Tribunal Supremo de Puerto Rico
IRR Gas Station Corporation & Rancho Dan Service Station, Inc. v. Oficina de Gerencia de Permisos y otros
2020 TSPR 14
Poder Judicial de Puerto Rico
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IRR Gas Station Corporation & Rancho Dan Service Station, Inc. v. Oficina de Gerencia de Permisos y otros
CC-2018-303
Sentencia con Opinión de Conformidad
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
IRR Gas Station Corporation &
Rancho Dan Service Station, Inc.
Peticionarios
Certiorari
Oficina de Gerencia de Permisos
2020 TSPR 14
Recurrida
203 DPR ____
v.
T & B. Petroleum Corp.
Recurrido
Número del Caso:
CC-2018-303
Fecha: 12 de febrero de 2020
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan – Caguas, Panel I
Abogada de la parte Peticionaria:
Lcda. Carmen M. Quiñones Núñez
Abogado de la parte Recurrida:
Lcdo. Daniel R. Martínez Avilés
Materia:
Sentencia con Opinión de Conformidad.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
IRR Gas Station Corporation &
Rancho Dan Service Station,
Inc.
Peticionarios
Oficina
Permisos
de
Gerencia
de
Núm. CC-2018-0303
Recurrida
v.
T & B Petroleum Corp.
Recurrido
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 12 de febrero de 2020.
Expedido el recurso de certiorari, y con el beneficio
de la comparecencia de ambas partes, se revoca el dictamen
del Tribunal de Apelaciones y se reinstala en su totalidad
la determinación de la División de Reconsideración de la
OGPe, por ésta haber actuado con jurisdicción al dejar sin
efecto el permiso de construcción concedido a la parte
recurrida, T & B Petroleum Corp.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el
Secretario del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora
Rodríguez Rodríguez emite una Opinión de conformidad a la
que se unen la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y el Juez
Asociado señor Colón Pérez. La Jueza Asociada señora Pabón
Charneco disiente sin opinión escrita. El Juez Asociado señor
Kolthoff Caraballo no intervino. Los Jueces Asociados señor
Martínez Torres y señor Feliberti Cintrón inhibidos.
José Ignacio Campos Pérez
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
IRR Gas Station Corporation &
Rancho Dan Service Station,
Inc.
Peticionarios
Oficina
Permisos
de
Gerencia
de
Núm. CC-2018-0303
Recurrida
v.
T & B Petroleum Corp.
Recurrido
Opinión de conformidad de la Juez Asociada señora Rodríguez
Rodríguez a la que se unen la Jueza Presidenta Oronoz
Rodríguez y el Juez Asociado señor Colón Pérez
En San Juan, Puerto Rico, a 12 de febrero de 2020.
En esencia, el caso de epígrafe requería determinar si
la División de Reconsideración de Determinaciones Finales de
la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) tenía jurisdicción
para atender una solicitud de reconsideración presentada
luego de que transcurriera el término de veinte (20) días
dispuesto en ley para acudir en reconsideración de un permiso
de construcción. Para atender esta controversia resultaba
preciso resolver: (1) si los peticionarios cumplieron con
los
requisitos
estatutarios
para
ser
considerados
como
“partes” en el procedimiento administrativo ante la OGPe;
(2)
si
la
agencia
tenía
que
resolver
la
solicitud
de
intervención presentada antes de conceder el permiso de
construcción
y
(3)
si
se
deben
desarrolladas
jurisprudencialmente
adecuada”
“notificación
y
aplicar
sobre
constructiva”.
las
doctrinas
“notificación
Mediante
la
CC-2018-0303
2
sentencia que antecede correctamente se concluye que la
División de reconsideración de la OGPe actuó con jurisdicción
en
el
presente
determinación,
he
caso.
Por
decidido
estar
conforme
expresarme
en
con
torno
esa
a
su
corrección y los fundamentos que la sostienen.
I.
IRR Gas Station Corporation (IRR Gas) es una corporación
con fines de lucro dueña de una estación de gasolina sita en
la Avenida Dr. Francisco Susoni del barrio Pueblo en el
Municipio de Hatillo; la cual, en la actualidad, está siendo
arrendada por Rancho Dan Service Station (Rancho Dan y, en
conjunto,
peticionarios).
Surge
del
expediente,
que,
a
mediados del año 2016, IRR Gas presentó una querella ante la
OGPe en la que alegó que una estación de gasolina -localizada
dentro del radio reglamentario a la suya- aparentaba estar
en proceso de remodelación sin contar con los
permisos
necesarios para ello. Así pues, luego de una investigación
administrativa, el 16 de noviembre de 2016, la OGPe emitió
una Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa en la
que
ordenó
a
la
corporación
T
&
B
Petroleum
(T & B
o
recurrido), dueña de la estación de gasolina, pagar una multa
de quinientos dólares ($500.00) por la ausencia de un permiso
de construcción.
Luego de esta determinación, el 16 de diciembre de 2016,
IRR Gas presentó una Solicitud de Intervención ante la OGPe
para formar parte del proceso de otorgación del permiso de
construcción (2016-138333-PCO-008890) solicitado por T & B.
Este permiso consistía en la remodelación y expansión de una
CC-2018-0303
3
estación de gasolina y un “mini market” con venta de bebidas
alcohólicas selladas y cigarrillos, bajo el nombre “Mar Azul
Service Station” (Mar Azul). En su solicitud de intervención,
IRR Gas arguyó que T & B pretendía remodelar una estación de
gasolina que estuvo cerrada por más de cuatro (4) años y que,
conforme
al
Reglamento
Conjunto
para
la
Evaluación
y
Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo y Uso de
Terrenos, Reglamento Núm. 8573 de 24 de marzo de 2015,
(Reglamento Conjunto), cuando una estación ha estado cerrada
por
más
de
dos
(2)
años,
cualquier
permiso
de
uso
o
construcción debe tramitarse como una estación nueva. Además,
IRR
Gas
señaló
que
también
había
solicitado
la
reconsideración del permiso de uso de dueño (2016-138333PUS-025614) expedido a favor de T & B sobre la estación Mar
Azul por entender que éste fue concedido de forma ilegal.1
Por
estas
razones,
procedimiento
ya
IRR
que
Gas
tenía
solicitó
un
intervenir
interés
legítimo
en
el
en
la
otorgación del permiso de construcción.
Sin embargo, el 19 de diciembre de 2016, es decir, tres
(3)
días
luego
de
la
presentación
de
la
Solicitud
de
Intervención, la OGPe expidió el permiso de construcción
solicitado por T & B, sin antes resolver la solicitud de
intervención.
Surge
del
expediente
que,
el
5
de
enero
de 2017, el Sr. Iván Román, presidente de IRR Gas, solicitó
y obtuvo copia ante la OGPe del expediente del presente caso.
A pesar de que la evaluación de este permiso de uso no está
ante la consideración de este Foro, conviene señalar que,
según el expediente, el 2 de noviembre de 2016 la OGPe expidió
un permiso de uso para la estación Mar Azul.
1
CC-2018-0303
4
IRR Gas sostiene que fue en ese momento que advino en
conocimiento de que el permiso de construcción había sido
expedido a favor de T & B. Como resultado de esto último, el
18 de enero de 2017, IRR Gas presentó una solicitud de
reconsideración y de celebración de vista ante la División
de Reconsideración de Determinaciones Finales de la Oficina
de
Gerencia
de
Permisos
(División
de
reconsideración).
Sostuvo que nunca fue notificada de asunto alguno en relación
con el permiso de construcción y que éste era nulo por haberse
otorgado en contravención al Reglamento Conjunto. Del tracto
procesal se desprende que la División de reconsideración
acogió la solicitud el 2 de febrero de 2017 y citó una vista
para el 22 de febrero de 2017.2
En
la
vista,
jurisdiccionales
y
T
&
por
B
realizó
razón
de
varios
ello
la
planteamientos
División
de
reconsideración procedió a suspenderla y recalendarizarla
para el 3 de marzo de 2019. Asimismo, ordenó a las partes
comparecer por escrito para que expresaran sus respectivas
posturas en torno a este asunto. Así, el 2 de marzo de 2017,
T & B presentó una Solicitud urgente de desestimación por
falta de jurisdicción sobre la materia mediante la cual
argumentó que la determinación de la OGPe otorgando el
permiso de construcción había advenido final y firme, ya que
la reconsideración se presentó fuera del término de veinte
Mediante una orden fechada el 7 de febrero de 2017, la
División
de
Reconsideración
consolidó
para
fines
administrativos y de economía procesal la solicitud de
reconsideración presentada por IRR Gas sobre el permiso de
construcción y el permiso de uso.
2
CC-2018-0303
5
(20) días, establecidos en la Regla 5B del Reglamento de
Procedimientos
Adjudicativos
Reconsideración
de
Núm. 8457
de
24
de
la
Determinaciones
de
marzo
de
División
Finales,
2015,
de
Reglamento
(Reglamento
de
procedimientos adjudicativos).
En la vista del 3 de marzo, T & B reiteró que la moción
de
reconsideración
debía
ser
desestimada
por
falta
de
jurisdicción. En oposición, la representación legal de IRR
Gas alegó que la reconsideración estaba a tiempo porque nunca
se le notificó la expedición del permiso de construcción y,
de otra parte, sostuvo que la OGPe no había resuelto la
solicitud de intervención que presentó previo a la concesión
del
permiso.
En
apoyo
de
esto
último,
presentó
prueba
documental y testifical en torno al asunto jurisdiccional.
Una
vez
concluida
adicionales
a
las
la
vista,
partes
se
concedieron
términos
para
presentar
escritos
suplementarios.3
Posterior a esto, se celebró otra vista el 11 de abril
de 2017, en la que las partes acordaron un término de noventa
(90)
días
para
resolver
el
caso
y
que,
previo
a
la
adjudicación en los méritos, se atendieran los planteamientos
jurisdiccionales y se resolviera la solicitud de intervención
En esta vista administrativa se atendió la moción de
reconsideración del permiso de uso presentada por IRR Gas y
una moción de desistimiento sin perjuicio presentada el 27
de febrero de 2017 por T & B. Luego de considerar los
argumentos de ambas partes, el 10 de marzo de 2017, la
División de reconsideración emitió una Resolución de
Reconsideración en la que dispuso que procedía la solicitud
de desistimiento y dejar sin efecto el permiso de uso
emitido. Petición de certiorari, Ap. en la pág. 204-08.
3
CC-2018-0303
6
de IRR Gas. En el ínterin, y paralelo al proceso ante la
División de reconsideración, el 18 de abril de 2017, la OGPe
emitió una resolución en la que declaró ha lugar la solicitud
de intervención. Así las cosas, el 21 de abril de 2017, la
División
de
reconsideración
emitió
una
Resolución
interlocutoria en la que declaró académica la solicitud para
resolver la intervención, proveyó no ha lugar a la solicitud
de
desestimación
presentada
por
T
&
B
y
ordenó
la
continuación de los procedimientos. Ese mismo día, T & B
presentó una moción en auxilio de jurisdicción y un recurso
de
revisión
judicial
ante
el
Tribunal
de
Apelaciones.
No obstante, en igual fecha, el foro apelativo intermedio
dictó sentencia declarando
no
ha lugar
la solicitud de
auxilio y desestimó el recurso de revisión por prematuro.
Devuelta al foro administrativo, los días 8 y 10 de mayo
de 2017 se celebraron vistas relacionadas con la solicitud
de reconsideración presentada por IRR Gas ante la División
de
reconsideración.
presentaron
prueba
Durante
estas
documental
y
vistas,
ambas
testifical,
partes
incluyendo
prueba pericial. Así las cosas, el 18 de mayo de 2017, la
División
de
reconsideración,
amparada
en
la
evidencia
sustancial del récord administrativo, emitió una resolución
mediante la cual dejó sin efecto el permiso de construcción
expedido
a
favor
de
T
&
B.
Véase
Resolución
de
reconsideración, Ap. en la pág. 47.
Inconforme
con
esta
determinación,
el
19
de
junio
de 2017, T & B presentó un recurso de revisión judicial ante
el Tribunal de Apelaciones en el cual planteó que la División
CC-2018-0303
7
de reconsideración no tenía jurisdicción para atender la
solicitud de reconsideración presentada por IRR Gas y que
dicha compañía no estaba autorizada para presentarla, puesto
que no incluyó una resolución corporativa para tales efectos.
IRR Gas y Rancho Dan oportunamente se opusieron. Así las
cosas,
el
9
de
noviembre
de
2017,
el
foro
apelativo
intermedio emitió una sentencia por medio de la cual revocó
al foro administrativo y resolvió que como IRR Gas y Rancho
Dan no eran “partes” de los procedimientos, no había una
obligación
de
notificarles
la
concesión
del
permiso
de
construcción. En atención a ello, determinó que el término
de veinte (20) días para presentar una reconsideración vencía
el 9 de enero de 2017. Así, sostuvo que IRR Gas conocía de
la determinación administrativa desde el 5 de enero de 2017
y aún estaban tiempo para presentar su reconsideración, “pero
optaron
por
no
Apelaciones,
en
hacerlo”.
la
pág.
9.
Sentencia
del
Tribunal
Concluyó,
entonces,
que
de
la
presentación de la solicitud de reconsideración el 18 de
enero de 2017 resultó tardía y privó de jurisdicción a la
División de reconsideración para atenderla. Id.
Inconformes, IRR Gas y Rancho Dan presentaron una moción
de reconsideración, la cual fue denegada el 16 de febrero
de 2018. Así las cosas, el 16 de marzo de 2018, éstos
presentaron una petición de certiorari ante este Tribunal en
la que arguyeron como único señalamiento de error que la
División de reconsideración tenía jurisdicción para atender
el recurso presentado y que avalar lo contrario penalizaría
CC-2018-0303
8
a quienes deseaban hacer valer sus derechos.4 Expedimos el
recurso.
Posteriormente
ambas
partes
presentaron
sus
respectivos alegatos.
Los peticionarios arguyen en su alegato que la División
de
reconsideración
tenía
jurisdicción
para
entender
la
solicitud de reconsideración porque dicha agencia aplicó el
concepto de “notificación constructiva” y determinó que el
término comenzaba a transcurrir a partir del momento en
que se les entregó copia del expediente administrativo, el
5 de
enero
de
reconsideración
comet[ió]
la
2017.
Sostienen
corrigió
agencia
de
que
División
de
administrativo
que
el
“error
no
considerar
la
la
solicitud
de
intervención y luego aprobar el permiso de construcción”.
Alegato de los opositores-recurrentes, en la pág. 15. Cónsono
con este argumento, los peticionarios alegan que la OGPe
venía obligada por la ley y las disposiciones reglamentarias
aplicables
a
considerar
su
intervención
en
el
pleito.
Por todo lo cual, solicitan a este Foro que revoque la
determinación del foro apelativo intermedio.
De otro lado, T & B argumenta que los peticionarios no
estaban autorizados a presentar una solicitud de intervención
en el procedimiento en torno al permiso de construcción
Específicamente
siguiente forma:
4
el
señalamiento
de
error
lee
de
Erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que
la
División
de
Reconsideraciones
de
las
Determinaciones Finales de la OGPe carecía de
jurisdicción para considerar la solicitud de
Reconsideración
que
sometieron
los
aquí
[peticionarios], penalizando así a los ciudadanos
que quieres hacer valer sus derechos.
la
CC-2018-0303
concedido
9
porque
éstos
no
ostentaban
una
resolución
corporativa para esos fines. Expone además que, conforme a
la jurisprudencia de este Tribunal, IRR Gas y Rancho Dan no
eran parte en el pleito cuando se otorgó el permiso en
cuestión y, por ende, la OGPe no tenía obligación en ley
alguna para notificarles la concesión de éste. Así pues,
T & B arguye que el término para acudir ante la División de
Reconsideración vencía el 9 de enero de 2017 y que, a pesar
de que los peticionarios advinieron en conocimiento del
permiso de construcción el 5 de enero de 2017, no presentaron
la solicitud de reconsideración hasta el 18 de enero de 2017.
Concluye
que
la
División
de
Reconsideración
no
tenía
jurisdicción para atender el recurso presentado y que, según
la normativa de deferencia a las decisiones administrativas,
no se rebatió la presunción de corrección de la determinación
de la OGPe. Por todo lo cual, solicita que este Tribunal
confirme la determinación del Tribunal de Apelaciones.
Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,
este Tribunal correctamente revoca al Tribunal de Apelaciones
y determina que la División de reconsideración de la OGPe
tenía jurisdicción para dejar sin efecto el permiso de
construcción concedido a T & B. Por los fundamentos que
expongo a continuación, estoy conforme con este proceder.
II.
Como cuestión de umbral, conviene destacar que el único
señalamiento de error presentado ante este Foro se limita a
cuestionar
si
la
División
de
reconsideración
tenía
CC-2018-0303
10
jurisdicción para atender la solicitud de reconsideración
presentada por IRR Gas y Rancho Dan.
Para
analizar
esta
controversia
procede,
en
primer
lugar, examinar qué constituye una “parte” y un “interventor”
en el contexto particular del procedimiento de la concesión
de
un
permiso
interpretativa
preciso
en
discutir
y
conforme
dicha
el
nuestra
jurisprudencia
De
otro
lado,
las
doctrinas
materia.
alcance
de
resulta
sobre
la
“notificación adecuada” y la “notificación constructiva” y
el derecho a solicitar reconsideración de una determinación
administrativa.
A.
La Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto
Rico, Ley Núm. 161 de 1 de diciembre de 2009, según enmendada,
23 LPRA sec. 9011 et seq. (Ley Núm. 161-2009) dispone en su
Artículo 18.6 que la Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU),
Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 LPRA sec. 2101
et seq.5
aplicará
evaluación,
el
determinaciones
“a
todos
los
otorgamiento
finales
y
procedimientos
o
la
permisos,
para
denegación
la
de
recomendaciones,
certificaciones, licencias, certificados, [entre otros] . .
. salvo en las instancias que expresamente se disponga lo
La LPAU fue enmendada recientemente por la Ley Núm. 28 del
30 de junio de 2017,3 LPRA secs. 9601 et seq., y ahora se le
conoce como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme
del Gobierno de Puerto Rico”. Sin embargo, al momento de los
hechos del presente caso aún estaba vigente la anterior LPAU
y, por ende, es esa legislación la que aplica a la
controversia ante este Foro.
5
CC-2018-0303
11
contrario o en aquellos casos donde este capítulo resulte
inconsistente con la [LPAU]”. 23 LPRA sec. 9028(e). Esta
directriz
legislativa,
entonces,
nos
remite
a
examinar
primero la LPAU y considerar, supletoriamente, la Ley Núm.
161-2009.
El
alcance
Administrativo
del
está
concepto
contemplado
“parte”
en
el
Derecho
en
Sección
1.3(k),
la
Capítulo I (Disposiciones Generales) de la LPAU, la cual
dispone que una “parte”:
Significa toda persona o agencia autorizada por
ley a quien se dirija específicamente la acción de
una agencia o que sea parte en dicha acción, o que
se le permita intervenir o participar en la misma,
o que haya radicado una petición para la revisión
o cumplimiento de una orden, o que sea designada
como parte en dicho procedimiento.
3 LPRA sec. 2102(k).
Al
interpretar
dicha
disposición,
este
Tribunal
ha
resuelto que una persona natural o jurídica que se encuentre
participando de forma activa en un proceso administrativo y
que interese ser considerada como “parte” -con todo lo que
ello
conlleva
determinación
para
propósitos
administrativa-
de
la
tiene
revisión
la
de
una
obligación
de
presentar una solicitud formal, por escrito y debidamente
fundamentada; es decir, demostrar cómo se verá afectado su
interés legítimo. Véase JP Plaza Santa Isabel v. Cordero
Badillo, 177 DPR 177 (2009). Véase además, Demetrio Fernández
Quiñones,
Derecho
Administrativo
y
Ley
de
Procedimiento
Administrativo Uniforme (Forum, 2013), en las págs. 176-77.
CC-2018-0303
12
Esta solicitud puede llevarse a cabo mediante la figura
del “interventor”. La Sección 1.3(f) de la LPAU define un
“interventor” como “aquella persona que no sea parte original
en cualquier procedimiento adjudicativo que la agencia lleve
a cabo y que haya demostrado su capacidad o interés en el
procedimiento”. 3 LPRA sec. 2102(f). De otro lado, en el
Capítulo
III
(Procedimiento
Adjudicativo)
se
detalla
el
proceso para intervenir en un procedimiento administrativo.
En específico, la Sección 3.5 dispone que, “[c]ualquier
persona que tenga un interés legítimo en un procedimiento
adjudicativo ante una agencia podrá someter una solicitud
por escrito y debidamente fundamentada para que se le permita
intervenir”. 3
LPRA sec. 2155.
Renglón seguido, la ley
menciona una serie de factores que la agencia puede tomar en
consideración para conceder o denegar la solicitud. Id. Véase
además,
Comisión
Ciudadanos
v.
G.P.
Real
Property,
173 DPR 998 (2008). Al momento de evaluar estos criterios,
la agencia por mandato de ley deberá interpretarlos de manera
liberal y puede requerir que se someta evidencia adicional.
3 LPRA sec. 2155.
Aunque toda solicitud de intervención ante la OGPe se
regirá
por
lo
dispuesto
en
LPAU,
la
Ley
Núm.
161-2009
especifica que, además, se debe recurrir a los reglamentos
aplicables a la agencia. En concreto, la ley establece que:
Cualquier persona interesada en ser parte del
proceso de evaluación de determinaciones finales,
permisos,
así
como
cualquier
procedimiento
adjudicativo requerido bajo las disposiciones de
este capítulo deberá presentar una solicitud de
intervención.
El
contenido,
evaluación,
adjudicación y revisión de determinaciones finales
CC-2018-0303
13
sobre solicitudes de intervención se regirá por lo
dispuesto
en
la
Ley
de
Procedimiento
Administrativo Uniforme. Los detalles sobre el
proceso de intervención deberán reflejarse en el
Reglamento Conjunto.
23 LPRA sec. 9035(a).
En
lo
pertinente,
la
Sección
(Procedimiento Adjudicativos: En
6.1.2
Capítulo
VI
general) del Reglamento
Conjunto, vigente al momento de los hechos que originan este
caso, recoge lo mismo que establece la LPAU y la Ley Núm.
161-2009.6 Esta sección dispone que:
Cualquier persona que tenga un interés legítimo en
un procedimiento adjudicativo presentado ante la
OGPe podrá presentar una solicitud de intervención
debidamente fundamentada para que se le permita
intervenir o participar en dicho procedimiento. La
OGPe concederá o denegará la solicitud tomando en
consideración
lo
dispuesto
en
la
Ley
de
Procedimiento Administrativo Uniforme.
Reglamento conjunto, supra, en la pág. 192 (citas omitidas)
(énfasis suplido).
Tras una impugnación judicial, el 21 de diciembre de 2016,
el Tribunal de Apelaciones declaró nulo el Reglamento
Conjunto Núm. 8573. Véase Morales Vargas v. Junta de
Planificación, 2016 WL 8454922. La Junta de Planificación no
recurrió de esta determinación y, en respuesta a ella, el 1
de marzo de 2017, restituyó el anterior reglamento conjunto,
Reglamento Núm. 7951 del 30 de noviembre de 2010, en todo
aquello que no fuera incompatible con la Ley Núm. 161-2009,
según enmendada. Véase Resolución JPI-31-10-2017. Posterior
a esa resolución, el 8 de mayo de 2019, se estableció el
reglamento conjunto de permisos vigente en la actualidad.
Véase Reglamento Núm. 9081 del 8 de mayo de 2019. Ahora bien,
surge de la Resolución que emitió la División de
reconsideración en el presente caso todo su análisis está
basado en el Reglamento Conjunto que posteriormente fue
declararon nulo. Esto, dado que ese era el reglamento vigente
el 19 de diciembre de 2016 al momento de la concesión inicial
del
permiso
de
construcción.
Véase
Resolución
de
reconsideración, Ap. en las págs. 46-47. Por ende, nos
corresponde
atender
las
controversias
ante
nuestra
consideración bajo ese estado de Derecho.
6
CC-2018-0303
14
Además de este Reglamento Conjunto, debemos señalar que
la Regla 6 del Reglamento de procedimientos adjudicativos
permite que “una persona que tenga un interés legítimo en el
procedimiento ante la División de Reconsideración” presente
una
solicitud
de
intervención
debidamente
fundamentada.
Reglamento de procedimientos adjudicativos, supra, en la pág.
12. Al igual que la LPAU, la “División de Reconsideración
podrá conceder o denegar la solicitud, a su discreción”
tomando en consideración ciertos factores allí enumerados.
Id.
Ahora bien, más allá de estas definiciones estatutarias
y reglamentarias, en Claro TV y Junta Regl. Tel. v. One Link,
179 DPR 177 (2010), este Tribunal se expresó en torno a la
aplicación de la figura del interventor en el procedimiento
para la concesión de licencias, franquicias, permisos y
acciones similares contempladas en el Capítulo V de la LPAU.
Sobre este asunto se resolvió que el proceso inicial de la
concesión de permisos no es adjudicativo y, por tanto, en
esa etapa de los procedimientos no aplica el derecho de
intervención. Id. en la pág. 211.
En
Claro
inaplicabilidad
TV
y
del
Junta
Regl.
derecho
a
Tel.
se
intervenir
señaló
en
esta
que
la
etapa
inicial no alteraba las decisiones emitidas anteriormente en
esta materia. A esos efectos, se indicó que una persona
afectada por la determinación de una agencia, ya fuese un
solicitante a quien se
les denegó dicha autorización o
terceros-opositores que interesaran impugnar su concesión,
tenían a su disposición el derecho de intervenir en el
CC-2018-0303
15
proceso de impugnación de una decisión administrativa, San
Antonio Maritime v. Puerto Rico Cement Co., 153 DPR 374
(2001).
Este
derecho
a
intervenir
surge
una
vez
el
procedimiento se torna adjudicativo luego de que la agencia
otorgue o deniegue un permiso, Ranger American v. Loomis
Fargo, 171 DPR 670 (2007). Véase además, Sección 5.4 de la
LPAU, 3 LPRA sec. 2184.
Con esta discusión en mente, conviene evaluar el alcance
del
ordenamiento
requisito
jurídico
constitucional
puertorriqueño
de
la
en
materia
“notificación”
y
del
los
requisitos estatutarios para solicitar reconsideración de
una determinación final en el Derecho Administrativo.
B.
En el ámbito del Derecho Administrativo, el debido
proceso
de
ley
requiere
que
las
agencias
emitan
una
“notificación adecuada” de sus determinaciones finales a
todas las partes involucradas tras concluir un procedimiento
adjudicativo. Véase Gutiérrez Vázquez v. Hernández y otros,
172 DPR 232, 245-46 (2007). Esta “notificación adecuada”
busca salvaguardar el derecho que tiene una parte en este
procedimiento
para
solicitar
una
reconsideración
y/o
revisión judicial, según sea el caso. Véase Molini Gronau v.
Corp. P.R. Dif. Púb., 179 DPR 674 (2010).
En el contexto específico de la concesión de permisos
por
parte
de
la
OGPe,
todas
procedimientos
relacionados
reconsideración
surgen
del
las
con
reglas
los
Reglamento
que
rigen
los
trámites
de
una
de
procedimientos
adjudicativos. La Regla 5B de este Reglamento dispone que el
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16
término para que una parte adversamente afectada por una
determinación
final
de
la
OGPe
pueda
solicitar
reconsideración es de veinte (20) días desde la fecha de
archivo en autos de la copia de la notificación de la
resolución
o
determinación
final.
Reglamento
de
procedimientos adjudicativos, supra, en la pág. 5.7
Como se desprende de este reglamento, para que el
término de veinte (20) días aplique deben concurrir ciertos
elementos: (1) ser una “parte” adversamente afectada (2) por
una
determinación
final,
(3)
de
la
cual
recibió
una
notificación. La concurrencia de estos elementos levanta
ciertas interrogantes que inciden en la resolución de la
presente controversia. En primer lugar, ¿quién tiene derecho
a la notificación? Según la LPAU, tendrán derecho a la
notificación
de
órdenes
y/o
resoluciones
finales
“sus
abogados, de tenerlos, la orden o resolución a la brevedad
posible [y que] [u]na parte no podrá ser requerida a cumplir
con una orden final a menos que dicha parte haya sido
notificada de la misma”. 3 LPRA sec. 2164. Asimismo, la
Ley Núm.
161-2009
-específicamente-
dispone
que
“[l]a
Oficina de Gerencia de Permisos . . . notificará[] copia de
toda determinación final, en cumplimiento con los reglamentos
aplicables”. 23 LPRA sec. 9018. En atención a esto, la Regla
7.15 del Reglamento Conjunto dispone que “[l]a determinación
Este término -por disposición reglamentaria expresa- no es
de índole jurisdiccional, ya que la Regla 5A establece que,
“la solicitud de reconsideración no es jurisdiccional [y]
[s]u oportuna presentación interrumpe el término para acudir
en revisión judicial”. Id.
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final que tome OGPe con relación al caso será notificada a
las
partes
en
el
término
establecido
[y]
[l]as
determinaciones finales expedidas por la OGPe entrarán en
vigor a partir de la fecha en que se certifique que se expidió
su notificación, salvo disposición expresa en contrario”.
Reglamento Conjunto, supra, en las págs. 208-209.
De
otro
lado,
en
el
contexto
de
la
concesión
de
permisos, ¿qué se considera una “determinación final”? De
entrada, resaltamos que cuando los reglamentos en cuestión
aluden al concepto de “determinación final” no se hace
distinción alguna entre orden, resolución final o permiso.
Es
decir,
la
OGPe,
para
todos
los
efectos,
emite
una
“determinación final” cada vez que decide conceder o denegar
un permiso. Específicamente, así surge del Reglamento de
procedimientos
“determinación
adjudicativos,
final”
como
el
una
cual
define
“Actuación,
una
Resolución,
Informe o Documento que contiene un acuerdo o
decisión
emitida . . . [y] adjudicando de manera definitiva algún
asunto ante su consideración o cualquier otra determinación
similar
o
análoga
que
Conjunto”.
Regla
4B,
se
establezca
Reglamento
en
de
el
Reglamento
procedimientos
adjudicativos, supra, en la pág. 1. Asimismo, esta regla
dispone que la determinación “se convertirá en un permiso
final
y
firme
una
vez
hayan
transcurrido
los
términos
correspondientes para su revisión”. Id. Véase además, 23 LPRA
sec. 9011(21).
En resumen, como norma general, en el proceso de la
concesión de permisos emitidos por la OGPe se cumple con el
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derecho de una “notificación adecuada”, cuando se le notifica
a las “partes” de una determinación final (orden, resolución
final o permiso) y éstas advendrán finales y firmes una vez
haya transcurrido el término de veinte (20) días para acudir
en revisión. Como excepción limitada al incumplimiento de
esta norma en un procedimiento adjudicativo administrativo,
este Tribunal desarrolló la doctrina de la “notificación
constructiva” o el “conocimiento constructivo”. Véase Asoc.
Residentes v. Montebello Dev. Corp., 138 DPR 412 (1995). Esta
norma se activa cuando una persona, natural o jurídica, a
pesar de no haber recibido la notificación, pudo o debió
conocer la existencia de un hecho o evento en virtud de
determinadas
circunstancias
que
permiten
hacer
una
inferencia de manera razonable.
En Montebello Dev. Corp, ARPE había notificado mediante
resolución,
la
aprobación
de
un
plano
de
desarrollo
preliminar para un proyecto de urbanización residencial.
En la resolución, la agencia consignó que cualquier parte
adversamente
afectada
podría
presentar
una
moción
de
reconsideración dentro del término de veinte (20) días.
No obstante,
treinta
notificación
de
y
dicha
ocho
(38)
días
determinación,
la
después
de
la
Asociación
de
Residentes de la urbanización afectada solicitó intervenir
en el proceso ante la ARPE, y en la alternativa, que se
reconsiderara la aprobación del plano, ya que no se les había
notificado de la misma. Luego de varios trámites procesales,
aunque la ARPE no estableció si en efecto la resolución había
sido notificada formalmente a la Asociación de Residentes,
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19
la agencia concluyó que dicha asociación tuvo conocimiento
específico de ella con tiempo suficiente para solicitar
reconsideración, por lo que la notificación formal no era
necesaria. El Tribunal Superior confirmó la determinación de
la agencia.
Este Tribunal -al evaluar la controversia relacionada
con la necesidad de que hubiese una notificación formalresolvió que el término de veinte (20) días para solicitar
reconsideración aplicaba sólo a aquellos que eran partes
formalmente del procedimiento administrativo. Dado que la
Asociación de Residentes nunca lo fue, el término de veinte
(20)
días
no
le
era
oponible
y
tampoco
bastaba
la
“notificación constructiva” para que comenzara a trascurrir
el referido término. Al discutir esta norma, este Tribunal
sostuvo
que:
“[c]omo
método
alterno,
la
notificación
constructiva, incluso por inferencias, es de excepción; se
justifica
en
circunstancias
peculiares
ausentes
en
este
caso”. Montebello Dev. Corp, 138 DPR en la pág. 421. Así
pues, se concluyó que no se puede “permitir que un eslabón
de tanta envergadura en el debido proceso de ley tome o
adopte una configuración laxa basada en una mera conclusión
especulativa de que se tenía conocimiento de la decisión
administrativa”. Id. En atención a ello, se determinó que la
Asociación de Residente no tenía que cumplir con el término
de
veinte
(20)
días
porque
no
se
le
había
notificado
formalmente la resolución y tampoco era de aplicación la
doctrina de la “notificación constructiva”. Así, le ordenó a
la ARPE que permitiera la intervención de la Asociación de
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Residentes
20
y,
previa
vista
evidenciaria,
adjudicara
en
reconsideración sus reclamos.
III.
En el presente caso, IRR Gas y Rancho Dan presentaron
su solicitud de intervención el 16 de diciembre de 2016,
previo a que la OGPe emitiera una determinación final en
torno al permiso de construcción solicitado por T & B.
Conforme a la decisión que este Tribunal emitió en Claro TV
y Junta Regl. Tel., la OGPe debió denegar dicha solicitud de
intervención porque en la etapa inicial de la concesión de
licencias, permisos y franquicias no existe un derecho a
intervenir.8 El Reglamento Conjunto de la OGPe permite, de
forma general, el derecho a intervenir, pero claramente
dispone que sólo está disponible para los procedimientos
adjudicativos ante la OGPe. Véase Reglamento conjunto, supra,
en la pág. 192. Por ende, al momento en que se concedió el
permiso de construcción a favor de T & B, IRR Gas y Rancho
Dan no eran, ni
podían
ser, “partes” del procedimiento
administrativo.
No obstante, desde 19 de diciembre de 2016, cuando
efectivamente se concedió el permiso en cuestión, la decisión
de
Claro
TV
y
Junta
Regl.
Tel.
dejó
de
gobernar
la
Aprovechamos esta discusión para señalar que, según surge
del expediente, ni los foros recurridos ni las partes en el
presente caso -en ningún momento- citaron o invocaron en sus
dictámenes o alegatos, respectivamente, la decisión de Claro
TV y Junta Regl. Tel. v. One Link, 179 DPR 177 (2010). En el
presente caso, una de las controversias medulares está
atendida directamente por lo resuelto en esa Opinión. Resulta
altamente preocupante que la decisión de Claro TV y Junta
Regl. Tel. no haya sido discutida en los escritos presentados
ante los foros recurridos.
8
CC-2018-0303
21
controversia entre las partes. A partir de ese momento,
aplicaba lo resuelto en Ranger American v. Loomis Fargo,
171 DPR 670 (2007) y San Antonio Maritime v. Puerto Rico
Cement Co., 153 DPR 374 (2001). Estas decisiones establecen
que, luego de la concesión de un permiso, cualquier persona,
aunque no haya sido “parte” en la etapa inicial, puede
impugnar una determinación administrativa.
En este caso, IRR Gas y Rancho Dan no presentaron
propiamente un recurso de impugnación para cuestionar la
determinación de la OGPe, sino que utilizaron el mecanismo
de
reconsideración
provisto
en
el
Reglamento
de
procedimientos adjudicativos. Al así proceder, descansaron
en el hecho de que habían solicitado la intervención en los
procedimientos
previo
a
la
determinación
final,
cuya
reconsideración ahora solicitaban. Este curso de acción es
comparable, para todos los efectos, al proceso de impugnación
que
constituye
un
procedimiento
adjudicativo
y
que
fue
desarrollado jurisprudencialmente en Ranger American y San
Antonio Maritime y avalado posteriormente en Claro TV y Junta
Regl. Tel.
Por lo tanto, el 2 de febrero de 2017, cuando la División
de reconsideración acogió la solicitud de reconsideración
presentada por los peticionarios se activó un procedimiento
adjudicativo administrativo, equivalente a aquél que hubiese
implicado un proceso de impugnación. Ello, porque el permiso
de construcción ya se había sido concedido para esa fecha.
Dado que esta concesión impartió un carácter adjudicativo a
los procedimientos, entonces ya estaba disponible el derecho
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a intervenir. Así pues, en el procedimiento adjudicativo de
la
División
de
reconsideración,
la
OGPe
permitió
la
intervención de IRR Gas y Rancho Dan, luego de evaluar y
constatar el interés legítimo de las partes. Desde esta
fecha, los peticionarios son “partes”, con todo lo que eso
conlleva, de los procesos administrativos ante la División
de reconsideración. Esto sucedió luego de que la propia
División de reconsideración hubiese celebrado dos vistas
distintas para atender los recursos ante su consideración y
en las cuales, según surge del tracto procesal, IRR Gas y
Rancho Dan reiteraron que la OGPe aún no había resuelto su
solicitud de intervención.
Es decir, procesalmente, la División de reconsideración
se aseguró de que los peticionarios se convirtieran en
“partes” formales en el procedimiento, vía la figura del
interventor, antes de disponer en los méritos de la solicitud
de
reconsideración.
En
atención
al
carácter
flexible
e
informal de los procedimientos administrativos y, a tenor
con la doctrina de deferencia que éstos merecen, debemos
respetar
la
actuación
-razonable,
no
arbitraria
ni
caprichosa- llevada a cabo por parte de la OGPe y la División
de reconsideración. Véase Álamo Romero v. Adm. de Corrección,
175 DPR 314, 329 (2009); Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR
66, 91 (2006).
Por otro lado, relacionado con el cómputo del término
de veinte (20) días para acudir en reconsideración, aplica
lo resuelto por este Tribunal en Montebello Dev. Corp. Según
esta decisión, si previo al 18 de abril de 2017 IRR Gas y
CC-2018-0303
Rancho
Dan
23
no
eran
“partes”
en
el
procedimiento
administrativo, pues entonces éstos no tenían derecho a una
“notificación adecuada” del permiso de construcción como
tampoco les podía ser oponible el término de veinte (20) días
para presentar una reconsideración de la determinación final
de la OGPe. No podemos utilizar como punto de partida la
fecha del 5 de enero de 2017 -momento en que IRR Gas advino
en conocimiento de la concesión del permiso de construcciónpara computar el término de veinte (20) días porque en esa
fecha no hubo una notificación propiamente por parte de
ningún foro administrativo ni judicial. Al igual que en
Montebello
Dev.
Corp.,
aplicar
la
doctrina
de
la
“notificación constructiva” a los hechos del presente caso
sería una burla a ese “eslabón de tanta envergadura” que
supone
el
debido
proceso
de
ley
en
los
procedimientos
adjudicativos administrativos.
Así pues, aunque los peticionarios en este caso no
fueron ni podían ser “partes”
inicial
del
permiso
reconsideración
-al
de
formales en la
construcción,
permitir
primero
concesión
la
División
de
la
intervención-
efectivamente tenía jurisdicción para resolver la solicitud
de reconsideración presentada por IRR Gas y Rancho Dan.
IV.
Por todo lo cual, erró el Tribunal de Apelaciones al
revocar la determinación de la División de reconsideración
bajo el fundamento de falta de jurisdicción por parte de ese
organismo administrativo. Por tal razón, lo procedente en
derecho es reinstalar en su totalidad la determinación de la
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División de reconsideración de la OGPe, por
ésta haber
actuado con jurisdicción al dejar sin efecto el permiso de
construcción concedido a T & B.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada