados
con
sus
compañeros abogados y el tribunal.
TSPR 52, 202 DPR __ (2019).
representados,
sus
In re Peña Ríos, 2019
En ese sentido, hemos expresado
que el Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra,
requiere que la conducta de todo miembro de la profesión se
CP-2017-17
21
caracterice por la sinceridad y la honradez.
Contreras, supra; In re Peña Ríos, supra.
In re Rivera
Añade el precepto
que no es sincero ni honrado utilizar medios incompatibles
con la verdad, ni se debe inducir a error al juzgador
mediante artificios o una falsa relación de los hechos o del
derecho.
In re Ortiz Sánchez, 201 DPR 765, 781 (2019); In
re Irizarry Vega, 198 DPR 1066, 1075 (2017); In re Pagani
Padró, 198 DPR 812, 823 (2017); In re Nazario Díaz, supra,
pág. 805; In re Irizarry Rodríguez, 193 DPR 633, 665 (2015).
Conforme
a
lo
anterior, el
abogado
que
provee
información falsa al tribunal o que no se ajuste a la verdad,
o que oculte información que deba ser revelada, incumple con
este canon.
In re Rivera Contreras, supra; In re Ortiz
Sánchez,
supra; In
(2010).
Asimismo, en cuanto al elemento de la intención
para
incurrir
en
re
Torres
el
Viñals,
incumplimiento
180
de
DPR
236,
este
248
canon,
anteriormente hemos expresado que:
El deber establecido en el Canon 35 se
infringe por el simple hecho de faltar a la
verdad, independientemente de los motivos de
la falsedad. En esencia, no es necesario que
se haya faltado a la verdad deliberadamente o
con la intención de defraudar o engañar […].
Lo fundamental es que se falte a los valores
de honradez y veracidad, pilares de la
profesión legal. In re Reyes Coreano, 190 DPR
739, 756 (2014).
Véanse, In re Iglesias
García, 183 DPR 572, 578 (2011); In re Nieves
Nieves, supra, págs. 41-42; In re Astacio
Caraballo, 149 DPR 790, 799 (1999).
Conforme
a
ello,
hemos
determinado
que
el
desconocimiento y la falta de intención no impiden que se
CP-2017-17
22
incumpla con el Canon 35. In re Iglesias García, supra, pág.
579.
Ahora bien, recientemente en In re Rivera Contreras,
supra, al evaluar si una letrada incurrió en una violación
ética
durante
la
tramitación
de
un
procedimiento
de
inmigración, determinamos que los valores de honradez y
sinceridad al inducir a error al tribunal se infringen si
media la intención de faltar a la verdad.
En particular,
expresamos que la abogada no incurrió en violación del Canon
35, ya que “no tuvo la intención de inducir a error a este
Foro ni a la [OPG] cuando nos informó sobre el desenlace de
la
demanda
suplido).
civil
Íd.
presentada
en
su
contra”.
(Énfasis
De esta forma, nuestra postura reciente es
cónsona con el análisis del elemento de la intención en el
Canon 35 que presenta el Hon. Sigfrido Steidel Figueroa al
razonar lo siguiente:
[…] ¿Cómo se falta a los valores de honradez
y veracidad si no media conducta deliberada o
de mala fe? La caracterización de hechos no
veraces
de
manera
inconsciente
o
por
inadvertencia cuando así se prueba no debe
acarrear sanciones disciplinarias en ausencia
de circunstancias especiales, como lo sería
que el abogado actúe con poco o ningún rigor
profesional.
.
.
.
.
.
.
.
.
[…] [L]a exposición de hechos falsos, sin
intención, está más próxima a pobre rigor
profesional, razón por la cual no está
implicado el deber […] de ser sincero. Los
deberes implicados son los de diligencia y
competencia, pues, […] la violación del deber
de sinceridad supone consciencia de los hechos
y deliberación de falsearlos.
(Énfasis
nuestro). Steidel Figueroa, op. cit., págs.
252 y 255.
CP-2017-17
23
D. Canon 38 (Preservación del honor y dignidad de la
profesión)
El Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra (Canon
38) puntualiza que los dos (2) valores principales con los
que debe cumplir un abogado son: la dignidad y el honor al
ejercer
la
abogacía
y
en
su
vida
privada.
Asimismo,
instituye el deber de evitar hasta la apariencia de conducta
profesional impropia.
Por consiguiente, todo letrado debe
actuar de forma escrupulosa y guiado por un alto sentido de
responsabilidad considerando la función social que ejerce y
la institución que representa.
In re Nieves Nieves, supra,
pág. 45; In re Fingerhut Mandry, 196 DPR 327, 333 (2016).
Sin embargo, al momento de evaluar su incumplimiento, hemos
expresado que no es suficiente determinar que los abogados
violaron otros cánones para infringir el Canon 38.
In re
Reyes Coreano, supra, pág. 758.
E. Sanción
En
cuanto
a
la
sanción
disciplinaria
por
el
comportamiento exhibido, debemos considerar los factores
siguientes: (1) la reputación del abogado en la comunidad;
(2)
su
historial
disciplinario;
(3)
si
la
conducta
es
aislada; (4) si medió ánimo de lucro; (5) si presentó una
defensa frívola de su conducta; (6) si ocasionó perjuicio a
alguna parte; (7) si resarció al cliente; (8) si demostró
aceptación o arrepentimiento sincero por la conducta que le
fue imputada, y (9) otros atenuantes o agravantes que surjan
de los hechos.
In re Meléndez Figueroa, 2019 TSPR 148, 202
CP-2017-17
24
DPR __ (2019); In re Rivera Rodríguez, supra; In re Padilla
Avilés, 2019 TSPR 141, 202 DPR __ (2019); In re Roldán
González, supra, pág. 425; In re Miranda Daleccio, supra,
pág. 766 esc. 4.
Con el fin de evitar la arbitrariedad y promover una
reglamentación ética uniforme y coherente, es necesario
tratar las faltas semejantes del mismo modo.
In re Rivera
Nazario, supra, págs. 587-588; In re Díaz Alonso, Jr., 115
DPR 755, 760-761 (1984).
Esto significa que, al decidir la
sanción disciplinaria, es forzoso ponderar las sanciones que
hemos
impuesto
a
otros
miembros
de
la
profesión
en
infracciones disciplinarias análogas, tras llevar a cabo la
revisión de los precedentes.
Ahora
bien,
al
In re Rivera Nazario, supra.
momento
de
imponer
la
medida
disciplinaria, debemos reconocer que cada uno de los casos
presenta
circunstancias
únicas
y
determinantes
que,
en
ocasiones, justifican que nos distanciemos de la sanción
disciplinaria
otorgada
situaciones similares.
en
ocasiones
anteriores
ante
In re Villalba Ojeda, 193 DPR 966,
982-983 (2015); In re De León Rodríguez, supra, págs. 396397.
“Lo importante es que cuando nos apartemos de los
precedentes
similares,
satisfactoria
que
brindemos
justifique
nuestro
una
explicación
proceder”.
In
re
con
la
Villalba Ojeda, supra.
III
En
esta
ocasión
coincidimos
en
parte
recomendación del Informe al concluir que los querellados
CP-2017-17
25
incumplieron
con
el
Profesional,
supra.
Canon
18
del
Código
Así,
reiteramos
que
de
no
Ética
estamos
obligados por la recomendación del informe realizado, y en
lugar
de
adoptarlo,
podemos
modificarlo
o
rechazarlo.
Aunque, en cuanto a su apreciación de los hechos, hemos
reiterado
que
demuestre
daremos
que
prejuiciados
o
deferencia,
fueron
salvo
parcializados,
manifiestamente
erróneos.
que
el
récord
apasionados,
In
re
Rivera
Rodríguez, supra; In re Ramírez Salcedo, 199 DPR 208, 215216 (2017); In re Pietri Castellón, 185 DPR 982, 995 (2012).
De
hecho,
la
Comisionada
otorgó
credibilidad
a
la
versión de los letrados de que el origen de su error fue el
ignorar el derecho vigente desde el inicio de su gestión
profesional.
Entendió
que,
como
resultado
de
dicho
desconocimiento, éstos llegaron a una conclusión jurídica
incorrecta durante el curso de la representación legal, por
entender que la emancipación realizada en el trámite de
expropiación se limitaba a ese proceso sin tener efecto
alguno sobre el otro litigio concerniente a la partición de
herencia.
Por consiguiente, razonaron que no era necesario
informarlo en el proceso paralelo, ya que el propósito de
emancipar a Álvaro Monsegur se limitaba a permitir el retiro
del
dinero
advertir
consignado
que
ese
en
el
caso
dictamen
le
otorgó
completa para regir sus bienes.
de
expropiación,
capacidad
sin
jurídica
Lo anterior, puesto que,
en ese momento, desconocían de la enmienda al Artículo 237
del Código Civil de Puerto Rico, supra, por la Ley Núm. 7-
CP-2017-17
26
1996.
Es decir, la admisión de los letrados de que ignoraban
el estado del ordenamiento legal relevante para su gestión
profesional
configuró
una
violación
representar
competentemente
los
a
su
intereses
representados, consignado en el Canon 18.
deber
de
de
sus
Coincidimos en
este aspecto con la Comisionada.
Ahora bien, a base de lo anterior, la Comisionada también
concluyó que los querellados incumplieron con el Canon 35,
por entender que éstos indujeron a error al Tribunal de
Primera Instancia pues, ante su desconocimiento del derecho
vigente omitieron información que le debió ser revelada al
juzgador.
Específicamente, ésta hizo referencia a que los
letrados no divulgaron la emancipación previa del menor en
el pleito de expropiación, lo que tornó innecesaria la
autorización judicial que se puso como condición en el
Acuerdo de la partición de herencia.
evitado
también
el
intento
del
Además, se hubiese
menor
de
retractar
su
la
Comisionada,
consentimiento del Acuerdo.
Contrario
a
la
determinación
de
resolvemos que la actuación de los letrados no resultó ser
contraria al Canon 35.
A pesar de que anteriormente hemos
indicado
de
que
la
falta
intención
no
es
un
elemento
necesario para la violación a esta disposición ética, esto
presupone que el abogado imputado de la infracción sí tenía
conocimiento de los hechos en los que está cimentado el
supuesto engaño al tribunal.
CP-2017-17
27
En este caso, la conducta de los letrados no evidenció
un designio de defraudar al foro primario sino más bien un
desconocimiento
traduce
en
del
poco
caracterización
ordenamiento
rigor
legal
profesional.
inexacta
de
los
vigente
que
se
denotó
una
presentados
al
Ello,
hechos
juzgador por inadvertencia o de manera inconsciente que
claramente contrasta con la representación ficticia de los
hechos que surge de una conducta deliberada de falsearlos a
consciencia de la falsedad de los mismos.
Consecuentemente,
según los hechos probados y examinados por la Comisionada,
quedó demostrado que los querellados por omisión proveyeron
al
tribunal
la
información
incorrecta
de
la
capacidad
jurídica de Álvaro Monsegur, a causa de la falta de rigor
profesional que atentó contra los deberes de competencia y
diligencia.
Por lo tanto, concluimos que, bajo las circunstancias
particulares de este caso, el incumplimiento de los letrados
no configuró la violación a los postulados de sinceridad y
honradez protegidos por el referido Canon 35.
Por otro lado, coincidimos con el Informe al descartar
que los abogados infringieron los Cánones 12, 17 y 38.
Veamos.
Tras
examinar
el
trámite
procesal
del
pleito
de
partición de herencia, determinamos que la continuación del
litigio
posterior
a
mayo
otorgaron
el
Acuerdo-
resultado
de
la
y
defensa
de
2007
los
trámites
de
los
-cuando
las
partes
apelativos,
intereses
de
son
los
CP-2017-17
28
representados
por
los
letrados.
Específicamente,
al
impugnar el consentimiento del señor Monsegur Franqui al
Acuerdo y con ello, la validez del mismo, los letrados
actuaron siempre de manera oportuna y diligente en beneficio
de sus clientes y acatando las órdenes del tribunal.
De
manera que, la dilación sin una consecuencia significativa
no acarrea una sanción disciplinaria por incumplimiento del
Canon 12 como ocurrió en el caso ante nos.
Por otra parte, la admisión de la falta de conocimiento
del derecho junto a la determinación de la Comisionada sobre
la falta de evidencia clara, robusta y convincente por parte
de la OPG para establecer que los querellados conocían la
falta de necesidad de la petición de autorización judicial
y la impugnación de la validez del Acuerdo, nos lleva a
concluir que los letrados actuaron amparados en su mejor
conocimiento, información y creencia.
Ante ese panorama,
no
entablados,
podemos
inferir
innecesarios,
que
estuvieron
los
pleitos
motivados
por
el
aunque
propósito
de
molestar, hostigar o perjudicar a la otra parte, según
prescrito por el Canon 17.
De la misma manera, según los hechos reseñados, la
conducta de los letrados al tener como base la falta de
rigor
profesional,
tampoco
configura
el
supuesto
de
apariencia de conducta impropia que atenta contra el honor
y la dignidad de la profesión, contemplado en el Canon 38.
En cuanto a la sanción, consideramos como atenuantes que
no hubo ánimo de lucro, ya que los querellados no han cobrado
CP-2017-17
29
por sus servicios y, además, aceptaron su error en todo
momento con sincero arrepentimiento.17
que
respecta
al
Lcdo.
Francisco
Ahora bien, en lo
Rádinson
Caraballo,
consideramos como agravante que, según mencionáramos, éste
fue suspendido anteriormente de la abogacía y la notaría en
In re Rádinson Caraballo, 172 DPR 1006 (2008), suspensión
que nunca comunicó en el trámite procesal de la partición
de herencia.
De conformidad con lo expuesto y habida cuenta de que
únicamente se infringió el Canon 18, con el fin de promover
la uniformidad en la imposición de sanciones, censuramos
enérgicamente a los Lcdos. Francisco Rádinson Pérez y Sergio
Rádinson Caraballo.18
En cuanto al Lcdo. Francisco Rádinson
Caraballo, considerando el agravante mencionado, decretamos
su suspensión inmediata del ejercicio de la abogacía por el
término de un (1) mes.
IV
Por
los
fundamentos
que
anteceden,
censuramos
enérgicamente a los Lcdos. Francisco Rádinson Pérez y Sergio
Rádinson
inmediata
Caraballo.
del
Lcdo.
Además,
decretamos
Francisco
Rádinson
la
suspensión
Caraballo
del
ejercicio de la abogacía por el término de un (1) mes.
El
Sr. Francisco Rádinson Caraballo deberá notificar de forma
17
Véase, Escrito en oposición al escrito presentado por el Procurador
General, titulado “Reacción a informe de la Comisionada Especial”.
18
Véanse, In re Pérez Villanueva, 198 DPR 1006 (2017); In re Pietri
Torres, 191 DPR 482 (2014); In re Portela Martínez, 191 DPR 84 (2014).
CP-2017-17
30
inmediata a sus clientes que, por motivo de su suspensión,
no
podrá
continuar
proveyéndoles
consultoría
ni
representación legal, y deberá devolverles los expedientes
de los casos pendientes, así como los honorarios recibidos
por trabajo no realizado.
De igual manera, tendrá la
responsabilidad de informar inmediatamente de su suspensión
a todos los foros judiciales y administrativos en los que
tenga algún caso pendiente.
Asimismo, deberá acreditar y
certificar ante este Tribunal el cumplimiento con todo lo
anterior, dentro del término de treinta (30) días, contado
a partir de la notificación de la presente Opinión Per Curiam
y Sentencia.
No hacerlo pudiera conllevar que no se le
reinstale al ejercicio de la profesión de solicitarlo en el
futuro.
Se apercibe a los letrados que, de incurrir en conducta
impropia en el futuro, podrán ser sancionados de forma más
severa.
Les
advertimos,
además,
que
deberán
ser
más
cuidadosos con el ejercicio de la función profesional que
desempeñan
y
ceñirse
estrictamente
a
los
deberes
deontológicos que impone el Código de Ética Profesional.
Se dictará Sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Francisco Rádinson Pérez
Francisco Rádinson Caraballo
Sergio Rádinson Caraballo
CP-2017-17
Conducta
Profesional
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico a 23 de julio de 2020.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per
Curiam que antecede, la cual se hace formar parte
íntegra
de
la
presente
Sentencia,
censuramos
enérgicamente a los Lcdos. Francisco Rádinson Pérez y
Sergio Rádinson Caraballo.
Además, decretamos la
suspensión inmediata del Lcdo. Francisco Rádinson
Caraballo del ejercicio de la abogacía por el término
de un (1) mes.
El Sr. Francisco Rádinson Caraballo deberá notificar
de forma inmediata a sus clientes que, por motivo de su
suspensión,
no
podrá
continuar
proveyéndoles
consultoría
ni
representación
legal,
y
deberá
devolverles los expedientes de los casos pendientes,
así como los honorarios recibidos por trabajos no
realizados. De igual manera, tendrá la responsabilidad
de informar inmediatamente de su suspensión a todos los
foros judiciales y administrativos en los que tenga
algún caso pendiente.
Asimismo, deberá acreditar y
certificar ante este Tribunal el cumplimiento con todo
lo anterior, dentro del término de treinta (30) días,
contado a partir de la notificación de la Opinión Per
Curiam que antecede y esta Sentencia.
El no hacerlo
podría conllevar que no se le reinstale al ejercicio de
la profesión de solicitarlo en el futuro.
CP-2017-17
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Se apercibe a los letrados que, de incurrir en conducta
impropia en el futuro, podrán ser sancionados de forma más
severa.
Se les advierte, además, que deberán ser más
cuidadosos con el ejercicio de la función profesional que
desempeñan
y
ceñirse
estrictamente
a
los
deberes
deontológicos que impone el Código de Ética Profesional.
Notifíquese esta Opinión Per Curiam y Sentencia por
medio del correo electrónico registrado en el Registro Único
de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RUA). El recibo de
la notificación será confirmado por la vía telefónica.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco
disiente y hace constar la siguiente expresión:
La Jueza Asociada señora Pabón Charneco
disiente en cuanto al tratamiento del Canon 35 en
la Opinión Per Curiam y el alcance que le da a
nuestras expresiones en In re Rivera Contreras, 202
DPR 73 (2019).
El Canon 35 del Código de Ética Profesional no
requiere que el abogado o la abogada tenga la
intención de violar las normas éticas, aunque sí
debe tomarse en consideración la falta de intención
al determinar la sanción disciplinaria a imponerse.
In re Peña Ríos, 202 DPR 5 (2019); In re Iglesias
García, 183 DPR 572 (2011). Por el contrario, basta
que voluntariamente y con conocimiento incurra en
los actos que se le imputan. G. Figueroa Prieto,
Conducta Profesional, 71 Rev. Jur. UPR 237, 242
(2002), citando a C.W. Wolfram, Modern Legal
Ethics, St. Paul, Minn., West Publishing Co., 1986.
La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez disiente sin
Opinión escrita. El Juez Asociado señor Colón Pérez no
intervino.
José Ignacio Campos Pérez
Secretario del Tribunal Supremo