LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez y otros

2020 TSPR 11

Poder Judicial de Puerto Rico

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Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez y otros

AC-2019-45

Derecho Procesal Civil: El término para realizar un emplazamiento por edictos, una vez se intentó emplazar personalmente sin éxito, comienza a decursar desde que se expide el correspondiente emplazamiento.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Natasha Sánchez Ruiz

Peticionaria

v.

2020 TSPR 11

Gian H. Higuera Pérez, Agencia

de Publicaciones 305 Group,

LLC y su Aseguradora Fulana

del Tal y su Aseguradora XYZ

203 DPR ____

Recurridos

Número del Caso:

AC-2019-45

Fecha: 10 de febrero de 2020

Tribunal de Apelaciones:

Panel XI

Abogada de la parte Peticionaria:

Lcda. Mariana García García

Abogado de la parte Recurrida:

Lcdo. José J. Lamas Rivera

Materia:

Derecho Procesal Civil: El término para realizar un

emplazamiento por edictos, una vez se intentó emplazar personalmente

sin éxito, comienza a decursar desde que se expide el

correspondiente emplazamiento.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

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Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Natasha Sánchez Ruiz

Peticionaria

v.

AC-2019-0045

Gian H. Higuera Pérez, Agencia

de Publicidad 305 Group, LLC y

su Aseguradora Fulana de Tal y

su Aseguradora XYZ

Recurridos

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Martínez Torres

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de febrero de 2020.

Nos

término

corresponde

determinar

de

veinte

ciento

qué

días,

ocurre

con

dispuesto

el

para

diligenciar los emplazamientos, cuando el demandante

solicita

luego

inicialmente

requiere

emplazar

por

circunstancia,

la

emplazar

autorización

edictos.

el

término

personalmente,

pero

del

tribunal

para

que

esa

Resolvemos

improrrogable

en

de

ciento

veinte días para emplazar comienza a trascurrir cuando

se autoriza y se expide el emplazamiento por edicto.

Por ese fundamento, revocamos la sentencia apelada.

AC-2019-0045

2

I.

El 30 de junio de 2017, la Sra. Natasha Sánchez Ruiz

presentó una demanda, sobre daños y perjuicios, en contra

del Sr. Gian H. Higueras Pérez y la Agencia de Publicidad

305 Group, LLC (demandados). Ese mismo día se expidieron los

emplazamientos.

Instancia

emitió

Posteriormente,

una

orden

el

Tribunal

mediante

la

cual

de

Primera

acortó

el

término para emplazar a sesenta días desde la notificación

de la referida orden. Esto, fundamentado en Pietri González

v. Tribunal Superior, 117 DPR 638 (1986), y en la Regla

68.2, infra. La orden se notificó el 17 de julio de 2017.

Tras el paso del huracán María, emitimos una resolución

que extendió los términos de presentación de los recursos

que vencían entre los días 19 de septiembre de 2017 y 30 de

noviembre de 2017 hasta el 1 de diciembre de 2017.

Así las cosas, el 10 de noviembre de 2017, la señora

Sánchez

Ruiz

presentó

una

moción

de

emplazamiento

por

edictos. Radicó junto a esta una declaración jurada suscrita

por

una

emplazadora

mediante

la

cual

acreditó

las

diligencias realizadas para localizar a los demandados.

Entre las diligencias efectuadas, la emplazadora mencionó

las

siguientes:

que

se

personó

en

el

condominio

donde

supuestamente residía el señor Higueras Pérez y se reunió

con la administradora del mismo, pero esta le indicó que el

señor Higueras Pérez no residía allí; que visitó el lugar

donde presuntamente estaba ubicaba la Agencia de Publicidad

305 Group, LLC, pero el local se encontraba abandonado; que

AC-2019-0045

3

fue al cuartel de la Policía Municipal localizado en la

Avenida de Hostos de San Juan, pero el Agente Rivera, placa

número 352, le manifestó no conocer al señor Higueras Pérez;

que visitó la Oficina de Correo Postal ubicada en la Avenida

Roosevelt de San Juan, pero el señor Ramírez le indicó que

no conocía al señor Higueras Pérez y que este y

la Agencia

de Publicidad 305 Group, LLC, no tenían apartado en dicho

correo; que llamó al señor Higueras Pérez a su trabajo, pero

el número estaba desconectado, y que hizo una búsqueda en

Google, Twitter, Facebook, las Páginas Amarillas y llamó al

411 para obtener información de los demandados, pero no

obtuvo ningún resultado.

El 29 de noviembre de 2017, la señora Sánchez Ruiz

solicitó prórroga para emplazar, pues el Tribunal de Primera

Instancia

no

se

había

expresado

sobre

la

solicitud

de

emplazamiento por edictos. En esta, apuntó que solicitó

emplazar por edictos el 10 de noviembre de 2017, pero el

tribunal aún no se había expresado sobre el particular.

Añadió que, por razón del huracán María, el término para

emplazar vencía el 1 de diciembre de 2017, por lo que

solicitaba una prórroga de treinta días para emplazar por

edictos, a partir de la resolución que se emitiera a esos

efectos.

El 15 de noviembre de 2017, el Tribunal de Primera

Instancia declaró con lugar la solicitud de emplazamientos

por edictos, notificando su determinación el 29 de diciembre

de 2017. Ese día también se expidieron los emplazamientos.

AC-2019-0045

4

Posteriormente, el Tribunal de Primera Instancia emitió una

orden mediante la cual concedió una prórroga de treinta días

para emplazar por edictos, contados a partir del 29 de

diciembre de 2017. Los edictos fueron publicados el 16 de

enero de 2018.

Ante la incomparecencia de los demandados, la señora

Sánchez Ruiz presentó una solicitud de anotación de rebeldía

y vista. Esta fue declarada con lugar mediante una orden.

Luego de celebrada la vista en rebeldía, el Tribunal de

Primera Instancia emitió una sentencia mediante la cual

declaró con lugar la demanda y condenó a los demandados a

pagarle a la señora Sánchez Ruiz $95,032.32.

Inconformes,

los

demandados

solicitaron

la

reconsideración y el relevo de la sentencia dictada en

rebeldía.

Se

fundamentaron

en

que

no

fueron

emplazados

dentro del término jurisdiccional disponible para ello y que

no se acreditaron gestiones razonables para localizarlos que

justificaran los emplazamientos por edictos. La solicitud

fue denegada mediante una resolución.

Insatisfechos, los demandados recurrieron al Tribunal

de Apelaciones. Ese foro revocó la sentencia del Tribunal

de Primera Instancia y desestimó el pleito, tras concluir

que la señora Sánchez Ruiz no emplazó a los demandados dentro

del término de ciento veinte días. Según el Tribunal de

Apelaciones, la señora Sánchez Ruiz tenía hasta el 28 de

octubre

de

2017

para

emplazar,

pero

ese

término

fue

extendido hasta el 1 de diciembre de 2017, tras el paso del

AC-2019-0045

5

huracán María. Razonó que, ante la clara letra de la Regla

4.3(c), infra, y las expresiones que hicimos en Bernier

González

v.

Rodríguez

Becerra,

200

DPR

637

(2018)

el

tribunal primario no tenía autoridad para conceder un plazo

adicional de treinta días para emplazar por edictos. Por no

estar de acuerdo con esta determinación, la señora Sánchez

Ruiz presentó una moción de reconsideración la que fue

denegada.

Insatisfecha, la señora Sánchez Ruiz acudió ante este

Foro mediante una apelación, fundamentada en que existía un

conflicto entre la sentencia recurrida y las dictadas en los

casos Municipio de Culebra v. Sucn. Carmen Resto García,

KLCE201801171

y

Neiza

Febles

Lourido

v.

Gisela

Pérez

Maldonado, KLAN201800980. De estas, solo consideramos la

segunda, por ser una sentencia dictada en un caso apelado

ante ese foro. Véase, Artículo 3.002 (c) de la Ley de la

Judicatura, Ley Núm. 201-2003, según enmendada, 4 LPRA sec.

24s, y la Regla 18 (b)(1) del Reglamento del Tribunal

Supremo, 4 LPRA XXI-B, R. 18 (b)(1). En dicho pleito, el

foro intermedio resaltó que el término para emplazar por

edictos

comienza

a

transcurrir

una

vez

se

expiden

los

emplazamientos por edictos. Según la señora Sánchez Ruiz,

la sentencia recurrida contraviene esa norma, porque el

Tribunal de Apelaciones no tomó en consideración que ella

solicitó oportunamente emplazar por edictos, que el Tribunal

de Primera Instancia se demoró en expedir los emplazamientos

y que ella emplazó solo dieciocho días después de estos

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6

haberse expedido. A la señora Sánchez Ruiz le asiste la

razón. Aceptada la apelación y sometidos los alegatos en los

méritos, procedemos a resolver la controversia ante nos.

II.

La Regla 68.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

dispone que un tribunal podrá, por justa causa, en cualquier

momento y en el ejercicio de su discreción acortar un término

si así se solicita antes de expirar el término originalmente

prescrito. Sin embargo, hemos establecido que esta norma no

aplica al término para diligenciar un emplazamiento, por lo

que este no puede ser disminuido por un tribunal. Pietri

González v. Tribunal Superior, 117 DPR 638, 640 (1986);

Ortalaza v. F.S.E., 116 DPR 700, 703-704 (1985).

Las

Reglas

de

Procedimiento

Civil

de

Puerto

Rico

establecen dos maneras para diligenciar un emplazamiento:

de forma personal o mediante edictos. Rivera v. Jaume, 157

DPR 562, 575 (2002). Para que un tribunal “permita un

emplazamiento mediante edicto, tiene que haberse intentado

efectuar previamente un emplazamiento personal, y después

haberse sometido —y lógicamente tener el juez ante sí— una

declaración jurada con la expresión de las diligencias ya

efectuadas”. Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, 133 DPR 15,

23 (1993). La Regla 4.6 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V, regula todo lo relacionado al emplazamiento por edictos.

Esta dispone en lo pertinente que:

Regla 4.6. Emplazamiento por edictos y su publicación

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7

(a) Cuando la persona a ser emplazada esté fuera

de Puerto Rico, o que estando en Puerto Rico no

pudo ser localizada después de realizadas las

diligencias pertinentes, o se oculte para no ser

emplazada, o si es una corporación extranjera sin

agente

residente,

y

así

se

compruebe

a

satisfacción del tribunal mediante declaración

jurada que exprese dichas diligencias, y aparezca

también de dicha declaración o de la demanda

presentada, que existe una reclamación que

justifica la concesión de algún remedio contra la

persona que ha de ser emplazada, o que dicha

persona es parte apropiada en el pleito, el

tribunal podrá dictar una orden para disponer que

el emplazamiento se haga por un edicto. No se

requerirá un diligenciamiento negativo como

condición para dictar la orden que disponga que

el emplazamiento se haga mediante edicto. (Énfasis

nuestro).

La declaración jurada que acredita las diligencias

realizadas

expresar

para

hechos

citar

al

demandado

específicos

y

no

personalmente

meras

debe

conclusiones

o

generalidades. Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, supra,

pág. 25. De este modo, se debe expresar las personas con

quienes se investigó y su dirección. Global v. Salaam, 164

DPR 474, 482 (2005). Además, se ha indicado que es una buena

práctica “inquirir de las autoridades de la comunidad, la

policía, el alcalde, del administrador de correos que son

las personas más llamadas a conocer la residencia o el

paradero de las personas que viven en la comunidad”. Íd.,

págs.

482-483.

“Al

evaluar

la

suficiencia

de

tales

diligencias, el tribunal deberá tener en cuenta todos los

recursos

razonablemente

intentar

hallar

al

accesibles

demandado

y

si

al

demandante

para

se

ha

toda

agotado

posibilidad razonable disponible al demandante para poder

AC-2019-0045

8

localizarlo”. Íd., pág. 483. En lo concerniente a este

aspecto, el tratadista Cuevas Segarra explica:

La Regla 4.6 exige la comprobación de diligencias

vigorosas y honesto esfuerzo para citar al

demandado personalmente sólo cuando, estando en

Puerto Rico, el demandado no puede ser emplazado,

o cuando estando fuera de Puerto Rico, se ignora

su dirección y paradero. (Énfasis nuestro). J.A.

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil,

2da ed., San Juan, P.R., Publicaciones JTS, 2011,

pág. 356.

En este sentido, el Prof. Rafael Hernández Colón expone

que:

El emplazamiento por edicto exige el estricto

cumplimiento de las normas que lo autorizan so pena

de nulidad.

Se efectuará de la siguiente forma:

.

.

.

.

.

.

.

.

(3) Se presentará entonces una moción para

que se ordene que el demandado sea emplazado por

edictos. Esta moción irá acompañada por una

declaración jurada conocida como el afidávit de

méritos donde se demostrará con datos específicos

a satisfacción del tribunal que se han hecho las

diligencias

para

emplazar

personalmente

al

demandado y/o que se manifiesta uno de los casos

previstos por la R. 4.6 y que existe una

reclamación que justifica la concesión de un

remedio contra la persona que ha de ser emplazada

o que dicha persona es parte apropiada en el

pleito.

Hay otras maneras de demostrar estos hechos

al tribunal. Por ejemplo, mediante la constancia

jurada de la imposibilidad del diligenciamiento

personal en el documento de emplazamiento y además

jurando la demanda. La demanda ordinariamente no

se jura, pero en caso de que haya que emplazar por

edictos el demandante podría jurar su demanda a

fines de demostrar al tribunal que tiene una buena

y justa causa de acción para que ordene el

emplazamiento por edictos. Al exponer que el

demandado se encuentra fuera de Puerto Rico o que

se oculta, es necesario explicar detalladamente de

dónde surge el conocimiento del demandante sobre

los hechos y hay que expresar con exactitud todas

las gestiones que se hayan realizado para localizar

al demandado. Es decir, no se pueden alegar

conclusiones; hay que presentar los hechos que

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9

llevan a esas conclusiones. R. Hernández Colón,

Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal

Civil, 6ta ed., San Juan, P.R., Ed. Lexis Nexis,

2017, págs. 269-270.

En

cuanto

Procedimiento

al

diligenciamiento,

Civil,

32

LPRA

Ap.

la

Regla

4.3(c)

V,

requiere

que

de

el

emplazamiento sea diligenciado dentro del término de ciento

veinte días a partir de la presentación de la demanda o de

la fecha de expedición del emplazamiento por edicto.

Con

relación

a

este

particular,

las

Reglas

de

Procedimiento Civil de 1979 introdujeron la Regla 4.3(b),

32 LPRA Ap. III, que establecía que el emplazamiento sería

diligenciado en el término de seis meses de haber sido

expedido.

Secretariado

de

la

Conferencia

Judicial

del

Tribunal Supremo, Reglas de Procedimiento Civil para el

Tribunal General de Justicia de Puerto Rico, Guaynabo, Ed.

Art Printing Inc., 1979, pág. 7. En los comentarios de las

reglas de 1979 se expresó que

[c]on el propósito de acelerar la tramitación de

los pleitos y de que las partes ejerzan la debida

diligencia, se ha establecido el término de seis

(6) meses a partir de la fecha de la expedición

del

emplazamiento

para

que

el

mismo

sea

diligenciado, disponiéndose, además, que dicho

término podrá ser prorrogado a discreción del

tribunal por un término razonable, si se

demostrare justa causa para ello y se solicita

dicha prórroga dentro del término original de seis

(6) meses. Íd. (Énfasis nuestro).

Posteriormente, la Ley Núm. 17-2009 enmendó este inciso

para que el término de seis meses fuera contado a partir de

la fecha de la radicación de la demanda y no a partir de la

expedición de los emplazamientos. Exposición de Motivos de

AC-2019-0045

10

la Ley Núm. 17-2009. A esos efectos, se dispuso lo siguiente:

“(b) [e]l emplazamiento será diligenciado en el término de

seis (6) meses desde que se presenta la Demanda”. Art. 1 de

la Ley Núm. 17-2009.

Meses más tarde, la Ley Núm. 200-2009 derogó las Reglas

de Procedimiento Civil de 1979 con la intención primordial

de agilizar los procedimientos judiciales y garantizar un

proceso justo, rápido y económico para todas las partes.

Informe positivo sobre el P. de la C. 2249, Comisión de lo

Jurídico de 11 de noviembre de 2009, 2da Sesión Ordinaria,

16ta Asamblea Legislativa, pág. 6. Como parte de los cambios

que introdujeron las nuevas reglas se enmendó la Regla

4.3(c), supra, “para establecer el término de ciento veinte

(120) días a partir de la presentación de la demanda o de

la fecha de expedición del emplazamiento por edicto”. Íd.,

pág. 9. Lo anterior se hizo “con el fin de agilizar el

proceso judicial y evitar dilaciones injustificadas, además

de equipararlo a lo dispuesto en las Reglas de Procedimiento

Civil del Tribunal Federal”. Íd.

Ahora bien, sobre el diligenciamiento del emplazamiento

personal, recientemente resolvimos que el término de ciento

veinte días para diligenciarlo es improrrogable. Bernier

González v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 637, 649 (2018). Así,

concluimos que para que comience a trascurrir el término,

“es requisito no solamente que se haya presentado la demanda

y sometido el emplazamiento correspondiente sino, además,

que el emplazamiento sea expedido por el tribunal”. Íd.,

AC-2019-0045

11

pág. 650. Además, pautamos que el término para diligenciar

los emplazamientos es improrrogable, y que el mismo comienza

a

transcurrir

instancia

una

expide

vez

los

la

Secretaría

emplazamientos.

del

tribunal

De

igual

de

forma,

reiteramos el deber que tiene la Secretaría del tribunal de

expedir los emplazamientos el mismo día en que se presenta

la demanda, aunque al igual que señala la Regla 4.3 (c),

supra, reconocimos que en ocasiones tal simultaneidad no se

logra.

Por

último,

puntualizamos

que

la

mal

denominada

prórroga estatuida en la Regla 4.3 (c), supra, es realmente

una

solicitud

por

parte

del

demandante

para

que

la

Secretaría expida los emplazamientos en los casos en que

exista un retraso irrazonable en la expedición de éstos. Lo

anterior, con el propósito de que el demandante advierta al

tribunal de tal retraso y evidencie que no se cruzó de

brazos.

En

resumen,

señalamos

que

el

término

de

120

días

establecido por la Regla 4.3(c), supra, es improrrogable y

que el mismo comienza a transcurrir únicamente en el momento

que la Secretaría del tribunal expide los emplazamientos,

ya sea que tal expedición ocurra motu proprio o ante una

solicitud de la parte demandante.

Sin

embargo,

en

el

caso

de

Bernier

González

v.

Rodríguez Becerra, supra, no se discutió qué sucede con el

término de ciento veinte días cuando el demandante solicita

inicialmente emplazar personalmente, pero luego requiere la

autorización del tribunal para emplazar por edictos. Bajo

AC-2019-0045

12

la antigua Regla 4.3(b), supra, establecimos que, cuando se

solicita emplazar por edictos dentro del término de seis

meses para diligenciar el emplazamiento personal, el término

para diligenciar el emplazamiento por edicto se prorroga

tácitamente, ya que se trata de un nuevo emplazamiento,

distinto

al

emplazamiento

personal

que

se

expide

automáticamente con la presentación de la demanda. Global

v. Salaam, supra, págs. 478-479, 485-486. Hoy llegamos a la

misma conclusión en cuanto a la Regla 4.3(c), supra. Con

ello en mente, procedemos a resolver la controversia ante

nos.

III

En el presente caso, la señora Sánchez Ruiz alega que

la Regla 4.3(c), supra, establece dos términos distintos

para que comience a transcurrir el término para emplazar,

siendo uno de ellos la presentación de la demanda y el otro

la fecha en que se expida el emplazamiento por edicto. Arguye

que,

en

este

caso,

los

emplazamientos

por

edictos

se

expidieron el 29 de diciembre de 2017, por lo que, conforme

con la Regla 4.3(c), supra, tenía, a partir de esa fecha,

ciento

veinte

emplazamientos

días

por

adicionales

edictos.

Por

para

diligenciar

los

ello,

sostiene

al

que

diligenciar el aludido emplazamiento el 16 de enero de 2018

lo hizo dentro del término dispuesto por ley.

Por su parte, los demandados insisten en que la señora

Sánchez Ruiz tenía para emplazar hasta el 1 de diciembre de

2017, por lo que emplazó fuera del término de los ciento

AC-2019-0045

veinte

13

días.

En

la

alternativa,

razonan

que

la

señora

Sánchez Ruiz tenía hasta el 10 de septiembre de 2017 para

diligenciar los emplazamientos personales, pues el Tribunal

de Primera Instancia acortó el término para diligenciarlos

a sesenta días. También alegan que la señora Sánchez Ruiz

no

acreditó

gestiones

emplazamientos

por

razonables

edictos.

que

justificaran

Finalmente,

cuestionan

los

la

cuantía en daños y el porciento de responsabilidad otorgado

por

el

Tribunal

de

Primera

Instancia,

pero

esto

lo

plantearon por primera vez ante el Tribunal de Apelaciones.

Es doctrina reiterada de la práctica apelativa que los

tribunales

se

abstendrán

de

adjudicar

cuestiones

no

planteadas ante el Tribunal de Primera Instancia, por lo que

no tomaremos en consideración las alegaciones relacionadas

con estos últimos dos aspectos. Trabal Morales v. Ruiz

Rodríguez, 125 DPR 340, 351 (1990). Aclarado lo anterior,

procedemos a resolver la controversia ante nos.

Surge del expediente que los emplazamientos personales

se expidieron el 30 de junio de 2017. El Tribunal de Primera

Instancia acortó el término para emplazar de ciento veinte

días a sesenta días. Como mencionamos, un tribunal tiene la

facultad de acortar términos, por justa causa, antes de

expirar

el

establecido

término

que

originalmente

esta

norma

no

prescrito,

aplica

al

pero

hemos

término

para

diligenciar los emplazamientos. Conforme a lo anterior, la

señora Sánchez Ruiz tenía hasta el 30 de octubre de 2017

AC-2019-0045

14

para diligenciar los emplazamientos personales.1 Ahora bien,

dado al paso del huracán María, a modo de excepción, ese

término se extendió hasta el 1 de diciembre de 2017, por lo

que la señora Sánchez Ruiz tenía hasta esa fecha para

diligenciar los referidos emplazamientos. Sin embargo, antes

de que venciera el término para emplazar personalmente, la

señora Sánchez Ruiz solicitó que se autorizara emplazar por

edictos después de acreditar las diligencias que hizo para

localizar a los demandados. Estas diligencias contenían

hechos específicos que demostraron que la señora Sánchez

Ruiz realizó gestiones efectivas para tratar de ubicar a los

demandados y poder emplazarlos personalmente. Empero, estas

gestiones

resultaron

infructuosas.

Aun

así,

fueron

suficientes para demostrar al Tribunal de Primera Instancia

la imposibilidad de notificar personalmente a los demandados

y para que el referido foro autorizara, el 15 de noviembre

de 2017, los emplazamientos por edictos. Esa determinación

se notificó el 29 de diciembre de 2017. En esa misma fecha

se expidieron los emplazamientos por edictos, y la señora

Sánchez Ruiz los diligenció el 16 de enero de 2018.

Conforme al Derecho previamente esbozado, la Regla

4.3(c), supra, dispone que el término para emplazar por

edictos comienza a transcurrir cuando el tribunal lo expide.

La parte demandante tiene que solicitar su expedición antes

El término para diligenciar los emplazamientos personales

vencía originalmente el sábado, 28 de octubre de 2017, por

lo que la señora Sánchez Ruiz tenía hasta el próximo día

laborable, es decir, hasta el lunes, 30 de octubre de 2017

para diligenciarlos.

1

AC-2019-0045

de

que

se

emplazamiento

emplazar

15

termine

el

personal.

personalmente

término

Así

a

un

para

diligenciar

una

vez

se

demandado

sin

éxito

pues,

el

intenta

y

se

solicita dentro del plazo de ciento veinte días emplazarlo

por edictos, tras acreditar las diligencias realizadas para

citarlo personalmente, comienza a decursar un nuevo término

improrrogable

de

ciento

veinte

días

para

emplazar

por

edictos, una vez se expida el correspondiente emplazamiento.

Véase, Bernier González v. Rodríguez Becerra, supra, pág.

650. Como explicamos, esto se debe a que el emplazamiento

por edicto constituye un nuevo emplazamiento, distinto al

emplazamiento personal que se expide automáticamente con la

presentación

de

la

constituiría

acortar

demanda.

el

Resolver

término

para

lo

contrario

diligenciar

los

emplazamientos por edictos, penalizar al demandante que

actuó diligentemente dentro del plazo establecido por ley

para diligenciar los emplazamientos personales e imponerle

una carga no contemplada por las Reglas de Procedimiento

Civil. Por tanto, la señora Sánchez Ruiz emplazó a los

demandados dentro del término disponible para ello.

IV.

Por

los

fundamentos

antes

expuestos,

se

revoca

la

sentencia del Tribunal de Apelaciones y se reinstala la del

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina.

Se emitirá sentencia de conformidad.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Natasha Sánchez Ruiz

Peticionaria

v.

AC-2019-0045

Gian H. Higuera Pérez, Agencia

de Publicidad 305 Group, LLC y

su Aseguradora Fulana de Tal y

su Aseguradora XYZ

Recurridos

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de febrero de 2020.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte de esta

Sentencia, se revoca la sentencia del Tribunal de

Apelaciones y se reinstala la del Tribunal de Primera

Instancia, Sala de Carolina.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario

del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rivera

García concurre con el resultado por los mismos

fundamentos contenidos en su Opinión Disidente en

Bernier González v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 637

(2018).

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo