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Tribunal Supremo de Puerto Rico

IRR Gas Station Corporation & Rancho Dan Service Station, Inc. v. Oficina de Gerencia de Permisos y otros

2020 TSPR 14

Poder Judicial de Puerto Rico

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IRR Gas Station Corporation & Rancho Dan Service Station, Inc. v. Oficina de Gerencia de Permisos y otros

CC-2018-303

Sentencia con Opinión de Conformidad

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

IRR Gas Station Corporation &

Rancho Dan Service Station, Inc.

Peticionarios

Certiorari

Oficina de Gerencia de Permisos

2020 TSPR 14

Recurrida

203 DPR ____

v.

T & B. Petroleum Corp.

Recurrido

Número del Caso:

CC-2018-303

Fecha: 12 de febrero de 2020

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan – Caguas, Panel I

Abogada de la parte Peticionaria:

Lcda. Carmen M. Quiñones Núñez

Abogado de la parte Recurrida:

Lcdo. Daniel R. Martínez Avilés

Materia:

Sentencia con Opinión de Conformidad.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

IRR Gas Station Corporation &

Rancho Dan Service Station,

Inc.

Peticionarios

Oficina

Permisos

de

Gerencia

de

Núm. CC-2018-0303

Recurrida

v.

T & B Petroleum Corp.

Recurrido

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de febrero de 2020.

Expedido el recurso de certiorari, y con el beneficio

de la comparecencia de ambas partes, se revoca el dictamen

del Tribunal de Apelaciones y se reinstala en su totalidad

la determinación de la División de Reconsideración de la

OGPe, por ésta haber actuado con jurisdicción al dejar sin

efecto el permiso de construcción concedido a la parte

recurrida, T & B Petroleum Corp.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el

Secretario del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez emite una Opinión de conformidad a la

que se unen la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y el Juez

Asociado señor Colón Pérez. La Jueza Asociada señora Pabón

Charneco disiente sin opinión escrita. El Juez Asociado señor

Kolthoff Caraballo no intervino. Los Jueces Asociados señor

Martínez Torres y señor Feliberti Cintrón inhibidos.

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

IRR Gas Station Corporation &

Rancho Dan Service Station,

Inc.

Peticionarios

Oficina

Permisos

de

Gerencia

de

Núm. CC-2018-0303

Recurrida

v.

T & B Petroleum Corp.

Recurrido

Opinión de conformidad de la Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez a la que se unen la Jueza Presidenta Oronoz

Rodríguez y el Juez Asociado señor Colón Pérez

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de febrero de 2020.

En esencia, el caso de epígrafe requería determinar si

la División de Reconsideración de Determinaciones Finales de

la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) tenía jurisdicción

para atender una solicitud de reconsideración presentada

luego de que transcurriera el término de veinte (20) días

dispuesto en ley para acudir en reconsideración de un permiso

de construcción. Para atender esta controversia resultaba

preciso resolver: (1) si los peticionarios cumplieron con

los

requisitos

estatutarios

para

ser

considerados

como

“partes” en el procedimiento administrativo ante la OGPe;

(2)

si

la

agencia

tenía

que

resolver

la

solicitud

de

intervención presentada antes de conceder el permiso de

construcción

y

(3)

si

se

deben

desarrolladas

jurisprudencialmente

adecuada”

“notificación

y

aplicar

sobre

constructiva”.

las

doctrinas

“notificación

Mediante

la

CC-2018-0303

2

sentencia que antecede correctamente se concluye que la

División de reconsideración de la OGPe actuó con jurisdicción

en

el

presente

determinación,

he

caso.

Por

decidido

estar

conforme

expresarme

en

con

torno

esa

a

su

corrección y los fundamentos que la sostienen.

I.

IRR Gas Station Corporation (IRR Gas) es una corporación

con fines de lucro dueña de una estación de gasolina sita en

la Avenida Dr. Francisco Susoni del barrio Pueblo en el

Municipio de Hatillo; la cual, en la actualidad, está siendo

arrendada por Rancho Dan Service Station (Rancho Dan y, en

conjunto,

peticionarios).

Surge

del

expediente,

que,

a

mediados del año 2016, IRR Gas presentó una querella ante la

OGPe en la que alegó que una estación de gasolina -localizada

dentro del radio reglamentario a la suya- aparentaba estar

en proceso de remodelación sin contar con los

permisos

necesarios para ello. Así pues, luego de una investigación

administrativa, el 16 de noviembre de 2016, la OGPe emitió

una Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa en la

que

ordenó

a

la

corporación

T

&

B

Petroleum

(T & B

o

recurrido), dueña de la estación de gasolina, pagar una multa

de quinientos dólares ($500.00) por la ausencia de un permiso

de construcción.

Luego de esta determinación, el 16 de diciembre de 2016,

IRR Gas presentó una Solicitud de Intervención ante la OGPe

para formar parte del proceso de otorgación del permiso de

construcción (2016-138333-PCO-008890) solicitado por T & B.

Este permiso consistía en la remodelación y expansión de una

CC-2018-0303

3

estación de gasolina y un “mini market” con venta de bebidas

alcohólicas selladas y cigarrillos, bajo el nombre “Mar Azul

Service Station” (Mar Azul). En su solicitud de intervención,

IRR Gas arguyó que T & B pretendía remodelar una estación de

gasolina que estuvo cerrada por más de cuatro (4) años y que,

conforme

al

Reglamento

Conjunto

para

la

Evaluación

y

Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo y Uso de

Terrenos, Reglamento Núm. 8573 de 24 de marzo de 2015,

(Reglamento Conjunto), cuando una estación ha estado cerrada

por

más

de

dos

(2)

años,

cualquier

permiso

de

uso

o

construcción debe tramitarse como una estación nueva. Además,

IRR

Gas

señaló

que

también

había

solicitado

la

reconsideración del permiso de uso de dueño (2016-138333PUS-025614) expedido a favor de T & B sobre la estación Mar

Azul por entender que éste fue concedido de forma ilegal.1

Por

estas

razones,

procedimiento

ya

IRR

que

Gas

tenía

solicitó

un

intervenir

interés

legítimo

en

el

en

la

otorgación del permiso de construcción.

Sin embargo, el 19 de diciembre de 2016, es decir, tres

(3)

días

luego

de

la

presentación

de

la

Solicitud

de

Intervención, la OGPe expidió el permiso de construcción

solicitado por T & B, sin antes resolver la solicitud de

intervención.

Surge

del

expediente

que,

el

5

de

enero

de 2017, el Sr. Iván Román, presidente de IRR Gas, solicitó

y obtuvo copia ante la OGPe del expediente del presente caso.

A pesar de que la evaluación de este permiso de uso no está

ante la consideración de este Foro, conviene señalar que,

según el expediente, el 2 de noviembre de 2016 la OGPe expidió

un permiso de uso para la estación Mar Azul.

1

CC-2018-0303

4

IRR Gas sostiene que fue en ese momento que advino en

conocimiento de que el permiso de construcción había sido

expedido a favor de T & B. Como resultado de esto último, el

18 de enero de 2017, IRR Gas presentó una solicitud de

reconsideración y de celebración de vista ante la División

de Reconsideración de Determinaciones Finales de la Oficina

de

Gerencia

de

Permisos

(División

de

reconsideración).

Sostuvo que nunca fue notificada de asunto alguno en relación

con el permiso de construcción y que éste era nulo por haberse

otorgado en contravención al Reglamento Conjunto. Del tracto

procesal se desprende que la División de reconsideración

acogió la solicitud el 2 de febrero de 2017 y citó una vista

para el 22 de febrero de 2017.2

En

la

vista,

jurisdiccionales

y

T

&

por

B

realizó

razón

de

varios

ello

la

planteamientos

División

de

reconsideración procedió a suspenderla y recalendarizarla

para el 3 de marzo de 2019. Asimismo, ordenó a las partes

comparecer por escrito para que expresaran sus respectivas

posturas en torno a este asunto. Así, el 2 de marzo de 2017,

T & B presentó una Solicitud urgente de desestimación por

falta de jurisdicción sobre la materia mediante la cual

argumentó que la determinación de la OGPe otorgando el

permiso de construcción había advenido final y firme, ya que

la reconsideración se presentó fuera del término de veinte

Mediante una orden fechada el 7 de febrero de 2017, la

División

de

Reconsideración

consolidó

para

fines

administrativos y de economía procesal la solicitud de

reconsideración presentada por IRR Gas sobre el permiso de

construcción y el permiso de uso.

2

CC-2018-0303

5

(20) días, establecidos en la Regla 5B del Reglamento de

Procedimientos

Adjudicativos

Reconsideración

de

Núm. 8457

de

24

de

la

Determinaciones

de

marzo

de

División

Finales,

2015,

de

Reglamento

(Reglamento

de

procedimientos adjudicativos).

En la vista del 3 de marzo, T & B reiteró que la moción

de

reconsideración

debía

ser

desestimada

por

falta

de

jurisdicción. En oposición, la representación legal de IRR

Gas alegó que la reconsideración estaba a tiempo porque nunca

se le notificó la expedición del permiso de construcción y,

de otra parte, sostuvo que la OGPe no había resuelto la

solicitud de intervención que presentó previo a la concesión

del

permiso.

En

apoyo

de

esto

último,

presentó

prueba

documental y testifical en torno al asunto jurisdiccional.

Una

vez

concluida

adicionales

a

las

la

vista,

partes

se

concedieron

términos

para

presentar

escritos

suplementarios.3

Posterior a esto, se celebró otra vista el 11 de abril

de 2017, en la que las partes acordaron un término de noventa

(90)

días

para

resolver

el

caso

y

que,

previo

a

la

adjudicación en los méritos, se atendieran los planteamientos

jurisdiccionales y se resolviera la solicitud de intervención

En esta vista administrativa se atendió la moción de

reconsideración del permiso de uso presentada por IRR Gas y

una moción de desistimiento sin perjuicio presentada el 27

de febrero de 2017 por T & B. Luego de considerar los

argumentos de ambas partes, el 10 de marzo de 2017, la

División de reconsideración emitió una Resolución de

Reconsideración en la que dispuso que procedía la solicitud

de desistimiento y dejar sin efecto el permiso de uso

emitido. Petición de certiorari, Ap. en la pág. 204-08.

3

CC-2018-0303

6

de IRR Gas. En el ínterin, y paralelo al proceso ante la

División de reconsideración, el 18 de abril de 2017, la OGPe

emitió una resolución en la que declaró ha lugar la solicitud

de intervención. Así las cosas, el 21 de abril de 2017, la

División

de

reconsideración

emitió

una

Resolución

interlocutoria en la que declaró académica la solicitud para

resolver la intervención, proveyó no ha lugar a la solicitud

de

desestimación

presentada

por

T

&

B

y

ordenó

la

continuación de los procedimientos. Ese mismo día, T & B

presentó una moción en auxilio de jurisdicción y un recurso

de

revisión

judicial

ante

el

Tribunal

de

Apelaciones.

No obstante, en igual fecha, el foro apelativo intermedio

dictó sentencia declarando

no

ha lugar

la solicitud de

auxilio y desestimó el recurso de revisión por prematuro.

Devuelta al foro administrativo, los días 8 y 10 de mayo

de 2017 se celebraron vistas relacionadas con la solicitud

de reconsideración presentada por IRR Gas ante la División

de

reconsideración.

presentaron

prueba

Durante

estas

documental

y

vistas,

ambas

testifical,

partes

incluyendo

prueba pericial. Así las cosas, el 18 de mayo de 2017, la

División

de

reconsideración,

amparada

en

la

evidencia

sustancial del récord administrativo, emitió una resolución

mediante la cual dejó sin efecto el permiso de construcción

expedido

a

favor

de

T

&

B.

Véase

Resolución

de

reconsideración, Ap. en la pág. 47.

Inconforme

con

esta

determinación,

el

19

de

junio

de 2017, T & B presentó un recurso de revisión judicial ante

el Tribunal de Apelaciones en el cual planteó que la División

CC-2018-0303

7

de reconsideración no tenía jurisdicción para atender la

solicitud de reconsideración presentada por IRR Gas y que

dicha compañía no estaba autorizada para presentarla, puesto

que no incluyó una resolución corporativa para tales efectos.

IRR Gas y Rancho Dan oportunamente se opusieron. Así las

cosas,

el

9

de

noviembre

de

2017,

el

foro

apelativo

intermedio emitió una sentencia por medio de la cual revocó

al foro administrativo y resolvió que como IRR Gas y Rancho

Dan no eran “partes” de los procedimientos, no había una

obligación

de

notificarles

la

concesión

del

permiso

de

construcción. En atención a ello, determinó que el término

de veinte (20) días para presentar una reconsideración vencía

el 9 de enero de 2017. Así, sostuvo que IRR Gas conocía de

la determinación administrativa desde el 5 de enero de 2017

y aún estaban tiempo para presentar su reconsideración, “pero

optaron

por

no

Apelaciones,

en

hacerlo”.

la

pág.

9.

Sentencia

del

Tribunal

Concluyó,

entonces,

que

de

la

presentación de la solicitud de reconsideración el 18 de

enero de 2017 resultó tardía y privó de jurisdicción a la

División de reconsideración para atenderla. Id.

Inconformes, IRR Gas y Rancho Dan presentaron una moción

de reconsideración, la cual fue denegada el 16 de febrero

de 2018. Así las cosas, el 16 de marzo de 2018, éstos

presentaron una petición de certiorari ante este Tribunal en

la que arguyeron como único señalamiento de error que la

División de reconsideración tenía jurisdicción para atender

el recurso presentado y que avalar lo contrario penalizaría

CC-2018-0303

8

a quienes deseaban hacer valer sus derechos.4 Expedimos el

recurso.

Posteriormente

ambas

partes

presentaron

sus

respectivos alegatos.

Los peticionarios arguyen en su alegato que la División

de

reconsideración

tenía

jurisdicción

para

entender

la

solicitud de reconsideración porque dicha agencia aplicó el

concepto de “notificación constructiva” y determinó que el

término comenzaba a transcurrir a partir del momento en

que se les entregó copia del expediente administrativo, el

5 de

enero

de

reconsideración

comet[ió]

la

2017.

Sostienen

corrigió

agencia

de

que

División

de

administrativo

que

el

“error

no

considerar

la

la

solicitud

de

intervención y luego aprobar el permiso de construcción”.

Alegato de los opositores-recurrentes, en la pág. 15. Cónsono

con este argumento, los peticionarios alegan que la OGPe

venía obligada por la ley y las disposiciones reglamentarias

aplicables

a

considerar

su

intervención

en

el

pleito.

Por todo lo cual, solicitan a este Foro que revoque la

determinación del foro apelativo intermedio.

De otro lado, T & B argumenta que los peticionarios no

estaban autorizados a presentar una solicitud de intervención

en el procedimiento en torno al permiso de construcción

Específicamente

siguiente forma:

4

el

señalamiento

de

error

lee

de

Erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que

la

División

de

Reconsideraciones

de

las

Determinaciones Finales de la OGPe carecía de

jurisdicción para considerar la solicitud de

Reconsideración

que

sometieron

los

aquí

[peticionarios], penalizando así a los ciudadanos

que quieres hacer valer sus derechos.

la

CC-2018-0303

concedido

9

porque

éstos

no

ostentaban

una

resolución

corporativa para esos fines. Expone además que, conforme a

la jurisprudencia de este Tribunal, IRR Gas y Rancho Dan no

eran parte en el pleito cuando se otorgó el permiso en

cuestión y, por ende, la OGPe no tenía obligación en ley

alguna para notificarles la concesión de éste. Así pues,

T & B arguye que el término para acudir ante la División de

Reconsideración vencía el 9 de enero de 2017 y que, a pesar

de que los peticionarios advinieron en conocimiento del

permiso de construcción el 5 de enero de 2017, no presentaron

la solicitud de reconsideración hasta el 18 de enero de 2017.

Concluye

que

la

División

de

Reconsideración

no

tenía

jurisdicción para atender el recurso presentado y que, según

la normativa de deferencia a las decisiones administrativas,

no se rebatió la presunción de corrección de la determinación

de la OGPe. Por todo lo cual, solicita que este Tribunal

confirme la determinación del Tribunal de Apelaciones.

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

este Tribunal correctamente revoca al Tribunal de Apelaciones

y determina que la División de reconsideración de la OGPe

tenía jurisdicción para dejar sin efecto el permiso de

construcción concedido a T & B. Por los fundamentos que

expongo a continuación, estoy conforme con este proceder.

II.

Como cuestión de umbral, conviene destacar que el único

señalamiento de error presentado ante este Foro se limita a

cuestionar

si

la

División

de

reconsideración

tenía

CC-2018-0303

10

jurisdicción para atender la solicitud de reconsideración

presentada por IRR Gas y Rancho Dan.

Para

analizar

esta

controversia

procede,

en

primer

lugar, examinar qué constituye una “parte” y un “interventor”

en el contexto particular del procedimiento de la concesión

de

un

permiso

interpretativa

preciso

en

discutir

y

conforme

dicha

el

nuestra

jurisprudencia

De

otro

lado,

las

doctrinas

materia.

alcance

de

resulta

sobre

la

“notificación adecuada” y la “notificación constructiva” y

el derecho a solicitar reconsideración de una determinación

administrativa.

A.

La Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto

Rico, Ley Núm. 161 de 1 de diciembre de 2009, según enmendada,

23 LPRA sec. 9011 et seq. (Ley Núm. 161-2009) dispone en su

Artículo 18.6 que la Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU),

Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 LPRA sec. 2101

et seq.5

aplicará

evaluación,

el

determinaciones

“a

todos

los

otorgamiento

finales

y

procedimientos

o

la

permisos,

para

denegación

la

de

recomendaciones,

certificaciones, licencias, certificados, [entre otros] . .

. salvo en las instancias que expresamente se disponga lo

La LPAU fue enmendada recientemente por la Ley Núm. 28 del

30 de junio de 2017,3 LPRA secs. 9601 et seq., y ahora se le

conoce como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme

del Gobierno de Puerto Rico”. Sin embargo, al momento de los

hechos del presente caso aún estaba vigente la anterior LPAU

y, por ende, es esa legislación la que aplica a la

controversia ante este Foro.

5

CC-2018-0303

11

contrario o en aquellos casos donde este capítulo resulte

inconsistente con la [LPAU]”. 23 LPRA sec. 9028(e). Esta

directriz

legislativa,

entonces,

nos

remite

a

examinar

primero la LPAU y considerar, supletoriamente, la Ley Núm.

161-2009.

El

alcance

Administrativo

del

está

concepto

contemplado

“parte”

en

el

Derecho

en

Sección

1.3(k),

la

Capítulo I (Disposiciones Generales) de la LPAU, la cual

dispone que una “parte”:

Significa toda persona o agencia autorizada por

ley a quien se dirija específicamente la acción de

una agencia o que sea parte en dicha acción, o que

se le permita intervenir o participar en la misma,

o que haya radicado una petición para la revisión

o cumplimiento de una orden, o que sea designada

como parte en dicho procedimiento.

3 LPRA sec. 2102(k).

Al

interpretar

dicha

disposición,

este

Tribunal

ha

resuelto que una persona natural o jurídica que se encuentre

participando de forma activa en un proceso administrativo y

que interese ser considerada como “parte” -con todo lo que

ello

conlleva

determinación

para

propósitos

administrativa-

de

la

tiene

revisión

la

de

una

obligación

de

presentar una solicitud formal, por escrito y debidamente

fundamentada; es decir, demostrar cómo se verá afectado su

interés legítimo. Véase JP Plaza Santa Isabel v. Cordero

Badillo, 177 DPR 177 (2009). Véase además, Demetrio Fernández

Quiñones,

Derecho

Administrativo

y

Ley

de

Procedimiento

Administrativo Uniforme (Forum, 2013), en las págs. 176-77.

CC-2018-0303

12

Esta solicitud puede llevarse a cabo mediante la figura

del “interventor”. La Sección 1.3(f) de la LPAU define un

“interventor” como “aquella persona que no sea parte original

en cualquier procedimiento adjudicativo que la agencia lleve

a cabo y que haya demostrado su capacidad o interés en el

procedimiento”. 3 LPRA sec. 2102(f). De otro lado, en el

Capítulo

III

(Procedimiento

Adjudicativo)

se

detalla

el

proceso para intervenir en un procedimiento administrativo.

En específico, la Sección 3.5 dispone que, “[c]ualquier

persona que tenga un interés legítimo en un procedimiento

adjudicativo ante una agencia podrá someter una solicitud

por escrito y debidamente fundamentada para que se le permita

intervenir”. 3

LPRA sec. 2155.

Renglón seguido, la ley

menciona una serie de factores que la agencia puede tomar en

consideración para conceder o denegar la solicitud. Id. Véase

además,

Comisión

Ciudadanos

v.

G.P.

Real

Property,

173 DPR 998 (2008). Al momento de evaluar estos criterios,

la agencia por mandato de ley deberá interpretarlos de manera

liberal y puede requerir que se someta evidencia adicional.

3 LPRA sec. 2155.

Aunque toda solicitud de intervención ante la OGPe se

regirá

por

lo

dispuesto

en

LPAU,

la

Ley

Núm.

161-2009

especifica que, además, se debe recurrir a los reglamentos

aplicables a la agencia. En concreto, la ley establece que:

Cualquier persona interesada en ser parte del

proceso de evaluación de determinaciones finales,

permisos,

así

como

cualquier

procedimiento

adjudicativo requerido bajo las disposiciones de

este capítulo deberá presentar una solicitud de

intervención.

El

contenido,

evaluación,

adjudicación y revisión de determinaciones finales

CC-2018-0303

13

sobre solicitudes de intervención se regirá por lo

dispuesto

en

la

Ley

de

Procedimiento

Administrativo Uniforme. Los detalles sobre el

proceso de intervención deberán reflejarse en el

Reglamento Conjunto.

23 LPRA sec. 9035(a).

En

lo

pertinente,

la

Sección

(Procedimiento Adjudicativos: En

6.1.2

Capítulo

VI

general) del Reglamento

Conjunto, vigente al momento de los hechos que originan este

caso, recoge lo mismo que establece la LPAU y la Ley Núm.

161-2009.6 Esta sección dispone que:

Cualquier persona que tenga un interés legítimo en

un procedimiento adjudicativo presentado ante la

OGPe podrá presentar una solicitud de intervención

debidamente fundamentada para que se le permita

intervenir o participar en dicho procedimiento. La

OGPe concederá o denegará la solicitud tomando en

consideración

lo

dispuesto

en

la

Ley

de

Procedimiento Administrativo Uniforme.

Reglamento conjunto, supra, en la pág. 192 (citas omitidas)

(énfasis suplido).

Tras una impugnación judicial, el 21 de diciembre de 2016,

el Tribunal de Apelaciones declaró nulo el Reglamento

Conjunto Núm. 8573. Véase Morales Vargas v. Junta de

Planificación, 2016 WL 8454922. La Junta de Planificación no

recurrió de esta determinación y, en respuesta a ella, el 1

de marzo de 2017, restituyó el anterior reglamento conjunto,

Reglamento Núm. 7951 del 30 de noviembre de 2010, en todo

aquello que no fuera incompatible con la Ley Núm. 161-2009,

según enmendada. Véase Resolución JPI-31-10-2017. Posterior

a esa resolución, el 8 de mayo de 2019, se estableció el

reglamento conjunto de permisos vigente en la actualidad.

Véase Reglamento Núm. 9081 del 8 de mayo de 2019. Ahora bien,

surge de la Resolución que emitió la División de

reconsideración en el presente caso todo su análisis está

basado en el Reglamento Conjunto que posteriormente fue

declararon nulo. Esto, dado que ese era el reglamento vigente

el 19 de diciembre de 2016 al momento de la concesión inicial

del

permiso

de

construcción.

Véase

Resolución

de

reconsideración, Ap. en las págs. 46-47. Por ende, nos

corresponde

atender

las

controversias

ante

nuestra

consideración bajo ese estado de Derecho.

6

CC-2018-0303

14

Además de este Reglamento Conjunto, debemos señalar que

la Regla 6 del Reglamento de procedimientos adjudicativos

permite que “una persona que tenga un interés legítimo en el

procedimiento ante la División de Reconsideración” presente

una

solicitud

de

intervención

debidamente

fundamentada.

Reglamento de procedimientos adjudicativos, supra, en la pág.

12. Al igual que la LPAU, la “División de Reconsideración

podrá conceder o denegar la solicitud, a su discreción”

tomando en consideración ciertos factores allí enumerados.

Id.

Ahora bien, más allá de estas definiciones estatutarias

y reglamentarias, en Claro TV y Junta Regl. Tel. v. One Link,

179 DPR 177 (2010), este Tribunal se expresó en torno a la

aplicación de la figura del interventor en el procedimiento

para la concesión de licencias, franquicias, permisos y

acciones similares contempladas en el Capítulo V de la LPAU.

Sobre este asunto se resolvió que el proceso inicial de la

concesión de permisos no es adjudicativo y, por tanto, en

esa etapa de los procedimientos no aplica el derecho de

intervención. Id. en la pág. 211.

En

Claro

inaplicabilidad

TV

y

del

Junta

Regl.

derecho

a

Tel.

se

intervenir

señaló

en

esta

que

la

etapa

inicial no alteraba las decisiones emitidas anteriormente en

esta materia. A esos efectos, se indicó que una persona

afectada por la determinación de una agencia, ya fuese un

solicitante a quien se

les denegó dicha autorización o

terceros-opositores que interesaran impugnar su concesión,

tenían a su disposición el derecho de intervenir en el

CC-2018-0303

15

proceso de impugnación de una decisión administrativa, San

Antonio Maritime v. Puerto Rico Cement Co., 153 DPR 374

(2001).

Este

derecho

a

intervenir

surge

una

vez

el

procedimiento se torna adjudicativo luego de que la agencia

otorgue o deniegue un permiso, Ranger American v. Loomis

Fargo, 171 DPR 670 (2007). Véase además, Sección 5.4 de la

LPAU, 3 LPRA sec. 2184.

Con esta discusión en mente, conviene evaluar el alcance

del

ordenamiento

requisito

jurídico

constitucional

puertorriqueño

de

la

en

materia

“notificación”

y

del

los

requisitos estatutarios para solicitar reconsideración de

una determinación final en el Derecho Administrativo.

B.

En el ámbito del Derecho Administrativo, el debido

proceso

de

ley

requiere

que

las

agencias

emitan

una

“notificación adecuada” de sus determinaciones finales a

todas las partes involucradas tras concluir un procedimiento

adjudicativo. Véase Gutiérrez Vázquez v. Hernández y otros,

172 DPR 232, 245-46 (2007). Esta “notificación adecuada”

busca salvaguardar el derecho que tiene una parte en este

procedimiento

para

solicitar

una

reconsideración

y/o

revisión judicial, según sea el caso. Véase Molini Gronau v.

Corp. P.R. Dif. Púb., 179 DPR 674 (2010).

En el contexto específico de la concesión de permisos

por

parte

de

la

OGPe,

todas

procedimientos

relacionados

reconsideración

surgen

del

las

con

reglas

los

Reglamento

que

rigen

los

trámites

de

una

de

procedimientos

adjudicativos. La Regla 5B de este Reglamento dispone que el

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16

término para que una parte adversamente afectada por una

determinación

final

de

la

OGPe

pueda

solicitar

reconsideración es de veinte (20) días desde la fecha de

archivo en autos de la copia de la notificación de la

resolución

o

determinación

final.

Reglamento

de

procedimientos adjudicativos, supra, en la pág. 5.7

Como se desprende de este reglamento, para que el

término de veinte (20) días aplique deben concurrir ciertos

elementos: (1) ser una “parte” adversamente afectada (2) por

una

determinación

final,

(3)

de

la

cual

recibió

una

notificación. La concurrencia de estos elementos levanta

ciertas interrogantes que inciden en la resolución de la

presente controversia. En primer lugar, ¿quién tiene derecho

a la notificación? Según la LPAU, tendrán derecho a la

notificación

de

órdenes

y/o

resoluciones

finales

“sus

abogados, de tenerlos, la orden o resolución a la brevedad

posible [y que] [u]na parte no podrá ser requerida a cumplir

con una orden final a menos que dicha parte haya sido

notificada de la misma”. 3 LPRA sec. 2164. Asimismo, la

Ley Núm.

161-2009

-específicamente-

dispone

que

“[l]a

Oficina de Gerencia de Permisos . . . notificará[] copia de

toda determinación final, en cumplimiento con los reglamentos

aplicables”. 23 LPRA sec. 9018. En atención a esto, la Regla

7.15 del Reglamento Conjunto dispone que “[l]a determinación

Este término -por disposición reglamentaria expresa- no es

de índole jurisdiccional, ya que la Regla 5A establece que,

“la solicitud de reconsideración no es jurisdiccional [y]

[s]u oportuna presentación interrumpe el término para acudir

en revisión judicial”. Id.

7

CC-2018-0303

17

final que tome OGPe con relación al caso será notificada a

las

partes

en

el

término

establecido

[y]

[l]as

determinaciones finales expedidas por la OGPe entrarán en

vigor a partir de la fecha en que se certifique que se expidió

su notificación, salvo disposición expresa en contrario”.

Reglamento Conjunto, supra, en las págs. 208-209.

De

otro

lado,

en

el

contexto

de

la

concesión

de

permisos, ¿qué se considera una “determinación final”? De

entrada, resaltamos que cuando los reglamentos en cuestión

aluden al concepto de “determinación final” no se hace

distinción alguna entre orden, resolución final o permiso.

Es

decir,

la

OGPe,

para

todos

los

efectos,

emite

una

“determinación final” cada vez que decide conceder o denegar

un permiso. Específicamente, así surge del Reglamento de

procedimientos

“determinación

adjudicativos,

final”

como

el

una

cual

define

“Actuación,

una

Resolución,

Informe o Documento que contiene un acuerdo o

decisión

emitida . . . [y] adjudicando de manera definitiva algún

asunto ante su consideración o cualquier otra determinación

similar

o

análoga

que

Conjunto”.

Regla

4B,

se

establezca

Reglamento

en

de

el

Reglamento

procedimientos

adjudicativos, supra, en la pág. 1. Asimismo, esta regla

dispone que la determinación “se convertirá en un permiso

final

y

firme

una

vez

hayan

transcurrido

los

términos

correspondientes para su revisión”. Id. Véase además, 23 LPRA

sec. 9011(21).

En resumen, como norma general, en el proceso de la

concesión de permisos emitidos por la OGPe se cumple con el

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18

derecho de una “notificación adecuada”, cuando se le notifica

a las “partes” de una determinación final (orden, resolución

final o permiso) y éstas advendrán finales y firmes una vez

haya transcurrido el término de veinte (20) días para acudir

en revisión. Como excepción limitada al incumplimiento de

esta norma en un procedimiento adjudicativo administrativo,

este Tribunal desarrolló la doctrina de la “notificación

constructiva” o el “conocimiento constructivo”. Véase Asoc.

Residentes v. Montebello Dev. Corp., 138 DPR 412 (1995). Esta

norma se activa cuando una persona, natural o jurídica, a

pesar de no haber recibido la notificación, pudo o debió

conocer la existencia de un hecho o evento en virtud de

determinadas

circunstancias

que

permiten

hacer

una

inferencia de manera razonable.

En Montebello Dev. Corp, ARPE había notificado mediante

resolución,

la

aprobación

de

un

plano

de

desarrollo

preliminar para un proyecto de urbanización residencial.

En la resolución, la agencia consignó que cualquier parte

adversamente

afectada

podría

presentar

una

moción

de

reconsideración dentro del término de veinte (20) días.

No obstante,

treinta

notificación

de

y

dicha

ocho

(38)

días

determinación,

la

después

de

la

Asociación

de

Residentes de la urbanización afectada solicitó intervenir

en el proceso ante la ARPE, y en la alternativa, que se

reconsiderara la aprobación del plano, ya que no se les había

notificado de la misma. Luego de varios trámites procesales,

aunque la ARPE no estableció si en efecto la resolución había

sido notificada formalmente a la Asociación de Residentes,

CC-2018-0303

19

la agencia concluyó que dicha asociación tuvo conocimiento

específico de ella con tiempo suficiente para solicitar

reconsideración, por lo que la notificación formal no era

necesaria. El Tribunal Superior confirmó la determinación de

la agencia.

Este Tribunal -al evaluar la controversia relacionada

con la necesidad de que hubiese una notificación formalresolvió que el término de veinte (20) días para solicitar

reconsideración aplicaba sólo a aquellos que eran partes

formalmente del procedimiento administrativo. Dado que la

Asociación de Residentes nunca lo fue, el término de veinte

(20)

días

no

le

era

oponible

y

tampoco

bastaba

la

“notificación constructiva” para que comenzara a trascurrir

el referido término. Al discutir esta norma, este Tribunal

sostuvo

que:

“[c]omo

método

alterno,

la

notificación

constructiva, incluso por inferencias, es de excepción; se

justifica

en

circunstancias

peculiares

ausentes

en

este

caso”. Montebello Dev. Corp, 138 DPR en la pág. 421. Así

pues, se concluyó que no se puede “permitir que un eslabón

de tanta envergadura en el debido proceso de ley tome o

adopte una configuración laxa basada en una mera conclusión

especulativa de que se tenía conocimiento de la decisión

administrativa”. Id. En atención a ello, se determinó que la

Asociación de Residente no tenía que cumplir con el término

de

veinte

(20)

días

porque

no

se

le

había

notificado

formalmente la resolución y tampoco era de aplicación la

doctrina de la “notificación constructiva”. Así, le ordenó a

la ARPE que permitiera la intervención de la Asociación de

CC-2018-0303

Residentes

20

y,

previa

vista

evidenciaria,

adjudicara

en

reconsideración sus reclamos.

III.

En el presente caso, IRR Gas y Rancho Dan presentaron

su solicitud de intervención el 16 de diciembre de 2016,

previo a que la OGPe emitiera una determinación final en

torno al permiso de construcción solicitado por T & B.

Conforme a la decisión que este Tribunal emitió en Claro TV

y Junta Regl. Tel., la OGPe debió denegar dicha solicitud de

intervención porque en la etapa inicial de la concesión de

licencias, permisos y franquicias no existe un derecho a

intervenir.8 El Reglamento Conjunto de la OGPe permite, de

forma general, el derecho a intervenir, pero claramente

dispone que sólo está disponible para los procedimientos

adjudicativos ante la OGPe. Véase Reglamento conjunto, supra,

en la pág. 192. Por ende, al momento en que se concedió el

permiso de construcción a favor de T & B, IRR Gas y Rancho

Dan no eran, ni

podían

ser, “partes” del procedimiento

administrativo.

No obstante, desde 19 de diciembre de 2016, cuando

efectivamente se concedió el permiso en cuestión, la decisión

de

Claro

TV

y

Junta

Regl.

Tel.

dejó

de

gobernar

la

Aprovechamos esta discusión para señalar que, según surge

del expediente, ni los foros recurridos ni las partes en el

presente caso -en ningún momento- citaron o invocaron en sus

dictámenes o alegatos, respectivamente, la decisión de Claro

TV y Junta Regl. Tel. v. One Link, 179 DPR 177 (2010). En el

presente caso, una de las controversias medulares está

atendida directamente por lo resuelto en esa Opinión. Resulta

altamente preocupante que la decisión de Claro TV y Junta

Regl. Tel. no haya sido discutida en los escritos presentados

ante los foros recurridos.

8

CC-2018-0303

21

controversia entre las partes. A partir de ese momento,

aplicaba lo resuelto en Ranger American v. Loomis Fargo,

171 DPR 670 (2007) y San Antonio Maritime v. Puerto Rico

Cement Co., 153 DPR 374 (2001). Estas decisiones establecen

que, luego de la concesión de un permiso, cualquier persona,

aunque no haya sido “parte” en la etapa inicial, puede

impugnar una determinación administrativa.

En este caso, IRR Gas y Rancho Dan no presentaron

propiamente un recurso de impugnación para cuestionar la

determinación de la OGPe, sino que utilizaron el mecanismo

de

reconsideración

provisto

en

el

Reglamento

de

procedimientos adjudicativos. Al así proceder, descansaron

en el hecho de que habían solicitado la intervención en los

procedimientos

previo

a

la

determinación

final,

cuya

reconsideración ahora solicitaban. Este curso de acción es

comparable, para todos los efectos, al proceso de impugnación

que

constituye

un

procedimiento

adjudicativo

y

que

fue

desarrollado jurisprudencialmente en Ranger American y San

Antonio Maritime y avalado posteriormente en Claro TV y Junta

Regl. Tel.

Por lo tanto, el 2 de febrero de 2017, cuando la División

de reconsideración acogió la solicitud de reconsideración

presentada por los peticionarios se activó un procedimiento

adjudicativo administrativo, equivalente a aquél que hubiese

implicado un proceso de impugnación. Ello, porque el permiso

de construcción ya se había sido concedido para esa fecha.

Dado que esta concesión impartió un carácter adjudicativo a

los procedimientos, entonces ya estaba disponible el derecho

CC-2018-0303

22

a intervenir. Así pues, en el procedimiento adjudicativo de

la

División

de

reconsideración,

la

OGPe

permitió

la

intervención de IRR Gas y Rancho Dan, luego de evaluar y

constatar el interés legítimo de las partes. Desde esta

fecha, los peticionarios son “partes”, con todo lo que eso

conlleva, de los procesos administrativos ante la División

de reconsideración. Esto sucedió luego de que la propia

División de reconsideración hubiese celebrado dos vistas

distintas para atender los recursos ante su consideración y

en las cuales, según surge del tracto procesal, IRR Gas y

Rancho Dan reiteraron que la OGPe aún no había resuelto su

solicitud de intervención.

Es decir, procesalmente, la División de reconsideración

se aseguró de que los peticionarios se convirtieran en

“partes” formales en el procedimiento, vía la figura del

interventor, antes de disponer en los méritos de la solicitud

de

reconsideración.

En

atención

al

carácter

flexible

e

informal de los procedimientos administrativos y, a tenor

con la doctrina de deferencia que éstos merecen, debemos

respetar

la

actuación

-razonable,

no

arbitraria

ni

caprichosa- llevada a cabo por parte de la OGPe y la División

de reconsideración. Véase Álamo Romero v. Adm. de Corrección,

175 DPR 314, 329 (2009); Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR

66, 91 (2006).

Por otro lado, relacionado con el cómputo del término

de veinte (20) días para acudir en reconsideración, aplica

lo resuelto por este Tribunal en Montebello Dev. Corp. Según

esta decisión, si previo al 18 de abril de 2017 IRR Gas y

CC-2018-0303

Rancho

Dan

23

no

eran

“partes”

en

el

procedimiento

administrativo, pues entonces éstos no tenían derecho a una

“notificación adecuada” del permiso de construcción como

tampoco les podía ser oponible el término de veinte (20) días

para presentar una reconsideración de la determinación final

de la OGPe. No podemos utilizar como punto de partida la

fecha del 5 de enero de 2017 -momento en que IRR Gas advino

en conocimiento de la concesión del permiso de construcciónpara computar el término de veinte (20) días porque en esa

fecha no hubo una notificación propiamente por parte de

ningún foro administrativo ni judicial. Al igual que en

Montebello

Dev.

Corp.,

aplicar

la

doctrina

de

la

“notificación constructiva” a los hechos del presente caso

sería una burla a ese “eslabón de tanta envergadura” que

supone

el

debido

proceso

de

ley

en

los

procedimientos

adjudicativos administrativos.

Así pues, aunque los peticionarios en este caso no

fueron ni podían ser “partes”

inicial

del

permiso

reconsideración

-al

de

formales en la

construcción,

permitir

primero

concesión

la

División

de

la

intervención-

efectivamente tenía jurisdicción para resolver la solicitud

de reconsideración presentada por IRR Gas y Rancho Dan.

IV.

Por todo lo cual, erró el Tribunal de Apelaciones al

revocar la determinación de la División de reconsideración

bajo el fundamento de falta de jurisdicción por parte de ese

organismo administrativo. Por tal razón, lo procedente en

derecho es reinstalar en su totalidad la determinación de la

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24

División de reconsideración de la OGPe, por

ésta haber

actuado con jurisdicción al dejar sin efecto el permiso de

construcción concedido a T & B.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada