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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Rivera Sierra v. Rivera Arroyo

2020 TSPR 22

Poder Judicial de Puerto Rico

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Rivera Sierra v. Rivera Arroyo

CC-2020-129

Resolución del Tribunal con Voto Particular Disidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Jeanne Rivera Sierra

Certiorari

Peticionaria

2020 TSPR 22

v.

204 DPR ____

Ángel Rivera Arroyo

Recurrido

Número del Caso:

CC-2020-129

Fecha: 28 de febrero de 2020

Tribunal de Apelaciones:

Panel IX

Abogada de la parte Peticionaria:

Lcda. Carmen Sara López García

Abogados de la parte Recurrida:

Lcda. Keishla J. Martínez Souchet

Lcdo. José A. Velázquez Grau

Materia: Resolución del Tribunal con Voto Particular Disidente.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que

está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Jeanne Rivera Sierra

Peticionaria

v.

CC-2020-129

Certiorari

Ángel Rivera Arroyo

Recurrido

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2020.

Atendida la Moción en auxilio de jurisdicción para la

paralización de los procedimientos presentada por la parte

peticionaria Sra. Jeanne Rivera Sierra, se provee no ha

lugar.

Se ordena a la Secretaría del Tribunal turnar el

recurso en su trámite ordinario.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo.

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez

disiente.

La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez

emitió un voto particular disidente, al que se unieron la

Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y el Juez Asociado señor

Colón Pérez.

El Juez Asociado señor Estrella Martínez

disiente y hace constar la siguiente expresión:

El Juez Asociado señor Estrella

Martínez respetuosamente disiente.

En

consecuencia, declararía con lugar la

Moción en auxilio de jurisdicción para la

paralización

de

los

procedimientos

y

expediría la petición de certiorari por los

fundamentos

contenidos

en

el

Voto

particular

disidente

emitido

por

la

compañera Jueza Grana Martínez del Tribunal

de Apelaciones.

El Juez Asociado señor Colón Pérez disiente y hace constar la

siguiente expresión:

El Juez Asociado señor Colón Pérez proveería

ha lugar a la Moción en Auxilio de Jurisdicción

y, en consecuencia, paralizaría todo trámite

relacionado al presente caso ante el Tribunal

de Primera Instancia en lo que esta Curia tiene

oportunidad

de

pasar

juicio

sobre

las

controversias – relacionadas al derecho de

alimentos de la joven Jeanne Rivera Sierra –

ante nuestra consideración. Cónsono con ello,

hubiese expedido el recurso de certiorari.

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Jeanne Rivera Sierra

Peticionaria

v.

Núm. CC-2020-0129

Ángel T. Rivera Arroyo

Recurrido

Voto Particular Disidente emitido por la Juez Asociada

señora Rodríguez Rodríguez al que se une la Jueza Presidenta

Oronoz Rodríguez y el Juez Asociado señor Colón Pérez

San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2020.

Disiento del curso de acción adoptado por la mayoría de

este Tribunal para el recurso de epígrafe. En su lugar,

proveería ha lugar la Moción en auxilio de jurisdicción para

la paralización de los procedimientos y, en consecuencia,

atendería el certiorari sin sujeción al trámite ordinario.

La determinación de la mayoría, sin embargo, conlleva avalar

la dilación de los procedimientos, así como el dispendio

innecesario de recursos judiciales. Tal proceder contraviene

el principio de economía procesal que debe regir todo pleito

ante la consideración de nuestro sistema de justicia. Lo que

es peor, el proceder de la mayoría resulta en la celebración

de una vista a nivel de instancia en la cual se evaluará la

procedencia de un remedio que no ha sido solicitado por

ninguna de las partes en este litigio.

Según surge de la Moción en auxilio de jurisdicción y

del certiorari presentado por la peticionaria, así como del

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expediente que lo complementa, el juicio en su fondo pautado

para el próximo, 3 de marzo de 2020, versa sobre la supuesta

necesidad económica que debe demostrar la joven Jeanne Rivera

Sierra para que proceda su reclamo de recobrar las pensiones

vencidas y adeudadas por su padre, el Sr. Ángel Tomás Rivera

Arroyo. Empero, este proceder respondería a una solicitud de

pensión al amparo del Artículo 143 del Código Civil de Puerto

Rico, 31 LPRA sec. 562. La referida disposición corresponde

a los casos de alimentos entre parientes y no a aquellos

supuestos en los cuales lo que se pretende es el pago de una

deuda

en

concepto

de

una

pensión

alimentaria

que

fue

adjudicada y establecida, pero no se satisfizo.

Un análisis de la controversia sobre la cual versa el

caso de autos demuestra que la joven Rivera Sierra no ha

solicitado el pago de alimentos con posterioridad a la fecha

en que su padre solicitó y -en efecto- fue relevado del pago

de la pensión alimentaria que éste debía pagar a su hija.

Véase

Certiorari,

en

la

pág.

13.

En

otras

palabras,

y

contrario a lo que concluyó el Tribunal de Primera Instancia,

no estamos ante una solicitud prospectiva de alimentos, sino

ante el reclamo de una deuda ya vencida. El trasfondo fáctico

de este caso devela que el proceder de la mayoría opera en

detrimento de los derechos e intereses de la joven Rivera

Sierra. Veamos.

Jeanne M. Rivera Sierra advino a la mayoría de edad el

26 de diciembre de 2016. Véase Certiorari, en la pág. 2.

Anterior a esto, el Tribunal de Primera Instancia había

emitido una Resolución, el 27 de mayo de 2014, mediante la

cual estableció que reconocía la validez de un acuerdo

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extrajudicial

entre

los

padres

de

la

joven

sobre

la

modificación de la pensión alimentaria. Por vía de este

acuerdo, fijaron el pago de la pensión en mensualidades de

$2,618.00 a favor de la entonces menor de edad, en adición

al pago de otros gastos. Véase Resolución, Ap. en la pág.

265.1 Esta cuantía no había sido modificada para la fecha en

la cual la joven advino a la mayoría de edad.

El expediente refleja que, a partir de enero de 2017,

el señor Rivera Arroyo incumplió con su obligación de pagar

la pensión alimentaria a favor de la joven Rivera Sierra.

Véase Resolución y Orden, Ap. en la pág. 230. La joven Rivera

Sierra

procuró

el

pago

de

las

pensiones

adeudadas

en

múltiples ocasiones mediante solicitudes ante el tribunal de

instancia para que se encontrara al señor Rivera Arroyo

incurso en desacato por no satisfacer la pensión alimentaria

fijada. Véase Certiorari, en la pág. 4. Luego de diversos

incidentes procesales, en la vista celebrada el 21 de marzo

de 2019, el Tribunal de Primera Instancia atendió el asunto

de las pensiones alimentarias adeudadas por el señor Rivera

Arroyo a la joven Rivera Sierra. Véase Minuta, Ap. en la

pág. 225. A estos efectos, el foro primario señaló una vista

evidenciaria para determinar el monto de la deuda desde enero

2017

hasta

el

día

de

la

vista

a

tenor

de

la

pensión

establecida. Dicho foro decretó que para la referida vista

Cabe destacar que el señor Rivera Arroyo había incumplido

reiteradamente con el pago de la pensión alimentaria con

anterioridad a que su hija adviniera a la mayoría de edad.

Por esto, la madre de la joven presentó una Moción de

Desacato. Véase Resolución, Ap. en la pág. 264. Esto, en

claro incumplimiento con la orden del tribunal y de la

estipulación que voluntariamente había acordado.

1

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4

no se iba a permitir descubrimiento de prueba adicional. Íd.

Ello, puesto que se trataba de un mero cómputo matemático.

Posteriormente, el 25 de marzo de 2019, el Tribunal de

Primera Instancia emitió una Resolución y Orden mediante la

cual dispuso que el señor Rivera Arroyo estaba compelido a

satisfacer la pensión alimentaria que le adeudaba a su hija

desde enero de 2017 hasta abril 2019, fecha en que se hizo

efectivo el relevo. Así, a través de este dictamen, el foro

de instancia concedió la solicitud de relevo de pago de la

pensión alimentaria según fue solicitado por el señor Rivera

Arroyo en la vista y adjudicó las fechas de las cuantías

adeudadas. Es decir, pasaron casi tres (3) años después de

que la joven Rivera Sierra adviniera a la mayoría de edad

hasta que el señor Rivera Arroyo solicitó en corte abierta

el

relevo

del

pago

de

la

pensión

alimentaria.

Véase

Resolución y Orden, Ap. en la pág. 231. Adviértase, además,

que en la referida vista la representación legal de la joven

Rivera Sierra informó que ésta no solicitaba alimentos entre

parientes, sino que “[s]u interés e[ra] únicamente cobrar lo

que se debe por pensión alimentaria ya vencida”. Íd. Es

imperativo resaltar que la determinación del foro primario

que

relevó

al

señor

Rivera

Arroyo

de

sus

obligaciones

alimentarias y determinó las fechas por las cuales sí debía

responder no fue objeto de reconsideración o revisión alguna

por lo que advino final y firme, y consiguientemente, pasó

a ser la ley del caso.

Luego de varias vistas evidenciarias, en las cuales la

joven Rivera Sierra alega no se pudo desfilar prueba, el

foro primario celebró una vista de determinación de deuda de

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pensión alimentaria.2 Véase Resolución, Ap. en la pág. 159.

Mediante esta resolución, se determinó inopinadamente que

según lo establecido en una vista celebrada el 8 de agosto

de 2019, es “importante escuchar la necesidad de la parte

interventora [la joven Rivera Sierra] para reclamar esa

deuda, ya que de los hechos surge que no se encontraba

estudiante (sic) cuando advino a la mayoridad”. Íd. en la

pág. 160. Asimismo, en la referida Resolución, el foro

primario expresó que “[e]l no ejercer un derecho que le

correspondía no puede ser un subterfugio de la justicia, el

tribunal escuchará la prueba pertinente a la determinación

de deuda sujeta a la necesidad de la emancipada”. Íd. La

joven

Rivera

Sierra

oportunamente

solicitó

la

reconsideración de la Resolución, la cual fue declarada no

ha lugar el 3 de octubre de 2019. Véase Resolución, Ap. en

la pág. 147. Así las cosas, ésta recurrió al Tribunal de

Apelaciones, el cual notificó su denegatoria a expedir el

recurso el 10 de diciembre de 2019.3 La joven Rivera Sierra

presentó

una

solicitud

de

reconsideración

ante

el

foro

apelativo intermedio la cual fue declarada no ha lugar por

medio de una Resolución notificada el 27 de enero de 2020.

Véase Resolución, Ap. en la pág. 14.

El expediente demuestra que, luego de varios trámites

procesales, una jueza distinta pasó a presidir los

procedimientos. Esta situación, sin embargo, de ninguna

manera justifica que se dejen sin efecto las determinaciones

previas relacionadas con las fechas para las cuales el señor

Rivera Arroyo estaba obligado a satisfacer la pensión

alimentaria previo al relevo decretado.

3 Vale

destacar que la Jueza Grana Martínez emitió un

acertado voto particular disidente.

2

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Una evaluación del tracto fáctico y procesal de este

pleito despeja toda duda respecto al hecho de que la joven

Rivera Sierra nunca ha procurado que su padre le ofrezca

sustento cobijada en la obligación que tienen los parientes

de brindarse alimentos entre sí bajo el Artículo 143 del

Código Civil, 31 LPRA sec. 562. Por el contrario, queda

meridianamente claro que, en todo momento, ésta ha solicitado

reiteradamente el pago de una deuda por concepto de pensión

alimentaria fijada mientras subsistía su minoridad al amparo

del Artículo 153 del Código Civil, 31 LPRA sec. 601.

A pesar de que la joven advino la mayoría de edad

durante el trámite del pleito, ello no tuvo el efecto de

relevar

automáticamente

al

señor

Rivera

Arroyo

de

su

obligación. En los casos en los que un menor que recibe una

pensión alimentaria adviene a la mayoría de edad, para que

cese la obligación del padre alimentante de pagar la pensión

alimentaria, es requisito de umbral que éste solicite un

relevo del tribunal a esos efectos y que dicho relevo sea

decretado. Véase Umpierre Matos v. Juelle Abello, 2019 TSPR

160; Santiago Texidor v. Maisonet Correa, 187 DPR 550 (2012);

Valencia, Ex parte, 116 DPR 909, 916 (1986). Véase, además,

el Artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración para

el Sustento de Menores, según enmendada, 8 LPRA sec. 518.

Dicho

de

otro

modo,

el

relevo

del

pago

de

la

pensión

alimentaria no es automático una vez el menor a beneficio

del cual ésta se fija adviene a la mayoridad.

En el caso de autos, el señor Rivera Arroyo, motu

proprio, se relevó del pago de la pensión fijada a favor de

su hija una vez ésta cumplió los 21 años. Peor aún, éste

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desatendió su obligación con anterioridad a ese evento. Dado

que el remedio solicitado por la joven Rivera Sierra estuvo

predicado en una cuantía adeudada previo al decreto de relevo

por parte del tribunal, resulta improcedente celebrar una

vista para dirimir las necesidades de la joven en función de

la fijación de una pensión prospectiva.

Resulta preocupante, además, la contumacia con la que

el tribunal de instancia ignoró las determinaciones que

constituían la ley del caso en este pleito, sin que mediaran

circunstancias excepcionales que lo movieran a obrar de esa

forma. La resolución del foro de instancia mediante la cual

se determinó que existía una deuda por pensión alimentaria

y en la cual se indicó que sólo se realizaría una vista con

el fin de determinar la cuantía adeudada advino final y firme

sin que se recurriera de ésta. Por lo tanto, procedía que el

foro primario acatara lo dispuesto en esa resolución y obrara

conforme a ésta.

Por

último,

conviene

recordar

que

en

nuestro

ordenamiento opera la máxima que dicta que el derecho es

rogado, por lo que no procede salvaguardar el derecho de una

parte que no ha solicitado un remedio o concesión a su favor.

Ello, mucho menos cuando se procedería en crasa vulneración

de los derechos que cobijan a una parte que sí los ha

reclamado oportunamente. La celebración de la vista en su

fondo ante el Tribunal de Primera Instancia redundará en

imponerle a la joven un criterio adicional para la validación

de

su

reclamo

por

pensiones

vencidas

y

adeudadas,

no

contemplado por la jurisprudencia ni por la legislación

vigente que regula las pensiones alimentarias de los menores

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de edad. En esta vista se pasará prueba sobre circunstancias

que, de ninguna manera, inciden en la procedencia del remedio

solicitado por la peticionaria, el cual ya le fue concedido

por vía de una resolución anterior dictada por ese mismo

foro.

Por todo lo anterior, reitero que lo correcto en derecho

en este caso es dejar sin efecto la vista pautada, paralizar

los procedimientos y expedir el recurso que pende ante

nuestra consideración. Dado que la mayoría optó por un

proceder distinto, disiento.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada