Tribunal Supremo de Puerto Rico
Román Ortiz v. Oficina de Gerencia de Permisos y otros
2020 TSPR 18
Poder Judicial de Puerto Rico
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Román Ortiz v. Oficina de Gerencia de Permisos y otros
CC-2017-698
Derecho Administrativo – Doctrina de los esfuerzos adicionales razonables. Notificación a la parte afectada por una determinación gubernamental adversa.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Rubén Román Ortiz
Peticionario
v.
Certiorari
Oficina de Gerencia de Permisos;
División de Reconsideración de
Determinaciones Finales de la OGPe
2020 TSPR 18
Recurrido
203 DPR ____
v.
Myrna Rivera Laboy p/c
Ing. Ángel D. Rodríguez
Recurridos
Número del Caso:
CC-2017-698
Fecha: 7 de febrero de 2020
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón-Carolina, Panel VIII
Abogados de la parte Peticionaria:
Lcdo. Daniel Martínez Oquendo
Lcda. María E. Martínez Avilés
Abogados de la parte Recurrida:
Lcda. Milagros E. Rijos Ramos
Lcdo. Elvin D. Hernández Salgado
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Isaías Sánchez Báez
Procurador General
Lcdo. Joseph Feldstein del Valle
Subprocurador General
Lcdo. Guillermo Mangual Amador
Procurador General Auxiliar
Materia: Derecho Administrativo – Doctrina de los esfuerzos
adicionales razonables. Notificación a la parte afectada por una
determinación gubernamental adversa.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Rubén Román Ortiz
Peticionario
v.
Oficina de Gerencia de
Permisos; División de
Reconsideración de
Determinaciones Finales de
la OGPe
CC-2017-0698
Certiorari
Recurrido
v.
Myrna Rivera Laboy p/c
Ing. Ángel D. Rodríguez
Recurridos
El Juez Asociado señor ESTRELLA MARTÍNEZ emitió la Opinión
del Tribunal.
En San Juan, Puerto Rico, a 7 de febrero de 2020.
Nos corresponde determinar si una notificación de una
determinación administrativa devuelta por el correo por no
encontrarse un buzón donde depositarla (no mail receptacle)
constituye una notificación adecuada. Específicamente, en
casos
en
que
la
agencia
remitente,
aun
enterada
de
la
situación y con alternativas remediales a su alcance, no
realiza
ningún
esfuerzo
adicional
para
re-notificar
la
misma.
Con
lo
anterior
presente,
examinemos
los
eventos
fácticos y procesales que originaron la controversia ante
nuestra consideración.
CC-2017-0698
2
I
En septiembre de 2015, el Sr. Rubén Román Ortiz (señor
Román Ortiz o peticionario), representado por el agrimensor
William Torres (agrimensor Torres), presentó una querella
contra la Sra. Myrna Rivera Laboy (señora Rivera Laboy)
ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).1 En ésta,
alegó
que
la
señora
Rivera
Laboy
llevaba
a
cabo
una
ampliación de su propiedad residencial en la Urbanización
Las Colinas en el municipio de Toa Baja. Según el señor
Román Ortiz, la obra en cuestión, la cual colindaba con dos
de sus propiedades, contravenía el Reglamento Conjunto de
Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terreno de la
Junta de Planificación, infra.
Por
otro
lado,
la
señora
Rivera
conducto
del
ingeniero
Ángel
D.
Rodríguez),
un
pleito
construcción
ante
la
Rodríguez
independiente
OGPe.2
Ello,
Laboy
sobre
con
el
instó,
por
(ingeniero
consulta
de
propósito
de
legalizar la ampliación que realizó en su propiedad. En
desacuerdo, el señor Román Ortiz solicitó intervenir por
derecho propio en el pleito de consulta. El 6 de julio de
2016,
la
OGPe
autorizó
la
intervención
mediante
una
resolución que envió al señor Román Ortiz a la dirección
siguiente: “Calle Colina Real, Núm. E-1, Las Colinas, Toa
1Querella
2Caso
Núm.: 2015-SRQ-115884.
Núm.: 2016-112006-CCO-191301.
CC-2017-0698
3
Baja, Puerto Rico, 00949”. El señor Román Ortiz recibió esa
notificación.
Así las cosas, el 13 de julio de 2016, la OGPe notificó
una Resolución aprobando la solicitud de consulta de la
señora
Rivera
Laboy.
Nuevamente,
la
agencia
envió
el
dictamen por correo regular a la dirección del señor Román
Ortiz
reseñada
anteriormente.
No
obstante,
cuatro
días
luego, el servicio postal devolvió la correspondencia a la
OGPe con la anotación siguiente: “Return to Sender. No Mail
Receptacle. Unable to Forward”. Surge del expediente que la
OGPe conservó el sobre devuelto, pero no realizó ninguna
otra gestión para re-notificar al señor Román Ortiz.
Amparada en la Resolución del 13 de julio de 2016 -cuya
existencia el señor Román Ortiz aún desconocía- la señora
Rivera Laboy solicitó a la OGPe el correspondiente permiso
de construcción. Éste se expidió el 25 de agosto de 2016 y
tampoco le fue notificado al señor Román Ortiz.
Así las cosas, el 28 de noviembre de 2016, el señor
Román Ortiz presentó una solicitud de reconsideración ante
la División de Reconsideración de Determinaciones Finales
de
la
OGPe
(División
de
Reconsideración)
y
planteó
que
nunca se le notificó la Resolución autorizando la consulta
de
construcción,
a
pesar
de
ser
parte
en
dicho
procedimiento.
De ese modo, solicitó se dejara sin efecto
el
se
dictamen
y
devolviera
notificara conforme a derecho.
el
caso
para
que
se
re-
CC-2017-0698
4
Luego de celebrar una vista a los efectos, la División
de Reconsideración se declaró sin jurisdicción para atender
la
solicitud
del
señor
Román
Ortiz.
Concluyó
que
la
Resolución en cuestión le fue notificada al señor Román
Ortiz conforme a derecho el 13 de julio de 2016, de modo
que solicitó reconsideración tardíamente. La División de
Reconsideración basó su conclusión en el hecho de que la
OGPe notificó el dictamen en cuestión a la dirección en
récord
provista
por
el
propio
señor
Román
Ortiz
y
de
conformidad con los mecanismos autorizados por ley.
Además, la División de Reconsideración razonó que, en
la
alternativa,
el
señor
Román
Ortiz
fue
debidamente
notificado del dictamen a través del agrimensor Torres.
Según la División de Reconsideración, éste último era el
agente autorizado del señor Román Ortiz en el pleito de
consulta de construcción y también recibió la notificación.
Finalmente, la División de Reconsideración arguyó que el
señor
Román
Ortiz
también
conoció
-o
pudo
conocer-
el
desenlace del pleito sobre consulta de construcción, pues
la
señora
Rivera
propiedad
que
Laboy
instaló
un
rótulo
indicaba
el
número
de
frente
a
su
permiso
de
recurso
de
construcción.
Inconforme,
el
peticionario
presentó
un
revisión judicial de la determinación administrativa ante
el
Tribunal
de
Apelaciones.
Señaló
que
la
OGPe
no
le
notificó el dictamen conforme a derecho, pues a pesar de
conocer
las
razones
por
las
que
el
correo
devolvió
la
CC-2017-0698
5
notificación,
nada
intentó
hacer
la
agencia
para
re-
notificarle. En la alternativa, planteó que la agencia no
procuró los medios de envío autorizados por ley, pues cursó
la
notificación
certificado.
por
No
correo
obstante,
regular
el
foro
y
no
por
apelativo
correo
intermedio
suscribió el razonamiento de la División de Reconsideración
y confirmó la determinación recurrida.
En
desacuerdo,
petición
de
el
certiorari
señor
ante
Román
este
Ortiz
Foro
presentó
mediante
la
una
cual
reafirmó sus planteamientos sobre notificación defectuosa.
Resumidos los hechos pertinentes, expongamos el marco legal
que gobierna la controversia.
II
Bajo nuestro ordenamiento constitucional, sabido es que
ninguna persona puede ser privada de su propiedad sin el
debido proceso de ley. Art. II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA,
Tomo 1; Emdas. V y XIV, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1. El
debido
proceso
dimensiones,
a
de
ley,
saber:
hemos
una
explicado,
sustantiva
y
encarna
otra
dos
procesal.
Fuentes Bonilla v. ELA et al., 200 DPR 364, 394 (2018). En
la
vertiente
proceso
de
garantizar
aquí
pertinente,
ley
exige
que,
al
a
los
la
procesal,
componentes
interferir
con
los
el
debido
del
Estado
intereses
propietarios de una persona, se cumpla con un procedimiento
justo
y
equitativo.
Íd.;
Picorelli
Hacienda, 179 DPR 720, 735-736 (2010).
López
v.
Depto.
de
CC-2017-0698
6
Como corolario de este mandato constitucional, hemos
reiterado
que
los
procedimientos
adjudicativos
deben
observar las siguientes garantías mínimas: (1) notificación
adecuada del proceso; (2) proceso ante un juez imparcial;
(3) oportunidad de ser oído; (4) derecho a contrainterrogar
a los testigos y examinar la evidencia presentada en su
contra; (5) tener asistencia de un abogado, y (6) que la
decisión se base en el récord. Fuentes Bonilla v. ELA et
al., supra, pág. 39 esc. 75; Rivera Rodríguez & Co. v. Lee
Stowell, etc., 130 DPR 881, 889 (1993).
En el ámbito administrativo, el debido proceso de ley
no
tiene
la
misma
rigidez
que
en
los
procedimientos
adjudicativos ante los tribunales. Álamo Romero v. Adm. de
Corrección, 175 DPR 314, 329 (2009). Esto obedece en gran
medida
a
la
administrativas
necesidad
de
tramitar
que
sus
tienen
las
procedimientos
agencias
de
forma
expedita y a la pericia que se presume tienen para atender
y resolver los asuntos que le han sido delegados. Báez Díaz
v. E.L.A., 179 DPR 605, 623 (2010). Sin embargo, hemos
reiterado que el procedimiento adjudicativo administrativo
debe de ser justo en todas sus etapas y tiene que ceñirse a
las garantías mínimas del debido proceso de ley, conforme
al interés involucrado y a la naturaleza del procedimiento
que se trate. Álamo Romero v. Adm. de Corrección, supra,
pág. 330; López Vives v. Policía de P.R., 118 DPR 219, 231
(1987).
CC-2017-0698
7
A tono con lo anterior, este Tribunal ha enfatizado en
múltiples contextos que el debido proceso de ley también
exige
a
las
agencias
administrativas
notificar
adecuadamente los dictámenes emitidos en los procedimientos
adjudicativos.
Véanse,
Comisión
Ciudadanos
v.
G.P.
Real
Property, 173 DPR 998, 1014 (2008); Asoc. Vec. de Altamesa
Este
v.
Mun.
Residentes
v.
San
Juan,
Montebello
140
DPR
24,
34
(1996);
Dev.
Corp.,
138
DPR
Asoc.
412,
421
(1995).
A.
Para acatar las exigencias mínimas del debido proceso
de
ley,
la
Ley
Procedimiento
Puerto
Rico
Núm.
28-2017,
Administrativo
(LPAU),
3
LPRA
conocida
Uniforme
secs.
como
del
la
Ley
de
Gobierno
de
9601-9713,
establece
quiénes tienen derecho a ser notificados de una orden o
resolución final emitida por una agencia administrativa.
Para
conocer
remitirnos
al
quién
alberga
concepto
de
ese
derecho,
“parte”
según
es
necesario
definido
en
la
LPAU. La Sección 3.14 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9654, dispone
en lo pertinente que “[l]a agencia deberá notificar . . . a
las partes, y a sus abogados, de tenerlos, la
orden o
resolución a la brevedad posible”. (Énfasis suplido).
En esa dirección, la LPAU establece que podrá ser parte
en
el
procedimiento
aquella
persona
que:
(1)
dirija
o
contra quien se dirija la acción ante la agencia; (2) a
quien la agencia le autorice intervenir o participar, o (3)
quien sea designado como parte en dicho procedimiento. Sec.
CC-2017-0698
1.3(k)
de
8
la
LPAU,
3
LPRA
9603(k).
Bajo
esta
última
modalidad, es posible que, aparte de un abogado o abogada,
una
persona
representante
designe
a
un
tercero
en
pleito.
La
el
como
LPAU
no
su
agente
o
establece
el
procedimiento para tramitar este tipo de designación. De
ahí a que la fijación de estos criterios quede sometida al
poder
de
reglamentación
de
las
respectivas
agencias,
conforme a las limitaciones impuestas por la LPAU.3
En el caso de la OGPe, los criterios para procurar la
designación de un agente o representante están contenidos
en el Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición
de Permisos Relacionados al Desarrollo y Uso de Terrenos
(Reglamento Conjunto), Reg. Núm. 8573 de 24 de marzo de
2015. La Sección 5.3.6(a) del Reglamento Conjunto establece
que toda solicitud, autorización o trámite regulado bajo
dicho
Reglamento
dueño,
optante
Conjunto
o
deberá
arrendatario
ser
promovido
de
la
por
propiedad
el
con
autorización, por sí o a través de su agente autorizado. Un
agente
o
representante
autorizado
natural
o
jurídica
que
al
el
es
dueño
“cualquier
de
las
persona
actividades
reguladas en el [Reglamento Conjunto] autoriza o faculta
mediante una autorización escrita y firmada a representarlo
ante la OGPe para solicitar aquellos trámites y/o permisos
que requieran cumplir con las disposiciones . . . de ley o
3La
Sección
8.1
de
la
Ley
de
Procedimiento
Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico
(LPAU), 3 LPRA sec. 9711, establece que: “En cuanto a los
procedimientos administrativos no contemplados en este
capítulo, las agencias deberán reglamentar sus prácticas a
tono con las disposiciones de este capítulo”.
CC-2017-0698
9
reglamentarias relacionadas”. (Énfasis suplido). Capítulo
IV(A)(43) del Reglamento Conjunto.
En virtud de lo anterior, la designación de un agente o
representante
está
condicionada
a
que
medie
el
consentimiento expreso, escrito y firmado por parte del
representado.
Solo
así
puede
tal
designación
cobrar
eficacia legal para considerar al representante como la
persona a quien existe la obligación de notificar una orden
o
resolución
final,
en
lugar
del
representado.
En
esa
línea, es de notar que el Reglamento Conjunto no establece
excepciones
a
posibilidad
de
la
exigencia
que
medie
anterior,
el
ni
contempla
consentimiento
tácito
la
o
constructivo del representado. Por lo tanto, de no mediar
una autorización válida, es forzoso concluir que subsiste
la obligación de la agencia de notificar los dictámenes al
representado.
B.
Por otro lado, la validez de la notificación de una
orden o resolución final depende no tan solo de que se
dirija a la parte con derecho a ello, sino que también se
efectúe a través de los mecanismos autorizados. Sobre el
particular, la Sección 3.14 de la LPAU, supra, exige que
las partes sean notificadas “[c]on copia simple por correo
ordinario
y
por
correo
certificado”.
(Énfasis
suplido).
Desde luego, sabido es que la norma anterior no es óbice
para que una agencia gobernada por la LPAU varíe el método
de
notificación,
siempre
que
su
ley
habilitadora
lo
CC-2017-0698
autorice,
10
la
regla
promulgada se
ciña
a
los parámetros
estatuidos en dicha ley y la regla no sea arbitraria o
caprichosa. Véanse, Col. Médicos v. Acad. Medicina et al.,
res. el 7 de noviembre de 2018, 2018 TSPR 180, pág. 12;
Vitas Health Care v. Hospicio La Fe et al., 190 DPR 56, 6667 (2014); Franco v. Depto. de Educación, 148 DPR 703, 711
(1999) (Per curiam).
En
el
caso
de
autos,
la
Ley
Núm.
161-2009,
según
enmendada, conocida como la Ley para la Reforma del Proceso
de Permisos de Puerto Rico, 23 LPRA sec. 9011, et seq.,
encargó a la OGPe la evaluación y concesión o denegación de
las
determinaciones
finales
y
permisos
relativos
al
desarrollo y uso de terrenos. 23 LPRA sec. 9012d; Laureano
v. Mun. de Bayamón, 197 DPR 420, 433-434 (2017); Horizon v.
Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 236 (2014). En
torno a la aplicabilidad de la LPAU a los procedimientos
adjudicativos ante la OGPe, la Ley Núm. 161-2009 dispone
que:
La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme
será de aplicación a todos los procedimientos
para
la
evaluación,
el
otorgamiento
o
la
denegación de determinaciones finales y permisos,
recomendaciones,
certificaciones,
licencias,
certificados . . . al amparo de las disposiciones
de este capítulo, salvo en las instancias que
expresamente se disponga lo contrario o en
aquellos
casos
donde
este
capítulo
resulte
inconsistente
con
la
Ley
de
Procedimiento
Administrativo Uniforme. (Énfasis suplido). 23
LPRA sec. 9028e.
A tono con lo anterior, la Ley Núm. 161-2009 faculta
expresamente
notificar
a
los
la
OGPe
dictámenes
para
reglamentar
finales
que
el
modo
versan
de
sobre
CC-2017-0698
11
determinaciones discrecionales a cargo de la agencia.4 En
esos casos, la ley habilitadora dispone que una vez se
conceda o deniegue una solicitud discrecional, el Director
Ejecutivo
de
la
OGPe
“[p]rocederá
a
notificar
su
determinación de conformidad con el procedimiento dispuesto
para ello en el Reglamento Conjunto”. (Énfasis suplido). 23
LPRA sec. 9018g-1. Específicamente, la Sección 5.2.4 del
Reglamento Conjunto establece que “[c]omo norma general”,
las
notificaciones
excepto
en
notificada
“serán
aquellos
no
cuente
casos
con
mediante
en
que
una
correo
la
electrónico,
persona
dirección
de
a
ser
correo
electrónico, en cuyo caso se notificará mediante correo
regular o según dispone la [LPAU]”.
Vemos, pues, que ante la falta de recursos telemáticos
de la parte con derecho a ser notificada, la OGPe viene
obligada a procurar un método de notificación tradicional.
En tales casos, queda a su discreción notificar el dictamen
a través del correo regular exclusivamente o según ordena
la LPAU, en cuyo caso le será necesario enviar el dictamen
por correo regular y correo certificado.
4Una
determinación
discrecional
es
aquella
que
conlleva el análisis subjetivo de la agencia y para la
cual se exige conocimiento especializado, discreción y
juicio, ya que requiere que se consideren otros asuntos
aparte de los estándares fijos y las medidas objetivas
fijadas por ley. Véanse, 23 LPRA sec. 9011(26); Capítulo
IV(D)(48) del Reglamento Conjunto para la Evaluación y
Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo y Uso de
Terrenos, Reg. Núm. 8573 de 24 de marzo de 2015. Según
reconocen las partes, la solicitud de consulta presentada
por la Sra. Myrna Rivera Laboy para autorizar una
construcción con variaciones a los parámetros aplicables a
su
zona
residencial,
involucra
una
determinación
discrecional de la OGPe.
CC-2017-0698
12
C.
Finalmente, existen ocasiones en que el servicio postal
devuelve las notificaciones cursadas a las partes. Esta
situación abre una ventana de obstáculos para el ejercicio
de los derechos de las partes, incluyendo su derecho a
procurar la revisión de un dictamen adverso. Vélez Seguinot
v. AAA, 164 DPR 772, 789 (2005). Ante controversias de esta
índole, este Tribunal ha rehusado catalogar como suficiente
una notificación devuelta por el mero hecho de que fue
enviada conforme a los mecanismos autorizados por la ley o
el reglamento aplicable. Como se conoce, existen contextos
en que el cumplimiento con estos requisitos estatuarios no
alcanza las exigencias constitucionales del debido proceso
de ley. D. Quiñones Fernández, Derecho Administrativo y Ley
de
Procedimiento
Administrativo
Uniforme,
3ra
ed.,
Colombia, Ed. Forum, 2013, pág. 394. Es por ello que, lejos
de aplicar un análisis autómata, este Tribunal ha puesto
especial atención en examinar las circunstancias en que fue
devuelta la notificación.
Entre estas circunstancias, hemos considerado la razón
por la que se devolvió la notificación. Por ejemplo, en
Rivera
v.
Jaume,
157
DPR
562
(2002),
atendimos
una
controversia relacionada a una notificación devuelta con la
anotación de “no reclamada” (unclaimed). Allí, como parte
de nuestro análisis, reconocimos una distinción importante
entre
las
notificaciones
devueltas
por
ser
rechazadas
(refused) por el destinatario y aquellas devueltas por no
CC-2017-0698
ser
13
reclamadas.
Íd.,
págs.
581-582.
El
primer
supuesto
implica, lógicamente, la acción deliberada y expresa del
destinatario de no aceptar la correspondencia cursada, a
pesar
de
que
fue
puesta
a
su
alcance.
Empero,
la
correspondencia devuelta por no ser reclamada exige otro
proceder.
Y
es
diversas
razones,
destinatario.
que
A
esta
situación
algunas
ajenas
modo
ejemplo,
de
puede
ocurrir
por
la
voluntad
del
a
porque
el
foro
adjudicativo anotó su dirección incorrectamente. Íd.
A la luz de esta realidad, hemos exigido a los foros
correspondientes a no conformarse con meramente constatar
la devolución de una notificación, sino a salvaguardar el
debido
proceso
de
ley
e
inquirir,
cuando
menos,
si
la
dirección provista pertenece o perteneció a la parte con
derecho a ser notificada. Íd., págs. 582-583. De ahí a que
la
corrección
factor
de
la
dirección de
a
auscultar,
pues
no
cualquier
dirección,
sino,
envío
basta
constituya
otro
notificar
“[a]
con
obviamente,
a
la
dirección
correcta”. Ortiz v. A.R.Pe., 146 DPR 720, 724 (1998). Desde
Rodríguez
v.
Nasrallah,
118
DPR
93
(1986),
hicimos
explícito este requisito y adoptamos el criterio federal de
la dirección razonablemente calculada para examinar si, a
la luz de la información conocida por el remitente, la
dirección de envío fue adecuada cuando ésta se desconoce o
se pone en duda. Íd., págs. 101-102.
Además, este Tribunal ya ha intimado la necesidad de
examinar las gestiones, si algunas, hechas por el remitente
CC-2017-0698
para
14
intentar
ejemplo,
en
resolvimos
re-notificar
R
&
por
G
v.
el
documento
Sustache,
sentencia
que
163
para
devuelto.
DPR
un
491
Por
(2004),
remitente
no
constituye ningún esfuerzo extraordinario –sino un mínimo
de
diligencia-
reenviar
el
documento
devuelto
a
otra
dirección postal que obraba en sus expedientes. Íd., págs.
505-506.
Igual
razonamiento
suscribió
este
Tribunal
en
Vendrell López v. AEE, 199 DPR 352 (2017) (Sentencia), en
cuanto concluyó que la validez de la notificación de una
determinación administrativa devuelta por no ser reclamada
depende, entre otros factores, de que “se logr[e] demostrar
que la parte remitente realizó esfuerzos razonables para
notificar el documento en cuestión”. (Énfasis suplido).
Hoy
resulta
adecuado
y
necesario
pautar
mediante
Opinión el deber de realizar esfuerzos razonables para que
una notificación cumpla con los parámetros aquí expuestos.
En ese sentido, es menester reconocer el alcance de la
doctrina de los esfuerzos adicionales razonables elaborada
por
el
Tribunal
Supremo
de
Estados
Unidos
en
Jones
v.
Flowers, 547 US 220 (2006). Allí se resolvió que cuando el
Estado
tiene
notificar
información
fue
que
inefectivo,
indique
éste
que
tiene
la
su
intento
de
obligación
de
proceder tal y como lo haría “una persona realmente deseosa
de
informar”
a
la
parte
afectada
por
la
determinación
gubernamental adversa. Íd., pág. 229, citando a Mullane v.
Central Hanover Bank & Trust Co., 339 US 306, 315 (1950).
De
esa
forma,
el
máximo
foro
federal
concluyó
que
CC-2017-0698
15
correspondía al remitente de la notificación devuelta tomar
pasos adicionales para informar al destinatario, toda vez
que la información recibida en ese caso confirmaba a la
agencia que el destinatario no recibió la notificación y,
por lo tanto, desconocía del procedimiento en curso y su
derecho a comparecer para defender sus intereses.
III
En el presente caso, la OGPe notificó una Resolución el
13 de julio de 2016 mediante la cual autorizó la consulta
de construcción presentada por la señora Rivera Laboy y en
cuyo
procedimiento
el
peticionario
intervino.
Aunque
la
agencia envió la notificación por correo a la dirección
postal provista por el peticionario, ésta fue devuelta por
el
correo
tras no
encontrar
un buzón
receptacle)
donde depositarla.
Así las cosas, no fue hasta noviembre de ese año que el
peticionario
conoció
el
construcción.
Esto,
luego
resultado
de
de
percatarse
la
consulta
que
la
de
señora
Rivera Laboy gozaba de un permiso de construcción que le
fue expedido en virtud de lo resuelto en el procedimiento
del cual no fue notificado. En desacuerdo, el peticionario
solicitó la reconsideración de lo dictaminado en el pleito
de consulta. Allí cuestionó los méritos de la decisión y,
en lo pertinente, enfatizó que nunca recibió el dictamen.
No obstante, la División de Reconsideración se declaró sin
jurisdicción por entender que la solicitud del peticionario
CC-2017-0698
fue
tardía.
16
Concluyó
que
la
Resolución
que
aprobó
la
consulta de construcción fue notificada correctamente al
peticionario el 13 de julio de 2016.
De
ese
modo,
la
controversia
que
nos
ocupa
se
circunscribe a resolver si, a la luz de las exigencias del
debido
proceso
de
ley,
ese
dictamen
fue
notificado
adecuadamente. Ello, con el propósito ulterior de conocer
si la reconsideración presentada por el peticionario fue
tardía o, por el contrario, prematura.
De conformidad a lo anteriormente indicado, la OGPe nos
invita a despachar los reclamos del peticionario bajo la
teoría de que no estamos propiamente ante un escenario de
notificación defectuosa porque, independientemente de que
la notificación cursada al peticionario fue devuelta, lo
cierto es que el agrimensor Torres recibió la misma. Según
la agencia, el agrimensor Torres fungió como el agente o
representante del peticionario en el pleito de consulta de
construcción, de modo que bastaba con notificarle a éste
para dar por cumplidas las exigencias de notificación. No
es correcto.
El
agrimensor
Torres
participó
como
representante
autorizado del peticionario en otro caso ante la OGPe, mas
no en el caso sobre consulta de construcción (Caso Núm.
2016-112006-CCO-191301).
Los
autos
demuestran
que
el
peticionario autorizó al agrimensor Torres a tramitar los
asuntos relacionados al Caso Núm. 2015-SRQ-115884, mediante
el cual se presentó una querella contra la señora Rivera
CC-2017-0698
17
Laboy. A esos efectos y conforme exige el propio Reglamento
Conjunto, supra, el peticionario suscribió un documento de
autorización
mediante
el
cual
expresamente
designó
al
agrimensor Torres como su representante en esa gestión.5
En
cambio,
en
cuanto
al
pleito
de
consulta
de
construcción, es de notar que el peticionario presentó la
solicitud de intervención por derecho propio y sin designar
a un representante. Es por lo anterior que la OGPe notificó
la subsiguiente autorización de intervención exclusivamente
al peticionario.6 Tampoco existe prueba en el expediente
que demuestre que el peticionario presentó tal autorización
con posterioridad a su comparecencia inicial en el pleito
sobre consulta de construcción. Por tanto, rechazamos la
contención de la OGPe a los efectos de que el peticionario
fue notificado conforme a derecho a través del ingeniero
Torres.
Desde luego, la anterior conclusión no dispone de este
caso. Por el contrario, establecida la obligación de la
OGPe de notificar el dictamen directa y adecuadamente al
peticionario,
cumplió
con
debemos
entonces
ese deber.
Este
determinar
análisis
si
debe
la
agencia
comenzar
por
reconocer que la corrección de la dirección a la cual la
OGPe envió la notificación no se disputa entre las partes.
Esa dirección -Urb. Las Colinas E-1, Calle Colina Real, Toa
5Véase,
Autorización en el apéndice del certiorari,
pág. 101.
6Véase,
Resolución sobre Solicitud de Intervención de
6 de julio de 2016, Apéndice del certiorari, pág. 58.
CC-2017-0698
18
Baja, PR 00949- fue provista a la agencia por el propio
peticionario y así consta en la Resolución y su sobre de
envío. De hecho, el peticionario reconoce que recibió otras
notificaciones en esa dirección. Tampoco hay duda de que la
Resolución se envió por correo regular y que, a pesar de
los
planteamientos
en
contrario
formulados
por
el
peticionario, ese método de notificación está expresamente
autorizado
por
la
ley
orgánica
de
la
agencia
y
su
Reglamento Conjunto, supra.
Amparándose en estos hechos incontrovertidos, la OGPe
insiste en que la notificación del dictamen al peticionario
se ajustó a las exigencias del debido proceso de ley y, por
consiguiente, fue conforme a derecho. Sin embargo, notamos
que estos hechos -unidos a otros que la agencia parece
ignorar- son los que precisamente refutan su argumento.
Distinto al razonamiento propuesto por la agencia, nuestro
análisis no pasa por desapercibido la razón por la cual el
servicio
postal
devolvió
la
correspondencia.
Tampoco
ignoramos el hecho de que la agencia conoció lo anterior
prontamente y, teniendo alternativas a su alcance, nada
hizo al respecto.
En este caso, el servicio postal devolvió a la OGPe la
notificación
anotación
en
RECEPTACLE.
OGPe,
lo
encontró
cursada
el
UNABLE
al
sobre:
TO
peticionario
con
“RETURN
TO
SENDER.
Como
bien
FORWARD.”
anterior
significa
un
donde
buzón
la
siguiente
NO
reconoce
la
que
el
servicio
postal
no
dejar
la
correspondencia.
La
CC-2017-0698
diferencia
19
entre
esta
correspondencia
es
situación
devuelta
y
aquellas
por
no
en
ser
que
la
reclamada
(unclaimed) o haber sido rechazada expresamente (refused)
por el destinatario es abismal. Cuando el propio servicio
postal
le
indica
al
remitente
que
no
pudo
dejar
la
correspondencia al alcance del destinatario -como sucedió
aquí- toma poco esfuerzo lógico comprender que éste último
nunca tuvo acceso a la misma. La OGPe conoció sobre esta
situación
a
tan
solo
cuatro
días
de
haber
enviado
por
correo el dictamen al peticionario. Nada hizo al respecto.
Confrontada con esa realidad, la OGPe insiste en que,
si la dirección de envío fue correcta y la correspondencia
fue
devuelta
por
la
falta
de
un
buzón,
entonces
re-
notificar el dictamen hubiera resultado inútil. Mediante
ese razonamiento, nos urge a concluir que nada más se podía
hacer. Sin embargo, no podemos pasar por alto el hecho de
que la OGPe siempre supo que el peticionario había recibido
otras notificaciones en la misma dirección en cuestión, sin
que
fueran
devueltas.
Lo
anterior
debió
alertar
a
la
agencia sobre la posibilidad de que el dictamen hubiera
sido devuelto por error. Ante ese escenario, la OGPe pudo
ejercer
uno
de
varios
esfuerzos
modo
de
ejemplo,
razonables
adicionales.
Veamos.
A
la
agencia
misma
notificar
el
dictamen
a
la
mismo
otro
método
de
envío
u
podía
dirección
postal
intentar
mediante
autorizado
en
reel
su
reglamento. Con ello podía descartar que la correspondencia
CC-2017-0698
20
hubiera sido devuelta erróneamente. Además, podía informar
por el teléfono al peticionario sobre la correspondencia
devuelta y las razones aducidas por el servicio postal.7
Nótese
que
no
se
trata
de
sustituir
los
mecanismos
de
notificación exigibles por una llamada telefónica, sino de
utilizar ésta para comunicarle al peticionario el problema,
de suerte que se pudiera corroborar la situación y tomar
las providencias necesarias para re-notificar por las vías
autorizadas.
Peor
reglamento
le
aún,
la
permitía
OGPe
ignoró
notificar
que
el
su
propio
dictamen
al
peticionario por la vía electrónica. La falta de un correo
electrónico
en
el
expediente
no
es
obstáculo,
pues
la
agencia también pudo procurar esa información a través de
una sencilla llamada telefónica. Nada de esto hizo la OGPe.
En fin, cuando una agencia administrativa notifica una
determinación
final
adversa
a
una
parte
a
la dirección
correcta y conforme a los mecanismos autorizados, pero la
misma
es
devuelta,
ello
no
torna
automáticamente
en
suficiente tal notificación. Hoy resolvemos explícitamente
que cuando una agencia tiene información que le permita
conocer que sus intentos de notificar a la parte interesada
han
resultado
adicionales
agencia
inútiles,
razonables,
realmente
ésta
tal
y
deseosa
de
debe
como
realizar
se
esfuerzos
esperaría
informar
a
las
de
una
partes
afectadas por un dictamen adverso. Estas diligencias no
7En
este caso, el peticionario suplió a la agencia su
número
de
teléfono
móvil.
Véase
la
solicitud
de
intervención en el apéndice del certiorari, pág. 54.
CC-2017-0698
21
exigen lo absurdo e imposible de las agencias; tan solo
requieren que se haga lo razonable a la luz de la totalidad
de las circunstancias en cada caso.
Como se puede apreciar, la inercia de la OGPe tras
conocer sobre la notificación devuelta fue de tal magnitud
que
ni
siquiera
razonabilidad
de
desafortunadamente,
tenemos
sus
la
ocasión
esfuerzos
ninguno
hizo.
de
examinar
adicionales,
Ante
ese
la
pues,
cuadro,
concluimos que la notificación cursada al peticionario fue
insuficiente a la luz de los hechos acaecidos en este caso.
IV
Por
los
fundamentos
expuestos,
se
revoca
la
determinación del Tribunal de Apelaciones y se ordena a la
Oficina de Gerencia de Permisos a re-notificar al Sr. Rubén
Román Ortiz la Resolución cursada originalmente el 13 de
julio de 2016 en el caso sobre consulta de construcción
núm. 2016-112006-CCO-191301.
Luis F. Estrella Martínez
Juez Asociado
SPREN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Rubén Román Ortiz
Peticionario
v.
Oficina de Gerencia de
Permisos; División de
Reconsideración de
Determinaciones Finales de
la OGPe
Recurrido
CC-2017-0698
Certiorari
v.
Myrna Rivera Laboy p/c
Ing. Ángel D. Rodríguez
Recurridos
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 7 de febrero de 2020.
Por
los
fundamentos
expuestos,
se
revoca
la
determinación del Tribunal de Apelaciones y se ordena a la
Oficina de Gerencia de Permisos a re-notificar al Sr. Rubén
Román Ortiz la Resolución cursada originalmente el 13 de
julio de 2016 en el caso sobre consulta de construcción
núm. 2016-112006-CCO-191301.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el
Secretario del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora
Rodríguez Rodríguez concurre sin opinión. La Jueza Asociada
señora Pabón Charneco hace constar la siguiente expresión:
“La Jueza Asociada señora Pabón Charneco concurre
con el resultado. La Ponencia avalada por una
mayoría de este Tribunal resulta preocupante ya
que la misma provocaría una carga muy onerosa
para las agencias administrativas.”
El Juez Asociado señor Colón Pérez no intervino. El
Juez Asociado señor Martínez Torres está inhibido.
Jose Ignacio Campos Pérez
Secretario del Tribunal Supremo