LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Román Ortiz v. Oficina de Gerencia de Permisos y otros

2020 TSPR 18

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

Román Ortiz v. Oficina de Gerencia de Permisos y otros

CC-2017-698

Derecho Administrativo – Doctrina de los esfuerzos adicionales razonables. Notificación a la parte afectada por una determinación gubernamental adversa.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Rubén Román Ortiz

Peticionario

v.

Certiorari

Oficina de Gerencia de Permisos;

División de Reconsideración de

Determinaciones Finales de la OGPe

2020 TSPR 18

Recurrido

203 DPR ____

v.

Myrna Rivera Laboy p/c

Ing. Ángel D. Rodríguez

Recurridos

Número del Caso:

CC-2017-698

Fecha: 7 de febrero de 2020

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Bayamón-Carolina, Panel VIII

Abogados de la parte Peticionaria:

Lcdo. Daniel Martínez Oquendo

Lcda. María E. Martínez Avilés

Abogados de la parte Recurrida:

Lcda. Milagros E. Rijos Ramos

Lcdo. Elvin D. Hernández Salgado

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Isaías Sánchez Báez

Procurador General

Lcdo. Joseph Feldstein del Valle

Subprocurador General

Lcdo. Guillermo Mangual Amador

Procurador General Auxiliar

Materia: Derecho Administrativo – Doctrina de los esfuerzos

adicionales razonables. Notificación a la parte afectada por una

determinación gubernamental adversa.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Rubén Román Ortiz

Peticionario

v.

Oficina de Gerencia de

Permisos; División de

Reconsideración de

Determinaciones Finales de

la OGPe

CC-2017-0698

Certiorari

Recurrido

v.

Myrna Rivera Laboy p/c

Ing. Ángel D. Rodríguez

Recurridos

El Juez Asociado señor ESTRELLA MARTÍNEZ emitió la Opinión

del Tribunal.

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de febrero de 2020.

Nos corresponde determinar si una notificación de una

determinación administrativa devuelta por el correo por no

encontrarse un buzón donde depositarla (no mail receptacle)

constituye una notificación adecuada. Específicamente, en

casos

en

que

la

agencia

remitente,

aun

enterada

de

la

situación y con alternativas remediales a su alcance, no

realiza

ningún

esfuerzo

adicional

para

re-notificar

la

misma.

Con

lo

anterior

presente,

examinemos

los

eventos

fácticos y procesales que originaron la controversia ante

nuestra consideración.

CC-2017-0698

2

I

En septiembre de 2015, el Sr. Rubén Román Ortiz (señor

Román Ortiz o peticionario), representado por el agrimensor

William Torres (agrimensor Torres), presentó una querella

contra la Sra. Myrna Rivera Laboy (señora Rivera Laboy)

ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).1 En ésta,

alegó

que

la

señora

Rivera

Laboy

llevaba

a

cabo

una

ampliación de su propiedad residencial en la Urbanización

Las Colinas en el municipio de Toa Baja. Según el señor

Román Ortiz, la obra en cuestión, la cual colindaba con dos

de sus propiedades, contravenía el Reglamento Conjunto de

Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terreno de la

Junta de Planificación, infra.

Por

otro

lado,

la

señora

Rivera

conducto

del

ingeniero

Ángel

D.

Rodríguez),

un

pleito

construcción

ante

la

Rodríguez

independiente

OGPe.2

Ello,

Laboy

sobre

con

el

instó,

por

(ingeniero

consulta

de

propósito

de

legalizar la ampliación que realizó en su propiedad. En

desacuerdo, el señor Román Ortiz solicitó intervenir por

derecho propio en el pleito de consulta. El 6 de julio de

2016,

la

OGPe

autorizó

la

intervención

mediante

una

resolución que envió al señor Román Ortiz a la dirección

siguiente: “Calle Colina Real, Núm. E-1, Las Colinas, Toa

1Querella

2Caso

Núm.: 2015-SRQ-115884.

Núm.: 2016-112006-CCO-191301.

CC-2017-0698

3

Baja, Puerto Rico, 00949”. El señor Román Ortiz recibió esa

notificación.

Así las cosas, el 13 de julio de 2016, la OGPe notificó

una Resolución aprobando la solicitud de consulta de la

señora

Rivera

Laboy.

Nuevamente,

la

agencia

envió

el

dictamen por correo regular a la dirección del señor Román

Ortiz

reseñada

anteriormente.

No

obstante,

cuatro

días

luego, el servicio postal devolvió la correspondencia a la

OGPe con la anotación siguiente: “Return to Sender. No Mail

Receptacle. Unable to Forward”. Surge del expediente que la

OGPe conservó el sobre devuelto, pero no realizó ninguna

otra gestión para re-notificar al señor Román Ortiz.

Amparada en la Resolución del 13 de julio de 2016 -cuya

existencia el señor Román Ortiz aún desconocía- la señora

Rivera Laboy solicitó a la OGPe el correspondiente permiso

de construcción. Éste se expidió el 25 de agosto de 2016 y

tampoco le fue notificado al señor Román Ortiz.

Así las cosas, el 28 de noviembre de 2016, el señor

Román Ortiz presentó una solicitud de reconsideración ante

la División de Reconsideración de Determinaciones Finales

de

la

OGPe

(División

de

Reconsideración)

y

planteó

que

nunca se le notificó la Resolución autorizando la consulta

de

construcción,

a

pesar

de

ser

parte

en

dicho

procedimiento.

De ese modo, solicitó se dejara sin efecto

el

se

dictamen

y

devolviera

notificara conforme a derecho.

el

caso

para

que

se

re-

CC-2017-0698

4

Luego de celebrar una vista a los efectos, la División

de Reconsideración se declaró sin jurisdicción para atender

la

solicitud

del

señor

Román

Ortiz.

Concluyó

que

la

Resolución en cuestión le fue notificada al señor Román

Ortiz conforme a derecho el 13 de julio de 2016, de modo

que solicitó reconsideración tardíamente. La División de

Reconsideración basó su conclusión en el hecho de que la

OGPe notificó el dictamen en cuestión a la dirección en

récord

provista

por

el

propio

señor

Román

Ortiz

y

de

conformidad con los mecanismos autorizados por ley.

Además, la División de Reconsideración razonó que, en

la

alternativa,

el

señor

Román

Ortiz

fue

debidamente

notificado del dictamen a través del agrimensor Torres.

Según la División de Reconsideración, éste último era el

agente autorizado del señor Román Ortiz en el pleito de

consulta de construcción y también recibió la notificación.

Finalmente, la División de Reconsideración arguyó que el

señor

Román

Ortiz

también

conoció

-o

pudo

conocer-

el

desenlace del pleito sobre consulta de construcción, pues

la

señora

Rivera

propiedad

que

Laboy

instaló

un

rótulo

indicaba

el

número

de

frente

a

su

permiso

de

recurso

de

construcción.

Inconforme,

el

peticionario

presentó

un

revisión judicial de la determinación administrativa ante

el

Tribunal

de

Apelaciones.

Señaló

que

la

OGPe

no

le

notificó el dictamen conforme a derecho, pues a pesar de

conocer

las

razones

por

las

que

el

correo

devolvió

la

CC-2017-0698

5

notificación,

nada

intentó

hacer

la

agencia

para

re-

notificarle. En la alternativa, planteó que la agencia no

procuró los medios de envío autorizados por ley, pues cursó

la

notificación

certificado.

por

No

correo

obstante,

regular

el

foro

y

no

por

apelativo

correo

intermedio

suscribió el razonamiento de la División de Reconsideración

y confirmó la determinación recurrida.

En

desacuerdo,

petición

de

el

certiorari

señor

ante

Román

este

Ortiz

Foro

presentó

mediante

la

una

cual

reafirmó sus planteamientos sobre notificación defectuosa.

Resumidos los hechos pertinentes, expongamos el marco legal

que gobierna la controversia.

II

Bajo nuestro ordenamiento constitucional, sabido es que

ninguna persona puede ser privada de su propiedad sin el

debido proceso de ley. Art. II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA,

Tomo 1; Emdas. V y XIV, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1. El

debido

proceso

dimensiones,

a

de

ley,

saber:

hemos

una

explicado,

sustantiva

y

encarna

otra

dos

procesal.

Fuentes Bonilla v. ELA et al., 200 DPR 364, 394 (2018). En

la

vertiente

proceso

de

garantizar

aquí

pertinente,

ley

exige

que,

al

a

los

la

procesal,

componentes

interferir

con

los

el

debido

del

Estado

intereses

propietarios de una persona, se cumpla con un procedimiento

justo

y

equitativo.

Íd.;

Picorelli

Hacienda, 179 DPR 720, 735-736 (2010).

López

v.

Depto.

de

CC-2017-0698

6

Como corolario de este mandato constitucional, hemos

reiterado

que

los

procedimientos

adjudicativos

deben

observar las siguientes garantías mínimas: (1) notificación

adecuada del proceso; (2) proceso ante un juez imparcial;

(3) oportunidad de ser oído; (4) derecho a contrainterrogar

a los testigos y examinar la evidencia presentada en su

contra; (5) tener asistencia de un abogado, y (6) que la

decisión se base en el récord. Fuentes Bonilla v. ELA et

al., supra, pág. 39 esc. 75; Rivera Rodríguez & Co. v. Lee

Stowell, etc., 130 DPR 881, 889 (1993).

En el ámbito administrativo, el debido proceso de ley

no

tiene

la

misma

rigidez

que

en

los

procedimientos

adjudicativos ante los tribunales. Álamo Romero v. Adm. de

Corrección, 175 DPR 314, 329 (2009). Esto obedece en gran

medida

a

la

administrativas

necesidad

de

tramitar

que

sus

tienen

las

procedimientos

agencias

de

forma

expedita y a la pericia que se presume tienen para atender

y resolver los asuntos que le han sido delegados. Báez Díaz

v. E.L.A., 179 DPR 605, 623 (2010). Sin embargo, hemos

reiterado que el procedimiento adjudicativo administrativo

debe de ser justo en todas sus etapas y tiene que ceñirse a

las garantías mínimas del debido proceso de ley, conforme

al interés involucrado y a la naturaleza del procedimiento

que se trate. Álamo Romero v. Adm. de Corrección, supra,

pág. 330; López Vives v. Policía de P.R., 118 DPR 219, 231

(1987).

CC-2017-0698

7

A tono con lo anterior, este Tribunal ha enfatizado en

múltiples contextos que el debido proceso de ley también

exige

a

las

agencias

administrativas

notificar

adecuadamente los dictámenes emitidos en los procedimientos

adjudicativos.

Véanse,

Comisión

Ciudadanos

v.

G.P.

Real

Property, 173 DPR 998, 1014 (2008); Asoc. Vec. de Altamesa

Este

v.

Mun.

Residentes

v.

San

Juan,

Montebello

140

DPR

24,

34

(1996);

Dev.

Corp.,

138

DPR

Asoc.

412,

421

(1995).

A.

Para acatar las exigencias mínimas del debido proceso

de

ley,

la

Ley

Procedimiento

Puerto

Rico

Núm.

28-2017,

Administrativo

(LPAU),

3

LPRA

conocida

Uniforme

secs.

como

del

la

Ley

de

Gobierno

de

9601-9713,

establece

quiénes tienen derecho a ser notificados de una orden o

resolución final emitida por una agencia administrativa.

Para

conocer

remitirnos

al

quién

alberga

concepto

de

ese

derecho,

“parte”

según

es

necesario

definido

en

la

LPAU. La Sección 3.14 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9654, dispone

en lo pertinente que “[l]a agencia deberá notificar . . . a

las partes, y a sus abogados, de tenerlos, la

orden o

resolución a la brevedad posible”. (Énfasis suplido).

En esa dirección, la LPAU establece que podrá ser parte

en

el

procedimiento

aquella

persona

que:

(1)

dirija

o

contra quien se dirija la acción ante la agencia; (2) a

quien la agencia le autorice intervenir o participar, o (3)

quien sea designado como parte en dicho procedimiento. Sec.

CC-2017-0698

1.3(k)

de

8

la

LPAU,

3

LPRA

9603(k).

Bajo

esta

última

modalidad, es posible que, aparte de un abogado o abogada,

una

persona

representante

designe

a

un

tercero

en

pleito.

La

el

como

LPAU

no

su

agente

o

establece

el

procedimiento para tramitar este tipo de designación. De

ahí a que la fijación de estos criterios quede sometida al

poder

de

reglamentación

de

las

respectivas

agencias,

conforme a las limitaciones impuestas por la LPAU.3

En el caso de la OGPe, los criterios para procurar la

designación de un agente o representante están contenidos

en el Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición

de Permisos Relacionados al Desarrollo y Uso de Terrenos

(Reglamento Conjunto), Reg. Núm. 8573 de 24 de marzo de

2015. La Sección 5.3.6(a) del Reglamento Conjunto establece

que toda solicitud, autorización o trámite regulado bajo

dicho

Reglamento

dueño,

optante

Conjunto

o

deberá

arrendatario

ser

promovido

de

la

por

propiedad

el

con

autorización, por sí o a través de su agente autorizado. Un

agente

o

representante

autorizado

natural

o

jurídica

que

al

el

es

dueño

“cualquier

de

las

persona

actividades

reguladas en el [Reglamento Conjunto] autoriza o faculta

mediante una autorización escrita y firmada a representarlo

ante la OGPe para solicitar aquellos trámites y/o permisos

que requieran cumplir con las disposiciones . . . de ley o

3La

Sección

8.1

de

la

Ley

de

Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico

(LPAU), 3 LPRA sec. 9711, establece que: “En cuanto a los

procedimientos administrativos no contemplados en este

capítulo, las agencias deberán reglamentar sus prácticas a

tono con las disposiciones de este capítulo”.

CC-2017-0698

9

reglamentarias relacionadas”. (Énfasis suplido). Capítulo

IV(A)(43) del Reglamento Conjunto.

En virtud de lo anterior, la designación de un agente o

representante

está

condicionada

a

que

medie

el

consentimiento expreso, escrito y firmado por parte del

representado.

Solo

así

puede

tal

designación

cobrar

eficacia legal para considerar al representante como la

persona a quien existe la obligación de notificar una orden

o

resolución

final,

en

lugar

del

representado.

En

esa

línea, es de notar que el Reglamento Conjunto no establece

excepciones

a

posibilidad

de

la

exigencia

que

medie

anterior,

el

ni

contempla

consentimiento

tácito

la

o

constructivo del representado. Por lo tanto, de no mediar

una autorización válida, es forzoso concluir que subsiste

la obligación de la agencia de notificar los dictámenes al

representado.

B.

Por otro lado, la validez de la notificación de una

orden o resolución final depende no tan solo de que se

dirija a la parte con derecho a ello, sino que también se

efectúe a través de los mecanismos autorizados. Sobre el

particular, la Sección 3.14 de la LPAU, supra, exige que

las partes sean notificadas “[c]on copia simple por correo

ordinario

y

por

correo

certificado”.

(Énfasis

suplido).

Desde luego, sabido es que la norma anterior no es óbice

para que una agencia gobernada por la LPAU varíe el método

de

notificación,

siempre

que

su

ley

habilitadora

lo

CC-2017-0698

autorice,

10

la

regla

promulgada se

ciña

a

los parámetros

estatuidos en dicha ley y la regla no sea arbitraria o

caprichosa. Véanse, Col. Médicos v. Acad. Medicina et al.,

res. el 7 de noviembre de 2018, 2018 TSPR 180, pág. 12;

Vitas Health Care v. Hospicio La Fe et al., 190 DPR 56, 6667 (2014); Franco v. Depto. de Educación, 148 DPR 703, 711

(1999) (Per curiam).

En

el

caso

de

autos,

la

Ley

Núm.

161-2009,

según

enmendada, conocida como la Ley para la Reforma del Proceso

de Permisos de Puerto Rico, 23 LPRA sec. 9011, et seq.,

encargó a la OGPe la evaluación y concesión o denegación de

las

determinaciones

finales

y

permisos

relativos

al

desarrollo y uso de terrenos. 23 LPRA sec. 9012d; Laureano

v. Mun. de Bayamón, 197 DPR 420, 433-434 (2017); Horizon v.

Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 236 (2014). En

torno a la aplicabilidad de la LPAU a los procedimientos

adjudicativos ante la OGPe, la Ley Núm. 161-2009 dispone

que:

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme

será de aplicación a todos los procedimientos

para

la

evaluación,

el

otorgamiento

o

la

denegación de determinaciones finales y permisos,

recomendaciones,

certificaciones,

licencias,

certificados . . . al amparo de las disposiciones

de este capítulo, salvo en las instancias que

expresamente se disponga lo contrario o en

aquellos

casos

donde

este

capítulo

resulte

inconsistente

con

la

Ley

de

Procedimiento

Administrativo Uniforme. (Énfasis suplido). 23

LPRA sec. 9028e.

A tono con lo anterior, la Ley Núm. 161-2009 faculta

expresamente

notificar

a

los

la

OGPe

dictámenes

para

reglamentar

finales

que

el

modo

versan

de

sobre

CC-2017-0698

11

determinaciones discrecionales a cargo de la agencia.4 En

esos casos, la ley habilitadora dispone que una vez se

conceda o deniegue una solicitud discrecional, el Director

Ejecutivo

de

la

OGPe

“[p]rocederá

a

notificar

su

determinación de conformidad con el procedimiento dispuesto

para ello en el Reglamento Conjunto”. (Énfasis suplido). 23

LPRA sec. 9018g-1. Específicamente, la Sección 5.2.4 del

Reglamento Conjunto establece que “[c]omo norma general”,

las

notificaciones

excepto

en

notificada

“serán

aquellos

no

cuente

casos

con

mediante

en

que

una

correo

la

electrónico,

persona

dirección

de

a

ser

correo

electrónico, en cuyo caso se notificará mediante correo

regular o según dispone la [LPAU]”.

Vemos, pues, que ante la falta de recursos telemáticos

de la parte con derecho a ser notificada, la OGPe viene

obligada a procurar un método de notificación tradicional.

En tales casos, queda a su discreción notificar el dictamen

a través del correo regular exclusivamente o según ordena

la LPAU, en cuyo caso le será necesario enviar el dictamen

por correo regular y correo certificado.

4Una

determinación

discrecional

es

aquella

que

conlleva el análisis subjetivo de la agencia y para la

cual se exige conocimiento especializado, discreción y

juicio, ya que requiere que se consideren otros asuntos

aparte de los estándares fijos y las medidas objetivas

fijadas por ley. Véanse, 23 LPRA sec. 9011(26); Capítulo

IV(D)(48) del Reglamento Conjunto para la Evaluación y

Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo y Uso de

Terrenos, Reg. Núm. 8573 de 24 de marzo de 2015. Según

reconocen las partes, la solicitud de consulta presentada

por la Sra. Myrna Rivera Laboy para autorizar una

construcción con variaciones a los parámetros aplicables a

su

zona

residencial,

involucra

una

determinación

discrecional de la OGPe.

CC-2017-0698

12

C.

Finalmente, existen ocasiones en que el servicio postal

devuelve las notificaciones cursadas a las partes. Esta

situación abre una ventana de obstáculos para el ejercicio

de los derechos de las partes, incluyendo su derecho a

procurar la revisión de un dictamen adverso. Vélez Seguinot

v. AAA, 164 DPR 772, 789 (2005). Ante controversias de esta

índole, este Tribunal ha rehusado catalogar como suficiente

una notificación devuelta por el mero hecho de que fue

enviada conforme a los mecanismos autorizados por la ley o

el reglamento aplicable. Como se conoce, existen contextos

en que el cumplimiento con estos requisitos estatuarios no

alcanza las exigencias constitucionales del debido proceso

de ley. D. Quiñones Fernández, Derecho Administrativo y Ley

de

Procedimiento

Administrativo

Uniforme,

3ra

ed.,

Colombia, Ed. Forum, 2013, pág. 394. Es por ello que, lejos

de aplicar un análisis autómata, este Tribunal ha puesto

especial atención en examinar las circunstancias en que fue

devuelta la notificación.

Entre estas circunstancias, hemos considerado la razón

por la que se devolvió la notificación. Por ejemplo, en

Rivera

v.

Jaume,

157

DPR

562

(2002),

atendimos

una

controversia relacionada a una notificación devuelta con la

anotación de “no reclamada” (unclaimed). Allí, como parte

de nuestro análisis, reconocimos una distinción importante

entre

las

notificaciones

devueltas

por

ser

rechazadas

(refused) por el destinatario y aquellas devueltas por no

CC-2017-0698

ser

13

reclamadas.

Íd.,

págs.

581-582.

El

primer

supuesto

implica, lógicamente, la acción deliberada y expresa del

destinatario de no aceptar la correspondencia cursada, a

pesar

de

que

fue

puesta

a

su

alcance.

Empero,

la

correspondencia devuelta por no ser reclamada exige otro

proceder.

Y

es

diversas

razones,

destinatario.

que

A

esta

situación

algunas

ajenas

modo

ejemplo,

de

puede

ocurrir

por

la

voluntad

del

a

porque

el

foro

adjudicativo anotó su dirección incorrectamente. Íd.

A la luz de esta realidad, hemos exigido a los foros

correspondientes a no conformarse con meramente constatar

la devolución de una notificación, sino a salvaguardar el

debido

proceso

de

ley

e

inquirir,

cuando

menos,

si

la

dirección provista pertenece o perteneció a la parte con

derecho a ser notificada. Íd., págs. 582-583. De ahí a que

la

corrección

factor

de

la

dirección de

a

auscultar,

pues

no

cualquier

dirección,

sino,

envío

basta

constituya

otro

notificar

“[a]

con

obviamente,

a

la

dirección

correcta”. Ortiz v. A.R.Pe., 146 DPR 720, 724 (1998). Desde

Rodríguez

v.

Nasrallah,

118

DPR

93

(1986),

hicimos

explícito este requisito y adoptamos el criterio federal de

la dirección razonablemente calculada para examinar si, a

la luz de la información conocida por el remitente, la

dirección de envío fue adecuada cuando ésta se desconoce o

se pone en duda. Íd., págs. 101-102.

Además, este Tribunal ya ha intimado la necesidad de

examinar las gestiones, si algunas, hechas por el remitente

CC-2017-0698

para

14

intentar

ejemplo,

en

resolvimos

re-notificar

R

&

por

G

v.

el

documento

Sustache,

sentencia

que

163

para

devuelto.

DPR

un

491

Por

(2004),

remitente

no

constituye ningún esfuerzo extraordinario –sino un mínimo

de

diligencia-

reenviar

el

documento

devuelto

a

otra

dirección postal que obraba en sus expedientes. Íd., págs.

505-506.

Igual

razonamiento

suscribió

este

Tribunal

en

Vendrell López v. AEE, 199 DPR 352 (2017) (Sentencia), en

cuanto concluyó que la validez de la notificación de una

determinación administrativa devuelta por no ser reclamada

depende, entre otros factores, de que “se logr[e] demostrar

que la parte remitente realizó esfuerzos razonables para

notificar el documento en cuestión”. (Énfasis suplido).

Hoy

resulta

adecuado

y

necesario

pautar

mediante

Opinión el deber de realizar esfuerzos razonables para que

una notificación cumpla con los parámetros aquí expuestos.

En ese sentido, es menester reconocer el alcance de la

doctrina de los esfuerzos adicionales razonables elaborada

por

el

Tribunal

Supremo

de

Estados

Unidos

en

Jones

v.

Flowers, 547 US 220 (2006). Allí se resolvió que cuando el

Estado

tiene

notificar

información

fue

que

inefectivo,

indique

éste

que

tiene

la

su

intento

de

obligación

de

proceder tal y como lo haría “una persona realmente deseosa

de

informar”

a

la

parte

afectada

por

la

determinación

gubernamental adversa. Íd., pág. 229, citando a Mullane v.

Central Hanover Bank & Trust Co., 339 US 306, 315 (1950).

De

esa

forma,

el

máximo

foro

federal

concluyó

que

CC-2017-0698

15

correspondía al remitente de la notificación devuelta tomar

pasos adicionales para informar al destinatario, toda vez

que la información recibida en ese caso confirmaba a la

agencia que el destinatario no recibió la notificación y,

por lo tanto, desconocía del procedimiento en curso y su

derecho a comparecer para defender sus intereses.

III

En el presente caso, la OGPe notificó una Resolución el

13 de julio de 2016 mediante la cual autorizó la consulta

de construcción presentada por la señora Rivera Laboy y en

cuyo

procedimiento

el

peticionario

intervino.

Aunque

la

agencia envió la notificación por correo a la dirección

postal provista por el peticionario, ésta fue devuelta por

el

correo

tras no

encontrar

un buzón

(mail

receptacle)

donde depositarla.

Así las cosas, no fue hasta noviembre de ese año que el

peticionario

conoció

el

construcción.

Esto,

luego

resultado

de

de

percatarse

la

consulta

que

la

de

señora

Rivera Laboy gozaba de un permiso de construcción que le

fue expedido en virtud de lo resuelto en el procedimiento

del cual no fue notificado. En desacuerdo, el peticionario

solicitó la reconsideración de lo dictaminado en el pleito

de consulta. Allí cuestionó los méritos de la decisión y,

en lo pertinente, enfatizó que nunca recibió el dictamen.

No obstante, la División de Reconsideración se declaró sin

jurisdicción por entender que la solicitud del peticionario

CC-2017-0698

fue

tardía.

16

Concluyó

que

la

Resolución

que

aprobó

la

consulta de construcción fue notificada correctamente al

peticionario el 13 de julio de 2016.

De

ese

modo,

la

controversia

que

nos

ocupa

se

circunscribe a resolver si, a la luz de las exigencias del

debido

proceso

de

ley,

ese

dictamen

fue

notificado

adecuadamente. Ello, con el propósito ulterior de conocer

si la reconsideración presentada por el peticionario fue

tardía o, por el contrario, prematura.

De conformidad a lo anteriormente indicado, la OGPe nos

invita a despachar los reclamos del peticionario bajo la

teoría de que no estamos propiamente ante un escenario de

notificación defectuosa porque, independientemente de que

la notificación cursada al peticionario fue devuelta, lo

cierto es que el agrimensor Torres recibió la misma. Según

la agencia, el agrimensor Torres fungió como el agente o

representante del peticionario en el pleito de consulta de

construcción, de modo que bastaba con notificarle a éste

para dar por cumplidas las exigencias de notificación. No

es correcto.

El

agrimensor

Torres

participó

como

representante

autorizado del peticionario en otro caso ante la OGPe, mas

no en el caso sobre consulta de construcción (Caso Núm.

2016-112006-CCO-191301).

Los

autos

demuestran

que

el

peticionario autorizó al agrimensor Torres a tramitar los

asuntos relacionados al Caso Núm. 2015-SRQ-115884, mediante

el cual se presentó una querella contra la señora Rivera

CC-2017-0698

17

Laboy. A esos efectos y conforme exige el propio Reglamento

Conjunto, supra, el peticionario suscribió un documento de

autorización

mediante

el

cual

expresamente

designó

al

agrimensor Torres como su representante en esa gestión.5

En

cambio,

en

cuanto

al

pleito

de

consulta

de

construcción, es de notar que el peticionario presentó la

solicitud de intervención por derecho propio y sin designar

a un representante. Es por lo anterior que la OGPe notificó

la subsiguiente autorización de intervención exclusivamente

al peticionario.6 Tampoco existe prueba en el expediente

que demuestre que el peticionario presentó tal autorización

con posterioridad a su comparecencia inicial en el pleito

sobre consulta de construcción. Por tanto, rechazamos la

contención de la OGPe a los efectos de que el peticionario

fue notificado conforme a derecho a través del ingeniero

Torres.

Desde luego, la anterior conclusión no dispone de este

caso. Por el contrario, establecida la obligación de la

OGPe de notificar el dictamen directa y adecuadamente al

peticionario,

cumplió

con

debemos

entonces

ese deber.

Este

determinar

análisis

si

debe

la

agencia

comenzar

por

reconocer que la corrección de la dirección a la cual la

OGPe envió la notificación no se disputa entre las partes.

Esa dirección -Urb. Las Colinas E-1, Calle Colina Real, Toa

5Véase,

Autorización en el apéndice del certiorari,

pág. 101.

6Véase,

Resolución sobre Solicitud de Intervención de

6 de julio de 2016, Apéndice del certiorari, pág. 58.

CC-2017-0698

18

Baja, PR 00949- fue provista a la agencia por el propio

peticionario y así consta en la Resolución y su sobre de

envío. De hecho, el peticionario reconoce que recibió otras

notificaciones en esa dirección. Tampoco hay duda de que la

Resolución se envió por correo regular y que, a pesar de

los

planteamientos

en

contrario

formulados

por

el

peticionario, ese método de notificación está expresamente

autorizado

por

la

ley

orgánica

de

la

agencia

y

su

Reglamento Conjunto, supra.

Amparándose en estos hechos incontrovertidos, la OGPe

insiste en que la notificación del dictamen al peticionario

se ajustó a las exigencias del debido proceso de ley y, por

consiguiente, fue conforme a derecho. Sin embargo, notamos

que estos hechos -unidos a otros que la agencia parece

ignorar- son los que precisamente refutan su argumento.

Distinto al razonamiento propuesto por la agencia, nuestro

análisis no pasa por desapercibido la razón por la cual el

servicio

postal

devolvió

la

correspondencia.

Tampoco

ignoramos el hecho de que la agencia conoció lo anterior

prontamente y, teniendo alternativas a su alcance, nada

hizo al respecto.

En este caso, el servicio postal devolvió a la OGPe la

notificación

anotación

en

RECEPTACLE.

OGPe,

lo

encontró

cursada

el

UNABLE

al

sobre:

TO

peticionario

con

“RETURN

TO

SENDER.

Como

bien

FORWARD.”

anterior

significa

un

donde

buzón

la

siguiente

NO

MAIL

reconoce

la

que

el

servicio

postal

no

dejar

la

correspondencia.

La

CC-2017-0698

diferencia

19

entre

esta

correspondencia

es

situación

devuelta

y

aquellas

por

no

en

ser

que

la

reclamada

(unclaimed) o haber sido rechazada expresamente (refused)

por el destinatario es abismal. Cuando el propio servicio

postal

le

indica

al

remitente

que

no

pudo

dejar

la

correspondencia al alcance del destinatario -como sucedió

aquí- toma poco esfuerzo lógico comprender que éste último

nunca tuvo acceso a la misma. La OGPe conoció sobre esta

situación

a

tan

solo

cuatro

días

de

haber

enviado

por

correo el dictamen al peticionario. Nada hizo al respecto.

Confrontada con esa realidad, la OGPe insiste en que,

si la dirección de envío fue correcta y la correspondencia

fue

devuelta

por

la

falta

de

un

buzón,

entonces

re-

notificar el dictamen hubiera resultado inútil. Mediante

ese razonamiento, nos urge a concluir que nada más se podía

hacer. Sin embargo, no podemos pasar por alto el hecho de

que la OGPe siempre supo que el peticionario había recibido

otras notificaciones en la misma dirección en cuestión, sin

que

fueran

devueltas.

Lo

anterior

debió

alertar

a

la

agencia sobre la posibilidad de que el dictamen hubiera

sido devuelto por error. Ante ese escenario, la OGPe pudo

ejercer

uno

de

varios

esfuerzos

modo

de

ejemplo,

razonables

adicionales.

Veamos.

A

la

agencia

misma

notificar

el

dictamen

a

la

mismo

otro

método

de

envío

u

podía

dirección

postal

intentar

mediante

autorizado

en

reel

su

reglamento. Con ello podía descartar que la correspondencia

CC-2017-0698

20

hubiera sido devuelta erróneamente. Además, podía informar

por el teléfono al peticionario sobre la correspondencia

devuelta y las razones aducidas por el servicio postal.7

Nótese

que

no

se

trata

de

sustituir

los

mecanismos

de

notificación exigibles por una llamada telefónica, sino de

utilizar ésta para comunicarle al peticionario el problema,

de suerte que se pudiera corroborar la situación y tomar

las providencias necesarias para re-notificar por las vías

autorizadas.

Peor

reglamento

le

aún,

la

permitía

OGPe

ignoró

notificar

que

el

su

propio

dictamen

al

peticionario por la vía electrónica. La falta de un correo

electrónico

en

el

expediente

no

es

obstáculo,

pues

la

agencia también pudo procurar esa información a través de

una sencilla llamada telefónica. Nada de esto hizo la OGPe.

En fin, cuando una agencia administrativa notifica una

determinación

final

adversa

a

una

parte

a

la dirección

correcta y conforme a los mecanismos autorizados, pero la

misma

es

devuelta,

ello

no

torna

automáticamente

en

suficiente tal notificación. Hoy resolvemos explícitamente

que cuando una agencia tiene información que le permita

conocer que sus intentos de notificar a la parte interesada

han

resultado

adicionales

agencia

inútiles,

razonables,

realmente

ésta

tal

y

deseosa

de

debe

como

realizar

se

esfuerzos

esperaría

informar

a

las

de

una

partes

afectadas por un dictamen adverso. Estas diligencias no

7En

este caso, el peticionario suplió a la agencia su

número

de

teléfono

móvil.

Véase

la

solicitud

de

intervención en el apéndice del certiorari, pág. 54.

CC-2017-0698

21

exigen lo absurdo e imposible de las agencias; tan solo

requieren que se haga lo razonable a la luz de la totalidad

de las circunstancias en cada caso.

Como se puede apreciar, la inercia de la OGPe tras

conocer sobre la notificación devuelta fue de tal magnitud

que

ni

siquiera

razonabilidad

de

desafortunadamente,

tenemos

sus

la

ocasión

esfuerzos

ninguno

hizo.

de

examinar

adicionales,

Ante

ese

la

pues,

cuadro,

concluimos que la notificación cursada al peticionario fue

insuficiente a la luz de los hechos acaecidos en este caso.

IV

Por

los

fundamentos

expuestos,

se

revoca

la

determinación del Tribunal de Apelaciones y se ordena a la

Oficina de Gerencia de Permisos a re-notificar al Sr. Rubén

Román Ortiz la Resolución cursada originalmente el 13 de

julio de 2016 en el caso sobre consulta de construcción

núm. 2016-112006-CCO-191301.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado

SPREN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Rubén Román Ortiz

Peticionario

v.

Oficina de Gerencia de

Permisos; División de

Reconsideración de

Determinaciones Finales de

la OGPe

Recurrido

CC-2017-0698

Certiorari

v.

Myrna Rivera Laboy p/c

Ing. Ángel D. Rodríguez

Recurridos

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de febrero de 2020.

Por

los

fundamentos

expuestos,

se

revoca

la

determinación del Tribunal de Apelaciones y se ordena a la

Oficina de Gerencia de Permisos a re-notificar al Sr. Rubén

Román Ortiz la Resolución cursada originalmente el 13 de

julio de 2016 en el caso sobre consulta de construcción

núm. 2016-112006-CCO-191301.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el

Secretario del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez concurre sin opinión. La Jueza Asociada

señora Pabón Charneco hace constar la siguiente expresión:

“La Jueza Asociada señora Pabón Charneco concurre

con el resultado. La Ponencia avalada por una

mayoría de este Tribunal resulta preocupante ya

que la misma provocaría una carga muy onerosa

para las agencias administrativas.”

El Juez Asociado señor Colón Pérez no intervino. El

Juez Asociado señor Martínez Torres está inhibido.

Jose Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo