Tribunal Supremo de Puerto Rico
Garib Bazaín v. Hospital Español Auxilio Mutuo de Puerto Rico y otros
2020 TSPR 69
Poder Judicial de Puerto Rico
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Garib Bazaín v. Hospital Español Auxilio Mutuo de Puerto Rico y otros
CC-2018-530
Derecho Constitucional y Derecho Laboral: La cualidad de exconvicto de una persona no está subsumida en la categoría de origen o condición social protegida por la Constitución o por la legislación que prohíbe el discrimen en el empleo.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Garib Bazaín, Jorge
Recurrido
Certiorari
v.
2020 TSPR 69
Hospital Español Auxilio
Mutuo de Puerto Rico, Inc.;
Sociedad Española de Auxilio
Mutuo y Beneficencia de Puerto
Rico, Inc.; Dr. José A. Isado
Zardón y la Sociedad de Bienes
Ganaciales compuesta con la
Sra. Diana Vigil Vigil
204 DPR _____
Peticionaria
Número del Caso:
Fecha:
CC-2018-0530
27 de julio de 2020
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan-Caguas
Abogados de la parte peticionaria:
Lcda. Iris M. Monrouzeau Bonilla
Lcdo. Pedro J. Manzano Yates
Lcdo. Gilberto C. Ramos Martínez
Abogado de la parte recurrida:
Lcdo. Enrique J. Mendoza Méndez
Materia:
Derecho Constitucional y Derecho Laboral: La
cualidad de exconvicto de una persona no está subsumida en
la categoría de origen o condición social protegida por la
Constitución o por la legislación que prohíbe el discrimen
en el empleo.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Garib Bazaín, Jorge
Recurrido
v.
Hospital
Español
Auxilio
Mutuo de Puerto Rico, Inc.;
Núm. CC-2018-0530
Sociedad Española de Auxilio
Mutuo y Beneficencia de Puerto
Rico, Inc.; Dr. José A. Isado
Zardón y la Sociedad de Bienes
Gananciales compuesta con la
Sra. Diana Vigil Vigil
Peticionarios
Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora
Rodríguez Rodríguez
San Juan, Puerto Rico, a 27 de julio de 2020
El
presente
caso
nos
brinda
la
oportunidad
de
interpretar y delimitar los contornos de la contraparte
estatutaria de nuestra cláusula constitucional que prohíbe
el
discrimen
controversia
por
condición
ante
social.
nuestra
Específicamente,
consideración
exige
la
que
determinemos si una denegatoria de privilegios médicos por
parte
de
un
hospital
fundamentada
en
la
cualidad
de
exconvicto del solicitante constituye el tipo de discrimen
por condición social proscrito por la Ley Núm. 100 de 30 de
junio de 1959, infra.
I.
El 25 de marzo de 2010, el Dr. Jorge Garib Bazain
presentó una demanda de sentencia declaratoria, injunction
y daños y perjuicios en contra del Hospital Auxilio Mutuo
CC-2018-0530
(Hospital),
2
la
Sociedad
Española
de
Auxilio
Mutuo
y Beneficencia de Puerto Rico, Inc. (Sociedad), el Dr. José
A. Isado Zardón y la Sociedad de Bienes Gananciales compuesta
por
éste
y
la
Sra.
Diana
Vigil
Vigil
(peticionarios).
En ésta, alegó que se le habían denegado privilegios médicos
de manera discriminatoria e ilegal por su condición de
exconvicto y que se le había violentado su derecho a un
debido proceso de ley durante el proceso de revisión que
culminó
en
la
denegatoria
de
esos
privilegios.
Conjuntamente, el doctor Garib presentó una solicitud de
entredicho preliminar y permanente.
Específicamente,
reglamentación
del
el
doctor
Hospital
que
Garib
rige
adujo
los
que
la
procesos
de
concesión y denegatoria de privilegios médicos era contraria
a la legislación federal que establece los requisitos de
debido
proceso
de
ley
con
los
que
deben
cumplir
los
hospitales al negarle privilegios a un facultativo médico.
Según expuso, en el proceso de evaluación de su solicitud,
el Hospital incumplió con todos los requisitos dispuestos
en el Health Care Quality Improvement Act, 42 USC sec. 11101
et seq. Sobre este particular, arguyó que el Hospital no
celebró una vista evidenciaria y que la decisión se tomó sin
que se realizara un esfuerzo razonable para obtener toda la
información necesaria. Asimismo, sostuvo que el Hospital no
produjo oportunamente la prueba que le fue solicitada, tal
y como la copia de la reglamentación en la que fundamentó
su determinación. Véase Demanda, Ap. en las págs. 123-125.
CC-2018-0530
3
El doctor Garib también planteó que la determinación
del Hospital constituía discrimen por razón de convicción
criminal previa y violentaba su derecho constitucional a la
rehabilitación.1
A
esos
efectos,
interpretó
que
ser
un
exconvicto era una categoría protegida por la Sección 1 de
la Carta de Derechos de nuestra Constitución que prohíbe el
discrimen por condición social. Alegó que tal discrimen
también era contrario a la Sección 19 del Artículo VI de la
Constitución que consagra el compromiso con propender a la
rehabilitación
moral
y
social
de
los
exconvictos.
Por
último, sostuvo que, en el ámbito laboral, discriminar por
razón de una convicción penal previa era una actuación
contraria al derecho constitucional al trabajo y a gozar de
un nivel de vida adecuado. Véase id. en las págs. 125-26.
El 10 de octubre de 2011, luego de celebrar varias
vistas para dirimir la procedencia del remedio interdictal
preliminar solicitado, el Tribunal de Primera Instancia
emitió una sentencia parcial denegando el mismo. Mediante
esta
sentencia
parcial,
en
esencia,
el
foro
primario
concluyó que el doctor Garib no había presentado prueba
suficiente que justificara la expedición de un injunction
preliminar. El Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen
del Tribunal de Primera Instancia y concluyó que ese foro
fue consciente de la etapa de los procedimientos al evaluar
El doctor Garib fue convicto a nivel federal por los
delitos de fraude, apropiación y malversación de fondos
públicos. Véase U.S. v. Dubon-Otero, 292 F.3d 1 (2002).
1
CC-2018-0530
4
la prueba presentada. El foro apelativo intermedio advirtió
que tal proceder le reconoció al doctor Garib amplia latitud
para probar las causas de acción que quedaron pendientes y
que, por tanto, no constituía cosa juzgada. Véase Sentencia
del TA, en las págs. 36-38. El recurso de certiorari que el
doctor Garib presentó ante este Tribunal para revisar esa
determinación fue denegado.
Así las cosas y luego de múltiples trámites procesales,
el 20 de junio de 2014 el doctor Garib presentó una moción
solicitando
autorización
para
enmendar
su
demanda,
acompañada por una Demanda Enmendada ante el Tribunal de
Primera Instancia. Justificó las enmiendas en la presunta
conducta
ilegal
reportables
al
del
Hospital
National
al
reportar
Practitioners
Data
actos
Bank.
no
Según
indicó, el Hospital había reportado de forma vaga e imprecisa
los fundamentos de la denegatoria de privilegios a esa
entidad y erróneamente había incluido información sobre
conducta pasada que no cumplía con los parámetros de conducta
reportable.
El
foro
solicitadas
pero
el
primario
Tribunal
de
denegó
las
Apelaciones
enmiendas
revocó
tal
determinación.
El 10 de noviembre de 2015, el Hospital y los demás
demandados presentaron una Moción en Solicitud de Sentencia
Sumaria mediante la cual solicitaron la desestimación de la
reclamación del doctor Garib en su totalidad. Arguyeron que,
conforme a las determinaciones de hecho consignadas en la
sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia que
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5
denegó el remedio interdictal preliminar, la única causa de
acción pendiente era una por daños y perjuicios. Sostuvieron
que, en cuanto a esa causa de acción, les cobijaba la
inmunidad dispuesta en el Health Care Quality Improvement
Act para todos aquellos que participen en un proceso de
evaluación de una solicitud de privilegios médicos.
El doctor Garib, por su parte, presentó una Oposición
a la Moción de Sentencia Sumaria en la cual sostuvo que la
sentencia
parcial
del
Tribunal
de
Primera
Instancia
no
constituía cosa juzgada, en tanto y cuanto ese foro se limitó
a
considerar
preliminar
y
la
procedencia
del
remedio
no
las
de
acción
causas
de
de
injunction
discrimen
y
violaciones al debido proceso de ley. En cambio, arguyó que
lo que sí constituía cosa juzgada era la Resolución de la
Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico
mediante la cual se determinó que la conducta delictiva por
la cual se le habían denegado los privilegios médicos al
doctor
Garib
no
estaba
relacionada
con
su
conducta
profesional. Consiguientemente, solicitó al foro primario
que denegara la solicitud de sentencia sumaria presentada y
dictara sentencia a su favor determinando que: (1) al doctor
Garib no se le había provisto un debido proceso de ley y (2)
la denegatoria de privilegios médicos fue discriminatoria
por razón de su condición social de exconvicto. Así, solicitó
que se ordenara el retiro de la notificación realizada al
National Practitioner Data Bank, la concesión inmediata de
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6
privilegios médicos y la celebración de una vista para
determinar la cuantía de los daños causados.
El 10 de marzo de 2016, el Hospital presentó la réplica
correspondiente. En ésta, reiteró los argumentos esgrimidos
en su solicitud inicial e insistió en que la sentencia
parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia ya
había
adjudicado
las
causas
de
acción
por
discrimen
y
violaciones al debido proceso de ley al denegar el injunction
preliminar. Contendió, además, que los hechos que el doctor
Garib alegaba estaban en controversia se fundamentaban en
meras alegaciones y no en evidencia que los controvirtiera.
En
cuanto
Improvement
a
la
Act,
aplicabilidad
planteó
que
del
dicho
Health
Care
estatuto
Quality
federal
se
limitaba a dotar de inmunidad a todas aquellas personas que
participaran en un proceso de evaluación de privilegios
médicos y que no creaba una causa de acción privada para
exigir la reinstalación de privilegios o la revocación de
notificaciones al National Practitioner Data Bank.
Evaluados los argumentos de las partes, el Tribunal de
Primera Instancia dictó una sentencia parcial y declaró ha
lugar la demanda presentada por el doctor Garib. Cónsono con
esto,
ordenó
al
Hospital
extender
inmediatamente
los
privilegios médicos al doctor Garib, retirar el informe
previamente sometido al National Practitioner Data Bank e
informar a esa entidad sobre la extensión de los privilegios
que habían sido denegados. Al así resolver, el foro primario
concluyó que el Hospital y los demás demandados habían
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7
discriminado en contra del doctor Garib por razón de sus
convicciones
previas,
lo
que
constituía
discrimen
por
condición social. Asimismo, el Tribunal de Primera Instancia
dictaminó que al doctor Garib se le había violentado su
derecho a un debido proceso de ley, puesto que el Hospital
no
celebró
una
vista
evidenciaria
ni
le
suplió
la
documentación necesaria para defenderse.
El
parcial
Tribunal
de
dictada
por
Apelaciones
confirmó
el
instancia.
foro
de
la
En
sentencia
esencia,
concluyó que, contrario a lo alegado por el Hospital, la
doctrina de la ley del caso era inaplicable porque las
determinaciones
realizadas
al
conceder
o
denegar
un
injunction preliminar no son obligatorias para la resolución
del caso en su fondo. En cuanto a la controversia relacionada
con el debido proceso de ley, el Tribunal de Apelaciones
concluyó que el proceso mediante el cual se le denegaron los
privilegios médicos al doctor Garib fue contrario a lo que
exige el Health Care Quality Improvement Act y a los Bylaws
del Hospital. Ello, puesto que no se le entregó al doctor
la
prueba
relevante
determinación
y
adversa.
material
en
la
Además,
razonó
que
que
se
la
basó
la
exigencia
contenida en los Bylaws del Hospital mediante la cual se le
requirió al doctor Garib negar específicamente todos los
fundamentos en los que se basó la denegatoria como condición
para
la
celebración
de
una
vista
irrazonable y contraria a la ley federal.
evidenciaria
era
CC-2018-0530
8
Por último, y en lo relativo a la causa de acción de
discrimen por condición social, el Tribunal de Apelaciones
concluyó que “la convicción del Dr. Garib, fue un elemento
determinante en el proceso seguido [. . .] para denegar su
solicitud de privilegios médicos en el Hospital”. Sentencia
del TA, en la pág. 19. En cuanto a esto, el foro apelativo
intermedio advirtió que, si bien la sentencia dictada por
este Tribunal en el caso de Rosario v. Toyota, 166 DPR 1
(2005),
no
era
vinculante,
sí
constituía
una
fuente
persuasiva de derecho. Por tanto, razonó que al denegar los
privilegios médicos por razón de las convicciones previas
del doctor Garib, el Hospital había discriminado en su
contra.
De ese dictamen del Tribunal de Apelaciones recurrieron
los peticionarios ante este Tribunal mediante un recurso de
certiorari presentado el 1 de junio de 2018. En éste,
plantearon
-como
primer
señalamiento
de
error-
que
el
Tribunal de Apelaciones erró al concluir que el Hospital
había discriminado en contra del doctor Garib por ser un
exconvicto. Además, señalaron que el Tribunal de Apelaciones
había
errado
contrarias
a
al:
(1)
emitir
conclusiones
las
determinaciones
basadas
de
derecho
en
prueba
documental realizadas durante el procedimiento de interdicto
preliminar; (2) ordenar la extensión de los privilegios
médicos por la vía interdictal, y (3) concluir que la
reglamentación del Hospital era contraria al Health Care
CC-2018-0530
Quality
9
Improvement
Act.2
Expedido
el
auto,
las
partes
presentaron sus respectivos alegatos.
La contención principal de los peticionarios es que
negarle
los
constituye
privilegios
el
tipo
de
médicos
al
discrimen
doctor
vedado
Garib
por
no
nuestra
Constitución. Curiosamente, sin embargo, afirman que la
determinación
del
Hospital
convicciones
previas
del
no
doctor
se
fundamentó
Garib,
sino
en
las
en
otra
evidencia que se utilizó para concluir que éste no cumplía
con
los
requisitos
facultativo
médico
establecidos
los
para
privilegios
extender
a
solicitados.
un
Los
peticionarios, además, arguyen que los dictámenes recurridos
2
Los señalamientos de error son los siguientes:
(1) Erró el Tribunal de Apelaciones al concluir
que
el
Hospital
discriminó
contra
el
demandante-recurrido al momento de denegar su
solicitud de privilegios médicos por razón de
ser un ex-convicto.
(2) Erró el Tribunal de Apelaciones al emitir
una Conclusión de Derecho que es contraria a
sus propias determinaciones previas basadas en
prueba documental presentada durante el proceso
de interdicto preliminar.
(3) Erró el Tribunal de Apelaciones al emitir
un interdicto que ordenó que el hospital
restablezca
los
privilegios
clínicos
del
demandante-recurrido
y
que
retire
la
notificación del NPDB por ser contrario las
determinaciones
fundamentadas
en
prueba
documental, por no haber aplicado los criterios
estatutarios y jurisprudenciales para emitir
ese tipo de orden extraordinaria y por no
figurar el interdicto como parte de los remedios
solicitados por el demandante-recurrido.
(4) Erró el Tribunal de Apelaciones al concluir
que los Bylaws del Hospital contenían un
procedimiento
contrario
a
la
legislación
federal conocida como Health Care Quality
Improvement Act y por consiguiente haberle
violentado el debido proceso de ley al
demandante-recurrido.
CC-2018-0530
son
10
contrarios
a
las
determinaciones
realizadas
por
el
tribunal de instancia -según éstas fueron confirmadas por
el Tribunal de Apelaciones- que denegaron el remedio de
interdicto
preliminar.
Sostienen
que,
mediante
dichos
dictámenes, los foros recurridos ya habían concluido que el
Hospital no había discriminado en contra del doctor Garib y
que había cumplido con los requisitos del debido proceso de
ley al evaluar su solicitud. Dado que se le garantizó al
doctor
Garib
un
debido
proceso
de
ley,
afirman
estar
protegidos por la inmunidad provista por el Health Care
Quality Improvement Act, por lo que procede desestimar la
causa de acción de daños y perjuicios en su contra.
El
doctor
Garib,
por
su
parte,
arguye
que
la
determinación del Hospital sí estuvo fundamentada en su
condición de exconvicto, puesto que los otros incidentes a
los que aludió el Hospital al denegar los privilegios eran
remotos y ni tan siquiera habían conllevado un proceso
disciplinario en su contra. Alega que la reglamentación del
Hospital expresamente declaraba la primacía del Health Care
Quality Improvement Act en los procesos decisionales, por
lo
cual
la
específicamente
exigencia
los
de
una
fundamentos
de
carta
la
contradiciendo
denegatoria
como
condición previa a la celebración de una vista era contraria
al requerimiento general de vista contenido en ese estatuto
federal. Consiguientemente, reiteró que el proceso seguido
había sido discriminatorio e ilegal.
CC-2018-0530
Tanto
11
de
los
alegatos
presentados
como
de
los
dictámenes recurridos surge con evidente claridad que la
controversia
de
umbral
ante
la
consideración
de
este
Tribunal se reduce a determinar si la cualidad de exconvicto
de una persona constituye una categoría protegida por la
cláusula
condición
constitucional
social.
comparecencia
de
que
Contando
ambas
prohíbe
el
con
beneficio
partes,
el
estamos
discrimen
en
por
de
la
posición
de
contestar dicha interrogante.
II.
Como cuestión de umbral, en Rosario v. Toyota, supra,
por estar igualmente dividido, este Tribunal emitió una
sentencia mediante la cual confirmó un dictamen del Tribunal
de Apelaciones que había restituido una causa de acción por
daños
y
perjuicios
por
discrimen
por
condición
social
previamente desestimada por el foro primario. En ese caso,
el Sr. Wilfredo Rosario Díaz presentó una demanda de daños
y perjuicios en la que alegó que Toyota Corporation Puerto
Rico le había negado empleo por razón de las convicciones
que aparecían en el certificado de antecedentes penales que
se le exigió como parte del proceso de contratación. En la
demanda,
el
señor
Rosario
solicitó
que
se
declarara
inconstitucional la Ley para autorizar a la Policía de Puerto
Rico
la
expedición
de
Certificaciones
de
Antecedentes
Penales, Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974, 34 LPRA sec.
1725 et seq., puesto que la misma se había convertido en un
CC-2018-0530
mecanismo
que
12
permitía
discriminar
en
contra
de
los
exconvictos en Puerto Rico.
El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda
presentada por el señor Rosario luego de concluir que las
alegaciones contenidas en ésta no exponían una causa de
acción que justificara la concesión de un remedio. El foro
apelativo
intermedio
revocó
esa
determinación.
Al
así
proceder, enmarcó la controversia de la siguiente manera:
“si bajo los hechos del caso ante nuestra consideración
procedía o no la desestimación de la demanda por no exponer
una reclamación que justifique la concesión de un remedio”.
Rosario Diaz v. Toyota De Puerto Rico, KLAN0100787, 2002 WL
31003154, en la pág. 2 (2002).
Ante el dictamen desestimatorio del foro primario, el
Tribunal de Apelaciones examinó lo dispuesto en la Regla
10.2
de
Procedimiento
Civil
y
su
jurisprudencia
interpretativa y concluyó que una moción para desestimar “no
ha de considerarse sólo a la luz de una causa de acción
determinada y sí a la luz del derecho del demandante a la
concesión de un remedio, cualquiera que éste sea”. Id. en
la pág. 3. Consiguientemente, y por entender que el señor
Rosario podía ser acreedor de un remedio indeterminado, el
foro apelativo intermedio revocó la sentencia desestimatoria
del tribunal de instancia y devolvió el caso a ese foro para
la continuación de los procedimientos. En los méritos, el
Tribunal de Apelaciones no dirimió las controversias de
índole constitucional planteadas. En otras palabras, no
CC-2018-0530
13
determinó si una denegatoria de empleo por convicciones
criminales previas constituía el tipo de discrimen que está
vedado por nuestra Constitución.
La sentencia dictada por este Tribunal se limitó a
confirmar la restitución de la reclamación incoada por el
señor Rosario bajo el fundamento de que éste “podía ser
acreedor en derecho a la concesión de un remedio”. Rosario
v. Toyota, 166 DPR 1, 2 (2005)(sentencia). Es decir, este
Tribunal
concluyó
que
-en
ese
caso
y
conforme
a
las
alegaciones del señor Rosario- una desestimación al amparo
de la Regla 10.2 era improcedente en Derecho. A pesar de
esto, los integrantes de este Tribunal en aquel momento
aprovecharon la oportunidad para adelantar sus criterios
sobre
los
méritos
del
reclamo
del
señor
Rosario.
Esas
expresiones, sin embargo, distan mucho de ser vinculantes
para cualquier tribunal, máxime cuando la sentencia que las
motivó
ni
tan
siquiera
constituye
precedente.3
A esos efectos, el inciso (d) de la Regla 44 de este
Tribunal establece que “[e]n vista de que las sentencias no
publicadas no estarán accesibles al público en general, se
considerará impropio citar como autoridad o precedente ante
cualquier foro una decisión de este Tribunal que no se haya
emitido mediante opinión o que no haya sido publicada por
el Colegio de Abogados o por el propio Tribunal”. 4 LPRA Ap.
XXXI-B. Véase además, Rivera Maldonado v. ELA, 119 DPR 74,
83 (1987) (“Como regla general ‘[l]as normas, así como la
interpretación de cualquier disposición legal, la establece
este Tribunal mediante dictamen sostenido por una opinión o
por una opinión per curiam, en la cual se consideran
ampliamente las cuestiones envueltas y se fundamentan con
razonamientos,
precedentes
explicados
y
tratadistas
reconocidos. El Tribunal resuelve un caso por sentencia
cuando el mismo plantea cuestiones reiteradamente resueltas
por este Tribunal. Una sentencia no establece norma, y menos
revoca una establecida. La sentencia es la forma que utiliza
el Tribunal para disponer lo más rápidamente posible del
3
CC-2018-0530
14
Concluyentemente, pues, este Tribunal nunca se ha expresado
en
torno
a
si
la
denegatoria
de
empleo
por
razón
de
convicciones previas constituye un discrimen por condición
social.
III.
En
lo
pertinente
a
la
controversia
ante
la
consideración de este Tribunal, la Sección 1 del Artículo
II de la Constitución prohíbe que se establezca “discrimen
alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen
o
condición
social,
ni
ideas
políticas
o
religiosas”.
Ciertamente, la enunciación de estas categorías en el texto
constitucional procuró responder a las diferencias ingénitas
entre
las
personas
con
el
fin
prohibir
clasificaciones
basadas en ellas.4 Así, la raza, el color, el sexo, el
enorme número de casos que tiene que resolver. Sólo intenta
resolver la controversia entre las partes. Por eso es que
los jueces de instancia no deben fundar sus fallos en dichas
sentencias’”.) (citas omitidas).
El Informe de la Comisión de la Carta de Derechos evidencia
que las categorías provistas responden a cualidades de
carácter fortuito o accidental:
4
El propósito de esta sección es fijar claramente
como base consustancial de todo lo que sigue el
principio de la dignidad del ser humano y, como
consecuencia de ésta, la igualdad esencial de
todas las personas dentro de nuestro sistema
constitucional. La igualdad ante la ley queda por
encima de accidentes o diferencias, bien tengan
su origen en la naturaleza o en la cultura. Todo
discrimen o privilegio contrario a esta esencial
igualdad
repugna
al
sistema
jurídico
puertorriqueño. En cuanto fuera menester nuestra
organización legal queda robustecida por la
presente disposición constitucional, a la vez que
obliga a ensanchar sus disposiciones para dar
plena realización a lo aquí dispuesto.
CC-2018-0530
15
nacimiento, el origen o condición social y la ideología
política
y
religiosa
configuran
categorías
de
fácil
tipificación e identificación inherentes a la naturaleza
propia de todo ser humano. En ese sentido, esas categorías
responden
a
circunstancias
fortuitas,
naturales
y
espontáneas de la humanidad y son consustanciales al mero
hecho
de
ser
y
existir.
En
atención
a
ello,
nuestra
Constitución prohíbe que se utilicen esas clasificaciones
para diferenciar, discriminar y excluir.
En el ámbito del Derecho privado, la ley que extiende
estos principios al contexto laboral es la Ley contra el
discrimen en el empleo, Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959,
según enmendada, 29 LPRA sec. 146 et seq. Esta legislación
incorpora
el
lenguaje
constitucional
y
establece
responsabilidad civil y criminal para aquellos patronos
privados que discriminen en el reclutamiento o en el empleo
al crear una causa de acción de daños y perjuicios para el
empleado discriminado. Véase Díaz v. Windham Hotel Corp.,
155 DPR 364, 381 (2001).
El artículo 1 de la referida ley dispone que cualquier
patrono
despida,
suspenda
o
de
cualquier
otra
forma
discrimine contra un empleado -o incluso empleado potencialpor las causas que ahí se detallan. 29 LPRA sec. 146. Además,
la legislación provee las herramientas legales necesarias
para el resarcimiento de los daños que estas actuaciones
Informe de la Comisión de la Carta de Derechos, Diario
de Sesiones Tomo 4, en la pág. 2562 (énfasis suplido).
CC-2018-0530
puedan
causar.
16
Véase
García
Pagán
v.
Shiley
Caribbean,
etc.,122 DPR 193, 210 (1988).
En su concepción original, la Ley contra el discrimen
en el empleo procuró extrapolar las categorías protegidas
constitucionalmente a la esfera privada. En aquel momento,
sin embargo, la preocupación principal de los legisladores
fue incluir la edad como una categoría protegida. Por tal
razón, la mayoría de los debates acaecidos durante las
distintas sesiones legislativas giraron en torno a cómo se
definiría o se interpretaría el término edad. El texto
original de la ley enumeraba las siguientes categorías: edad
avanzada, raza, color, religión, origen o condición social.
Véase Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, Leyes de Puerto
Rico, Tercera Sesión Ordinaria, 1959.
Actualmente, el Artículo 1 de la Ley contra el discrimen
en el empleo impone responsabilidad civil a
Todo
patrono
que
despida,
suspenda
o
discrimine contra un empleado suyo en relación a
su sueldo, salario, jornal o compensación,
términos, categorías, condiciones o privilegios
de su trabajo, o que deje de emplear o rehúse
emplear o reemplear a una persona, o limite o
clasifique sus empleados en cualquier forma que
tienda a privar a una persona de oportunidades de
empleo o que afecten su status de empleado, por
razón de edad, según ésta se define más adelante,
raza, color, sexo, orientación sexual, identidad
de género, origen social o nacional, condición
social, afiliación política, o ideas políticas o
religiosas, o por ser víctima o ser percibida como
víctima de violencia doméstica, agresión sexual o
acecho, o por ser militar, ex-militar, servir o
haber servido en las Fuerzas Armadas de los
Estados Unidos o por ostentar la condición de
veterano del empleado o solicitante de empleo.
29 LPRA sec. 146 (énfasis suplido).
CC-2018-0530
17
Nótese que la disposición vigente reconoce categorías
que no están contempladas en el texto constitucional y que
tampoco fueron concebidas al momento de redactar la ley en
1959. Así, con el paso del tiempo, las siguientes categorías
han sido añadidas a la Ley contra el discrimen en el empleo
mediante
el
mecanismo
de
enmiendas:
(1)
sexo;
(2) orientación sexual; (3) identidad de género; (3) origen
nacional; (4) afiliación política; (5) ideas políticas o
religiosas; (6) ser víctima o ser percibida como víctima de
violencia
doméstica,
agresión
sexual
o
acecho;
(7)
ser
militar, exmilitar, servir o haber servido en las Fuerzas
Armadas de los Estados Unidos o por ostentar la condición
de veterano.
Es decir, en múltiples instancias, la Rama Legislativa
ha estimado necesario incluir categorías adicionales que
considera son vulnerables o marginadas en el ámbito laboral
y, como tal, deben ser protegidas. Nótese, además, que -en
su redacción original- la ley ataba el origen y la condición
social, tal y como dispone la Sección 1 del Artículo II de
nuestra Constitución. Enmiendas posteriores separaron ambos
conceptos y agregaron a la palabra origen los calificativos
“social o nacional”.
La prohibición al discrimen por condición social ha
existido en la Ley Núm. 100 desde su adopción en 1959, cuando
las categorías fueron transpuestas del texto constitucional.
No existe razón para concluir que la categoría de condición
social en dicha legislación es sustantivamente distinta a
CC-2018-0530
18
aquella protegida por la Constitución. De los diarios de
sesiones
de
la
Asamblea
Legislativa
tampoco
surge
una
intención de distinguir entre la prohibición constitucional
y la estatutaria. Véase Diario de Sesiones del Senado,
Vol. 12, Tomo 4 (1959); Diario de Sesiones de la Cámara de
Representantes, Vol. 12, Tomo 2 (1959).
En
innumerables
ocasiones,
este
Tribunal
ha
interpretado y aplicado prohibiciones de discrimen en sus
distintas modalidades. En pocas instancias, sin embargo, ha
tenido la oportunidad de interpretar y darle contenido a la
categoría
de
condición
social
que
origina
la
presente
controversia. En Perez, Roman v. Proc. Esp. Rel. de Fam.,
148 DPR 201 (1999), se determinó que una clasificación entre
parejas casadas y no casadas no constituía discrimen por
origen o condición social. Al así resolver, se destacó que
la
expresión
origen
o
condición
discrímenes
económicos
y
razonables
que
surgir
personas.5
Expresiones
puedan
sociales
del
ulteriores
social
se
y
a
no
estado
con
refería
a
distinciones
civil
de
las
relación
a
la
categoría de origen o condición social se han dado en el
contexto de opiniones concurrentes y disidentes o votos
particulares.6
La
ausencia
de
extensa
jurisprudencia
interpretativa sobre esta categoría devela las dificultades
inherentes a su exégesis y concepción.
A igual conclusión se llegó en Lopez v. ELA, 165 DPR 280,
309 (2005).
6 Véase e.g. Berberena v. Echegoyen, 128 D.P.R. 864 (1991)
(J. Rebollo López, Op. Disidente); Rosario v. Toyota, supra.
5
CC-2018-0530
19
La significación constitucional de lo que comprende la
condición social de una persona tampoco surge claramente de
las
expresiones
vertidas
durante
la
Convención
Constituyente. No obstante, al discutir el alcance de esta
categoría
protegida,
las
expresiones
de
nuestros
constituyentes apuntan a que la inquietud principal de éstos
se
fundamentaba
en
consideraciones
puramente
socioeconómicas. Así, al indagar sobre el alcance de la
prohibición
constitucional
de
discrimen
por
origen
o
condición social, el delegado Fernández llamó la atención
al hecho de que se había insertado la palabra “condición”
después de la palabra “origen” y solicitó que se le explicara
de qué manera se podía proteger o hacer valer esa categoría
de discrimen. Véase 2 Diario de Sesiones de la Convención
Constituyente, 1382 (1952).
El delegado Benítez, aclaró que la referencia a origen
o condición social encarnaba el principio de “que no importa
la extracción de la persona, su situación económica, su
condición en la comunidad, todos los puertorriqueños y todas
las personas sujetas a las leyes de Puerto Rico son iguales
ante
nuestras
leyes
si
se
aprueba
esta
disposición
y
cualquier intento de hacer discrimen en favor o en contra
de una de ellas es ilegal”. Id. Posteriormente, el delegado
González Blanes hizo constar su anuencia con eliminar la
categoría de posición económica del texto propuesto por
entender que la misma estaba comprendida en la categoría de
origen o condición social. Véase id. en la pág. 2245.
CC-2018-0530
20
Específicamente,
el
delegado
indicó
lo
siguiente:
“[n]os satisface la eliminación de ‘posición económica’,
porque entiendo que ahí está incluida la dificultad que
levanta el compañero Reyes Delgado al ponerse más adelante
‘o
condición
posición
social”.
económica
Id.7
fue
Justamente,
eliminada
de
la
la
categoría
propuesta
de
por
entender que la condición social abarcaba esa clasificación.
A pesar de que de los debates de los delegados no surgen
ejemplos
concretos
de
qué
constituye
un
discrimen
por
condición social, las interpretaciones que hemos hecho de
las
distintas
clasificaciones
sospechosas,
incluyendo
aquella que hicimos de la categoría de condición social
en Perez, Roman v. Proc. Esp., supra, develan que cualquier
categoría
protegida
por
la
Constitución
ha
de
ser
-
necesariamente- consustancial a la esencia de la persona
objeto del discrimen y no un producto del libre albedrío o
la voluntad de ésta. Así lo confirman las expresiones de
este Tribunal en Zachry International v. Tribunal Superior:
Con ello se intentan superar y sobrepasar los
accidentes circunstanciales que tengan origen en
la naturaleza o en la cultura. Es evidente que el
sexo, al igual que la raza, constituyen rasgos que
surgen en el ser humano por un simple hecho
fortuito: el nacimiento; éste nada tiene que ver
con la habilidad de la persona de oportunamente
aportar y contribuir a los esfuerzos legítimos de
una sociedad.
Cónsono con esto, al interpretar esta categoría, el
profesor Serrano Geyls señala que la misma está “íntimamente
ligada a la Sec. 20 del Art. II que reconocía varios derechos
económicos
y
sociales”.
R.
Serrano
Geyls,
Derecho
Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, 1ra ed., San
Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1988, Vol. II, pág. 1189.
7
CC-2018-0530
21
Zachry International v. Tribunal Superior, 104 DPR 267, 281–
82 (1975) (énfasis suplido).
De
otra
parte,
las
clasificaciones
adicionales
incorporadas a nuestro ordenamiento por la vía estatutaria
han respondido a consideraciones de política pública que
propenden a la protección de categorías que -como sociedadhemos reconocido merecen mayores salvaguardas contra el
discrimen. En el caso de la Ley Núm. 100, ésta ha sido
enmendada en distintas ocasiones para ampliar su alcance e
incluir nuevas categorías protegidas.
Así, en el 1972, se añadió la categoría de sexo con el
objetivo principal de prohibir el discrimen en contra de las
mujeres que se sumaban en grandes números a la creciente
fuerza laboral. Véase Ley Núm. 50 de 30 de mayo de 1972.
Posteriormente, en el 1983 se añadió el calificativo social
o nacional después a la palabra origen para prohibir el
discrimen por extranjería. Véase Ley Núm. 67 de 3 de junio
de 1983. En el 1997, la Legislatura suprimió la palabra
religión y la sustituyó por la categoría de afiliación
política, ideas políticas o religiosas. Véase Ley Núm. 121
de 13 de septiembre de 1997. Tiempo después, en el 2006, se
añadió la categoría de ser víctima o ser percibida como
víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho con
el fin de proteger a una población cada vez más vulnerable
y demostrar un repudio a la violencia doméstica, cuya cifra
en ese momento alcanzaba 22,635 incidentes anuales. Véase
Exposición de Motivos, Ley Núm. 271 de 17 de diciembre de
2006.
CC-2018-0530
22
De otra parte, en los años 2012 y 2014, se añadieron
las categorías de militar, veterano, y la condición de haber
servido en las fuerzas armadas de los Estados Unidos a la
ley. Ello, por entender que se trataba de una población que
podía ser objeto de discrimen a pesar de haber expuesto sus
vidas en servicio de la milicia. Véanse Ley Núm. 232 de 13
de septiembre de 2012; Ley Núm. 104 de 23 de julio de 2014.
Por último, en el año 2013, se incluyó la categoría de
orientación sexual e identidad de género para “validar el
mandato constitucional para garantizar la dignidad humana y
la igual protección de las leyes, al prohibir utilizar la
orientación sexual y la identidad de género de un ciudadano,
como subterfugio para negar, restringir, limitar, obstruir o
coartar la protección dispuesta en esta Ley”. Exposición de
Motivos, Ley Núm. 104 de 23 de julio de 2014.
De esta manera, pues, durante las últimas seis décadas
a partir de su aprobación, la Ley Núm. 100 que prohíbe el
discrimen en el empleo ha sido enmendada en al menos nueve
ocasiones
para
aclarar
el
alcance
de
las
categorías
protegidas o incluir nuevas categorías en su ámbito de
protección. Ninguna de estas enmiendas ha resultado en la
inclusión de los exconvictos como una categoría protegida
dentro de la fuerza laboral privada.
En múltiples instancias, sin embargo, se han presentado
en la Legislatura proyectos de ley para crear una causa de
acción de discrimen por la condición de exconvicto y ninguno
de ellos ha prosperado. Véanse P. del S. 372 de 8 de marzo
CC-2018-0530
23
de 2017; P. del S. 1212 de 8 de octubre de 2014; P. del S.
1730 de 26 de agosto de 2010. De hecho, el proyecto de ley
más
reciente
ordenamiento
expresamente
jurídico
no
se
dispuso
que
en
nuestro
reconocía
la
condición
de
exconvicto como una categoría protegida bajo la prohibición
del discrimen por condición social.
Específicamente y de gran pertinencia a la controversia
planteada en este caso, en la Exposición de Motivos del P.
del S. 372, presentado con el propósito de crear la Ley
contra el discrimen por condición social de exconvicto se
advirtió lo siguiente:
Por su parte, el Tribunal Supremo de Puerto Rico,
por voz del Juez Asociado Señor Rebollo López,
expresó en el caso de Rosario v. Toyota que “la
condición de ex convictos es un tipo de condición
social protegid[a] por nuestra constitución” y que
no
reconocerlo
“equivaldría
a
negar
que
tradicionalmente en Puerto Rico se ha marcado a
los ex convictos con el “carimbo de la potencial
reincidencia” y se les ha marginado de múltiples
facetas de la sociedad —la laboral, por ejemplo—
a pesar de haber pagado su deuda con la comunidad”.
Sin embargo, debido a los resultados de la
votación final entre los Jueces del Tribunal
Supremo, este caso no fue fuente de derecho
vinculante en cuanto al discrimen por ser
exconvicto se refiere.
Exposición de Motivos del P. del S. 372 de 8 de marzo de
2017, en la pág. 2.
Más allá de la ausencia de un acto afirmativo por parte
de
la
legislatura
convicciones
previas,
para
o
prohibir
incluir
una
el
discrimen
categoría
a
por
esos
efectos, otra legislación vigente revela que la cualidad de
exconvicto sí puede ser considerada por un patrono al momento
de contratar a un empleado. A modo de ejemplo, la Ley para
CC-2018-0530
24
Autorizar a la Policía de Puerto Rico la Expedición de
Certificados de Antecedentes Penales, Ley Núm. 254 de 27 de
Julio de 1974, según enmendada, autoriza la expedición de
certificados de buena conducta por parte de la Policía.8
Al enmendar esta ley para también facultar a la Policía
y
al
Departamento
de
Corrección
y
Rehabilitación
para
expedir un certificado de rehabilitación y capacitación
laboral,
la
legislatura
reconoció
que
la
ley
“facilita
información de extrema importancia a patronos prospectivos,
incluyendo al Estado, sobre el historial personal de sus
empleados,
la
cual
tiene
la
función
de
indicar
razonablemente al patrono sobre la integridad del carácter
Como se adelantó, la Ley para la Administración y
Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de
Puerto Rico, Ley Núm. 8 de 4 de febrero de 2017, a pesar de
prohibir expresamente el discrimen por condición social en
su Sección 2.1, 3 LPRA sec. 1469a, impone los siguientes
requisitos a todo candidato que interese ingresar al
servicio público:
8
e. no haber sido convicto por delito grave o por
cualquier delito que implique depravación moral;
(. . .)
h. no haber sido destituido del servicio público,
ni convicto por los delitos graves o menos graves
que se enumeran en la Sección 6.8 (3) de esta Ley,
en la jurisdicción de Puerto Rico, en la
jurisdicción federal o en cualquiera de los demás
estados de los Estados Unidos de América. Las
condiciones identificadas de la (d) a la (h) no
aplicarán cuando el candidato haya sido habilitado
por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
para ocupar puestos en el servicio público.
3 LPRA sec. 1472c.
Sin lugar a duda, una lectura integrada de estas
disposiciones revela que la legislatura considera que la
cualidad de exconvicto no está subsumida en la categoría de
condición social.
CC-2018-0530
25
de estos, basándose en conducta anterior y pública”. Se
indicó,
además,
que
“[l]a
importancia
de
este
tipo
de
información radica en que los patronos son los responsables
vicariamente por los actos culposos o negligentes de sus
empleados”. Ley Núm. 174 de 11 de agosto de 2011.
El Artículo 4 de la Ley Núm. 254, también establece un
mecanismo para la eliminación de las convicciones luego del
transcurso de un periodo de cinco años y el cumplimiento con
los
siguientes
requisitos:
(1)
no
haber
cometido
otro
delito; (2) tener buena reputación en la comunidad, y (3)
haberse sometido a la muestra requerida por la Ley del Banco
de Datos de ADN. 34 LPRA sec. 1725a-2. De esta manera, la
legislatura
procuró
exconvictos
en
rehabilitación
la
potenciar
fuerza
mediante
la
la
laboral
inserción
de
los
y
su
consiguiente
eliminación
de
convicciones
previas transcurrido el término dispuesto en ley.
A más de una década de la sentencia emitida por este
Tribunal en Rosario v. Toyota, supra, y la irresolución
generada por las expresiones divergentes de los integrantes
de este Tribunal que derivaron de ella, la Rama Legislativa
aún no le ha reconocido una causa de acción por discrimen
laboral a los exconvictos de nuestro País. Por el contrario,
legislación tan reciente como la Ley para la Administración
y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de
Puerto
Rico
prohíbe
la
contratación
de
exconvictos
de
delitos graves. El estigma que resulta de un expediente
criminal en el ámbito laboral es innegable. No corresponde
CC-2018-0530
26
a este Tribunal, sin embargo, establecer por fiat judicial
una categoría protegida que ha sido expresamente descartada
en distintas instancias por la propia Asamblea Legislativa.
La
cualidad
de
exconvicto
de
una
persona
no
está
subsumida en la categoría de origen o condición social
protegida por la Constitución o por la legislación que
prohíbe
el
discrimen
en
el
empleo.
La
situación
o
circunstancia de haber delinquido y haber sido convicto por
los delitos cometidos no está determinada por el origen y
la condición social de una persona. Por el contrario, la
cualidad
de
exconvicto
responde
únicamente
a
un
acto
volitivo y consciente de un ser humano que no es producto
de su naturaleza ni es atribuible a un accidente o a una
causa
fortuita.
Se
trata
más
bien
de
una
cualidad
autoinfligida que no es exclusiva de una clase social o
económica determinada.9 Por tal razón, erraron los foros
recurridos al concluir que la denegatoria de privilegios
médicos al doctor Garib por razón de sus convicciones previas
constituyó el tipo de discrimen por condición social vedado
A nivel federal, se ha propuesto aplicar la doctrina de
impacto dispar (“disparate impact”) bajo el Título VII de
la Ley de Derechos Civiles de 1964 al momento de evaluar si
la cualidad de exconvicto resulta en un discrimen vedado por
esa legislación. En ese sentido, para que se entienda que
se configura un discrimen, será necesario probar que la
cualidad de exconvicto es más prevalente en una de las
categorías protegidas en particular, como por ejemplo la
raza. Véase Tammy R. Pettinato, Employment Discrimination
Against Ex-Offenders: The Promise and Limits of Title VII
Disparate Impact Theory, 98 MARQ. L. REV. 831 (2014); Allan
G. King and Rod M. Fliegel, Conviction Records and Disparate
Impact, ABA Journal of Labor & Employment Law Vol. 26, No.
3 (Spring 2011), en las págs. 405-426.
9
CC-2018-0530
27
en nuestro ordenamiento. En ausencia de una causa de acción
por
discrimen,
procedía
desestimar
su
reclamación
sin
trámite ulterior.10
IV.
Por
los
fundamentos
que
anteceden,
se
revoca
el
dictamen del Tribunal de Apelaciones y se desestima la
reclamación de daños y perjuicios incoada por el doctor
Garib en contra del Hospital. Dado que la denegatoria de
privilegios médicos no constituyó un acto discriminatorio o
En cuanto a los demás señalamientos de error de los
peticionarios, concluimos que -en virtud del dictamen que
antecede- éstos no ameritan revisión por parte de este Foro.
En cuanto al segundo señalamiento de error, conviene aclarar
que las determinaciones de hechos de un tribunal al conceder
o denegar un injunction preliminar no constituyen cosa
juzgada para la resolución de las demás causas de acción que
no son de carácter interdictal. Véase José A. Cuevas Segarra,
Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., Pubs. J.T.S.,
T. V, págs. 1681–1682. En lo que atañe al tercer y cuarto
señalamiento de error, dado que ambos requieren la
interpretación del Health Care Quality Improvement Act,
resulta preciso destacar que dicho estatuto federal se
limita a conferirle inmunidad a aquellos hospitales y
facultativos médicos que participen de un proceso mediante
el cual se le denieguen privilegios médicos a un solicitante.
Para beneficiarse de tal inmunidad, la ley requiere que se
cumplan ciertos requisitos relacionados con el debido
proceso de ley. El incumplimiento con estos requisitos
únicamente acarrea la pérdida de la inmunidad y no crea una
causa de acción independiente para el médico que fue objeto
de evaluación y contra quien se tomó una decisión adversa.
Véase
Tirado-Menendez
v.
Hospital
Interamericano
de
Medicina, 476 F.Supp.2d 79, 80 (D. PR 2007); Brown v. Medical
College of Ohio, 79 F.Supp.2d 840 (N.D. Ohio 1999; Emlich
v. OhioHealth Corp., 2018 WL 1870139 (S.D. Ohio 2018). Si
bien es cierto que en este caso no se cumplieron con los
requisitos dispuestos en la ley federal, ello no implica que
el Hospital violentó el derecho a un debido proceso de ley
del doctor Garib. Los parámetros de debido proceso de ley
con los que se debe cumplir para ser acreedor de la inmunidad
conferida por el Health Care Quality Improvement Act no
constituyen un mínimo irreductible que obliga a las
instituciones hospitalarias.
10
CC-2018-0530
ilegal,
se
extenderle
28
dejan
sin
efecto
los
privilegios
las
órdenes
médicos
y
dictadas
para
revocar
las
notificaciones emitidas al National Practitioner Data Bank.
Se dictará sentencia de conformidad.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Garib Bazaín, Jorge
Recurrido
v.
Hospital Español Auxilio Mutuo
de Puerto Rico, Inc.; Sociedad
Núm. CC-2018-0530
Española de Auxilio Mutuo y
Beneficencia de Puerto Rico,
Inc.; Dr. José A. Isado Zardón
y
la
Sociedad
de
Bienes
Gananciales compuesta con la
Sra. Diana Vigil Vigil
Peticionarios
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 27 de julio de 2020
Por los fundamentos que anteceden, se revoca el
dictamen del Tribunal de Apelaciones y se desestima la
reclamación de daños y perjuicios incoada por el Dr. Jorge
Garib Bazain en contra del Hospital. Dado que la denegatoria
de
privilegios
médicos
no
constituyó
un
acto
discriminatorio o ilegal, se dejan sin efecto las órdenes
dictadas para extenderle los privilegios médicos y revocar
las notificaciones emitidas al National Practitioner Data
Bank.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez
disiente con opinión escrita. El Juez Asociado señor
Estrella Martínez disiente con opinión escrita. El Juez
Asociado señor Colón Pérez disiente con opinión escrita. El
Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo no intervino.
José Ignacio Campos Pérez
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Jorge Garib Bazaín
Recurrido
v.
CC-2018-0530
Hospital Español Auxilio Mutuo
de Puerto Rico, Inc. y otros
Peticionarios
La Jueza Presidenta ORONOZ RODRIGUEZ emitió una Opinión disidente.
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de julio de 2020
Ante una controversia que requiere interpretar la Carta
de Derechos de nuestra Constitución, procede hacerlo de forma
que garanticemos la vigencia, eficacia, plenitud y amplitud
de los derechos que allí se consagran. Por consiguiente, al
definir
el
contenido
y
alcance
de
la
salvaguarda
constitucional contra el discrimen por condición social -y
de su contraparte estatutaria, en la Ley Núm. 100, infra- no
podemos ser inconsistentes con tales principios ni establecer
límites que destruyan su propósito y finalidad.
A
pesar
de
que
estos
postulados
básicos
guiar nuestro
ejercicio
interpretativo,
este
actúa a
sus
Tribunal
espaldas.
una
Con
debieron
Mayoría
tal
de
acción,
CC-2018-0530
restringe
2
la
garantía
contra
el
discrimen
por
condición social basá ndose en consideraciones ajenas
y
contrarias
a
principios
tan
arraigados
como
la
igualdad esencial de las personas y la inviolabilidad
de
la
dignidad
humana.
Hoy
la
Mayoría
deja
desprotegidos a los exconvictos de delito, un sector
de la población al que se le asigna un estatus social
inferior
como
consecuencia
estigma
con
que
la
de
la
sociedad
marginación
lo
ha
y
el
marcado
históricamente. Rechazo ese curso de acción, pues, en
lugar de fortalecer las garantías constitucionales de
igualdad
y
dignidad
humana,
las
debilita.
una
política
Por
eso,
disiento.
I.
En
Puerto
Rico
existe
pública
vigorosa dirigida a erradicar todo tipo de discrimen
en nuestra sociedad. Santini Rivera v. Serv Air, Inc. ,
137
DPR
1,
12
(1994).
Esta
se
origina
en
la
Constitución de Puerto Rico, cuya primera sección de
su Carta de Derechos establece de manera categórica
que “no podrá establecerse discrimen alguno por motivo
de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición
social,
ni
ideas
políticas
o
religiosas”.
Art.
II,
Sec. 1, Const. ELA, LPRA, Tomo 1 (Énfasis suplido).
Esta prohibición constituye un valor jurídico de la
más alta jerarquía en nuestro ordenamiento. Santini
Rivera v. Serv Air, Inc. , supra, pág. 13 n.4. Tal es
CC-2018-0530
su
3
importancia
que
la
Asamblea
Legislativa
adoptó
legislación que extiende el principio constitucion al
de no discriminación a las relaciones entre personas
privadas. En esta línea, en el ámbito obrero -patronal,
se adoptó la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, 29
LPRA
sec.
146 et
seq.,
conocida
como
Ley
General
contra el Discrimen en el Empleo en Puerto Rico (Ley
Núm. 100). Esta legislación, la cual se aprobó pocos
años después de que se ratificara la Constitución de
Puerto Rico, prohíbe el discrimen en el empleo contra
trabajadores o solicitantes de empleo basado en una
serie de categorías o cualidades q ue se identifican
en
el
estatuto,
a
saber:
edad,
raza,
color,
sexo,
orientación sexual, identidad de género, origen social
o
nacional,
ideas
condición
políticas
percibida
como
agresión
sexual
o
social,
religiosas,
víctima
o
afiliación
ser
política,
víctima
o
ser
de
violenci a
doméstica,
ser
militar
exmilitar,
acecho,
o
servir o haber servido en las Fuerzas Armadas de los
Estados Unidos o ser veterano. 29 LPRA sec. 146.
Como
se
observa,
muchas
de
estas
categorías
corresponden con la cláusula antidiscrimen d e nuestra
Constitución. Esto se debe a que la Ley Núm. 100,
supra,
tuvo
alcance
de
laboral
y
como
ese
objetivo
postulado
proteger
la empresa privada contra
principal
extender
constitucional
a
todo
los
tipo
al
empleados
de
el
campo
de
discrimen.
CC-2018-0530
4
Santini Rivera v. Serv. Air, Inc. , supra, pág. 4. En
otras
palabras,
a
través
de
esta
legislación,
la
Asamblea Legislativa formuló ciertos remedios para
poner
en
vigor
contexto
Corp.,
la
cláusula
obrero-patronal.
155
DPR
364,
380
antidiscrimen
Díaz
(2001)
v.
Wyndham
(citando
a
en
el
Hotel
García
Pagán v. Shiley Caribbean, etc. , 122 DPR 193, 198
(1988)).
Además,
ratificó
el
principio
constitucional de esencial igualdad humana, el cual
sirve de base a la cláusula antidiscrimen. Díaz v.
Wyndham Hotel Corp. , supra, pág. 380.
En
lo
pertinente,
al
igual
que
nuestra
Constitución, una de las modalidades de discrimen que
proscribe la Ley Núm. 100, supra, es la de condición
social. La controversia ante nosotros exige definir
tal modalidad y determinar si esa categoría protege
a las personas convictas de delito. Esta encomienda
exige considerar la naturaleza y características de
nuestra
Carta
de
Derechos,
los
principios
o
postulados básicos en los que se cimenta y las normas
que deben guiar su interpretación.
En primer lugar, hemos reconocido que en Puerto
Rico “se quería formular una Carta de Derechos de
factura más ancha que la tradicional, que recogiese
el
sentir
común
de
culturas
diversas
sobre
nuevas
categorías de derechos”. Pueblo v. Figueroa Navarro,
104 DPR 721, 725 (1976) (citando a ELA v. Hermandad
CC-2018-0530
5
de Empleados , 104 DPR 436, 440 (1975)). Es por eso
que tanto la Declaración Universal de los Derechos
Humanos como la Declaración Americana de los Derechos
y
Deberes
del
significativa
Hombre
en
la
ejerciero n
redacción
de
una
influencia
nuestra
Carta
de
Derechos. Íd. El resultado de esa influencia fue la
adopción
de
liberales,
“una
más
de
las cartas de derechos más
generosas
y
más
auténticamente
democráticas
del
mundo ”.
Pueblo
v.
Santiago
Feliciano,
DPR
361,
(1995)
(Juez
Asociado
Rebollo
139
López,
original).
Opinión
Cónsono
436
disidente)
con
la
(Énfasis
naturaleza
en
el
liberal
y
abarcadora que caracteriza los derechos consagrados
en la Carta de Derechos, la Sec. 19 del Art. II de
la
Constitución
de
Puerto
Ri co,
LPRA,
Tomo
1,
establece un canon para su interpretación y señala,
en
lo
pertinente:
antecede
no
se
“La
enumeración
entenderá
en
de
forma
derechos
que
restrictiva
ni
supone la exclusión de otros derechos pertenecientes
al
pueblo
en
una
democracia,
y
no
mencionados
específicamente”.
Con relación a esta sección, la Comisión de la
Carta
de
Derechos
de
expresó
que
tiene
derechos
del
individuo
la
como
Convención
objetivo
contra
una
Constituyente
“ proteger
los
interpretación
restrictiva”. 4 Diario de Sesione s de la Convención
Constituyente 2576 (1961) (Énfasis suplido). También
CC-2018-0530
6
explicó que, en aras de alcanzar ese objetivo, la
Constitución
está
redactada
en
términos
amplios
y
utiliza un lenguaje breve para enunciar los grandes
principios que recoge, en lugar de una formulación
minuciosa de detalles. Íd. Por su parte, durante la
Convención Constituyente, el delegado Jaime Benítez,
quien fuera presidente de la Comisión que red actó la
Carta de Derechos, expuso que, conforme a la Sec. 19
del Art. II de la Constitución, “en la interpretación
de
estos
derechos,
no
restrictiva,
sino
interpretará
en
Diario
Sesiones,
de
que
su
se
por
seguirá
lo
por
Constitución
estamos
actitud
contrario,
plenitud” .
consiguiente,
una
(Énfasis
supra,
pág.
disposi ción
se
suplido)
1105.
expresa
obligados
a
las
Por
de
la
realizar
una
interpretación liberal y expansiva de los derechos
individuales que contiene la Carta de Derechos –en
lugar de una limitativa y restrictiva – con el fin de
darles plenitud.
En segundo lugar, es indispensable recordar cuál
es el principio rector y el pilar fundamental de los
derechos individuales que reconoce la Constitución
de Puerto Rico. La Carta de Derechos comienza con el
enunciado
claro
y
terminante:
“[l]a
dignidad
ser
humano es inviolabl e”. Art. II, Sec. 1, Const. ELA,
supra.
El
principio
de
la
inviolabilidad
de
la
dignidad humana es un “principio fundamental y rector
CC-2018-0530
de
respeto
7
hacia
todo
individuo”.
Díaz
v.
Wyndham
Hotel Corp., supra, pág. 379. Previo a la aprobación
de la Constitución, este derecho no contaba con un
reconocimiento expreso en nuestro ordenamiento, sino
que formó parte del grupo de derechos de naturaleza
social y económica que la Constitución introdujo en
nuestra jurisdicción. García v. Aljoma, 162 DPR 572,
581 (2004). La
inclusión de este y otros derechos
“respondió al entendimiento de que para el tiempo en
que la Constitución de Puerto Rico se adoptó, los
puertorriqueños
que
tenían
fe
habían
en
los
demostrado
valores
persistentemente
fundamentales
de
la
tradición liberal, en la libertad y en la dignidad
del
individuo
como
último
punto
de
referencia
valorativa para la organización social” Íd., pág. 582
(Énfasis
suplido).
Según
afirmó
el
delegado
Benítez en la Convención Constituyente:
Esta es la piedra angular y b ásica de la
democracia. En ella radica su profunda
fuerza y vitalidad moral. Porque antes que
ninguna otra cosa, es la democracia una
fuerza
moral,
y
su
moral
radica
precisamente en el recon ocimiento que hace
de la dignidad del ser humano, del alto
respeto que esa dignidad merita y la
responsabilidad en consecuencia que tiene
todo el orden constitucional de descansar
en ella, protegerla y defenderla. Por eso
en nuestra primera disposición ade más de
sentar
inicialmente
esta
base
de
la
igualdad profunda del s er humano—igualdad
que trasciende cualquier diferencia, bien
sea
diferencia
biológica,
bien
sea
diferencia ideológica, religiosa, política
Jaime
CC-2018-0530
8
o cultural —por encima de tales diferencias
está el ser humano en su profunda dignidad
trascendente. Y por eso decimos que el
sistema
de
leyes
y
el
sistema
de
instrucción
pública
habrán
ambos
de
encarnar
estos
principios
válidos
y
eternos. Diario de Sesiones, supra, pág.
1103 (Énfasis suplido).
Cónsono co n lo anterior, todos los derechos que
la Carta de Derechos de nues tra Constitución reconoce
y protege responden al principio fundamental de que
la
dignidad
del
ser
humano
es
inviolable.
Toll
y
Sucn. Rivera Rojas v. Adorno Medina , 130 DPR 352, 373
(1992)
(Juez
Asociado
Fuster
Berlingeri,
Opinión
disidente). Es por eso que toda interpretación de la
Carta de Derechos se debe hacer en consideración y a
la luz del derecho a la dignidad y su inviolabilidad,
pues este es el pilar que sirve de base a los demás
derechos que allí se consagran.
II.
Ahora bien, existe otro principi o cardinal que
permea
todas
las
disposiciones
de
la
Carta
de
Derechos y que tiene una relevancia particular: el
principio de igualdad ante la ley. El principio de
igualdad
esencial
surge
como
consecuencia
del
principio de dignidad, por lo cual están íntima mente
atados. Diario de Sesiones, supra, pág. 2561. Este
también se incluye en la primera sección de la Carta
de
Derechos
y,
no
por
casualidad,
precede
CC-2018-0530
9
inmediatamente a la prohibici ón del discrimen. Así,
en la parte pertinente, la disposición constituciona l
lee:
“[t]odos
los
hombres
[y
mujeres]
son
iguales
ante la Ley. No podrá establecerse discrimen alguno
por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen
o
condición
social,
religiosas”.
ni
id eas
políticas
o
Art. II, Sec. 1, Const. ELA, supra.
El derecho constitucional a la igual protección
de
las
leyes
se
activa
cuando
el
Estado
“crea
clasificaciones entre grupos, discriminando a unos
frente a otros”. Berberena v. Echegoyen , 128 DPR 864,
878
(1991).
De
ahí
su
relación
estrecha
con
la
prohibición del discrimen. Al examinar su aplicación
en casos concretos, hemos precisado cuándo un trato
desigual constituye el discrimen que la Constitución
prohíbe.
Así,
hemos
resuelto
que
no
to da
discriminación viola el principio de igualdad, ya que
las
normas
que
lo
nu tren
no
exigen
que
todos
los
ciudadanos reciban un trato igual, sino que prohíben
un
tratamiento
irrazonable
u
prohibición
desigual
odioso .
de
Íd.
todo
circunstancia
personal
exclusión
cualquier
de
injustificado,
En
otras
palabras,
discrimen
por
o
no
social,
indebido,
“la
cualquier
implica
la
entre
las
diferenciación
personas por su condición sino aquellas que carecen
de
justificación
Román,
125
DPR
objetiva ”.
218,
234
Almodóvar
(1990)
(Énfasis
v.
Méndez
suplido).
CC-2018-0530
También
discrimen
10
hemos
reconocido
ilegal
“cuando
la
existencia
de
un
alguna
persona
sufre
una
desigualdad por prejuicio o por arbitrariedad, sin
que exista un fundamento razonable para la falta de
trato igual”. Meléndez v. Asoc. Hosp. del Maestro ,
156
DPR
828,
845
(2002)
(Énfasis
suplido).
Como
complemento de lo anterior, resulta imprescindible
mencionar que:
[h]ay áreas en las cuales, por su tangencia
con la dignidad humana y con el principio de
que todo el mundo es igua l ante la ley , toda
clasificación es inherentemente sospechosa y
está sujeta al más minucioso examen judicial.
Estas áreas incluyen las clasificaciones o
discrímenes por motivo de raza, color, sexo,
nacimiento, origen o condición social , ideas
políticas
o
religiosas
y
nacionalidad”
proscritos
constitucionalmente.
Wackenhut
Corp. v. Rodríguez Aponte, 100 DPR 518, 531
(1972) (Énfasis suplido).
Estas clasificaciones se denominan sospechosas
“porque frecuentemente la característica en que se
basa
la
clasifica ción
no
guarda
relación
con
la
habilidad o aptitud de las personas afectadas por la
clasificación”.
Superior,
104
Zachry
DPR
267,
International
277
n.9
v.
Tribunal
(1975)
(Énfasis
suplido). Una clasificación sospechosa puede basarse
en una cualidad o rasgo congénito o inmutable de las
personas,
esas
pero
no
tiene
características.
que
Véase
poseer
necesariamen te
De
Lisk
Paz
v.
Aponte
Roque, 124 DPR 472 (1989) (reconociendo que, aunque
la
clasificación
en
controversia
no
revelaba
a
CC-2018-0530
primera
11
vista
constituía
relación
rasgos
una
con
congén itos
clasificación
lo
anterior,
o
inmutables,
sospechosa).
resulta
En
patentemente
relevante el comentario de la Comisión de la Carta
de Derechos de la Convención Constituyente en torno
a la Sec. 1 del Art. II de nuestra Constit ución:
[l]a igualdad ante la ley queda por encima
de accidentes o diferencia s, bien tengan su
origen en la naturaleza o en la cultura . Todo
discrimen o privilegio contrario a esta
esencial igualdad repugna el sistema jurídico
puertorriqueño . En cuanto fuera menester
nuestra organización legal queda robustecida
por la presente disp osición constitucional,
a
la
vez
que obligada
a
ensanchar
sus
disposiciones para dar plena realización a lo
aquí dispuesto. (Énfasis suplido). Diario de
Sesiones, pág. 2561.
Como se puede colegir de esa cita, el discrimen
que prohíbe nuestra Constitució n se extiende no solo
a
las
características
origen
en
la
o
naturaleza
consustanciales
a
la
diferencias
y
que
persona
son
sino
que
tienen
su
congénitas
o
también
a
las
diferencias que se originan en la cultura. En otras
palabras,
la
protección
constituciona l
contra
el
discrimen abarca aquel con base en las difere ncias
entre personas o grupos que la sociedad crea a raíz
de sus creencias y valores y que son arbitrarias e
irrazonables. Por lo tanto, un elemento importante
de
toda
clasificación
sospechosa
es
que
“tiende
a
relegar a un estado legal de inferioridad a una clase
CC-2018-0530
con
12
abstracción
características
Zachry
de
las
potencialidades
individuales
International
v.
de
sus
Tribunal
y
miembros ”.
Superior ,
supra,
pág. 282 (Énfasis suplido). Es decir, responden “ a
un propósito de hostilidad contra determinado grupo ”.
De Paz Lisk v. Aponte Roque , supra, pág. 488 (Énfasis
suplido).
Al examinar las categorías que se incluyeron en
la Constitución de Puerto Rico, podemos comprobar que
todas comparten las características a ludidas. Ello
responde
a
que
estas
reflejan
las
cara cterísticas
determinantes de las clasificaciones o categorías que
ofenden
la
principios
que
una
Constitución
de
dignidad
categoría
o
por
e
ser
contrarias
igualdad
humana.
clasificación
a
los
Así,
el
compa rta
esas
características o afecte un derecho fundame ntal debe
ser
suficiente
constitucional
para
que
contra
el
aplique
la
garantía
discrimen.
Procede
descartar cualquier otra consideración que tienda a
limitar el alcance de ese derecho constitucional así
como
cualquiera
otra
que
enerve
los
principios
de
igualdad y dignidad humana.
Conscientes
de
estos
principios
rectores,
definamos el contenido y alcance del discrimen por
condición
social
a
tenor
de
las
garantías
mínimas
constitucionales que consagra nuest ro ordenamiento.
III.
CC-2018-0530
El
social
13
significado
es
algo
del
discrimen
enigmático,
pues
por
tal
condición
categoría
o
clasificación no se encontraba en el texto original
que la Comisión de la Carta de Derechos propuso a la
Convención Constituyente. La versión original de la
Sec. 1 del Art. II de la Constitución de Puerto Rico
prohibía
el
discrimen
nacimiento,
origen
por
“raza,
social,
ideas
color,
sexo,
políticas
o
religiosas”. Diario de Sesiones, supra, pág. 2561.
Sin
embargo,
durante
el
debate
del
proyecto
constitucional, el delega do Sr. Padrón Rivera propuso
que la sección se enmendara para incluir las palabras
“o
condición”
disposición
después
de
origen,
constitucional
de
leyera
modo
que
la
“origen
o
condición social”. Diario de Sesiones, supra, pág.
1381 (1961). La enmienda se ap robó sin mediar debate
o comentarios entre los delegados. Íd. Sin embargo,
posteriormente el delegado Fernández solicitó que se
le
aclarara
la
forma
en
que
el
derecho
a
no
ser
discriminado por origen o condición social se podía
hacer
valer.
Ante
esta
inter rogante
el
delegado
Benítez señaló, en lo pertinente:
En lo que respecta al sistema jurídico y en
esto
se
refiere
a
la
totalidad
de
la
estructura legal del país, se subraya la
inconstitucionalidad de todo favoritismo. Y
todo reconocimiento a distinción ha brá de
estar motivado por mérito, por virtud, por
esfuerzo, por talento. En lo que toca a qué
es lo que se quiere decir con origen social,
CC-2018-0530
14
quiérese decir con origen social, que no
importa la extracción de la persona , su
situación eco nómica, su condición en la
comunidad, todos los puertorriqueños y todas
las personas sujetas a las leyes de Puerto
Rico son iguales ante nuestras leyes si se
aprueba esta disposición y cualquier intento
de hacer discrimen en favor o en contra de
una de ellas es ilegal. Diario de Sesiones,
supra, pág. 1382 (1961).
La
explicación
complementa
que
los
brindó
el
comentarios
de
delegado
la
Benítez
Comisión
de
la
Carta de Derechos en torno a qué constituye origen
social. Al respecto la Comisión expuso que “[e]sta
expresión
reafirma
el
principio
gradación,
favoritismo
o
de
prejuicio
descartar
toda
al
los
sopesar
méritos de una causa judicial, de una solicitud en
el
servicio
motivos
de
público,
origen
o
de
una
subasta,
etc.,
por
condición
social ”.
Diario
de
Sesiones, supra, pág. 2562 (Énf asis suplido).
Salvo
estas
expresiones
breves,
el
Diario
de
Sesiones de la Convención Constituyente no contiene
debates
o
discrimen
comentarios
por
condición
sobre
el
social.
significado
del
No
el
obstante,
examen del debate existe nte y la aplicación de los
principios
ge nerales
que
expusimos
sobre
la
interpretación liberal de los derechos individuales,
obliga
a
concluir
que
la
cláusula
antidiscrimen
persigue dar plenitud a las garantías de dignidad e
igualdad humana.
CC-2018-0530
15
Primeramente
palabras
“o
condición
destacamos
condición”
social,
considerablemente
para
abarcadora.
El
crear
la
categoría
de
alcance
discrimen
es
las
el
modalidades
esta
insertar
constituyentes
Esto
prohíbe,
al
los
antidiscrimen.
de
que,
se
debe
la
que
más
término
a
expandieron
de
la
que,
de
cláusula
todas
las
nues tra
Constitución
amplia,
dinámica
y
sí,
su
condición
en
por
amplitud, permite insertar múltiples categorías bajo
esta
modalidad;
esto,
a
diferencia
del
concepto
origen, el cual tiene un significado más limitad o.
En segundo lugar, la discusión sobre el concepto de
condición social permite deducir que se adoptó para
brindar
protección
en
múltiples
contextos
y
situaciones, pues se describió en términos generales,
sin
aludir
a
las
subcategorías
particulares
que
podrían estar subsumidas en él. Por consigu iente, le
corresponde a este Alto Foro, como máxime interprete
de
la
Constitución,
contenido.
precisar
Finalmente,
del
sus
contornos
historial
de
y
la
disposición en controversia se desprende que, aunque
amplio, su alcance no es ilimitado. Conforme explicó
el delegado Fuster, la prohibición del discrimen por
condición
social
diferenciales
protege
a
las
injustificados
personas
cuando
de
tratos
estos
están
basados en su situación económica o en su condición
en la comunidad. Se infiere, pues, que el discrimen
CC-2018-0530
16
por condición social responde a factores sociales o
económicos.
De
manera
más
particular,
de
las
expresiones del delegado Fuster se puede colegir que
la garantía contra el discrimen por condición social
protege a las personas que son discriminadas por su
estatus económico y/o por su estatus social. J. R.
Roqué
Velázquez,
Apuntes
hacia
una
definición
del
discrimen por “origen o condición social” en Puerto
Rico, 39 Rev. Jur. UIPR 183, 189 (1992) (“Existen dos
vertientes
del
discrimen
por
origen
o
condición
social; la primera, en que no se puede discriminar
por
origen
o
procedencia
social
individuo,
y
la
por
segunda,
o
económica
condición
o
del
estatus
social o económica del individuo”) (Comillas internas
omitidas).
En
este
refiere
una
situación
a
contexto,
estatus
especial
en
social
se
la
se
que
encuentra una persona o grupo en relación con las
demás
personas
que
componen
la
sociedad.
Esta
interpretación es consistente con el principio que
exige que los derechos individua les se interpreten
liberalmente, pues lo s conceptos estatus económico y
estatus social son suficientemente amplios como para
garantizar
la
protección
de
los
principios
de
igualdad y dignidad humana.
Ahora bien, esta conclusión no culmina nuestro
análisis.
Ante
la
amplitud
que
necesariamente
conlleva el discrimen por condición social —aun si
CC-2018-0530
lo
17
concebimos
social
o
y
definimos
económico —
en
términos
procede
de
estatus
establecer
una
metodología y ciertos parámetros para determinar la
aplicabilidad del discr imen por condición social a
hechos y cir cunstancias particulares. A esos fines,
el profesor José R. Roqué Velázquez propone que se
utilice
como
esquema
de
análisis
la
teoría
o
principio de la antisubyugación. Íd., pág. 197. Según
explica, “[e]ste se dirige a romper con los sistemas
de subordinación […] que tratan a algunas personas
como ciudadanos de segunda clase” y su valor medular
“es que todas las personas son iguales o tienen igual
valor”. Íd. Bajo este esquema, existirá protección
contra
el
discrimen
en
la
modalidad
de
origen
o
condición so cial si se satisfacen tres requisitos:
(1)
“la
sociedad
clasificación
o
en
general
connotación
le
atribuye
negativa,
ya
sea
una
por
mitos, ignorancia o prejuicios , a los miembros de ese
grupo, clase o individuos”; (2 ) “a ese grupo, clase
o
individuos,
se
le
ha
sometido
históricamente
a
un grado convincente de opresión en la sociedad ”, y
(3)
“debe
demostrarse
evidencia
del
perjuicio
o
agravio”. Íd., págs. 197 -198 (Énfasis suplido). Para
satisfacer el tercer requisito, la persona que alegue
ser víctima de discrimen debe aportar evidencia de
un perjuicio o agravio actual, la cual puede ser “en
términos de negación de empleo a la persona, negación
CC-2018-0530
de
18
servicios
injustos
públicos
que
se
le
o
beneficios,
ofrezcan
a
privilegios
otras
personas
igualmente situadas, et c.”. Íd., pág. 198 (Énfasis
suplido).
Como
se
establece
puede
el
apreciar,
modelo
de
enteramente
compatibles
pronunciamientos
sobre
las
los
parámetros
antisubyugación
con
que
son
nuestros
características
de
las
clasificaciones sospechosas y el tipo de di scrimen
que está vedado por nuestra Constitución. Según se
expuso, el trato desigual que condena la Constitución
de Puerto Rico es aquel que se basa en diferencias
cuyo origen es la naturaleza o la cultura y que es
arbitrario,
injustificado,
Además,
considera
se
irrazonable
particularmente
u
odioso.
repugnante
aquel que se basa en una clasificación que no guarda
relación con la habilidad o aptitud de las personas
que
la
componen
inferioridad
a
potencialidades
y
que
una
y
relega
clase
sin
características
a
un
estado
de
considerar
las
individuales
de
sus miembros. Estas clasificaciones, en lugar de ser
objetivas, responden a la hostilidad contra un grupo
determinado. El modelo propuesto permite identificar
discrímenes
ba sados
en
esas
consideraciones
en
el
contexto del discrimen por condición social, ya que
se enfoca en identificar grupos o individuos a los
que se les ha atribuido una connotación negativa en
CC-2018-0530
19
la sociedad y, a causa de ello, se les ha relegado a
un
estado
de
identificar
inferioridad.
tratos
También
desiguales
se
enfoca
subjetivos
que
en
son
producto de la hostilidad hacia un grupo determinado
y que tienen su origen en la cultura al fundamentarse
en prejuicios y mitos sociales. Por consiguiente, su
adopción
re sulta
aplicación
apropiada
produciría,
consistentes
con
los
y
aconsejable.
indudablemente,
postulados
de
Su
resultados
igualdad
y
dignidad humana que sirven de base a la prohibición
del discrimen en nuestro ordenamiento.
IV.
Tras
definir
qué
condición
social
y
determinar
cómo
determinar
si
criminales
previas
constituye
establecer
aplica
las
caso
personas
tienen
el
la
discrimen
por
metodología
para
a
caso,
con
derecho
procede
convicciones
a
que
se
les
proteja constitucional y e statutariamente bajo esta
modalidad de discrimen. Las personas con antecedentes
penales o convicciones previas satisfacen fácilmente
cada uno de los requisitos para ser acreedores de la
protección.
En primer lugar, a las personas que delinquen se
les atribuye una connotación negativ a en la sociedad
—es decir, se les condiciona socialmente — ya que se
les cataloga como criminales y delincuentes, de lo
cual no se liberan incluso después de cumplir la pena
CC-2018-0530
20
que se les impuso. Por otro lado y con relación a lo
anterior,
a
socialmente
los
en
lo
exconfinados
“se
les
más
la
jerarquía
bajo
de
enfoca
o
estratificación, ya sea social o económica”. Roqué
Velázquez, supra, pág. 198.
En
segundo
lugar,
“los
exconfinados
[…]
demuestran que en su historia grupal o individ ual han
sido
sometidos
a
un
g rado
convincente
de
opresión
social”. Íd. Debido al estigma del que son objeto, a
las
personas
dificulta
coartadas
con
conseguir
y
antecedentes
empleo
limitadas
y,
penales
se
les
forma,
ven
oportunidades
de
de
sus
esa
reintegrase efectivamente en la socied ad. Además, por
el trato diferencial que reciben “[s]u oportunidad
de
movilidad
social,
política
y
económic[a]
es
irreal. Se convierten en una clase sin poder y sin
modos
de
influir
en
el
poder
a
favor
de
sus
semejantes. Todo e llo a pesar de que se cumplie ra con
la sanción penal impuesta”. Íd. En tercer y último
lugar, el perjuicio y agravio actuales se establecen,
precisamente,
por
la
negación
de
empleo
y
oportunidades a la que se enfrentan los exconvictos
por el solo hecho de poseer antecedentes penales. Esa
es, a fin de cuentas, la alegación principal en este
caso.
En consideración a lo anterior, se debe concluir
que
las
personas
con
convicciones
criminales
CC-2018-0530
21
satisfacen los requisitos para que se les aplique la
garantía contra el discrimen por condición s ocial.
Debido
a
los
prejuicios
y
estigmas
culturales
y
sociales con que se les asocia, a estas personas se
les impone o asigna un estatus social inferior al del
resto. Esto las hace acreedoras de protección. No hay
duda de que el trato desigual basado en e stereotipos,
prejuicios y estigmas tiene su origen en la cultura
o
en
la
sociedad
consideraciones
justifiquen
su
y,
como
objetivas
existencia.
tal,
y
En
es
ajeno
razonables
otras
a
que
palabras,
los
prejuicios y estigmas se con traponen a, y anulan, la
objetividad y razonabilidad de la clasificación.
La
interpretación
del
texto
de
nuestra
Constitución conduce a la conclusión inequívoca de
que
el
discrimen
contra
las
personas
que
poseen
antecedentes penales está subsumido en la categoría
de discrimen por con dición social. No obstante, la
Mayoría
avala
un
resultado
distinto.
Esto,
al
insertar en el análisis interpretativo del discrimen
por condición social unas consideraciones que no son
determinantes al evaluar si una clasificación o trato
desigual ofende la Constitución. Particularmente, la
Mayoría
concentra
su
análisis
en
que
las
personas
convictas criminalmente adquieren esa cualidad como
consecuencia de un acto voluntario y concluye que,
por lo tanto, estas no tienen derecho a la protección
CC-2018-0530
contra
el
22
discrimen
por
condición
social,
ya
sea
constitucional o estatutariamente. No comulgo con esa
conclusión.
Por una parte, al enfrentarnos a controversias
donde
la
validez
de
una
clasificación
está
en
entredicho o donde se alegue que una clasificación
es sospechosa, no debemos enfocar el análisis en la
voluntariedad o espontaneidad con que se ha adquirido
la cualidad o característica a base de la cual se
discrimina. Aunque varios rasgos protegidos mediante
las
categorí as
que
establece
la
Constitución
se
adquieren de manera fortuita o involuntaria, ello no
es un elemento o requisito medular o indispensable
para
que
una
protección
clasificación
constitucional.
o
trato
El
desigual
enfoque
tenga
debe
ser
evaluar si la clasi ficación o distinción que se hace
es
objetiva
y
razonable
o
si,
por
el
contrario,
ofende los principios de dignidad e igualdad humana
por establecerse con abstracción de las habilidades
y aptitudes de las personas que son objeto del trato
desigual o con un propósito de hostilidad hacia un
grupo determinado. Ese debe ser el factor rector y
medular, pues solo de esa manera damos eficacia y
plenitud
a
los
principios
de
dignidad
e
igualdad
humana en los cuales se fundamenta la prohibición del
discrimen. No se d ebe adoptar una visión que limite
el
alcance
de
los
derechos
individuales
y
que
no
CC-2018-0530
23
tenga como eje garantizar el respeto de la esencial
igualdad
de
todo
ser
humano,
así
como
la
inviolabilidad de su dignidad. Restringir el alcance
de la protección contra el discrimen por condición
social basándose en qu e la característica o cualidad
que
condiciona
a
una
persona
en
la
sociedad
se
adquirió como consecuencia de un “acto voluntario”
conlleva
ignorar
el
postulado
básico
de
que
la
dignidad del ser humano es inviola ble. Máxime cuando
la clasificación en casos c omo el que nos ocupa es
odiosa, no tiene una base objetiva y peor aún, tiene
un origen histórico en condiciones que perpetúan la
marginación
y
la
pobreza
de
un
sector
de
la
población. Asumir el criterio mayorit ario implicaría
validar que las personas con a ntecedentes penales son
merecedoras del trato desigual que reciben, ya que
este es producto “de sus malas decisiones” y además
que no tienen derecho a rehabilitarse, a pesar de que
existe un mandato constitucio nal que exige al Estado
fomentar
la
rehabilita ción
moral
y
social
de
los
convictos de delito. Art. VI, Sec. 19, Const. ELA,
supra.
Esa
percepción
concepción
de
la
choca
directamente
inviolabilidad
de
la
con
la
dignidad
humana. Una convicción penal no red uce la dignidad
de la persona convicta ni just ifica que se discrimine
en
su
contra
por
razón
del
estigma
asociado
a
la
CC-2018-0530
24
convicción.
En
resumen,
limitar
el
contenido
y
significado del discrimen por condición social a base
de
las
consideraciones
que
forzar
una
distinción
contraria
espíritu
y
propósito.
Tal
huérfanos
de protección,
la
Mayorí a
a
propone
su
verdadero
interpretación
precisamente,
“es
a
dejaría
los
más
desvalidos”. Báez Cancel v. Alcalde Mun. de Guaynabo ,
100 DPR 982, 987-988 (1972).
Por otra parte, considero que la Mayoría ignora
que la condición que una persona tiene en la sociedad
no es, necesariamente, consecuencia directa de sus
actos.
Por
creencias
el
y
determinan
contario,
valores
la
muchas
sociales
posici ón
de
veces
y
responde
culturales
las
personas
en
a
que
la
estratificación socia l. En el caso de las personas
con convicciones criminales, lo que las condiciona
en la sociedad no es el hecho en sí de poseer una
convicción, sino el estigma y prejuicio cultural y
social
que
se
les
atribuye
a
las
personas
que
comparten esa característica . Sin el estigma que está
atado
a
la
condicionaría
convicción
a
las
penal
personas
esta
cualidad
socialmente
y
no
no
se
consideraría una clasificación basada en la condición
social de la persona.
Más
estudios
aun,
no
indican
podemos
que
ignorar
existe
una
que
múltiples
relación
directa
entre la clase socioeconómica a la que se pertenece
CC-2018-0530
y la
25
probabilidad
de
ir
a
la cárcel
cuando se
es
imputado de un crimen. Es decir, se ha demostrado que
los
pobres,
entran
en
criminal
alta,
las
person as
contacto
con
una
con
negras
el
por
no
otras
sistema
frecuencia
precisamente
y
de
minorías
justicia
desproporcionadamente
contar
con
los
recursos
económicos y/o por el color de su piel. No se trata
de
algo
opcional,
sino
que
su
e ntorno
social
los
encierra en un círculo vicio so del cual es sumamente
difícil salir. Anthony V. Alfieri, Black, Poor, and
Gone: Civil Rights Law ’s Inner-City Crisis, 54 Harv.
C.R.-C.L.
L.
Rev.
629,
634
(2019);
Why
Inequality
Matters for Criminology and Cr iminal Justice, Paul’s
Justice
Blog (Aug
2,
2014);
Paul
D.
Butler,
Poor
People Lose: Gideon and the Critique of Rights, 122
Yale L.J. 2176 -2204 (2013).
Por
todo
lo
anterior,
reafirmo
que
procede
concluir que el discrimen por convicciones previas
está
subsumido
en
la
categoría
de
discrimen
por
condición social. Esta conclusión no solo es cónsona
con los principios de dignidad e igualdad humana y
el canon de interpretación constitucional que exige
una
interpretación
constitucionales
liberal
individuales,
de
sino
los
que
derechos
también
concuerda con la política pública de la Ley Núm. 100,
supra, que “es cónsona con nuestra aspiración social
de
crear
un
sistema
jurídico
que
fomente
CC-2018-0530
26
la igualdad de
los
individuos”. Ramos
Pérez
v.
Univisión, 178 DPR 200, 222 (2010) (Énfasis suplido).
Es por eso que hemos est ablecido que, al definir el
alcance de la Ley Núm. 100, supra, se debe tomar en
consideración
trabajadora
su
objetivo
contra
el
de
proteger
discrimen
en
a
el
la
masa
empleo
e
interpretar sus disposiciones siempre de la manera
más
favorable
al
empleado
o
so licitante.
Díaz
v.
Wyndham Hotel Corp., supra, págs. 381-382 (Énfasis
suplido).
Interpretar
que
el
discrim en
por
convicciones previas es una modalidad de discrimen
por
condición
social
es
consistente
con
estos
principios.
Por consiguiente, contrario a l o que la Mayoría
resuelve,
la
Ley
Núm.
100,
supra,
prohíbe
a
todo
patrono rehusar o dejar de emplear a un solicitante
o
despedir,
suspender
o
discriminar
contra
un
empleado con relación a su sueldo y condiciones de
trabajo únicamente por el hecho de que el solicitante
o empleado fue convicto criminalmente . Conforme al
esquema de esa legislación, el solicitante o empleado
que sufre este tipo de discrimen está legitimado para
presentar una acción sobre daños y perjuicios contra
el patrono discriminante. 26 LP RA sec. 146.
Ahora bien, es necesario reconocer que el derecho
de
una
persona
convicciones
a
previas
no
ser
en
discriminada
ocasiones
por
sus
colisiona
con
CC-2018-0530
27
derechos
fundamentales
personas
o
con
ejemplo,
el
derecho
contraponerse
seguridad
otras
del
patrono
intereses
a
de
Estado.
terceras
A
modo
la
no
discriminación
derechos
e
intereses
pública;
a
del
o
el
poblaciones
bienestar
de
igualmente
la
de
podría
como:
niñez
“la
y
vulnerables;
de
la
erradicación y prevención del crimen, y la protección
de
los
intereses
propietarios
nuestros
ciudadanos ”.
Puerto
166
Rico ,
DPR
y
Rosario
1,
27
libertarios
Díaz
(2005).
v.
Toyota
Estos
de
de
valores
podrían ser, en determinadas circunstancias, de igual
o
incluso
mayor
envergadura
y
jerarquía
que
el
derecho a la no discrimin ación. Ante tal situación,
es necesario “realizar un adecuado balance entre tal
protección
a
los
empleados
y
el
valor
e
interés
patronal […]”. Díaz v. Wyndham Hotel Corp. , supra,
pág. 382 (Énfasis en el original). En su Opinión de
conformidad en Rosario Díaz v. Toyota de Puerto Rico ,
supra —donde este Foro abordó la misma controversia
que hoy enfrentamos sin lograr alcanzar una solución
que sentara un precedente — el Juez Asociado Rebollo
López sugirió que, para atender el choque de derechos
y
establecer
un
balance
estableciera
una
se rie
de
adecuado
factores
entre
que
ellos,
el
se
patrono
podía considerar al momento de determinar si concedía
o denegaba un trabajo a una persona con convicciones
previas. Estos factores son:
CC-2018-0530
28
(1) la naturaleza y gravedad del delito […];
(2) la relación entre el delito […], el
empleo
[…],
y
los
requisitos
y
responsabilidades que el trabajo conlleva;
(3)
el
grado
de
rehabilitación
del
solicitante y cualquier información que el
solicitante o un tercero pueda legítimamente
brindar al respecto; (4) las circunstancias
bajo las cuales se cometió el delito…; (5)
la edad del solicitante al cometer el delito;
(6)
el
tiempo
transcurrido
entre
la
convicción y la solicitud de empleo, y (7)
el interés legítimo del patrono en proteger
la propiedad, la seguridad y el bienestar
propios, de terceros o del público en
general. Íd., pág. 28.
El
Juez
Asociado
Rebollo
López
señaló
que
el
patrono solo podría discriminar legítimamente contra
la
persona
exconvicta
si,
al
sopesar
todos
los
factores, le era razonable concluir que la convicción
previa del solicitante lo descalificaba para ocupar
el puesto. Íd. Finalmente, sugirió que este análisis
de
factores
se
insertara
al
esquema
probatorio
particular de la Ley Núm. 100, supra, como una vía
que
el
patr ono
demandado
tendría
disponible
para derrotar la presunción de discrimen que esa ley
establece. Íd. Particularmente, el patrono demandado
podrá “aceptar que discriminó contra el solicitante,
pero
que
su
consideración
acto
el
se
justifica, cuando
riesgo
excesivo
se
a
toma
los
en
que
razonablemente se exponen los intereses del patrono
o de la comunidad con la posible contratación del ex
convicto,
una
vez
sopesados
todos
los
elementos ”.
CC-2018-0530
29
Íd., págs. 28 -29 (Énfasis en el original). Este tipo
de modelo pudiera lograr un balance adecuado entre
los derechos e intereses envueltos pues permitiría
distinguir
entre
aquellas
situaciones
en
que
el
discrimen se basa únicamente en la existencia de la
convicción y aquellas que tienen una justificación
legítima por razón de q ue la convicción está directa
e
íntimamente
relacionada
persona
exconvicta
existen
derechos
ocupa
o
con
o
el
desea
intereses
de
puesto
que
la
ocupar
o
cuando
igual
o
mayor
envergadura que justifican que ceda el derecho a la
no discriminación.
V.
En fin, hoy procedía pautar que, salvo en las
circunstancias en que exista un interés legítimo del
patrono
para
denegar
un
empleo
o
despedir
a
una
persona por razón de tener una convicción previa, el
discrimen por la condición de ser exconvicto es una
modalidad de discrimen por condición social que está
proscrito tanto por nuestra Constitución como por la
Ley Núm. 100, supra. Como resultado de los prejuicios
que imperan en nuestra sociedad, la mera posesión de
una convicción criminal irrefutablemente coloca a la
persona exconvicta en un estatus social distinto e
inferior al de otras personas. La cualidad de ser
exconvicto
es
objeto
de
connotaciones
sociales
negativas, pues conlleva el estigma y la marginación
CC-2018-0530
de
las
30
personas
que
comparten
Además,
históricamente
personas
con
social
al
se
ha
antecedentes
negarle
esa
condicionado
penales
iguales
característica.
a
la
a
l as
opresión
oportunidades
en
la
sociedad, lo cual les causa un grave perjuicio. Por
otro lado, es innegable que el discrimen contra una
persona por el único hecho de haber sido convicta de
delito atenta contra su dignidad, ya que disminuye
su valor intrínseco como ser humano al estimársele
inelegible
para
desempeñar
una
labor
o
participar
plenamente en la sociedad, no por sus aptitudes y
habilidades
individuales,
sino
únicamente
por
el
estigma social y cultural con que se asocia al grupo
de personas que tienen la condición de exconvictos.
El
estigma
y
la
marginación
contra
las
personas
convictas de delito indudablemente “ trata de un mal
enraizado en nuestr o comportamiento colectivo que es
contrario
a
ordenamiento
los
valores
jurídico,
de
fundamentales
que
la
de
dignidad
nuestro
del
ser
humano es inviolable, y de que todas las personas son
iguales ante la ley”. Aponte Burgos v. Aponte Silva ,
154
DPR
117,
134
(2001).
“Es
tiempo
ya
que
este
Tribunal le d[é] plena vigencia a las proscripciones
que emanan de nuestra propia Constitución […]. Sólo
así
podemos
extirpar
de
nuestra cultura […]”. Íd.
raíz
ese
grave
vicio
de
CC-2018-0530
31
Reconocer que el discrimen por condición soc ial
incluye el discrimen por conviccion es previas era el
paso
obligado
en
esa
añadir
al
estigma
sector
de
la
y
dirección.
No
continuar
condenando
población
a
la
reconocerlo
pobreza
a
y
es
este
a
la
marginación. Debido a que la Mayoría optó por ese
curso, disiento enérgicamente.
Maite D. Oronoz Rodríguez
Jueza Preside nta
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Garib Bazain, Jorge
Recurrido
v.
Hospital Español Auxilio
Mutuo de Puerto Rico,
Inc.; Sociedad Española
de Auxilio Mutuo y
Beneficencia de Puerto
Rico, Inc.; Dr. José A.
Isado Zardón y la
Sociedad de Bienes
Gananciales compuesta con
la Sra. Diana Vigil Vigil
CC-2018-0530
Certiorari
Peticionarios
El ex-confinado en Puerto Rico lucha hoy
contra la corriente para ubicarse en una posición
digna. No le es fácil conseguir trabajo asalariado.
Tampoco tiene el crédito necesario para montar su
propio taller o negocio. Ha perdido años preciosos
de su vida sin recibir adiestramiento u optar por
una educación superior que lo habilite para el
mundo del trabajo y la vida contemporánea. La
mentalidad popular le achaca vicios, enfermedades
y propensiones que generalmente se vinculan con la
reclusión penitenciaria. Las voces que se levantan
a su favor son ahogadas por los prejuicios. F. Picó,
El día menos pensado: Historia de los presidiarios
en Puerto Rico, San Juan, Ed. Huracán, Inc., 1994,
págs. 172-173.
Opinión disidente emitida
ESTRELLA MARTÍNEZ.
por
el
Juez
Asociado
señor
San Juan, Puerto Rico, a 27 de julio 2020.
Los principios constitucionales de la igualdad y la
dignidad
humana
exigen
que
protejamos
los
derechos
fundamentales de todas las personas, independientemente de
CC-2018-0530
2
su procedencia, nacionalidad, sexo, raza, género, religión
y condición social. Tal encomienda cobra aún más importancia
cuando
nos
enfrentamos
a
discrímenes
rampantes
e
injustificados en contra de personas marginadas, oprimidas
y vulnerables. Las personas exconvictas no son excepción.
Todo lo contrario, son uno de los grupos sociales que más
sufren los embates de la desigualdad. Por tanto, en esas
situaciones resulta imperativo equiparar diferencias.
En esa misma línea, recientemente la Corte Suprema de
los Estados Unidos ejerció adecuadamente su rol como garante
de los derechos individuales, precisamente, en el ámbito del
discrimen laboral. Véase Bostock v. Clayton County, 509 U.S.
__
(2020).
Similarmente,
resulta
igualmente
inescapable
reconocer que cuando un patrono discrimina contra una persona
ex convicta, lo hace por razón de la condición en que está
inmersa en nuestra sociedad.
En ese sentido, hoy correspondía pautar que la denegación
de un empleo fundamentado en la convicción previa de un o una
aspirante está proscrito por la prohibición de discriminación
por origen o condición social. Debido a que una Mayoría
resolvió lo contrario al negar a las personas exconvictas el
reconocimiento de esa protección de rango constitucional y el
disfrute pleno de su ciudadanía, disiento enérgicamente del
dictamen mayoritario.
CC-2018-0530
3
Debido a que el trasfondo de la controversia de epígrafe
está
adecuadamente
reseñado
en
la
Opinión
mayoritaria,
procedemos a exponer los fundamentos del disenso.
I.
A.
La Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico
establece en su Sec. 1 los principios fundamentales que
deben permear obligatoriamente todos los aspectos de nuestro
ordenamiento jurídico. A esos fines, dispone lo siguiente:
La dignidad del ser humano es inviolable.
Todos los hombres son iguales ante la Ley. No
podrá establecerse discrimen alguno por motivo de
raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición
social, ni ideas políticas o religiosas. Tanto las
leyes como el sistema de instrucción pública
encarnarán estos principios de esencial igualdad
humana. (Énfasis suplido). Art. II, Sec. 1, Const.
PR, LPRA, Tomo 1.
A la luz de estos derechos de la más suprema jerarquía, se
prohíbe expresamente la discriminación en el disfrute de los
derechos fundamentales. De esta manera, “[e]stos preceptos
constitucionales
demuestran
el
compromiso
claro
de
los
constituyentes en prohibir los discrímenes y la desigualdad
en nuestro país”. J. R. Roqué Velázquez, Apuntes hacia una
definición del discrimen por “origen o condición social” en
Puerto Rico, 26 Rev. Jur. UIPR 519, 519 (1992).
Asimismo, de lo anterior se desprende que la dignidad y
la igualdad de las personas son valores jurídicos supremos
que deben guiar toda interpretación constitucional. Por
tanto, para precisar adecuadamente las categorías que están
CC-2018-0530
4
cobijadas por la Sec. 1 de la Carta de Derechos, debemos
abundar en los contornos de los derechos a la dignidad y a
la igualdad.
Como es conocido, la Constitución de Puerto Rico se
nutrió
extensamente
del
discurso
internacional
que
reaccionaba a las atrocidades ocurridas en la Segunda Guerra
Mundial. E. Vicente Rivera, Una mirada a la interpretación
de los derechos económicos, sociales y culturales en las
decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 44 Rev. Jur.
UIPR 17, 20 (2009). Así, nuestro ordenamiento constitucional
se benefició de documentos importantes como la Declaración
Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombres, los cuales tenían como
propósito materializar el respeto por los derechos humanos,
la dignidad, la igualdad y la libertad. Íd. En virtud de lo
anterior, nuestra Ley Suprema enmarcó los derechos a la
dignidad y a la igualdad en términos mucho más amplios y
abarcadores que en la Constitución de los Estados Unidos.
Al así hacerlo, la dignidad humana conceptualizada en
nuestra Carta de Derechos se fundamenta en el entendimiento
universal
de
que
todas
las
personas
tienen
un
valor
intrínseco, el cual “existe en idéntica magnitud en cada uno
de ellos”. C. E. Ramos González, La inviolabilidad de la
dignidad humana: Lo indigno de la búsqueda de expectativas
razonables
de
intimidad
en
el
Derecho
Constitucional
Puertorriqueño, 45 Rev. Jur. UIPR 185, 186 (2010). En ese
CC-2018-0530
5
sentido, “[t]he most diverse authorities on the subject have
recognized that human dignity is generally associated with
the notion of respect for the intrinsic worth of every person
or, in a word, ‘personhood’”.
(Énfasis en el original). H.
A. Meléndez-Juarbe, Privacy in Puerto Rico and the Madman's
Plight: Decisions, 9 Geo. J. Gender & L. 1, 45 (2008). A
raíz de ese valor humano, se entiende que todas las personas
tienen autonomía y libertad para tomar decisiones en torno
a su propia vida.
Como corolario de lo anterior, la inviolabilidad de la
dignidad
humana
componentes
de
exige
la
necesariamente
sociedad
actúen
con
que
todos
respeto
los
y
en
solidaridad entre sí. Entiéndase, la dignidad humana opera
ex propio vigore tanto entre las personas como frente al
Estado. Alberio Quiñones v. E.L.A., 90 DPR 812, 816 (1964);
Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 DPR 250, 259-260 (1978). Es
por
ello
que
fundamental
la
contra
dignidad
la
se
considera
discriminación”.
“el
imperativo
Ramos
González,
supra. Así lo explicó el delegado Jaime Benítez Rexach de
la Convención Constituyente al abundar en el propósito de
la Carta de Derechos:
Quiero ahora, brevemente, señalar la arquitectura
ideológica dentro de la cual se monta esta
proposición. Tal vez toda ella está resumida en
la primera oración de su primer postulado: la
dignidad del ser humano es inviolable. Esta es la
piedra angular y básica de la democracia. En ella
radica su profunda fuerza y vitalidad moral.
Porque antes que ninguna otra cosa, es la
democracia una fuerza moral, y su moral radica
CC-2018-0530
6
precisamente en el reconocimiento que hace de la
dignidad del ser humano, del alto respeto que esa
dignidad
merita
y
la
responsabilidad
en
consecuencia
que
tiene
todo
el
orden
constitucional de descansar en ella, protegerla y
defenderla. (Énfasis suplido). 2 Diario de
Sesiones de la Convención Constituyente 1342
(versión digital).
Como puede apreciarse, la dignidad humana contemplada en
nuestra
Carta
de
Derechos
tiene
unas
repercusiones
innegables en el ordenamiento puertorriqueño. Distinto al
ordenamiento federal, la dignidad humana es el norte y el
principio
rector
que
debe
guiar
toda
interpretación
constitucional local. Como bien explicó el profesor Carlos
E. Ramos González:
Su diferencia textual con la Constitución de
Estados Unidos es diáfana: no existe en dicho
texto constitucional referencia a la dignidad
humana. Mas allá del texto, una verdad histórica
me parece evidente: la Carta de Derechos ("Bill
of Rights") de 1791 de la Constitución de los
Estados Unidos refleja el pensamiento liberal e
individualista que sólo buscaba limitar los
poderes del Estado o gobierno frente al individuo.
El propósito principal de la Carta de Derechos de
la Constitución de Puerto Rico es diferente; su
norte es vindicar la dignidad humana, y como parte
de este objetivo, persigue limitar los poderes del
gobierno, e imponerle obligaciones a ese Estado.
Aún más: les impone límites y obligaciones a
personas
naturales
y
jurídicas
no
gubernamentales. Estas diferencias no pueden ser
inconsecuentes.
(Énfasis
suplido).
Ramos
González, supra, pág. 188.
Por su parte, la premisa de que todas las personas
somos iguales ante la ley está íntimamente relacionada con
la dignidad humana. El reconocimiento constitucional de la
igualdad se instrumentó expresamente en las Secs. 1 y 7 de
CC-2018-0530
la
Carta
7
de
Derechos,
puertorriqueña
de
plasmando
“perpetuar
en
así
la
nuestro
vocación
ordenamiento
jurídico el trato igualitario de los seres humanos ante la
ley”. E. J. Rivera Juanatey, Discrimen por antecedentes
penales:
Hacia
una
reconsideración
del
discrimen
por
condición social, 41 Rev. Jur. UIPR 585, 593 (2007). Así,
“[l]a igualdad es ingrediente medular del ideal de justicia
que
constantemente
late
en
la Constitución”.
P.R.P.
v.
E.L.A., 115 DPR 631, 633 (1984).
El
pilar
de
la
igualdad
no
se
reduce
a
términos
estrictos y uniformes. Según hemos expresado anteriormente,
“la igualdad entendida mecánicamente, más aplicada de modo
uniforme, desemboca en desigualdades reales”. L. F. Estrella
Martínez, Acceso a la justicia: Derecho humano fundamental,
San Juan, Ed. Situm, 2017, pág. 33. Es por ello que la
igualdad real exige el reconocimiento de las diferencias,
las circunstancias y las particularidades inminentes de los
distintos sectores para así aspirar a una aplicación del
Derecho equitativa. Véase, E. Rivera Ramos, La igualdad: Una
visión plural, 69 Rev. Jur. UPR 1 (2000).
En
fin,
“el
norte
principal
de
nuestra
Carta
de
Derechos, a diferencia de la Constitución de los Estados
Unidos, es la inviolabilidad de la dignidad humana entendida
con
todos
sus
componentes
de
igualdad,
libertad
y
solidaridad”. Ramos González, supra, pág. 189. Es por ello
que “la dignidad e igualdad del ser humano y la fidelidad a
CC-2018-0530
sus
valores
8
van
por
encima
de
posiciones
sociales,
diferencias raciales e intereses económicos”. Ocasio v.
Díaz, 88 DPR 676, 727 (1963).11
A la luz de estos pilares fundamentales, la Carta de
Derechos prohíbe expresamente que se discrimine en contra
de
persona
alguna
por
motivo
de
raza,
color,
sexo,
nacimiento, origen o condición social, ideas políticas o
ideas religiosas. Art. II, Sec. 1, Const. PR, LPRA, Tomo 1.
Estas categorías no son taxativas. Al contrario, la Sec. 19
de la Carta de Derechos provee que “[l]a enumeración de
derechos que antecede no se entenderá en forma restrictiva
ni supone la exclusión de otros derechos pertenecientes al
pueblo en una democracia, y no mencionados específicamente”.
(Énfasis suplido). Íd., Sec. 19. La Comisión de la Carta de
Derechos explicó en su informe que el propósito de esta
disposición constitucional es el siguiente:
[P]roteger los derechos del individuo contra una
interpretación
restrictiva
o
contra
una
interpretación basada en la conocida norma de
inclusio unius, exclusio alterius. Según este
último principio interpretativo, el acto de
enumerar conlleva el acto de excluir, de suerte
que todo lo que no se menciona queda por ese solo
hecho
descartado.
No
creemos
que
en
una
constitución deba incorporarse un principio de
11Similarmente,
otros
países
han
adoptado
constituciones de avanzada en las cuales la igualdad
constituye su principio rector. La Constitución de
Sudáfrica, por ejemplo, establece que toda interpretación
constitucional partirá de la premisa de la igualdad y
explícitamente prohíbe el discrimen injustificado, ya sea
directo o indirecto. L. F. Estrella Martínez, Acceso a la
justicia: Derecho humano fundamental, San Juan, Ed. Situm,
2017, págs. 57-59.
CC-2018-0530
9
esta inflexibilidad. . . Una interpretación en el
sentido de que todo lo que no se desprenda
literalmente de cada una de las palabras usadas
está por lo tanto excluido de la protección
constitucional, sería contraria a la actitud
básica que ha recogido la Comisión al preferir el
lenguaje breve de los grandes principios en vez
de la formulación minuciosa de los detalles
inagotables. (Énfasis suplido). 4 Diario de
Sesiones de la Convención Constituyente 3190
(versión digital).
Es por ello que la Sec. 1 de la Carta de Derechos es numerus
apertus,
por
prohibidas
que
lo
que
pueden
no
están
existir
expresamente
clasificaciones
señaladas
en
la
disposición constitucional. En ese sentido, distinto a la
Constitución de los Estados Unidos que profesa un status
negatis libertatis (Estado se abstenga de infringir los
derechos de los ciudadanos), en la Constitución de Puerto
Rico rige un status creditoris (se le exige al Estado una
acción positiva en beneficio del individuo).
B.
La
controversia
ante
nos
exige
que
precisemos
la
naturaleza y el alcance de una de las categorías cobijadas
bajo la Sec. 1 de la Carta de Derechos: la prohibición de
discrimen por “origen o condición social”. Ello, con el
propósito de determinar si las personas exconvictas están
cobijadas por tal disposición. Veamos el trasfondo de su
aprobación y posterior interpretación.
Inicialmente,
la
Comisión
de
la
Carta
de
Derechos
propuso que parte de la precitada Sec. 1 de la Carta de
Derechos leyera del siguiente modo: “[n]o podrá establecerse
CC-2018-0530
discrimen
10
alguno
por
motivo
de
raza,
color,
sexo,
nacimiento, origen social, ideas políticas o religiosas”.12
(Énfasis suplido). 4 Diario de Sesiones de la Convención
Constituyente 3175 (versión digital). Nótese que la Comisión
no contempló la inclusión expresa de la palabra “condición”
social.
Sin
embargo,
su
informe
evidencia
la intención
innegable de prohibir la discriminación basada tanto en la
naturaleza o el origen de una persona, como en la cultura o
la condición de una persona. Así se desprende del objetivo
que la Comisión vislumbró para la Sec. 1:
El propósito de esta sección es fijar
claramente como base consustancial de todo lo que
sigue el principio de la dignidad del ser humano
y, como consecuencia de ésta, la igualdad esencial
de todas las personas dentro de nuestro sistema
constitucional. La igualdad ante la ley queda por
encima de accidentes o diferencias, bien tengan
su origen en la naturaleza o en la cultura. Todo
discrimen o privilegio contrario a esta esencial
igualdad
repugna
al
sistema
jurídico
puertorriqueño. En cuanto fuera menester nuestra
organización legal queda robustecida por la
presente disposición constitucional, a la vez que
obligada a ensanchar sus disposiciones para dar
plena realización a lo aquí dispuesto. (Énfasis
suplido). Íd.
De hecho, la Comisión igualmente consignó que el concepto
de origen social “reafirma el principio de descartar toda
12En
aras de proveer recomendaciones sobre el contenido
de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico,
se creó la conocida Comisión de la Carta de Derechos. En
esa encomienda, sus miembros prepararon y aprobaron un
informe con una serie de propuestas importantes, las cuales
influenciaron directamente la Carta de Derechos aprobada
finalmente por la Convención Constituyente. 4 Diario de
Sesiones de la Convención Constituyente 3174 (versión
digital).
CC-2018-0530
11
gradación, favoritismo o prejuicio al sopesar los méritos
de una causa judicial, de una solicitud en el servicio
público, de una subasta, etc., por motivos de origen o
condición social”. (Énfasis suplido). Íd., pág. 3176.
En
virtud
de
lo
anterior,
Comisión,
propuesto
por
la
incorporó
una
enmienda
la
al
adoptar
Convención
importante.
A
esos
el
lenguaje
Constituyente
efectos,
el
delegado Lino Padrón Rivera sugirió que, después de la
palabra “origen”, se intercalara la palabra “condición”. 2
Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 1673
(versión digital). La Convención Constituyente aprobó la
enmienda
propuesta
y,
de
este
modo,
quedó
plasmado
un
lenguaje aún más comprensivo y abarcador, en el cual se
proscribió el discrimen por “origen o condición social”.
Íd., pág. 1674.
Una
vez
acogida
la
enmienda,
el
delegado
Lionel
Fernández Méndez levantó una preocupación en torno a cómo
se podía garantizar la protección en contra de un discrimen
por origen o condición social. Ante tal interrogante, el
delegado Jaime Benítez Rexach explicó lo siguiente:
En lo que respecta al sistema jurídico y en esto
se refiere a la totalidad de la estructura legal
del país, se subraya la inconstitucionalidad de
todo
favoritismo.
Y
todo
reconocimiento
a
distinción habrá de estar motivado por mérito, por
virtud, por esfuerzo, por talento. En lo que toca
a qué es lo que se quiere decir con origen social,
quiérese decir con origen social, que no importa
la extracción de la persona, su situación
económica, su condición en la comunidad, todos los
puertorriqueños y todas las personas sujetas a las
leyes de Puerto Rico son iguales ante nuestras
CC-2018-0530
12
leyes si se aprueba esta disposición y cualquier
intento de hacer discrimen en favor o en contra
de una de ellas es ilegal. (Énfasis suplido). 2
Diario de Sesiones de la Convención Constituyente
1675 (versión digital).
De lo anterior, se desprende nuevamente la intención de la
Convención
Constituyente
de
que
la
proscripción
del
discrimen por origen o condición social fuese más allá de
la naturaleza o procedencia social. Incluye, a su vez, la
condición
o
estatus
de
las
personas
en
la
sociedad
puertorriqueña.
A la luz de este trasfondo, se puede observar que la
prohibición
constitucional
de
discriminar
por
origen
o
condición social se materializa en dos vertientes. Como
propuso acertadamente el profesor José R. Roqué Velázquez,
la primera vertiente cobija todo discrimen motivado por el
origen
o
la
procedencia
social
de
una
persona.
Roqué
Velázquez, supra, pág. 524. De este modo, se proscribe el
discrimen “por el mero hecho de que una persona haya nacido
en un lugar pobre o un lugar rico, o que su familia tuviese
pocos recursos económicos o muchos recursos económicos, o
que ésta posea poca o mucha educación, o por tener padres
homosexuales o impedidos”. Íd., pág. 525.
Un ejemplo de esta primera vertiente se reflejó en
Vicéns v. U.P.R., 117 DPR 771 (1986), en el que este Tribunal
se negó inicialmente a expedir un recurso donde se impugnaba
la constitucionalidad del programa de admisión a la escuela
elemental
de
la
Universidad
de
Puerto
Rico,
la
cual
CC-2018-0530
13
favorecía automáticamente a los hijos e hijas de empleados
de dicha institución. En esa ocasión, el Juez Asociado señor
Negrón García emitió un Voto particular disidente en el cual
arguyó que el favorecimiento de una persona a razón de su
extracción social -en este caso, ser el hijo o hija de algún
empleado
universitario-
violaba
la
prohibición
de
discriminación por origen o condición social. Íd., págs.
780-781
(Negrón
Posteriormente,
García,
este
Voto
Tribunal
particular
reconsideró
disidente).
y
emitió
el
interdicto preliminar solicitado mediante una Sentencia.
Por otro lado, la segunda vertiente de esta categoría
prohíbe el discrimen por la condición, la cultura o el
estatus social de una persona. Roqué Velázquez, supra, págs.
524-525. De este modo, esta modalidad vedaría cualquier
discriminación de la siguiente naturaleza:
[N]o se puede discriminar por la situación actual
del individuo, por el hecho de que un individuo
sea abogado, médico o carpintero, o por poseer una
mansión en tal urbanización o una pequeña casa en
un área marginada. La posición ante el círculo
social o el círculo económico que adquiera una
persona no puede ser utilizada por el Estado como
base para discriminar. (Énfasis suplido). Íd.,
pág. 525.
Un ejemplo del discrimen basado en la condición o el
estatus social de una persona se materializó en Berberena
v. Echegoyen, 128 DPR 864 (1991), en el que se impugnó una
legislación cuyo efecto redundaría en la concesión de unos
privilegios particulares a maestros y maestras. Ante ello,
el Juez Asociado señor Rebollo López definió acertadamente
CC-2018-0530
en
su
14
Opinión
disidente
los
contornos
de
la
segunda
vertiente del discrimen por origen o condición social. Así,
explicó que “no podrá discriminarse –a favor o en contra de
persona alguna- por razón de su condición o ‘status’, en la
comunidad;
como
tampoco
por
ser
pobre
o
de
cuantiosa
fortuna; ni por ser prominente o por tener o carecer de,
cierto grado de escolaridad”. (Énfasis en el original). Íd.,
págs. 918-919 (Rebollo, López, Opinión disidente).
Asimismo,
en
la
discusión
de
la
Convención
Constituyente sobre esta categoría, el delegado José Trías
Monge
sugirió
otra
enmienda
que
es
reveladora
para
la
controversia ante nos. Así, éste propuso que se hiciera
constar en la Sec. 1 de la Carta de Derechos una prohibición
expresa a la discriminación por “posición económica”. 2
Diario
de
(versión
Sesiones
de
la
digital).
Tal
Convención
sugerencia
Constituyente
la
realizó
1674
con
el
propósito de atemperar totalmente la Carta de Derechos a la
Declaración
Universal
de
los
Derechos
del
Hombre
antes
mencionada. Íd., pág. 1678.
No
Gutierrez
obstante,
Franqui
prohibición
se
posteriormente,
levantó
utilizara
la
el
delegado
preocupación
para
privar
Víctor
de
que
esta
a
personas
desventajadas económicamente de fondos y subsidios públicos.
En ese sentido, expresó que “la frase puede poner en peligro
programas tan importantes como [el] desarrollo de viviendas
donde los fondos públicos se destinan a construir viviendas
CC-2018-0530
baratas
y
15
los
exclusivamente
a
cánones
de
base
la
de
arrendamiento
posición
se
económica
fijan
de
las
personas que van a ocupar esas casas viviendas”. Íd., pág.
2800.
Ante
ello,
la
Convención
Constituyente
acogió
la
recomendación presentada y eliminó el término de “posición
económica”. Íd., pág. 2804. Tal decisión se fundamentó, a
su vez, en el hecho de que la Carta de Derechos y su
prohibición de discriminar por origen o condición social,
de por sí, bastaban para prohibir el discrimen motivado por
razones económicas. Así lo hizo constar el delegado Héctor
González Blanes, al indicar lo siguiente: “[n]os satisface
la eliminación de ‘posición económica’, porque entiendo que
ahí está incluida la dificultad que levanta el compañero
Reyes Delgado al ponerse más adelante ‘o condición social’”.
Íd., pág. 2802.
Sin embargo, lo anterior no significa que el único
alcance que tiene la prohibición del discrimen de origen o
condición social es en torno a motivaciones económicas. Todo
lo contrario, el historial extensamente reseñado evidencia
una intención clara de amparar una gama de discrímenes
sociales.
Es decir, “el discrimen por posición económica o
por pobreza, es un aspecto o renglón de la vertiente de
discrimen por condición social, más no es lo único que caería
dentro de ese ámbito”. Roqué Velázquez, supra, pág. 534.
Como bien explicó el actual Secretario del Departamento de
CC-2018-0530
Corrección
16
y
Rehabilitación,
Hon.
Eduardo
J.
Rivera
Juanatey:
Examinado
el
historial
de
la
Convención
Constituyente, se debe concluir que el concepto
‘origen o condición social’ va más allá de la
protección contra el discrimen por la posición
económica de las personas, pues “[e]l día en que
los
derechos
constitucionales
de
nuestros
conciudadanos estén a expensas de consideraciones
de naturaleza económica, será el día en que la
justicia habrá dejado de constituir la razón de
ser de nuestro ordenamiento”. (Énfasis suplido).
Rivera Juanatey, supra, págs. 604-605 (citando a
Pueblo v. Robles González, 125 DPR 750, 765
(1990)).
Ahora bien, para que la protección de la cláusula del
origen o condición social tenga la fuerza vinculante que la
Convención Constituyente vislumbró, es importante que este
Tribunal
abunde
sobre
su
alcance,
sus
contornos
y
sus
implicaciones. Desafortunadamente, ese no ha sido el caso,
pues esta categoría no ha sido objeto de la interpretación
y análisis judicial que amerita.13 Ante este vacío, juristas
13Ciertamente,
distintos miembros de este Tribunal han
intentado definir el alcance de tal cláusula mediante opiniones
concurrentes, disidentes y de conformidad. Algunas de éstas ya
han sido reseñadas en esta Opinión disidente. En las mismas, se
encuentran expresiones reveladoras en torno al contenido y al
propósito de la categoría de origen o condición social. En Pueblo
v. Caro González, 110 DPR 518 (1980), por ejemplo, el Juez
Asociado señor Díaz Cruz expuso en su Voto concurrente que la
dignidad de los seres humanos no se diluye dependiendo de la
condición social y la naturaleza del trabajo de las personas.
Íd., pág. 534 (Díaz Cruz, Voto concurrente). Similarmente, en
Molina v. C.R.U.V., 114 DPR 295 (1983), el Juez Asociado señor
Irizarry Yunque indicó en su Opinión concurrente que la
categoría de origen o condición social constitucional proscribe
que se discrimine contra persona alguna por su pobreza. Íd.,
pág. 312 (Irizarry Yunque, Opinión concurrente). De igual modo,
en Vega v. Luna Torres, 126 DPR 370 (1990), el Juez Asociado
señor Hernández Denton apeló en su Opinión concurrente y de
CC-2018-0530
17
y catedráticos han propuesto distintas interpretaciones para
esclarecer
y
precisar
su
contenido.
Pasemos,
pues,
a
analizar algunas de las metodologías propuestas.
Por un lado, el Juez Asociado y catedrático Raúl Serrano
Geyls arguyó que la disposición constitucional sobre el
discrimen por origen o condición social está íntimamente
vinculada a la Sec. 20 de nuestra Carta de Derechos. R.
Serrano Geyls, Derecho Constitucional de Estados Unidos y
Puerto Rico, San Juan, 1986, V. II, pág. 1189.14 Como es
conocido,
la
Sec.
20
reconoce
los
siguientes
derechos
económicos, sociales y culturales: (1) el derecho de toda
persona a recibir gratuitamente la instrucción primaria y
secundaria;
(2)
el
derecho
de
toda
persona
a
obtener
trabajo; (3) el derecho de toda persona a disfrutar de un
nivel de vida adecuado que asegure para sí y para su familia
conformidad a la prohibición del discrimen por condición social
para sostener que las personas indigentes que hayan recibido
servicios legales gratuitos tienen derecho a recibir honorarios
de abogado como cualquier otra persona litigante. Íd., págs.
381-382
(Hernández
Denton,
Opinión
concurrente
y
de
conformidad).
14De
igual modo, la Sec. 20 de la Carta de Derechos
está íntimamente relacionada con la dignidad humana, la
cual debe ser principio rector en nuestra interpretación
constitucional. Véase, E. Vicente Rivera, Una mirada a la
interpretación de los derechos económicos, sociales y
culturales en las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto
Rico, 44 Rev. Jur. UIPR 17, 18 (2009); C. E. Ramos González,
La inviolabilidad de la dignidad humana: Lo indigno de la
búsqueda de expectativas razonables de intimidad en el
Derecho Constitucional Puertorriqueño, 45 Rev. Jur. UIPR
185, 188-189 (2010); J. J. Álvarez González, La dignidad
como derecho independiente, 45 Rev. Jur. UIPR 205, 214 n.
46 (2010).
CC-2018-0530
18
la salud, el bienestar y especialmente la alimentación, el
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios
sociales necesarios; (4) el derecho de toda persona a la
protección social en el desempleo, la enfermedad, la vejez
o la incapacidad física, y (5) el derecho de toda mujer en
estado grávido o en época de lactancia y el derecho de todo
niño a recibir cuidados y ayudas especiales. Mediante estos
postulados,
la
Convención
Constituyente
plasmó
“[l]a
importancia de esos valores para la sociedad puertorriqueña
y, por ello, la justificación para exigir algo más que
igualdad
formal
o
igualdad
de
oportunidades
para
su
disfrute”. J. J. Álvarez González, Derecho Constitucional,
69 Rev. Jur. UPR 419, 452 (2000).
Por
tanto,
discrímenes
según
sociales
la
y
propuesta
del
Profesor,
“los
económicos
son
particularmente
problemáticos cuando operan en contextos que el malogrado
Art. II, [Sec.] 20 consideró de especial importancia”.
J.
J. Álvarez González, Derecho Constitucional de Puerto Rico
y
relaciones
constitucionales
con
los
Estados
Unidos,
Bogotá, Ed. Temis S. A., 2009, pág. 896. Así, concluyó
acertadamente
educación
que
los
primaria
y
discrímenes
secundaria,
en
los
trabajo,
contextos
de
alimentación,
vestido, vivienda y salud activan la categoría de origen o
condición social. Lo anterior, es una manera muy acertada
de dar contenido a la categoría que nos ocupa en aras de
incorporar
“nuevas
protecciones
a
grupos
históricamente
CC-2018-0530
excluidos
19
del
disfrute
de
la
más
completa
ciudadanía”.
Vicente Rivera, supra, pág. 24. Asimismo, se precisan sus
contornos
conforme
a
la
voluntad
propia
del
Pueblo
puertorriqueño reflejada en la Convención Constituyente.
Ciertamente, el Congreso de los Estados Unidos eliminó
posteriormente la precitada Sec. 20. Sin embargo, ello no
es ni ha sido óbice para que este Tribunal adjudique las
controversias ante así conforme a la voluntad del pueblo de
Puerto Rico. Íd. Al contrario, hemos resuelto expresamente
que “[e]l destino incierto de la frustrada Sec. 20 de nuestra
constitución, late entre aquellos derechos que aunque no se
mencionan expresamente en el texto, el pueblo se reserva
frente al poder político creado”. Amy v. Administración de
Deporte Hípico, 116 DPR 414, 421 (1985).
La Constitución de Puerto Rico busca garantizar el
disfrute y goce cabal de los
sentido,
hemos
Constituyente
reconocido
vislumbró
que
derechos humanos. En ese
que
la
estos
propia
Convención
derechos
económicos,
sociales y culturales se materializaran a través de otros
pilares constitucionales. El delegado José Trías Monge lo
expuso del siguiente modo:
La palabra “vida” contiene toda una serie de
derechos aparte del de la simple respiración, que
no están incluidos necesariamente en la palabra
“libertad” ni en la palabra “propiedad”. O sea,
de eliminarse la palabra “vida” de esta frase tan
consagrada en la historia de este gran derecho,
se estaría haciendo un cambio fundamental en
cuanto [a eso], principalmente ahora que se está
CC-2018-0530
20
expandiendo el área de los derechos humanos y
ahora que se está reconociendo una segunda carta
de derechos a la anterior clásica, tipo siglo
XVII, y se están significando como derechos del
hombre también en este documento, el derecho a la
educación, el derecho al trabajo, el derecho a un
nivel adecuado de vida. 2 Diario de Sesiones de
la
Convención
Constituyente
1827
(versión
digital).
Como bien explicó la profesora Esther Vicente Rivera,
debe apreciarse “la claridad con que se expresa la acogida
en nuestra Constitución de los derechos económicos, sociales
y
culturales,
derechos’,
identificados
más amplia
que
como
la
‘la
segunda
‘anterior
carta
clásica’.
de
Estos
derechos, necesarios para el debido desenvolvimiento de la
personalidad humana, están comprendidos fundamentalmente en
la
palabra
‘vida’”.
(Énfasis
suplido).
Vicente
Rivera,
supra, pág. 25. Es decir, a pesar de que la Constitución de
Puerto Rico no reflejó finalmente la voluntad propia y
original de Pueblo puertorriqueño, en la misma “aflora una
vocación de crear un estado social y democrático” que
se
materializa
en
disposiciones
c onstitucionales
como la que tenemos ante nuestra consideración. Ramos
González, supra. Así, los derechos consagrados en la
Sec.
20
persisten
en
otras
secciones
de
la
Constitución, como en la prohibición de discriminar
por origen o condición social. Aunque los derechos
de
la
parte
Sec.
de
20
la
puertorriqueña.
no
constan
aspiración
expresamente,
sí
real
conciencia
de
la
forman
CC-2018-0530
21
Asimismo,
es
importante
tener
presente
que
la
propuesta del profesor Raúl Serrano Geyls se validó
en el único precedente emitido por este Tribunal en
torno
a
la
categoría
constitucional
de
origen
o
condición social. En Pérez, Román v. Proc. Esp. Rel.
de Fam., 148 DPR 201 (1999), este Tribunal determin ó
que las clasificaciones basadas en el estado civil
de
las
personas
no
están
cobijadas
bajo
la
prohibición constitucional del discrimen por origen
o condición social. Sin embargo, en su escolio 8,
reconoció expresamente la metodología propuesta por
el
Profesor.
Íd.,
pág.
214,
n.
8.
Ello,
sugiere
fuertemente que este Tribunal validó y legiti mó tal
análisis.
De igual modo, se ha propuesto otra metodología
que complementa la interpretación anterior. A esos
efectos, el profesor José R. Roqué Velázquez sugirió
que la categoría de discrimen por origen o condición
social se enmarque en la teoría o
antisubyugación
desarrollado
Lawrence
Roqué
Tribe.
el principio de
por
Velázquez,
el
profesor
supra,
pág.
537
(citando a L. Tribe, American Constitucional Law , 2da
ed.,
New
Amparándose
York,
en
Ed.
la
Foundation
cláusula
Press,
federal
1988).
de
igual
protección de las leyes, la teoría de antisubyugación
propone
que
“ todo
esquema
jurídico
que
trate
a
CC-2018-0530
22
ciertas personas como ciudadanos de segunda clase y
cree
o
refuerce
presumiblemente
sis temas
de
inválido ”.
subordinación,
(Énfasis
es
suplido).
Álvarez Gonzál ez, Derecho Constitucional de Puerto
Rico y relaciones constitucionales con los Estados
Unidos, op. cit. Por tanto, según el profesor José
R.
Roqué
redunden
Velázquez,
en
la
las
dinámi cas
subordinación
de
sociales
persona
que
alguna
estarían vedadas por la prohibición de discrimen por
origen o condición social.
Por su parte, el profesor José Julián Álvarez
González,
ha
validado
la
incorporación
de
tal
metodología a la pr ohibición de discrimen por origen
o condición social por las siguientes razones:
Este modelo tiene la virtud de que reconoce
límites a la discreción judicial, por cuanto
requiere que quien invoque la protección
vigorosa
del
proceso
judicial
bajo
la
prohibición contra discrímenes por origen o
condición social demuestre que pertenece a
un grupo que ha sido sometido históricamente
a tratamiento desigual y a estigma social .
(Énfasis
suplido).
Álvaréz
González,
Derecho Constitucional de Puerto Rico y
relaciones constitucionales con los Estados
Unidos, op. cit.
A
su
vez,
el
profesor
José
R.
Roqué
Velázquez
propuso unos criterios para limitar la aplicación de
la teoría de antisubyugación y precisar adecuadamente
las
personas
que
están
amparadas por tal disposición
CC-2018-0530
23
constitucional. Así, el análisis propuesto se divide en tres
(3) pasos. En primer lugar, los tribunales deben evaluar si
“la sociedad en general le atribuye una clasificación o
connotación
negativa,
prejuicios,
a
los
ya
sea
miembros
por
mitos,
de
ese
ignorancia
grupo,
clase
o
o
individuos”. (Énfasis suplido). Roqué Velázquez, supra. En
segundo lugar, se debe auscultar si “a ese grupo, clase o
individuos, se le ha sometido históricamente a un grado
convincente de opresión en la sociedad”. (Énfasis suplido).
Íd. Por último, el tercer paso propuesto es que se demuestre
evidencia
del
perjuicio
o
agravio
causado
por
la
clasificación negativa y la opresión ejercida socialmente.
Íd. La evidencia de perjuicio o agravio puede consistir en
prueba sobre la “negación de empleo a la persona, negación
de servicios públicos o beneficios, privilegios injustos que
se les ofrezcan a otras personas igualmente situadas”, entre
otras. (Énfasis suplido). Íd., pág. 538. Con frecuencia, el
segundo paso y el tercero se complementarán. Íd.
C.
Aclaradas las metodologías propuestas para precisar el
alcance
de
la
prohibición
de
discrimen
por
origen
o
condición social, procedemos a aplicar tal análisis para
determinar
si
las
personas
exconvictas
están
cobijadas
constitucionalmente.
Según adelantamos, para determinar si las personas
exconvictas están amparadas en la prohibición de discrimen
CC-2018-0530
24
por origen o condición social, debemos estudiar su realidad
social. Entiéndase, debemos auscultar si esta población ha
sido catalogada negativamente por la sociedad, si ha sido
oprimida
históricamente,
y
si
lo
anterior
ha
causado
agravios y perjuicios. Lo anterior, conforme a la intención
de
la
Convención
Constituyente
y
a
las
metodologías
propuestas.
Indudablemente,
las
personas
exconvictas
son
estigmatizadas socialmente. Tanto es así, que miembros de
la Convención Constituyente consignaron su preocupación en
torno a la connotación negativa que la sociedad le ha
otorgado
a
las
personas
confinadas.
Así,
el
delegado
Yldefonso Solá Morales señaló que las personas confinadas,
en comparación a otras poblaciones vulnerables, “no son
mirados de la misma manera” por la sociedad. 3 Diario de
Sesiones
de
la
Convención
Constituyente
2678
(versión
digital). Así lo reconoció igualmente el delegado Juan B.
Soto al expresar lo siguiente:
La teoría de la pena hasta ahora ha sido la de
vindicación. Esto es, la vindicta pública. Todavía
nosotros leemos en la prensa esa reacción pública
de la vindicta pública; quiere decir, la venganza
hacia el delincuente que ofendió [a] la sociedad;
entonces la reacción social debe ser la misma de
uno a quien le dan una bofetada en la cara, que
debe reaccionar contra aquel que le agredió,
agrediéndole también. Esa es la filosofía, en
síntesis, que informa la legislación penal vigente
en Puerto Rico y todavía en muchos países del
mundo. Íd., pág. 2676.
CC-2018-0530
25
De igual modo, es innegable que las personas confinadas
y las exconfinadas han estado sujetas a una subordinación y
opresión sistemática. Como expuso el doctor Luis A. Zambrana
González:
La población de personas privadas de su
libertad es, probablemente, la más vulnerable en
múltiples sentidos y aspectos, tanto sociales como
jurídicos.
Atender
la
precariedad
y
estigmatización que existe sobre ese sector de la
población tan olvidado como despreciado es, no
queda duda, una labor imperativa en un Estado
democrático y constitucional de derecho. L. A.
Zambrana González, La rehabilitación de la persona
convicta como derecho humano: Su tención con el
ordenamiento penitenciario de Puerto Rico, 87 Rev.
Jur. UPR 1117, 1118 (2018).
En
ese
respecto
sentido,
muestra
que
la
poca
literatura
la
población
penal
disponible
de
al
nuestras
instituciones carcelarias responde a un desafortunado pero
consistente perfil: personas que viven bajo los índices de
pobreza, con poca educación y desempleadas. Un estudio sobre
las
personas
confinadas
en
el
año
2019
reflejó
que
aproximadamente el 65% vivían de un ingreso anual de $20,000
o menos previo a su encarcelamiento, sólo el 35% contaba con
estudios hasta el duodécimo grado de escuela superior y el
88.37% provenía del sistema educativo público. Perfil de la
población
confinada
2019,
Departamento
de
Corrección
y
Rehabilitación, noviembre 2019, págs. 26-27, 37-38, 4849,https://www.estadisticas.pr/files/inventario/publicacio
nes-especiales/DC_perfil_poblacion_confinado_2019.pdf
(última visita 12 de mayo de 2020). Asimismo, el 62.36% de
las mujeres confinadas habían sido víctimas de violencia
CC-2018-0530
doméstica,
26
el
66.25%
de
la
población
confinada
había
padecido del trastorno de abuso de sustancias controladas y
el 38% era reincidente de delito. Íd., págs. 56, 100, 194196.
Estas
estadísticas
muestran
que
la
condición
de
confinado o confinada no es una mera casualidad. Según puede
observarse,
la
inevitablemente
conducta
delictiva
relacionada
con
su
de
una
origen
persona
y
está
condición
social. Asimismo, estos datos revelan innegablemente que la
población exconvicta acarrea, de por sí, una condición o
estatus social de eminente desigualdad. A la luz de esta
realidad, no cabe duda de que las personas exconvictas son
un
grupo
históricamente
marginado
y
oprimido
por
la
sociedad.
Como agravante, y relevante a la controversia ante nos,
las condiciones y las consecuencias del confinamiento no
culminan cuando las personas confinadas cumplen la pena
impuesta
por
el
Estado.
Al
contrario,
al
intentar
reintegrarse a la sociedad, las personas exconvictas se
encuentran con una amplia gama de obstáculos fundamentados
precisamente en los estigmas y la marginalización antes
expuesta.
Entre las múltiples trabas a las que se enfrentan, se
encuentra la falta de acceso a empleo. Particularmente, en
el año fiscal del 2009 al 2010, la mayoría de las 4,946
personas egresadas de las instituciones penales de Puerto
CC-2018-0530
27
Rico se encontraban desempleadas. Después de la cárcel no
hay
trabajo,
Noticel,
26
de
junio
de
2011,
https://www.noticel.com/la-calle/20110626/despues-de-lacarcel-no-hay-trabajo/ (última visita 12 de mayo de 2020).
Según
estudios
en
Estados
Unidos,
ello
se
debe
primordialmente a que más del 60% de los patronos se niegan
a
contratar
a
personas
con
algún
récord
criminal.
E.
Westrope, Employment Discrimination on the Basis of Criminal
History: Why an Anti-Discrimination Statute is a Necessary
Remedy, 108 J. Crim. L. & Criminology 367, 370 (2018). Peor
aún, tal decisión se basa frecuentemente en estereotipos
infundados, en vez de un análisis individualizado sobre las
características y experiencias de los aspirantes de empleo.15
E. P. Weissert, Get out of Jail Free: Preventing Employment
Discrimination against People with Criminal Records Using
Ban the Box Laws, 164 U. Pa. L. Rev. 1529, 1536 (2016). Lo
anterior, consiste en un impedimento grave a la reinserción
social de las personas convictas.
A
la
luz
puertorriqueños
exconvictas
de
han
esta
realidad,
coincidido
indudablemente
en
varios
que
constituyen
las
un
juristas
personas
grupo
históricamente oprimido que está amparado en la prohibición
15Sin
embargo, ningún estudio ha probado exitosamente
la correlación entre la comisión de delitos en el contexto
laboral con empleados con récords criminales. E. P.
Weissert, Get out of Jail Free: Preventing Employment
Discrimination against People with Criminal Records Using
Ban the Box Laws, 164 U. Pa. L. Rev. 1529, 1537 (2016).
CC-2018-0530
28
de discrimen por origen o condición social, en su segunda
vertiente. A esos fines, el profesor José R. Roqué Velázquez
sostuvo que las personas exconvictas cumplen con los tres
(3)
requisitos
del
esquema
propuesto,
pues
los
grupos
dominantes que controlan el poder político y económico los
“enfoca
socialmente
estratificación”,
en
su
lo
más
bajo
“oportunidad
de
de
la
jerarquía
movilidad
o
social,
política y económica es irreal”, y tienen evidencia plena
de
los
perjuicios
y
agravios
causados
por
ello.
Roqué
Velázquez, supra, págs. 537-538.
De igual modo, el secretario Eduardo J. Rivera Juanatey
aplicó la metodología propuesta por el profesor José R.
Roqué Velázquez y concluyó lo siguiente:
Luego de utilizar este modelo de análisis
sobre
las
clasificaciones,
resulta
forzoso
concluir que el grupo de los ex convictos es
merecedor
de
protección
constitucional.
La
clasificación de ex convicto es una protegida
dentro del concepto de condición social, toda vez
que claramente la sociedad le atribuye una
connotación negativa, el grupo históricamente ha
sido sometido a un grado convincente de opresión
y resulta evidente el perjuicio o agravio al cual
están
sometidos.
(Énfasis
suplido).
Rivera
Juanatey, supra, pág. 597.
A una conclusión similar llegó el Juez Asociado señor
Rebollo López en su Opinión de conformidad en Rosario Díaz
v. Toyota, 166 DPR 1 (2005) (Sentencia), a la cual se unieron
el Juez Asociado señor Rivera Pérez y la Juez Asociada señora
Fiol Matta. En la misma, sostuvo que el discrimen por
condición social proscrito por la Constitución de Puerto
Rico ampara a los “miembros de un grupo específico de nuestra
CC-2018-0530
29
sociedad, que por motivo de sus características en común y
por tratase de un sector tradicionalmente estigmatizado, son
objeto de marginación y trato diferencial”. (Énfasis en el
original).
Íd.,
pág.
21
(Rebollo
López,
Opinión
de
conformidad). Así, reconoció el estigma social que causa que
las
personas
exconvictas
sean
marginadas
de
múltiples
facetas de la sociedad, particularmente de la laboral. Íd.,
págs. 21-22 (Rebollo López, Opinión de conformidad).
A la
luz de lo anterior y de los preceptos constitucionales antes
discutidos,
concluyó
que
tras
“un
análisis
detenido
y
sosegado del asunto ante nuestra consideración nos lleva
inexorablemente a concluir que la condición de exconvicto
es
un
tipo
de
Constitución”.
condición
(Énfasis
social
en
el
protegido
original).
por
Íd.,
nuestra
pág.
21
(Rebollo López, Opinión de conformidad).
En vista de estas realidades, es innegable que la
condición social de exconvicto o convicta es una categoría
protegida constitucionalmente. Es evidente que la sociedad
en
general
clasifica
a
las
negativamente
y
que
se
les
ha
históricamente
a
un
grado
personas
sometido
significativo
exconvictas
consecuente
e
de
y
opresión
subordinación. Ello, ha redundado en perjuicios tan graves
como lo es la falta de un acceso adecuado a un trabajo.
Ciertamente, aunque la condición de exconvicto o exconvicta
no revela a primera vista rasgos naturales o inmutables como
la raza, el color, el sexo o el nacimiento, sí cumple con
un elemento importante de toda clasificación sospechosa,
CC-2018-0530
30
entiéndase que “tiende a relegar a un estado legal de
inferioridad
a
potencialidades
una
y
clase
con
abstracción
de
las
características
individuales
de
sus
miembros”. Zachry International v. Tribunal Superior, 104
DPR 267, 282 (1975). En consecuencia, es forzoso concluir
que
las
personas
exconvictas
están
cobijadas
por
la
prohibición de discriminación por origen o condición social
en su segunda vertiente.
D.
Todo
lo
importancia
anteriormente
cuando
expuesto,
consideramos
que
la
cobra
aún
Constitución
más
de
Puerto Rico exige igualmente el “tratamiento adecuado” de
las
personas
que
delinquen
“para
hacer
posible
su
rehabilitación moral y social”. Art. VI, Sec. 19, Const. PR,
LPRA, Tomo 1. Tal disposición surgió de la Comisión de
Disposiciones
Transitorias
y
Asuntos
Generales
de
la
Convención Constituyente, quienes recomendaron inicialmente
que constara la “política pública del Estado, propender,
dentro de los recursos disponibles, a la rehabilitación
moral y social de los reclusos”.16 3 Diario de Sesiones de
la Convención Constituyente 2541 (versión digital). Entre
las
115
16La
propuestas
que
tuvo
la
Comisión
ante
su
Comisión de Disposiciones Transitorias y Asuntos
Generales tuvo la encomienda de recomendarle a la
Convención Constituyente el contenido del Art. VI de la
Constitución de Puerto Rico. A esos efectos, sus miembros
redactaron
un
informe
y
lo
presentaron
ante
la
consideración de la Convención Constituyente. 3 Diario de
Sesiones de la Convención Constituyente 2542-2543 (versión
digital).
CC-2018-0530
31
consideración, ésta determinó que la rehabilitación y la
reinserción
social
principio
tanta
de
de
las
personas
supremacía,
que
convictas
debía
era
un
incluirse
en
nuestro texto constitucional. Íd., pág. 2542.
Ante la propuesta de la Comisión, el delegado José
Veray Jr. Hernández sugirió enmendar el inciso sugerido para
que leyera del siguiente modo: “[s]erá política pública del
Estado reglamentar las instituciones penales para que sirvan
a sus propósitos en forma efectiva y propender dentro de los
recursos
disponibles
al
tratamiento
adecuado
de
los
delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y
social”. Íd., pág. 2672. Tal disposición generó un debate
entre los constituyentes que es ilustrador en torno al
propósito y el alcance de esta disposición constitucional.
Por un lado, el delegado Héctor González Blanes expresó
su preocupación de que se trataba de “materia legislativa
claramente” que no debía incluirse en la Constitución. Íd.,
pág. 2661. De igual modo, opinó que no entendía necesario
incluir esa protección a favor de las personas confinadas:
“[n]o
veo
la
preeminencia,
por
importante
que
sea
la
situación de los reclusos, para incluirlos a ellos y no
incluir a otras clases, posiblemente más necesitadas, como
son los dementes, los sordomudos, los inválidos, por cuya
rehabilitación se debe velar”. Íd., pág. 2662.
Por
otro
urgencia
de
lado,
otros
constatar
constituyentes
este
principio
resaltaron
la
rector
de
CC-2018-0530
32
rehabilitación
en
aras
de
innovar
fundamentalmente
el
sistema penitenciario y criminal de Puerto Rico. A esos
fines, el delegado José Veray Jr. Hernández arguyó que “[l]a
delincuencia es un problema de la comunidad y exige que el
delincuente sea tratado en forma adecuada y científica. Este
principio
constitucional
aparece
establecido
en
quince
países en Sur América de los veintiuno que existen y además
en varios estados de Estados Unidos”. Íd.
Similarmente, el delegado Juan B. Soto, expresó que la
legislación arcaica de Puerto Rico exigía un cambio oficial
sobre la filosofía y el objetivo de la pena de Puerto Rico.
Íd., pág. 2676. Resaltó que las palabras “tratamiento” y
“rehabilitación” “a primera vista nada significan, pero que,
dentro de la nueva tendencia y de la nueva ciencia penal,
tienen un valor y un alcance extraordinario”. Íd. De este
modo, indicó que las personas no se deben encarcelar con un
propósito punitivo, pues “está demostrado científicamente,
que ese maltrato no reforma, sino lo que hace es determinar
reacciones violentas de indignación en el delincuente”. Íd.,
pág.
2677.
importancia
Asimismo,
de
la
en
consideración
disposición
al
impacto
constitucional
y
la
propuesta,
caracterizó la misma como “una de las enmiendas más útiles,
de mayor alcance social, de las que más prestigio podría dar
a esta Convención, por el espíritu y por la forma en que
enfrenta uno de los problemas más graves con que se ha
confrontado siempre la humanidad”. Íd., págs. 2677-2678.
CC-2018-0530
33
Cónsono con lo anterior, el delegado Yldefonso Solá
Morales resaltó la necesidad de garantizar un “margen de
garantía y de seguridad de reforma” para las personas que
delinquen. Íd., pág. 2679. Así, la importancia de “consignar
aquí la forma en que miramos y enfocamos el problema ahora,
y, a nombre de esa sociedad procurar llegar al logro de
devolverle
a
la
sociedad,
si
es
posible,
por
cada
delincuente, una persona regenerada y útil en el seno de esa
sociedad en que va a convivir”. Íd.
Finalmente,
unánimemente.
Íd.
la
enmienda
De
este
propuesta
modo,
fue
prevaleció
aprobada
una
visión
promovedora de la rehabilitación y del trato humano de las
personas
confinadas.
principalmente
en
el
Lo
anterior,
reconocimiento
pleno
fundamentado
de
que
las
personas confinadas eran, y continúan siendo, oprimidas y
marginalizadas por la sociedad y por las instituciones de
poder.
Por
tanto,
nos
toca
a
los
operadores
jurídicos
materializar esa intención de la Convención Constituyente y
darle contenido a la protección plasmada en la Constitución
de
Puerto
Rico.
Desafortunadamente,
esta
disposición
constitucional tampoco ha sido objeto de la interpretación
judicial que necesita para tener fuerza vinculante. Como
bien señaló el profesor Fernando Picó:
Si el propósito principal de la cárcel es
rehabilitar,
como
dice
la
Constitución
puertorriqueña de 1952, ¿qué quiere decir esa
palabra?
Los
diccionarios
nos
dicen
que
CC-2018-0530
34
rehabilitar significa reponer en su antiguo estado
o condición a una persona o cosa. En ese caso,
¿cuál sería el antiguo estado o condición al que
queremos devolver a los confinados? ¿Qué vuelvan
a la calle en las mismas condiciones en que
estaban antes de delinquir? ¿Devolver al que dejó
la escuela al séptimo grado del que salió, al
desempleo en que se encontró? ¿Eso es rehabilitar?
No hay cosa más tramposa que el lenguaje
metafórico. Hemos estado usando metafóricamente
la palabra rehabilitación todos estos años, sin
conocer a ciencia cierta sus implicaciones. Los
franceses prefieren la palabra resocialización,
pero allá también se objeta la inferencia de que
alguna vez estuvieron socializados lo que ahora
se quiere reinsertar en el tejido social.
Si aventuramos la idea de que el concepto
mayoritario en torno a la rehabilitación de los
confinados gira sobre la capacitación de éstos
para que se puedan desempeñar con dignidad y
provecho en la sociedad, avanzamos un paso. Pero,
¿cómo se logra este propósito? ¿Es algo pasivo,
al cual el confinado se somete, o es algo activo,
que requiere su participación e interacción? Y si
es lo segundo, ¿cuáles programas o tratamientos
mejor
configuran
esa
acepción
de
la
rehabilitación? (Énfasis suplido). F. Picó, La
caducidad de la cárcel, 60 Revista Colegio de
Abogados de Puerto Rico, Núm. 2, pág. 13.
En consecuencia, es hora de precisar el alcance de esta
disposición constitucional que se repite consecuentemente
en todo documento legislativo, administrativo y judicial
relacionado con la población confinada. En esa encomienda,
nos corresponde pautar que el mandato a la rehabilitación
dispuesto
en
la
Constitución
de
Puerto
Rico
sostiene
igualmente la prohibición de discriminar en contra de alguna
persona por su condición social de exconvicta.
Alcanzada esa conclusión, pasemos a evaluar sus efectos
en el Derecho privado laboral.
CC-2018-0530
35
E.
Según hemos discutido extensamente, la Sec. 1 de la Carta
de Derechos de la Constitución de Puerto Rico prohíbe el
discrimen motivado por raza, color, sexo, nacimiento, origen
o condición social, ideas políticas e ideologías religiosas.
Art. II, Sec. 1, Const. PR, LPRA, Tomo 1. Este Tribunal ha
resuelto
consecuentemente
que
“[e]stos
preceptos
de
raigambre constitucional rigen en el ámbito obrero-patronal
y
están
instrumentados
en
la
Ley
Núm.
100”.
(Énfasis
suplido). S.L.G. Afanador v. Roger Electric Co. Inc., 156
DPR 651, 661 (2002). Véase, Rodríguez Meléndez v. Sup.
Amigo, Inc., 126 DPR 117, 124 (1990). A esos efectos, la Ley
contra el discrimen en el empleo, Ley Núm. 100 de 30 de
junio de 1959, 29 LPRA sec. 146 et seq., prohíbe y penaliza
el discrimen en el empleo. De este modo, el referido estatuto
materializa la política constitucional consagrada en nuestra
Carta de Derechos al proteger a las personas que aspiran a
un empleo y, a los trabajadores y trabajadoras. Santini
Rivera v. Serv. Air, Inc., 137 DPR 1, 4-5 (1994).
Desde su aprobación, la Ley Núm. 100 se ha enmendado en
varias ocasiones para añadir distintas categorías por las
cuales
los
patronos
privados
no
pueden
discriminar.
Actualmente, la precitada ley proscribe el discrimen en el
contexto obrero-patronal privado motivado por las siguientes
razones:
[E]dad, según ésta se define más adelante, raza,
color, sexo, orientación sexual, identidad de
CC-2018-0530
36
género, origen social o nacional, condición
social, afiliación política, o ideas políticas o
religiosas, o por ser víctima o ser percibida como
víctima de violencia doméstica, agresión sexual o
acecho, o por ser militar, ex-militar, servir o
haber servido en las Fuerzas Armadas de los Estados
Unidos o por ostentar la condición de veterano del
empleado o solicitante de empleo. (Énfasis
suplido). 29 LPRA sec. 146.
Las referidas clasificaciones prohibidas en la Ley Núm.
100, al igual que las categorías dispuestas en la Secc. 1
de la Carta de Derechos, no son exhaustivas. Ello es así,
pues
este
Tribunal
ha
reiterado
que
las
categorías
proscritas por la Ley Núm. 100 están íntimamente vinculadas
a la Sec. 1 de la Carta de Derechos. Meléndez Rivera v.
CFSE, 195 DPR 300, 306 (2016); García Pagán v. Shiley
Caribbean, etc., 122 DPR 193, 198 (1941). Como explicó el
profesor Jorge M. Farinacci Fernós: “la [Sec.] 1 opera, en
todo su alcance, mediante la Ley Núm. 100, incluyendo su
naturaleza expansiva y no-taxativa”. (Énfasis suplido). J.
M. Farinacci Fernós, Igual trato por igual trabajo: Las
clasificaciones laborales irracionales y el trato desigual
en el empleo privado, 50 Rev. Jur. UIPR 311, 326 (2015).
Por tanto, como bien reconoce la Opinión mayoritaria,
“[n]o
existe
razón
para
concluir
que
la
categoría
de
condición social en dicha legislación es sustantivamente
distinta a aquella protegida por la Constitución”. Opinión
mayoritaria, pág. 17. En consecuencia, el contenido y el
alcance de su prohibición de discrimen por condición social
está circunscrito al análisis constitucional antes expuesto.
CC-2018-0530
37
Entiéndase, los patronos privados no pueden tomar acciones
adversas contra aspirantes de empleo, empleados o empleadas,
fundamentadas en alguna de las vertientes siguientes: (1)
origen
o
procedencia
social
de
la
persona,
(2)
o
la
condición, la cultura o el estatus social de la persona.
Según
discutido,
personas
esta
exconvictas.
segunda
vertiente
Igualmente,
al
ser
cobija
el
a
derecho
las
al
trabajo uno de los principios consagrados en la Secc. 20 de
la Constitución de Puerto Rico, esta prohibición cobra aún
más importancia en este contexto.
Ahora bien, al aplicar esta prohibición en el ámbito
laboral,
hay
que
tomar
en
consideración
los
distintos
intereses en pugna. Lo anterior, debido a que la protección
de los derechos individuales requiere, a su vez, el respeto
por los derechos de la comunidad en su
vida,
salud y
bienestar. Art. II, Sec. 19, Const. PR, LPRA, Tomo 1.
Por tanto, debemos tener presente que, por un lado, se
encuentra el derecho constitucional a que no se discrimine
en
contra
exconvicta.
de
una
persona
Cónsono
con
constitucional
que
rehabilitación
para
a
razón
ello,
exige
las
de
su
existe
esfuerzos
personas
condición
una
de
disposición
concretos
de
exconvictas.
Indudablemente, el empleo es un componente imprescindible
de esta rehabilitación y reinserción social.17 Por otro lado,
17Se
ha demostrado consecuentemente que el desempleo está
íntimamente relacionado con la reincidencia. A. Christman & M.
CC-2018-0530
se
encuentra
38
el
“valor
e
interés
patronal,
también
protegido, de velar por las prerrogativas gerenciales que
el sistema económico le reconoce a este último”. Díaz v.
Wyndham
Hotel
consecuencia,
Corp.,
en
una
155
DPR
364,
controversia
de
382
(2001).
En
esta
naturaleza,
debemos delinear unos parámetros que permitan el adecuado
balance entre estos intereses.
Precisamente, el Juez Asociado señor Rebollo López en
su Opinión de conformidad en Rosario Díaz v. Toyota, supra,
expuso una metodología efectiva para sopesar los intereses
en pugna. A esos efectos, concluyó que los patronos pueden
Natividad Rodríguez, Research Supports Fair Chance Policies,
National Employment Law Project, agosto 2016, pág. 2,
https://s27147.pcdn.co/wp-content/uploads/Fair-Chance-Ban-theBox-Research.pdf
(última
visita
12
de
mayo
de
2020).
Particularmente, estudios han revelado que la falta de un empleo
es el factor más importante y decisivo en la reincidencia. Íd.
Es por ello que la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico
ha recomendado que el Estado promueva que las personas exconvictas tengan un acceso adecuado a empleo, pues “[s]e parte
de la idea de que una forma efectiva de evitar la reincidencia
es que la persona consiga empleo tan pronto salga de la prisión”.
Análisis del sistema correccional puertorriqueño: Modelos de
rehabilitación, Comisión de Derechos Civiles, 2009, pág. 79,
https://observatoriocorreccionalpr.org/wpcontent/uploads/2011/01/LibroCorreccion_2009.pdf (última visita
12 de mayo de 2020).
Igualmente, evidencia empírica ha revelado que cuando las
personas exconvictas tienen acceso a empleos la sociedad en
general se beneficia significativamente. Además de representar
una oportunidad concreta de rehabilitación y reinserción social,
las sociedades prosperan económicamente en virtud de ese recurso
humano. Asimismo, las oportunidades de empleos a personas con
convicciones previas han demostrado generar mayor seguridad
pública. De igual modo, estudios demuestran que las familias y
los menores de edad se benefician de ello. Véase, Research
Supports Fair Chance Policies, supra, págs. 2-3.
CC-2018-0530
39
tomar una decisión motivada por la cualidad de exconvicto
de
una
persona,
a
modo
excepcional,
“cuando
las
circunstancias particulares del caso así lo aconsejen”.
(Énfasis en el original). Íd., pág. 26 (Rebollo López,
Opinión de conformidad). Para determinar qué circunstancias
apremiantes justifican tal decisión, acudió a jurisdicciones
estatales estadunidenses en las cuales se les exige a los
patronos que contemplen una serie de factores al enfrentarse
a un aspirante de empleo con un récord criminal. En virtud
de lo anterior, propuso los siguientes criterios para guiar
la discreción de los patronos:
1. La naturaleza y gravedad del delito cometido.
2. La relación entre el delito cometido, el empleo
solicitado
y
los
requisitos
y
la
responsabilidad que el trabajo conlleva.
3. El grado de rehabilitación del solicitante y
cualquier información que el solicitante o un
tercero
pueda
legítimamente
brindar
al
respecto.
4. Las circunstancias bajo las cuales se cometió
el delito, incluyendo las circunstancias
atenuantes o particulares existentes al momento
de su comisión.
5. La edad del solicitante al cometer el delito.
6. El tiempo transcurrido ante la convicción y la
solicitud de empleo.
7. El interés legítimo del patrono en proteger la
propiedad, la seguridad y el bienestar propio,
de terceros o del público en general. (Énfasis
en el original). Íd., págs. 26-27 (Rebollo
López, Opinión de conformidad).
Así, al evaluar una solicitud de un aspirante, los
patronos
tendrán
que
realizar
un
estudio
integral
e
individualizado de los y las candidatas para sopesar los
factores reseñados y tomar una decisión bajo un criterio de
CC-2018-0530
40
razonabilidad. Solo si un estudio de esos factores revela
un riesgo excesivo a los intereses de la comunidad, se podrá
justificar el discrimen. De este modo, se promueve que los
patronos no actúen conforme a prejuicios, estereotipos ni
criterios arbitrarios. Al contrario, mediante este análisis,
garantizamos que las convicciones criminales se tomen en
consideración únicamente para propósitos legítimos.
Asimismo,
es
menester
destacar
que
el
análisis
propuesto por el Juez Asociado Rebollo se fundamentaba en
aquel momento en la legislación de seis (6) estados que
prohibían
el
discrimen
empleo.
Íd.,
pág.
por
26
convicciones
(Rebollo
previas
López,
en
el
Opinión
de
conformidad). Actualmente, treinta y cinco (35) estados han
implantado políticas que desalientan la discriminación en
contra de aspirantes de empleo por su calidad de exconvicto.
B.
Avery,
Employment
Ban
Law
the
Box
–
Project,
Fair
Chance
julio
Guide,
2019,
National
págs.
3-25
https://www.nelp.org/publication/ban-the-box-fair-chancehiring-state-and-local-guide/, (última visita 26 de mayo de
2020). Particularmente, doce (12) de esos estados exigen que
se evalúe el historial criminal de un o una aspirante según
los criterios antes señalados.18 Íd. Específicamente, han
18Específicamente,
se trata de los estados siguientes:
California, Colorado, Delaware, Hawái, Minnesota, Nevada,
Nuevo México, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Tennessee y
Virginia. Ban the Box – Fair Chance Guide, National
Employment
Law
Project,
julio
2019,
págs.
3-25.
https://www.nelp.org/publication/ban-the-box-fair-chance-
CC-2018-0530
dispuesto
41
que
sólo
se
pueden
tomar
en
consideración
convicciones previas si éstas tienen una relación directa y
razonable a la posición de empleo en controversia.19
A la luz de lo ant erior, los patronos privados
en
Puerto
Rico
no
deben
tener
c arta
blanca
para
hiring-state-and-local-guide/, (última visita 26 de mayo
de 2020).
19A
nivel federal, el Título VII de la Ley de Derechos
Civiles de 1964, 42 USC sec. 2000e et seq., prohíbe la
discriminación en el contexto laboral basada en raza,
color, religión, origen nacional o sexo. Íd., sec. 2000e2(a)(1). Conforme a tal estatuto, en el ordenamiento
federal sólo se prohíben discrímenes fundamentados en
convicciones previas si se demuestra que el patrono
implantó una política que tuvo un impacto dispar (disparate
impact) en alguna de las categorías reseñadas. Griggs v.
Duke Power Co., 401 US 424, 430-431 (1971). Es decir, que
la política relacionada con el historial criminal de los
aspirantes tuvo un efecto desproporcionalmente negativo en
alguna de las poblaciones vulnerables protegidas por el
estatuto.
A pesar de lo anterior, la Comisión para la Igualdad
de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en
inglés) -entidad encargada de implantar el Título VII de
la Ley de Derechos Civiles de 1964, supra- adoptó unas
normas que desalientan significativamente el discrimen
fundamentado en convicciones previas en el ámbito laboral,
independientemente de la población de que se trate.
Enforcement Guidance on the Consideration of Arrest and
Conviction Records in Employment Decisions Under Title VII
of the Civil Rights Act of 1964, as amended, 42 U.S.C. §
2000e
et
seq.,
U.S.
Equal
Employment
Opportunity
Commission,
25
de
abril
de
2012,
https://www.eeoc.gov/laws/guidance/enforcement-guidanceconsideration-arrest-and-conviction-records-employmentdecisions (última visita 26 de mayo de 2020). A esos
efectos, las normas adoptadas proveen lo siguiente: “As a
best practice, and consistent with applicable laws, the
Commission recommends that employers not ask about
convictions on job applications and that, if and when they
make such inquiries, the inquiries be limited to
convictions for which exclusion would be job related for
the position in question and consistent with business
necessity”.(Énfasis suplido). Íd., sec. (V)(B)(3).
CC-2018-0530
42
discriminar
en
contra
prohibición
de
discrimen
social
el
mandato
y
rehabilitación
nos
de
personas
por
impiden
exconvictas.
origen
o
La
condición
constitucional
a
la
de
se
le
resolver
qu e
puede negar a una persona un derecho tan fundamental
como
el
trabajo
por
razones
especulativas
y
prejuiciados. Al contrario, nuestra Constitución de
avanzada nos exige que, en el balance de intereses,
los patronos ausculten y precisen si la convicc ión
criminal
previa
directa
y
pugna.
Mediante
de
una
razonable
con
un
los
persona
la
posición
estudio
cuidadoso
de
protegemos
los
derechos
el
derecho
tiene
de
relación
empleo
en
individualizado
y
criterios
de
una
antes
todas
reseñados,
las
partes
envueltas.
Expuesto
aplicable,
procedemos
a
exponer las razones del disenso.
III.
En el caso ante nuestra consideración, el Dr.
Jorge Garib Bazain (doctor Garib Bazain) operó en el
Hospital
Español
Auxilio
Mutuo
de
Puerto
Rico
(Auxilio Mutuo) desde el año 1982. Sin embargo, en
el año 2000, fue convicto en la Corte de Distrito
Federal
para
delitos
de
el
Distrito
fraude,
de
Puerto
apropiación
y
Rico
por
los
malversación
de
CC-2018-0530
fondos
43
públicos.
Debido
a
lo
anterior,
el
Auxilio
Mutuo le retiró los privilegios médi cos.
Posteriormente, el doctor Garib Bazain cumplió
la
pena
impuesta
y
logró
la
reinstalación
de
su
licencia médica. Por tanto, en el año 2009, solicitó
al Auxilio Mutuo que le concedieran nuevamente los
privilegios médicos. Ante ello, el Auxilio Mutuo le
remitió una carta en la cual se le informó que el
Comité Ejecutivo del hospital no estaría recomendando
la
concesión
convicción
Garib
de
los
privilegios
criminal . 20
Bazain
evidenciaria
solicitó
y
la
debido
Diligentemente,
la
celebración
producción
de
de
a
su
el
doctor
una
vista
documentación
que
entendía necesaria para su defensa. Por su parte, el
Auxilio Mutuo denegó la vista solicitada, tardó entre
tres
(3)
a
cinco
(5)
meses
en
entregar
la
documentación
que
tenía
en
su
posesión
y
posteriormente
confirmó
la
denegación
de
los
privilegios.
Debido
presentó
20En
a
una
lo
anterior,
demanda
de
el
doctor
sentencia
Garib
Bazain
declaratoria,
la misiva, el Hospital Español Auxilio Mutuo de
Puerto Rico (Auxilio Mutuo) hizo referencia a otros dos (2)
incidentes previos que ocurrieron durante las labores del
del Dr. Jorge Garib Bazain (doctor Garib Bazain) en los
años 1982 y 1995. Dichos eventos nunca dieron paso a
determinación disciplinaria alguna. Por tanto, al igual que
la Mayoría, entendemos que es innegable que la motivación
real para la negación de los privilegios médicos recayó en
la convicción criminal del doctor Garib Bazain.
CC-2018-0530
44
injunction y daños y perjuicios en contra del Auxilio
Mutuo. Así, arguyó que el Auxilio Mutuo discriminó
en su contra por su cond ición de exconvicto. 21 Ante
ello, el Auxilio Mutuo ha argumentado ante los foros
judiciales
que
la
Constitución
de
Puerto
Rico
no
proscribe el discrimen fundamentado en la convicción
previa
de
una
persona.
El
Tribunal
de
Primera
Instancia declaró con lugar la dema nda presentada y,
entre
varios
asuntos,
ordenó
al
Auxilio
Mutuo
a
extender inmediatamente los privilegios médicos al
21Además,
el doctor Garib Bazain alegó que el Auxilio
Mutuo violó su debido proceso de ley. Particularmente, la
ley federal Health Care Quality Improvement Act, 42 USC
sec. 11112, provee que las instituciones médicas deberán
salvaguardar ciertos requisitos procesales al denegar los
privilegios médicos a un profesional de la salud. A esos
efectos, dispone que los hospitales deben garantizar un
proceso justo y razonable, proveer una notificación
adecuada y celebrar una vista para que el doctor o la
doctora sea escuchada. Íd. De igual modo, requiere que las
decisiones de las instituciones médicas tengan como
propósito proveer un cuidado médico adecuado, que se
ejerzan esfuerzos razonables para obtener la información
relacionada con los hechos del caso y que sus decisiones
se basen en el expediente. Íd. Ahora bien, los hospitales
no están obligados a cumplir con estas normas. Sin embargo,
si cumplen con las mismas, el referido estatuto dispone que
la institución médica gozará de inmunidad en contra de una
acción en daños y perjuicios. Íd., sec. 11111.
A la luz de lo anterior, la Opinión mayoritaria
resuelve erróneamente que a pesar de que “en este caso no
se cumplieron con los requisitos federales”, el doctor
Garib Bazain no tenía una causa de acción en contra del
Auxilio Mutuo. Opinión mayoritaria, pág. 26 n. 10.
Precisamente, al reconocer expresamente que el Auxilio
Mutuo no cumplió con la normativa federal, queda claro que
no le cobija la inmunidad reconocida por ley. Por ende, la
demanda en daños y perjuicios instada por el doctor Garib
Bazain procedía en derecho.
CC-2018-0530
doctor
45
Garib
primario
Bazain.
concluyó
denegación
de
los
Particularmente,
que
“ni
en
privilegios
el
el
proceso
médicos,
ni
foro
de
en
la
es te
litigio se pudo refutar el hecho de que el [doctor
Garib Bazain], luego de cumplir su sentencia, está
rehabilitado y no existe un obstáculo legítimo para
el ejercer la profesión médica y ser acreedor a sus
privilegios médicos en el Hospital”. 22 El Tribunal de
Apelaciones
confirmó
el
dictamen
del
Tribunal
de
Primera Instancia.
A la luz de estos hechos, la Opinión mayoritaria
suscribe un análisis literal y formalista que valida
el discrimen rampante e injustificado en contra de
las
personas
exconvictas.
As í,
pauta
que
la
prohibición de discriminar a razón del origen o la
condición
social
de
una
persona
se
limita
a
fundamentos socioeconómicos. Por tanto, concluye que
tanto la Constitución de Puerto Rico como la Ley Núm.
100
permiten
que
injustificadamente
los
a
patronos
emplear
se
niegu en
a
personas
cabida
en
con
convicciones criminales previas.
Tal
análisis
ordenamiento.
prohibición
Hoy
no
tiene
procedía
constitucional
de
resolver
discriminar
nuestro
que
por
la
el
origen o la condición social de una persona protege
22Apéndice
de certiorari, Sentencia Parcial, pág. 66.
CC-2018-0530
a
las
46
personas
discutido,
los
y
de
delito.
derechos
que
garantiza
Puerto
Rico
no
literalmente.
Al
contrario,
Constitución
aislada
exconvictas
de
y
pueden
Según
provee
la
analizarse
exigen
que
evaluemos la controversia ante nuestra consideración a la
luz de derechos y principios de la más alta suprem acía,
como
lo
son
la
dignidad
humana,
la
igualdad
y
la
rehabilitación.
Empleado ese análisis, era forzoso concluir que
la
prohibición
constitucional
de
discriminar
por
origen o condición social proscrib e dos (2) tipos de
discrimen: (1) aquel fundamentado en el origen o la
procedencia social de una persona, y (2) aquel basado
en la cultura, naturaleza o el estatus social de una
persona. Mediante esta segunda vertiente, se prohíbe
el discrimen en contra de grupos o personas que han
sido
clasificadas
históricamente
y
negativa mente,
quienes
hayan
sufrido
oprimidas
agravios
o
perjuicios a raíz de ello.
Así, al aplicar estos criterios a las personas
exconvictas, no hay duda alguna de que éstas están
amparadas por la Sec. 1 de la Carta de Derechos. Como
expusimos anteriormente, la sociedad puertorriqueña,
como ocurre comúnmente en otros países, clasifica y
discrimina negativamente a las personas exconvictas.
A
raíz
de
ello,
los
derechos
más
básicos
de
esta
comunidad se ven coartados constantemente, tales como
CC-2018-0530
su
47
acceso
entre
a
vivienda
otros.
Lo
adecuada,
anterior
empleo,
vislumbra
estudios,
una
realidad
innegable: las personas exconvictas componen uno de
los
grupos
más
marginados,
vulnerables
y
estigmatizados en nuestra sociedad. Por tanto, hoy
procedía
resolver
q ue
la
Secc.
1
de
la
Carta
de
Derechos les cobija y les protege de discriminación
basada en su convicción criminal previa.
Todo
lo
anteriormente
expuesto
cobra
aún
más
importancia cuando consideramos que , en el caso de
autos, se le privó al doctor Garib Ba zain de uno de
los
derechos
sociedad
y
fundamentales
plasmado
así
reconocidos
en
en
20
la
Sec.
nuestra
de
la
Constitución de Puerto Rico: el derecho al trabajo.
Recordemos, pues, que “[e]l derecho a un e mpleo, esto
es, a devengar ingresos y a tener una vid a justa y
decente,
es
un
principio
inalienable
al
hombre,
preexistente a la más antigua de las constituciones
conocidas”. Amy v. Administración de Deporte Hípico ,
supra. En ese sentido, los intereses del doctor Garib
Bazain
están
individuales
Constitución
vinculados
contenidas
de
Puerto
a
otras
garantí as
expresamente
Rico
que
en
la
proscriben
este
proceder.
Asimismo, debemos tener presente que el acceso
adecuado
a
empleos
para
personas
con
convicciones
criminales no sólo es beneficioso para la comunidad.
CC-2018-0530
48
Ello redunda igualmente en mayor seguridad pública,
en el fortalecimiento de los vínculos familiares e
impulsa
la
economía
en
general.
Irónicamente,
al
denegar el disfrute del derecho básico del trabajo,
se promueve la reincidencia y la criminalidad.
Cónsono con lo anterior, procedía resolver que
la
Constitución
discriminación
en
de
Puerto
el
empleo
Rico
prohíbe
fundamentado
en
la
una
convicción criminal previa. A su vez, al aplicar esta
prohibición
constitucional
al
procedía
delinear
un
esqu ema
distintos
intereses
en
pugna.
ámbito
que
A
laboral,
sopesara
esos
efectos,
los
se
debió resolver que los patronos no pueden negar un
empleo
a
récord
una
persona
criminal.
únicamente
Ello
porque
valida
tiene
un
preju icios
estereotipados e infundados.
Al contrario, hoy tocaba pautar que los patronos
sólo
pueden
tomar
en
consideración
la
convicción
criminal de algún o alguna aspirante cuando la misma
esté
razonable
y
directamente
relacionada
con
la
posición de empleo en controversia. Así, los patronos
podrían, a modo exc epcional, justificar la denegación
de empleo a una persona exconvicta si un análisis de
los
criterios
antes
mencionados
revela
un
riesgo
excesivo y particularizado a sus operaciones. Según
hemos
expuesto
“ayuda[n]
a
anteriormente,
descartar
la
estas
presunción
prácticas
de
que
una
CC-2018-0530
persona
49
acusada
y,
hasta
convicta,
de
delito
es
incapaz de reinsertarse como un miembro productivo
de
la
sociedad”.
González
Santiago
v.
Baxter
Healthcare of Puerto Rico , 202 DPR 281, 305 (2019)
(Estrella Martínez, Opinión disiden te).
A la luz de lo anterior, el Auxilio Mutuo debió
realizar
un
análisis
individualizado
del
récord
criminal del doctor Garib Bazain y determinar si, en
virtud
de
los
criterios
antes
expuestos,
se
justificaba la denegación de su empleo. Denegarle el
empleo,
sin
más,
es
a
todas
luces
discriminatorio
fundamentado
en
exconvicto
doctor
Bazain
del
Garib
la
un
acto
condición
y,
por
de
ende,
inconstitucional.
Desafortunadamente, lo que ocurrió con el doctor
Garib Bazain no es una excepción. El discrimen y el
perjuicio
que
recrudecerse,
sufren
incluso
los
más
que
exconvictos
en
otros
suele
sectores
discriminados laboralmente. A pesar de ello, hoy se
despachan derechos fundamentales protegidos por la
Constitución de Puerto Rico y se priva a una de las
comunidades más marginadas y oprimidas de un derecho
tan básico como lo es el trabajo. Los derechos a la
igualdad, a la dignidad y a la rehabilitación, en
lugar de materializarse, siguen desvaneciéndose.
Precisamente,
contenido
y
esta
precisar
controversia
el
alcance
exigía
dar
de
estas
CC-2018-0530
50
disposiciones
constitucionales
intención
de
la
embargo,
la
Opinión
principios,
Convención
causando
y
concretizar
Constituyente.
mayoritaria
que
éstos
se
obvia
la
Sin
estos
mantengan
en
formalismos abstractos y teóricos.
No podemos sostener una democracia basada en la
igualdad y en la dignidad mientras damos carta blanca
a
los
patronos
injustificadamente
para
que
discriminen
en
contra
de
las
libre
personas
e
que
tienen récords criminale s. Sin duda alguna, validar
este proceder subordina y marginaliza aún más a las
personas
exconvictas.
En
consecuencia,
disiento
enérgicamente del dictamen mayoritario.
Luis F. Estrella Martínez
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Jorge Garib Bazaín
Recurrido
CC-2018-0530
v.
Certiorari
Hospital Español Auxilio
Mutuo de Puerto Rico, Inc.
y otros
Peticionarios
Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.
En San Juan, Puerto Rico a 27 de julio de 2020.
Hace ya más de quince (15) años atrás a este
Tribunal
se
le presentó
la
oportunidad
de
poder
determinar si la protección en contra del discrimen
por condición social -- contenida en el Art. II, Sec.
1, de la Constitución del Estado Libre Asociado de
Puerto
Rico
--
podía
ser
invocada
por
aquellas
personas que ven frustradas sus oportunidades de
conseguir un empleo digno por el hecho de haber sido
convictos de delito. En aquella ocasión, al tres
miembros de esta Curia responder en la afirmativa y
tres en la negativa, y quedar igualmente dividido el
Tribunal, no se pudo pautar una norma que brindara
una
respuesta
definitiva
nuestra consideración.
a
la
controversia
ante
CC-2018-0530
2
Hoy -- en un proceder en extremo lamentable -- una
mayoría de jueces de este Tribunal decide, de una vez por
todas, ponerle fin a la referida controversia, y al así
hacerlo, optan por “ignorar las lamentables vicisitudes
que confrontan las personas convictas de delito a la hora
de procurar empleo”. Rosario v. Toyota, 166 DPR 1, 3
(Sentencia) (Op. de Conformidad del Juez Asociado señor
Rebollo López).
Por entender que la prohibición contra el discrimen
por condición social dispuesta en el Art. II, Sección 1,
de la Constitución de Puerto Rico, infra, -- y extendida
al ámbito obrero-patronal por la Ley Núm. 100 de 30 de
junio de 1959, infra -- cobija a las personas convictas
de
delito
que
han
cumplido
su
sentencia,
disentimos
enérgicamente del errado curso de acción seguido por una
mayoría de este Tribunal en el presente caso.
Al así proceder, procuramos dar vida también a aquel
postulado constitucional -- contemplado en el Art. VI,
sec. 19, de la Constitución del Estado Libre Asociado de
Puerto
Rico,
infra
--
que
procura
hacer
posible
la
rehabilitación moral y social de aquellas personas que
delinquen. Veamos.
I.
Allá para el año 2000, el doctor Jorge Garib Bazaín
(en adelante, “doctor Garib Bazaín”) resultó convicto por
los delitos de fraude, apropiación y malversación de fondos
públicos. Como consecuencia de ello, el Hospital Español
CC-2018-0530
Auxilio
3
Mutuo,
Inc.
(en
adelante,
“Hospital
Español
Auxilio Mutuo”) le retiró los privilegios clínicos que
tenía en dicha institución y en abril del 2004 el Tribunal
Examinador de Médicos (en adelante, “Tribunal Examinador”)
revocó su licencia médica.
Posteriormente, en diciembre de 2007, el doctor Garib
Bazaín extinguió su sentencia, por lo que solicitó al
Tribunal
Examinador
que
reinstalara
su
licencia
para
practicar la medicina. El 27 de enero de 2009, tras varios
trámites administrativos y judiciales no necesarios aquí
pormenorizar,
el
Tribunal
Examinador
accedió
a
dicha
petición.
Así las cosas, en febrero de 2009, el doctor Garib
Bazaín solicitó al Hospital Español Auxilio Mutuo que le
extendiera
nuevamente
sus
privilegios
clínicos.
No
obstante, nueve meses después, el doctor Álvaro Aranda,
presidente de la Facultad Médica y del Comité Ejecutivo
de
la
referida
institución
hospitalaria,
le
informó
mediante una carta que el Comité había determinado no
recomendar la concesión de los privilegios. Esta decisión,
en esencia, se basó en las previas convicciones federales
del doctor Garib Bazaín.23
En la carta denegando privilegios al al doctor Garib Bazaín, se le
informa a éste que el Comité Ejecutivo del hospital “gained knowledge
that your clinical privileges to participate in the Emergency Room
On-call Duty Roster during your Residency Program at the Veteran’s
Administration (VA) Hospital were curtailed due to an incident with
a patient to which you resisted his/her attempt of battery and assault
with a firearm.” Apéndice del certiorari, pág. 283. Asimismo, se le
indicó que el Comité Ejecutivo entendía que “your conviction for
conspiracy to commit offence or defraud the United States of America
is indeed related to your professional conduct. Being in the position
23
CC-2018-0530
4
Ante dicha determinación, el 25 de marzo de 2010 el
doctor Garib Bazaín presentó una demanda de sentencia
declaratoria, injunction, y daños y perjuicios en contra
del Hospital Español Auxilio Mutuo y otros demandados. En
síntesis, éste alegó que le fueron denegados privilegios
médicos en la referida institución hospitalaria de manera
discriminatoria e ilegal -- ello debido a su condición de
exconvicto -- y que se le violó su debido proceso de ley
durante
el
procedimiento
de
revisión
de
dicha
determinación.
El 28 de febrero de 2017, el Tribunal de Primera
Instancia emitió una Sentencia parcial, mediante la cual
determinó que el Hospital Español Auxilio Mutuo violó el
debido proceso de ley y discriminó en contra del doctor
Garib Bazaín por su condición social de persona convicta
de delito. Además, resolvió que la referida institución
hospitalaria violó los derechos procesales del demandante
al denegarle la vista y el descubrimiento de prueba.
Consecuentemente, ordenó a los peticionarios conceder los
privilegios al doctor Garib Bazaín.
Inconforme, el Hospital Español Auxilio Mutuo acudió
en apelación ante el Tribunal de Apelaciones. No obstante,
el 2 de mayo de 2018, el foro apelativo intermedio emitió
una Sentencia en la que -- luego de acoger el recurso como
certiorari -- confirmó al foro primario. Coincidió en que
of a physician specialized in infectious diseases you misused or
allowed the misuse of federal funds designated for patients suffering
from a serious infection disease.” Íd., pág. 284.
CC-2018-0530
el
5
Hospital
Español
Auxilio
Mutuo
violó
los
derechos
procesales del doctor Garib Bazaín y discriminó en su
contra por su condición de persona convicta de delito, a
pesar de que la prueba en el expediente demostraba que
éste se había rehabilitado.
Insatisfecho aún, el Hospital Español Auxilio Mutuo
acude ante nos a través del recurso que nos ocupa. En
esencia, plantea que el Tribunal de Apelaciones erró al
concluir que la referida institución hospitalaria había
discriminado en contra del doctor Garib Bazaín por ser
persona convicta de delito. A dicha solicitud el doctor
Garib Bazaín se opuso.
Examinados los planteamientos de ambas partes, una
mayoría de este Tribunal decide que la clasificación de
“persona convicta de delito” no se encuentra cobijada por
la categoría de origen o condición social protegida por
nuestra
Constitución
y
la
legislación
que
prohíbe
el
discrimen en el empleo. De esta forma, determina que la
denegatoria de privilegios médicos al doctor Garib Bazaín
no constituyó un acto discriminatorio ilegal.
Como
ya
adelantamos,
de
ese
lamentable
proceder
enérgicamente disentimos. Ello, pues entendemos que las
personas convictas de delito, que ya han cumplido su
sentencia, están protegidas por la prohibición contra el
discrimen por condición social contenida en el Art. II,
Sección
1
de
la
Constitución
de
Puerto
Rico,
infra,
CC-2018-0530
6
extendida al ámbito obrero-patronal por la Ley Núm. 100
de 30 de junio de 1959, infra. Veamos.
II.
A.
Como es sabido, la Constitución del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, en su Artículo II, Sección 1,
prohíbe el establecimiento de “discrimen alguno por motivo
de
raza,
social,
color,
ni
sexo,
ideas
nacimiento,
políticas
o
origen
o
condición
religiosas”.
(Énfasis
suplido) Const. PR., Art. II, Sec. 1, LPRA, Tomo 1. Dicha
sección, la cual forma parte de nuestra Carta de Derechos,
dispone, además, que “[t]anto las leyes como el sistema
de instrucción pública encarnarán estos principios de
esencial igualdad humana”. Íd.
Según
ha
sido
sentenciado
previamente
por
este
Tribunal y por estudiosos del tema, el contenido de la
precitada cláusula constitucional estuvo inspirado en el
Art. 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas. Rodríguez Casillas v. Colegio de
Técnicos y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico, 2019
TSPR 87, 202 DPR 428 (2019); Rivera Schatz v. ELA y C.
Abo. PR II, 191 DPR 791 (2014); De Paz Lisk v. Aponte
Roque, 124 DPR 472 (1989). Véanse, además, J. J. Álvarez
González, Derecho
relaciones
constitucional
constitucionales
con
de
Puerto
Rico
y
los
Estados
Unidos,
Bogotá, Ed. Temis, 2009, pág. 11; J. Trías Monge, Historia
Constitucional de Puerto Rico, San Juan, Ed. U.P.R., 1982,
CC-2018-0530
Vol.
III,
7
pág.
174.
En
lo
pertinente,
el
precitado
artículo establece que “[t]oda persona tiene todos los
derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión
política
nacional
o
o
social,
de
cualquier
posición
otra
económica,
índole,
origen
nacimiento
o
cualquier otra condición”. (Énfasis suplido).24
Establecido lo anterior, es menester señalar aquí
que, de un análisis histórico relacionado al proceso de
elaboración del Art. II, Sec. 1, de la Constitución del
Estado Libre Asociado, supra, claramente se desprende que,
en el texto originalmente propuesto por los miembros de
la Comisión de la Carta de Derechos para lo que en su día
sería la cláusula constitucional objeto de estudio, no se
había incluido el concepto condición social como una de
las
instancias
a
ser
protegidas
por
la
mencionada
disposición constitucional. El texto original rezaba de
la siguiente manera: “[n]o podrá establecerse discrimen
alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen
social,
ideas
políticas
o
religiosas”.
4
Diario
de
Sesiones de la Convención Constituyente 2561 (2003).25 La
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, Naciones Unidas,
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/.
24
En lo relacionado al concepto origen social, en el Informe de la
Comisión de la Carta de Derechos de la Convención Constituyente, se
indicó que la inclusión del mismo: “reafirma el principio de descartar
toda gradación, favoritismo o prejuicio al sopesar los méritos de una
causa judicial, de una solicitud en el servicio público, de una
subasta, etc., por motivos de origen o condición social”. (Énfasis
suplido) 4 Diario de Sesiones, supra, pág. 2562. Al respecto, en el
referido Informe también se señaló que:
25
CC-2018-0530
8
terminología en cuestión -- entiéndase condición social -
fue
incluida
posteriormente
y
de
manera
expedita,
mediante una enmienda propuesta al referido articulado por
el delegado Lino Padrón Rivera, la cual fue aprobada
prácticamente sin discusión. 2 Diario de Sesiones, supra,
pág. 1381.
Ahora bien, a pesar de la rápida aprobación de la
enmienda propuesta por el delegado Padrón Rivera para
añadir
el
concepto
condición
social
a
la
cláusula
constitucional objeto de estudio, sí se desprende de las
discusiones suscitadas entre los miembros de la Asamblea
Constituyente que el delegado Jaime Benítez, presidente
de la Comisión de la Carta de Derechos, tuvo oportunidad
de expresarse sobre el significado de la misma. Así, de
forma contundente y en extremo importante para la correcta
disposición
de
las
controversias
ante
nuestra
consideración, éste manifestó lo siguiente:
[E]n las líneas quinta, sexta y séptima, se
establece que “tanto las leyes como el sistema
de
instrucción
pública
encarnarán
estos
principios de esencial igualdad humana”, y lo
que se ha establecido aquí son ciertos principios
básicos y esenciales que tienen fuerza ex
proprio vigore, pero que además de tener fuerza
por
su
propio
vigor
habrán
de
requerir
implementación de dos clases, educativa y
jurídica. En lo que toca a la educativa, ya hay
El propósito de esta sección es fijar claramente como base
consustancial de todo lo que sigue el principio de la dignidad del
ser humano y, como consecuencia de ésta, la igualdad esencial de
todas las personas dentro de nuestro sistema constitucional. La
igualdad ante la ley queda por encima de accidentes o diferencias,
bien tengan su origen en la naturaleza o en la cultura. Todo
discrimen o privilegio contrario a esta esencial igualdad repugna
al sistema jurídico puertorriqueño”. (Énfasis suplido) 4 Diario
de Sesiones, supra, pág. 2561 (2003).
CC-2018-0530
9
aquí un mandato al sistema de instrucción pública
que habrá de respetar estos básicos principios.
En lo que respecta al sistema jurídico y en esto
se refiere a la totalidad de la estructura legal
del país, se subraya la inconstitucionalidad de
todo
favoritismo. Y
todo
reconocimiento
a
distinción habrá de estar motivado por mérito,
por virtud, por esfuerzo, por talento. En lo que
toca a qué es lo que se quiere decir con
origen social, quiérese decir con origen social,
que no importa la extracción de la persona, su
situación
económica,
su condición en
la
comunidad, todos los puertorriqueños y todas las
personas sujetas a las leyes de Puerto Rico son
iguales ante nuestras leyes si se aprueba esta
disposición y cualquier intento de hacer
discrimen en favor o en contra de una de ellas
es ilegal. (Énfasis suplido) 2 Diario de
Sesiones, supra, pág. 1382.
Sin
temor
a
equivocarnos,
de
una
lectura
desapasionada de las palabras antes expresadas por el
delegado Jaime Benítez, así como de las de otros miembros
de la Asamblea Constituyente a los que aquí hemos hecho
referencia,
podemos
colegir
que
el
término
condición
social, según contemplado en el Art. II, Sección I, de la
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es
uno que prohíbe cualquier tipo de discrimen o privilegio
contrario al principio fundamental de igualdad que se
manifiesta a través de toda nuestra Carta de Derechos. J.
R.
Roqué
Velásquez,
Apuntes
hacia
una
definición
del
discrimen por “origen o condición social” en Puerto Rico,
39 Rev. Jur. UIPR 183, 187. Véase, además, A. FernósIsern, Original Intent in the Constitution of Puerto Rico:
Notes and Comments Submitted the Congress of the United
States, Hato Rey, 2da ed., Lexis-Nexis, 2002, pág. 35. Tal
conclusión es cónsona con lo dispuesto en la Declaración
CC-2018-0530
10
Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
texto inspirador de la cláusula constitucional que hoy es
objeto de estudio.26
En ese sentido, somos de la opinión, y el historial
y debate de los miembros de la Asamblea Constituyente así
lo demuestran, que la prohibición del discrimen por origen
o
condición
social
se
manifiesta
a
través
de
dos
vertientes: (1) aquella que prohíbe el prejuicio contra
cualquier persona por su origen o estatus económico; y (2)
aquella que prohíbe el discrimen por condición social;
entiéndase el status del individuo en la comunidad. Véase,
Berberena v. Echegoyen, 128 DPR 864 (1991) (Op. Disidente
Juez Asociado Rebollo López). Es decir, incluye tanto
aspectos económicos, como sociales.
Toda vez que los constituyentes rechazaron incluir la frase
“posición económica” por entender que estaba cubierta dentro de la
frase “origen o condición social”, se ha argumentado que este concepto
cobija únicamente el discrimen por características de índole
económica. Sin embargo, esa conclusión no se desprende de un estudio
detenido de la discusión plasmada en el Diario de Sesiones. Al
respecto, en un momento dado de los debates en la Asamblea
Constituyente, el delegado José Trías Monge propuso añadir la frase
“posición económica”, por ser la única enumeración que faltaba de las
expresadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 2 Diario
de Sesiones, supra, pág. 1382. No obstante, ésta fue eliminada
posteriormente, pues surgió la preocupación de que la frase podía
impedir al Estado la implementación de iniciativas para beneficiar a
personas de escasos recursos económicos. 3 Diario de Sesiones, supra,
pág. 2244.
26
Ante estas preocupaciones, el delegado Víctor Gutiérrez Franqui
señaló que “[c]reyendo que en su conjunto, la carta de derechos es
suficiente para dejar establecido que no existirá discrimen de esa
naturaleza en Puerto Rico aconsejo la eliminación de esa frase por
considerarla peligrosa en el sentido que he indicado”. 3 Diario de
Sesiones, supra, pág. 2245. Véase también Roqué Velásquez, supra,
págs. 185-187. Fue en ese contexto que el delegado Héctor González
Blanes expresó que estaba conforme con “la eliminación de ‘posición
económica’ porque entiendo que ahí está incluida la dificultad que
levanta el compañero Reyes Delgado al ponerse más adelante origen o
condición social”. Íd.
CC-2018-0530
11
Recordemos que, según estudiosos de este tema, el
término condición social debe ser interpretado de forma
amplia, pues “[e]llo iría acorde con la intención de
nuestros
constituyentes
y
armonizaría
nuestro
texto
constitucional con la principal fuente de inspiración en
cuanto nuestra política anti-discrimen: la Declaración
Universal de los Derechos Humanos”. J. M. Farinacci Fernós
& G. Rivera Vega, El uso de fuentes transnacionales en el
derecho puertorriqueño (Parte I), 51 Rev. Jur. UIPR 189,
210-211 (2017).
B.
Cónsono con lo anterior, y consciente de que esta
protección
constitucional
ha
de
esgrimirse
únicamente
frente al Estado, la Asamblea Legislativa decidió extender
la misma al ámbito privado, en particular, al contexto
laboral. De esta forma, con la aprobación de la Ley Núm.
100 de 30 de junio de 1959, 29 LPRA sec. 146 et seq. (en
adelante, “Ley Núm. 100”), se creó una causa de acción
contra todo patrono que discrimine o tome alguna acción
contra un empleado, por razón de su raza, color, edad,
origen o condición social. Dicha ley fue posteriormente
enmendada para incluir las siguientes categorías: sexo;
orientación sexual; identidad de género; origen nacional;
afiliación política; ideas políticas o religiosas; ser
víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho;
ser militar, exmilitar, servir o haber servido en las
CC-2018-0530
12
Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, o ser veterano.
Íd.27
Así las cosas, y toda vez que la Ley Núm. 100 se creó
con el propósito de extender la protección contra el
discrimen contenida en nuestra Constitución al ámbito
obrero-patronal, el análisis en torno al alcance de la
referida
disposición
estatutaria
debe
considerarse
análogo al de la cláusula constitucional en cuestión. E.
J. Rivera Juanatey, Discrimen por antecedentes penales:
Hacia una reconsideración del discrimen por condición
social, 41 Rev. Jur. UIPR. 585, 594 (2007).
III.
De otra parte, es menester señalar también que el
Art. II, Sección I, de nuestra Constitución establece que
no “se negará a persona alguna en Puerto Rico la igual
protección de las leyes”. Const. PR., Art. II, sec. 7,
El primer párrafo del Art. 1 de la referida ley, según ha sido
enmendada hasta el día de hoy, lee como sigue:
27
Todo patrono que despida, suspenda o discrimine
contra un empleado suyo en relación a su sueldo, salario,
jornal o compensación, términos, categorías, condiciones
o privilegios de su trabajo, o que deje de emplear o rehúse
emplear o reemplear a una persona, o limite o clasifique
sus empleados en cualquier forma que tienda a privar a una
persona de oportunidades de empleo o que afecten su status
de empleado, por razón de edad, según ésta se define más
adelante, raza, color, sexo, orientación sexual, identidad
de género, origen social o nacional, condición social,
afiliación política, o ideas políticas o religiosas, o por
ser víctima o ser percibida como víctima de violencia
doméstica, agresión sexual o acecho, o por ser militar,
ex-militar, servir o haber servido en las Fuerzas Armadas
de los Estados Unidos o por ostentar la condición de
veterano del empleado o solicitante de empleo. 29 LPRA
sec. 146.
CC-2018-0530
LPRA,
13
Tomo
1.
Según
ha
explicado
este
Tribunal
anteriormente, “[e]sta disposición se activa cuando nos
enfrentamos a una legislación o a una acción estadual que
crea clasificaciones entre grupos, discriminando a unos
frente a otros”. San Miguel Lorenzana v. E.L.A., 134 DPR
405, 424 (1993); Berberena v. Echegoyen, supra; Zachry
International v. Tribunal Superior, 104 DPR 267 (1975).
Ahora
bien,
no
todo
discrimen
contraviene
esta
disposición, toda vez que no se exige un trato igual para
todos los ciudadanos y ciudadanas, sino que se prohíbe un
tratamiento desigual injustificado. Domínguez Castro v.
E.L.A., 178 DPR 1 (2010); Berberena v. Echegoyen, supra;
Zachry International v. Tribunal Superior, supra. Esto es
así, pues, según señaló el prestigioso constitucionalista
Raúl Serrano Geyls “el principio cardinal en que se funda
constitucionalmente la igual protección de las leyes es
el
de
‘trato
similar
para
personas
similarmente
situadas’”. R. Serrano Geyls, Derecho constitucional de
Estados Unidos y Puerto Rico, San Juan, Ed. C. Abo. P.R.,
1988, Vol. II, págs. 1081-1082.
En
esa
dirección,
hay
dos
aspectos
esenciales
a
examinarse al realizar un análisis sobre igual protección
de las leyes. El primero de ellos es la relación entre la
clasificación establecida y el propósito que se quiere
obtener mediante ésta; y el segundo es la importancia del
derecho
o
interés
gubernamental.
afectado
Domínguez
por
Castro
la
v.
actuación
E.L.A.,
de
supra;
CC-2018-0530
14
Berberena v. Echegoyen, supra. Véase también, Serrano
Gelys, op. cit., pág. 1081.
A fines de
evaluar la
constitucionalidad de una ley a la luz de estos criterios,
en nuestra jurisdicción se han desarrollado dos tipos de
escrutinios
judiciales:
el
escrutinio
racional
y
el
escrutinio estricto. Berberena v. Echegoyen, supra; De Paz
Lisk v. Aponte Roque, supra; P.I.P. v. C.E.E., supra.
El
escrutinio
racional,
también
conocido
como
tradicional o mínimo, se utiliza cuando la acción estatal
objetada no establece clasificaciones sospechosas o no
afecta derechos fundamentales. San Miguel Lorenzana v.
E.L.A.,
supra;
Berberena
v.
Echegoyen,
supra.
Véase
también, López v. E.L.A., supra. En ese caso, la ley se
presume constitucional si existe un nexo racional entre
el propósito que se quiere alcanzar y la clasificación
establecida. Íd. Siempre que exista una situación que
razonablemente justifique la clasificación, la ley se
considerará
constitucional. San
Miguel
Lorenzana
v.
E.L.A., supra; Berberena v. Echegoyen, supra; Vélez v.
Srio. de Justicia, 115 DPR 533 (1984).
En cambio, el escrutinio estricto se utiliza cuando
el tribunal determina que se estableció una clasificación
sospechosa
o
que
la
clasificación
hecha
afecta
algún
derecho fundamental. Lopez v. E.L.A., 165 DPR 280 (2005);
Berberena v. Echegoyen, supra; Zachry International v.
Tribunal Superior, supra. Bajo este cedazo, la ley o acción
gubernamental impugnada se presume inconstitucional, recayendo
CC-2018-0530
15
sobre el Estado el peso de probar que existe un interés apremiante
que justifique la clasificación establecida. Domínguez Castro v.
E.L.A., supra; López v. E.L.A., supra; Berberena v. Echegoyen,
supra.
IV.
A.
Establecido lo anterior, cabe señalar aquí, como bien ha
reconocido este Tribunal en ocasiones previas, que:
[H]ay áreas en las cuales, por su tangencia con la
dignidad humana y con el principio de que todo el mundo
es igual ante la ley, toda clasificación es
inherentemente sospechosa y está sujeta al más minucioso
examen judicial. Estas áreas incluyen las clasificaciones
o discrímenes por motivo de raza, color, sexo,
nacimiento, origen o condición social, ideas políticas o
religiosas y nacionalidad. Wackenhut Corp. v. Rodríguez
Aponte, 100 DPR 518, 531 (1972). Véase, además, Zachry
International v. Tribunal Superior, supra.
Cónsono con este razonamiento, existen argumentos a favor de
considerar a las personas convictas de delito, que han cumplido su
sentencia, como una clasificación sospechosa. Nos explicamos.
B.
Como se sabe, la doctrina que trata el tema de las
clasificaciones sospechosas tiene su origen en la nota al calce
número 4 de la Opinión emitida por el Tribunal Supremo de los
Estados Unidos en U.S. v. Carolene Products Co., 304 US 144 (1938).
En ésta, se sugirió lo siguiente: “prejudice against discrete and
insular minorities may be a special condition, which tends seriously
to curtail the operation of those political processes ordinarily
to be relied upon to protect minorities, and which may call for a
correspondingly more searching judicial inquiry.” U.S. v. Carolene
CC-2018-0530
16
Products Co., supra, pág. 152, esc. 4. Dicho de otro modo, el
prejuicio contra las minorías discretas e insulares puede ser una
condición especial, la cual restringe el funcionamiento de los
procesos políticos en los que precisamente se suele confiar para
proteger a las minorías. Por ello, este tipo de situación puede
requerir un examen judicial más riguroso.
A raíz de esa bien pensada nota, tanto desde los tribunales,
como desde la Academia,28 se ha dado bastante estudio y se le ha
ido dando forma a la mencionada doctrina. En particular, se han
establecido una serie de criterios para determinar qué constituye
una clasificación sospechosa.
En apretada síntesis, los criterios a los que hemos hecho
referencia pueden resumirse de la siguiente forma:
En primer lugar, la sociedad en general le
atribuye
una
clasificación
o
connotación
negativa, ya sea por mitos, ignorancia o
prejuicios, a los miembros de ese grupo, clase o
individuos. En segundo lugar, a ese grupo, clase
o individuos, se le ha sometido históricamente a
un grado convincente de opresión en la sociedad.
En tercer lugar, debe demostrarse evidencia del
perjuicio o agravio. Bajo este esquema se
trazaría una raya en términos de los grupos o
individuos que puedan llenar estos requisitos.
Roqué Velásquez, supra, págs. 197-198. Véanse,
además, T. W. Simon, Suspect Class Democracy: A
Social Theory, 45 U. Miami L. Rev. 107 (1990);
B. Geiger, The Case for Treating Ex-Offenders as
a Suspect Class, 94 Calif. L. Rev. 1191 (2006).
Al trasladar los criterios antes expuestos a los
hechos ante nuestra consideración, y particularmente en
lo referente al primero de los criterios, notamos que las
personas convictas de delitos constituyen una población
En especial por John Hart Ely en su libro Democracy and Distrust:
A Theory of Judicial Review.
28
CC-2018-0530
que
17
históricamente
ha
sido
marginada.
“[E]n
nuestra
sociedad, cuando a una persona se le condena públicamente
por haber cometido un delito, se le impone también un estigma social
que, en la mayoría de las ocasiones, nunca desaparece, aun cuando
la condena ha sido cumplida”. Rosario v. Toyota, supra, pág. 21.
(Op. de Conformidad del Juez Asociado señor Rebollo López).
De otra parte, y en lo relacionado al segundo de los
criterios, como consecuencia de ese estigma, las personas
convictas de delito han sufrido un grado convincente de
opresión
social.
Ello,
laboral,
donde
tienden
oportunidades
de
particularmente
a
trabajo,
perder
debido
a
en
el
ámbito
acceso
a
buenas
sus
antecedentes
penales. La dificultad para integrarse en la fuerza laboral coarta
sus oportunidades de movilidad social, política y económica, lo
que, a su vez, dificulta su plena rehabilitación. Roqué Velásquez,
supra, pág. 198.
Por último, y en cuanto al tercero de los criterios, la
evidencia de perjuicio o agravio, las personas convictas de delito
podrían
fácilmente
satisfacer
este
criterio
acreditando
la
“negación de empleo a la persona, negación de servicios públicos o
beneficios, privilegios injustos que se le ofrezcan a otras personas
igualmente situadas, etc.”. Íd. Tal como sucede en estos días.
Así pues, a la luz de este análisis, no albergamos duda
alguna de que las personas convictas de delito deben ser
consideradas como una clasificación sospechosa para fines de la
igual protección de las leyes al amparo de nuestra Constitución.
CC-2018-0530
18
V.
Dicho ello, precisa señalar también que el Art. VI, Sección
19, de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
establece como política pública de nuestro gobierno el “reglamentar
las instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en forma
efectiva y propender, dentro de los recursos disponibles, al
tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su
rehabilitación moral y social”. (Énfasis suplido) Const. PR. Art.
VI, sec. 19, LPRA, Tomo 1. Cónsono con ello, el Plan de
Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de
2011, según enmendado, 3 LPRA Ap. XVIII, dispone en su Art. 2 que:
Con la aprobación de este Plan, se decreta como
política pública del Gobierno de Puerto Rico la creación
de un sistema integrado de seguridad y administración
correccional donde las funciones y deberes se armonicen
en un proceso facilitador a la imposición de penas y
medidas de seguridad, así como a la custodia de los
ciudadanos que han sido encontrados incursos en la
comisión de un delito o falta y que establezcan procesos
de rehabilitación moral y social del miembro de la
población correccional o transgresor, a fin de fomentar
su reincorporación a la sociedad. (Énfasis
suplido) 3 LPRA Ap. XVIII, sec. 2.
Como
puede
apreciarse,
la
rehabilitación
de
aquellos que han sido convictos por la comisión de
un
delito
es
un
valor
de
muy
alta
jerarquía
en
nuestro ordenamiento jurídico. Su imp ortancia es
tal, que es el “único fin de la pena con rango
constitucional”. E. L. Chiesa Aponte,
El crimen,
la reforma penal y el P. del S. 1229 , 62 Rev. Jur.
U.P.R. 151, 152 (1993).
CC-2018-0530
19
Este énfasis en la rehabilitación y la reintegración social
es de beneficio tanto para el individuo como para el resto de la
ciudadanía, pues es el mejor remedio contra la reincidencia. D. F.
Flake,
When
Any
Sentence
Is
a
Life
Sentence:
Employment
Discrimination against Ex-Offenders, 93 Wash. U. L. Rev. 45, 62-64
(2015); Chiesa Aponte, supra, pág. 62. No obstante, este es un valor
que se queda corto en la praxis.
Como bien sintetizó el historiador Fernando Picó:
[A]ún hoy prevalece una suerte de inhabilitación
civil, ya que en un país donde el estado es el
principal patrono, el gobierno no emplea a los
egresados de presidio. Es por esta calificación
que los solicitantes para empleo público deben
obtener un certificado de buena conducta de la
policía. Muchos patronos de la empresa privada
exigen el mismo certificado, y así se cierran
las oportunidades de empleo para los confinados.
F. Picó, El Día Menos Pensado: Historia de los
Presidiarios en Puerto Rico (1793-1993), Río
Piedras, Ed. Huracán, 1994, pág. 172.
Dicha “inhabilitación civil”, a la que hace referencia el
historiador Fernando Picó, no sólo afecta directamente a
los exconvictos en su proceso de reintegración a la libre
comunidad,
sino
que,
además,
les
dificulta
el
sostenimiento y desarrollo de sus familias. Véase, S. J.
Mullings, Employment of Ex-Offenders: The Time has Come
for a True Antidiscrimination Statute, 64 Syracuse L. Rev.
261,
267
(2014)
(“Research
suggests
that
the
reduced
economic prospects of incarcerated parents will reduce the
economic mobility of their children.”).
CC-2018-0530
20
Ante el cuadro desalentador previamente descrito,
concluimos
que
constitucional
condición
quienes
es
y
marginadas,
despojar
estatutaria
social
están
errado
a
las
sometidas
Más
aun,
la
el
discrimen
contra
personas convictas
a
precisamente,
comunidad.
de
el
un
trato
por
su
permitir
protección
de
por
delito,
desigual
y
son
condición
en
la
que
los
patronos
discriminen contra esta población a la hora de buscar un
empleo que les permita su sostenimiento y reintegración
social, es incompatible con la obligación del Estado de
rehabilitar a los transgresores para así garantizar la
seguridad de la sociedad.
VI.
No empece lo antes dicho, es menester recordar
si bien al
interpretar el Art.
II, Sección
I
que,
de la
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y
por ende, el alcance de la precitada Ley Núm. 100, debemos
tomar
en
consideración
el
fin
de
proteger
a
los
trabajadores contra el discrimen en el empleo y en el
reclutamiento
--
interpretando
las
disposiciones
pertinentes de la manera más favorable a la víctima del
discrimen --, “[e]llo no significa […] que no se tenga que
realizar un adecuado balance entre tal protección a los
empleados
y
el
valor
e
interés
patronal,
también
protegido, de velar por las prerrogativas gerenciales que
el sistema económico le reconoce a este último”. Díaz v.
Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 381-382 (2001).
CC-2018-0530
21
Con este balance en mente, algunas jurisdicciones de
los Estados Unidos han aprobado legislación que requiere
a los patronos, en casos de solicitantes con un historial
de
antecedentes
rehabilitación
penales,
del
candidato
considerar
y
si
su
evidencia
de
historial
está
directa o sustancialmente relacionado a la posición de
trabajo que solicita. Geiger, supra, pág. 1240. Aunque en
su mayoría se trata de disposiciones sumamente generales,
algunos establecen unos criterios más concretos. El estado
de
Nueva
York, por
ejemplo,
establece
los
siguientes
criterios:
(1) the state's public policy to encourage the
licensure and employment of ex-offenders; (2)
the specific duties and responsibilities of the
license or employment; (3) how the individual's
criminal record would affect his ability to
perform
those
specific
duties
and
responsibilities; (4) the amount of time that
has passed since the crime was committed; (5)
how old the person was at the time of the crime;
(6) the seriousness of the offense; (7) evidence
of rehabilitation or good conduct; and (8) the
employer's legitimate interest in protecting
both property and the safety and welfare of
specific individuals or the general public. D.
F. Flake, supra, pág. 87.29
29
El texto literal de la disposición lee de la siguiente forma:
(a) The public policy of this state, as expressed in this
act, to encourage the licensure and employment of
persons previously convicted of one or more criminal
offenses.
(b) The specific duties and responsibilities necessarily
related to the license or employment sought or held
by the person.
(c) The bearing, if any, the criminal offense or offenses
for which the person was previously convicted will
have on his fitness or ability to perform one or more
such duties or responsibilities.
(d) The time which has elapsed since the occurrence of the
criminal offense or offenses.
CC-2018-0530
22
Asimismo,
Commission
ha
la
U.S.
Equal
establecido
tres
Employment
(3)
Opportunity
factores
que
debe
mostrar el patrono ante una reclamación al amparo del
Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, 42 USC
secs. 2000e et seq., cuando a un patrono se le imputa un
despido o rechazo por motivo de una política o práctica
en cuanto a las convenciones criminales que tiene un
impacto adverso en la clase protegida a la cual pertenece
el o la demandante. En estos casos, para establecer una
defensa de “bussines necessity” el patrono debe demostrar
que consideró: (1) la naturaleza y gravedad de la ofensa;
(2)
el
tiempo
transcurrido
desde
la
convicción
o
la
culminación de la sentencia; y (3) la naturaleza del empleo
que
la
persona
tiene
o
solicita.
EEOC
Policy
Statement on the Issue of Conviction Records under
Title
VII
of
the
Civil
Rights
Act
of
19 64,
amended, 42 U.S.C. § 2000e et seq. (1982),
(https://www.eeoc.gov/policy/docs/convict1.html).
(e) The age of the person at the time of occurrence of the
criminal offense or offenses.
(f) The seriousness of the offense or offenses.
(g) Any information produced by the person, or produced
on his behalf, in regard to his rehabilitation and
good conduct.
(h)
The legitimate interest of the public agency or
private employer in protecting property, and the
safety and welfare of specific individuals or the
general public. N.Y. Correct. Law sec. 753.
as
CC-2018-0530
23
Sin lugar a dudas, los criterios presentados pueden
servir como mecanismo para establecer un adecuado balance
entre la protección de las personas convictas de delito
contra el discrimen en la esfera laboral y los intereses
que el sistema económico le reconoce a los patronos. Éstos
no sólo pueden servir para establecer defensas ante una
reclamación al amparo de la Ley Núm. 100, sino que -mejor aún –- pueden ofrecer una guía para un tratamiento
más justo de una población que ha sido históricamente
marginada en el ambiente laboral.
Es, pues, a la luz de la normativa antes expuesta, y
no de otra, que procedemos a resolver la controversia ante
nuestra consideración.
VII.
En el presente caso, nos corresponde determinar si
el doctor Garib Bazaín fue víctima de discrimen en el
empleo por su condición de persona convicta de delito.
Según surge de los hechos antes reseñados, a éste le fueron
denegados
ciertos
privilegios
clínicos
por
parte
del
Hospital Español Auxilio Mutuo, lo que equivale a negarle
trabajo
en
dicha
institución
hospitalaria.
Ello,
en
esencia, a raíz de su previa convicción criminal en la
jurisdicción federal.30
Ahora bien, lo anterior no es óbice para reconocer que al momento
en que se le denegó el otorgamiento de privilegios médicos al doctor
Garib Bazaín, y según se desprende de la carta que le fue cursada a
éste, el Hospital Español Auxilio Mutuo tuvo ante sí ciertos elementos
de juicio adicionales que este Tribunal no evaluó al momento de
disponer del presente caso. Ello, pues la opinión mayoritaria se
limitó a validar la utilización de convicciones previas como criterio
para denegar una oportunidad de empleo.
30
CC-2018-0530
Como
ya
24
mencionamos
--
por
estar
sobre
la
mesa
importantes derechos constitucionales y estatutarios que,
al momento de la denegatoria de privilegios para poder
laborar en el Hospital Auxilio Mutuo, cobijaban al doctor
Garib
Bazaín
--,
actuaciones
como
éstas
deben
ser
evaluadas bajo el crisol de un escrutinio estricto. Ello
es
así,
pues,
en
la
medida
en
que
las
protecciones
extendidas a los trabajadores y trabajadoras por Ley Núm.
100 surgen directamente de nuestra cláusula constitucional
contra el discrimen, éstas deben ser examinadas bajo el
mismo
rigor
correspondiente
que
exige
un
al
análisis
escrutinio
estricto
constitucional
del
que
derivan.
Bajo
ese
escrutinio,
recaía
en
la
institución
hospitalaria el peso de probar que existía un interés
apremiante que justificase la clasificación establecida
por éstos al momento de decidir si le concedía o no
privilegios a un médico, en este caso al doctor Garib
Bazaín. Contrario a lo que se señala en la Opinión que hoy
emite este Tribunal, ello no sucedió aquí.
Como
mencionamos
anteriormente,
las
convicciones
criminales, independientemente del contexto en que se
producen, implican un estigma con connotaciones sumamente
negativas que relegan a la persona convicta a un “status”
de
inferioridad
en
la
sociedad,
aun
luego
de
haber
cumplido su pena. El hecho de tener antecedentes penales
permite que a estas personas se les niegue de plano
CC-2018-0530
25
oportunidades, particularmente en la esfera laboral, sin
que se consideren tan siquiera sus méritos y aptitudes.
Ello, a su vez, coarta sus oportunidades de movilidad
social, política y económica, lo que dificulta su plena
rehabilitación, valor de muy alta jerarquía en nuestro
ordenamiento jurídico.
En
fin,
somos
del
criterio
que
realizar
una
interpretación limitada de la frase condición social,
según recogida en el Art. II, Sección I, de nuestra
Constitución, como la que hoy hace una mayoría de este
Tribunal,
redundará
en
despojar
de
protección
constitucional a ciertos sectores de nuestra población que
a lo largo de nuestra historia han sido marginados, uno
de ellos precisamente lo son las personas convictas de
delito. A ello, en nuestra función de últimos intérpretes
de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, no estamos dispuestos.
VIII.
Es pues por todo lo anterior que respetuosamente
disentimos.
Ángel Colón Pérez
Juez Asociado