LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera v. El Farmer, Inc. Licencia Núm. 3510 y otros

2020 TSPR 30

Poder Judicial de Puerto Rico

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Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera v. El Farmer, Inc. Licencia Núm. 3510 y otros

CC-2019-198

Derecho Apelativo: Las órdenes de descalificación de abogado en la esfera administrativa pueden ser revisadas al amparo del Art. 4.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), Ley Núm. 170 de 2 de agosto de 1988, según enmendada, 3 LPRA sec. 2173. · 13 marzo 2020

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Oficina para Reglamentación de la

Industria Lechera

Recurrida

v.

El Farmer, Inc.

Licencia Núm. 3510

Certiorari

Peticionario

2020 TSPR 30

204 DPR ____

Oficina para Reglamentación de la

Industria Lechera

Recurrida

v.

El Farmer, Inc.

Licencia Núm. 3368

Peticionario

Número del Caso:

Fecha:

CC-2019-198

13 de marzo de 2020

Tribunal de Apelaciones:

Panel III

Abogados de la parte peticionaria:

Lcdo. Sixto Quiñones Rodríguez

Lcdo. Edmundo Rosaly Rodríguez

Abogado de la parte recurrida:

Lcdo. Edward W. Hill Tollinche

Materia: Derecho Apelativo - Las órdenes de descalificación de

abogado en la esfera administrativa pueden ser revisadas al amparo

del Art. 4.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme

(LPAU), Ley Núm. 170 de 2 de agosto de 1988, según enmendada, 3 LPRA

sec. 2173.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

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compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Oficina

para

Reglamentación

de

Industria Lechera

la

la

Recurrida

v.

El Farmer, Inc.

Licencia Núm. 3510

Peticionario

____________________________

Oficina

para

Reglamentación

de

Industria Lechera

CC-2019-198

Certiorari

la

la

Recurrida

v.

El Farmer, Inc.

Licencia Núm. 3368

Peticionario

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor

Kolthoff Caraballo

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de marzo de 2020.

En esta ocasión nos corresponde determinar si una

Orden de descalificación de abogado pronunciada por una

agencia

administrativa

es

revisable

antes

de

que

ésta

emita el dictamen final en cuanto a los méritos del caso.

Por considerar que el raciocinio que utilizamos en

Job Connection Center v. Sups. Econo, 185 DPR 585 (2012)

debe ser extensivo a las agencias administrativas -en esta

CC-2019-198

2

ocasión- al amparo del Art. 4.3 de la Ley de Procedimiento

Administrativo

agosto

de

Uniforme

1988,

según

(LPAU),

Ley

enmendada,

Núm.

3

170

LPRA

de

sec.

2

de

2173,

contestamos la interrogante en la afirmativa. Veamos.

I

El

caso

ante

nuestra

consideración

se

originó

cuando la Oficina para la Reglamentación de la Industria

Lechera

(ORIL)

Departamento

-agencia

de

administrativa

Agricultura-

presentó

adscrita

2

al

querellas

(Querella Núm. 18-020 y Querella Núm. 18-021) en contra de

El

Farmer,

Inc.

(peticionario)

y

solicitó

una

vista

administrativa sobre revocación de licencia de ganadero.

En

respuesta,

el

Oficial

Examinador

emitió

una

Notificación y orden en la que citó a las partes para

dilucidar y adjudicar la procedencia de la revocación de

licencia de ganadero.1

Posteriormente,

la

ORIL

presentó

una

Moción

de

descalificación en contra de uno de los representantes

legales del peticionario, Lcdo. Edmundo Rosaly Rodríguez,

mediante la que alegó que existía “no solo una apariencia

de conflicto de intereses, pero también la concretización

real de un conflicto y posiblemente una violación a la Ley

de Ética Gubernamental”.2 Así, aludió a las siguientes

prohibiciones

del

Art.

4.6

de

la

Ley

de

Ética

Notificación y orden, Apéndice de la Petición de certiorari, págs.

28-29.

1

Moción de descalificación, Apéndice de la Petición de certiorari,

pág. 31.

2

CC-2019-198

3

Gubernamental, 3 LPRA sec. 1857e, sobre restricciones para

las actuaciones de los ex servidores públicos:

(a) Un ex servidor público no puede ofrecer

información, intervenir, cooperar, asesorar en

forma

alguna

o

representar

en

cualquier

capacidad, directa o indirectamente, a una

persona privada, negocio o entidad pública,

sobre aquellas acciones oficiales o asuntos en

los

que

intervino

mientras

trabajó

como

servidor público.

(b) Un ex servidor público no puede, durante

los dos (2) años siguientes a la fecha de

terminación de su empleo gubernamental, ofrecer

información, intervenir, cooperar, asesorar en

forma

alguna

o

representar,

directa

o

indirectamente, a una persona privada, negocio

o entidad pública, ante la agencia para la que

laboró.

Para

ORIL

sustentar

la

específicamente

Moción

de

argumentó

que

descalificación,

en

el

pasado

la

el

licenciado Rosaly Rodríguez fungió como Administrador de

la

ORIL,

que

durante

su

incumbencia

participó

en

los

procesos de enmiendas al Reglamento de la agencia, que en

la actualidad pretende impugnarlo como representante legal

del

peticionario

Rodríguez

y

que,

además,

el

intervino

como

Administrador

licenciado

en

una

Rosaly

querella

previa sobre revocación de licencia de ganadero en contra

del peticionario. Finalmente, alegó que lo anterior daba

lugar a una apariencia de conducta impropia.3

Por otro lado, es importante resaltar que -mientras se dilucidaba el

asunto de la descalificación que nos atañe- estaba pendiente otra

Demanda en el Tribunal de Primera Instancia sobre injunction

preliminar, injunction permanente y sentencia declaratoria en cuanto

a la constitucionalidad del Reglamento de la agencia, presentada por

El Farmer, Inc. en contra de la Oficina para la Reglamentación de la

Industria Lechera (Caso Núm. APE2018-0026). Nótese que en dicho caso

la ORIL también presentó una Moción de descalificación en contra del

Lcdo. Edmundo Rosaly Rodríguez. No obstante, luego de varios trámites

procesales la ORIL retiró la moción de descalificación.

3

CC-2019-198

Por

4

su

parte,

el

peticionario

presentó

una

Oposición a solicitud de descalificación. En resumen, el

peticionario alegó que la Moción de descalificación “tiene

el

único

propósito

licenciado

Rosaly

de

excluir

Rodríguez

de

permanentemente

la

práctica

al

legal

administrativa ante la ORIL”.4 En específico, con respecto

a

la

alegación

de

que

el

licenciado

Rosaly

Rodríguez

fungió como Administrador de la ORIL en un caso en contra

del peticionario sobre revocación de licencia de ganadero,

argumentó

que

dicho

caso

es

previo,

distinto

e

independiente del caso que nos ocupa, proviene de otra

querella y que, además, advino final y firme. Añadió que,

“distinto sería que el licenciado Rosaly Rodríguez hubiese

asumido la representación legal de dicho caso, pues de eso

se

trata

alegación

la

prohibición

sobre

la

invocada”.5

participación

del

En

cuanto

licenciado

a

la

Rosaly

Rodríguez en la elaboración del Reglamento de la ORIL, el

peticionario

alegó

representación

disposición

que

legal

legal

y

dicha

no

está

que,

intervención

y

posterior

prohibida

por

ninguna

además,

el

Reglamento

fue

aprobado con posterioridad a su renuncia.

Por otro lado, arguyó que “al momento de asumir la

representación

legal

del

[peticionario],

el

término

de

2 años dispuesto en el Art. 4.6 (b) de la Ley de Ética

Oposición a solicitud de descalificación, Apéndice de la Petición

de certiorari, pág. 35.

4

5

Íd.

CC-2019-198

5

Gubernamental había expirado”.6 En específico, alegó que

sus ejecutorias como Administrador de la ORIL culminaron

el 15 de agosto de 2016 y que luego de vencido el término

de 2 años establecido en ley asumió la representación

legal del peticionario, a saber: el 27 de agosto de 2018.7

Por

último,

el

peticionario

alegó

que

la

descalificación del licenciado Rosaly Rodríguez violenta

su derecho a seleccionar su abogado de preferencia y a

obtener

una

adecuada

representación

legal,

pues

equivaldría a tener que prescindir de un abogado con el

peritaje necesario para comparecer ante la ORIL.

Al evaluar la Moción de descalificación, el Oficial

Examinador, específicamente, dispuso lo siguiente:

El Lcdo. Rosaly cesó sus funciones en ORIL el

15 de agosto de 2016, ciertamente han expirado

los dos (2) años establecidos en el artículo

4.6 (b) de la Ley de Ética Gubernamental.

Podemos estipular que el Lcdo. Rosaly no ha

tomado ninguna acción oficial en las querellas

de epígrafe, no obstante, sí tomó una acción

oficial como Administrador de ORIL en una

Querella en la cual, el Querellado en aquel

entonces, resulta ser su representado en esta

controversia.8 (Énfasis nuestro).

Así,

“evitar

un

el

Oficial

posible

Examinador

conflicto

de

concluyó

interés”

que

para

procedía

la

descalificación.9

Oposición a solicitud de descalificación, Apéndice de la Petición

de certiorari, pág. 35.

6

Es importante

fechas.

7

destacar

que

no

existe

controversia

sobre

8

Resolución, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 19.

9

Íd., pág. 20.

estas

CC-2019-198

6

Inconforme con la descalificación, el peticionario

acudió al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de

certiorari y señaló lo siguiente:

Erró el Oficial Examinador al descalificar al

Lcdo.

Edmundo

Rosaly

Rodríguez

como

representante legal del [peticionario], ya que

no existe fundamento legal que sostenga dicha

determinación.

La

Resolución

emitida

es

10

contraria a derecho.

Por su parte, la ORIL presentó una Moción para la

desestimación

expedición

por

de

falta

auto

de

de

jurisdicción

y

oposición

a

certiorari.

En

cuanto

al

planteamiento sobre falta de jurisdicción, la ORIL alegó

que

la

norma

establecida

en

Job

Connection

Center

v.

Sups. Econo, supra, que permite la revisión de un asunto

interlocutorio (descalificación de abogado), no aplicaba

a las agencias administrativas. Añadió que la LPAU no

permite la revisión de determinaciones interlocutorias.

En

la

alternativa,

arguyó

que

si

el

Tribunal

de

Apelaciones determinaba que tenía jurisdicción, entonces

los

méritos

de

la

descalificación

fueron

conforme

a

derecho.

Así las cosas, el Tribunal de Apelaciones expidió

el recurso de certiorari, lo acogió como un escrito de

revisión

judicial

confirmó

la

y

emitió

Resolución

de

una

la

Sentencia

ORIL.

Con

en

la

que

relación

al

planteamiento de falta de jurisdicción, el Tribunal de

Apelaciones resolvió que tenía jurisdicción para revisar

Recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, Apéndice de

la Petición de certiorari, pág. 21.

10

CC-2019-198

7

un asunto interlocutorio al amparo del Art. 4.3 de la

LPAU, supra. En cuanto a los méritos del caso, concluyó

lo siguiente:

[R]esolvemos que no se demostró un craso abuso

de discreción, prejuicio o parcialidad por

parte de la ORIL al decretar la descalificación

del Lcdo. Rosaly Rodríguez. En este caso, el

[peticionario] cuenta con otra representación

legal que ha formado parte de todos los

trámites administrativos desde el inicio del

caso hasta el presente y ha participado en

todas las vistas celebradas hasta el momento,

por lo que los procesos no se verán afectados y

no

se

le

violarían

los

derechos

al

peticionario.11

Inconforme, el peticionario acudió ante este Foro y

señaló lo siguiente:

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al

confirmar la resolución dictada por la ORIL

para descalificar al Lcdo. Edmundo Rosaly

Rodríguez

como

representante

legal

del

[peticionario], ya que no existe fundamento

legal que sostenga dicha determinación. La

sentencia emitida es contraria a derecho y

huérfana de fundamentos legales.12

Con

el

beneficio

de

la

comparecencia

de

ambas

partes, estamos en posición de resolver.

II

A. La revisión judicial

agencias administrativas

ante

las

decisiones

de

las

El Art. 4.006 de la Ley de la Judicatura de 2003,

Ley

Núm.

201-2003,

establece

que

el

Tribunal

de

Apelaciones tendrá competencia en los siguientes asuntos:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Apéndice de la Petición de

certiorari, pág. 150. Por otro lado, resaltamos que el peticionario

presentó una Moción de reconsideración ante el Tribunal de

Apelaciones, la cual fue denegada.

11

12

Petición de certiorari, pág. 4.

CC-2019-198

8

.

.

.

.

.

.

.

.

(c) Mediante recurso de revisión judicial, que

se acogerá como cuestión de derecho, de las

decisiones, órdenes y resoluciones finales de

organismos o agencias administrativas. […] El

procedimiento a seguir será de acuerdo con lo

establecido por las secs. 2101 et seq. del

Título

3,

conocidas

como

la

“Ley

de

Procedimiento

Administrativo

Uniforme

del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. 4 LPRA

sec. 24y.

A tenor con lo anterior, el Art. 4.2 de la LPAU,

3 LPRA sec. 9672, dispone que:

Una parte adversamente afectada por una orden o

resolución final de una agencia y que haya

agotado todos los remedios provistos por la

agencia o por el organismo administrativo

apelativo correspondiente podrá presentar una

solicitud de revisión ante el Tribunal de

Apelaciones, dentro de un término de treinta

(30) días contados a partir de la fecha del

archivo en autos de la copia de la notificación

de la orden o resolución final de la agencia o

a partir de la fecha aplicable de las

dispuestas en la sec. 9655 de este título,

cuando el término para solicitar la revisión

judicial haya sido interrumpido mediante la

presentación

oportuna

de

una

moción

de

reconsideración.

.

.

.

.

.

.

.

.

Una orden o resolución interlocutoria de una

agencia, incluyendo aquellas que se emitan en

procesos que se desarrollen por etapas, no

serán revisables directamente. La disposición

interlocutoria de la agencia podrá ser objeto

de un señalamiento de error en el recurso de

revisión de la orden o resolución final de la

agencia.

Nótese que esta disposición limita la revisión a

las decisiones de las agencias administrativas que cumplan

con los requisitos siguientes: (1) que se trate de órdenes

o resoluciones finales, y (2) que la parte adversamente

CC-2019-198

9

afectada haya agotado todos los remedios provistos por la

agencia administrativa.13

Ahora bien, con relación a la disposición de que el

Tribunal

de

resoluciones

Apelaciones

sólo

podrá

revisar

finales

una

agencia,

este

de

órdenes

o

Tribunal

ha

resuelto que “aun cuando dicho requisito es diferente a la

doctrina

de

agotamiento

de

remedios, ambas

doctrinas

tienen un alcance análogo y que, de ordinario, ambas gozan

de las mismas excepciones”.14

Lo

anterior,

toda

permiten

que

los

abstengan

de

revisar

gubernamental

hasta

vez

que

tribunales

ambas

que

una

la

discrecionalmente

actuación

agencia

de

logre

decisión que refleje su posición final.15

esfera

federal

sobre

el

-de

derecho

donde

disposiciones

proviene

administrativo-

una

agencia

alcanzar

una

Asimismo, en la

nuestra

se

se

legislación

estableció

que

“la doctrina sobre agotamiento de remedios y la exigencia

de que sólo las resoluciones finales son revisables se

basan en los mismos fundamentos”.16

Hemos reconocido varios factores que operan a favor

de preterir la doctrina de agotamiento de remedios, a

saber: (1) cuando el dar curso a la acción administrativa

13

Fuentes Bonilla v. ELA, 200 DPR 364, 381 (2018).

Procuradora del Paciente v. MCS, 163 DPR 21, 38 (2004). Véase,

además, J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., 144 DPR 483, 491 (1997).

14

J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., supra, pág. 491. Véanse,

además:Rivera v. ELA, 121 DPR 582, 593 (1988); ELA v. 12,974 Metros

Cuadrados, 90 DPR 506 (1964).

15

16

Procuradora del Paciente v. MCS, supra, pág.38, n. 10.

CC-2019-198

10

haya de causar un daño inminente, material, sustancial y

no

teórico

o

especulativo;

(2)

cuando

el

remedio

administrativo constituya una gestión inútil, inefectiva y

que no ofrece un remedio adecuado; (3) cuando la agencia

claramente no tiene jurisdicción sobre el asunto y la

posposición conllevaría un daño irreparable al afectado, o

(4) cuando el asunto es estrictamente de derecho.17

De conformidad con lo anterior, la Sec. 4.3 de la

LPAU,

3

LPRA

sec.

9673,

establece

las

siguientes

excepciones:

El Tribunal podrá relevar a un peticionario de

tener que agotar alguno o todos los remedios

administrativos provistos en el caso de que

dicho remedio sea inadecuado, o cuando el

requerir su agotamiento resultare en un daño

irreparable al promovente y en el balance de

intereses

no

se

justifica

agotar

dichos

remedios, o cuando se alegue la violación

sustancial de derechos constitucionales, o

cuando

sea

inútil

agotar

los

remedios

administrativos por la dilación excesiva en los

procedimientos, o cuando sea un caso claro de

falta de jurisdicción de la agencia, o cuando

sea un asunto estrictamente de derecho y es

innecesaria la pericia administrativa.

B.

La descalificación de abogado

En

lo

pertinente,

la

Regla

9.3 de

Procedimiento

Civil,32 LPRA Ap. V, sobre la conducta de los abogados,

establece lo siguiente:

El Tribunal, en el ejercicio de su poder

inherente de supervisar la conducta de los

abogados y abogadas que postulan ante sí,

podrá, a iniciativa propia o a solicitud de

parte, imponer sanciones económicas o de otra

naturaleza o descalificar a un abogado o

abogada que incurra en conducta que constituya

17

Procuradora del Paciente v. MCS, supra, pág. 36.

CC-2019-198

11

un obstáculo para la sana administración de la

justicia o infrinja sus deberes hacia el

Tribunal,

sus

representados(as)

o

sus

compañeros(as) abogados(as).

Es sabido que los procedimientos de descalificación

de

abogados

no

disciplinarias

constituyen

sujetas

a

la

de

por

sí

jurisdicción

acciones

exclusiva

del

Tribunal Supremo.18 Como tal, la descalificación es una

medida preventiva para evitar posibles infracciones a los

Cánones de Ética Profesional.19 Además, la descalificación

funge como un “mecanismo para asegurar la adecuada marcha

de un litigio evitando los actos disruptivos provenientes

del abogado”.20 Entiéndase que, en el manejo del caso, los

jueces tienen la potestad de descalificar a un abogado si

ello

resulta

rápida

y

necesario

económica

descalificación

puede

para

lograr

de

los

otorgarse

la

solución

pleitos.21

con

el

justa,

Así,

la

fin

de:

(1) prevenir una violación a cualquiera de los Cánones del

Código de Ética Profesional o (2) evitar actos disruptivos

de los abogados durante el trámite de un pleito.22

Por consiguiente, los tribunales, en el ejercicio

de

su

poder

conducta

de

inherente

los

de

abogados

supervisar

que

postulan

y

controlar

en

sus

la

salas,

K-Mart Corp. v. Walgreens of PR, Inc., 121 DPR 633, 637-638 (1988).

Véase, además, Liquilux Gas Corp. v. Berríos, Zaragoza, supra, pág.

864.

18

19

K-Mart Corp. v. Walgreens of PR, Inc., supra, pág. 637.

R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: derecho

procesal civil, 6ta ed., San Juan, Ed. Lexis Nexis, 2017, pág. 82.

20

21

Meléndez Vega v. Caribbean Intern. News, 151 DPR 649, 661 (2000).

22

Íd.

CC-2019-198

12

pueden atender las mociones de descalificación cuando las

mismas surgen como cuestiones colaterales en los casos

pendientes ante sí.23

Al evaluar lo sustantivo de la procedencia de una

descalificación, los tribunales deben hacer un análisis

de la totalidad de las circunstancias “para valorar si la

actuación del abogado constituye un “acto disruptivo” o

si tiene el potencial de desembocar en una violación de

los Cánones del Código de Ética Profesional”.24

Nótese que la descalificación puede darse por orden

del tribunal

motu proprio

o

cuando éste

accede

a una

solicitud de parte. Cuando la descalificación se dicta

motu proprio, no es necesario que se aporte prueba sobre

alguna infracción ética debido a que la apariencia de

impropiedad podrá ser utilizada en caso de duda a favor

de

la

descalificación.

Tampoco

será

estrictamente

necesario que el tribunal reciba prueba adicional si la

descalificación

responde

a

la

necesidad

del

juez

de

agilizar el trámite de un pleito. Lo anterior responde a

que en dichos casos, de ordinario, las circunstancias que

motivan la descalificación han ocurrido en presencia del

juez que maneja el caso. No obstante, la extensión del

derecho

a

oportunidad

ser

de

oído

se

cumple

reaccionar

al

cuando

darle

el

juez

al

abogado

que

la

pretende

23

K-Mart Corp. v. Walgreens of PR, Inc., supra, págs. 637-638.

24

Meléndez Vega v. Caribbean Intern. News, supra, pág. 662.

CC-2019-198

13

descalificarlo expresa las razones sobre la procedencia

de la descalificación.25

En cambio, cuando la descalificación la solicita la

parte

adversa,

“la

mera

presentación

de

la

moción

de

descalificación no conlleva automáticamente la concesión

de la petición en cuestión”.26 El tribunal deberá evaluar

la totalidad de las circunstancias de acuerdo con los

siguientes factores:

(1) si quien solicita la descalificación tiene

legitimación activa para invocarla; (2) la

gravedad

de

la

posible

violación

ética

involucrada; (3) la complejidad del derecho o

los hechos pertinentes a la controversia y el

expertise de los abogados implicados; (4) la

etapa de los procedimientos en que surja la

controversia sobre descalificación y su posible

efecto en cuanto a la solución justa, rápida y

económica del caso, y (5) el propósito detrás

de la descalificación, es decir, si la moción

se está utilizando como mecanismo para dilatar

los procedimientos.27

Así,

al

examinar

en

lo

sustantivo

una

descalificación, procede hacer un análisis de la totalidad

de

las

circunstancias

sopesando

los

criterios

antes

enumerados.28 De igual manera, el juez que atiende una

moción de descalificación presentada por la parte adversa

deberá analizar si la continuación de la representación

legal le causará perjuicio o desventaja indebida a quien

25

Job Connection Center v. Sups. Econo, 185 DPR 585, 598-599 (2012).

26

Íd., pág. 597.

Íd., págs. 597-598. Véase, además, Liquilux Gas Corp. v. Berríos,

Zaragoza, supra, págs. 864-866.

27

28

Meléndez Vega v. Caribbean Intern. News, supra, pág. 66, n.4.

CC-2019-198

14

la solicita.29 “[E]l tribunal deberá sopesar, además, el

derecho que le asiste a todo ciudadano de escoger con

libertad el abogado que lo represente”.30 Nótese que el

abogado afectado tiene derecho a ser oído y a presentar

prueba a su favor.31

En

Job

Connection

Center

v.

Sups.

Econo,

supra,

tuvimos la oportunidad de resolver -en el contexto de la

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V- si las

órdenes

de

descalificación

emitidas

por

el

foro

de

instancia son revisables de forma interlocutoria.32 En ese

momento resolvimos que la descalificación de un abogado

conlleva

repercusiones

que

afectan

potencialmente

los

derechos de las partes, el trámite de los procedimientos,

el derecho a libre selección de abogado y los derechos

del

representante

legal

descalificado,

por

lo

29

Job Connection Center v. Sups. Econo, supra, pág. 598.

30

Otaño Cuevas v. Vélez Santiago, 141 DPR 820, 828 (1996).

que

sí

Hernández Colón, op. cit., pág. 83, citando a Otaño Cuevas v. Vélez

Santiago, supra.

31

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., dispone lo

siguiente:

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de

Primera Instancia, solamente será expedido por el Tribunal

de Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden

bajo las Reglas 56 y 57 de este apéndice o de la

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No

obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el

Tribunal

de

Apelaciones

podrá

revisar

órdenes

o

resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de

Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales,

asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones

de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos

que revistan interés público o en cualquier otra situación

en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso

irremediable de la justicia. Al denegar la expedición de

un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de

Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión.

32

CC-2019-198

15

procede la revisión interlocutoria.33 Nótese que “esperar

a una apelación constituiría un fracaso irremediable de

la

justicia”.34

En

consecuencia

allí,

expresamos

lo

siguiente:

Los tribunales apelativos están llamados a

revisar la decisión sobre la descalificación si

se demuestra que hubo un craso abuso de

discreción, que el foro primario actuó con

prejuicio o parcialidad, que se equivocó en la

interpretación o aplicación de cualquier norma

procesal o de derecho sustantivo, y que la

intervención en esta etapa evitará un perjuicio

sustancial.35

Así, como la descalificación de un abogado afecta

negativamente varios aspectos, tales como los derechos de

las partes y el trámite de los procedimientos, no se debe

imponer ligeramente.36 La descalificación solo procederá

cuando “sea estrictamente necesario, por considerarse un

remedio drástico que se debe evitar si existen medidas

menos

onerosas

que

aseguren

la

integridad

del

proceso

judicial y el trato justo a las partes”.37

De

igual

manera,

“los

organismos

administrativos

cuasijudiciales tienen la facultad de dirimir mociones de

descalificación con miras a mantener el orden y control

en sus procedimientos y evitar una posible violación a

Job Connection Center v. Sups. Econo, supra, págs. 600-601. Véase,

además, Torres Alvarado v. Madera Atiles, 2019 TSPR 91, 202 DPR ___

(2019).

33

34

Job Connection Center v. Sups. Econo, supra, pág. 601.

35

Íd., pág. 602.

36

Íd., págs. 596-597.

37

Íd., pág. 597.

CC-2019-198

16

los Cánones de Ética Profesional”.38 Esto, toda vez que

los

abogados

principios

están

llamados

ética

profesional

de

a

observar

tanto

los

en

mismos

los

foros

administrativos como en los tribunales.39 En particular,

desde 1988 este Tribunal ha establecido que “una vez el

organismo administrativo resuelva el incidente sobre la

descalificación,

su

orden

está

sujeta

a

revisión

judicial”.40

Evaluado el marco teórico, estamos en posición de

decidir si las órdenes de descalificación emitidas por

una

agencia

administrativa

son

revisables

de

forma

interlocutoria.

III

Como

cuestión

de

umbral,

debemos

determinar

si

conforme al Art. 4.3 de la LPAU, supra, el Tribunal de

Apelaciones

tenía

interlocutoriamente

jurisdicción

-por

vía

para

de

revisar

excepción-

la

descalificación del licenciado Rosaly Rodríguez. En otras

palabras,

¿una

emitida

por

través

de

una

las

Orden

de

agencia

descalificación

administrativa

excepciones

estatuidas

es

en

de

abogado

revisable

el

a

precitado

artículo? A la luz de nuestro racional en Job Connection

38

K-Mart Corp. v. Walgreens of PR, Inc., supra, pág. 638

39

In re: Arroyo Villamil, 113 DPR 568, 573 (1982).

K-Mart Corp. v. Walgreens of PR, Inc., supra, pág. 639. Sin

embargo, cuando resolvimos el citado caso no se había constituido el

Tribunal de Apelaciones. Entiéndase que la moción de descalificación

se presentó en el Departamento de Salud y fue revisada inicialmente

por el Tribunal Superior (organismo que operaba como una especie de

foro apelativo intermedio) y luego por el Tribunal Supremo.

40

CC-2019-198

17

Center v. Sups. Econo, supra, contestamos la interrogante

en la afirmativa.

No podría ser de otra manera, pues los asuntos que

están en juego cuando el Tribunal de Primera Instancia

emite una orden de descalificación de abogado (derechos

de

las

partes,

el

trámite

de

los

procedimientos,

el

derecho a la libre selección de abogado y los derechos

del representante legal descalificado) son los mismos que

se

afectarían

si

no

permitiéramos

la

revisión

interlocutoria de una orden de descalificación de abogado

en un caso ventilado ante una agencia administrativa.

A

diferencia

de

Job

Connection

Center

v.

Sups.

Econo, supra, cuya norma fue sustentada al amparo de la

Regla

52.1

de

Procedimiento

Civil,

supra,

la

revisión

interlocutoria de una orden de descalificación de abogado

en la esfera administrativa se viabiliza a través del

Art. 4.3 de la LPAU, supra.41 Esto, en armonía con el

alcance

de

la

revisión

judicial

establecido

en

el

Art. 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675.42 De lo contrario,

los derechos que protegimos en Job Connection Center v.

Recientemente en AAA v. UIA, 200 DPR 903, 914 (2018) reconocimos

nuevamente que:

“[L]a

doctrina

de

agotamiento

de

remedios

administrativos y el requisito de finalidad pueden

resultar difíciles de distinguir. De hecho, en muchos

casos, los tribunales se refieren a estas doctrinas

indistintamente.

“Por su parte, este Tribunal ha reiterado que ambas

doctrinas tienen un alcance análogo y que, de

ordinario, gozan de las mismas excepciones”. (Citas

omitidas).

41

En específico, el Art. 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675 establece

lo siguiente:

El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si

determina que el recurrente tiene derecho a un

remedio.

42

CC-2019-198

Sups.

18

Econo,

supra,

quedarían

de

abogado

descalificación

un

a

la

surgiera

deriva

si

en

esfera

la

la

administrativa. Es decir, estaríamos en un escenario en

el

cual

la

parte

afectada

y

su

representante

legal

estarían desprovistos de un remedio, toda vez que esperar

a

la

determinación

final

de

la

agencia

administrativa

constituiría una gestión inútil, inefectiva que no ofrece

un

remedio

adecuado.

Asimismo,

provocaría

un

daño

irreparable.

Entiéndase que -si operara la limitación revisora

bajo el requisito de que la revisión judicial se dará

solo cuando se trate de órdenes o resoluciones finalessería

infructuoso

debido a

acudir

al

Tribunal

de

que cuando se pretende revisar

descalificación

de

propósito

lograr

de

abogado

es

debe

continuar

esperar

la

determinación

hasta

una orden de

precisamente

establecer

descalificado

Apelaciones

el

el

abogado

el

caso.

Entonces,

final

de

en

que

con

la

agencia

administrativa sería absurdo y por ello amerita preterir

el cauce administrativo.

Así, concluimos que una Orden de descalificación de

abogado

revisable

emitida

por

una

agencia

interlocutoriamente.

administrativa

Superado

el

es

escollo

jurisdiccional, pasamos a considerar los méritos de la

descalificación.

Como mencionáramos, el peticionario argumenta que

el

Tribunal

de

Apelaciones

erró

al

sostener

la

CC-2019-198

19

descalificación del licenciado Rosaly Rodríguez.

de

evaluar

el

expediente,

es

forzoso

concluir

Luego

que

el

Tribunal

de

peticionario tiene razón.

En

primer

Apelaciones

razonar

lugar,

confirmó

que

no

destacamos

la

hubo

que

el

determinación

de

abuso

de

la

ORIL

tras

discreción,

ello

sin

adentrarse a evaluar el criterio medular a la hora de

descalificar, a saber: cuál es la causa que dio paso a la

descalificación. Esto es, qué violación a los Cánones del

Código

de

Ética

Profesional

o

actos

disruptivos

se

pretende prevenir o evitar. Tampoco analizó ninguno de

los factores a considerar para determinar la procedencia

de la descalificación; simplemente concluyó que como el

peticionario tenía 2 abogados, no se le violarían sus

derechos si se descalificaba a uno de ellos. No podemos

avalar dicha determinación.

Tras evaluar la Orden de descalificación de abogado

emitida por el Oficial Examinador de la ORIL, entendemos

que

hubo

abuso

de

discreción.

Nótese

que

del

propio

análisis esbozado en la Resolución recurrida se desprende

que no había fundamento en derecho para la procedencia de

la descalificación. Entiéndase que quedó establecido que

el licenciado Rosaly Rodríguez no realizó alguna acción

oficial en las querellas del caso de epígrafe.

A

pesar

de

lo

anterior,

el

Oficial

Examinador

descansó en que la descalificación procedía para evitar

un

posible

conflicto

de

interés

relativo

a

una

CC-2019-198

20

determinación emitida por el licenciado Rosaly Rodríguez

en calidad de Administrador de la ORIL en una querella

previamente presentada, distinta a las que nos ocupan y

que

advino

posible

final

y

conflicto

firme.

de

Para

interés,

sustentar

el

el

Oficial

alegado

Examinador

fundamentó su determinación a la luz del caso Liquilux

Gas. Corp. v. Berríos, Zaragoza, 138 DPR 850 (1995). Sin

embargo, en el citado caso la descalificación de abogado

prosperó al concretarse una representación adversa de una

corporación íntima y sus accionistas por un mismo abogado

en

contravención

Profesional,

contexto

al

Canon

21

del

de

Ética

evidente

que

dicho

4

LPRA

Ap.

IX.

dista

de

la

controversia

consideración,

pues

no

Es

Código

cabe

hablar

cuando

la

de

ante

nuestra

representación

adversa ninguna.43

Es

sabido

que

descalificación

es

solicitada por la parte adversa procede evaluar varios

factores,

pues

la

descalificación

automática.

evidente

que

mera

no

Analizados

la

ORIL

presentación

conlleva

los

tenía

la

factores

de

la

moción

de

descalificación

establecidos,

legitimación

activa

es

para

presentar la Moción de descalificación. Sin embargo, no

cabe hablar de la gravedad de la posible violación ética

De igual manera, la contención de la ORIL es desacertada debido a

que no cabe hablar del concepto “apariencia de impropiedad” toda vez

que no existen dudas sobre ningún conflicto de interés. Recordemos

que el Canon 21 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, tiene

como norte el deber de lealtad. En lo pertinente, busca evitar que un

abogado represente a un cliente en una controversia sustancialmente

relacionada a la de otro cliente actual o anterior cuando los

intereses de ambos sean adversos.

43

CC-2019-198

21

involucrada,

pues

queda

claro

que

no

hay

causa

para

descalificar. En cuanto a la complejidad del caso y el

expertise del abogado, resaltamos que la práctica ante la

ORIL es una altamente especializada y es precisamente por

el

peritaje

del

licenciado

Rosaly

Rodríguez

que

el

peticionario le selecciona y contrata como su abogado.

Con respecto a la etapa en que surgió la controversia

sobre

la

descalificación

y

su

efecto

en

la

solución

justa, rápida y económica del caso, a pesar de que la

Moción

de

descalificación

caso,

ha

incidido

caso

en

los

se

presentó

negativamente

méritos.

Por

al

comienzo

del

en

la

consecución

del

último,

en

lo

al

relativo

propósito de la Moción de descalificación, nos salta a la

vista que, como mencionáramos, en otro caso distinto al

que nos ocupa la ORIL presentara y luego retirara una

Moción de descalificación.

Ante la ausencia de causa para descalificar y luego

de

evaluar

los

factores

establecidos

a

la

luz

de

la

totalidad de las circunstancias, solo resta concluir que

la

descalificación

fue

ligera

y

evidentemente

no

se

sostiene en derecho.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la

Sentencia del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el

caso a la Oficina para la Reglamentación de la Industria

Lechera

para

la

continuación

de

conformidad a lo aquí dispuesto.

los

procedimientos

de

CC-2019-198

22

Se dictará sentencia de conformidad.

Erick V. Kolthoff Caraballo

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Oficina

para

Reglamentación

de

Industria Lechera

la

la

Recurrida

v.

El Farmer, Inc.

Licencia Núm. 3510

Peticionario

____________________________

Oficina

para

Reglamentación

de

Industria Lechera

CC-2019-198

Certiorari

la

la

Recurrida

v.

El Farmer, Inc.

Licencia Núm. 3368

Peticionario

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de marzo de 2020.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede la cual se hace formar parte íntegra de la

presente, se revoca la Sentencia del Tribunal de

Apelaciones y se devuelve el caso a la Oficina para la

Reglamentación

de

la

Industria

Lechera

para

la

continuación de los procedimientos de conformidad a lo

aquí dispuesto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el

Secretario del Tribunal Supremo.

José Ignacio Campos Pérez

Secretaro del Tribunal Supremo