LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Garib Bazaín v. Hospital Español Auxilio Mutuo de Puerto Rico y otros

2020 TSPR 69

Poder Judicial de Puerto Rico

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Garib Bazaín v. Hospital Español Auxilio Mutuo de Puerto Rico y otros

CC-2018-530

Derecho Constitucional y Derecho Laboral: La cualidad de exconvicto de una persona no está subsumida en la categoría de origen o condición social protegida por la Constitución o por la legislación que prohíbe el discrimen en el empleo.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Garib Bazaín, Jorge

Recurrido

Certiorari

v.

2020 TSPR 69

Hospital Español Auxilio

Mutuo de Puerto Rico, Inc.;

Sociedad Española de Auxilio

Mutuo y Beneficencia de Puerto

Rico, Inc.; Dr. José A. Isado

Zardón y la Sociedad de Bienes

Ganaciales compuesta con la

Sra. Diana Vigil Vigil

204 DPR _____

Peticionaria

Número del Caso:

Fecha:

CC-2018-0530

27 de julio de 2020

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan-Caguas

Abogados de la parte peticionaria:

Lcda. Iris M. Monrouzeau Bonilla

Lcdo. Pedro J. Manzano Yates

Lcdo. Gilberto C. Ramos Martínez

Abogado de la parte recurrida:

Lcdo. Enrique J. Mendoza Méndez

Materia:

Derecho Constitucional y Derecho Laboral: La

cualidad de exconvicto de una persona no está subsumida en

la categoría de origen o condición social protegida por la

Constitución o por la legislación que prohíbe el discrimen

en el empleo.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Garib Bazaín, Jorge

Recurrido

v.

Hospital

Español

Auxilio

Mutuo de Puerto Rico, Inc.;

Núm. CC-2018-0530

Sociedad Española de Auxilio

Mutuo y Beneficencia de Puerto

Rico, Inc.; Dr. José A. Isado

Zardón y la Sociedad de Bienes

Gananciales compuesta con la

Sra. Diana Vigil Vigil

Peticionarios

Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 27 de julio de 2020

El

presente

caso

nos

brinda

la

oportunidad

de

interpretar y delimitar los contornos de la contraparte

estatutaria de nuestra cláusula constitucional que prohíbe

el

discrimen

controversia

por

condición

ante

social.

nuestra

Específicamente,

consideración

exige

la

que

determinemos si una denegatoria de privilegios médicos por

parte

de

un

hospital

fundamentada

en

la

cualidad

de

exconvicto del solicitante constituye el tipo de discrimen

por condición social proscrito por la Ley Núm. 100 de 30 de

junio de 1959, infra.

I.

El 25 de marzo de 2010, el Dr. Jorge Garib Bazain

presentó una demanda de sentencia declaratoria, injunction

y daños y perjuicios en contra del Hospital Auxilio Mutuo

CC-2018-0530

(Hospital),

2

la

Sociedad

Española

de

Auxilio

Mutuo

y Beneficencia de Puerto Rico, Inc. (Sociedad), el Dr. José

A. Isado Zardón y la Sociedad de Bienes Gananciales compuesta

por

éste

y

la

Sra.

Diana

Vigil

Vigil

(peticionarios).

En ésta, alegó que se le habían denegado privilegios médicos

de manera discriminatoria e ilegal por su condición de

exconvicto y que se le había violentado su derecho a un

debido proceso de ley durante el proceso de revisión que

culminó

en

la

denegatoria

de

esos

privilegios.

Conjuntamente, el doctor Garib presentó una solicitud de

entredicho preliminar y permanente.

Específicamente,

reglamentación

del

el

doctor

Hospital

que

Garib

rige

adujo

los

que

la

procesos

de

concesión y denegatoria de privilegios médicos era contraria

a la legislación federal que establece los requisitos de

debido

proceso

de

ley

con

los

que

deben

cumplir

los

hospitales al negarle privilegios a un facultativo médico.

Según expuso, en el proceso de evaluación de su solicitud,

el Hospital incumplió con todos los requisitos dispuestos

en el Health Care Quality Improvement Act, 42 USC sec. 11101

et seq. Sobre este particular, arguyó que el Hospital no

celebró una vista evidenciaria y que la decisión se tomó sin

que se realizara un esfuerzo razonable para obtener toda la

información necesaria. Asimismo, sostuvo que el Hospital no

produjo oportunamente la prueba que le fue solicitada, tal

y como la copia de la reglamentación en la que fundamentó

su determinación. Véase Demanda, Ap. en las págs. 123-125.

CC-2018-0530

3

El doctor Garib también planteó que la determinación

del Hospital constituía discrimen por razón de convicción

criminal previa y violentaba su derecho constitucional a la

rehabilitación.1

A

esos

efectos,

interpretó

que

ser

un

exconvicto era una categoría protegida por la Sección 1 de

la Carta de Derechos de nuestra Constitución que prohíbe el

discrimen por condición social. Alegó que tal discrimen

también era contrario a la Sección 19 del Artículo VI de la

Constitución que consagra el compromiso con propender a la

rehabilitación

moral

y

social

de

los

exconvictos.

Por

último, sostuvo que, en el ámbito laboral, discriminar por

razón de una convicción penal previa era una actuación

contraria al derecho constitucional al trabajo y a gozar de

un nivel de vida adecuado. Véase id. en las págs. 125-26.

El 10 de octubre de 2011, luego de celebrar varias

vistas para dirimir la procedencia del remedio interdictal

preliminar solicitado, el Tribunal de Primera Instancia

emitió una sentencia parcial denegando el mismo. Mediante

esta

sentencia

parcial,

en

esencia,

el

foro

primario

concluyó que el doctor Garib no había presentado prueba

suficiente que justificara la expedición de un injunction

preliminar. El Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen

del Tribunal de Primera Instancia y concluyó que ese foro

fue consciente de la etapa de los procedimientos al evaluar

El doctor Garib fue convicto a nivel federal por los

delitos de fraude, apropiación y malversación de fondos

públicos. Véase U.S. v. Dubon-Otero, 292 F.3d 1 (2002).

1

CC-2018-0530

4

la prueba presentada. El foro apelativo intermedio advirtió

que tal proceder le reconoció al doctor Garib amplia latitud

para probar las causas de acción que quedaron pendientes y

que, por tanto, no constituía cosa juzgada. Véase Sentencia

del TA, en las págs. 36-38. El recurso de certiorari que el

doctor Garib presentó ante este Tribunal para revisar esa

determinación fue denegado.

Así las cosas y luego de múltiples trámites procesales,

el 20 de junio de 2014 el doctor Garib presentó una moción

solicitando

autorización

para

enmendar

su

demanda,

acompañada por una Demanda Enmendada ante el Tribunal de

Primera Instancia. Justificó las enmiendas en la presunta

conducta

ilegal

reportables

al

del

Hospital

National

al

reportar

Practitioners

Data

actos

Bank.

no

Según

indicó, el Hospital había reportado de forma vaga e imprecisa

los fundamentos de la denegatoria de privilegios a esa

entidad y erróneamente había incluido información sobre

conducta pasada que no cumplía con los parámetros de conducta

reportable.

El

foro

solicitadas

pero

el

primario

Tribunal

de

denegó

las

Apelaciones

enmiendas

revocó

tal

determinación.

El 10 de noviembre de 2015, el Hospital y los demás

demandados presentaron una Moción en Solicitud de Sentencia

Sumaria mediante la cual solicitaron la desestimación de la

reclamación del doctor Garib en su totalidad. Arguyeron que,

conforme a las determinaciones de hecho consignadas en la

sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia que

CC-2018-0530

5

denegó el remedio interdictal preliminar, la única causa de

acción pendiente era una por daños y perjuicios. Sostuvieron

que, en cuanto a esa causa de acción, les cobijaba la

inmunidad dispuesta en el Health Care Quality Improvement

Act para todos aquellos que participen en un proceso de

evaluación de una solicitud de privilegios médicos.

El doctor Garib, por su parte, presentó una Oposición

a la Moción de Sentencia Sumaria en la cual sostuvo que la

sentencia

parcial

del

Tribunal

de

Primera

Instancia

no

constituía cosa juzgada, en tanto y cuanto ese foro se limitó

a

considerar

preliminar

y

la

procedencia

del

remedio

no

las

de

acción

causas

de

de

injunction

discrimen

y

violaciones al debido proceso de ley. En cambio, arguyó que

lo que sí constituía cosa juzgada era la Resolución de la

Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico

mediante la cual se determinó que la conducta delictiva por

la cual se le habían denegado los privilegios médicos al

doctor

Garib

no

estaba

relacionada

con

su

conducta

profesional. Consiguientemente, solicitó al foro primario

que denegara la solicitud de sentencia sumaria presentada y

dictara sentencia a su favor determinando que: (1) al doctor

Garib no se le había provisto un debido proceso de ley y (2)

la denegatoria de privilegios médicos fue discriminatoria

por razón de su condición social de exconvicto. Así, solicitó

que se ordenara el retiro de la notificación realizada al

National Practitioner Data Bank, la concesión inmediata de

CC-2018-0530

6

privilegios médicos y la celebración de una vista para

determinar la cuantía de los daños causados.

El 10 de marzo de 2016, el Hospital presentó la réplica

correspondiente. En ésta, reiteró los argumentos esgrimidos

en su solicitud inicial e insistió en que la sentencia

parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia ya

había

adjudicado

las

causas

de

acción

por

discrimen

y

violaciones al debido proceso de ley al denegar el injunction

preliminar. Contendió, además, que los hechos que el doctor

Garib alegaba estaban en controversia se fundamentaban en

meras alegaciones y no en evidencia que los controvirtiera.

En

cuanto

Improvement

a

la

Act,

aplicabilidad

planteó

que

del

dicho

Health

Care

estatuto

Quality

federal

se

limitaba a dotar de inmunidad a todas aquellas personas que

participaran en un proceso de evaluación de privilegios

médicos y que no creaba una causa de acción privada para

exigir la reinstalación de privilegios o la revocación de

notificaciones al National Practitioner Data Bank.

Evaluados los argumentos de las partes, el Tribunal de

Primera Instancia dictó una sentencia parcial y declaró ha

lugar la demanda presentada por el doctor Garib. Cónsono con

esto,

ordenó

al

Hospital

extender

inmediatamente

los

privilegios médicos al doctor Garib, retirar el informe

previamente sometido al National Practitioner Data Bank e

informar a esa entidad sobre la extensión de los privilegios

que habían sido denegados. Al así resolver, el foro primario

concluyó que el Hospital y los demás demandados habían

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7

discriminado en contra del doctor Garib por razón de sus

convicciones

previas,

lo

que

constituía

discrimen

por

condición social. Asimismo, el Tribunal de Primera Instancia

dictaminó que al doctor Garib se le había violentado su

derecho a un debido proceso de ley, puesto que el Hospital

no

celebró

una

vista

evidenciaria

ni

le

suplió

la

documentación necesaria para defenderse.

El

parcial

Tribunal

de

dictada

por

Apelaciones

confirmó

el

instancia.

foro

de

la

En

sentencia

esencia,

concluyó que, contrario a lo alegado por el Hospital, la

doctrina de la ley del caso era inaplicable porque las

determinaciones

realizadas

al

conceder

o

denegar

un

injunction preliminar no son obligatorias para la resolución

del caso en su fondo. En cuanto a la controversia relacionada

con el debido proceso de ley, el Tribunal de Apelaciones

concluyó que el proceso mediante el cual se le denegaron los

privilegios médicos al doctor Garib fue contrario a lo que

exige el Health Care Quality Improvement Act y a los Bylaws

del Hospital. Ello, puesto que no se le entregó al doctor

la

prueba

relevante

determinación

y

adversa.

material

en

la

Además,

razonó

que

que

se

la

basó

la

exigencia

contenida en los Bylaws del Hospital mediante la cual se le

requirió al doctor Garib negar específicamente todos los

fundamentos en los que se basó la denegatoria como condición

para

la

celebración

de

una

vista

irrazonable y contraria a la ley federal.

evidenciaria

era

CC-2018-0530

8

Por último, y en lo relativo a la causa de acción de

discrimen por condición social, el Tribunal de Apelaciones

concluyó que “la convicción del Dr. Garib, fue un elemento

determinante en el proceso seguido [. . .] para denegar su

solicitud de privilegios médicos en el Hospital”. Sentencia

del TA, en la pág. 19. En cuanto a esto, el foro apelativo

intermedio advirtió que, si bien la sentencia dictada por

este Tribunal en el caso de Rosario v. Toyota, 166 DPR 1

(2005),

no

era

vinculante,

sí

constituía

una

fuente

persuasiva de derecho. Por tanto, razonó que al denegar los

privilegios médicos por razón de las convicciones previas

del doctor Garib, el Hospital había discriminado en su

contra.

De ese dictamen del Tribunal de Apelaciones recurrieron

los peticionarios ante este Tribunal mediante un recurso de

certiorari presentado el 1 de junio de 2018. En éste,

plantearon

-como

primer

señalamiento

de

error-

que

el

Tribunal de Apelaciones erró al concluir que el Hospital

había discriminado en contra del doctor Garib por ser un

exconvicto. Además, señalaron que el Tribunal de Apelaciones

había

errado

contrarias

a

al:

(1)

emitir

conclusiones

las

determinaciones

basadas

de

derecho

en

prueba

documental realizadas durante el procedimiento de interdicto

preliminar; (2) ordenar la extensión de los privilegios

médicos por la vía interdictal, y (3) concluir que la

reglamentación del Hospital era contraria al Health Care

CC-2018-0530

Quality

9

Improvement

Act.2

Expedido

el

auto,

las

partes

presentaron sus respectivos alegatos.

La contención principal de los peticionarios es que

negarle

los

constituye

privilegios

el

tipo

de

médicos

al

discrimen

doctor

vedado

Garib

por

no

nuestra

Constitución. Curiosamente, sin embargo, afirman que la

determinación

del

Hospital

convicciones

previas

del

no

doctor

se

fundamentó

Garib,

sino

en

las

en

otra

evidencia que se utilizó para concluir que éste no cumplía

con

los

requisitos

facultativo

médico

establecidos

los

para

privilegios

extender

a

solicitados.

un

Los

peticionarios, además, arguyen que los dictámenes recurridos

2

Los señalamientos de error son los siguientes:

(1) Erró el Tribunal de Apelaciones al concluir

que

el

Hospital

discriminó

contra

el

demandante-recurrido al momento de denegar su

solicitud de privilegios médicos por razón de

ser un ex-convicto.

(2) Erró el Tribunal de Apelaciones al emitir

una Conclusión de Derecho que es contraria a

sus propias determinaciones previas basadas en

prueba documental presentada durante el proceso

de interdicto preliminar.

(3) Erró el Tribunal de Apelaciones al emitir

un interdicto que ordenó que el hospital

restablezca

los

privilegios

clínicos

del

demandante-recurrido

y

que

retire

la

notificación del NPDB por ser contrario las

determinaciones

fundamentadas

en

prueba

documental, por no haber aplicado los criterios

estatutarios y jurisprudenciales para emitir

ese tipo de orden extraordinaria y por no

figurar el interdicto como parte de los remedios

solicitados por el demandante-recurrido.

(4) Erró el Tribunal de Apelaciones al concluir

que los Bylaws del Hospital contenían un

procedimiento

contrario

a

la

legislación

federal conocida como Health Care Quality

Improvement Act y por consiguiente haberle

violentado el debido proceso de ley al

demandante-recurrido.

CC-2018-0530

son

10

contrarios

a

las

determinaciones

realizadas

por

el

tribunal de instancia -según éstas fueron confirmadas por

el Tribunal de Apelaciones- que denegaron el remedio de

interdicto

preliminar.

Sostienen

que,

mediante

dichos

dictámenes, los foros recurridos ya habían concluido que el

Hospital no había discriminado en contra del doctor Garib y

que había cumplido con los requisitos del debido proceso de

ley al evaluar su solicitud. Dado que se le garantizó al

doctor

Garib

un

debido

proceso

de

ley,

afirman

estar

protegidos por la inmunidad provista por el Health Care

Quality Improvement Act, por lo que procede desestimar la

causa de acción de daños y perjuicios en su contra.

El

doctor

Garib,

por

su

parte,

arguye

que

la

determinación del Hospital sí estuvo fundamentada en su

condición de exconvicto, puesto que los otros incidentes a

los que aludió el Hospital al denegar los privilegios eran

remotos y ni tan siquiera habían conllevado un proceso

disciplinario en su contra. Alega que la reglamentación del

Hospital expresamente declaraba la primacía del Health Care

Quality Improvement Act en los procesos decisionales, por

lo

cual

la

específicamente

exigencia

los

de

una

fundamentos

de

carta

la

contradiciendo

denegatoria

como

condición previa a la celebración de una vista era contraria

al requerimiento general de vista contenido en ese estatuto

federal. Consiguientemente, reiteró que el proceso seguido

había sido discriminatorio e ilegal.

CC-2018-0530

Tanto

11

de

los

alegatos

presentados

como

de

los

dictámenes recurridos surge con evidente claridad que la

controversia

de

umbral

ante

la

consideración

de

este

Tribunal se reduce a determinar si la cualidad de exconvicto

de una persona constituye una categoría protegida por la

cláusula

condición

constitucional

social.

comparecencia

de

que

Contando

ambas

prohíbe

el

con

beneficio

partes,

el

estamos

discrimen

en

por

de

la

posición

de

contestar dicha interrogante.

II.

Como cuestión de umbral, en Rosario v. Toyota, supra,

por estar igualmente dividido, este Tribunal emitió una

sentencia mediante la cual confirmó un dictamen del Tribunal

de Apelaciones que había restituido una causa de acción por

daños

y

perjuicios

por

discrimen

por

condición

social

previamente desestimada por el foro primario. En ese caso,

el Sr. Wilfredo Rosario Díaz presentó una demanda de daños

y perjuicios en la que alegó que Toyota Corporation Puerto

Rico le había negado empleo por razón de las convicciones

que aparecían en el certificado de antecedentes penales que

se le exigió como parte del proceso de contratación. En la

demanda,

el

señor

Rosario

solicitó

que

se

declarara

inconstitucional la Ley para autorizar a la Policía de Puerto

Rico

la

expedición

de

Certificaciones

de

Antecedentes

Penales, Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974, 34 LPRA sec.

1725 et seq., puesto que la misma se había convertido en un

CC-2018-0530

mecanismo

que

12

permitía

discriminar

en

contra

de

los

exconvictos en Puerto Rico.

El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda

presentada por el señor Rosario luego de concluir que las

alegaciones contenidas en ésta no exponían una causa de

acción que justificara la concesión de un remedio. El foro

apelativo

intermedio

revocó

esa

determinación.

Al

así

proceder, enmarcó la controversia de la siguiente manera:

“si bajo los hechos del caso ante nuestra consideración

procedía o no la desestimación de la demanda por no exponer

una reclamación que justifique la concesión de un remedio”.

Rosario Diaz v. Toyota De Puerto Rico, KLAN0100787, 2002 WL

31003154, en la pág. 2 (2002).

Ante el dictamen desestimatorio del foro primario, el

Tribunal de Apelaciones examinó lo dispuesto en la Regla

10.2

de

Procedimiento

Civil

y

su

jurisprudencia

interpretativa y concluyó que una moción para desestimar “no

ha de considerarse sólo a la luz de una causa de acción

determinada y sí a la luz del derecho del demandante a la

concesión de un remedio, cualquiera que éste sea”. Id. en

la pág. 3. Consiguientemente, y por entender que el señor

Rosario podía ser acreedor de un remedio indeterminado, el

foro apelativo intermedio revocó la sentencia desestimatoria

del tribunal de instancia y devolvió el caso a ese foro para

la continuación de los procedimientos. En los méritos, el

Tribunal de Apelaciones no dirimió las controversias de

índole constitucional planteadas. En otras palabras, no

CC-2018-0530

13

determinó si una denegatoria de empleo por convicciones

criminales previas constituía el tipo de discrimen que está

vedado por nuestra Constitución.

La sentencia dictada por este Tribunal se limitó a

confirmar la restitución de la reclamación incoada por el

señor Rosario bajo el fundamento de que éste “podía ser

acreedor en derecho a la concesión de un remedio”. Rosario

v. Toyota, 166 DPR 1, 2 (2005)(sentencia). Es decir, este

Tribunal

concluyó

que

-en

ese

caso

y

conforme

a

las

alegaciones del señor Rosario- una desestimación al amparo

de la Regla 10.2 era improcedente en Derecho. A pesar de

esto, los integrantes de este Tribunal en aquel momento

aprovecharon la oportunidad para adelantar sus criterios

sobre

los

méritos

del

reclamo

del

señor

Rosario.

Esas

expresiones, sin embargo, distan mucho de ser vinculantes

para cualquier tribunal, máxime cuando la sentencia que las

motivó

ni

tan

siquiera

constituye

precedente.3

A esos efectos, el inciso (d) de la Regla 44 de este

Tribunal establece que “[e]n vista de que las sentencias no

publicadas no estarán accesibles al público en general, se

considerará impropio citar como autoridad o precedente ante

cualquier foro una decisión de este Tribunal que no se haya

emitido mediante opinión o que no haya sido publicada por

el Colegio de Abogados o por el propio Tribunal”. 4 LPRA Ap.

XXXI-B. Véase además, Rivera Maldonado v. ELA, 119 DPR 74,

83 (1987) (“Como regla general ‘[l]as normas, así como la

interpretación de cualquier disposición legal, la establece

este Tribunal mediante dictamen sostenido por una opinión o

por una opinión per curiam, en la cual se consideran

ampliamente las cuestiones envueltas y se fundamentan con

razonamientos,

precedentes

explicados

y

tratadistas

reconocidos. El Tribunal resuelve un caso por sentencia

cuando el mismo plantea cuestiones reiteradamente resueltas

por este Tribunal. Una sentencia no establece norma, y menos

revoca una establecida. La sentencia es la forma que utiliza

el Tribunal para disponer lo más rápidamente posible del

3

CC-2018-0530

14

Concluyentemente, pues, este Tribunal nunca se ha expresado

en

torno

a

si

la

denegatoria

de

empleo

por

razón

de

convicciones previas constituye un discrimen por condición

social.

III.

En

lo

pertinente

a

la

controversia

ante

la

consideración de este Tribunal, la Sección 1 del Artículo

II de la Constitución prohíbe que se establezca “discrimen

alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen

o

condición

social,

ni

ideas

políticas

o

religiosas”.

Ciertamente, la enunciación de estas categorías en el texto

constitucional procuró responder a las diferencias ingénitas

entre

las

personas

con

el

fin

prohibir

clasificaciones

basadas en ellas.4 Así, la raza, el color, el sexo, el

enorme número de casos que tiene que resolver. Sólo intenta

resolver la controversia entre las partes. Por eso es que

los jueces de instancia no deben fundar sus fallos en dichas

sentencias’”.) (citas omitidas).

El Informe de la Comisión de la Carta de Derechos evidencia

que las categorías provistas responden a cualidades de

carácter fortuito o accidental:

4

El propósito de esta sección es fijar claramente

como base consustancial de todo lo que sigue el

principio de la dignidad del ser humano y, como

consecuencia de ésta, la igualdad esencial de

todas las personas dentro de nuestro sistema

constitucional. La igualdad ante la ley queda por

encima de accidentes o diferencias, bien tengan

su origen en la naturaleza o en la cultura. Todo

discrimen o privilegio contrario a esta esencial

igualdad

repugna

al

sistema

jurídico

puertorriqueño. En cuanto fuera menester nuestra

organización legal queda robustecida por la

presente disposición constitucional, a la vez que

obliga a ensanchar sus disposiciones para dar

plena realización a lo aquí dispuesto.

CC-2018-0530

15

nacimiento, el origen o condición social y la ideología

política

y

religiosa

configuran

categorías

de

fácil

tipificación e identificación inherentes a la naturaleza

propia de todo ser humano. En ese sentido, esas categorías

responden

a

circunstancias

fortuitas,

naturales

y

espontáneas de la humanidad y son consustanciales al mero

hecho

de

ser

y

existir.

En

atención

a

ello,

nuestra

Constitución prohíbe que se utilicen esas clasificaciones

para diferenciar, discriminar y excluir.

En el ámbito del Derecho privado, la ley que extiende

estos principios al contexto laboral es la Ley contra el

discrimen en el empleo, Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959,

según enmendada, 29 LPRA sec. 146 et seq. Esta legislación

incorpora

el

lenguaje

constitucional

y

establece

responsabilidad civil y criminal para aquellos patronos

privados que discriminen en el reclutamiento o en el empleo

al crear una causa de acción de daños y perjuicios para el

empleado discriminado. Véase Díaz v. Windham Hotel Corp.,

155 DPR 364, 381 (2001).

El artículo 1 de la referida ley dispone que cualquier

patrono

despida,

suspenda

o

de

cualquier

otra

forma

discrimine contra un empleado -o incluso empleado potencialpor las causas que ahí se detallan. 29 LPRA sec. 146. Además,

la legislación provee las herramientas legales necesarias

para el resarcimiento de los daños que estas actuaciones

Informe de la Comisión de la Carta de Derechos, Diario

de Sesiones Tomo 4, en la pág. 2562 (énfasis suplido).

CC-2018-0530

puedan

causar.

16

Véase

García

Pagán

v.

Shiley

Caribbean,

etc.,122 DPR 193, 210 (1988).

En su concepción original, la Ley contra el discrimen

en el empleo procuró extrapolar las categorías protegidas

constitucionalmente a la esfera privada. En aquel momento,

sin embargo, la preocupación principal de los legisladores

fue incluir la edad como una categoría protegida. Por tal

razón, la mayoría de los debates acaecidos durante las

distintas sesiones legislativas giraron en torno a cómo se

definiría o se interpretaría el término edad. El texto

original de la ley enumeraba las siguientes categorías: edad

avanzada, raza, color, religión, origen o condición social.

Véase Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, Leyes de Puerto

Rico, Tercera Sesión Ordinaria, 1959.

Actualmente, el Artículo 1 de la Ley contra el discrimen

en el empleo impone responsabilidad civil a

Todo

patrono

que

despida,

suspenda

o

discrimine contra un empleado suyo en relación a

su sueldo, salario, jornal o compensación,

términos, categorías, condiciones o privilegios

de su trabajo, o que deje de emplear o rehúse

emplear o reemplear a una persona, o limite o

clasifique sus empleados en cualquier forma que

tienda a privar a una persona de oportunidades de

empleo o que afecten su status de empleado, por

razón de edad, según ésta se define más adelante,

raza, color, sexo, orientación sexual, identidad

de género, origen social o nacional, condición

social, afiliación política, o ideas políticas o

religiosas, o por ser víctima o ser percibida como

víctima de violencia doméstica, agresión sexual o

acecho, o por ser militar, ex-militar, servir o

haber servido en las Fuerzas Armadas de los

Estados Unidos o por ostentar la condición de

veterano del empleado o solicitante de empleo.

29 LPRA sec. 146 (énfasis suplido).

CC-2018-0530

17

Nótese que la disposición vigente reconoce categorías

que no están contempladas en el texto constitucional y que

tampoco fueron concebidas al momento de redactar la ley en

1959. Así, con el paso del tiempo, las siguientes categorías

han sido añadidas a la Ley contra el discrimen en el empleo

mediante

el

mecanismo

de

enmiendas:

(1)

sexo;

(2) orientación sexual; (3) identidad de género; (3) origen

nacional; (4) afiliación política; (5) ideas políticas o

religiosas; (6) ser víctima o ser percibida como víctima de

violencia

doméstica,

agresión

sexual

o

acecho;

(7)

ser

militar, exmilitar, servir o haber servido en las Fuerzas

Armadas de los Estados Unidos o por ostentar la condición

de veterano.

Es decir, en múltiples instancias, la Rama Legislativa

ha estimado necesario incluir categorías adicionales que

considera son vulnerables o marginadas en el ámbito laboral

y, como tal, deben ser protegidas. Nótese, además, que -en

su redacción original- la ley ataba el origen y la condición

social, tal y como dispone la Sección 1 del Artículo II de

nuestra Constitución. Enmiendas posteriores separaron ambos

conceptos y agregaron a la palabra origen los calificativos

“social o nacional”.

La prohibición al discrimen por condición social ha

existido en la Ley Núm. 100 desde su adopción en 1959, cuando

las categorías fueron transpuestas del texto constitucional.

No existe razón para concluir que la categoría de condición

social en dicha legislación es sustantivamente distinta a

CC-2018-0530

18

aquella protegida por la Constitución. De los diarios de

sesiones

de

la

Asamblea

Legislativa

tampoco

surge

una

intención de distinguir entre la prohibición constitucional

y la estatutaria. Véase Diario de Sesiones del Senado,

Vol. 12, Tomo 4 (1959); Diario de Sesiones de la Cámara de

Representantes, Vol. 12, Tomo 2 (1959).

En

innumerables

ocasiones,

este

Tribunal

ha

interpretado y aplicado prohibiciones de discrimen en sus

distintas modalidades. En pocas instancias, sin embargo, ha

tenido la oportunidad de interpretar y darle contenido a la

categoría

de

condición

social

que

origina

la

presente

controversia. En Perez, Roman v. Proc. Esp. Rel. de Fam.,

148 DPR 201 (1999), se determinó que una clasificación entre

parejas casadas y no casadas no constituía discrimen por

origen o condición social. Al así resolver, se destacó que

la

expresión

origen

o

condición

discrímenes

económicos

y

razonables

que

surgir

personas.5

Expresiones

puedan

sociales

del

ulteriores

social

se

y

a

no

estado

con

refería

a

distinciones

civil

de

las

relación

a

la

categoría de origen o condición social se han dado en el

contexto de opiniones concurrentes y disidentes o votos

particulares.6

La

ausencia

de

extensa

jurisprudencia

interpretativa sobre esta categoría devela las dificultades

inherentes a su exégesis y concepción.

A igual conclusión se llegó en Lopez v. ELA, 165 DPR 280,

309 (2005).

6 Véase e.g. Berberena v. Echegoyen, 128 D.P.R. 864 (1991)

(J. Rebollo López, Op. Disidente); Rosario v. Toyota, supra.

5

CC-2018-0530

19

La significación constitucional de lo que comprende la

condición social de una persona tampoco surge claramente de

las

expresiones

vertidas

durante

la

Convención

Constituyente. No obstante, al discutir el alcance de esta

categoría

protegida,

las

expresiones

de

nuestros

constituyentes apuntan a que la inquietud principal de éstos

se

fundamentaba

en

consideraciones

puramente

socioeconómicas. Así, al indagar sobre el alcance de la

prohibición

constitucional

de

discrimen

por

origen

o

condición social, el delegado Fernández llamó la atención

al hecho de que se había insertado la palabra “condición”

después de la palabra “origen” y solicitó que se le explicara

de qué manera se podía proteger o hacer valer esa categoría

de discrimen. Véase 2 Diario de Sesiones de la Convención

Constituyente, 1382 (1952).

El delegado Benítez, aclaró que la referencia a origen

o condición social encarnaba el principio de “que no importa

la extracción de la persona, su situación económica, su

condición en la comunidad, todos los puertorriqueños y todas

las personas sujetas a las leyes de Puerto Rico son iguales

ante

nuestras

leyes

si

se

aprueba

esta

disposición

y

cualquier intento de hacer discrimen en favor o en contra

de una de ellas es ilegal”. Id. Posteriormente, el delegado

González Blanes hizo constar su anuencia con eliminar la

categoría de posición económica del texto propuesto por

entender que la misma estaba comprendida en la categoría de

origen o condición social. Véase id. en la pág. 2245.

CC-2018-0530

20

Específicamente,

el

delegado

indicó

lo

siguiente:

“[n]os satisface la eliminación de ‘posición económica’,

porque entiendo que ahí está incluida la dificultad que

levanta el compañero Reyes Delgado al ponerse más adelante

‘o

condición

posición

social”.

económica

Id.7

fue

Justamente,

eliminada

de

la

la

categoría

propuesta

de

por

entender que la condición social abarcaba esa clasificación.

A pesar de que de los debates de los delegados no surgen

ejemplos

concretos

de

qué

constituye

un

discrimen

por

condición social, las interpretaciones que hemos hecho de

las

distintas

clasificaciones

sospechosas,

incluyendo

aquella que hicimos de la categoría de condición social

en Perez, Roman v. Proc. Esp., supra, develan que cualquier

categoría

protegida

por

la

Constitución

ha

de

ser

-

necesariamente- consustancial a la esencia de la persona

objeto del discrimen y no un producto del libre albedrío o

la voluntad de ésta. Así lo confirman las expresiones de

este Tribunal en Zachry International v. Tribunal Superior:

Con ello se intentan superar y sobrepasar los

accidentes circunstanciales que tengan origen en

la naturaleza o en la cultura. Es evidente que el

sexo, al igual que la raza, constituyen rasgos que

surgen en el ser humano por un simple hecho

fortuito: el nacimiento; éste nada tiene que ver

con la habilidad de la persona de oportunamente

aportar y contribuir a los esfuerzos legítimos de

una sociedad.

Cónsono con esto, al interpretar esta categoría, el

profesor Serrano Geyls señala que la misma está “íntimamente

ligada a la Sec. 20 del Art. II que reconocía varios derechos

económicos

y

sociales”.

R.

Serrano

Geyls,

Derecho

Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, 1ra ed., San

Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1988, Vol. II, pág. 1189.

7

CC-2018-0530

21

Zachry International v. Tribunal Superior, 104 DPR 267, 281–

82 (1975) (énfasis suplido).

De

otra

parte,

las

clasificaciones

adicionales

incorporadas a nuestro ordenamiento por la vía estatutaria

han respondido a consideraciones de política pública que

propenden a la protección de categorías que -como sociedadhemos reconocido merecen mayores salvaguardas contra el

discrimen. En el caso de la Ley Núm. 100, ésta ha sido

enmendada en distintas ocasiones para ampliar su alcance e

incluir nuevas categorías protegidas.

Así, en el 1972, se añadió la categoría de sexo con el

objetivo principal de prohibir el discrimen en contra de las

mujeres que se sumaban en grandes números a la creciente

fuerza laboral. Véase Ley Núm. 50 de 30 de mayo de 1972.

Posteriormente, en el 1983 se añadió el calificativo social

o nacional después a la palabra origen para prohibir el

discrimen por extranjería. Véase Ley Núm. 67 de 3 de junio

de 1983. En el 1997, la Legislatura suprimió la palabra

religión y la sustituyó por la categoría de afiliación

política, ideas políticas o religiosas. Véase Ley Núm. 121

de 13 de septiembre de 1997. Tiempo después, en el 2006, se

añadió la categoría de ser víctima o ser percibida como

víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho con

el fin de proteger a una población cada vez más vulnerable

y demostrar un repudio a la violencia doméstica, cuya cifra

en ese momento alcanzaba 22,635 incidentes anuales. Véase

Exposición de Motivos, Ley Núm. 271 de 17 de diciembre de

2006.

CC-2018-0530

22

De otra parte, en los años 2012 y 2014, se añadieron

las categorías de militar, veterano, y la condición de haber

servido en las fuerzas armadas de los Estados Unidos a la

ley. Ello, por entender que se trataba de una población que

podía ser objeto de discrimen a pesar de haber expuesto sus

vidas en servicio de la milicia. Véanse Ley Núm. 232 de 13

de septiembre de 2012; Ley Núm. 104 de 23 de julio de 2014.

Por último, en el año 2013, se incluyó la categoría de

orientación sexual e identidad de género para “validar el

mandato constitucional para garantizar la dignidad humana y

la igual protección de las leyes, al prohibir utilizar la

orientación sexual y la identidad de género de un ciudadano,

como subterfugio para negar, restringir, limitar, obstruir o

coartar la protección dispuesta en esta Ley”. Exposición de

Motivos, Ley Núm. 104 de 23 de julio de 2014.

De esta manera, pues, durante las últimas seis décadas

a partir de su aprobación, la Ley Núm. 100 que prohíbe el

discrimen en el empleo ha sido enmendada en al menos nueve

ocasiones

para

aclarar

el

alcance

de

las

categorías

protegidas o incluir nuevas categorías en su ámbito de

protección. Ninguna de estas enmiendas ha resultado en la

inclusión de los exconvictos como una categoría protegida

dentro de la fuerza laboral privada.

En múltiples instancias, sin embargo, se han presentado

en la Legislatura proyectos de ley para crear una causa de

acción de discrimen por la condición de exconvicto y ninguno

de ellos ha prosperado. Véanse P. del S. 372 de 8 de marzo

CC-2018-0530

23

de 2017; P. del S. 1212 de 8 de octubre de 2014; P. del S.

1730 de 26 de agosto de 2010. De hecho, el proyecto de ley

más

reciente

ordenamiento

expresamente

jurídico

no

se

dispuso

que

en

nuestro

reconocía

la

condición

de

exconvicto como una categoría protegida bajo la prohibición

del discrimen por condición social.

Específicamente y de gran pertinencia a la controversia

planteada en este caso, en la Exposición de Motivos del P.

del S. 372, presentado con el propósito de crear la Ley

contra el discrimen por condición social de exconvicto se

advirtió lo siguiente:

Por su parte, el Tribunal Supremo de Puerto Rico,

por voz del Juez Asociado Señor Rebollo López,

expresó en el caso de Rosario v. Toyota que “la

condición de ex convictos es un tipo de condición

social protegid[a] por nuestra constitución” y que

no

reconocerlo

“equivaldría

a

negar

que

tradicionalmente en Puerto Rico se ha marcado a

los ex convictos con el “carimbo de la potencial

reincidencia” y se les ha marginado de múltiples

facetas de la sociedad —la laboral, por ejemplo—

a pesar de haber pagado su deuda con la comunidad”.

Sin embargo, debido a los resultados de la

votación final entre los Jueces del Tribunal

Supremo, este caso no fue fuente de derecho

vinculante en cuanto al discrimen por ser

exconvicto se refiere.

Exposición de Motivos del P. del S. 372 de 8 de marzo de

2017, en la pág. 2.

Más allá de la ausencia de un acto afirmativo por parte

de

la

legislatura

convicciones

previas,

para

o

prohibir

incluir

una

el

discrimen

categoría

a

por

esos

efectos, otra legislación vigente revela que la cualidad de

exconvicto sí puede ser considerada por un patrono al momento

de contratar a un empleado. A modo de ejemplo, la Ley para

CC-2018-0530

24

Autorizar a la Policía de Puerto Rico la Expedición de

Certificados de Antecedentes Penales, Ley Núm. 254 de 27 de

Julio de 1974, según enmendada, autoriza la expedición de

certificados de buena conducta por parte de la Policía.8

Al enmendar esta ley para también facultar a la Policía

y

al

Departamento

de

Corrección

y

Rehabilitación

para

expedir un certificado de rehabilitación y capacitación

laboral,

la

legislatura

reconoció

que

la

ley

“facilita

información de extrema importancia a patronos prospectivos,

incluyendo al Estado, sobre el historial personal de sus

empleados,

la

cual

tiene

la

función

de

indicar

razonablemente al patrono sobre la integridad del carácter

Como se adelantó, la Ley para la Administración y

Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de

Puerto Rico, Ley Núm. 8 de 4 de febrero de 2017, a pesar de

prohibir expresamente el discrimen por condición social en

su Sección 2.1, 3 LPRA sec. 1469a, impone los siguientes

requisitos a todo candidato que interese ingresar al

servicio público:

8

e. no haber sido convicto por delito grave o por

cualquier delito que implique depravación moral;

(. . .)

h. no haber sido destituido del servicio público,

ni convicto por los delitos graves o menos graves

que se enumeran en la Sección 6.8 (3) de esta Ley,

en la jurisdicción de Puerto Rico, en la

jurisdicción federal o en cualquiera de los demás

estados de los Estados Unidos de América. Las

condiciones identificadas de la (d) a la (h) no

aplicarán cuando el candidato haya sido habilitado

por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

para ocupar puestos en el servicio público.

3 LPRA sec. 1472c.

Sin lugar a duda, una lectura integrada de estas

disposiciones revela que la legislatura considera que la

cualidad de exconvicto no está subsumida en la categoría de

condición social.

CC-2018-0530

25

de estos, basándose en conducta anterior y pública”. Se

indicó,

además,

que

“[l]a

importancia

de

este

tipo

de

información radica en que los patronos son los responsables

vicariamente por los actos culposos o negligentes de sus

empleados”. Ley Núm. 174 de 11 de agosto de 2011.

El Artículo 4 de la Ley Núm. 254, también establece un

mecanismo para la eliminación de las convicciones luego del

transcurso de un periodo de cinco años y el cumplimiento con

los

siguientes

requisitos:

(1)

no

haber

cometido

otro

delito; (2) tener buena reputación en la comunidad, y (3)

haberse sometido a la muestra requerida por la Ley del Banco

de Datos de ADN. 34 LPRA sec. 1725a-2. De esta manera, la

legislatura

procuró

exconvictos

en

rehabilitación

la

potenciar

fuerza

mediante

la

la

laboral

inserción

de

los

y

su

consiguiente

eliminación

de

convicciones

previas transcurrido el término dispuesto en ley.

A más de una década de la sentencia emitida por este

Tribunal en Rosario v. Toyota, supra, y la irresolución

generada por las expresiones divergentes de los integrantes

de este Tribunal que derivaron de ella, la Rama Legislativa

aún no le ha reconocido una causa de acción por discrimen

laboral a los exconvictos de nuestro País. Por el contrario,

legislación tan reciente como la Ley para la Administración

y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de

Puerto

Rico

prohíbe

la

contratación

de

exconvictos

de

delitos graves. El estigma que resulta de un expediente

criminal en el ámbito laboral es innegable. No corresponde

CC-2018-0530

26

a este Tribunal, sin embargo, establecer por fiat judicial

una categoría protegida que ha sido expresamente descartada

en distintas instancias por la propia Asamblea Legislativa.

La

cualidad

de

exconvicto

de

una

persona

no

está

subsumida en la categoría de origen o condición social

protegida por la Constitución o por la legislación que

prohíbe

el

discrimen

en

el

empleo.

La

situación

o

circunstancia de haber delinquido y haber sido convicto por

los delitos cometidos no está determinada por el origen y

la condición social de una persona. Por el contrario, la

cualidad

de

exconvicto

responde

únicamente

a

un

acto

volitivo y consciente de un ser humano que no es producto

de su naturaleza ni es atribuible a un accidente o a una

causa

fortuita.

Se

trata

más

bien

de

una

cualidad

autoinfligida que no es exclusiva de una clase social o

económica determinada.9 Por tal razón, erraron los foros

recurridos al concluir que la denegatoria de privilegios

médicos al doctor Garib por razón de sus convicciones previas

constituyó el tipo de discrimen por condición social vedado

A nivel federal, se ha propuesto aplicar la doctrina de

impacto dispar (“disparate impact”) bajo el Título VII de

la Ley de Derechos Civiles de 1964 al momento de evaluar si

la cualidad de exconvicto resulta en un discrimen vedado por

esa legislación. En ese sentido, para que se entienda que

se configura un discrimen, será necesario probar que la

cualidad de exconvicto es más prevalente en una de las

categorías protegidas en particular, como por ejemplo la

raza. Véase Tammy R. Pettinato, Employment Discrimination

Against Ex-Offenders: The Promise and Limits of Title VII

Disparate Impact Theory, 98 MARQ. L. REV. 831 (2014); Allan

G. King and Rod M. Fliegel, Conviction Records and Disparate

Impact, ABA Journal of Labor & Employment Law Vol. 26, No.

3 (Spring 2011), en las págs. 405-426.

9

CC-2018-0530

27

en nuestro ordenamiento. En ausencia de una causa de acción

por

discrimen,

procedía

desestimar

su

reclamación

sin

trámite ulterior.10

IV.

Por

los

fundamentos

que

anteceden,

se

revoca

el

dictamen del Tribunal de Apelaciones y se desestima la

reclamación de daños y perjuicios incoada por el doctor

Garib en contra del Hospital. Dado que la denegatoria de

privilegios médicos no constituyó un acto discriminatorio o

En cuanto a los demás señalamientos de error de los

peticionarios, concluimos que -en virtud del dictamen que

antecede- éstos no ameritan revisión por parte de este Foro.

En cuanto al segundo señalamiento de error, conviene aclarar

que las determinaciones de hechos de un tribunal al conceder

o denegar un injunction preliminar no constituyen cosa

juzgada para la resolución de las demás causas de acción que

no son de carácter interdictal. Véase José A. Cuevas Segarra,

Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., Pubs. J.T.S.,

T. V, págs. 1681–1682. En lo que atañe al tercer y cuarto

señalamiento de error, dado que ambos requieren la

interpretación del Health Care Quality Improvement Act,

resulta preciso destacar que dicho estatuto federal se

limita a conferirle inmunidad a aquellos hospitales y

facultativos médicos que participen de un proceso mediante

el cual se le denieguen privilegios médicos a un solicitante.

Para beneficiarse de tal inmunidad, la ley requiere que se

cumplan ciertos requisitos relacionados con el debido

proceso de ley. El incumplimiento con estos requisitos

únicamente acarrea la pérdida de la inmunidad y no crea una

causa de acción independiente para el médico que fue objeto

de evaluación y contra quien se tomó una decisión adversa.

Véase

Tirado-Menendez

v.

Hospital

Interamericano

de

Medicina, 476 F.Supp.2d 79, 80 (D. PR 2007); Brown v. Medical

College of Ohio, 79 F.Supp.2d 840 (N.D. Ohio 1999; Emlich

v. OhioHealth Corp., 2018 WL 1870139 (S.D. Ohio 2018). Si

bien es cierto que en este caso no se cumplieron con los

requisitos dispuestos en la ley federal, ello no implica que

el Hospital violentó el derecho a un debido proceso de ley

del doctor Garib. Los parámetros de debido proceso de ley

con los que se debe cumplir para ser acreedor de la inmunidad

conferida por el Health Care Quality Improvement Act no

constituyen un mínimo irreductible que obliga a las

instituciones hospitalarias.

10

CC-2018-0530

ilegal,

se

extenderle

28

dejan

sin

efecto

los

privilegios

las

órdenes

médicos

y

dictadas

para

revocar

las

notificaciones emitidas al National Practitioner Data Bank.

Se dictará sentencia de conformidad.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Garib Bazaín, Jorge

Recurrido

v.

Hospital Español Auxilio Mutuo

de Puerto Rico, Inc.; Sociedad

Núm. CC-2018-0530

Española de Auxilio Mutuo y

Beneficencia de Puerto Rico,

Inc.; Dr. José A. Isado Zardón

y

la

Sociedad

de

Bienes

Gananciales compuesta con la

Sra. Diana Vigil Vigil

Peticionarios

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 27 de julio de 2020

Por los fundamentos que anteceden, se revoca el

dictamen del Tribunal de Apelaciones y se desestima la

reclamación de daños y perjuicios incoada por el Dr. Jorge

Garib Bazain en contra del Hospital. Dado que la denegatoria

de

privilegios

médicos

no

constituyó

un

acto

discriminatorio o ilegal, se dejan sin efecto las órdenes

dictadas para extenderle los privilegios médicos y revocar

las notificaciones emitidas al National Practitioner Data

Bank.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez

disiente con opinión escrita. El Juez Asociado señor

Estrella Martínez disiente con opinión escrita. El Juez

Asociado señor Colón Pérez disiente con opinión escrita. El

Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo no intervino.

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Jorge Garib Bazaín

Recurrido

v.

CC-2018-0530

Hospital Español Auxilio Mutuo

de Puerto Rico, Inc. y otros

Peticionarios

La Jueza Presidenta ORONOZ RODRIGUEZ emitió una Opinión disidente.

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de julio de 2020

Ante una controversia que requiere interpretar la Carta

de Derechos de nuestra Constitución, procede hacerlo de forma

que garanticemos la vigencia, eficacia, plenitud y amplitud

de los derechos que allí se consagran. Por consiguiente, al

definir

el

contenido

y

alcance

de

la

salvaguarda

constitucional contra el discrimen por condición social -y

de su contraparte estatutaria, en la Ley Núm. 100, infra- no

podemos ser inconsistentes con tales principios ni establecer

límites que destruyan su propósito y finalidad.

A

pesar

de

que

estos

postulados

básicos

guiar nuestro

ejercicio

interpretativo,

este

actúa a

sus

Tribunal

espaldas.

una

Con

debieron

Mayoría

tal

de

acción,

CC-2018-0530

restringe

2

la

garantía

contra

el

discrimen

por

condición social basá ndose en consideraciones ajenas

y

contrarias

a

principios

tan

arraigados

como

la

igualdad esencial de las personas y la inviolabilidad

de

la

dignidad

humana.

Hoy

la

Mayoría

deja

desprotegidos a los exconvictos de delito, un sector

de la población al que se le asigna un estatus social

inferior

como

consecuencia

estigma

con

que

la

de

la

sociedad

marginación

lo

ha

y

el

marcado

históricamente. Rechazo ese curso de acción, pues, en

lugar de fortalecer las garantías constitucionales de

igualdad

y

dignidad

humana,

las

debilita.

una

política

Por

eso,

disiento.

I.

En

Puerto

Rico

existe

pública

vigorosa dirigida a erradicar todo tipo de discrimen

en nuestra sociedad. Santini Rivera v. Serv Air, Inc. ,

137

DPR

1,

12

(1994).

Esta

se

origina

en

la

Constitución de Puerto Rico, cuya primera sección de

su Carta de Derechos establece de manera categórica

que “no podrá establecerse discrimen alguno por motivo

de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición

social,

ni

ideas

políticas

o

religiosas”.

Art.

II,

Sec. 1, Const. ELA, LPRA, Tomo 1 (Énfasis suplido).

Esta prohibición constituye un valor jurídico de la

más alta jerarquía en nuestro ordenamiento. Santini

Rivera v. Serv Air, Inc. , supra, pág. 13 n.4. Tal es

CC-2018-0530

su

3

importancia

que

la

Asamblea

Legislativa

adoptó

legislación que extiende el principio constitucion al

de no discriminación a las relaciones entre personas

privadas. En esta línea, en el ámbito obrero -patronal,

se adoptó la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, 29

LPRA

sec.

146 et

seq.,

conocida

como

Ley

General

contra el Discrimen en el Empleo en Puerto Rico (Ley

Núm. 100). Esta legislación, la cual se aprobó pocos

años después de que se ratificara la Constitución de

Puerto Rico, prohíbe el discrimen en el empleo contra

trabajadores o solicitantes de empleo basado en una

serie de categorías o cualidades q ue se identifican

en

el

estatuto,

a

saber:

edad,

raza,

color,

sexo,

orientación sexual, identidad de género, origen social

o

nacional,

ideas

condición

políticas

percibida

como

agresión

sexual

o

social,

religiosas,

víctima

o

afiliación

ser

política,

víctima

o

ser

de

violenci a

doméstica,

ser

militar

exmilitar,

acecho,

o

servir o haber servido en las Fuerzas Armadas de los

Estados Unidos o ser veterano. 29 LPRA sec. 146.

Como

se

observa,

muchas

de

estas

categorías

corresponden con la cláusula antidiscrimen d e nuestra

Constitución. Esto se debe a que la Ley Núm. 100,

supra,

tuvo

alcance

de

laboral

y

como

ese

objetivo

postulado

proteger

la empresa privada contra

principal

extender

constitucional

a

todo

los

tipo

al

empleados

de

el

campo

de

discrimen.

CC-2018-0530

4

Santini Rivera v. Serv. Air, Inc. , supra, pág. 4. En

otras

palabras,

a

través

de

esta

legislación,

la

Asamblea Legislativa formuló ciertos remedios para

poner

en

vigor

contexto

Corp.,

la

cláusula

obrero-patronal.

155

DPR

364,

380

antidiscrimen

Díaz

(2001)

v.

Wyndham

(citando

a

en

el

Hotel

García

Pagán v. Shiley Caribbean, etc. , 122 DPR 193, 198

(1988)).

Además,

ratificó

el

principio

constitucional de esencial igualdad humana, el cual

sirve de base a la cláusula antidiscrimen. Díaz v.

Wyndham Hotel Corp. , supra, pág. 380.

En

lo

pertinente,

al

igual

que

nuestra

Constitución, una de las modalidades de discrimen que

proscribe la Ley Núm. 100, supra, es la de condición

social. La controversia ante nosotros exige definir

tal modalidad y determinar si esa categoría protege

a las personas convictas de delito. Esta encomienda

exige considerar la naturaleza y características de

nuestra

Carta

de

Derechos,

los

principios

o

postulados básicos en los que se cimenta y las normas

que deben guiar su interpretación.

En primer lugar, hemos reconocido que en Puerto

Rico “se quería formular una Carta de Derechos de

factura más ancha que la tradicional, que recogiese

el

sentir

común

de

culturas

diversas

sobre

nuevas

categorías de derechos”. Pueblo v. Figueroa Navarro,

104 DPR 721, 725 (1976) (citando a ELA v. Hermandad

CC-2018-0530

5

de Empleados , 104 DPR 436, 440 (1975)). Es por eso

que tanto la Declaración Universal de los Derechos

Humanos como la Declaración Americana de los Derechos

y

Deberes

del

significativa

Hombre

en

la

ejerciero n

redacción

de

una

influencia

nuestra

Carta

de

Derechos. Íd. El resultado de esa influencia fue la

adopción

de

liberales,

“una

más

de

las cartas de derechos más

generosas

y

más

auténticamente

democráticas

del

mundo ”.

Pueblo

v.

Santiago

Feliciano,

DPR

361,

(1995)

(Juez

Asociado

Rebollo

139

López,

original).

Opinión

Cónsono

436

disidente)

con

la

(Énfasis

naturaleza

en

el

liberal

y

abarcadora que caracteriza los derechos consagrados

en la Carta de Derechos, la Sec. 19 del Art. II de

la

Constitución

de

Puerto

Ri co,

LPRA,

Tomo

1,

establece un canon para su interpretación y señala,

en

lo

pertinente:

antecede

no

se

“La

enumeración

entenderá

en

de

forma

derechos

que

restrictiva

ni

supone la exclusión de otros derechos pertenecientes

al

pueblo

en

una

democracia,

y

no

mencionados

específicamente”.

Con relación a esta sección, la Comisión de la

Carta

de

Derechos

de

expresó

que

tiene

derechos

del

individuo

la

como

Convención

objetivo

contra

una

Constituyente

“ proteger

los

interpretación

restrictiva”. 4 Diario de Sesione s de la Convención

Constituyente 2576 (1961) (Énfasis suplido). También

CC-2018-0530

6

explicó que, en aras de alcanzar ese objetivo, la

Constitución

está

redactada

en

términos

amplios

y

utiliza un lenguaje breve para enunciar los grandes

principios que recoge, en lugar de una formulación

minuciosa de detalles. Íd. Por su parte, durante la

Convención Constituyente, el delegado Jaime Benítez,

quien fuera presidente de la Comisión que red actó la

Carta de Derechos, expuso que, conforme a la Sec. 19

del Art. II de la Constitución, “en la interpretación

de

estos

derechos,

no

restrictiva,

sino

interpretará

en

Diario

Sesiones,

de

que

su

se

por

seguirá

lo

por

Constitución

estamos

actitud

contrario,

plenitud” .

consiguiente,

una

(Énfasis

supra,

pág.

disposi ción

se

suplido)

1105.

expresa

obligados

a

las

Por

de

la

realizar

una

interpretación liberal y expansiva de los derechos

individuales que contiene la Carta de Derechos –en

lugar de una limitativa y restrictiva – con el fin de

darles plenitud.

En segundo lugar, es indispensable recordar cuál

es el principio rector y el pilar fundamental de los

derechos individuales que reconoce la Constitución

de Puerto Rico. La Carta de Derechos comienza con el

enunciado

claro

y

terminante:

“[l]a

dignidad

ser

humano es inviolabl e”. Art. II, Sec. 1, Const. ELA,

supra.

El

principio

de

la

inviolabilidad

de

la

dignidad humana es un “principio fundamental y rector

CC-2018-0530

de

respeto

7

hacia

todo

individuo”.

Díaz

v.

Wyndham

Hotel Corp., supra, pág. 379. Previo a la aprobación

de la Constitución, este derecho no contaba con un

reconocimiento expreso en nuestro ordenamiento, sino

que formó parte del grupo de derechos de naturaleza

social y económica que la Constitución introdujo en

nuestra jurisdicción. García v. Aljoma, 162 DPR 572,

581 (2004). La

inclusión de este y otros derechos

“respondió al entendimiento de que para el tiempo en

que la Constitución de Puerto Rico se adoptó, los

puertorriqueños

que

tenían

fe

habían

en

los

demostrado

valores

persistentemente

fundamentales

de

la

tradición liberal, en la libertad y en la dignidad

del

individuo

como

último

punto

de

referencia

valorativa para la organización social” Íd., pág. 582

(Énfasis

suplido).

Según

afirmó

el

delegado

Benítez en la Convención Constituyente:

Esta es la piedra angular y b ásica de la

democracia. En ella radica su profunda

fuerza y vitalidad moral. Porque antes que

ninguna otra cosa, es la democracia una

fuerza

moral,

y

su

moral

radica

precisamente en el recon ocimiento que hace

de la dignidad del ser humano, del alto

respeto que esa dignidad merita y la

responsabilidad en consecuencia que tiene

todo el orden constitucional de descansar

en ella, protegerla y defenderla. Por eso

en nuestra primera disposición ade más de

sentar

inicialmente

esta

base

de

la

igualdad profunda del s er humano—igualdad

que trasciende cualquier diferencia, bien

sea

diferencia

biológica,

bien

sea

diferencia ideológica, religiosa, política

Jaime

CC-2018-0530

8

o cultural —por encima de tales diferencias

está el ser humano en su profunda dignidad

trascendente. Y por eso decimos que el

sistema

de

leyes

y

el

sistema

de

instrucción

pública

habrán

ambos

de

encarnar

estos

principios

válidos

y

eternos. Diario de Sesiones, supra, pág.

1103 (Énfasis suplido).

Cónsono co n lo anterior, todos los derechos que

la Carta de Derechos de nues tra Constitución reconoce

y protege responden al principio fundamental de que

la

dignidad

del

ser

humano

es

inviolable.

Toll

y

Sucn. Rivera Rojas v. Adorno Medina , 130 DPR 352, 373

(1992)

(Juez

Asociado

Fuster

Berlingeri,

Opinión

disidente). Es por eso que toda interpretación de la

Carta de Derechos se debe hacer en consideración y a

la luz del derecho a la dignidad y su inviolabilidad,

pues este es el pilar que sirve de base a los demás

derechos que allí se consagran.

II.

Ahora bien, existe otro principi o cardinal que

permea

todas

las

disposiciones

de

la

Carta

de

Derechos y que tiene una relevancia particular: el

principio de igualdad ante la ley. El principio de

igualdad

esencial

surge

como

consecuencia

del

principio de dignidad, por lo cual están íntima mente

atados. Diario de Sesiones, supra, pág. 2561. Este

también se incluye en la primera sección de la Carta

de

Derechos

y,

no

por

casualidad,

precede

CC-2018-0530

9

inmediatamente a la prohibici ón del discrimen. Así,

en la parte pertinente, la disposición constituciona l

lee:

“[t]odos

los

hombres

[y

mujeres]

son

iguales

ante la Ley. No podrá establecerse discrimen alguno

por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen

o

condición

social,

religiosas”.

ni

id eas

políticas

o

Art. II, Sec. 1, Const. ELA, supra.

El derecho constitucional a la igual protección

de

las

leyes

se

activa

cuando

el

Estado

“crea

clasificaciones entre grupos, discriminando a unos

frente a otros”. Berberena v. Echegoyen , 128 DPR 864,

878

(1991).

De

ahí

su

relación

estrecha

con

la

prohibición del discrimen. Al examinar su aplicación

en casos concretos, hemos precisado cuándo un trato

desigual constituye el discrimen que la Constitución

prohíbe.

Así,

hemos

resuelto

que

no

to da

discriminación viola el principio de igualdad, ya que

las

normas

que

lo

nu tren

no

exigen

que

todos

los

ciudadanos reciban un trato igual, sino que prohíben

un

tratamiento

irrazonable

u

prohibición

desigual

odioso .

de

Íd.

todo

circunstancia

personal

exclusión

cualquier

de

injustificado,

En

otras

palabras,

discrimen

por

o

no

social,

indebido,

“la

cualquier

implica

la

entre

las

diferenciación

personas por su condición sino aquellas que carecen

de

justificación

Román,

125

DPR

objetiva ”.

218,

234

Almodóvar

(1990)

(Énfasis

v.

Méndez

suplido).

CC-2018-0530

También

discrimen

10

hemos

reconocido

ilegal

“cuando

la

existencia

de

un

alguna

persona

sufre

una

desigualdad por prejuicio o por arbitrariedad, sin

que exista un fundamento razonable para la falta de

trato igual”. Meléndez v. Asoc. Hosp. del Maestro ,

156

DPR

828,

845

(2002)

(Énfasis

suplido).

Como

complemento de lo anterior, resulta imprescindible

mencionar que:

[h]ay áreas en las cuales, por su tangencia

con la dignidad humana y con el principio de

que todo el mundo es igua l ante la ley , toda

clasificación es inherentemente sospechosa y

está sujeta al más minucioso examen judicial.

Estas áreas incluyen las clasificaciones o

discrímenes por motivo de raza, color, sexo,

nacimiento, origen o condición social , ideas

políticas

o

religiosas

y

nacionalidad”

proscritos

constitucionalmente.

Wackenhut

Corp. v. Rodríguez Aponte, 100 DPR 518, 531

(1972) (Énfasis suplido).

Estas clasificaciones se denominan sospechosas

“porque frecuentemente la característica en que se

basa

la

clasifica ción

no

guarda

relación

con

la

habilidad o aptitud de las personas afectadas por la

clasificación”.

Superior,

104

Zachry

DPR

267,

International

277

n.9

v.

Tribunal

(1975)

(Énfasis

suplido). Una clasificación sospechosa puede basarse

en una cualidad o rasgo congénito o inmutable de las

personas,

esas

pero

no

tiene

características.

que

Véase

poseer

necesariamen te

De

Lisk

Paz

v.

Aponte

Roque, 124 DPR 472 (1989) (reconociendo que, aunque

la

clasificación

en

controversia

no

revelaba

a

CC-2018-0530

primera

11

vista

constituía

relación

rasgos

una

con

congén itos

clasificación

lo

anterior,

o

inmutables,

sospechosa).

resulta

En

patentemente

relevante el comentario de la Comisión de la Carta

de Derechos de la Convención Constituyente en torno

a la Sec. 1 del Art. II de nuestra Constit ución:

[l]a igualdad ante la ley queda por encima

de accidentes o diferencia s, bien tengan su

origen en la naturaleza o en la cultura . Todo

discrimen o privilegio contrario a esta

esencial igualdad repugna el sistema jurídico

puertorriqueño . En cuanto fuera menester

nuestra organización legal queda robustecida

por la presente disp osición constitucional,

a

la

vez

que obligada

a

ensanchar

sus

disposiciones para dar plena realización a lo

aquí dispuesto. (Énfasis suplido). Diario de

Sesiones, pág. 2561.

Como se puede colegir de esa cita, el discrimen

que prohíbe nuestra Constitució n se extiende no solo

a

las

características

origen

en

la

o

naturaleza

consustanciales

a

la

diferencias

y

que

persona

son

sino

que

tienen

su

congénitas

o

también

a

las

diferencias que se originan en la cultura. En otras

palabras,

la

protección

constituciona l

contra

el

discrimen abarca aquel con base en las difere ncias

entre personas o grupos que la sociedad crea a raíz

de sus creencias y valores y que son arbitrarias e

irrazonables. Por lo tanto, un elemento importante

de

toda

clasificación

sospechosa

es

que

“tiende

a

relegar a un estado legal de inferioridad a una clase

CC-2018-0530

con

12

abstracción

características

Zachry

de

las

potencialidades

individuales

International

v.

de

sus

Tribunal

y

miembros ”.

Superior ,

supra,

pág. 282 (Énfasis suplido). Es decir, responden “ a

un propósito de hostilidad contra determinado grupo ”.

De Paz Lisk v. Aponte Roque , supra, pág. 488 (Énfasis

suplido).

Al examinar las categorías que se incluyeron en

la Constitución de Puerto Rico, podemos comprobar que

todas comparten las características a ludidas. Ello

responde

a

que

estas

reflejan

las

cara cterísticas

determinantes de las clasificaciones o categorías que

ofenden

la

principios

que

una

Constitución

de

dignidad

categoría

o

por

e

ser

contrarias

igualdad

humana.

clasificación

a

los

Así,

el

compa rta

esas

características o afecte un derecho fundame ntal debe

ser

suficiente

constitucional

para

que

contra

el

aplique

la

garantía

discrimen.

Procede

descartar cualquier otra consideración que tienda a

limitar el alcance de ese derecho constitucional así

como

cualquiera

otra

que

enerve

los

principios

de

igualdad y dignidad humana.

Conscientes

de

estos

principios

rectores,

definamos el contenido y alcance del discrimen por

condición

social

a

tenor

de

las

garantías

mínimas

constitucionales que consagra nuest ro ordenamiento.

III.

CC-2018-0530

El

social

13

significado

es

algo

del

discrimen

enigmático,

pues

por

tal

condición

categoría

o

clasificación no se encontraba en el texto original

que la Comisión de la Carta de Derechos propuso a la

Convención Constituyente. La versión original de la

Sec. 1 del Art. II de la Constitución de Puerto Rico

prohibía

el

discrimen

nacimiento,

origen

por

“raza,

social,

ideas

color,

sexo,

políticas

o

religiosas”. Diario de Sesiones, supra, pág. 2561.

Sin

embargo,

durante

el

debate

del

proyecto

constitucional, el delega do Sr. Padrón Rivera propuso

que la sección se enmendara para incluir las palabras

“o

condición”

disposición

después

de

origen,

constitucional

de

leyera

modo

que

la

“origen

o

condición social”. Diario de Sesiones, supra, pág.

1381 (1961). La enmienda se ap robó sin mediar debate

o comentarios entre los delegados. Íd. Sin embargo,

posteriormente el delegado Fernández solicitó que se

le

aclarara

la

forma

en

que

el

derecho

a

no

ser

discriminado por origen o condición social se podía

hacer

valer.

Ante

esta

inter rogante

el

delegado

Benítez señaló, en lo pertinente:

En lo que respecta al sistema jurídico y en

esto

se

refiere

a

la

totalidad

de

la

estructura legal del país, se subraya la

inconstitucionalidad de todo favoritismo. Y

todo reconocimiento a distinción ha brá de

estar motivado por mérito, por virtud, por

esfuerzo, por talento. En lo que toca a qué

es lo que se quiere decir con origen social,

CC-2018-0530

14

quiérese decir con origen social, que no

importa la extracción de la persona , su

situación eco nómica, su condición en la

comunidad, todos los puertorriqueños y todas

las personas sujetas a las leyes de Puerto

Rico son iguales ante nuestras leyes si se

aprueba esta disposición y cualquier intento

de hacer discrimen en favor o en contra de

una de ellas es ilegal. Diario de Sesiones,

supra, pág. 1382 (1961).

La

explicación

complementa

que

los

brindó

el

comentarios

de

delegado

la

Benítez

Comisión

de

la

Carta de Derechos en torno a qué constituye origen

social. Al respecto la Comisión expuso que “[e]sta

expresión

reafirma

el

principio

gradación,

favoritismo

o

de

prejuicio

descartar

toda

al

los

sopesar

méritos de una causa judicial, de una solicitud en

el

servicio

motivos

de

público,

origen

o

de

una

subasta,

etc.,

por

condición

social ”.

Diario

de

Sesiones, supra, pág. 2562 (Énf asis suplido).

Salvo

estas

expresiones

breves,

el

Diario

de

Sesiones de la Convención Constituyente no contiene

debates

o

discrimen

comentarios

por

condición

sobre

el

social.

significado

del

No

el

obstante,

examen del debate existe nte y la aplicación de los

principios

ge nerales

que

expusimos

sobre

la

interpretación liberal de los derechos individuales,

obliga

a

concluir

que

la

cláusula

antidiscrimen

persigue dar plenitud a las garantías de dignidad e

igualdad humana.

CC-2018-0530

15

Primeramente

palabras

“o

condición

destacamos

condición”

social,

considerablemente

para

abarcadora.

El

crear

la

categoría

de

alcance

discrimen

es

las

el

modalidades

esta

insertar

constituyentes

Esto

prohíbe,

al

los

antidiscrimen.

de

que,

se

debe

la

que

más

término

a

expandieron

de

la

que,

de

cláusula

todas

las

nues tra

Constitución

amplia,

dinámica

y

sí,

su

condición

en

por

amplitud, permite insertar múltiples categorías bajo

esta

modalidad;

esto,

a

diferencia

del

concepto

origen, el cual tiene un significado más limitad o.

En segundo lugar, la discusión sobre el concepto de

condición social permite deducir que se adoptó para

brindar

protección

en

múltiples

contextos

y

situaciones, pues se describió en términos generales,

sin

aludir

a

las

subcategorías

particulares

que

podrían estar subsumidas en él. Por consigu iente, le

corresponde a este Alto Foro, como máxime interprete

de

la

Constitución,

contenido.

precisar

Finalmente,

del

sus

contornos

historial

de

y

la

disposición en controversia se desprende que, aunque

amplio, su alcance no es ilimitado. Conforme explicó

el delegado Fuster, la prohibición del discrimen por

condición

social

diferenciales

protege

a

las

injustificados

personas

cuando

de

tratos

estos

están

basados en su situación económica o en su condición

en la comunidad. Se infiere, pues, que el discrimen

CC-2018-0530

16

por condición social responde a factores sociales o

económicos.

De

manera

más

particular,

de

las

expresiones del delegado Fuster se puede colegir que

la garantía contra el discrimen por condición social

protege a las personas que son discriminadas por su

estatus económico y/o por su estatus social. J. R.

Roqué

Velázquez,

Apuntes

hacia

una

definición

del

discrimen por “origen o condición social” en Puerto

Rico, 39 Rev. Jur. UIPR 183, 189 (1992) (“Existen dos

vertientes

del

discrimen

por

origen

o

condición

social; la primera, en que no se puede discriminar

por

origen

o

procedencia

social

individuo,

y

la

por

segunda,

o

económica

condición

o

del

estatus

social o económica del individuo”) (Comillas internas

omitidas).

En

este

refiere

una

situación

a

contexto,

estatus

especial

en

social

se

la

se

que

encuentra una persona o grupo en relación con las

demás

personas

que

componen

la

sociedad.

Esta

interpretación es consistente con el principio que

exige que los derechos individua les se interpreten

liberalmente, pues lo s conceptos estatus económico y

estatus social son suficientemente amplios como para

garantizar

la

protección

de

los

principios

de

igualdad y dignidad humana.

Ahora bien, esta conclusión no culmina nuestro

análisis.

Ante

la

amplitud

que

necesariamente

conlleva el discrimen por condición social —aun si

CC-2018-0530

lo

17

concebimos

social

o

y

definimos

económico —

en

términos

procede

de

estatus

establecer

una

metodología y ciertos parámetros para determinar la

aplicabilidad del discr imen por condición social a

hechos y cir cunstancias particulares. A esos fines,

el profesor José R. Roqué Velázquez propone que se

utilice

como

esquema

de

análisis

la

teoría

o

principio de la antisubyugación. Íd., pág. 197. Según

explica, “[e]ste se dirige a romper con los sistemas

de subordinación […] que tratan a algunas personas

como ciudadanos de segunda clase” y su valor medular

“es que todas las personas son iguales o tienen igual

valor”. Íd. Bajo este esquema, existirá protección

contra

el

discrimen

en

la

modalidad

de

origen

o

condición so cial si se satisfacen tres requisitos:

(1)

“la

sociedad

clasificación

o

en

general

connotación

le

atribuye

negativa,

ya

sea

una

por

mitos, ignorancia o prejuicios , a los miembros de ese

grupo, clase o individuos”; (2 ) “a ese grupo, clase

o

individuos,

se

le

ha

sometido

históricamente

a

un grado convincente de opresión en la sociedad ”, y

(3)

“debe

demostrarse

evidencia

del

perjuicio

o

agravio”. Íd., págs. 197 -198 (Énfasis suplido). Para

satisfacer el tercer requisito, la persona que alegue

ser víctima de discrimen debe aportar evidencia de

un perjuicio o agravio actual, la cual puede ser “en

términos de negación de empleo a la persona, negación

CC-2018-0530

de

18

servicios

injustos

públicos

que

se

le

o

beneficios,

ofrezcan

a

privilegios

otras

personas

igualmente situadas, et c.”. Íd., pág. 198 (Énfasis

suplido).

Como

se

establece

puede

el

apreciar,

modelo

de

enteramente

compatibles

pronunciamientos

sobre

las

los

parámetros

antisubyugación

con

que

son

nuestros

características

de

las

clasificaciones sospechosas y el tipo de di scrimen

que está vedado por nuestra Constitución. Según se

expuso, el trato desigual que condena la Constitución

de Puerto Rico es aquel que se basa en diferencias

cuyo origen es la naturaleza o la cultura y que es

arbitrario,

injustificado,

Además,

considera

se

irrazonable

particularmente

u

odioso.

repugnante

aquel que se basa en una clasificación que no guarda

relación con la habilidad o aptitud de las personas

que

la

componen

inferioridad

a

potencialidades

y

que

una

y

relega

clase

sin

características

a

un

estado

de

considerar

las

individuales

de

sus miembros. Estas clasificaciones, en lugar de ser

objetivas, responden a la hostilidad contra un grupo

determinado. El modelo propuesto permite identificar

discrímenes

ba sados

en

esas

consideraciones

en

el

contexto del discrimen por condición social, ya que

se enfoca en identificar grupos o individuos a los

que se les ha atribuido una connotación negativa en

CC-2018-0530

19

la sociedad y, a causa de ello, se les ha relegado a

un

estado

de

identificar

inferioridad.

tratos

También

desiguales

se

enfoca

subjetivos

que

en

son

producto de la hostilidad hacia un grupo determinado

y que tienen su origen en la cultura al fundamentarse

en prejuicios y mitos sociales. Por consiguiente, su

adopción

re sulta

aplicación

apropiada

produciría,

consistentes

con

los

y

aconsejable.

indudablemente,

postulados

de

Su

resultados

igualdad

y

dignidad humana que sirven de base a la prohibición

del discrimen en nuestro ordenamiento.

IV.

Tras

definir

qué

condición

social

y

determinar

cómo

determinar

si

criminales

previas

constituye

establecer

aplica

las

caso

personas

tienen

el

la

discrimen

por

metodología

para

a

caso,

con

derecho

procede

convicciones

a

que

se

les

proteja constitucional y e statutariamente bajo esta

modalidad de discrimen. Las personas con antecedentes

penales o convicciones previas satisfacen fácilmente

cada uno de los requisitos para ser acreedores de la

protección.

En primer lugar, a las personas que delinquen se

les atribuye una connotación negativ a en la sociedad

—es decir, se les condiciona socialmente — ya que se

les cataloga como criminales y delincuentes, de lo

cual no se liberan incluso después de cumplir la pena

CC-2018-0530

20

que se les impuso. Por otro lado y con relación a lo

anterior,

a

socialmente

los

en

lo

exconfinados

“se

les

más

la

jerarquía

bajo

de

enfoca

o

estratificación, ya sea social o económica”. Roqué

Velázquez, supra, pág. 198.

En

segundo

lugar,

“los

exconfinados

[…]

demuestran que en su historia grupal o individ ual han

sido

sometidos

a

un

g rado

convincente

de

opresión

social”. Íd. Debido al estigma del que son objeto, a

las

personas

dificulta

coartadas

con

conseguir

y

antecedentes

empleo

limitadas

y,

penales

se

les

forma,

ven

oportunidades

de

de

sus

esa

reintegrase efectivamente en la socied ad. Además, por

el trato diferencial que reciben “[s]u oportunidad

de

movilidad

social,

política

y

económic[a]

es

irreal. Se convierten en una clase sin poder y sin

modos

de

influir

en

el

poder

a

favor

de

sus

semejantes. Todo e llo a pesar de que se cumplie ra con

la sanción penal impuesta”. Íd. En tercer y último

lugar, el perjuicio y agravio actuales se establecen,

precisamente,

por

la

negación

de

empleo

y

oportunidades a la que se enfrentan los exconvictos

por el solo hecho de poseer antecedentes penales. Esa

es, a fin de cuentas, la alegación principal en este

caso.

En consideración a lo anterior, se debe concluir

que

las

personas

con

convicciones

criminales

CC-2018-0530

21

satisfacen los requisitos para que se les aplique la

garantía contra el discrimen por condición s ocial.

Debido

a

los

prejuicios

y

estigmas

culturales

y

sociales con que se les asocia, a estas personas se

les impone o asigna un estatus social inferior al del

resto. Esto las hace acreedoras de protección. No hay

duda de que el trato desigual basado en e stereotipos,

prejuicios y estigmas tiene su origen en la cultura

o

en

la

sociedad

consideraciones

justifiquen

su

y,

como

objetivas

existencia.

tal,

y

En

es

ajeno

razonables

otras

a

que

palabras,

los

prejuicios y estigmas se con traponen a, y anulan, la

objetividad y razonabilidad de la clasificación.

La

interpretación

del

texto

de

nuestra

Constitución conduce a la conclusión inequívoca de

que

el

discrimen

contra

las

personas

que

poseen

antecedentes penales está subsumido en la categoría

de discrimen por con dición social. No obstante, la

Mayoría

avala

un

resultado

distinto.

Esto,

al

insertar en el análisis interpretativo del discrimen

por condición social unas consideraciones que no son

determinantes al evaluar si una clasificación o trato

desigual ofende la Constitución. Particularmente, la

Mayoría

concentra

su

análisis

en

que

las

personas

convictas criminalmente adquieren esa cualidad como

consecuencia de un acto voluntario y concluye que,

por lo tanto, estas no tienen derecho a la protección

CC-2018-0530

contra

el

22

discrimen

por

condición

social,

ya

sea

constitucional o estatutariamente. No comulgo con esa

conclusión.

Por una parte, al enfrentarnos a controversias

donde

la

validez

de

una

clasificación

está

en

entredicho o donde se alegue que una clasificación

es sospechosa, no debemos enfocar el análisis en la

voluntariedad o espontaneidad con que se ha adquirido

la cualidad o característica a base de la cual se

discrimina. Aunque varios rasgos protegidos mediante

las

categorí as

que

establece

la

Constitución

se

adquieren de manera fortuita o involuntaria, ello no

es un elemento o requisito medular o indispensable

para

que

una

protección

clasificación

constitucional.

o

trato

El

desigual

enfoque

tenga

debe

ser

evaluar si la clasi ficación o distinción que se hace

es

objetiva

y

razonable

o

si,

por

el

contrario,

ofende los principios de dignidad e igualdad humana

por establecerse con abstracción de las habilidades

y aptitudes de las personas que son objeto del trato

desigual o con un propósito de hostilidad hacia un

grupo determinado. Ese debe ser el factor rector y

medular, pues solo de esa manera damos eficacia y

plenitud

a

los

principios

de

dignidad

e

igualdad

humana en los cuales se fundamenta la prohibición del

discrimen. No se d ebe adoptar una visión que limite

el

alcance

de

los

derechos

individuales

y

que

no

CC-2018-0530

23

tenga como eje garantizar el respeto de la esencial

igualdad

de

todo

ser

humano,

así

como

la

inviolabilidad de su dignidad. Restringir el alcance

de la protección contra el discrimen por condición

social basándose en qu e la característica o cualidad

que

condiciona

a

una

persona

en

la

sociedad

se

adquirió como consecuencia de un “acto voluntario”

conlleva

ignorar

el

postulado

básico

de

que

la

dignidad del ser humano es inviola ble. Máxime cuando

la clasificación en casos c omo el que nos ocupa es

odiosa, no tiene una base objetiva y peor aún, tiene

un origen histórico en condiciones que perpetúan la

marginación

y

la

pobreza

de

un

sector

de

la

población. Asumir el criterio mayorit ario implicaría

validar que las personas con a ntecedentes penales son

merecedoras del trato desigual que reciben, ya que

este es producto “de sus malas decisiones” y además

que no tienen derecho a rehabilitarse, a pesar de que

existe un mandato constitucio nal que exige al Estado

fomentar

la

rehabilita ción

moral

y

social

de

los

convictos de delito. Art. VI, Sec. 19, Const. ELA,

supra.

Esa

percepción

concepción

de

la

choca

directamente

inviolabilidad

de

la

con

la

dignidad

humana. Una convicción penal no red uce la dignidad

de la persona convicta ni just ifica que se discrimine

en

su

contra

por

razón

del

estigma

asociado

a

la

CC-2018-0530

24

convicción.

En

resumen,

limitar

el

contenido

y

significado del discrimen por condición social a base

de

las

consideraciones

que

forzar

una

distinción

contraria

espíritu

y

propósito.

Tal

huérfanos

de protección,

la

Mayorí a

a

propone

su

verdadero

interpretación

precisamente,

“es

a

dejaría

los

más

desvalidos”. Báez Cancel v. Alcalde Mun. de Guaynabo ,

100 DPR 982, 987-988 (1972).

Por otra parte, considero que la Mayoría ignora

que la condición que una persona tiene en la sociedad

no es, necesariamente, consecuencia directa de sus

actos.

Por

creencias

el

y

determinan

contario,

valores

la

muchas

sociales

posici ón

de

veces

y

responde

culturales

las

personas

en

a

que

la

estratificación socia l. En el caso de las personas

con convicciones criminales, lo que las condiciona

en la sociedad no es el hecho en sí de poseer una

convicción, sino el estigma y prejuicio cultural y

social

que

se

les

atribuye

a

las

personas

que

comparten esa característica . Sin el estigma que está

atado

a

la

condicionaría

convicción

a

las

penal

personas

esta

cualidad

socialmente

y

no

no

se

consideraría una clasificación basada en la condición

social de la persona.

Más

estudios

aun,

no

indican

podemos

que

ignorar

existe

una

que

múltiples

relación

directa

entre la clase socioeconómica a la que se pertenece

CC-2018-0530

y la

25

probabilidad

de

ir

a

la cárcel

cuando se

es

imputado de un crimen. Es decir, se ha demostrado que

los

pobres,

entran

en

criminal

alta,

las

person as

contacto

con

una

con

negras

el

por

no

otras

sistema

frecuencia

precisamente

y

de

minorías

justicia

desproporcionadamente

contar

con

los

recursos

económicos y/o por el color de su piel. No se trata

de

algo

opcional,

sino

que

su

e ntorno

social

los

encierra en un círculo vicio so del cual es sumamente

difícil salir. Anthony V. Alfieri, Black, Poor, and

Gone: Civil Rights Law ’s Inner-City Crisis, 54 Harv.

C.R.-C.L.

L.

Rev.

629,

634

(2019);

Why

Inequality

Matters for Criminology and Cr iminal Justice, Paul’s

Justice

Blog (Aug

2,

2014);

Paul

D.

Butler,

Poor

People Lose: Gideon and the Critique of Rights, 122

Yale L.J. 2176 -2204 (2013).

Por

todo

lo

anterior,

reafirmo

que

procede

concluir que el discrimen por convicciones previas

está

subsumido

en

la

categoría

de

discrimen

por

condición social. Esta conclusión no solo es cónsona

con los principios de dignidad e igualdad humana y

el canon de interpretación constitucional que exige

una

interpretación

constitucionales

liberal

individuales,

de

sino

los

que

derechos

también

concuerda con la política pública de la Ley Núm. 100,

supra, que “es cónsona con nuestra aspiración social

de

crear

un

sistema

jurídico

que

fomente

CC-2018-0530

26

la igualdad de

los

individuos”. Ramos

Pérez

v.

Univisión, 178 DPR 200, 222 (2010) (Énfasis suplido).

Es por eso que hemos est ablecido que, al definir el

alcance de la Ley Núm. 100, supra, se debe tomar en

consideración

trabajadora

su

objetivo

contra

el

de

proteger

discrimen

en

a

el

la

masa

empleo

e

interpretar sus disposiciones siempre de la manera

más

favorable

al

empleado

o

so licitante.

Díaz

v.

Wyndham Hotel Corp., supra, págs. 381-382 (Énfasis

suplido).

Interpretar

que

el

discrim en

por

convicciones previas es una modalidad de discrimen

por

condición

social

es

consistente

con

estos

principios.

Por consiguiente, contrario a l o que la Mayoría

resuelve,

la

Ley

Núm.

100,

supra,

prohíbe

a

todo

patrono rehusar o dejar de emplear a un solicitante

o

despedir,

suspender

o

discriminar

contra

un

empleado con relación a su sueldo y condiciones de

trabajo únicamente por el hecho de que el solicitante

o empleado fue convicto criminalmente . Conforme al

esquema de esa legislación, el solicitante o empleado

que sufre este tipo de discrimen está legitimado para

presentar una acción sobre daños y perjuicios contra

el patrono discriminante. 26 LP RA sec. 146.

Ahora bien, es necesario reconocer que el derecho

de

una

persona

convicciones

a

previas

no

ser

en

discriminada

ocasiones

por

sus

colisiona

con

CC-2018-0530

27

derechos

fundamentales

personas

o

con

ejemplo,

el

derecho

contraponerse

seguridad

otras

del

patrono

intereses

a

de

Estado.

terceras

A

modo

la

no

discriminación

derechos

e

intereses

pública;

a

del

o

el

poblaciones

bienestar

de

igualmente

la

de

podría

como:

niñez

“la

y

vulnerables;

de

la

erradicación y prevención del crimen, y la protección

de

los

intereses

propietarios

nuestros

ciudadanos ”.

Puerto

166

Rico ,

DPR

y

Rosario

1,

27

libertarios

Díaz

(2005).

v.

Toyota

Estos

de

de

valores

podrían ser, en determinadas circunstancias, de igual

o

incluso

mayor

envergadura

y

jerarquía

que

el

derecho a la no discrimin ación. Ante tal situación,

es necesario “realizar un adecuado balance entre tal

protección

a

los

empleados

y

el

valor

e

interés

patronal […]”. Díaz v. Wyndham Hotel Corp. , supra,

pág. 382 (Énfasis en el original). En su Opinión de

conformidad en Rosario Díaz v. Toyota de Puerto Rico ,

supra —donde este Foro abordó la misma controversia

que hoy enfrentamos sin lograr alcanzar una solución

que sentara un precedente — el Juez Asociado Rebollo

López sugirió que, para atender el choque de derechos

y

establecer

un

balance

estableciera

una

se rie

de

adecuado

factores

entre

que

ellos,

el

se

patrono

podía considerar al momento de determinar si concedía

o denegaba un trabajo a una persona con convicciones

previas. Estos factores son:

CC-2018-0530

28

(1) la naturaleza y gravedad del delito […];

(2) la relación entre el delito […], el

empleo

[…],

y

los

requisitos

y

responsabilidades que el trabajo conlleva;

(3)

el

grado

de

rehabilitación

del

solicitante y cualquier información que el

solicitante o un tercero pueda legítimamente

brindar al respecto; (4) las circunstancias

bajo las cuales se cometió el delito…; (5)

la edad del solicitante al cometer el delito;

(6)

el

tiempo

transcurrido

entre

la

convicción y la solicitud de empleo, y (7)

el interés legítimo del patrono en proteger

la propiedad, la seguridad y el bienestar

propios, de terceros o del público en

general. Íd., pág. 28.

El

Juez

Asociado

Rebollo

López

señaló

que

el

patrono solo podría discriminar legítimamente contra

la

persona

exconvicta

si,

al

sopesar

todos

los

factores, le era razonable concluir que la convicción

previa del solicitante lo descalificaba para ocupar

el puesto. Íd. Finalmente, sugirió que este análisis

de

factores

se

insertara

al

esquema

probatorio

particular de la Ley Núm. 100, supra, como una vía

que

el

patr ono

demandado

tendría

disponible

para derrotar la presunción de discrimen que esa ley

establece. Íd. Particularmente, el patrono demandado

podrá “aceptar que discriminó contra el solicitante,

pero

que

su

consideración

acto

el

se

justifica, cuando

riesgo

excesivo

se

a

toma

los

en

que

razonablemente se exponen los intereses del patrono

o de la comunidad con la posible contratación del ex

convicto,

una

vez

sopesados

todos

los

elementos ”.

CC-2018-0530

29

Íd., págs. 28 -29 (Énfasis en el original). Este tipo

de modelo pudiera lograr un balance adecuado entre

los derechos e intereses envueltos pues permitiría

distinguir

entre

aquellas

situaciones

en

que

el

discrimen se basa únicamente en la existencia de la

convicción y aquellas que tienen una justificación

legítima por razón de q ue la convicción está directa

e

íntimamente

relacionada

persona

exconvicta

existen

derechos

ocupa

o

con

o

el

desea

intereses

de

puesto

que

la

ocupar

o

cuando

igual

o

mayor

envergadura que justifican que ceda el derecho a la

no discriminación.

V.

En fin, hoy procedía pautar que, salvo en las

circunstancias en que exista un interés legítimo del

patrono

para

denegar

un

empleo

o

despedir

a

una

persona por razón de tener una convicción previa, el

discrimen por la condición de ser exconvicto es una

modalidad de discrimen por condición social que está

proscrito tanto por nuestra Constitución como por la

Ley Núm. 100, supra. Como resultado de los prejuicios

que imperan en nuestra sociedad, la mera posesión de

una convicción criminal irrefutablemente coloca a la

persona exconvicta en un estatus social distinto e

inferior al de otras personas. La cualidad de ser

exconvicto

es

objeto

de

connotaciones

sociales

negativas, pues conlleva el estigma y la marginación

CC-2018-0530

de

las

30

personas

que

comparten

Además,

históricamente

personas

con

social

al

se

ha

antecedentes

negarle

esa

condicionado

penales

iguales

característica.

a

la

a

l as

opresión

oportunidades

en

la

sociedad, lo cual les causa un grave perjuicio. Por

otro lado, es innegable que el discrimen contra una

persona por el único hecho de haber sido convicta de

delito atenta contra su dignidad, ya que disminuye

su valor intrínseco como ser humano al estimársele

inelegible

para

desempeñar

una

labor

o

participar

plenamente en la sociedad, no por sus aptitudes y

habilidades

individuales,

sino

únicamente

por

el

estigma social y cultural con que se asocia al grupo

de personas que tienen la condición de exconvictos.

El

estigma

y

la

marginación

contra

las

personas

convictas de delito indudablemente “ trata de un mal

enraizado en nuestr o comportamiento colectivo que es

contrario

a

ordenamiento

los

valores

jurídico,

de

fundamentales

que

la

de

dignidad

nuestro

del

ser

humano es inviolable, y de que todas las personas son

iguales ante la ley”. Aponte Burgos v. Aponte Silva ,

154

DPR

117,

134

(2001).

“Es

tiempo

ya

que

este

Tribunal le d[é] plena vigencia a las proscripciones

que emanan de nuestra propia Constitución […]. Sólo

así

podemos

extirpar

de

nuestra cultura […]”. Íd.

raíz

ese

grave

vicio

de

CC-2018-0530

31

Reconocer que el discrimen por condición soc ial

incluye el discrimen por conviccion es previas era el

paso

obligado

en

esa

añadir

al

estigma

sector

de

la

y

dirección.

No

continuar

condenando

población

a

la

reconocerlo

pobreza

a

y

es

este

a

la

marginación. Debido a que la Mayoría optó por ese

curso, disiento enérgicamente.

Maite D. Oronoz Rodríguez

Jueza Preside nta

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Garib Bazain, Jorge

Recurrido

v.

Hospital Español Auxilio

Mutuo de Puerto Rico,

Inc.; Sociedad Española

de Auxilio Mutuo y

Beneficencia de Puerto

Rico, Inc.; Dr. José A.

Isado Zardón y la

Sociedad de Bienes

Gananciales compuesta con

la Sra. Diana Vigil Vigil

CC-2018-0530

Certiorari

Peticionarios

El ex-confinado en Puerto Rico lucha hoy

contra la corriente para ubicarse en una posición

digna. No le es fácil conseguir trabajo asalariado.

Tampoco tiene el crédito necesario para montar su

propio taller o negocio. Ha perdido años preciosos

de su vida sin recibir adiestramiento u optar por

una educación superior que lo habilite para el

mundo del trabajo y la vida contemporánea. La

mentalidad popular le achaca vicios, enfermedades

y propensiones que generalmente se vinculan con la

reclusión penitenciaria. Las voces que se levantan

a su favor son ahogadas por los prejuicios. F. Picó,

El día menos pensado: Historia de los presidiarios

en Puerto Rico, San Juan, Ed. Huracán, Inc., 1994,

págs. 172-173.

Opinión disidente emitida

ESTRELLA MARTÍNEZ.

por

el

Juez

Asociado

señor

San Juan, Puerto Rico, a 27 de julio 2020.

Los principios constitucionales de la igualdad y la

dignidad

humana

exigen

que

protejamos

los

derechos

fundamentales de todas las personas, independientemente de

CC-2018-0530

2

su procedencia, nacionalidad, sexo, raza, género, religión

y condición social. Tal encomienda cobra aún más importancia

cuando

nos

enfrentamos

a

discrímenes

rampantes

e

injustificados en contra de personas marginadas, oprimidas

y vulnerables. Las personas exconvictas no son excepción.

Todo lo contrario, son uno de los grupos sociales que más

sufren los embates de la desigualdad. Por tanto, en esas

situaciones resulta imperativo equiparar diferencias.

En esa misma línea, recientemente la Corte Suprema de

los Estados Unidos ejerció adecuadamente su rol como garante

de los derechos individuales, precisamente, en el ámbito del

discrimen laboral. Véase Bostock v. Clayton County, 509 U.S.

__

(2020).

Similarmente,

resulta

igualmente

inescapable

reconocer que cuando un patrono discrimina contra una persona

ex convicta, lo hace por razón de la condición en que está

inmersa en nuestra sociedad.

En ese sentido, hoy correspondía pautar que la denegación

de un empleo fundamentado en la convicción previa de un o una

aspirante está proscrito por la prohibición de discriminación

por origen o condición social. Debido a que una Mayoría

resolvió lo contrario al negar a las personas exconvictas el

reconocimiento de esa protección de rango constitucional y el

disfrute pleno de su ciudadanía, disiento enérgicamente del

dictamen mayoritario.

CC-2018-0530

3

Debido a que el trasfondo de la controversia de epígrafe

está

adecuadamente

reseñado

en

la

Opinión

mayoritaria,

procedemos a exponer los fundamentos del disenso.

I.

A.

La Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico

establece en su Sec. 1 los principios fundamentales que

deben permear obligatoriamente todos los aspectos de nuestro

ordenamiento jurídico. A esos fines, dispone lo siguiente:

La dignidad del ser humano es inviolable.

Todos los hombres son iguales ante la Ley. No

podrá establecerse discrimen alguno por motivo de

raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición

social, ni ideas políticas o religiosas. Tanto las

leyes como el sistema de instrucción pública

encarnarán estos principios de esencial igualdad

humana. (Énfasis suplido). Art. II, Sec. 1, Const.

PR, LPRA, Tomo 1.

A la luz de estos derechos de la más suprema jerarquía, se

prohíbe expresamente la discriminación en el disfrute de los

derechos fundamentales. De esta manera, “[e]stos preceptos

constitucionales

demuestran

el

compromiso

claro

de

los

constituyentes en prohibir los discrímenes y la desigualdad

en nuestro país”. J. R. Roqué Velázquez, Apuntes hacia una

definición del discrimen por “origen o condición social” en

Puerto Rico, 26 Rev. Jur. UIPR 519, 519 (1992).

Asimismo, de lo anterior se desprende que la dignidad y

la igualdad de las personas son valores jurídicos supremos

que deben guiar toda interpretación constitucional. Por

tanto, para precisar adecuadamente las categorías que están

CC-2018-0530

4

cobijadas por la Sec. 1 de la Carta de Derechos, debemos

abundar en los contornos de los derechos a la dignidad y a

la igualdad.

Como es conocido, la Constitución de Puerto Rico se

nutrió

extensamente

del

discurso

internacional

que

reaccionaba a las atrocidades ocurridas en la Segunda Guerra

Mundial. E. Vicente Rivera, Una mirada a la interpretación

de los derechos económicos, sociales y culturales en las

decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 44 Rev. Jur.

UIPR 17, 20 (2009). Así, nuestro ordenamiento constitucional

se benefició de documentos importantes como la Declaración

Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana de

los Derechos y Deberes del Hombres, los cuales tenían como

propósito materializar el respeto por los derechos humanos,

la dignidad, la igualdad y la libertad. Íd. En virtud de lo

anterior, nuestra Ley Suprema enmarcó los derechos a la

dignidad y a la igualdad en términos mucho más amplios y

abarcadores que en la Constitución de los Estados Unidos.

Al así hacerlo, la dignidad humana conceptualizada en

nuestra Carta de Derechos se fundamenta en el entendimiento

universal

de

que

todas

las

personas

tienen

un

valor

intrínseco, el cual “existe en idéntica magnitud en cada uno

de ellos”. C. E. Ramos González, La inviolabilidad de la

dignidad humana: Lo indigno de la búsqueda de expectativas

razonables

de

intimidad

en

el

Derecho

Constitucional

Puertorriqueño, 45 Rev. Jur. UIPR 185, 186 (2010). En ese

CC-2018-0530

5

sentido, “[t]he most diverse authorities on the subject have

recognized that human dignity is generally associated with

the notion of respect for the intrinsic worth of every person

or, in a word, ‘personhood’”.

(Énfasis en el original). H.

A. Meléndez-Juarbe, Privacy in Puerto Rico and the Madman's

Plight: Decisions, 9 Geo. J. Gender & L. 1, 45 (2008). A

raíz de ese valor humano, se entiende que todas las personas

tienen autonomía y libertad para tomar decisiones en torno

a su propia vida.

Como corolario de lo anterior, la inviolabilidad de la

dignidad

humana

componentes

de

exige

la

necesariamente

sociedad

actúen

con

que

todos

respeto

los

y

en

solidaridad entre sí. Entiéndase, la dignidad humana opera

ex propio vigore tanto entre las personas como frente al

Estado. Alberio Quiñones v. E.L.A., 90 DPR 812, 816 (1964);

Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 DPR 250, 259-260 (1978). Es

por

ello

que

fundamental

la

contra

dignidad

la

se

considera

discriminación”.

“el

imperativo

Ramos

González,

supra. Así lo explicó el delegado Jaime Benítez Rexach de

la Convención Constituyente al abundar en el propósito de

la Carta de Derechos:

Quiero ahora, brevemente, señalar la arquitectura

ideológica dentro de la cual se monta esta

proposición. Tal vez toda ella está resumida en

la primera oración de su primer postulado: la

dignidad del ser humano es inviolable. Esta es la

piedra angular y básica de la democracia. En ella

radica su profunda fuerza y vitalidad moral.

Porque antes que ninguna otra cosa, es la

democracia una fuerza moral, y su moral radica

CC-2018-0530

6

precisamente en el reconocimiento que hace de la

dignidad del ser humano, del alto respeto que esa

dignidad

merita

y

la

responsabilidad

en

consecuencia

que

tiene

todo

el

orden

constitucional de descansar en ella, protegerla y

defenderla. (Énfasis suplido). 2 Diario de

Sesiones de la Convención Constituyente 1342

(versión digital).

Como puede apreciarse, la dignidad humana contemplada en

nuestra

Carta

de

Derechos

tiene

unas

repercusiones

innegables en el ordenamiento puertorriqueño. Distinto al

ordenamiento federal, la dignidad humana es el norte y el

principio

rector

que

debe

guiar

toda

interpretación

constitucional local. Como bien explicó el profesor Carlos

E. Ramos González:

Su diferencia textual con la Constitución de

Estados Unidos es diáfana: no existe en dicho

texto constitucional referencia a la dignidad

humana. Mas allá del texto, una verdad histórica

me parece evidente: la Carta de Derechos ("Bill

of Rights") de 1791 de la Constitución de los

Estados Unidos refleja el pensamiento liberal e

individualista que sólo buscaba limitar los

poderes del Estado o gobierno frente al individuo.

El propósito principal de la Carta de Derechos de

la Constitución de Puerto Rico es diferente; su

norte es vindicar la dignidad humana, y como parte

de este objetivo, persigue limitar los poderes del

gobierno, e imponerle obligaciones a ese Estado.

Aún más: les impone límites y obligaciones a

personas

naturales

y

jurídicas

no

gubernamentales. Estas diferencias no pueden ser

inconsecuentes.

(Énfasis

suplido).

Ramos

González, supra, pág. 188.

Por su parte, la premisa de que todas las personas

somos iguales ante la ley está íntimamente relacionada con

la dignidad humana. El reconocimiento constitucional de la

igualdad se instrumentó expresamente en las Secs. 1 y 7 de

CC-2018-0530

la

Carta

7

de

Derechos,

puertorriqueña

de

plasmando

“perpetuar

en

así

la

nuestro

vocación

ordenamiento

jurídico el trato igualitario de los seres humanos ante la

ley”. E. J. Rivera Juanatey, Discrimen por antecedentes

penales:

Hacia

una

reconsideración

del

discrimen

por

condición social, 41 Rev. Jur. UIPR 585, 593 (2007). Así,

“[l]a igualdad es ingrediente medular del ideal de justicia

que

constantemente

late

en

la Constitución”.

P.R.P.

v.

E.L.A., 115 DPR 631, 633 (1984).

El

pilar

de

la

igualdad

no

se

reduce

a

términos

estrictos y uniformes. Según hemos expresado anteriormente,

“la igualdad entendida mecánicamente, más aplicada de modo

uniforme, desemboca en desigualdades reales”. L. F. Estrella

Martínez, Acceso a la justicia: Derecho humano fundamental,

San Juan, Ed. Situm, 2017, pág. 33. Es por ello que la

igualdad real exige el reconocimiento de las diferencias,

las circunstancias y las particularidades inminentes de los

distintos sectores para así aspirar a una aplicación del

Derecho equitativa. Véase, E. Rivera Ramos, La igualdad: Una

visión plural, 69 Rev. Jur. UPR 1 (2000).

En

fin,

“el

norte

principal

de

nuestra

Carta

de

Derechos, a diferencia de la Constitución de los Estados

Unidos, es la inviolabilidad de la dignidad humana entendida

con

todos

sus

componentes

de

igualdad,

libertad

y

solidaridad”. Ramos González, supra, pág. 189. Es por ello

que “la dignidad e igualdad del ser humano y la fidelidad a

CC-2018-0530

sus

valores

8

van

por

encima

de

posiciones

sociales,

diferencias raciales e intereses económicos”. Ocasio v.

Díaz, 88 DPR 676, 727 (1963).11

A la luz de estos pilares fundamentales, la Carta de

Derechos prohíbe expresamente que se discrimine en contra

de

persona

alguna

por

motivo

de

raza,

color,

sexo,

nacimiento, origen o condición social, ideas políticas o

ideas religiosas. Art. II, Sec. 1, Const. PR, LPRA, Tomo 1.

Estas categorías no son taxativas. Al contrario, la Sec. 19

de la Carta de Derechos provee que “[l]a enumeración de

derechos que antecede no se entenderá en forma restrictiva

ni supone la exclusión de otros derechos pertenecientes al

pueblo en una democracia, y no mencionados específicamente”.

(Énfasis suplido). Íd., Sec. 19. La Comisión de la Carta de

Derechos explicó en su informe que el propósito de esta

disposición constitucional es el siguiente:

[P]roteger los derechos del individuo contra una

interpretación

restrictiva

o

contra

una

interpretación basada en la conocida norma de

inclusio unius, exclusio alterius. Según este

último principio interpretativo, el acto de

enumerar conlleva el acto de excluir, de suerte

que todo lo que no se menciona queda por ese solo

hecho

descartado.

No

creemos

que

en

una

constitución deba incorporarse un principio de

11Similarmente,

otros

países

han

adoptado

constituciones de avanzada en las cuales la igualdad

constituye su principio rector. La Constitución de

Sudáfrica, por ejemplo, establece que toda interpretación

constitucional partirá de la premisa de la igualdad y

explícitamente prohíbe el discrimen injustificado, ya sea

directo o indirecto. L. F. Estrella Martínez, Acceso a la

justicia: Derecho humano fundamental, San Juan, Ed. Situm,

2017, págs. 57-59.

CC-2018-0530

9

esta inflexibilidad. . . Una interpretación en el

sentido de que todo lo que no se desprenda

literalmente de cada una de las palabras usadas

está por lo tanto excluido de la protección

constitucional, sería contraria a la actitud

básica que ha recogido la Comisión al preferir el

lenguaje breve de los grandes principios en vez

de la formulación minuciosa de los detalles

inagotables. (Énfasis suplido). 4 Diario de

Sesiones de la Convención Constituyente 3190

(versión digital).

Es por ello que la Sec. 1 de la Carta de Derechos es numerus

apertus,

por

prohibidas

que

lo

que

pueden

no

están

existir

expresamente

clasificaciones

señaladas

en

la

disposición constitucional. En ese sentido, distinto a la

Constitución de los Estados Unidos que profesa un status

negatis libertatis (Estado se abstenga de infringir los

derechos de los ciudadanos), en la Constitución de Puerto

Rico rige un status creditoris (se le exige al Estado una

acción positiva en beneficio del individuo).

B.

La

controversia

ante

nos

exige

que

precisemos

la

naturaleza y el alcance de una de las categorías cobijadas

bajo la Sec. 1 de la Carta de Derechos: la prohibición de

discrimen por “origen o condición social”. Ello, con el

propósito de determinar si las personas exconvictas están

cobijadas por tal disposición. Veamos el trasfondo de su

aprobación y posterior interpretación.

Inicialmente,

la

Comisión

de

la

Carta

de

Derechos

propuso que parte de la precitada Sec. 1 de la Carta de

Derechos leyera del siguiente modo: “[n]o podrá establecerse

CC-2018-0530

discrimen

10

alguno

por

motivo

de

raza,

color,

sexo,

nacimiento, origen social, ideas políticas o religiosas”.12

(Énfasis suplido). 4 Diario de Sesiones de la Convención

Constituyente 3175 (versión digital). Nótese que la Comisión

no contempló la inclusión expresa de la palabra “condición”

social.

Sin

embargo,

su

informe

evidencia

la intención

innegable de prohibir la discriminación basada tanto en la

naturaleza o el origen de una persona, como en la cultura o

la condición de una persona. Así se desprende del objetivo

que la Comisión vislumbró para la Sec. 1:

El propósito de esta sección es fijar

claramente como base consustancial de todo lo que

sigue el principio de la dignidad del ser humano

y, como consecuencia de ésta, la igualdad esencial

de todas las personas dentro de nuestro sistema

constitucional. La igualdad ante la ley queda por

encima de accidentes o diferencias, bien tengan

su origen en la naturaleza o en la cultura. Todo

discrimen o privilegio contrario a esta esencial

igualdad

repugna

al

sistema

jurídico

puertorriqueño. En cuanto fuera menester nuestra

organización legal queda robustecida por la

presente disposición constitucional, a la vez que

obligada a ensanchar sus disposiciones para dar

plena realización a lo aquí dispuesto. (Énfasis

suplido). Íd.

De hecho, la Comisión igualmente consignó que el concepto

de origen social “reafirma el principio de descartar toda

12En

aras de proveer recomendaciones sobre el contenido

de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico,

se creó la conocida Comisión de la Carta de Derechos. En

esa encomienda, sus miembros prepararon y aprobaron un

informe con una serie de propuestas importantes, las cuales

influenciaron directamente la Carta de Derechos aprobada

finalmente por la Convención Constituyente. 4 Diario de

Sesiones de la Convención Constituyente 3174 (versión

digital).

CC-2018-0530

11

gradación, favoritismo o prejuicio al sopesar los méritos

de una causa judicial, de una solicitud en el servicio

público, de una subasta, etc., por motivos de origen o

condición social”. (Énfasis suplido). Íd., pág. 3176.

En

virtud

de

lo

anterior,

Comisión,

propuesto

por

la

incorporó

una

enmienda

la

al

adoptar

Convención

importante.

A

esos

el

lenguaje

Constituyente

efectos,

el

delegado Lino Padrón Rivera sugirió que, después de la

palabra “origen”, se intercalara la palabra “condición”. 2

Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 1673

(versión digital). La Convención Constituyente aprobó la

enmienda

propuesta

y,

de

este

modo,

quedó

plasmado

un

lenguaje aún más comprensivo y abarcador, en el cual se

proscribió el discrimen por “origen o condición social”.

Íd., pág. 1674.

Una

vez

acogida

la

enmienda,

el

delegado

Lionel

Fernández Méndez levantó una preocupación en torno a cómo

se podía garantizar la protección en contra de un discrimen

por origen o condición social. Ante tal interrogante, el

delegado Jaime Benítez Rexach explicó lo siguiente:

En lo que respecta al sistema jurídico y en esto

se refiere a la totalidad de la estructura legal

del país, se subraya la inconstitucionalidad de

todo

favoritismo.

Y

todo

reconocimiento

a

distinción habrá de estar motivado por mérito, por

virtud, por esfuerzo, por talento. En lo que toca

a qué es lo que se quiere decir con origen social,

quiérese decir con origen social, que no importa

la extracción de la persona, su situación

económica, su condición en la comunidad, todos los

puertorriqueños y todas las personas sujetas a las

leyes de Puerto Rico son iguales ante nuestras

CC-2018-0530

12

leyes si se aprueba esta disposición y cualquier

intento de hacer discrimen en favor o en contra

de una de ellas es ilegal. (Énfasis suplido). 2

Diario de Sesiones de la Convención Constituyente

1675 (versión digital).

De lo anterior, se desprende nuevamente la intención de la

Convención

Constituyente

de

que

la

proscripción

del

discrimen por origen o condición social fuese más allá de

la naturaleza o procedencia social. Incluye, a su vez, la

condición

o

estatus

de

las

personas

en

la

sociedad

puertorriqueña.

A la luz de este trasfondo, se puede observar que la

prohibición

constitucional

de

discriminar

por

origen

o

condición social se materializa en dos vertientes. Como

propuso acertadamente el profesor José R. Roqué Velázquez,

la primera vertiente cobija todo discrimen motivado por el

origen

o

la

procedencia

social

de

una

persona.

Roqué

Velázquez, supra, pág. 524. De este modo, se proscribe el

discrimen “por el mero hecho de que una persona haya nacido

en un lugar pobre o un lugar rico, o que su familia tuviese

pocos recursos económicos o muchos recursos económicos, o

que ésta posea poca o mucha educación, o por tener padres

homosexuales o impedidos”. Íd., pág. 525.

Un ejemplo de esta primera vertiente se reflejó en

Vicéns v. U.P.R., 117 DPR 771 (1986), en el que este Tribunal

se negó inicialmente a expedir un recurso donde se impugnaba

la constitucionalidad del programa de admisión a la escuela

elemental

de

la

Universidad

de

Puerto

Rico,

la

cual

CC-2018-0530

13

favorecía automáticamente a los hijos e hijas de empleados

de dicha institución. En esa ocasión, el Juez Asociado señor

Negrón García emitió un Voto particular disidente en el cual

arguyó que el favorecimiento de una persona a razón de su

extracción social -en este caso, ser el hijo o hija de algún

empleado

universitario-

violaba

la

prohibición

de

discriminación por origen o condición social. Íd., págs.

780-781

(Negrón

Posteriormente,

García,

este

Voto

Tribunal

particular

reconsideró

disidente).

y

emitió

el

interdicto preliminar solicitado mediante una Sentencia.

Por otro lado, la segunda vertiente de esta categoría

prohíbe el discrimen por la condición, la cultura o el

estatus social de una persona. Roqué Velázquez, supra, págs.

524-525. De este modo, esta modalidad vedaría cualquier

discriminación de la siguiente naturaleza:

[N]o se puede discriminar por la situación actual

del individuo, por el hecho de que un individuo

sea abogado, médico o carpintero, o por poseer una

mansión en tal urbanización o una pequeña casa en

un área marginada. La posición ante el círculo

social o el círculo económico que adquiera una

persona no puede ser utilizada por el Estado como

base para discriminar. (Énfasis suplido). Íd.,

pág. 525.

Un ejemplo del discrimen basado en la condición o el

estatus social de una persona se materializó en Berberena

v. Echegoyen, 128 DPR 864 (1991), en el que se impugnó una

legislación cuyo efecto redundaría en la concesión de unos

privilegios particulares a maestros y maestras. Ante ello,

el Juez Asociado señor Rebollo López definió acertadamente

CC-2018-0530

en

su

14

Opinión

disidente

los

contornos

de

la

segunda

vertiente del discrimen por origen o condición social. Así,

explicó que “no podrá discriminarse –a favor o en contra de

persona alguna- por razón de su condición o ‘status’, en la

comunidad;

como

tampoco

por

ser

pobre

o

de

cuantiosa

fortuna; ni por ser prominente o por tener o carecer de,

cierto grado de escolaridad”. (Énfasis en el original). Íd.,

págs. 918-919 (Rebollo, López, Opinión disidente).

Asimismo,

en

la

discusión

de

la

Convención

Constituyente sobre esta categoría, el delegado José Trías

Monge

sugirió

otra

enmienda

que

es

reveladora

para

la

controversia ante nos. Así, éste propuso que se hiciera

constar en la Sec. 1 de la Carta de Derechos una prohibición

expresa a la discriminación por “posición económica”. 2

Diario

de

(versión

Sesiones

de

la

digital).

Tal

Convención

sugerencia

Constituyente

la

realizó

1674

con

el

propósito de atemperar totalmente la Carta de Derechos a la

Declaración

Universal

de

los

Derechos

del

Hombre

antes

mencionada. Íd., pág. 1678.

No

Gutierrez

obstante,

Franqui

prohibición

se

posteriormente,

levantó

utilizara

la

el

delegado

preocupación

para

privar

Víctor

de

que

esta

a

personas

desventajadas económicamente de fondos y subsidios públicos.

En ese sentido, expresó que “la frase puede poner en peligro

programas tan importantes como [el] desarrollo de viviendas

donde los fondos públicos se destinan a construir viviendas

CC-2018-0530

baratas

y

15

los

exclusivamente

a

cánones

de

base

la

de

arrendamiento

posición

se

económica

fijan

de

las

personas que van a ocupar esas casas viviendas”. Íd., pág.

2800.

Ante

ello,

la

Convención

Constituyente

acogió

la

recomendación presentada y eliminó el término de “posición

económica”. Íd., pág. 2804. Tal decisión se fundamentó, a

su vez, en el hecho de que la Carta de Derechos y su

prohibición de discriminar por origen o condición social,

de por sí, bastaban para prohibir el discrimen motivado por

razones económicas. Así lo hizo constar el delegado Héctor

González Blanes, al indicar lo siguiente: “[n]os satisface

la eliminación de ‘posición económica’, porque entiendo que

ahí está incluida la dificultad que levanta el compañero

Reyes Delgado al ponerse más adelante ‘o condición social’”.

Íd., pág. 2802.

Sin embargo, lo anterior no significa que el único

alcance que tiene la prohibición del discrimen de origen o

condición social es en torno a motivaciones económicas. Todo

lo contrario, el historial extensamente reseñado evidencia

una intención clara de amparar una gama de discrímenes

sociales.

Es decir, “el discrimen por posición económica o

por pobreza, es un aspecto o renglón de la vertiente de

discrimen por condición social, más no es lo único que caería

dentro de ese ámbito”. Roqué Velázquez, supra, pág. 534.

Como bien explicó el actual Secretario del Departamento de

CC-2018-0530

Corrección

16

y

Rehabilitación,

Hon.

Eduardo

J.

Rivera

Juanatey:

Examinado

el

historial

de

la

Convención

Constituyente, se debe concluir que el concepto

‘origen o condición social’ va más allá de la

protección contra el discrimen por la posición

económica de las personas, pues “[e]l día en que

los

derechos

constitucionales

de

nuestros

conciudadanos estén a expensas de consideraciones

de naturaleza económica, será el día en que la

justicia habrá dejado de constituir la razón de

ser de nuestro ordenamiento”. (Énfasis suplido).

Rivera Juanatey, supra, págs. 604-605 (citando a

Pueblo v. Robles González, 125 DPR 750, 765

(1990)).

Ahora bien, para que la protección de la cláusula del

origen o condición social tenga la fuerza vinculante que la

Convención Constituyente vislumbró, es importante que este

Tribunal

abunde

sobre

su

alcance,

sus

contornos

y

sus

implicaciones. Desafortunadamente, ese no ha sido el caso,

pues esta categoría no ha sido objeto de la interpretación

y análisis judicial que amerita.13 Ante este vacío, juristas

13Ciertamente,

distintos miembros de este Tribunal han

intentado definir el alcance de tal cláusula mediante opiniones

concurrentes, disidentes y de conformidad. Algunas de éstas ya

han sido reseñadas en esta Opinión disidente. En las mismas, se

encuentran expresiones reveladoras en torno al contenido y al

propósito de la categoría de origen o condición social. En Pueblo

v. Caro González, 110 DPR 518 (1980), por ejemplo, el Juez

Asociado señor Díaz Cruz expuso en su Voto concurrente que la

dignidad de los seres humanos no se diluye dependiendo de la

condición social y la naturaleza del trabajo de las personas.

Íd., pág. 534 (Díaz Cruz, Voto concurrente). Similarmente, en

Molina v. C.R.U.V., 114 DPR 295 (1983), el Juez Asociado señor

Irizarry Yunque indicó en su Opinión concurrente que la

categoría de origen o condición social constitucional proscribe

que se discrimine contra persona alguna por su pobreza. Íd.,

pág. 312 (Irizarry Yunque, Opinión concurrente). De igual modo,

en Vega v. Luna Torres, 126 DPR 370 (1990), el Juez Asociado

señor Hernández Denton apeló en su Opinión concurrente y de

CC-2018-0530

17

y catedráticos han propuesto distintas interpretaciones para

esclarecer

y

precisar

su

contenido.

Pasemos,

pues,

a

analizar algunas de las metodologías propuestas.

Por un lado, el Juez Asociado y catedrático Raúl Serrano

Geyls arguyó que la disposición constitucional sobre el

discrimen por origen o condición social está íntimamente

vinculada a la Sec. 20 de nuestra Carta de Derechos. R.

Serrano Geyls, Derecho Constitucional de Estados Unidos y

Puerto Rico, San Juan, 1986, V. II, pág. 1189.14 Como es

conocido,

la

Sec.

20

reconoce

los

siguientes

derechos

económicos, sociales y culturales: (1) el derecho de toda

persona a recibir gratuitamente la instrucción primaria y

secundaria;

(2)

el

derecho

de

toda

persona

a

obtener

trabajo; (3) el derecho de toda persona a disfrutar de un

nivel de vida adecuado que asegure para sí y para su familia

conformidad a la prohibición del discrimen por condición social

para sostener que las personas indigentes que hayan recibido

servicios legales gratuitos tienen derecho a recibir honorarios

de abogado como cualquier otra persona litigante. Íd., págs.

381-382

(Hernández

Denton,

Opinión

concurrente

y

de

conformidad).

14De

igual modo, la Sec. 20 de la Carta de Derechos

está íntimamente relacionada con la dignidad humana, la

cual debe ser principio rector en nuestra interpretación

constitucional. Véase, E. Vicente Rivera, Una mirada a la

interpretación de los derechos económicos, sociales y

culturales en las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto

Rico, 44 Rev. Jur. UIPR 17, 18 (2009); C. E. Ramos González,

La inviolabilidad de la dignidad humana: Lo indigno de la

búsqueda de expectativas razonables de intimidad en el

Derecho Constitucional Puertorriqueño, 45 Rev. Jur. UIPR

185, 188-189 (2010); J. J. Álvarez González, La dignidad

como derecho independiente, 45 Rev. Jur. UIPR 205, 214 n.

46 (2010).

CC-2018-0530

18

la salud, el bienestar y especialmente la alimentación, el

vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios

sociales necesarios; (4) el derecho de toda persona a la

protección social en el desempleo, la enfermedad, la vejez

o la incapacidad física, y (5) el derecho de toda mujer en

estado grávido o en época de lactancia y el derecho de todo

niño a recibir cuidados y ayudas especiales. Mediante estos

postulados,

la

Convención

Constituyente

plasmó

“[l]a

importancia de esos valores para la sociedad puertorriqueña

y, por ello, la justificación para exigir algo más que

igualdad

formal

o

igualdad

de

oportunidades

para

su

disfrute”. J. J. Álvarez González, Derecho Constitucional,

69 Rev. Jur. UPR 419, 452 (2000).

Por

tanto,

discrímenes

según

sociales

la

y

propuesta

del

Profesor,

“los

económicos

son

particularmente

problemáticos cuando operan en contextos que el malogrado

Art. II, [Sec.] 20 consideró de especial importancia”.

J.

J. Álvarez González, Derecho Constitucional de Puerto Rico

y

relaciones

constitucionales

con

los

Estados

Unidos,

Bogotá, Ed. Temis S. A., 2009, pág. 896. Así, concluyó

acertadamente

educación

que

los

primaria

y

discrímenes

secundaria,

en

los

trabajo,

contextos

de

alimentación,

vestido, vivienda y salud activan la categoría de origen o

condición social. Lo anterior, es una manera muy acertada

de dar contenido a la categoría que nos ocupa en aras de

incorporar

“nuevas

protecciones

a

grupos

históricamente

CC-2018-0530

excluidos

19

del

disfrute

de

la

más

completa

ciudadanía”.

Vicente Rivera, supra, pág. 24. Asimismo, se precisan sus

contornos

conforme

a

la

voluntad

propia

del

Pueblo

puertorriqueño reflejada en la Convención Constituyente.

Ciertamente, el Congreso de los Estados Unidos eliminó

posteriormente la precitada Sec. 20. Sin embargo, ello no

es ni ha sido óbice para que este Tribunal adjudique las

controversias ante así conforme a la voluntad del pueblo de

Puerto Rico. Íd. Al contrario, hemos resuelto expresamente

que “[e]l destino incierto de la frustrada Sec. 20 de nuestra

constitución, late entre aquellos derechos que aunque no se

mencionan expresamente en el texto, el pueblo se reserva

frente al poder político creado”. Amy v. Administración de

Deporte Hípico, 116 DPR 414, 421 (1985).

La Constitución de Puerto Rico busca garantizar el

disfrute y goce cabal de los

sentido,

hemos

Constituyente

reconocido

vislumbró

que

derechos humanos. En ese

que

la

estos

propia

Convención

derechos

económicos,

sociales y culturales se materializaran a través de otros

pilares constitucionales. El delegado José Trías Monge lo

expuso del siguiente modo:

La palabra “vida” contiene toda una serie de

derechos aparte del de la simple respiración, que

no están incluidos necesariamente en la palabra

“libertad” ni en la palabra “propiedad”. O sea,

de eliminarse la palabra “vida” de esta frase tan

consagrada en la historia de este gran derecho,

se estaría haciendo un cambio fundamental en

cuanto [a eso], principalmente ahora que se está

CC-2018-0530

20

expandiendo el área de los derechos humanos y

ahora que se está reconociendo una segunda carta

de derechos a la anterior clásica, tipo siglo

XVII, y se están significando como derechos del

hombre también en este documento, el derecho a la

educación, el derecho al trabajo, el derecho a un

nivel adecuado de vida. 2 Diario de Sesiones de

la

Convención

Constituyente

1827

(versión

digital).

Como bien explicó la profesora Esther Vicente Rivera,

debe apreciarse “la claridad con que se expresa la acogida

en nuestra Constitución de los derechos económicos, sociales

y

culturales,

derechos’,

identificados

más amplia

que

como

la

‘la

segunda

‘anterior

carta

clásica’.

de

Estos

derechos, necesarios para el debido desenvolvimiento de la

personalidad humana, están comprendidos fundamentalmente en

la

palabra

‘vida’”.

(Énfasis

suplido).

Vicente

Rivera,

supra, pág. 25. Es decir, a pesar de que la Constitución de

Puerto Rico no reflejó finalmente la voluntad propia y

original de Pueblo puertorriqueño, en la misma “aflora una

vocación de crear un estado social y democrático” que

se

materializa

en

disposiciones

c onstitucionales

como la que tenemos ante nuestra consideración. Ramos

González, supra. Así, los derechos consagrados en la

Sec.

20

persisten

en

otras

secciones

de

la

Constitución, como en la prohibición de discriminar

por origen o condición social. Aunque los derechos

de

la

parte

Sec.

de

20

la

puertorriqueña.

no

constan

aspiración

expresamente,

sí

real

conciencia

de

la

forman

CC-2018-0530

21

Asimismo,

es

importante

tener

presente

que

la

propuesta del profesor Raúl Serrano Geyls se validó

en el único precedente emitido por este Tribunal en

torno

a

la

categoría

constitucional

de

origen

o

condición social. En Pérez, Román v. Proc. Esp. Rel.

de Fam., 148 DPR 201 (1999), este Tribunal determin ó

que las clasificaciones basadas en el estado civil

de

las

personas

no

están

cobijadas

bajo

la

prohibición constitucional del discrimen por origen

o condición social. Sin embargo, en su escolio 8,

reconoció expresamente la metodología propuesta por

el

Profesor.

Íd.,

pág.

214,

n.

8.

Ello,

sugiere

fuertemente que este Tribunal validó y legiti mó tal

análisis.

De igual modo, se ha propuesto otra metodología

que complementa la interpretación anterior. A esos

efectos, el profesor José R. Roqué Velázquez sugirió

que la categoría de discrimen por origen o condición

social se enmarque en la teoría o

antisubyugación

desarrollado

Lawrence

Roqué

Tribe.

el principio de

por

Velázquez,

el

profesor

supra,

pág.

537

(citando a L. Tribe, American Constitucional Law , 2da

ed.,

New

Amparándose

York,

en

Ed.

la

Foundation

cláusula

Press,

federal

1988).

de

igual

protección de las leyes, la teoría de antisubyugación

propone

que

“ todo

esquema

jurídico

que

trate

a

CC-2018-0530

22

ciertas personas como ciudadanos de segunda clase y

cree

o

refuerce

presumiblemente

sis temas

de

inválido ”.

subordinación,

(Énfasis

es

suplido).

Álvarez Gonzál ez, Derecho Constitucional de Puerto

Rico y relaciones constitucionales con los Estados

Unidos, op. cit. Por tanto, según el profesor José

R.

Roqué

redunden

Velázquez,

en

la

las

dinámi cas

subordinación

de

sociales

persona

que

alguna

estarían vedadas por la prohibición de discrimen por

origen o condición social.

Por su parte, el profesor José Julián Álvarez

González,

ha

validado

la

incorporación

de

tal

metodología a la pr ohibición de discrimen por origen

o condición social por las siguientes razones:

Este modelo tiene la virtud de que reconoce

límites a la discreción judicial, por cuanto

requiere que quien invoque la protección

vigorosa

del

proceso

judicial

bajo

la

prohibición contra discrímenes por origen o

condición social demuestre que pertenece a

un grupo que ha sido sometido históricamente

a tratamiento desigual y a estigma social .

(Énfasis

suplido).

Álvaréz

González,

Derecho Constitucional de Puerto Rico y

relaciones constitucionales con los Estados

Unidos, op. cit.

A

su

vez,

el

profesor

José

R.

Roqué

Velázquez

propuso unos criterios para limitar la aplicación de

la teoría de antisubyugación y precisar adecuadamente

las

personas

que

están

amparadas por tal disposición

CC-2018-0530

23

constitucional. Así, el análisis propuesto se divide en tres

(3) pasos. En primer lugar, los tribunales deben evaluar si

“la sociedad en general le atribuye una clasificación o

connotación

negativa,

prejuicios,

a

los

ya

sea

miembros

por

mitos,

de

ese

ignorancia

grupo,

clase

o

o

individuos”. (Énfasis suplido). Roqué Velázquez, supra. En

segundo lugar, se debe auscultar si “a ese grupo, clase o

individuos, se le ha sometido históricamente a un grado

convincente de opresión en la sociedad”. (Énfasis suplido).

Íd. Por último, el tercer paso propuesto es que se demuestre

evidencia

del

perjuicio

o

agravio

causado

por

la

clasificación negativa y la opresión ejercida socialmente.

Íd. La evidencia de perjuicio o agravio puede consistir en

prueba sobre la “negación de empleo a la persona, negación

de servicios públicos o beneficios, privilegios injustos que

se les ofrezcan a otras personas igualmente situadas”, entre

otras. (Énfasis suplido). Íd., pág. 538. Con frecuencia, el

segundo paso y el tercero se complementarán. Íd.

C.

Aclaradas las metodologías propuestas para precisar el

alcance

de

la

prohibición

de

discrimen

por

origen

o

condición social, procedemos a aplicar tal análisis para

determinar

si

las

personas

exconvictas

están

cobijadas

constitucionalmente.

Según adelantamos, para determinar si las personas

exconvictas están amparadas en la prohibición de discrimen

CC-2018-0530

24

por origen o condición social, debemos estudiar su realidad

social. Entiéndase, debemos auscultar si esta población ha

sido catalogada negativamente por la sociedad, si ha sido

oprimida

históricamente,

y

si

lo

anterior

ha

causado

agravios y perjuicios. Lo anterior, conforme a la intención

de

la

Convención

Constituyente

y

a

las

metodologías

propuestas.

Indudablemente,

las

personas

exconvictas

son

estigmatizadas socialmente. Tanto es así, que miembros de

la Convención Constituyente consignaron su preocupación en

torno a la connotación negativa que la sociedad le ha

otorgado

a

las

personas

confinadas.

Así,

el

delegado

Yldefonso Solá Morales señaló que las personas confinadas,

en comparación a otras poblaciones vulnerables, “no son

mirados de la misma manera” por la sociedad. 3 Diario de

Sesiones

de

la

Convención

Constituyente

2678

(versión

digital). Así lo reconoció igualmente el delegado Juan B.

Soto al expresar lo siguiente:

La teoría de la pena hasta ahora ha sido la de

vindicación. Esto es, la vindicta pública. Todavía

nosotros leemos en la prensa esa reacción pública

de la vindicta pública; quiere decir, la venganza

hacia el delincuente que ofendió [a] la sociedad;

entonces la reacción social debe ser la misma de

uno a quien le dan una bofetada en la cara, que

debe reaccionar contra aquel que le agredió,

agrediéndole también. Esa es la filosofía, en

síntesis, que informa la legislación penal vigente

en Puerto Rico y todavía en muchos países del

mundo. Íd., pág. 2676.

CC-2018-0530

25

De igual modo, es innegable que las personas confinadas

y las exconfinadas han estado sujetas a una subordinación y

opresión sistemática. Como expuso el doctor Luis A. Zambrana

González:

La población de personas privadas de su

libertad es, probablemente, la más vulnerable en

múltiples sentidos y aspectos, tanto sociales como

jurídicos.

Atender

la

precariedad

y

estigmatización que existe sobre ese sector de la

población tan olvidado como despreciado es, no

queda duda, una labor imperativa en un Estado

democrático y constitucional de derecho. L. A.

Zambrana González, La rehabilitación de la persona

convicta como derecho humano: Su tención con el

ordenamiento penitenciario de Puerto Rico, 87 Rev.

Jur. UPR 1117, 1118 (2018).

En

ese

respecto

sentido,

muestra

que

la

poca

literatura

la

población

penal

disponible

de

al

nuestras

instituciones carcelarias responde a un desafortunado pero

consistente perfil: personas que viven bajo los índices de

pobreza, con poca educación y desempleadas. Un estudio sobre

las

personas

confinadas

en

el

año

2019

reflejó

que

aproximadamente el 65% vivían de un ingreso anual de $20,000

o menos previo a su encarcelamiento, sólo el 35% contaba con

estudios hasta el duodécimo grado de escuela superior y el

88.37% provenía del sistema educativo público. Perfil de la

población

confinada

2019,

Departamento

de

Corrección

y

Rehabilitación, noviembre 2019, págs. 26-27, 37-38, 4849,https://www.estadisticas.pr/files/inventario/publicacio

nes-especiales/DC_perfil_poblacion_confinado_2019.pdf

(última visita 12 de mayo de 2020). Asimismo, el 62.36% de

las mujeres confinadas habían sido víctimas de violencia

CC-2018-0530

doméstica,

26

el

66.25%

de

la

población

confinada

había

padecido del trastorno de abuso de sustancias controladas y

el 38% era reincidente de delito. Íd., págs. 56, 100, 194196.

Estas

estadísticas

muestran

que

la

condición

de

confinado o confinada no es una mera casualidad. Según puede

observarse,

la

inevitablemente

conducta

delictiva

relacionada

con

su

de

una

origen

persona

y

está

condición

social. Asimismo, estos datos revelan innegablemente que la

población exconvicta acarrea, de por sí, una condición o

estatus social de eminente desigualdad. A la luz de esta

realidad, no cabe duda de que las personas exconvictas son

un

grupo

históricamente

marginado

y

oprimido

por

la

sociedad.

Como agravante, y relevante a la controversia ante nos,

las condiciones y las consecuencias del confinamiento no

culminan cuando las personas confinadas cumplen la pena

impuesta

por

el

Estado.

Al

contrario,

al

intentar

reintegrarse a la sociedad, las personas exconvictas se

encuentran con una amplia gama de obstáculos fundamentados

precisamente en los estigmas y la marginalización antes

expuesta.

Entre las múltiples trabas a las que se enfrentan, se

encuentra la falta de acceso a empleo. Particularmente, en

el año fiscal del 2009 al 2010, la mayoría de las 4,946

personas egresadas de las instituciones penales de Puerto

CC-2018-0530

27

Rico se encontraban desempleadas. Después de la cárcel no

hay

trabajo,

Noticel,

26

de

junio

de

2011,

https://www.noticel.com/la-calle/20110626/despues-de-lacarcel-no-hay-trabajo/ (última visita 12 de mayo de 2020).

Según

estudios

en

Estados

Unidos,

ello

se

debe

primordialmente a que más del 60% de los patronos se niegan

a

contratar

a

personas

con

algún

récord

criminal.

E.

Westrope, Employment Discrimination on the Basis of Criminal

History: Why an Anti-Discrimination Statute is a Necessary

Remedy, 108 J. Crim. L. & Criminology 367, 370 (2018). Peor

aún, tal decisión se basa frecuentemente en estereotipos

infundados, en vez de un análisis individualizado sobre las

características y experiencias de los aspirantes de empleo.15

E. P. Weissert, Get out of Jail Free: Preventing Employment

Discrimination against People with Criminal Records Using

Ban the Box Laws, 164 U. Pa. L. Rev. 1529, 1536 (2016). Lo

anterior, consiste en un impedimento grave a la reinserción

social de las personas convictas.

A

la

luz

puertorriqueños

exconvictas

de

han

esta

realidad,

coincidido

indudablemente

en

varios

que

constituyen

las

un

juristas

personas

grupo

históricamente oprimido que está amparado en la prohibición

15Sin

embargo, ningún estudio ha probado exitosamente

la correlación entre la comisión de delitos en el contexto

laboral con empleados con récords criminales. E. P.

Weissert, Get out of Jail Free: Preventing Employment

Discrimination against People with Criminal Records Using

Ban the Box Laws, 164 U. Pa. L. Rev. 1529, 1537 (2016).

CC-2018-0530

28

de discrimen por origen o condición social, en su segunda

vertiente. A esos fines, el profesor José R. Roqué Velázquez

sostuvo que las personas exconvictas cumplen con los tres

(3)

requisitos

del

esquema

propuesto,

pues

los

grupos

dominantes que controlan el poder político y económico los

“enfoca

socialmente

estratificación”,

en

su

lo

más

bajo

“oportunidad

de

de

la

jerarquía

movilidad

o

social,

política y económica es irreal”, y tienen evidencia plena

de

los

perjuicios

y

agravios

causados

por

ello.

Roqué

Velázquez, supra, págs. 537-538.

De igual modo, el secretario Eduardo J. Rivera Juanatey

aplicó la metodología propuesta por el profesor José R.

Roqué Velázquez y concluyó lo siguiente:

Luego de utilizar este modelo de análisis

sobre

las

clasificaciones,

resulta

forzoso

concluir que el grupo de los ex convictos es

merecedor

de

protección

constitucional.

La

clasificación de ex convicto es una protegida

dentro del concepto de condición social, toda vez

que claramente la sociedad le atribuye una

connotación negativa, el grupo históricamente ha

sido sometido a un grado convincente de opresión

y resulta evidente el perjuicio o agravio al cual

están

sometidos.

(Énfasis

suplido).

Rivera

Juanatey, supra, pág. 597.

A una conclusión similar llegó el Juez Asociado señor

Rebollo López en su Opinión de conformidad en Rosario Díaz

v. Toyota, 166 DPR 1 (2005) (Sentencia), a la cual se unieron

el Juez Asociado señor Rivera Pérez y la Juez Asociada señora

Fiol Matta. En la misma, sostuvo que el discrimen por

condición social proscrito por la Constitución de Puerto

Rico ampara a los “miembros de un grupo específico de nuestra

CC-2018-0530

29

sociedad, que por motivo de sus características en común y

por tratase de un sector tradicionalmente estigmatizado, son

objeto de marginación y trato diferencial”. (Énfasis en el

original).

Íd.,

pág.

21

(Rebollo

López,

Opinión

de

conformidad). Así, reconoció el estigma social que causa que

las

personas

exconvictas

sean

marginadas

de

múltiples

facetas de la sociedad, particularmente de la laboral. Íd.,

págs. 21-22 (Rebollo López, Opinión de conformidad).

A la

luz de lo anterior y de los preceptos constitucionales antes

discutidos,

concluyó

que

tras

“un

análisis

detenido

y

sosegado del asunto ante nuestra consideración nos lleva

inexorablemente a concluir que la condición de exconvicto

es

un

tipo

de

Constitución”.

condición

(Énfasis

social

en

el

protegido

original).

por

Íd.,

nuestra

pág.

21

(Rebollo López, Opinión de conformidad).

En vista de estas realidades, es innegable que la

condición social de exconvicto o convicta es una categoría

protegida constitucionalmente. Es evidente que la sociedad

en

general

clasifica

a

las

negativamente

y

que

se

les

ha

históricamente

a

un

grado

personas

sometido

significativo

exconvictas

consecuente

e

de

y

opresión

subordinación. Ello, ha redundado en perjuicios tan graves

como lo es la falta de un acceso adecuado a un trabajo.

Ciertamente, aunque la condición de exconvicto o exconvicta

no revela a primera vista rasgos naturales o inmutables como

la raza, el color, el sexo o el nacimiento, sí cumple con

un elemento importante de toda clasificación sospechosa,

CC-2018-0530

30

entiéndase que “tiende a relegar a un estado legal de

inferioridad

a

potencialidades

una

y

clase

con

abstracción

de

las

características

individuales

de

sus

miembros”. Zachry International v. Tribunal Superior, 104

DPR 267, 282 (1975). En consecuencia, es forzoso concluir

que

las

personas

exconvictas

están

cobijadas

por

la

prohibición de discriminación por origen o condición social

en su segunda vertiente.

D.

Todo

lo

importancia

anteriormente

cuando

expuesto,

consideramos

que

la

cobra

aún

Constitución

más

de

Puerto Rico exige igualmente el “tratamiento adecuado” de

las

personas

que

delinquen

“para

hacer

posible

su

rehabilitación moral y social”. Art. VI, Sec. 19, Const. PR,

LPRA, Tomo 1. Tal disposición surgió de la Comisión de

Disposiciones

Transitorias

y

Asuntos

Generales

de

la

Convención Constituyente, quienes recomendaron inicialmente

que constara la “política pública del Estado, propender,

dentro de los recursos disponibles, a la rehabilitación

moral y social de los reclusos”.16 3 Diario de Sesiones de

la Convención Constituyente 2541 (versión digital). Entre

las

115

16La

propuestas

que

tuvo

la

Comisión

ante

su

Comisión de Disposiciones Transitorias y Asuntos

Generales tuvo la encomienda de recomendarle a la

Convención Constituyente el contenido del Art. VI de la

Constitución de Puerto Rico. A esos efectos, sus miembros

redactaron

un

informe

y

lo

presentaron

ante

la

consideración de la Convención Constituyente. 3 Diario de

Sesiones de la Convención Constituyente 2542-2543 (versión

digital).

CC-2018-0530

31

consideración, ésta determinó que la rehabilitación y la

reinserción

social

principio

tanta

de

de

las

personas

supremacía,

que

convictas

debía

era

un

incluirse

en

nuestro texto constitucional. Íd., pág. 2542.

Ante la propuesta de la Comisión, el delegado José

Veray Jr. Hernández sugirió enmendar el inciso sugerido para

que leyera del siguiente modo: “[s]erá política pública del

Estado reglamentar las instituciones penales para que sirvan

a sus propósitos en forma efectiva y propender dentro de los

recursos

disponibles

al

tratamiento

adecuado

de

los

delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y

social”. Íd., pág. 2672. Tal disposición generó un debate

entre los constituyentes que es ilustrador en torno al

propósito y el alcance de esta disposición constitucional.

Por un lado, el delegado Héctor González Blanes expresó

su preocupación de que se trataba de “materia legislativa

claramente” que no debía incluirse en la Constitución. Íd.,

pág. 2661. De igual modo, opinó que no entendía necesario

incluir esa protección a favor de las personas confinadas:

“[n]o

veo

la

preeminencia,

por

importante

que

sea

la

situación de los reclusos, para incluirlos a ellos y no

incluir a otras clases, posiblemente más necesitadas, como

son los dementes, los sordomudos, los inválidos, por cuya

rehabilitación se debe velar”. Íd., pág. 2662.

Por

otro

urgencia

de

lado,

otros

constatar

constituyentes

este

principio

resaltaron

la

rector

de

CC-2018-0530

32

rehabilitación

en

aras

de

innovar

fundamentalmente

el

sistema penitenciario y criminal de Puerto Rico. A esos

fines, el delegado José Veray Jr. Hernández arguyó que “[l]a

delincuencia es un problema de la comunidad y exige que el

delincuente sea tratado en forma adecuada y científica. Este

principio

constitucional

aparece

establecido

en

quince

países en Sur América de los veintiuno que existen y además

en varios estados de Estados Unidos”. Íd.

Similarmente, el delegado Juan B. Soto, expresó que la

legislación arcaica de Puerto Rico exigía un cambio oficial

sobre la filosofía y el objetivo de la pena de Puerto Rico.

Íd., pág. 2676. Resaltó que las palabras “tratamiento” y

“rehabilitación” “a primera vista nada significan, pero que,

dentro de la nueva tendencia y de la nueva ciencia penal,

tienen un valor y un alcance extraordinario”. Íd. De este

modo, indicó que las personas no se deben encarcelar con un

propósito punitivo, pues “está demostrado científicamente,

que ese maltrato no reforma, sino lo que hace es determinar

reacciones violentas de indignación en el delincuente”. Íd.,

pág.

2677.

importancia

Asimismo,

de

la

en

consideración

disposición

al

impacto

constitucional

y

la

propuesta,

caracterizó la misma como “una de las enmiendas más útiles,

de mayor alcance social, de las que más prestigio podría dar

a esta Convención, por el espíritu y por la forma en que

enfrenta uno de los problemas más graves con que se ha

confrontado siempre la humanidad”. Íd., págs. 2677-2678.

CC-2018-0530

33

Cónsono con lo anterior, el delegado Yldefonso Solá

Morales resaltó la necesidad de garantizar un “margen de

garantía y de seguridad de reforma” para las personas que

delinquen. Íd., pág. 2679. Así, la importancia de “consignar

aquí la forma en que miramos y enfocamos el problema ahora,

y, a nombre de esa sociedad procurar llegar al logro de

devolverle

a

la

sociedad,

si

es

posible,

por

cada

delincuente, una persona regenerada y útil en el seno de esa

sociedad en que va a convivir”. Íd.

Finalmente,

unánimemente.

Íd.

la

enmienda

De

este

propuesta

modo,

fue

prevaleció

aprobada

una

visión

promovedora de la rehabilitación y del trato humano de las

personas

confinadas.

principalmente

en

el

Lo

anterior,

reconocimiento

pleno

fundamentado

de

que

las

personas confinadas eran, y continúan siendo, oprimidas y

marginalizadas por la sociedad y por las instituciones de

poder.

Por

tanto,

nos

toca

a

los

operadores

jurídicos

materializar esa intención de la Convención Constituyente y

darle contenido a la protección plasmada en la Constitución

de

Puerto

Rico.

Desafortunadamente,

esta

disposición

constitucional tampoco ha sido objeto de la interpretación

judicial que necesita para tener fuerza vinculante. Como

bien señaló el profesor Fernando Picó:

Si el propósito principal de la cárcel es

rehabilitar,

como

dice

la

Constitución

puertorriqueña de 1952, ¿qué quiere decir esa

palabra?

Los

diccionarios

nos

dicen

que

CC-2018-0530

34

rehabilitar significa reponer en su antiguo estado

o condición a una persona o cosa. En ese caso,

¿cuál sería el antiguo estado o condición al que

queremos devolver a los confinados? ¿Qué vuelvan

a la calle en las mismas condiciones en que

estaban antes de delinquir? ¿Devolver al que dejó

la escuela al séptimo grado del que salió, al

desempleo en que se encontró? ¿Eso es rehabilitar?

No hay cosa más tramposa que el lenguaje

metafórico. Hemos estado usando metafóricamente

la palabra rehabilitación todos estos años, sin

conocer a ciencia cierta sus implicaciones. Los

franceses prefieren la palabra resocialización,

pero allá también se objeta la inferencia de que

alguna vez estuvieron socializados lo que ahora

se quiere reinsertar en el tejido social.

Si aventuramos la idea de que el concepto

mayoritario en torno a la rehabilitación de los

confinados gira sobre la capacitación de éstos

para que se puedan desempeñar con dignidad y

provecho en la sociedad, avanzamos un paso. Pero,

¿cómo se logra este propósito? ¿Es algo pasivo,

al cual el confinado se somete, o es algo activo,

que requiere su participación e interacción? Y si

es lo segundo, ¿cuáles programas o tratamientos

mejor

configuran

esa

acepción

de

la

rehabilitación? (Énfasis suplido). F. Picó, La

caducidad de la cárcel, 60 Revista Colegio de

Abogados de Puerto Rico, Núm. 2, pág. 13.

En consecuencia, es hora de precisar el alcance de esta

disposición constitucional que se repite consecuentemente

en todo documento legislativo, administrativo y judicial

relacionado con la población confinada. En esa encomienda,

nos corresponde pautar que el mandato a la rehabilitación

dispuesto

en

la

Constitución

de

Puerto

Rico

sostiene

igualmente la prohibición de discriminar en contra de alguna

persona por su condición social de exconvicta.

Alcanzada esa conclusión, pasemos a evaluar sus efectos

en el Derecho privado laboral.

CC-2018-0530

35

E.

Según hemos discutido extensamente, la Sec. 1 de la Carta

de Derechos de la Constitución de Puerto Rico prohíbe el

discrimen motivado por raza, color, sexo, nacimiento, origen

o condición social, ideas políticas e ideologías religiosas.

Art. II, Sec. 1, Const. PR, LPRA, Tomo 1. Este Tribunal ha

resuelto

consecuentemente

que

“[e]stos

preceptos

de

raigambre constitucional rigen en el ámbito obrero-patronal

y

están

instrumentados

en

la

Ley

Núm.

100”.

(Énfasis

suplido). S.L.G. Afanador v. Roger Electric Co. Inc., 156

DPR 651, 661 (2002). Véase, Rodríguez Meléndez v. Sup.

Amigo, Inc., 126 DPR 117, 124 (1990). A esos efectos, la Ley

contra el discrimen en el empleo, Ley Núm. 100 de 30 de

junio de 1959, 29 LPRA sec. 146 et seq., prohíbe y penaliza

el discrimen en el empleo. De este modo, el referido estatuto

materializa la política constitucional consagrada en nuestra

Carta de Derechos al proteger a las personas que aspiran a

un empleo y, a los trabajadores y trabajadoras. Santini

Rivera v. Serv. Air, Inc., 137 DPR 1, 4-5 (1994).

Desde su aprobación, la Ley Núm. 100 se ha enmendado en

varias ocasiones para añadir distintas categorías por las

cuales

los

patronos

privados

no

pueden

discriminar.

Actualmente, la precitada ley proscribe el discrimen en el

contexto obrero-patronal privado motivado por las siguientes

razones:

[E]dad, según ésta se define más adelante, raza,

color, sexo, orientación sexual, identidad de

CC-2018-0530

36

género, origen social o nacional, condición

social, afiliación política, o ideas políticas o

religiosas, o por ser víctima o ser percibida como

víctima de violencia doméstica, agresión sexual o

acecho, o por ser militar, ex-militar, servir o

haber servido en las Fuerzas Armadas de los Estados

Unidos o por ostentar la condición de veterano del

empleado o solicitante de empleo. (Énfasis

suplido). 29 LPRA sec. 146.

Las referidas clasificaciones prohibidas en la Ley Núm.

100, al igual que las categorías dispuestas en la Secc. 1

de la Carta de Derechos, no son exhaustivas. Ello es así,

pues

este

Tribunal

ha

reiterado

que

las

categorías

proscritas por la Ley Núm. 100 están íntimamente vinculadas

a la Sec. 1 de la Carta de Derechos. Meléndez Rivera v.

CFSE, 195 DPR 300, 306 (2016); García Pagán v. Shiley

Caribbean, etc., 122 DPR 193, 198 (1941). Como explicó el

profesor Jorge M. Farinacci Fernós: “la [Sec.] 1 opera, en

todo su alcance, mediante la Ley Núm. 100, incluyendo su

naturaleza expansiva y no-taxativa”. (Énfasis suplido). J.

M. Farinacci Fernós, Igual trato por igual trabajo: Las

clasificaciones laborales irracionales y el trato desigual

en el empleo privado, 50 Rev. Jur. UIPR 311, 326 (2015).

Por tanto, como bien reconoce la Opinión mayoritaria,

“[n]o

existe

razón

para

concluir

que

la

categoría

de

condición social en dicha legislación es sustantivamente

distinta a aquella protegida por la Constitución”. Opinión

mayoritaria, pág. 17. En consecuencia, el contenido y el

alcance de su prohibición de discrimen por condición social

está circunscrito al análisis constitucional antes expuesto.

CC-2018-0530

37

Entiéndase, los patronos privados no pueden tomar acciones

adversas contra aspirantes de empleo, empleados o empleadas,

fundamentadas en alguna de las vertientes siguientes: (1)

origen

o

procedencia

social

de

la

persona,

(2)

o

la

condición, la cultura o el estatus social de la persona.

Según

discutido,

personas

esta

exconvictas.

segunda

vertiente

Igualmente,

al

ser

cobija

el

a

derecho

las

al

trabajo uno de los principios consagrados en la Secc. 20 de

la Constitución de Puerto Rico, esta prohibición cobra aún

más importancia en este contexto.

Ahora bien, al aplicar esta prohibición en el ámbito

laboral,

hay

que

tomar

en

consideración

los

distintos

intereses en pugna. Lo anterior, debido a que la protección

de los derechos individuales requiere, a su vez, el respeto

por los derechos de la comunidad en su

vida,

salud y

bienestar. Art. II, Sec. 19, Const. PR, LPRA, Tomo 1.

Por tanto, debemos tener presente que, por un lado, se

encuentra el derecho constitucional a que no se discrimine

en

contra

exconvicta.

de

una

persona

Cónsono

con

constitucional

que

rehabilitación

para

a

razón

ello,

exige

las

de

su

existe

esfuerzos

personas

condición

una

de

disposición

concretos

de

exconvictas.

Indudablemente, el empleo es un componente imprescindible

de esta rehabilitación y reinserción social.17 Por otro lado,

17Se

ha demostrado consecuentemente que el desempleo está

íntimamente relacionado con la reincidencia. A. Christman & M.

CC-2018-0530

se

encuentra

38

el

“valor

e

interés

patronal,

también

protegido, de velar por las prerrogativas gerenciales que

el sistema económico le reconoce a este último”. Díaz v.

Wyndham

Hotel

consecuencia,

Corp.,

en

una

155

DPR

364,

controversia

de

382

(2001).

En

esta

naturaleza,

debemos delinear unos parámetros que permitan el adecuado

balance entre estos intereses.

Precisamente, el Juez Asociado señor Rebollo López en

su Opinión de conformidad en Rosario Díaz v. Toyota, supra,

expuso una metodología efectiva para sopesar los intereses

en pugna. A esos efectos, concluyó que los patronos pueden

Natividad Rodríguez, Research Supports Fair Chance Policies,

National Employment Law Project, agosto 2016, pág. 2,

https://s27147.pcdn.co/wp-content/uploads/Fair-Chance-Ban-theBox-Research.pdf

(última

visita

12

de

mayo

de

2020).

Particularmente, estudios han revelado que la falta de un empleo

es el factor más importante y decisivo en la reincidencia. Íd.

Es por ello que la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico

ha recomendado que el Estado promueva que las personas exconvictas tengan un acceso adecuado a empleo, pues “[s]e parte

de la idea de que una forma efectiva de evitar la reincidencia

es que la persona consiga empleo tan pronto salga de la prisión”.

Análisis del sistema correccional puertorriqueño: Modelos de

rehabilitación, Comisión de Derechos Civiles, 2009, pág. 79,

https://observatoriocorreccionalpr.org/wpcontent/uploads/2011/01/LibroCorreccion_2009.pdf (última visita

12 de mayo de 2020).

Igualmente, evidencia empírica ha revelado que cuando las

personas exconvictas tienen acceso a empleos la sociedad en

general se beneficia significativamente. Además de representar

una oportunidad concreta de rehabilitación y reinserción social,

las sociedades prosperan económicamente en virtud de ese recurso

humano. Asimismo, las oportunidades de empleos a personas con

convicciones previas han demostrado generar mayor seguridad

pública. De igual modo, estudios demuestran que las familias y

los menores de edad se benefician de ello. Véase, Research

Supports Fair Chance Policies, supra, págs. 2-3.

CC-2018-0530

39

tomar una decisión motivada por la cualidad de exconvicto

de

una

persona,

a

modo

excepcional,

“cuando

las

circunstancias particulares del caso así lo aconsejen”.

(Énfasis en el original). Íd., pág. 26 (Rebollo López,

Opinión de conformidad). Para determinar qué circunstancias

apremiantes justifican tal decisión, acudió a jurisdicciones

estatales estadunidenses en las cuales se les exige a los

patronos que contemplen una serie de factores al enfrentarse

a un aspirante de empleo con un récord criminal. En virtud

de lo anterior, propuso los siguientes criterios para guiar

la discreción de los patronos:

1. La naturaleza y gravedad del delito cometido.

2. La relación entre el delito cometido, el empleo

solicitado

y

los

requisitos

y

la

responsabilidad que el trabajo conlleva.

3. El grado de rehabilitación del solicitante y

cualquier información que el solicitante o un

tercero

pueda

legítimamente

brindar

al

respecto.

4. Las circunstancias bajo las cuales se cometió

el delito, incluyendo las circunstancias

atenuantes o particulares existentes al momento

de su comisión.

5. La edad del solicitante al cometer el delito.

6. El tiempo transcurrido ante la convicción y la

solicitud de empleo.

7. El interés legítimo del patrono en proteger la

propiedad, la seguridad y el bienestar propio,

de terceros o del público en general. (Énfasis

en el original). Íd., págs. 26-27 (Rebollo

López, Opinión de conformidad).

Así, al evaluar una solicitud de un aspirante, los

patronos

tendrán

que

realizar

un

estudio

integral

e

individualizado de los y las candidatas para sopesar los

factores reseñados y tomar una decisión bajo un criterio de

CC-2018-0530

40

razonabilidad. Solo si un estudio de esos factores revela

un riesgo excesivo a los intereses de la comunidad, se podrá

justificar el discrimen. De este modo, se promueve que los

patronos no actúen conforme a prejuicios, estereotipos ni

criterios arbitrarios. Al contrario, mediante este análisis,

garantizamos que las convicciones criminales se tomen en

consideración únicamente para propósitos legítimos.

Asimismo,

es

menester

destacar

que

el

análisis

propuesto por el Juez Asociado Rebollo se fundamentaba en

aquel momento en la legislación de seis (6) estados que

prohibían

el

discrimen

empleo.

Íd.,

pág.

por

26

convicciones

(Rebollo

previas

López,

en

el

Opinión

de

conformidad). Actualmente, treinta y cinco (35) estados han

implantado políticas que desalientan la discriminación en

contra de aspirantes de empleo por su calidad de exconvicto.

B.

Avery,

Employment

Ban

Law

the

Box

–

Project,

Fair

Chance

julio

Guide,

2019,

National

págs.

3-25

https://www.nelp.org/publication/ban-the-box-fair-chancehiring-state-and-local-guide/, (última visita 26 de mayo de

2020). Particularmente, doce (12) de esos estados exigen que

se evalúe el historial criminal de un o una aspirante según

los criterios antes señalados.18 Íd. Específicamente, han

18Específicamente,

se trata de los estados siguientes:

California, Colorado, Delaware, Hawái, Minnesota, Nevada,

Nuevo México, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Tennessee y

Virginia. Ban the Box – Fair Chance Guide, National

Employment

Law

Project,

julio

2019,

págs.

3-25.

https://www.nelp.org/publication/ban-the-box-fair-chance-

CC-2018-0530

dispuesto

41

que

sólo

se

pueden

tomar

en

consideración

convicciones previas si éstas tienen una relación directa y

razonable a la posición de empleo en controversia.19

A la luz de lo ant erior, los patronos privados

en

Puerto

Rico

no

deben

tener

c arta

blanca

para

hiring-state-and-local-guide/, (última visita 26 de mayo

de 2020).

19A

nivel federal, el Título VII de la Ley de Derechos

Civiles de 1964, 42 USC sec. 2000e et seq., prohíbe la

discriminación en el contexto laboral basada en raza,

color, religión, origen nacional o sexo. Íd., sec. 2000e2(a)(1). Conforme a tal estatuto, en el ordenamiento

federal sólo se prohíben discrímenes fundamentados en

convicciones previas si se demuestra que el patrono

implantó una política que tuvo un impacto dispar (disparate

impact) en alguna de las categorías reseñadas. Griggs v.

Duke Power Co., 401 US 424, 430-431 (1971). Es decir, que

la política relacionada con el historial criminal de los

aspirantes tuvo un efecto desproporcionalmente negativo en

alguna de las poblaciones vulnerables protegidas por el

estatuto.

A pesar de lo anterior, la Comisión para la Igualdad

de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en

inglés) -entidad encargada de implantar el Título VII de

la Ley de Derechos Civiles de 1964, supra- adoptó unas

normas que desalientan significativamente el discrimen

fundamentado en convicciones previas en el ámbito laboral,

independientemente de la población de que se trate.

Enforcement Guidance on the Consideration of Arrest and

Conviction Records in Employment Decisions Under Title VII

of the Civil Rights Act of 1964, as amended, 42 U.S.C. §

2000e

et

seq.,

U.S.

Equal

Employment

Opportunity

Commission,

25

de

abril

de

2012,

https://www.eeoc.gov/laws/guidance/enforcement-guidanceconsideration-arrest-and-conviction-records-employmentdecisions (última visita 26 de mayo de 2020). A esos

efectos, las normas adoptadas proveen lo siguiente: “As a

best practice, and consistent with applicable laws, the

Commission recommends that employers not ask about

convictions on job applications and that, if and when they

make such inquiries, the inquiries be limited to

convictions for which exclusion would be job related for

the position in question and consistent with business

necessity”.(Énfasis suplido). Íd., sec. (V)(B)(3).

CC-2018-0530

42

discriminar

en

contra

prohibición

de

discrimen

social

el

mandato

y

rehabilitación

nos

de

personas

por

impiden

exconvictas.

origen

o

La

condición

constitucional

a

la

de

se

le

resolver

qu e

puede negar a una persona un derecho tan fundamental

como

el

trabajo

por

razones

especulativas

y

prejuiciados. Al contrario, nuestra Constitución de

avanzada nos exige que, en el balance de intereses,

los patronos ausculten y precisen si la convicc ión

criminal

previa

directa

y

pugna.

Mediante

de

una

razonable

con

un

los

persona

la

posición

estudio

cuidadoso

de

protegemos

los

derechos

el

derecho

tiene

de

relación

empleo

en

individualizado

y

criterios

de

una

antes

todas

reseñados,

las

partes

envueltas.

Expuesto

aplicable,

procedemos

a

exponer las razones del disenso.

III.

En el caso ante nuestra consideración, el Dr.

Jorge Garib Bazain (doctor Garib Bazain) operó en el

Hospital

Español

Auxilio

Mutuo

de

Puerto

Rico

(Auxilio Mutuo) desde el año 1982. Sin embargo, en

el año 2000, fue convicto en la Corte de Distrito

Federal

para

delitos

de

el

Distrito

fraude,

de

Puerto

apropiación

y

Rico

por

los

malversación

de

CC-2018-0530

fondos

43

públicos.

Debido

a

lo

anterior,

el

Auxilio

Mutuo le retiró los privilegios médi cos.

Posteriormente, el doctor Garib Bazain cumplió

la

pena

impuesta

y

logró

la

reinstalación

de

su

licencia médica. Por tanto, en el año 2009, solicitó

al Auxilio Mutuo que le concedieran nuevamente los

privilegios médicos. Ante ello, el Auxilio Mutuo le

remitió una carta en la cual se le informó que el

Comité Ejecutivo del hospital no estaría recomendando

la

concesión

convicción

Garib

de

los

privilegios

criminal . 20

Bazain

evidenciaria

solicitó

y

la

debido

Diligentemente,

la

celebración

producción

de

de

a

su

el

doctor

una

vista

documentación

que

entendía necesaria para su defensa. Por su parte, el

Auxilio Mutuo denegó la vista solicitada, tardó entre

tres

(3)

a

cinco

(5)

meses

en

entregar

la

documentación

que

tenía

en

su

posesión

y

posteriormente

confirmó

la

denegación

de

los

privilegios.

Debido

presentó

20En

a

una

lo

anterior,

demanda

de

el

doctor

sentencia

Garib

Bazain

declaratoria,

la misiva, el Hospital Español Auxilio Mutuo de

Puerto Rico (Auxilio Mutuo) hizo referencia a otros dos (2)

incidentes previos que ocurrieron durante las labores del

del Dr. Jorge Garib Bazain (doctor Garib Bazain) en los

años 1982 y 1995. Dichos eventos nunca dieron paso a

determinación disciplinaria alguna. Por tanto, al igual que

la Mayoría, entendemos que es innegable que la motivación

real para la negación de los privilegios médicos recayó en

la convicción criminal del doctor Garib Bazain.

CC-2018-0530

44

injunction y daños y perjuicios en contra del Auxilio

Mutuo. Así, arguyó que el Auxilio Mutuo discriminó

en su contra por su cond ición de exconvicto. 21 Ante

ello, el Auxilio Mutuo ha argumentado ante los foros

judiciales

que

la

Constitución

de

Puerto

Rico

no

proscribe el discrimen fundamentado en la convicción

previa

de

una

persona.

El

Tribunal

de

Primera

Instancia declaró con lugar la dema nda presentada y,

entre

varios

asuntos,

ordenó

al

Auxilio

Mutuo

a

extender inmediatamente los privilegios médicos al

21Además,

el doctor Garib Bazain alegó que el Auxilio

Mutuo violó su debido proceso de ley. Particularmente, la

ley federal Health Care Quality Improvement Act, 42 USC

sec. 11112, provee que las instituciones médicas deberán

salvaguardar ciertos requisitos procesales al denegar los

privilegios médicos a un profesional de la salud. A esos

efectos, dispone que los hospitales deben garantizar un

proceso justo y razonable, proveer una notificación

adecuada y celebrar una vista para que el doctor o la

doctora sea escuchada. Íd. De igual modo, requiere que las

decisiones de las instituciones médicas tengan como

propósito proveer un cuidado médico adecuado, que se

ejerzan esfuerzos razonables para obtener la información

relacionada con los hechos del caso y que sus decisiones

se basen en el expediente. Íd. Ahora bien, los hospitales

no están obligados a cumplir con estas normas. Sin embargo,

si cumplen con las mismas, el referido estatuto dispone que

la institución médica gozará de inmunidad en contra de una

acción en daños y perjuicios. Íd., sec. 11111.

A la luz de lo anterior, la Opinión mayoritaria

resuelve erróneamente que a pesar de que “en este caso no

se cumplieron con los requisitos federales”, el doctor

Garib Bazain no tenía una causa de acción en contra del

Auxilio Mutuo. Opinión mayoritaria, pág. 26 n. 10.

Precisamente, al reconocer expresamente que el Auxilio

Mutuo no cumplió con la normativa federal, queda claro que

no le cobija la inmunidad reconocida por ley. Por ende, la

demanda en daños y perjuicios instada por el doctor Garib

Bazain procedía en derecho.

CC-2018-0530

doctor

45

Garib

primario

Bazain.

concluyó

denegación

de

los

Particularmente,

que

“ni

en

privilegios

el

el

proceso

médicos,

ni

foro

de

en

la

es te

litigio se pudo refutar el hecho de que el [doctor

Garib Bazain], luego de cumplir su sentencia, está

rehabilitado y no existe un obstáculo legítimo para

el ejercer la profesión médica y ser acreedor a sus

privilegios médicos en el Hospital”. 22 El Tribunal de

Apelaciones

confirmó

el

dictamen

del

Tribunal

de

Primera Instancia.

A la luz de estos hechos, la Opinión mayoritaria

suscribe un análisis literal y formalista que valida

el discrimen rampante e injustificado en contra de

las

personas

exconvictas.

As í,

pauta

que

la

prohibición de discriminar a razón del origen o la

condición

social

de

una

persona

se

limita

a

fundamentos socioeconómicos. Por tanto, concluye que

tanto la Constitución de Puerto Rico como la Ley Núm.

100

permiten

que

injustificadamente

los

a

patronos

emplear

se

niegu en

a

personas

cabida

en

con

convicciones criminales previas.

Tal

análisis

ordenamiento.

prohibición

Hoy

no

tiene

procedía

constitucional

de

resolver

discriminar

nuestro

que

por

la

el

origen o la condición social de una persona protege

22Apéndice

de certiorari, Sentencia Parcial, pág. 66.

CC-2018-0530

a

las

46

personas

discutido,

los

y

de

delito.

derechos

que

garantiza

Puerto

Rico

no

literalmente.

Al

contrario,

Constitución

aislada

exconvictas

de

y

pueden

Según

provee

la

analizarse

exigen

que

evaluemos la controversia ante nuestra consideración a la

luz de derechos y principios de la más alta suprem acía,

como

lo

son

la

dignidad

humana,

la

igualdad

y

la

rehabilitación.

Empleado ese análisis, era forzoso concluir que

la

prohibición

constitucional

de

discriminar

por

origen o condición social proscrib e dos (2) tipos de

discrimen: (1) aquel fundamentado en el origen o la

procedencia social de una persona, y (2) aquel basado

en la cultura, naturaleza o el estatus social de una

persona. Mediante esta segunda vertiente, se prohíbe

el discrimen en contra de grupos o personas que han

sido

clasificadas

históricamente

y

negativa mente,

quienes

hayan

sufrido

oprimidas

agravios

o

perjuicios a raíz de ello.

Así, al aplicar estos criterios a las personas

exconvictas, no hay duda alguna de que éstas están

amparadas por la Sec. 1 de la Carta de Derechos. Como

expusimos anteriormente, la sociedad puertorriqueña,

como ocurre comúnmente en otros países, clasifica y

discrimina negativamente a las personas exconvictas.

A

raíz

de

ello,

los

derechos

más

básicos

de

esta

comunidad se ven coartados constantemente, tales como

CC-2018-0530

su

47

acceso

entre

a

vivienda

otros.

Lo

adecuada,

anterior

empleo,

vislumbra

estudios,

una

realidad

innegable: las personas exconvictas componen uno de

los

grupos

más

marginados,

vulnerables

y

estigmatizados en nuestra sociedad. Por tanto, hoy

procedía

resolver

q ue

la

Secc.

1

de

la

Carta

de

Derechos les cobija y les protege de discriminación

basada en su convicción criminal previa.

Todo

lo

anteriormente

expuesto

cobra

aún

más

importancia cuando consideramos que , en el caso de

autos, se le privó al doctor Garib Ba zain de uno de

los

derechos

sociedad

y

fundamentales

plasmado

así

reconocidos

en

en

20

la

Sec.

nuestra

de

la

Constitución de Puerto Rico: el derecho al trabajo.

Recordemos, pues, que “[e]l derecho a un e mpleo, esto

es, a devengar ingresos y a tener una vid a justa y

decente,

es

un

principio

inalienable

al

hombre,

preexistente a la más antigua de las constituciones

conocidas”. Amy v. Administración de Deporte Hípico ,

supra. En ese sentido, los intereses del doctor Garib

Bazain

están

individuales

Constitución

vinculados

contenidas

de

Puerto

a

otras

garantí as

expresamente

Rico

que

en

la

proscriben

este

proceder.

Asimismo, debemos tener presente que el acceso

adecuado

a

empleos

para

personas

con

convicciones

criminales no sólo es beneficioso para la comunidad.

CC-2018-0530

48

Ello redunda igualmente en mayor seguridad pública,

en el fortalecimiento de los vínculos familiares e

impulsa

la

economía

en

general.

Irónicamente,

al

denegar el disfrute del derecho básico del trabajo,

se promueve la reincidencia y la criminalidad.

Cónsono con lo anterior, procedía resolver que

la

Constitución

discriminación

en

de

Puerto

el

empleo

Rico

prohíbe

fundamentado

en

la

una

convicción criminal previa. A su vez, al aplicar esta

prohibición

constitucional

al

procedía

delinear

un

esqu ema

distintos

intereses

en

pugna.

ámbito

que

A

laboral,

sopesara

esos

efectos,

los

se

debió resolver que los patronos no pueden negar un

empleo

a

récord

una

persona

criminal.

únicamente

Ello

porque

valida

tiene

un

preju icios

estereotipados e infundados.

Al contrario, hoy tocaba pautar que los patronos

sólo

pueden

tomar

en

consideración

la

convicción

criminal de algún o alguna aspirante cuando la misma

esté

razonable

y

directamente

relacionada

con

la

posición de empleo en controversia. Así, los patronos

podrían, a modo exc epcional, justificar la denegación

de empleo a una persona exconvicta si un análisis de

los

criterios

antes

mencionados

revela

un

riesgo

excesivo y particularizado a sus operaciones. Según

hemos

expuesto

“ayuda[n]

a

anteriormente,

descartar

la

estas

presunción

prácticas

de

que

una

CC-2018-0530

persona

49

acusada

y,

hasta

convicta,

de

delito

es

incapaz de reinsertarse como un miembro productivo

de

la

sociedad”.

González

Santiago

v.

Baxter

Healthcare of Puerto Rico , 202 DPR 281, 305 (2019)

(Estrella Martínez, Opinión disiden te).

A la luz de lo anterior, el Auxilio Mutuo debió

realizar

un

análisis

individualizado

del

récord

criminal del doctor Garib Bazain y determinar si, en

virtud

de

los

criterios

antes

expuestos,

se

justificaba la denegación de su empleo. Denegarle el

empleo,

sin

más,

es

a

todas

luces

discriminatorio

fundamentado

en

exconvicto

doctor

Bazain

del

Garib

la

un

acto

condición

y,

por

de

ende,

inconstitucional.

Desafortunadamente, lo que ocurrió con el doctor

Garib Bazain no es una excepción. El discrimen y el

perjuicio

que

recrudecerse,

sufren

incluso

los

más

que

exconvictos

en

otros

suele

sectores

discriminados laboralmente. A pesar de ello, hoy se

despachan derechos fundamentales protegidos por la

Constitución de Puerto Rico y se priva a una de las

comunidades más marginadas y oprimidas de un derecho

tan básico como lo es el trabajo. Los derechos a la

igualdad, a la dignidad y a la rehabilitación, en

lugar de materializarse, siguen desvaneciéndose.

Precisamente,

contenido

y

esta

precisar

controversia

el

alcance

exigía

dar

de

estas

CC-2018-0530

50

disposiciones

constitucionales

intención

de

la

embargo,

la

Opinión

principios,

Convención

causando

y

concretizar

Constituyente.

mayoritaria

que

éstos

se

obvia

la

Sin

estos

mantengan

en

formalismos abstractos y teóricos.

No podemos sostener una democracia basada en la

igualdad y en la dignidad mientras damos carta blanca

a

los

patronos

injustificadamente

para

que

discriminen

en

contra

de

las

libre

personas

e

que

tienen récords criminale s. Sin duda alguna, validar

este proceder subordina y marginaliza aún más a las

personas

exconvictas.

En

consecuencia,

disiento

enérgicamente del dictamen mayoritario.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Jorge Garib Bazaín

Recurrido

CC-2018-0530

v.

Certiorari

Hospital Español Auxilio

Mutuo de Puerto Rico, Inc.

y otros

Peticionarios

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.

En San Juan, Puerto Rico a 27 de julio de 2020.

Hace ya más de quince (15) años atrás a este

Tribunal

se

le presentó

la

oportunidad

de

poder

determinar si la protección en contra del discrimen

por condición social -- contenida en el Art. II, Sec.

1, de la Constitución del Estado Libre Asociado de

Puerto

Rico

--

podía

ser

invocada

por

aquellas

personas que ven frustradas sus oportunidades de

conseguir un empleo digno por el hecho de haber sido

convictos de delito. En aquella ocasión, al tres

miembros de esta Curia responder en la afirmativa y

tres en la negativa, y quedar igualmente dividido el

Tribunal, no se pudo pautar una norma que brindara

una

respuesta

definitiva

nuestra consideración.

a

la

controversia

ante

CC-2018-0530

2

Hoy -- en un proceder en extremo lamentable -- una

mayoría de jueces de este Tribunal decide, de una vez por

todas, ponerle fin a la referida controversia, y al así

hacerlo, optan por “ignorar las lamentables vicisitudes

que confrontan las personas convictas de delito a la hora

de procurar empleo”. Rosario v. Toyota, 166 DPR 1, 3

(Sentencia) (Op. de Conformidad del Juez Asociado señor

Rebollo López).

Por entender que la prohibición contra el discrimen

por condición social dispuesta en el Art. II, Sección 1,

de la Constitución de Puerto Rico, infra, -- y extendida

al ámbito obrero-patronal por la Ley Núm. 100 de 30 de

junio de 1959, infra -- cobija a las personas convictas

de

delito

que

han

cumplido

su

sentencia,

disentimos

enérgicamente del errado curso de acción seguido por una

mayoría de este Tribunal en el presente caso.

Al así proceder, procuramos dar vida también a aquel

postulado constitucional -- contemplado en el Art. VI,

sec. 19, de la Constitución del Estado Libre Asociado de

Puerto

Rico,

infra

--

que

procura

hacer

posible

la

rehabilitación moral y social de aquellas personas que

delinquen. Veamos.

I.

Allá para el año 2000, el doctor Jorge Garib Bazaín

(en adelante, “doctor Garib Bazaín”) resultó convicto por

los delitos de fraude, apropiación y malversación de fondos

públicos. Como consecuencia de ello, el Hospital Español

CC-2018-0530

Auxilio

3

Mutuo,

Inc.

(en

adelante,

“Hospital

Español

Auxilio Mutuo”) le retiró los privilegios clínicos que

tenía en dicha institución y en abril del 2004 el Tribunal

Examinador de Médicos (en adelante, “Tribunal Examinador”)

revocó su licencia médica.

Posteriormente, en diciembre de 2007, el doctor Garib

Bazaín extinguió su sentencia, por lo que solicitó al

Tribunal

Examinador

que

reinstalara

su

licencia

para

practicar la medicina. El 27 de enero de 2009, tras varios

trámites administrativos y judiciales no necesarios aquí

pormenorizar,

el

Tribunal

Examinador

accedió

a

dicha

petición.

Así las cosas, en febrero de 2009, el doctor Garib

Bazaín solicitó al Hospital Español Auxilio Mutuo que le

extendiera

nuevamente

sus

privilegios

clínicos.

No

obstante, nueve meses después, el doctor Álvaro Aranda,

presidente de la Facultad Médica y del Comité Ejecutivo

de

la

referida

institución

hospitalaria,

le

informó

mediante una carta que el Comité había determinado no

recomendar la concesión de los privilegios. Esta decisión,

en esencia, se basó en las previas convicciones federales

del doctor Garib Bazaín.23

En la carta denegando privilegios al al doctor Garib Bazaín, se le

informa a éste que el Comité Ejecutivo del hospital “gained knowledge

that your clinical privileges to participate in the Emergency Room

On-call Duty Roster during your Residency Program at the Veteran’s

Administration (VA) Hospital were curtailed due to an incident with

a patient to which you resisted his/her attempt of battery and assault

with a firearm.” Apéndice del certiorari, pág. 283. Asimismo, se le

indicó que el Comité Ejecutivo entendía que “your conviction for

conspiracy to commit offence or defraud the United States of America

is indeed related to your professional conduct. Being in the position

23

CC-2018-0530

4

Ante dicha determinación, el 25 de marzo de 2010 el

doctor Garib Bazaín presentó una demanda de sentencia

declaratoria, injunction, y daños y perjuicios en contra

del Hospital Español Auxilio Mutuo y otros demandados. En

síntesis, éste alegó que le fueron denegados privilegios

médicos en la referida institución hospitalaria de manera

discriminatoria e ilegal -- ello debido a su condición de

exconvicto -- y que se le violó su debido proceso de ley

durante

el

procedimiento

de

revisión

de

dicha

determinación.

El 28 de febrero de 2017, el Tribunal de Primera

Instancia emitió una Sentencia parcial, mediante la cual

determinó que el Hospital Español Auxilio Mutuo violó el

debido proceso de ley y discriminó en contra del doctor

Garib Bazaín por su condición social de persona convicta

de delito. Además, resolvió que la referida institución

hospitalaria violó los derechos procesales del demandante

al denegarle la vista y el descubrimiento de prueba.

Consecuentemente, ordenó a los peticionarios conceder los

privilegios al doctor Garib Bazaín.

Inconforme, el Hospital Español Auxilio Mutuo acudió

en apelación ante el Tribunal de Apelaciones. No obstante,

el 2 de mayo de 2018, el foro apelativo intermedio emitió

una Sentencia en la que -- luego de acoger el recurso como

certiorari -- confirmó al foro primario. Coincidió en que

of a physician specialized in infectious diseases you misused or

allowed the misuse of federal funds designated for patients suffering

from a serious infection disease.” Íd., pág. 284.

CC-2018-0530

el

5

Hospital

Español

Auxilio

Mutuo

violó

los

derechos

procesales del doctor Garib Bazaín y discriminó en su

contra por su condición de persona convicta de delito, a

pesar de que la prueba en el expediente demostraba que

éste se había rehabilitado.

Insatisfecho aún, el Hospital Español Auxilio Mutuo

acude ante nos a través del recurso que nos ocupa. En

esencia, plantea que el Tribunal de Apelaciones erró al

concluir que la referida institución hospitalaria había

discriminado en contra del doctor Garib Bazaín por ser

persona convicta de delito. A dicha solicitud el doctor

Garib Bazaín se opuso.

Examinados los planteamientos de ambas partes, una

mayoría de este Tribunal decide que la clasificación de

“persona convicta de delito” no se encuentra cobijada por

la categoría de origen o condición social protegida por

nuestra

Constitución

y

la

legislación

que

prohíbe

el

discrimen en el empleo. De esta forma, determina que la

denegatoria de privilegios médicos al doctor Garib Bazaín

no constituyó un acto discriminatorio ilegal.

Como

ya

adelantamos,

de

ese

lamentable

proceder

enérgicamente disentimos. Ello, pues entendemos que las

personas convictas de delito, que ya han cumplido su

sentencia, están protegidas por la prohibición contra el

discrimen por condición social contenida en el Art. II,

Sección

1

de

la

Constitución

de

Puerto

Rico,

infra,

CC-2018-0530

6

extendida al ámbito obrero-patronal por la Ley Núm. 100

de 30 de junio de 1959, infra. Veamos.

II.

A.

Como es sabido, la Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, en su Artículo II, Sección 1,

prohíbe el establecimiento de “discrimen alguno por motivo

de

raza,

social,

color,

ni

sexo,

ideas

nacimiento,

políticas

o

origen

o

condición

religiosas”.

(Énfasis

suplido) Const. PR., Art. II, Sec. 1, LPRA, Tomo 1. Dicha

sección, la cual forma parte de nuestra Carta de Derechos,

dispone, además, que “[t]anto las leyes como el sistema

de instrucción pública encarnarán estos principios de

esencial igualdad humana”. Íd.

Según

ha

sido

sentenciado

previamente

por

este

Tribunal y por estudiosos del tema, el contenido de la

precitada cláusula constitucional estuvo inspirado en el

Art. 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de

las Naciones Unidas. Rodríguez Casillas v. Colegio de

Técnicos y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico, 2019

TSPR 87, 202 DPR 428 (2019); Rivera Schatz v. ELA y C.

Abo. PR II, 191 DPR 791 (2014); De Paz Lisk v. Aponte

Roque, 124 DPR 472 (1989). Véanse, además, J. J. Álvarez

González, Derecho

relaciones

constitucional

constitucionales

con

de

Puerto

Rico

y

los

Estados

Unidos,

Bogotá, Ed. Temis, 2009, pág. 11; J. Trías Monge, Historia

Constitucional de Puerto Rico, San Juan, Ed. U.P.R., 1982,

CC-2018-0530

Vol.

III,

7

pág.

174.

En

lo

pertinente,

el

precitado

artículo establece que “[t]oda persona tiene todos los

derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión,

opinión

política

nacional

o

o

social,

de

cualquier

posición

otra

económica,

índole,

origen

nacimiento

o

cualquier otra condición”. (Énfasis suplido).24

Establecido lo anterior, es menester señalar aquí

que, de un análisis histórico relacionado al proceso de

elaboración del Art. II, Sec. 1, de la Constitución del

Estado Libre Asociado, supra, claramente se desprende que,

en el texto originalmente propuesto por los miembros de

la Comisión de la Carta de Derechos para lo que en su día

sería la cláusula constitucional objeto de estudio, no se

había incluido el concepto condición social como una de

las

instancias

a

ser

protegidas

por

la

mencionada

disposición constitucional. El texto original rezaba de

la siguiente manera: “[n]o podrá establecerse discrimen

alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen

social,

ideas

políticas

o

religiosas”.

4

Diario

de

Sesiones de la Convención Constituyente 2561 (2003).25 La

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, Naciones Unidas,

https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/.

24

En lo relacionado al concepto origen social, en el Informe de la

Comisión de la Carta de Derechos de la Convención Constituyente, se

indicó que la inclusión del mismo: “reafirma el principio de descartar

toda gradación, favoritismo o prejuicio al sopesar los méritos de una

causa judicial, de una solicitud en el servicio público, de una

subasta, etc., por motivos de origen o condición social”. (Énfasis

suplido) 4 Diario de Sesiones, supra, pág. 2562. Al respecto, en el

referido Informe también se señaló que:

25

CC-2018-0530

8

terminología en cuestión -- entiéndase condición social -

fue

incluida

posteriormente

y

de

manera

expedita,

mediante una enmienda propuesta al referido articulado por

el delegado Lino Padrón Rivera, la cual fue aprobada

prácticamente sin discusión. 2 Diario de Sesiones, supra,

pág. 1381.

Ahora bien, a pesar de la rápida aprobación de la

enmienda propuesta por el delegado Padrón Rivera para

añadir

el

concepto

condición

social

a

la

cláusula

constitucional objeto de estudio, sí se desprende de las

discusiones suscitadas entre los miembros de la Asamblea

Constituyente que el delegado Jaime Benítez, presidente

de la Comisión de la Carta de Derechos, tuvo oportunidad

de expresarse sobre el significado de la misma. Así, de

forma contundente y en extremo importante para la correcta

disposición

de

las

controversias

ante

nuestra

consideración, éste manifestó lo siguiente:

[E]n las líneas quinta, sexta y séptima, se

establece que “tanto las leyes como el sistema

de

instrucción

pública

encarnarán

estos

principios de esencial igualdad humana”, y lo

que se ha establecido aquí son ciertos principios

básicos y esenciales que tienen fuerza ex

proprio vigore, pero que además de tener fuerza

por

su

propio

vigor

habrán

de

requerir

implementación de dos clases, educativa y

jurídica. En lo que toca a la educativa, ya hay

El propósito de esta sección es fijar claramente como base

consustancial de todo lo que sigue el principio de la dignidad del

ser humano y, como consecuencia de ésta, la igualdad esencial de

todas las personas dentro de nuestro sistema constitucional. La

igualdad ante la ley queda por encima de accidentes o diferencias,

bien tengan su origen en la naturaleza o en la cultura. Todo

discrimen o privilegio contrario a esta esencial igualdad repugna

al sistema jurídico puertorriqueño”. (Énfasis suplido) 4 Diario

de Sesiones, supra, pág. 2561 (2003).

CC-2018-0530

9

aquí un mandato al sistema de instrucción pública

que habrá de respetar estos básicos principios.

En lo que respecta al sistema jurídico y en esto

se refiere a la totalidad de la estructura legal

del país, se subraya la inconstitucionalidad de

todo

favoritismo. Y

todo

reconocimiento

a

distinción habrá de estar motivado por mérito,

por virtud, por esfuerzo, por talento. En lo que

toca a qué es lo que se quiere decir con

origen social, quiérese decir con origen social,

que no importa la extracción de la persona, su

situación

económica,

su condición en

la

comunidad, todos los puertorriqueños y todas las

personas sujetas a las leyes de Puerto Rico son

iguales ante nuestras leyes si se aprueba esta

disposición y cualquier intento de hacer

discrimen en favor o en contra de una de ellas

es ilegal. (Énfasis suplido) 2 Diario de

Sesiones, supra, pág. 1382.

Sin

temor

a

equivocarnos,

de

una

lectura

desapasionada de las palabras antes expresadas por el

delegado Jaime Benítez, así como de las de otros miembros

de la Asamblea Constituyente a los que aquí hemos hecho

referencia,

podemos

colegir

que

el

término

condición

social, según contemplado en el Art. II, Sección I, de la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es

uno que prohíbe cualquier tipo de discrimen o privilegio

contrario al principio fundamental de igualdad que se

manifiesta a través de toda nuestra Carta de Derechos. J.

R.

Roqué

Velásquez,

Apuntes

hacia

una

definición

del

discrimen por “origen o condición social” en Puerto Rico,

39 Rev. Jur. UIPR 183, 187. Véase, además, A. FernósIsern, Original Intent in the Constitution of Puerto Rico:

Notes and Comments Submitted the Congress of the United

States, Hato Rey, 2da ed., Lexis-Nexis, 2002, pág. 35. Tal

conclusión es cónsona con lo dispuesto en la Declaración

CC-2018-0530

10

Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,

texto inspirador de la cláusula constitucional que hoy es

objeto de estudio.26

En ese sentido, somos de la opinión, y el historial

y debate de los miembros de la Asamblea Constituyente así

lo demuestran, que la prohibición del discrimen por origen

o

condición

social

se

manifiesta

a

través

de

dos

vertientes: (1) aquella que prohíbe el prejuicio contra

cualquier persona por su origen o estatus económico; y (2)

aquella que prohíbe el discrimen por condición social;

entiéndase el status del individuo en la comunidad. Véase,

Berberena v. Echegoyen, 128 DPR 864 (1991) (Op. Disidente

Juez Asociado Rebollo López). Es decir, incluye tanto

aspectos económicos, como sociales.

Toda vez que los constituyentes rechazaron incluir la frase

“posición económica” por entender que estaba cubierta dentro de la

frase “origen o condición social”, se ha argumentado que este concepto

cobija únicamente el discrimen por características de índole

económica. Sin embargo, esa conclusión no se desprende de un estudio

detenido de la discusión plasmada en el Diario de Sesiones. Al

respecto, en un momento dado de los debates en la Asamblea

Constituyente, el delegado José Trías Monge propuso añadir la frase

“posición económica”, por ser la única enumeración que faltaba de las

expresadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 2 Diario

de Sesiones, supra, pág. 1382. No obstante, ésta fue eliminada

posteriormente, pues surgió la preocupación de que la frase podía

impedir al Estado la implementación de iniciativas para beneficiar a

personas de escasos recursos económicos. 3 Diario de Sesiones, supra,

pág. 2244.

26

Ante estas preocupaciones, el delegado Víctor Gutiérrez Franqui

señaló que “[c]reyendo que en su conjunto, la carta de derechos es

suficiente para dejar establecido que no existirá discrimen de esa

naturaleza en Puerto Rico aconsejo la eliminación de esa frase por

considerarla peligrosa en el sentido que he indicado”. 3 Diario de

Sesiones, supra, pág. 2245. Véase también Roqué Velásquez, supra,

págs. 185-187. Fue en ese contexto que el delegado Héctor González

Blanes expresó que estaba conforme con “la eliminación de ‘posición

económica’ porque entiendo que ahí está incluida la dificultad que

levanta el compañero Reyes Delgado al ponerse más adelante origen o

condición social”. Íd.

CC-2018-0530

11

Recordemos que, según estudiosos de este tema, el

término condición social debe ser interpretado de forma

amplia, pues “[e]llo iría acorde con la intención de

nuestros

constituyentes

y

armonizaría

nuestro

texto

constitucional con la principal fuente de inspiración en

cuanto nuestra política anti-discrimen: la Declaración

Universal de los Derechos Humanos”. J. M. Farinacci Fernós

& G. Rivera Vega, El uso de fuentes transnacionales en el

derecho puertorriqueño (Parte I), 51 Rev. Jur. UIPR 189,

210-211 (2017).

B.

Cónsono con lo anterior, y consciente de que esta

protección

constitucional

ha

de

esgrimirse

únicamente

frente al Estado, la Asamblea Legislativa decidió extender

la misma al ámbito privado, en particular, al contexto

laboral. De esta forma, con la aprobación de la Ley Núm.

100 de 30 de junio de 1959, 29 LPRA sec. 146 et seq. (en

adelante, “Ley Núm. 100”), se creó una causa de acción

contra todo patrono que discrimine o tome alguna acción

contra un empleado, por razón de su raza, color, edad,

origen o condición social. Dicha ley fue posteriormente

enmendada para incluir las siguientes categorías: sexo;

orientación sexual; identidad de género; origen nacional;

afiliación política; ideas políticas o religiosas; ser

víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho;

ser militar, exmilitar, servir o haber servido en las

CC-2018-0530

12

Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, o ser veterano.

Íd.27

Así las cosas, y toda vez que la Ley Núm. 100 se creó

con el propósito de extender la protección contra el

discrimen contenida en nuestra Constitución al ámbito

obrero-patronal, el análisis en torno al alcance de la

referida

disposición

estatutaria

debe

considerarse

análogo al de la cláusula constitucional en cuestión. E.

J. Rivera Juanatey, Discrimen por antecedentes penales:

Hacia una reconsideración del discrimen por condición

social, 41 Rev. Jur. UIPR. 585, 594 (2007).

III.

De otra parte, es menester señalar también que el

Art. II, Sección I, de nuestra Constitución establece que

no “se negará a persona alguna en Puerto Rico la igual

protección de las leyes”. Const. PR., Art. II, sec. 7,

El primer párrafo del Art. 1 de la referida ley, según ha sido

enmendada hasta el día de hoy, lee como sigue:

27

Todo patrono que despida, suspenda o discrimine

contra un empleado suyo en relación a su sueldo, salario,

jornal o compensación, términos, categorías, condiciones

o privilegios de su trabajo, o que deje de emplear o rehúse

emplear o reemplear a una persona, o limite o clasifique

sus empleados en cualquier forma que tienda a privar a una

persona de oportunidades de empleo o que afecten su status

de empleado, por razón de edad, según ésta se define más

adelante, raza, color, sexo, orientación sexual, identidad

de género, origen social o nacional, condición social,

afiliación política, o ideas políticas o religiosas, o por

ser víctima o ser percibida como víctima de violencia

doméstica, agresión sexual o acecho, o por ser militar,

ex-militar, servir o haber servido en las Fuerzas Armadas

de los Estados Unidos o por ostentar la condición de

veterano del empleado o solicitante de empleo. 29 LPRA

sec. 146.

CC-2018-0530

LPRA,

13

Tomo

1.

Según

ha

explicado

este

Tribunal

anteriormente, “[e]sta disposición se activa cuando nos

enfrentamos a una legislación o a una acción estadual que

crea clasificaciones entre grupos, discriminando a unos

frente a otros”. San Miguel Lorenzana v. E.L.A., 134 DPR

405, 424 (1993); Berberena v. Echegoyen, supra; Zachry

International v. Tribunal Superior, 104 DPR 267 (1975).

Ahora

bien,

no

todo

discrimen

contraviene

esta

disposición, toda vez que no se exige un trato igual para

todos los ciudadanos y ciudadanas, sino que se prohíbe un

tratamiento desigual injustificado. Domínguez Castro v.

E.L.A., 178 DPR 1 (2010); Berberena v. Echegoyen, supra;

Zachry International v. Tribunal Superior, supra. Esto es

así, pues, según señaló el prestigioso constitucionalista

Raúl Serrano Geyls “el principio cardinal en que se funda

constitucionalmente la igual protección de las leyes es

el

de

‘trato

similar

para

personas

similarmente

situadas’”. R. Serrano Geyls, Derecho constitucional de

Estados Unidos y Puerto Rico, San Juan, Ed. C. Abo. P.R.,

1988, Vol. II, págs. 1081-1082.

En

esa

dirección,

hay

dos

aspectos

esenciales

a

examinarse al realizar un análisis sobre igual protección

de las leyes. El primero de ellos es la relación entre la

clasificación establecida y el propósito que se quiere

obtener mediante ésta; y el segundo es la importancia del

derecho

o

interés

gubernamental.

afectado

Domínguez

por

Castro

la

v.

actuación

E.L.A.,

de

supra;

CC-2018-0530

14

Berberena v. Echegoyen, supra. Véase también, Serrano

Gelys, op. cit., pág. 1081.

A fines de

evaluar la

constitucionalidad de una ley a la luz de estos criterios,

en nuestra jurisdicción se han desarrollado dos tipos de

escrutinios

judiciales:

el

escrutinio

racional

y

el

escrutinio estricto. Berberena v. Echegoyen, supra; De Paz

Lisk v. Aponte Roque, supra; P.I.P. v. C.E.E., supra.

El

escrutinio

racional,

también

conocido

como

tradicional o mínimo, se utiliza cuando la acción estatal

objetada no establece clasificaciones sospechosas o no

afecta derechos fundamentales. San Miguel Lorenzana v.

E.L.A.,

supra;

Berberena

v.

Echegoyen,

supra.

Véase

también, López v. E.L.A., supra. En ese caso, la ley se

presume constitucional si existe un nexo racional entre

el propósito que se quiere alcanzar y la clasificación

establecida. Íd. Siempre que exista una situación que

razonablemente justifique la clasificación, la ley se

considerará

constitucional. San

Miguel

Lorenzana

v.

E.L.A., supra; Berberena v. Echegoyen, supra; Vélez v.

Srio. de Justicia, 115 DPR 533 (1984).

En cambio, el escrutinio estricto se utiliza cuando

el tribunal determina que se estableció una clasificación

sospechosa

o

que

la

clasificación

hecha

afecta

algún

derecho fundamental. Lopez v. E.L.A., 165 DPR 280 (2005);

Berberena v. Echegoyen, supra; Zachry International v.

Tribunal Superior, supra. Bajo este cedazo, la ley o acción

gubernamental impugnada se presume inconstitucional, recayendo

CC-2018-0530

15

sobre el Estado el peso de probar que existe un interés apremiante

que justifique la clasificación establecida. Domínguez Castro v.

E.L.A., supra; López v. E.L.A., supra; Berberena v. Echegoyen,

supra.

IV.

A.

Establecido lo anterior, cabe señalar aquí, como bien ha

reconocido este Tribunal en ocasiones previas, que:

[H]ay áreas en las cuales, por su tangencia con la

dignidad humana y con el principio de que todo el mundo

es igual ante la ley, toda clasificación es

inherentemente sospechosa y está sujeta al más minucioso

examen judicial. Estas áreas incluyen las clasificaciones

o discrímenes por motivo de raza, color, sexo,

nacimiento, origen o condición social, ideas políticas o

religiosas y nacionalidad. Wackenhut Corp. v. Rodríguez

Aponte, 100 DPR 518, 531 (1972). Véase, además, Zachry

International v. Tribunal Superior, supra.

Cónsono con este razonamiento, existen argumentos a favor de

considerar a las personas convictas de delito, que han cumplido su

sentencia, como una clasificación sospechosa. Nos explicamos.

B.

Como se sabe, la doctrina que trata el tema de las

clasificaciones sospechosas tiene su origen en la nota al calce

número 4 de la Opinión emitida por el Tribunal Supremo de los

Estados Unidos en U.S. v. Carolene Products Co., 304 US 144 (1938).

En ésta, se sugirió lo siguiente: “prejudice against discrete and

insular minorities may be a special condition, which tends seriously

to curtail the operation of those political processes ordinarily

to be relied upon to protect minorities, and which may call for a

correspondingly more searching judicial inquiry.” U.S. v. Carolene

CC-2018-0530

16

Products Co., supra, pág. 152, esc. 4. Dicho de otro modo, el

prejuicio contra las minorías discretas e insulares puede ser una

condición especial, la cual restringe el funcionamiento de los

procesos políticos en los que precisamente se suele confiar para

proteger a las minorías. Por ello, este tipo de situación puede

requerir un examen judicial más riguroso.

A raíz de esa bien pensada nota, tanto desde los tribunales,

como desde la Academia,28 se ha dado bastante estudio y se le ha

ido dando forma a la mencionada doctrina. En particular, se han

establecido una serie de criterios para determinar qué constituye

una clasificación sospechosa.

En apretada síntesis, los criterios a los que hemos hecho

referencia pueden resumirse de la siguiente forma:

En primer lugar, la sociedad en general le

atribuye

una

clasificación

o

connotación

negativa, ya sea por mitos, ignorancia o

prejuicios, a los miembros de ese grupo, clase o

individuos. En segundo lugar, a ese grupo, clase

o individuos, se le ha sometido históricamente a

un grado convincente de opresión en la sociedad.

En tercer lugar, debe demostrarse evidencia del

perjuicio o agravio. Bajo este esquema se

trazaría una raya en términos de los grupos o

individuos que puedan llenar estos requisitos.

Roqué Velásquez, supra, págs. 197-198. Véanse,

además, T. W. Simon, Suspect Class Democracy: A

Social Theory, 45 U. Miami L. Rev. 107 (1990);

B. Geiger, The Case for Treating Ex-Offenders as

a Suspect Class, 94 Calif. L. Rev. 1191 (2006).

Al trasladar los criterios antes expuestos a los

hechos ante nuestra consideración, y particularmente en

lo referente al primero de los criterios, notamos que las

personas convictas de delitos constituyen una población

En especial por John Hart Ely en su libro Democracy and Distrust:

A Theory of Judicial Review.

28

CC-2018-0530

que

17

históricamente

ha

sido

marginada.

“[E]n

nuestra

sociedad, cuando a una persona se le condena públicamente

por haber cometido un delito, se le impone también un estigma social

que, en la mayoría de las ocasiones, nunca desaparece, aun cuando

la condena ha sido cumplida”. Rosario v. Toyota, supra, pág. 21.

(Op. de Conformidad del Juez Asociado señor Rebollo López).

De otra parte, y en lo relacionado al segundo de los

criterios, como consecuencia de ese estigma, las personas

convictas de delito han sufrido un grado convincente de

opresión

social.

Ello,

laboral,

donde

tienden

oportunidades

de

particularmente

a

trabajo,

perder

debido

a

en

el

ámbito

acceso

a

buenas

sus

antecedentes

penales. La dificultad para integrarse en la fuerza laboral coarta

sus oportunidades de movilidad social, política y económica, lo

que, a su vez, dificulta su plena rehabilitación. Roqué Velásquez,

supra, pág. 198.

Por último, y en cuanto al tercero de los criterios, la

evidencia de perjuicio o agravio, las personas convictas de delito

podrían

fácilmente

satisfacer

este

criterio

acreditando

la

“negación de empleo a la persona, negación de servicios públicos o

beneficios, privilegios injustos que se le ofrezcan a otras personas

igualmente situadas, etc.”. Íd. Tal como sucede en estos días.

Así pues, a la luz de este análisis, no albergamos duda

alguna de que las personas convictas de delito deben ser

consideradas como una clasificación sospechosa para fines de la

igual protección de las leyes al amparo de nuestra Constitución.

CC-2018-0530

18

V.

Dicho ello, precisa señalar también que el Art. VI, Sección

19, de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

establece como política pública de nuestro gobierno el “reglamentar

las instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en forma

efectiva y propender, dentro de los recursos disponibles, al

tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su

rehabilitación moral y social”. (Énfasis suplido) Const. PR. Art.

VI, sec. 19, LPRA, Tomo 1. Cónsono con ello, el Plan de

Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de

2011, según enmendado, 3 LPRA Ap. XVIII, dispone en su Art. 2 que:

Con la aprobación de este Plan, se decreta como

política pública del Gobierno de Puerto Rico la creación

de un sistema integrado de seguridad y administración

correccional donde las funciones y deberes se armonicen

en un proceso facilitador a la imposición de penas y

medidas de seguridad, así como a la custodia de los

ciudadanos que han sido encontrados incursos en la

comisión de un delito o falta y que establezcan procesos

de rehabilitación moral y social del miembro de la

población correccional o transgresor, a fin de fomentar

su reincorporación a la sociedad. (Énfasis

suplido) 3 LPRA Ap. XVIII, sec. 2.

Como

puede

apreciarse,

la

rehabilitación

de

aquellos que han sido convictos por la comisión de

un

delito

es

un

valor

de

muy

alta

jerarquía

en

nuestro ordenamiento jurídico. Su imp ortancia es

tal, que es el “único fin de la pena con rango

constitucional”. E. L. Chiesa Aponte,

El crimen,

la reforma penal y el P. del S. 1229 , 62 Rev. Jur.

U.P.R. 151, 152 (1993).

CC-2018-0530

19

Este énfasis en la rehabilitación y la reintegración social

es de beneficio tanto para el individuo como para el resto de la

ciudadanía, pues es el mejor remedio contra la reincidencia. D. F.

Flake,

When

Any

Sentence

Is

a

Life

Sentence:

Employment

Discrimination against Ex-Offenders, 93 Wash. U. L. Rev. 45, 62-64

(2015); Chiesa Aponte, supra, pág. 62. No obstante, este es un valor

que se queda corto en la praxis.

Como bien sintetizó el historiador Fernando Picó:

[A]ún hoy prevalece una suerte de inhabilitación

civil, ya que en un país donde el estado es el

principal patrono, el gobierno no emplea a los

egresados de presidio. Es por esta calificación

que los solicitantes para empleo público deben

obtener un certificado de buena conducta de la

policía. Muchos patronos de la empresa privada

exigen el mismo certificado, y así se cierran

las oportunidades de empleo para los confinados.

F. Picó, El Día Menos Pensado: Historia de los

Presidiarios en Puerto Rico (1793-1993), Río

Piedras, Ed. Huracán, 1994, pág. 172.

Dicha “inhabilitación civil”, a la que hace referencia el

historiador Fernando Picó, no sólo afecta directamente a

los exconvictos en su proceso de reintegración a la libre

comunidad,

sino

que,

además,

les

dificulta

el

sostenimiento y desarrollo de sus familias. Véase, S. J.

Mullings, Employment of Ex-Offenders: The Time has Come

for a True Antidiscrimination Statute, 64 Syracuse L. Rev.

261,

267

(2014)

(“Research

suggests

that

the

reduced

economic prospects of incarcerated parents will reduce the

economic mobility of their children.”).

CC-2018-0530

20

Ante el cuadro desalentador previamente descrito,

concluimos

que

constitucional

condición

quienes

es

y

marginadas,

despojar

estatutaria

social

están

errado

a

las

sometidas

Más

aun,

la

el

discrimen

contra

personas convictas

a

precisamente,

comunidad.

de

el

un

trato

por

su

permitir

protección

de

por

delito,

desigual

y

son

condición

en

la

que

los

patronos

discriminen contra esta población a la hora de buscar un

empleo que les permita su sostenimiento y reintegración

social, es incompatible con la obligación del Estado de

rehabilitar a los transgresores para así garantizar la

seguridad de la sociedad.

VI.

No empece lo antes dicho, es menester recordar

si bien al

interpretar el Art.

II, Sección

I

que,

de la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y

por ende, el alcance de la precitada Ley Núm. 100, debemos

tomar

en

consideración

el

fin

de

proteger

a

los

trabajadores contra el discrimen en el empleo y en el

reclutamiento

--

interpretando

las

disposiciones

pertinentes de la manera más favorable a la víctima del

discrimen --, “[e]llo no significa […] que no se tenga que

realizar un adecuado balance entre tal protección a los

empleados

y

el

valor

e

interés

patronal,

también

protegido, de velar por las prerrogativas gerenciales que

el sistema económico le reconoce a este último”. Díaz v.

Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 381-382 (2001).

CC-2018-0530

21

Con este balance en mente, algunas jurisdicciones de

los Estados Unidos han aprobado legislación que requiere

a los patronos, en casos de solicitantes con un historial

de

antecedentes

rehabilitación

penales,

del

candidato

considerar

y

si

su

evidencia

de

historial

está

directa o sustancialmente relacionado a la posición de

trabajo que solicita. Geiger, supra, pág. 1240. Aunque en

su mayoría se trata de disposiciones sumamente generales,

algunos establecen unos criterios más concretos. El estado

de

Nueva

York, por

ejemplo,

establece

los

siguientes

criterios:

(1) the state's public policy to encourage the

licensure and employment of ex-offenders; (2)

the specific duties and responsibilities of the

license or employment; (3) how the individual's

criminal record would affect his ability to

perform

those

specific

duties

and

responsibilities; (4) the amount of time that

has passed since the crime was committed; (5)

how old the person was at the time of the crime;

(6) the seriousness of the offense; (7) evidence

of rehabilitation or good conduct; and (8) the

employer's legitimate interest in protecting

both property and the safety and welfare of

specific individuals or the general public. D.

F. Flake, supra, pág. 87.29

29

El texto literal de la disposición lee de la siguiente forma:

(a) The public policy of this state, as expressed in this

act, to encourage the licensure and employment of

persons previously convicted of one or more criminal

offenses.

(b) The specific duties and responsibilities necessarily

related to the license or employment sought or held

by the person.

(c) The bearing, if any, the criminal offense or offenses

for which the person was previously convicted will

have on his fitness or ability to perform one or more

such duties or responsibilities.

(d) The time which has elapsed since the occurrence of the

criminal offense or offenses.

CC-2018-0530

22

Asimismo,

Commission

ha

la

U.S.

Equal

establecido

tres

Employment

(3)

Opportunity

factores

que

debe

mostrar el patrono ante una reclamación al amparo del

Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, 42 USC

secs. 2000e et seq., cuando a un patrono se le imputa un

despido o rechazo por motivo de una política o práctica

en cuanto a las convenciones criminales que tiene un

impacto adverso en la clase protegida a la cual pertenece

el o la demandante. En estos casos, para establecer una

defensa de “bussines necessity” el patrono debe demostrar

que consideró: (1) la naturaleza y gravedad de la ofensa;

(2)

el

tiempo

transcurrido

desde

la

convicción

o

la

culminación de la sentencia; y (3) la naturaleza del empleo

que

la

persona

tiene

o

solicita.

EEOC

Policy

Statement on the Issue of Conviction Records under

Title

VII

of

the

Civil

Rights

Act

of

19 64,

amended, 42 U.S.C. § 2000e et seq. (1982),

(https://www.eeoc.gov/policy/docs/convict1.html).

(e) The age of the person at the time of occurrence of the

criminal offense or offenses.

(f) The seriousness of the offense or offenses.

(g) Any information produced by the person, or produced

on his behalf, in regard to his rehabilitation and

good conduct.

(h)

The legitimate interest of the public agency or

private employer in protecting property, and the

safety and welfare of specific individuals or the

general public. N.Y. Correct. Law sec. 753.

as

CC-2018-0530

23

Sin lugar a dudas, los criterios presentados pueden

servir como mecanismo para establecer un adecuado balance

entre la protección de las personas convictas de delito

contra el discrimen en la esfera laboral y los intereses

que el sistema económico le reconoce a los patronos. Éstos

no sólo pueden servir para establecer defensas ante una

reclamación al amparo de la Ley Núm. 100, sino que -mejor aún –- pueden ofrecer una guía para un tratamiento

más justo de una población que ha sido históricamente

marginada en el ambiente laboral.

Es, pues, a la luz de la normativa antes expuesta, y

no de otra, que procedemos a resolver la controversia ante

nuestra consideración.

VII.

En el presente caso, nos corresponde determinar si

el doctor Garib Bazaín fue víctima de discrimen en el

empleo por su condición de persona convicta de delito.

Según surge de los hechos antes reseñados, a éste le fueron

denegados

ciertos

privilegios

clínicos

por

parte

del

Hospital Español Auxilio Mutuo, lo que equivale a negarle

trabajo

en

dicha

institución

hospitalaria.

Ello,

en

esencia, a raíz de su previa convicción criminal en la

jurisdicción federal.30

Ahora bien, lo anterior no es óbice para reconocer que al momento

en que se le denegó el otorgamiento de privilegios médicos al doctor

Garib Bazaín, y según se desprende de la carta que le fue cursada a

éste, el Hospital Español Auxilio Mutuo tuvo ante sí ciertos elementos

de juicio adicionales que este Tribunal no evaluó al momento de

disponer del presente caso. Ello, pues la opinión mayoritaria se

limitó a validar la utilización de convicciones previas como criterio

para denegar una oportunidad de empleo.

30

CC-2018-0530

Como

ya

24

mencionamos

--

por

estar

sobre

la

mesa

importantes derechos constitucionales y estatutarios que,

al momento de la denegatoria de privilegios para poder

laborar en el Hospital Auxilio Mutuo, cobijaban al doctor

Garib

Bazaín

--,

actuaciones

como

éstas

deben

ser

evaluadas bajo el crisol de un escrutinio estricto. Ello

es

así,

pues,

en

la

medida

en

que

las

protecciones

extendidas a los trabajadores y trabajadoras por Ley Núm.

100 surgen directamente de nuestra cláusula constitucional

contra el discrimen, éstas deben ser examinadas bajo el

mismo

rigor

correspondiente

que

exige

un

al

análisis

escrutinio

estricto

constitucional

del

que

derivan.

Bajo

ese

escrutinio,

recaía

en

la

institución

hospitalaria el peso de probar que existía un interés

apremiante que justificase la clasificación establecida

por éstos al momento de decidir si le concedía o no

privilegios a un médico, en este caso al doctor Garib

Bazaín. Contrario a lo que se señala en la Opinión que hoy

emite este Tribunal, ello no sucedió aquí.

Como

mencionamos

anteriormente,

las

convicciones

criminales, independientemente del contexto en que se

producen, implican un estigma con connotaciones sumamente

negativas que relegan a la persona convicta a un “status”

de

inferioridad

en

la

sociedad,

aun

luego

de

haber

cumplido su pena. El hecho de tener antecedentes penales

permite que a estas personas se les niegue de plano

CC-2018-0530

25

oportunidades, particularmente en la esfera laboral, sin

que se consideren tan siquiera sus méritos y aptitudes.

Ello, a su vez, coarta sus oportunidades de movilidad

social, política y económica, lo que dificulta su plena

rehabilitación, valor de muy alta jerarquía en nuestro

ordenamiento jurídico.

En

fin,

somos

del

criterio

que

realizar

una

interpretación limitada de la frase condición social,

según recogida en el Art. II, Sección I, de nuestra

Constitución, como la que hoy hace una mayoría de este

Tribunal,

redundará

en

despojar

de

protección

constitucional a ciertos sectores de nuestra población que

a lo largo de nuestra historia han sido marginados, uno

de ellos precisamente lo son las personas convictas de

delito. A ello, en nuestra función de últimos intérpretes

de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, no estamos dispuestos.

VIII.

Es pues por todo lo anterior que respetuosamente

disentimos.

Ángel Colón Pérez

Juez Asociado