Tribunal Supremo de Puerto Rico
Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera v. El Farmer, Inc. Licencia Núm. 3510 y otros
2020 TSPR 30
Poder Judicial de Puerto Rico
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Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera v. El Farmer, Inc. Licencia Núm. 3510 y otros
CC-2019-198
Derecho Apelativo: Las órdenes de descalificación de abogado en la esfera administrativa pueden ser revisadas al amparo del Art. 4.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), Ley Núm. 170 de 2 de agosto de 1988, según enmendada, 3 LPRA sec. 2173. · 13 marzo 2020
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Oficina para Reglamentación de la
Industria Lechera
Recurrida
v.
El Farmer, Inc.
Licencia Núm. 3510
Certiorari
Peticionario
2020 TSPR 30
204 DPR ____
Oficina para Reglamentación de la
Industria Lechera
Recurrida
v.
El Farmer, Inc.
Licencia Núm. 3368
Peticionario
Número del Caso:
Fecha:
CC-2019-198
13 de marzo de 2020
Tribunal de Apelaciones:
Panel III
Abogados de la parte peticionaria:
Lcdo. Sixto Quiñones Rodríguez
Lcdo. Edmundo Rosaly Rodríguez
Abogado de la parte recurrida:
Lcdo. Edward W. Hill Tollinche
Materia: Derecho Apelativo - Las órdenes de descalificación de
abogado en la esfera administrativa pueden ser revisadas al amparo
del Art. 4.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme
(LPAU), Ley Núm. 170 de 2 de agosto de 1988, según enmendada, 3 LPRA
sec. 2173.
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Oficina
para
Reglamentación
de
Industria Lechera
la
la
Recurrida
v.
El Farmer, Inc.
Licencia Núm. 3510
Peticionario
____________________________
Oficina
para
Reglamentación
de
Industria Lechera
CC-2019-198
Certiorari
la
la
Recurrida
v.
El Farmer, Inc.
Licencia Núm. 3368
Peticionario
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor
Kolthoff Caraballo
En San Juan, Puerto Rico, a 13 de marzo de 2020.
En esta ocasión nos corresponde determinar si una
Orden de descalificación de abogado pronunciada por una
agencia
administrativa
es
revisable
antes
de
que
ésta
emita el dictamen final en cuanto a los méritos del caso.
Por considerar que el raciocinio que utilizamos en
Job Connection Center v. Sups. Econo, 185 DPR 585 (2012)
debe ser extensivo a las agencias administrativas -en esta
CC-2019-198
2
ocasión- al amparo del Art. 4.3 de la Ley de Procedimiento
Administrativo
agosto
de
Uniforme
1988,
según
(LPAU),
Ley
enmendada,
Núm.
3
170
LPRA
de
sec.
2
de
2173,
contestamos la interrogante en la afirmativa. Veamos.
I
El
caso
ante
nuestra
consideración
se
originó
cuando la Oficina para la Reglamentación de la Industria
Lechera
(ORIL)
Departamento
-agencia
de
administrativa
Agricultura-
presentó
adscrita
2
al
querellas
(Querella Núm. 18-020 y Querella Núm. 18-021) en contra de
El
Farmer,
Inc.
(peticionario)
y
solicitó
una
vista
administrativa sobre revocación de licencia de ganadero.
En
respuesta,
el
Oficial
Examinador
emitió
una
Notificación y orden en la que citó a las partes para
dilucidar y adjudicar la procedencia de la revocación de
licencia de ganadero.1
Posteriormente,
la
ORIL
presentó
una
Moción
de
descalificación en contra de uno de los representantes
legales del peticionario, Lcdo. Edmundo Rosaly Rodríguez,
mediante la que alegó que existía “no solo una apariencia
de conflicto de intereses, pero también la concretización
real de un conflicto y posiblemente una violación a la Ley
de Ética Gubernamental”.2 Así, aludió a las siguientes
prohibiciones
del
Art.
4.6
de
la
Ley
de
Ética
Notificación y orden, Apéndice de la Petición de certiorari, págs.
28-29.
1
Moción de descalificación, Apéndice de la Petición de certiorari,
pág. 31.
2
CC-2019-198
3
Gubernamental, 3 LPRA sec. 1857e, sobre restricciones para
las actuaciones de los ex servidores públicos:
(a) Un ex servidor público no puede ofrecer
información, intervenir, cooperar, asesorar en
forma
alguna
o
representar
en
cualquier
capacidad, directa o indirectamente, a una
persona privada, negocio o entidad pública,
sobre aquellas acciones oficiales o asuntos en
los
que
intervino
mientras
trabajó
como
servidor público.
(b) Un ex servidor público no puede, durante
los dos (2) años siguientes a la fecha de
terminación de su empleo gubernamental, ofrecer
información, intervenir, cooperar, asesorar en
forma
alguna
o
representar,
directa
o
indirectamente, a una persona privada, negocio
o entidad pública, ante la agencia para la que
laboró.
Para
ORIL
sustentar
la
específicamente
Moción
de
argumentó
que
descalificación,
en
el
pasado
la
el
licenciado Rosaly Rodríguez fungió como Administrador de
la
ORIL,
que
durante
su
incumbencia
participó
en
los
procesos de enmiendas al Reglamento de la agencia, que en
la actualidad pretende impugnarlo como representante legal
del
peticionario
Rodríguez
y
que,
además,
el
intervino
como
Administrador
licenciado
en
una
Rosaly
querella
previa sobre revocación de licencia de ganadero en contra
del peticionario. Finalmente, alegó que lo anterior daba
lugar a una apariencia de conducta impropia.3
Por otro lado, es importante resaltar que -mientras se dilucidaba el
asunto de la descalificación que nos atañe- estaba pendiente otra
Demanda en el Tribunal de Primera Instancia sobre injunction
preliminar, injunction permanente y sentencia declaratoria en cuanto
a la constitucionalidad del Reglamento de la agencia, presentada por
El Farmer, Inc. en contra de la Oficina para la Reglamentación de la
Industria Lechera (Caso Núm. APE2018-0026). Nótese que en dicho caso
la ORIL también presentó una Moción de descalificación en contra del
Lcdo. Edmundo Rosaly Rodríguez. No obstante, luego de varios trámites
procesales la ORIL retiró la moción de descalificación.
3
CC-2019-198
Por
4
su
parte,
el
peticionario
presentó
una
Oposición a solicitud de descalificación. En resumen, el
peticionario alegó que la Moción de descalificación “tiene
el
único
propósito
licenciado
Rosaly
de
excluir
Rodríguez
de
permanentemente
la
práctica
al
legal
administrativa ante la ORIL”.4 En específico, con respecto
a
la
alegación
de
que
el
licenciado
Rosaly
Rodríguez
fungió como Administrador de la ORIL en un caso en contra
del peticionario sobre revocación de licencia de ganadero,
argumentó
que
dicho
caso
es
previo,
distinto
e
independiente del caso que nos ocupa, proviene de otra
querella y que, además, advino final y firme. Añadió que,
“distinto sería que el licenciado Rosaly Rodríguez hubiese
asumido la representación legal de dicho caso, pues de eso
se
trata
alegación
la
prohibición
sobre
la
invocada”.5
participación
del
En
cuanto
licenciado
a
la
Rosaly
Rodríguez en la elaboración del Reglamento de la ORIL, el
peticionario
alegó
representación
disposición
que
legal
legal
y
dicha
no
está
que,
intervención
y
posterior
prohibida
por
ninguna
además,
el
Reglamento
fue
aprobado con posterioridad a su renuncia.
Por otro lado, arguyó que “al momento de asumir la
representación
legal
del
[peticionario],
el
término
de
2 años dispuesto en el Art. 4.6 (b) de la Ley de Ética
Oposición a solicitud de descalificación, Apéndice de la Petición
de certiorari, pág. 35.
4
5
Íd.
CC-2019-198
5
Gubernamental había expirado”.6 En específico, alegó que
sus ejecutorias como Administrador de la ORIL culminaron
el 15 de agosto de 2016 y que luego de vencido el término
de 2 años establecido en ley asumió la representación
legal del peticionario, a saber: el 27 de agosto de 2018.7
Por
último,
el
peticionario
alegó
que
la
descalificación del licenciado Rosaly Rodríguez violenta
su derecho a seleccionar su abogado de preferencia y a
obtener
una
adecuada
representación
legal,
pues
equivaldría a tener que prescindir de un abogado con el
peritaje necesario para comparecer ante la ORIL.
Al evaluar la Moción de descalificación, el Oficial
Examinador, específicamente, dispuso lo siguiente:
El Lcdo. Rosaly cesó sus funciones en ORIL el
15 de agosto de 2016, ciertamente han expirado
los dos (2) años establecidos en el artículo
4.6 (b) de la Ley de Ética Gubernamental.
Podemos estipular que el Lcdo. Rosaly no ha
tomado ninguna acción oficial en las querellas
de epígrafe, no obstante, sí tomó una acción
oficial como Administrador de ORIL en una
Querella en la cual, el Querellado en aquel
entonces, resulta ser su representado en esta
controversia.8 (Énfasis nuestro).
Así,
“evitar
un
el
Oficial
posible
Examinador
conflicto
de
concluyó
interés”
que
para
procedía
la
descalificación.9
Oposición a solicitud de descalificación, Apéndice de la Petición
de certiorari, pág. 35.
6
Es importante
fechas.
7
destacar
que
no
existe
controversia
sobre
8
Resolución, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 19.
9
Íd., pág. 20.
estas
CC-2019-198
6
Inconforme con la descalificación, el peticionario
acudió al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de
certiorari y señaló lo siguiente:
Erró el Oficial Examinador al descalificar al
Lcdo.
Edmundo
Rosaly
Rodríguez
como
representante legal del [peticionario], ya que
no existe fundamento legal que sostenga dicha
determinación.
La
Resolución
emitida
es
10
contraria a derecho.
Por su parte, la ORIL presentó una Moción para la
desestimación
expedición
por
de
falta
auto
de
de
jurisdicción
y
oposición
a
certiorari.
En
cuanto
al
planteamiento sobre falta de jurisdicción, la ORIL alegó
que
la
norma
establecida
en
Job
Connection
Center
v.
Sups. Econo, supra, que permite la revisión de un asunto
interlocutorio (descalificación de abogado), no aplicaba
a las agencias administrativas. Añadió que la LPAU no
permite la revisión de determinaciones interlocutorias.
En
la
alternativa,
arguyó
que
si
el
Tribunal
de
Apelaciones determinaba que tenía jurisdicción, entonces
los
méritos
de
la
descalificación
fueron
conforme
a
derecho.
Así las cosas, el Tribunal de Apelaciones expidió
el recurso de certiorari, lo acogió como un escrito de
revisión
judicial
confirmó
la
y
emitió
Resolución
de
una
la
Sentencia
ORIL.
Con
en
la
que
relación
al
planteamiento de falta de jurisdicción, el Tribunal de
Apelaciones resolvió que tenía jurisdicción para revisar
Recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, Apéndice de
la Petición de certiorari, pág. 21.
10
CC-2019-198
7
un asunto interlocutorio al amparo del Art. 4.3 de la
LPAU, supra. En cuanto a los méritos del caso, concluyó
lo siguiente:
[R]esolvemos que no se demostró un craso abuso
de discreción, prejuicio o parcialidad por
parte de la ORIL al decretar la descalificación
del Lcdo. Rosaly Rodríguez. En este caso, el
[peticionario] cuenta con otra representación
legal que ha formado parte de todos los
trámites administrativos desde el inicio del
caso hasta el presente y ha participado en
todas las vistas celebradas hasta el momento,
por lo que los procesos no se verán afectados y
no
se
le
violarían
los
derechos
al
peticionario.11
Inconforme, el peticionario acudió ante este Foro y
señaló lo siguiente:
Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al
confirmar la resolución dictada por la ORIL
para descalificar al Lcdo. Edmundo Rosaly
Rodríguez
como
representante
legal
del
[peticionario], ya que no existe fundamento
legal que sostenga dicha determinación. La
sentencia emitida es contraria a derecho y
huérfana de fundamentos legales.12
Con
el
beneficio
de
la
comparecencia
de
ambas
partes, estamos en posición de resolver.
II
A. La revisión judicial
agencias administrativas
ante
las
decisiones
de
las
El Art. 4.006 de la Ley de la Judicatura de 2003,
Ley
Núm.
201-2003,
establece
que
el
Tribunal
de
Apelaciones tendrá competencia en los siguientes asuntos:
Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Apéndice de la Petición de
certiorari, pág. 150. Por otro lado, resaltamos que el peticionario
presentó una Moción de reconsideración ante el Tribunal de
Apelaciones, la cual fue denegada.
11
12
Petición de certiorari, pág. 4.
CC-2019-198
8
.
.
.
.
.
.
.
.
(c) Mediante recurso de revisión judicial, que
se acogerá como cuestión de derecho, de las
decisiones, órdenes y resoluciones finales de
organismos o agencias administrativas. […] El
procedimiento a seguir será de acuerdo con lo
establecido por las secs. 2101 et seq. del
Título
3,
conocidas
como
la
“Ley
de
Procedimiento
Administrativo
Uniforme
del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. 4 LPRA
sec. 24y.
A tenor con lo anterior, el Art. 4.2 de la LPAU,
3 LPRA sec. 9672, dispone que:
Una parte adversamente afectada por una orden o
resolución final de una agencia y que haya
agotado todos los remedios provistos por la
agencia o por el organismo administrativo
apelativo correspondiente podrá presentar una
solicitud de revisión ante el Tribunal de
Apelaciones, dentro de un término de treinta
(30) días contados a partir de la fecha del
archivo en autos de la copia de la notificación
de la orden o resolución final de la agencia o
a partir de la fecha aplicable de las
dispuestas en la sec. 9655 de este título,
cuando el término para solicitar la revisión
judicial haya sido interrumpido mediante la
presentación
oportuna
de
una
moción
de
reconsideración.
.
.
.
.
.
.
.
.
Una orden o resolución interlocutoria de una
agencia, incluyendo aquellas que se emitan en
procesos que se desarrollen por etapas, no
serán revisables directamente. La disposición
interlocutoria de la agencia podrá ser objeto
de un señalamiento de error en el recurso de
revisión de la orden o resolución final de la
agencia.
Nótese que esta disposición limita la revisión a
las decisiones de las agencias administrativas que cumplan
con los requisitos siguientes: (1) que se trate de órdenes
o resoluciones finales, y (2) que la parte adversamente
CC-2019-198
9
afectada haya agotado todos los remedios provistos por la
agencia administrativa.13
Ahora bien, con relación a la disposición de que el
Tribunal
de
resoluciones
Apelaciones
sólo
podrá
revisar
finales
una
agencia,
este
de
órdenes
o
Tribunal
ha
resuelto que “aun cuando dicho requisito es diferente a la
doctrina
de
agotamiento
de
remedios, ambas
doctrinas
tienen un alcance análogo y que, de ordinario, ambas gozan
de las mismas excepciones”.14
Lo
anterior,
toda
permiten
que
los
abstengan
de
revisar
gubernamental
hasta
vez
que
tribunales
ambas
que
una
la
discrecionalmente
actuación
agencia
de
logre
decisión que refleje su posición final.15
esfera
federal
sobre
el
-de
derecho
donde
disposiciones
proviene
administrativo-
una
agencia
alcanzar
una
Asimismo, en la
nuestra
se
se
legislación
estableció
que
“la doctrina sobre agotamiento de remedios y la exigencia
de que sólo las resoluciones finales son revisables se
basan en los mismos fundamentos”.16
Hemos reconocido varios factores que operan a favor
de preterir la doctrina de agotamiento de remedios, a
saber: (1) cuando el dar curso a la acción administrativa
13
Fuentes Bonilla v. ELA, 200 DPR 364, 381 (2018).
Procuradora del Paciente v. MCS, 163 DPR 21, 38 (2004). Véase,
además, J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., 144 DPR 483, 491 (1997).
14
J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., supra, pág. 491. Véanse,
además:Rivera v. ELA, 121 DPR 582, 593 (1988); ELA v. 12,974 Metros
Cuadrados, 90 DPR 506 (1964).
15
16
Procuradora del Paciente v. MCS, supra, pág.38, n. 10.
CC-2019-198
10
haya de causar un daño inminente, material, sustancial y
no
teórico
o
especulativo;
(2)
cuando
el
remedio
administrativo constituya una gestión inútil, inefectiva y
que no ofrece un remedio adecuado; (3) cuando la agencia
claramente no tiene jurisdicción sobre el asunto y la
posposición conllevaría un daño irreparable al afectado, o
(4) cuando el asunto es estrictamente de derecho.17
De conformidad con lo anterior, la Sec. 4.3 de la
LPAU,
3
LPRA
sec.
9673,
establece
las
siguientes
excepciones:
El Tribunal podrá relevar a un peticionario de
tener que agotar alguno o todos los remedios
administrativos provistos en el caso de que
dicho remedio sea inadecuado, o cuando el
requerir su agotamiento resultare en un daño
irreparable al promovente y en el balance de
intereses
no
se
justifica
agotar
dichos
remedios, o cuando se alegue la violación
sustancial de derechos constitucionales, o
cuando
sea
inútil
agotar
los
remedios
administrativos por la dilación excesiva en los
procedimientos, o cuando sea un caso claro de
falta de jurisdicción de la agencia, o cuando
sea un asunto estrictamente de derecho y es
innecesaria la pericia administrativa.
B.
La descalificación de abogado
En
lo
pertinente,
la
Regla
9.3 de
Procedimiento
Civil,32 LPRA Ap. V, sobre la conducta de los abogados,
establece lo siguiente:
El Tribunal, en el ejercicio de su poder
inherente de supervisar la conducta de los
abogados y abogadas que postulan ante sí,
podrá, a iniciativa propia o a solicitud de
parte, imponer sanciones económicas o de otra
naturaleza o descalificar a un abogado o
abogada que incurra en conducta que constituya
17
Procuradora del Paciente v. MCS, supra, pág. 36.
CC-2019-198
11
un obstáculo para la sana administración de la
justicia o infrinja sus deberes hacia el
Tribunal,
sus
representados(as)
o
sus
compañeros(as) abogados(as).
Es sabido que los procedimientos de descalificación
de
abogados
no
disciplinarias
constituyen
sujetas
a
la
de
por
sí
jurisdicción
acciones
exclusiva
del
Tribunal Supremo.18 Como tal, la descalificación es una
medida preventiva para evitar posibles infracciones a los
Cánones de Ética Profesional.19 Además, la descalificación
funge como un “mecanismo para asegurar la adecuada marcha
de un litigio evitando los actos disruptivos provenientes
del abogado”.20 Entiéndase que, en el manejo del caso, los
jueces tienen la potestad de descalificar a un abogado si
ello
resulta
rápida
y
necesario
económica
descalificación
puede
para
lograr
de
los
otorgarse
la
solución
pleitos.21
con
el
justa,
Así,
la
fin
de:
(1) prevenir una violación a cualquiera de los Cánones del
Código de Ética Profesional o (2) evitar actos disruptivos
de los abogados durante el trámite de un pleito.22
Por consiguiente, los tribunales, en el ejercicio
de
su
poder
conducta
de
inherente
los
de
abogados
supervisar
que
postulan
y
controlar
en
sus
la
salas,
K-Mart Corp. v. Walgreens of PR, Inc., 121 DPR 633, 637-638 (1988).
Véase, además, Liquilux Gas Corp. v. Berríos, Zaragoza, supra, pág.
864.
18
19
K-Mart Corp. v. Walgreens of PR, Inc., supra, pág. 637.
R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: derecho
procesal civil, 6ta ed., San Juan, Ed. Lexis Nexis, 2017, pág. 82.
20
21
Meléndez Vega v. Caribbean Intern. News, 151 DPR 649, 661 (2000).
22
Íd.
CC-2019-198
12
pueden atender las mociones de descalificación cuando las
mismas surgen como cuestiones colaterales en los casos
pendientes ante sí.23
Al evaluar lo sustantivo de la procedencia de una
descalificación, los tribunales deben hacer un análisis
de la totalidad de las circunstancias “para valorar si la
actuación del abogado constituye un “acto disruptivo” o
si tiene el potencial de desembocar en una violación de
los Cánones del Código de Ética Profesional”.24
Nótese que la descalificación puede darse por orden
del tribunal
motu proprio
o
cuando éste
accede
a una
solicitud de parte. Cuando la descalificación se dicta
motu proprio, no es necesario que se aporte prueba sobre
alguna infracción ética debido a que la apariencia de
impropiedad podrá ser utilizada en caso de duda a favor
de
la
descalificación.
Tampoco
será
estrictamente
necesario que el tribunal reciba prueba adicional si la
descalificación
responde
a
la
necesidad
del
juez
de
agilizar el trámite de un pleito. Lo anterior responde a
que en dichos casos, de ordinario, las circunstancias que
motivan la descalificación han ocurrido en presencia del
juez que maneja el caso. No obstante, la extensión del
derecho
a
oportunidad
ser
de
oído
se
cumple
reaccionar
al
cuando
darle
el
juez
al
abogado
que
la
pretende
23
K-Mart Corp. v. Walgreens of PR, Inc., supra, págs. 637-638.
24
Meléndez Vega v. Caribbean Intern. News, supra, pág. 662.
CC-2019-198
13
descalificarlo expresa las razones sobre la procedencia
de la descalificación.25
En cambio, cuando la descalificación la solicita la
parte
adversa,
“la
mera
presentación
de
la
moción
de
descalificación no conlleva automáticamente la concesión
de la petición en cuestión”.26 El tribunal deberá evaluar
la totalidad de las circunstancias de acuerdo con los
siguientes factores:
(1) si quien solicita la descalificación tiene
legitimación activa para invocarla; (2) la
gravedad
de
la
posible
violación
ética
involucrada; (3) la complejidad del derecho o
los hechos pertinentes a la controversia y el
expertise de los abogados implicados; (4) la
etapa de los procedimientos en que surja la
controversia sobre descalificación y su posible
efecto en cuanto a la solución justa, rápida y
económica del caso, y (5) el propósito detrás
de la descalificación, es decir, si la moción
se está utilizando como mecanismo para dilatar
los procedimientos.27
Así,
al
examinar
en
lo
sustantivo
una
descalificación, procede hacer un análisis de la totalidad
de
las
circunstancias
sopesando
los
criterios
antes
enumerados.28 De igual manera, el juez que atiende una
moción de descalificación presentada por la parte adversa
deberá analizar si la continuación de la representación
legal le causará perjuicio o desventaja indebida a quien
25
Job Connection Center v. Sups. Econo, 185 DPR 585, 598-599 (2012).
26
Íd., pág. 597.
Íd., págs. 597-598. Véase, además, Liquilux Gas Corp. v. Berríos,
Zaragoza, supra, págs. 864-866.
27
28
Meléndez Vega v. Caribbean Intern. News, supra, pág. 66, n.4.
CC-2019-198
14
la solicita.29 “[E]l tribunal deberá sopesar, además, el
derecho que le asiste a todo ciudadano de escoger con
libertad el abogado que lo represente”.30 Nótese que el
abogado afectado tiene derecho a ser oído y a presentar
prueba a su favor.31
En
Job
Connection
Center
v.
Sups.
Econo,
supra,
tuvimos la oportunidad de resolver -en el contexto de la
Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V- si las
órdenes
de
descalificación
emitidas
por
el
foro
de
instancia son revisables de forma interlocutoria.32 En ese
momento resolvimos que la descalificación de un abogado
conlleva
repercusiones
que
afectan
potencialmente
los
derechos de las partes, el trámite de los procedimientos,
el derecho a libre selección de abogado y los derechos
del
representante
legal
descalificado,
por
lo
29
Job Connection Center v. Sups. Econo, supra, pág. 598.
30
Otaño Cuevas v. Vélez Santiago, 141 DPR 820, 828 (1996).
que
sí
Hernández Colón, op. cit., pág. 83, citando a Otaño Cuevas v. Vélez
Santiago, supra.
31
La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., dispone lo
siguiente:
El recurso de certiorari para revisar resoluciones u
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
Primera Instancia, solamente será expedido por el Tribunal
de Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden
bajo las Reglas 56 y 57 de este apéndice o de la
denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No
obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el
Tribunal
de
Apelaciones
podrá
revisar
órdenes
o
resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de
Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la
admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales,
asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones
de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos
que revistan interés público o en cualquier otra situación
en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso
irremediable de la justicia. Al denegar la expedición de
un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de
Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión.
32
CC-2019-198
15
procede la revisión interlocutoria.33 Nótese que “esperar
a una apelación constituiría un fracaso irremediable de
la
justicia”.34
En
consecuencia
allí,
expresamos
lo
siguiente:
Los tribunales apelativos están llamados a
revisar la decisión sobre la descalificación si
se demuestra que hubo un craso abuso de
discreción, que el foro primario actuó con
prejuicio o parcialidad, que se equivocó en la
interpretación o aplicación de cualquier norma
procesal o de derecho sustantivo, y que la
intervención en esta etapa evitará un perjuicio
sustancial.35
Así, como la descalificación de un abogado afecta
negativamente varios aspectos, tales como los derechos de
las partes y el trámite de los procedimientos, no se debe
imponer ligeramente.36 La descalificación solo procederá
cuando “sea estrictamente necesario, por considerarse un
remedio drástico que se debe evitar si existen medidas
menos
onerosas
que
aseguren
la
integridad
del
proceso
judicial y el trato justo a las partes”.37
De
igual
manera,
“los
organismos
administrativos
cuasijudiciales tienen la facultad de dirimir mociones de
descalificación con miras a mantener el orden y control
en sus procedimientos y evitar una posible violación a
Job Connection Center v. Sups. Econo, supra, págs. 600-601. Véase,
además, Torres Alvarado v. Madera Atiles, 2019 TSPR 91, 202 DPR ___
(2019).
33
34
Job Connection Center v. Sups. Econo, supra, pág. 601.
35
Íd., pág. 602.
36
Íd., págs. 596-597.
37
Íd., pág. 597.
CC-2019-198
16
los Cánones de Ética Profesional”.38 Esto, toda vez que
los
abogados
principios
están
llamados
ética
profesional
de
a
observar
tanto
los
en
mismos
los
foros
administrativos como en los tribunales.39 En particular,
desde 1988 este Tribunal ha establecido que “una vez el
organismo administrativo resuelva el incidente sobre la
descalificación,
su
orden
está
sujeta
a
revisión
judicial”.40
Evaluado el marco teórico, estamos en posición de
decidir si las órdenes de descalificación emitidas por
una
agencia
administrativa
son
revisables
de
forma
interlocutoria.
III
Como
cuestión
de
umbral,
debemos
determinar
si
conforme al Art. 4.3 de la LPAU, supra, el Tribunal de
Apelaciones
tenía
interlocutoriamente
jurisdicción
-por
vía
para
de
revisar
excepción-
la
descalificación del licenciado Rosaly Rodríguez. En otras
palabras,
¿una
emitida
por
través
de
una
las
Orden
de
agencia
descalificación
administrativa
excepciones
estatuidas
es
en
de
abogado
revisable
el
a
precitado
artículo? A la luz de nuestro racional en Job Connection
38
K-Mart Corp. v. Walgreens of PR, Inc., supra, pág. 638
39
In re: Arroyo Villamil, 113 DPR 568, 573 (1982).
K-Mart Corp. v. Walgreens of PR, Inc., supra, pág. 639. Sin
embargo, cuando resolvimos el citado caso no se había constituido el
Tribunal de Apelaciones. Entiéndase que la moción de descalificación
se presentó en el Departamento de Salud y fue revisada inicialmente
por el Tribunal Superior (organismo que operaba como una especie de
foro apelativo intermedio) y luego por el Tribunal Supremo.
40
CC-2019-198
17
Center v. Sups. Econo, supra, contestamos la interrogante
en la afirmativa.
No podría ser de otra manera, pues los asuntos que
están en juego cuando el Tribunal de Primera Instancia
emite una orden de descalificación de abogado (derechos
de
las
partes,
el
trámite
de
los
procedimientos,
el
derecho a la libre selección de abogado y los derechos
del representante legal descalificado) son los mismos que
se
afectarían
si
no
permitiéramos
la
revisión
interlocutoria de una orden de descalificación de abogado
en un caso ventilado ante una agencia administrativa.
A
diferencia
de
Job
Connection
Center
v.
Sups.
Econo, supra, cuya norma fue sustentada al amparo de la
Regla
52.1
de
Procedimiento
Civil,
supra,
la
revisión
interlocutoria de una orden de descalificación de abogado
en la esfera administrativa se viabiliza a través del
Art. 4.3 de la LPAU, supra.41 Esto, en armonía con el
alcance
de
la
revisión
judicial
establecido
en
el
Art. 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675.42 De lo contrario,
los derechos que protegimos en Job Connection Center v.
Recientemente en AAA v. UIA, 200 DPR 903, 914 (2018) reconocimos
nuevamente que:
“[L]a
doctrina
de
agotamiento
de
remedios
administrativos y el requisito de finalidad pueden
resultar difíciles de distinguir. De hecho, en muchos
casos, los tribunales se refieren a estas doctrinas
indistintamente.
“Por su parte, este Tribunal ha reiterado que ambas
doctrinas tienen un alcance análogo y que, de
ordinario, gozan de las mismas excepciones”. (Citas
omitidas).
41
En específico, el Art. 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675 establece
lo siguiente:
El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si
determina que el recurrente tiene derecho a un
remedio.
42
CC-2019-198
Sups.
18
Econo,
supra,
quedarían
de
abogado
descalificación
un
a
la
surgiera
deriva
si
en
esfera
la
la
administrativa. Es decir, estaríamos en un escenario en
el
cual
la
parte
afectada
y
su
representante
legal
estarían desprovistos de un remedio, toda vez que esperar
a
la
determinación
final
de
la
agencia
administrativa
constituiría una gestión inútil, inefectiva que no ofrece
un
remedio
adecuado.
Asimismo,
provocaría
un
daño
irreparable.
Entiéndase que -si operara la limitación revisora
bajo el requisito de que la revisión judicial se dará
solo cuando se trate de órdenes o resoluciones finalessería
infructuoso
debido a
acudir
al
Tribunal
de
que cuando se pretende revisar
descalificación
de
propósito
lograr
de
abogado
es
debe
continuar
esperar
la
determinación
hasta
una orden de
precisamente
establecer
descalificado
Apelaciones
el
el
abogado
el
caso.
Entonces,
final
de
en
que
con
la
agencia
administrativa sería absurdo y por ello amerita preterir
el cauce administrativo.
Así, concluimos que una Orden de descalificación de
abogado
revisable
emitida
por
una
agencia
interlocutoriamente.
administrativa
Superado
el
es
escollo
jurisdiccional, pasamos a considerar los méritos de la
descalificación.
Como mencionáramos, el peticionario argumenta que
el
Tribunal
de
Apelaciones
erró
al
sostener
la
CC-2019-198
19
descalificación del licenciado Rosaly Rodríguez.
de
evaluar
el
expediente,
es
forzoso
concluir
Luego
que
el
Tribunal
de
peticionario tiene razón.
En
primer
Apelaciones
razonar
lugar,
confirmó
que
no
destacamos
la
hubo
que
el
determinación
de
abuso
de
la
ORIL
tras
discreción,
ello
sin
adentrarse a evaluar el criterio medular a la hora de
descalificar, a saber: cuál es la causa que dio paso a la
descalificación. Esto es, qué violación a los Cánones del
Código
de
Ética
Profesional
o
actos
disruptivos
se
pretende prevenir o evitar. Tampoco analizó ninguno de
los factores a considerar para determinar la procedencia
de la descalificación; simplemente concluyó que como el
peticionario tenía 2 abogados, no se le violarían sus
derechos si se descalificaba a uno de ellos. No podemos
avalar dicha determinación.
Tras evaluar la Orden de descalificación de abogado
emitida por el Oficial Examinador de la ORIL, entendemos
que
hubo
abuso
de
discreción.
Nótese
que
del
propio
análisis esbozado en la Resolución recurrida se desprende
que no había fundamento en derecho para la procedencia de
la descalificación. Entiéndase que quedó establecido que
el licenciado Rosaly Rodríguez no realizó alguna acción
oficial en las querellas del caso de epígrafe.
A
pesar
de
lo
anterior,
el
Oficial
Examinador
descansó en que la descalificación procedía para evitar
un
posible
conflicto
de
interés
relativo
a
una
CC-2019-198
20
determinación emitida por el licenciado Rosaly Rodríguez
en calidad de Administrador de la ORIL en una querella
previamente presentada, distinta a las que nos ocupan y
que
advino
posible
final
y
conflicto
firme.
de
Para
interés,
sustentar
el
el
Oficial
alegado
Examinador
fundamentó su determinación a la luz del caso Liquilux
Gas. Corp. v. Berríos, Zaragoza, 138 DPR 850 (1995). Sin
embargo, en el citado caso la descalificación de abogado
prosperó al concretarse una representación adversa de una
corporación íntima y sus accionistas por un mismo abogado
en
contravención
Profesional,
contexto
al
Canon
21
del
de
Ética
evidente
que
dicho
4
LPRA
Ap.
IX.
dista
de
la
controversia
consideración,
pues
no
Es
Código
cabe
hablar
cuando
la
de
ante
nuestra
representación
adversa ninguna.43
Es
sabido
que
descalificación
es
solicitada por la parte adversa procede evaluar varios
factores,
pues
la
descalificación
automática.
evidente
que
mera
no
Analizados
la
ORIL
presentación
conlleva
los
tenía
la
factores
de
la
moción
de
descalificación
establecidos,
legitimación
activa
es
para
presentar la Moción de descalificación. Sin embargo, no
cabe hablar de la gravedad de la posible violación ética
De igual manera, la contención de la ORIL es desacertada debido a
que no cabe hablar del concepto “apariencia de impropiedad” toda vez
que no existen dudas sobre ningún conflicto de interés. Recordemos
que el Canon 21 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, tiene
como norte el deber de lealtad. En lo pertinente, busca evitar que un
abogado represente a un cliente en una controversia sustancialmente
relacionada a la de otro cliente actual o anterior cuando los
intereses de ambos sean adversos.
43
CC-2019-198
21
involucrada,
pues
queda
claro
que
no
hay
causa
para
descalificar. En cuanto a la complejidad del caso y el
expertise del abogado, resaltamos que la práctica ante la
ORIL es una altamente especializada y es precisamente por
el
peritaje
del
licenciado
Rosaly
Rodríguez
que
el
peticionario le selecciona y contrata como su abogado.
Con respecto a la etapa en que surgió la controversia
sobre
la
descalificación
y
su
efecto
en
la
solución
justa, rápida y económica del caso, a pesar de que la
Moción
de
descalificación
caso,
ha
incidido
caso
en
los
se
presentó
negativamente
méritos.
Por
al
comienzo
del
en
la
consecución
del
último,
en
lo
al
relativo
propósito de la Moción de descalificación, nos salta a la
vista que, como mencionáramos, en otro caso distinto al
que nos ocupa la ORIL presentara y luego retirara una
Moción de descalificación.
Ante la ausencia de causa para descalificar y luego
de
evaluar
los
factores
establecidos
a
la
luz
de
la
totalidad de las circunstancias, solo resta concluir que
la
descalificación
fue
ligera
y
evidentemente
no
se
sostiene en derecho.
IV
Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la
Sentencia del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el
caso a la Oficina para la Reglamentación de la Industria
Lechera
para
la
continuación
de
conformidad a lo aquí dispuesto.
los
procedimientos
de
CC-2019-198
22
Se dictará sentencia de conformidad.
Erick V. Kolthoff Caraballo
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Oficina
para
Reglamentación
de
Industria Lechera
la
la
Recurrida
v.
El Farmer, Inc.
Licencia Núm. 3510
Peticionario
____________________________
Oficina
para
Reglamentación
de
Industria Lechera
CC-2019-198
Certiorari
la
la
Recurrida
v.
El Farmer, Inc.
Licencia Núm. 3368
Peticionario
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 13 de marzo de 2020.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede la cual se hace formar parte íntegra de la
presente, se revoca la Sentencia del Tribunal de
Apelaciones y se devuelve el caso a la Oficina para la
Reglamentación
de
la
Industria
Lechera
para
la
continuación de los procedimientos de conformidad a lo
aquí dispuesto.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el
Secretario del Tribunal Supremo.
José Ignacio Campos Pérez
Secretaro del Tribunal Supremo