Tribunal Supremo de Puerto Rico
Rivera Sierra v. Rivera Arroyo
2020 TSPR 22
Poder Judicial de Puerto Rico
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Rivera Sierra v. Rivera Arroyo
CC-2020-129
Resolución del Tribunal con Voto Particular Disidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Jeanne Rivera Sierra
Certiorari
Peticionaria
2020 TSPR 22
v.
204 DPR ____
Ángel Rivera Arroyo
Recurrido
Número del Caso:
CC-2020-129
Fecha: 28 de febrero de 2020
Tribunal de Apelaciones:
Panel IX
Abogada de la parte Peticionaria:
Lcda. Carmen Sara López García
Abogados de la parte Recurrida:
Lcda. Keishla J. Martínez Souchet
Lcdo. José A. Velázquez Grau
Materia: Resolución del Tribunal con Voto Particular Disidente.
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Jeanne Rivera Sierra
Peticionaria
v.
CC-2020-129
Certiorari
Ángel Rivera Arroyo
Recurrido
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2020.
Atendida la Moción en auxilio de jurisdicción para la
paralización de los procedimientos presentada por la parte
peticionaria Sra. Jeanne Rivera Sierra, se provee no ha
lugar.
Se ordena a la Secretaría del Tribunal turnar el
recurso en su trámite ordinario.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo.
La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez
disiente.
La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez
emitió un voto particular disidente, al que se unieron la
Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y el Juez Asociado señor
Colón Pérez.
El Juez Asociado señor Estrella Martínez
disiente y hace constar la siguiente expresión:
El Juez Asociado señor Estrella
Martínez respetuosamente disiente.
En
consecuencia, declararía con lugar la
Moción en auxilio de jurisdicción para la
paralización
de
los
procedimientos
y
expediría la petición de certiorari por los
fundamentos
contenidos
en
el
Voto
particular
disidente
emitido
por
la
compañera Jueza Grana Martínez del Tribunal
de Apelaciones.
El Juez Asociado señor Colón Pérez disiente y hace constar la
siguiente expresión:
El Juez Asociado señor Colón Pérez proveería
ha lugar a la Moción en Auxilio de Jurisdicción
y, en consecuencia, paralizaría todo trámite
relacionado al presente caso ante el Tribunal
de Primera Instancia en lo que esta Curia tiene
oportunidad
de
pasar
juicio
sobre
las
controversias – relacionadas al derecho de
alimentos de la joven Jeanne Rivera Sierra –
ante nuestra consideración. Cónsono con ello,
hubiese expedido el recurso de certiorari.
José Ignacio Campos Pérez
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Jeanne Rivera Sierra
Peticionaria
v.
Núm. CC-2020-0129
Ángel T. Rivera Arroyo
Recurrido
Voto Particular Disidente emitido por la Juez Asociada
señora Rodríguez Rodríguez al que se une la Jueza Presidenta
Oronoz Rodríguez y el Juez Asociado señor Colón Pérez
San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2020.
Disiento del curso de acción adoptado por la mayoría de
este Tribunal para el recurso de epígrafe. En su lugar,
proveería ha lugar la Moción en auxilio de jurisdicción para
la paralización de los procedimientos y, en consecuencia,
atendería el certiorari sin sujeción al trámite ordinario.
La determinación de la mayoría, sin embargo, conlleva avalar
la dilación de los procedimientos, así como el dispendio
innecesario de recursos judiciales. Tal proceder contraviene
el principio de economía procesal que debe regir todo pleito
ante la consideración de nuestro sistema de justicia. Lo que
es peor, el proceder de la mayoría resulta en la celebración
de una vista a nivel de instancia en la cual se evaluará la
procedencia de un remedio que no ha sido solicitado por
ninguna de las partes en este litigio.
Según surge de la Moción en auxilio de jurisdicción y
del certiorari presentado por la peticionaria, así como del
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2
expediente que lo complementa, el juicio en su fondo pautado
para el próximo, 3 de marzo de 2020, versa sobre la supuesta
necesidad económica que debe demostrar la joven Jeanne Rivera
Sierra para que proceda su reclamo de recobrar las pensiones
vencidas y adeudadas por su padre, el Sr. Ángel Tomás Rivera
Arroyo. Empero, este proceder respondería a una solicitud de
pensión al amparo del Artículo 143 del Código Civil de Puerto
Rico, 31 LPRA sec. 562. La referida disposición corresponde
a los casos de alimentos entre parientes y no a aquellos
supuestos en los cuales lo que se pretende es el pago de una
deuda
en
concepto
de
una
pensión
alimentaria
que
fue
adjudicada y establecida, pero no se satisfizo.
Un análisis de la controversia sobre la cual versa el
caso de autos demuestra que la joven Rivera Sierra no ha
solicitado el pago de alimentos con posterioridad a la fecha
en que su padre solicitó y -en efecto- fue relevado del pago
de la pensión alimentaria que éste debía pagar a su hija.
Véase
Certiorari,
en
la
pág.
13.
En
otras
palabras,
y
contrario a lo que concluyó el Tribunal de Primera Instancia,
no estamos ante una solicitud prospectiva de alimentos, sino
ante el reclamo de una deuda ya vencida. El trasfondo fáctico
de este caso devela que el proceder de la mayoría opera en
detrimento de los derechos e intereses de la joven Rivera
Sierra. Veamos.
Jeanne M. Rivera Sierra advino a la mayoría de edad el
26 de diciembre de 2016. Véase Certiorari, en la pág. 2.
Anterior a esto, el Tribunal de Primera Instancia había
emitido una Resolución, el 27 de mayo de 2014, mediante la
cual estableció que reconocía la validez de un acuerdo
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extrajudicial
entre
los
padres
de
la
joven
sobre
la
modificación de la pensión alimentaria. Por vía de este
acuerdo, fijaron el pago de la pensión en mensualidades de
$2,618.00 a favor de la entonces menor de edad, en adición
al pago de otros gastos. Véase Resolución, Ap. en la pág.
265.1 Esta cuantía no había sido modificada para la fecha en
la cual la joven advino a la mayoría de edad.
El expediente refleja que, a partir de enero de 2017,
el señor Rivera Arroyo incumplió con su obligación de pagar
la pensión alimentaria a favor de la joven Rivera Sierra.
Véase Resolución y Orden, Ap. en la pág. 230. La joven Rivera
Sierra
procuró
el
pago
de
las
pensiones
adeudadas
en
múltiples ocasiones mediante solicitudes ante el tribunal de
instancia para que se encontrara al señor Rivera Arroyo
incurso en desacato por no satisfacer la pensión alimentaria
fijada. Véase Certiorari, en la pág. 4. Luego de diversos
incidentes procesales, en la vista celebrada el 21 de marzo
de 2019, el Tribunal de Primera Instancia atendió el asunto
de las pensiones alimentarias adeudadas por el señor Rivera
Arroyo a la joven Rivera Sierra. Véase Minuta, Ap. en la
pág. 225. A estos efectos, el foro primario señaló una vista
evidenciaria para determinar el monto de la deuda desde enero
2017
hasta
el
día
de
la
vista
a
tenor
de
la
pensión
establecida. Dicho foro decretó que para la referida vista
Cabe destacar que el señor Rivera Arroyo había incumplido
reiteradamente con el pago de la pensión alimentaria con
anterioridad a que su hija adviniera a la mayoría de edad.
Por esto, la madre de la joven presentó una Moción de
Desacato. Véase Resolución, Ap. en la pág. 264. Esto, en
claro incumplimiento con la orden del tribunal y de la
estipulación que voluntariamente había acordado.
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4
no se iba a permitir descubrimiento de prueba adicional. Íd.
Ello, puesto que se trataba de un mero cómputo matemático.
Posteriormente, el 25 de marzo de 2019, el Tribunal de
Primera Instancia emitió una Resolución y Orden mediante la
cual dispuso que el señor Rivera Arroyo estaba compelido a
satisfacer la pensión alimentaria que le adeudaba a su hija
desde enero de 2017 hasta abril 2019, fecha en que se hizo
efectivo el relevo. Así, a través de este dictamen, el foro
de instancia concedió la solicitud de relevo de pago de la
pensión alimentaria según fue solicitado por el señor Rivera
Arroyo en la vista y adjudicó las fechas de las cuantías
adeudadas. Es decir, pasaron casi tres (3) años después de
que la joven Rivera Sierra adviniera a la mayoría de edad
hasta que el señor Rivera Arroyo solicitó en corte abierta
el
relevo
del
pago
de
la
pensión
alimentaria.
Véase
Resolución y Orden, Ap. en la pág. 231. Adviértase, además,
que en la referida vista la representación legal de la joven
Rivera Sierra informó que ésta no solicitaba alimentos entre
parientes, sino que “[s]u interés e[ra] únicamente cobrar lo
que se debe por pensión alimentaria ya vencida”. Íd. Es
imperativo resaltar que la determinación del foro primario
que
relevó
al
señor
Rivera
Arroyo
de
sus
obligaciones
alimentarias y determinó las fechas por las cuales sí debía
responder no fue objeto de reconsideración o revisión alguna
por lo que advino final y firme, y consiguientemente, pasó
a ser la ley del caso.
Luego de varias vistas evidenciarias, en las cuales la
joven Rivera Sierra alega no se pudo desfilar prueba, el
foro primario celebró una vista de determinación de deuda de
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5
pensión alimentaria.2 Véase Resolución, Ap. en la pág. 159.
Mediante esta resolución, se determinó inopinadamente que
según lo establecido en una vista celebrada el 8 de agosto
de 2019, es “importante escuchar la necesidad de la parte
interventora [la joven Rivera Sierra] para reclamar esa
deuda, ya que de los hechos surge que no se encontraba
estudiante (sic) cuando advino a la mayoridad”. Íd. en la
pág. 160. Asimismo, en la referida Resolución, el foro
primario expresó que “[e]l no ejercer un derecho que le
correspondía no puede ser un subterfugio de la justicia, el
tribunal escuchará la prueba pertinente a la determinación
de deuda sujeta a la necesidad de la emancipada”. Íd. La
joven
Rivera
Sierra
oportunamente
solicitó
la
reconsideración de la Resolución, la cual fue declarada no
ha lugar el 3 de octubre de 2019. Véase Resolución, Ap. en
la pág. 147. Así las cosas, ésta recurrió al Tribunal de
Apelaciones, el cual notificó su denegatoria a expedir el
recurso el 10 de diciembre de 2019.3 La joven Rivera Sierra
presentó
una
solicitud
de
reconsideración
ante
el
foro
apelativo intermedio la cual fue declarada no ha lugar por
medio de una Resolución notificada el 27 de enero de 2020.
Véase Resolución, Ap. en la pág. 14.
El expediente demuestra que, luego de varios trámites
procesales, una jueza distinta pasó a presidir los
procedimientos. Esta situación, sin embargo, de ninguna
manera justifica que se dejen sin efecto las determinaciones
previas relacionadas con las fechas para las cuales el señor
Rivera Arroyo estaba obligado a satisfacer la pensión
alimentaria previo al relevo decretado.
3 Vale
destacar que la Jueza Grana Martínez emitió un
acertado voto particular disidente.
2
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Una evaluación del tracto fáctico y procesal de este
pleito despeja toda duda respecto al hecho de que la joven
Rivera Sierra nunca ha procurado que su padre le ofrezca
sustento cobijada en la obligación que tienen los parientes
de brindarse alimentos entre sí bajo el Artículo 143 del
Código Civil, 31 LPRA sec. 562. Por el contrario, queda
meridianamente claro que, en todo momento, ésta ha solicitado
reiteradamente el pago de una deuda por concepto de pensión
alimentaria fijada mientras subsistía su minoridad al amparo
del Artículo 153 del Código Civil, 31 LPRA sec. 601.
A pesar de que la joven advino la mayoría de edad
durante el trámite del pleito, ello no tuvo el efecto de
relevar
automáticamente
al
señor
Rivera
Arroyo
de
su
obligación. En los casos en los que un menor que recibe una
pensión alimentaria adviene a la mayoría de edad, para que
cese la obligación del padre alimentante de pagar la pensión
alimentaria, es requisito de umbral que éste solicite un
relevo del tribunal a esos efectos y que dicho relevo sea
decretado. Véase Umpierre Matos v. Juelle Abello, 2019 TSPR
160; Santiago Texidor v. Maisonet Correa, 187 DPR 550 (2012);
Valencia, Ex parte, 116 DPR 909, 916 (1986). Véase, además,
el Artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración para
el Sustento de Menores, según enmendada, 8 LPRA sec. 518.
Dicho
de
otro
modo,
el
relevo
del
pago
de
la
pensión
alimentaria no es automático una vez el menor a beneficio
del cual ésta se fija adviene a la mayoridad.
En el caso de autos, el señor Rivera Arroyo, motu
proprio, se relevó del pago de la pensión fijada a favor de
su hija una vez ésta cumplió los 21 años. Peor aún, éste
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desatendió su obligación con anterioridad a ese evento. Dado
que el remedio solicitado por la joven Rivera Sierra estuvo
predicado en una cuantía adeudada previo al decreto de relevo
por parte del tribunal, resulta improcedente celebrar una
vista para dirimir las necesidades de la joven en función de
la fijación de una pensión prospectiva.
Resulta preocupante, además, la contumacia con la que
el tribunal de instancia ignoró las determinaciones que
constituían la ley del caso en este pleito, sin que mediaran
circunstancias excepcionales que lo movieran a obrar de esa
forma. La resolución del foro de instancia mediante la cual
se determinó que existía una deuda por pensión alimentaria
y en la cual se indicó que sólo se realizaría una vista con
el fin de determinar la cuantía adeudada advino final y firme
sin que se recurriera de ésta. Por lo tanto, procedía que el
foro primario acatara lo dispuesto en esa resolución y obrara
conforme a ésta.
Por
último,
conviene
recordar
que
en
nuestro
ordenamiento opera la máxima que dicta que el derecho es
rogado, por lo que no procede salvaguardar el derecho de una
parte que no ha solicitado un remedio o concesión a su favor.
Ello, mucho menos cuando se procedería en crasa vulneración
de los derechos que cobijan a una parte que sí los ha
reclamado oportunamente. La celebración de la vista en su
fondo ante el Tribunal de Primera Instancia redundará en
imponerle a la joven un criterio adicional para la validación
de
su
reclamo
por
pensiones
vencidas
y
adeudadas,
no
contemplado por la jurisprudencia ni por la legislación
vigente que regula las pensiones alimentarias de los menores
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de edad. En esta vista se pasará prueba sobre circunstancias
que, de ninguna manera, inciden en la procedencia del remedio
solicitado por la peticionaria, el cual ya le fue concedido
por vía de una resolución anterior dictada por ese mismo
foro.
Por todo lo anterior, reitero que lo correcto en derecho
en este caso es dejar sin efecto la vista pautada, paralizar
los procedimientos y expedir el recurso que pende ante
nuestra consideración. Dado que la mayoría optó por un
proceder distinto, disiento.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada