Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Enmiendas al Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio de Puerto Rico
2020 TSPR 9
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Enmiendas al Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio de Puerto Rico
ER-2020-01
Resolución del Tribunal
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2020 TSPR 09
Enmiendas al Reglamento para la
Asignación de Abogados y Abogadas
de Oficio de Puerto Rico
Número del Caso:
Fecha:
Materia:
203 DPR _____
ER-2020-01
5 de febrero de 2020
Resolución del Tribunal
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal.
Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Enmiendas al Reglamento para
la Asignación de Abogados y
Abogadas de Oficio de Puerto
Rico
ER-2020-01
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 5 de febrero de 2020.
En virtud de la facultad de este Tribunal para
reglamentar la profesión de la abogacía en Puerto Rico
y conforme a nuestra autoridad para establecer los
procedimientos necesarios para facilitar la sana
administración de la justicia, se resuelve adoptar las
siguientes enmiendas al Reglamento para la Asignación
de Abogados y Abogadas de Oficio de Puerto Rico
(Reglamento), 201 DPR 261 (2018), según enmendado:
Regla 2. Propósito e interpretación
.
.
.
.
.
.
.
Nada de lo dispuesto en estas reglas
limita la discreción del tribunal de
ordenar la asignación de oficio de un
abogado o de una abogada para que represente
a una persona indigente en un procedimiento
judicial no reconocido de forma expresa por
este Reglamento si, a juicio del tribunal,
dicha
asignación
promueve
la
sana
administración del sistema judicial y la
equidad procesal entre las partes, como
corolario al imperativo del acceso a la
justicia,
conforme
a
los
parámetros
establecidos en este Reglamento.
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Regla 4. Definiciones
.
.
.
.
.
.
.
.
(q) Indigencia – Estado de insolvencia económica
determinado en conformidad con los estándares
establecidos por la Oficina de Administración de los
Tribunales a base del proceso dispuesto en este
Reglamento o por una entidad sin fines de lucro que
ofrece servicios legales a personas de escasos
recursos económicos, tales como la Sociedad para
Asistencia Legal de Puerto Rico, Pro-Bono, Inc.,
Servicios Legales de Puerto Rico, Inc., la Oficina
Legal de la Comunidad, Inc. u otras entidades
análogas. Se presumirá que una persona cualifica
como indigente si recibe asistencias gubernamentales
por razón de sus ingresos, tales como asistencia
nutricional, beneficios de vivienda subsidiada u
otras análogas.
.
.
.
.
.
.
.
.
(v) Necesidades fundamentales del ser humano – Se
refiere
a
los
procedimientos
judiciales
de
naturaleza civil dispuestos en este Reglamento en
que estén implicados asuntos sobre vivienda,
sustento, salud, seguridad y los derechos de los
padres y las madres sobre sus hijos e hijas menores
de edad, tales como patria potestad, custodia,
filiación, relaciones materno- y paterno-filiales,
en conformidad con los parámetros emitidos incluidas
aquellas que se puedan establecer mediante directriz
por la Oficina de Administración de los Tribunales.
(w) Pro bono – Aquellos servicios legales que se
ofrecen gratuitamente y sin la expectativa de
recibir compensación a personas o comunidades de
escasos recursos económicos, o a personas jurídicas
con limitados recursos para sufragar honorarios y
cuya misión primordial es proveer servicios que
benefician directamente a personas en estado de
insolvencia económica según se determina en el
inciso (q) de esta regla. Las horas pro bono serán
acreditadas por las entidades u organizaciones
autorizadas, o mediante resolución del tribunal,
cuando se brinde servicio de asesoramiento, a tenor
con la Regla 5(de), o de representación voluntaria
pro bono, según dispuesto en la Regla 10(b) de este
Reglamento. Cuando se trate de una asignación de
oficio, las primeras treinta (30) horas ofrecidas en
la
representación
de
personas
indigentes
se
reputarán como horas de oficio pro bono, en
cumplimiento del deber ético de ofrecer servicios
legales a personas de escasos recursos económicos.
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.
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.
Regla 5. Alcance del
judiciales aplicables
(a)
.
.
Reglamento;
.
.
procedimientos
[…]
(b) Procedimientos de naturaleza civil. Este
Reglamento aplicará a los procedimientos judiciales
de naturaleza civil en los cuales se haya reconocido
el
derecho
a
la
asistencia
asignación
de
representación legal abogado o abogada de a una
persona natural, así como a aquellos en los que estén
implicadas las necesidades fundamentales del ser
humano, según se define en este Reglamento los cuales
incluyen, entre otros que se puedan establecer
mediante directriz por la Oficina de Administración
de los Tribunales, los siguientes:
(1) Sección 11 de la Ley de la Administración de
Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, Ley
Núm. 67-1993, según enmendada, 3 LPRA sec. 402j;
(2) Artículos 3.06, 4.19 y 8.22 de la Ley de Salud
Mental de Puerto Rico, Ley Núm. 408-2000, según
enmendada, 24 LPRA secs. 6154e, 6155r y 6159u;
(3) Artículos 4 y 21 de la Carta de Derechos y la
Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos
Mayores, Ley Núm. 121-2019.
(4) Artículo 3 de la Carta de Derechos de las
Víctimas y Testigos de Delito, Ley Núm. 22-1988,
según enmendada, 25 LPRA sec. 973b;
(5) Artículo 5 de la Carta de Derechos de las
Personas Viviendo con VIH, Ley Núm. 248-2018, 1 LPRA
sec. 528d;
(6) Designación de incapacidad y nombramiento de
tutor, sujeto a la inexistencia de bienes que denoten
falta de indigencia;
(7) Desahucio, cuando la parte demandada es
inquilina que recibe beneficios públicos bajo
programas de vivienda pública u otros análogos;
(8)
Desahucio en precario;
(9)
Ejecución de hipoteca;
(10) Habeas corpus;
(11) Privación de patria potestad, o
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(12) Remoción o entrega voluntaria de menores.
(c) Discreción del tribunal. De forma excepcional,
este
Reglamento
también
aplicará,
a
los
procedimientos judiciales no reconocidos de forma
expresa en los incisos (a) y (b) de esta regla cuando
el tribunal considere que ordenar la asignación de
oficio promueve la sana administración del sistema
judicial y la equidad procesal entre las partes, en
aras de garantizar el acceso a la justicia, conforme
a los parámetros establecidos en este Reglamento.
Antes de proceder con la asignación de un abogado o
una abogada de oficio al amparo de este inciso, el
tribunal considerará los factores establecidos en el
inciso (d) de esta Regla y queda facultado para
requerirá a la parte indigente que demuestre las
gestiones realizadas para obtener la representación
legal de entidades que ofrecen servicios legales
gratuitos y que tales servicios fueron denegados. La
asignación
de
oficio
no
se
extenderá
a
procedimientos judiciales en los que el abogado o la
abogada
pueda
recibir
compensación
mediante
honorarios contingentes o de alguna otra manera.
En la eventualidad de que el tribunal considere
asignar un abogado o una abogada de oficio para
fungir como defensor o defensora judicial de una
persona menor de edad en un procedimiento judicial,
primero deberá asegurarse de agotar el orden de
preferencia para el nombramiento establecido en el
Artículo 160 del Código Civil, 31 LPRA sec. 617, lo
que consignará mediante orden judicial.
La
asignación de un abogado o una abogada de oficio como
defensor o defensora judicial quedará sujeta a la
determinación
de
indigencia.
Para
esta
determinación, el tribunal evaluará la solvencia
económica de la persona menor de edad, así como la
de sus padres y madres o personas custodias para
sufragar los honorarios de una representación legal
privada que realice la función de defensor(a)
judicial. Además, sopesará los factores establecidos
en el inciso (d) de esta Regla, según apliquen.
(d) Factores aplicables a las asignaciones en
procedimientos de naturaleza civil. Previo a la
asignación de un abogado o una abogada de oficio en
un procedimiento judicial de naturaleza civil, el
tribunal sopesará los factores siguientes:
(1) la capacidad de la persona indigente para
representarse a sí misma de manera adecuada en el
caso;
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(2) la renuncia voluntaria de la persona indigente
a ejercer su autorrepresentación;
(3) la inhabilidad de la persona indigente para
obtener representación legal por otros medios, para
lo cual acreditará al tribunal las gestiones
realizadas para procurar dicha representación;
(4) la naturaleza y complejidad de la controversia
a adjudicarse, tanto legal como fáctica, incluyendo
la necesidad de realizar una investigación de los
hechos en controversia;
(5) la viabilidad de una pronta disposición del
asunto sin necesidad de asistencia de un abogado o
una abogada para la persona indigente;
(6) el potencial mérito de las reclamaciones según
surge de las alegaciones, para lo cual se podrá
considerar
si
la
acción
ha
sido
presentada
previamente;
(7) la etapa procesal en la que se encuentre el caso
y el efecto que la asignación de oficio tendrá en su
administración;
(8) la probabilidad de que la asignación de oficio
acorte el término del procedimiento judicial y asista
en una justa determinación.
(9) si la asignación de oficio promueve los
intereses de la justicia y el interés público; y
(10) cualquier otro factor que el tribunal exprese
que resulta apropiado conforme a las circunstancias
particulares del caso en el balance de los factores
antes enumerados.
(de) […]
Regla 6. Alcance del Reglamento; personas indigentes
.
.
.
.
.
.
.
.
De igual forma, demostrada la indigencia y
mientras esta subsista, a su discreción, el tribunal
podrá asignar un abogado o una abogada de oficio a
una parte promovida en un procedimiento judicial de
naturaleza civil, sin que para ello sea necesario un
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referido inicial a una entidad que ofrece servicios
legales gratuitos.
Cuando la persona indigente sea la parte o
promovente de una acción civil en la que están en
controversia las necesidades fundamentales del ser
humano, el tribunal también podrá asignar un abogado
o una abogada de oficio conforme a los parámetros
establecidos en este Reglamento. No obstante, antes
de esta asignación, la persona indigente deberá
demostrar al tribunal las diligencias realizadas
para
obtener
representación
legal
de
alguna
entidades que ofrecen servicios legales gratuitos en
procedimientos de naturaleza civil y que el servicio
fue denegado.
.
.
.
.
.
.
.
.
Regla 7. Alcance del Reglamento; banco de abogados
y abogadas de oficio
[…]
(a)
(b)
.
.
Causa de exclusión. […]
Causa de exención. […]
(1) […]
(2) […]
(3) […]
(4) que ocupa un puesto a tiempo completo
como empleado o empleada en el servicio
público, que no se trate de un cargo
público mediante nombramiento a término y
que por disposición legal no puede ejercer
la práctica privada de la profesión, salvo
que la ejerza sin percibir honorarios para
facilitar el acceso a servicios legales
adecuados a personas que no pueden
pagarlos;
(5) […]
(6) […]
.
.
.
.
.
.
Regla 8. Proceso de determinación de indigencia,
selección de representación de oficio y notificación
de la orden de asignación; deberes del tribunal
(a)
Cuándo
procede
la
determinación
de
indigencia. Se requerirá una determinación de
indigencia para que proceda una asignación de oficio
por parte del tribunal al amparo de las disposiciones
de este Reglamento.
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En todo procedimiento de naturaleza civil a
tenor con este Reglamento, será deber del tribunal
evaluar la capacidad económica de una persona que
comparezca
sin
abogado
o
abogada
alegando
indigencia, salvo que la persona cuente con una
determinación de estado de insolvencia emitida por
una entidad sin fines de lucro que ofrece servicios
legales gratuitos o afirme su interés en continuar
con el proceso por derecho propio. Si la persona no
reúne los criterios para recibir los servicios de
estas entidades sin fines de lucro por razón de
solvencia económica, podrá solicitar al tribunal que
realice
una
determinación
de
indigencia
independiente para la asignación de representación
de oficio. Esta La determinación de indigencia del
tribunal deberá descansar en los estándares de
indigencia
establecidos
por
la
Oficina
de
Administración de los Tribunales, y así constará en
su resolución.
[…]
(b) Procedimiento para la determinación de
indigencia. Cuando corresponda al tribunal Al
realizar la determinación de indigencia, el tribunal
deberá requerirle a la persona que reclama la
representación
legal
de
oficio
que
presente
evidencia jurada, so pena de perjurio, de su estado
de insolvencia y su imposibilidad de obtener los
recursos económicos para pagar los servicios de un
abogado o de una abogada. Además, podrá le requerirle
requerirá la información exigida bajo los estándares
de indigencia establecidos por la Oficina de
Administración de los Tribunales, así como cualquier
otra evidencia que el tribunal considere necesaria
para determinar la indigencia y constatar la
veracidad de lo declarado, incluida la cualificación
de indigencia que haya realizado una entidad que
ofrece servicios legales gratuitos a personas de
escasos recursos económicos, cuando aplique.
[…]
(c) Selección de la representación legal de
oficio.
Determinada la indigencia de la persona
conforme a este Reglamento, y tras considerar los
incisos (a) y (b) factores dispuestos en la Regla
5(d)
para
los
procedimientos
judiciales
de
naturaleza civil de esta regla, el tribunal
realizará la asignación de representación legal de
oficio a través del Módulo de Asignaciones de Oficio,
seleccionando al abogado o la abogada cuyo nombre
esté próximo en turno en el banco de abogados y
abogadas de oficio. Sin embargo, no podrá asignar
ningún abogado o ninguna abogada que haya cumplido
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con el número de horas requeridas por la Regla 11
hasta tanto se haya agotado el banco de abogados y
abogadas
de
oficio
en
la
zona
judicial
correspondiente.
El Módulo de Asignaciones de Oficio dividirá el
universo de profesionales del Derecho disponibles
para recibir asignaciones de oficio por orden de
antigüedad y en zonas judiciales. Al agotarse este
banco en la zona judicial aplicable, se comenzará
nuevamente con el primer abogado o la primera abogada
en turno, conforme sugiera el Módulo de Asignaciones
de
Oficio,
y
así,
sucesivamente,
según
sea
necesario. No obstante, se faculta a la Oficina de
Administración de los Tribunales a emitir las
directrices necesarias para viabilizar que abogados
y abogadas soliciten voluntariamente figurar en los
primeros turnos del banco de abogados y abogadas de
oficio, sin sujeción al orden de antigüedad.
En
tales casos, la compensación por honorarios se
proveerá luego de acumular un mínimo de quince (15)
horas de representación legal de oficio.
(d) […]
(e) […]
(f) […]
(g) […]
(h) […]
(i) Prohibición
de
Evaluación
sobre
fraccionamiento en la representación legal. El
tribunal
desalentará
la
representación
legal
fraccionada por etapas.
Cuando
una
persona
que
cuenta
con
representación legal privada en determinado proceso
de naturaleza civil o penal alega ser indigente, el
tribunal deberá evaluará si procede reconocer la
continuidad de su representación legal como una
asignación de oficio bajo conforme a los parámetros
establecidos en este Reglamento, luego de emitida la
determinación de indigencia. A quien se asigne de
oficio al amparo de este inciso le aplicarán los
beneficios y deberes que establece este Reglamento
a partir de la orden de asignación que regula la
Regla 8(f).
Por otro lado, cuando el tribunal determine que
una parte que recibió el beneficio de una asignación
de oficio ya no reúne los criterios de indigencia,
podrá ordenar que la persona y su representante legal
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intenten de buena fe llegar a un acuerdo respecto a
los honorarios por devengarse a partir de la
determinación del tribunal. Si no se lograra un
acuerdo, el tribunal deberá relevar al abogado o a
la abogada de la representación legal por justa causa
y permitir que la parte continúe el procedimiento
por derecho propio, o concederle un periodo
razonable para que comparezca con una representación
legal privada.
(j) Asignación de un abogado o una abogada
auxiliar.
El tribunal podrá asignar un abogado o
una abogada auxiliar para que asista al abogado o a
la abogada de oficio cuando la complejidad del caso
lo amerite o cuando sea necesario para una adecuada
representación
en
etapas
apelativas.
Ambas
asignaciones
estarán
sujetas
a
las
normas
establecidas en este Reglamento, según aplique.
Cuando promueva la sana administración del sistema
judicial o la equidad procesal entre las partes, el
tribunal podrá asignar uno o más abogados o abogadas
auxiliares en un mismo procedimiento judicial
[…]
(k)
[…]
Regla 9. Proceso de determinación de indigencia,
selección de representación de oficio y notificación
de la orden de asignación; deberes del abogado o de
la abogada
(a) […]
(b) […]
(c) Duración de la asignación de oficio. El
abogado o la abogada prestará sus servicios a la
persona indigente durante todo el procedimiento
judicial de forma diligente y competente. La
asignación de oficio iniciará desde que recibe la
notificación de asignación. En los procedimientos de
naturaleza penal, la asignación de oficio se
extenderá hasta completadas la etapa apelativa ante
el Tribunal de Apelaciones de una determinación
final del Tribunal de Primera Instancia. En los
procedimientos de naturaleza civil, no se requerirá
que el abogado o la abogada de oficio continúe la
representación cuando la persona desee apelar una
determinación
final
del
Tribunal
de
Primera
Instancia.
Cuando la persona indigente sea la parte
apelada
o
recurrida
en
un
procedimiento
de
naturaleza penal ante el Tribunal Supremo, será
deber del abogado o de la abogada de oficio presentar
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el escrito correspondiente. En ambas instancias, no
se considerará una causa justificada para solicitar
el relevo de representación legal que el abogado o
la abogada de oficio estime que no existen razones
meritorias para presentar un recurso o escrito,
salvo que cuente con el consentimiento de su cliente
para solicitar la renuncia.
Si la persona indigente desea recurrir de la
determinación final del Tribunal de Apelaciones en
un procedimiento de naturaleza penal, el abogado o
la abogada podrá presentar un recurso ante el
Tribunal
Supremo
conforme
dicte
su
juicio
profesional. Si optara por no presentarlo, lo
notificará oportunamente a su cliente. Además, le
informará sobre el procedimiento aplicable a la
presentación del recurso ante el Tribunal Supremo y,
en
cumplimiento
con
el
ordenamiento
ético
profesional
vigente,
tomará
aquellas
medidas
razonables que eviten perjuicio a los derechos de su
cliente, incluyendo la entrega del expediente.
[…]
(d) Deber continuo de informar cambios en el
estado de indigencia.
Si hubiera un cambio en el
estado de indigencia de su cliente, será deber de
todo abogado y de toda abogada de oficio informarlo
al tribunal tan pronto advenga en conocimiento. El
tribunal deberá corroborar si, ante el estado de
solvencia sobrevenida alegado por el abogado o la
abogada, la persona indigente dejó de ser acreedora
de una representación legal de oficio. Determinada
la solvencia económica por parte del tribunal,
cesarán los derechos conferidos a la persona y a su
representante legal en virtud de este Reglamento. No
obstante, el abogado o la abogada no quedará relevado
o relevada de la representación legal, salvo que
demuestre justa causa conforme la Regla 8(i) y el
tribunal conceda el relevo
(e)
Deber de contabilizar todas las horas
prestadas de oficio y detalle de los gastos
susceptibles de rembolso. Todo abogado o toda
abogada que interese recibir compensación por sus
servicios de oficio y el rembolso de los gastos
razonables al amparo de este Reglamento, cuando
estos apliquen, deberá mantener un detalle de las
tareas realizadas, las horas trabajadas en el caso
asignado, los gastos incurridos y un desglose con
información sobre las fechas de viajes en automóvil
por gestiones relacionadas con la investigación del
caso, el propósito y el número de millas recorridas.
Al momento de presentar la solicitud de pago de
honorarios y rembolso de gastos razonables, deberá
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utilizar el formulario diseñado y aprobado por la
Oficina de Administración de los Tribunales para
esos fines. Además, deberá conservar los recibos y
las facturas de los gastos susceptibles a rembolso,
copia de los cuales se acompañarán a la solicitud de
rembolso de gastos razonables en conformidad con la
Regla 16 de este Reglamento. El abogado o la abogada
de oficio deberá conservar los recibos y facturas
originales por un periodo de seis (6) años, los
cuales podrán resguardarse de manera digital. Los
recibos
y
las
facturas
originales
deberán
presentarse cuando el tribunal o el Director
Administrativo o la Directora Administrativa de los
Tribunales
los
soliciten
como
parte
de
los
documentos necesarios para conceder el rembolso.
Regla
12.
Honorarios
por
representación legal de oficio
.
.
.
.
.
el
servicio
.
.
de
.
El abogado o la abogada de oficio no podrá
acordar, aceptar, recibir o solicitar de la persona
indigente o alguna otra persona natural o jurídica
honorarios por sus servicios de oficio o pagos por
gastos de litigio. La persona indigente asumirá
total o parcialmente el costo de cualquier gasto del
litigio en la medida en que sus circunstancias
económicas lo permitan.
Aunque ello no le será
requerido, un abogado o una abogada de oficio podrá
adelantar parte o la totalidad del pago de dichos
gastos.
Regla 13. Certificación de horas trabajadas por una
asignación de oficio
Será deber del abogado o de la abogada de oficio
solicitar la certificación de las horas trabajadas
de oficio no más tarde de quince (15) diez (10) días
desde la culminación de un procedimiento en el
tribunal ante el cual del mes siguiente al que prestó
el servicio. La petición será juramentada por el
abogado o la abogada y desglosará todas las gestiones
de oficio realizadas en el caso, con el detalle del
número de horas trabajadas en el tribunal, fuera de
este foro o en una etapa apelativa y la fecha de
cada gestión.
.
.
.
.
.
.
.
.
Evaluada la razonabilidad de la solicitud al
amparo de estos criterios, el tribunal ante el cual
se prestó el servicio podrá aprobar, ajustar, o
denegar las horas reclamadas, expresando en una
resolución los fundamentos sobre los cuales descansa
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su determinación, dentro de los quince (15) cinco
(5) días de recibida la solicitud. En la misma
resolución, el tribunal certificará las horas
trabajadas de oficio, cuando correspondan, y la
fecha en que el tribunal asignó el caso de oficio.
La resolución certificando las horas trabajadas se
notificará al abogado o la abogada que presentó la
solicitud.
.
.
Regla 14.
.
.
.
.
.
.
Procedimiento para solicitar honorarios
La solicitud para el pago de honorarios de
oficio deberá presentarse ante el Juez Administrador
o la Jueza Administradora o ante el Tribunal Supremo,
según aplique, en un término improrrogable no mayor
de cuarenta y cinco (45) días desde que concluya cada
año fiscal no más tarde de veinte (20) días del mes
siguiente al que prestó el servicio. No obstante,
se rechazará de plano cualquier solicitud para el
pago de honorarios de oficio presentada luego de
transcurridos treinta (30) días desde que concluya
el año fiscal en el que se prestó el servicio. Cuando
se
acumulen
horas
compensables
durante
la
representación de oficio asumida en procedimientos
judiciales
celebrados
en
distintas
regiones
judiciales de una misma zona judicial, el abogado o
la abogada presentará la solicitud para pago de
honorarios de oficio en la región judicial donde se
asignó el procedimiento judicial activo de mayor
antigüedad. Si el procedimiento judicial culmina
antes de que finalice un año fiscal, el abogado o la
abogada deberá presentar la solicitud ante el Juez
Administrador o la Jueza Administradora de esa
región judicial no más tarde de cuarenta y cinco (45)
días contados a partir de la notificación de la
determinación
del
tribunal
que
dispuso
del
procedimiento.
.
.
Regla 15.
.
.
.
.
.
.
Gastos razonables
Derecho a solicitar el rembolso de gastos
razonables. El En aquellas instancias en las que el
abogado o la abogada que el tribunal asigna de oficio
tendrá derecho a recibir del Estado el rembolso de
los
opte
por
incurrir
en
gastos
razonables
incurridos en la representación legal de la persona
indigente, tendrá derecho a recibir del Estado el
rembolso. Los gastos sujetos a rembolso podrán
reclamarse al tribunal, aun en los casos en que el
abogado o la abogada no haya completado las treinta
(a)
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(30) horas de servicio pro bono requeridas en la
Regla 11.
.
.
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.
.
.
.
.
(d) Autorización de pago directo a proveedores
o proveedoras de servicios en circunstancias
excepcionales.
El abogado o la abogada de oficio
que no cuente con los recursos económicos para
sufragar un gasto razonable de forma anticipada y,
como consecuencia, los derechos de su cliente puedan
verse
sustancialmente
afectados,
deberá
podrá
presentar una solicitud al tribunal para que, por
vía de excepción, se autorice el pago directo a un
proveedor del servicio correspondiente.
En su
petición, el abogado o la abogada de oficio
demostrará el perjuicio que confrontará la persona
indigente de no autorizarse el gasto y que este
resulta
indispensable
para
la
efectiva
representación legal. Será necesario incluir como
anejo copia de la cotización del servicio solicitado
u otro documento análogo.
.
.
.
.
.
.
.
.
Regla 16. Procedimiento para solicitar el rembolso
de gastos adelantados por un abogado o una abogada
de oficio
La Cuando un abogado o una abogada de oficio
opte por adelantar el pago de los gastos del litigio
podrá procurar su rembolso mediante una solicitud de
rembolso de gastos tendrá que presentaráse bajo
juramento por el abogado o la abogada de oficio no
más tarde del décimo (10mo) día calendario del mes
siguiente al que se emitió el pago. La solicitud
contendrá
un
desglose
de
todos
los
gastos
susceptibles de rembolso, las fechas en que se
emitieron los pagos, la cantidad por rembolsar y
copia de los documentos que los acrediten. Deberá
presentar, además, la autorización previa del
tribunal al amparo de la Regla 15(c), cuando aplique.
.
.
.
.
.
.
.
.
Corresponderá al Juez Administrador o a la
Jueza Administradora examinar los documentos que
obren en el expediente, inclusive la resolución del
tribunal. Certificará que se han cumplido con las
disposiciones de este Reglamento y que procede
tramitar el rembolso de gastos. Remitirá la
documentación a la Oficina de Administración de los
Tribunales para que proceda con el trámite ante el
Departamento de Hacienda. Estae trámitefacultad se
delegarárecaerá en el al Secretario o a la Secretaria
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del Tribunal SupremoPleno en los casos ante la
consideración del Tribunal Supremo de este Foro.
Regla 18.
Revisión de Determinaciones sobre
asignación de abogados y abogadas de oficio,
compensación, pago por sus servicios y rembolso de
gastos de litigación
De estar inconforme con una determinación del
tribunal con respecto a los asuntos que se rigen por
este Reglamento, el abogado o la abogada de oficio
podrá presentar una moción de reconsideración dentro
del término de cinco (5) días contados a partir de
la fecha de la notificación de la resolución. También
podrá presentar una solicitud de certiorari al
tribunal de mayor jerarquía, conforme dispone la Ley
de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico de 2003, según enmendada, y el Reglamento de
Tribunal de Apelaciones o el Reglamento del Tribunal
Supremo, según aplique, dentro del término de cinco
(5) días contados a partir de la fecha de la
notificación de la resolución, salvo justa causa.
Ambos recursos serán ex parte.
.
.
.
.
.
.
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Regla 20. Deberes de la Oficina de Administración
de los Tribunales
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(d) Directrices administrativas. Tendrá la
facultad de aprobar las directrices necesarias con
el
fin
de
regular
aspectos
administrativos
relacionados a la implementación del Reglamento, las
cuales
atenderán,
entre
otros,
los
asuntos
siguientes: (1) los estándares de determinación de
indigencia para el sistema de representación de
oficio y cualquier otro programa que la Rama Judicial
instituya para adelantar el acceso a la justicia;
(2) los parámetros para la determinación de las
causas de acción adicionales que se podrán incluir
en las necesidades fundamentales del ser humano; (3)
el procedimiento para darle publicidad a las listas
de los abogados y las abogadas disponibles para
recibir asignaciones de oficio; (4) la frecuencia y
forma en que se actualizará este banco de abogados
y abogadas de oficio; (5) los criterios para
uniformar las concesiones de diferimientos por
duración específica; (6) la creación y los cambios
en las zonas judiciales; (7) la lista de las
entidades u organizaciones autorizadas donde los
abogados y las abogadas pueden prestar servicios pro
bono para acumular las horas requeridas para
exención de la Regla 7(b)(1);, y (8) el procedimiento
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interno para tramitar el pago de honorarios y
rembolso de gastos; y (9) las directrices que
resulten necesarias para implementar la Regla 8(c).
(e) […]
Regla 21. Deberes de los Jueces Administradores y
Juezas Administradoras
Los Jueces Administradores y las Juezas
Administradoras
tienen
la
responsabilidad
de
administrar el sistema de oficio en su región
judicial. Podrán delegar esta función a un juez o
una jueza de su región judicial, quien manejará el
trámite correspondiente en conformidad con este
Reglamento y las directrices aprobadas por la
Oficina de Administración de Tribunales.
Trimestralmente, deberán entregar al Director
Administrativo o a la Directora Administrativa de
los Tribunales un informe con el detalle de los pagos
de honorarios y rembolsos de gastos razonables por
partida aprobados en su región judicial a los
abogados o las abogadas de oficio durante ese año
fiscal. El Director Administrativo o la Directora
Administrativa de los Tribunales podrá requerirles
informes periódicos de otros asuntos del sistema de
oficio con el fin de evaluar su funcionamiento y
presentar oportunamente su informe anual a la
Comisión Permanente para la Evaluación del Sistema
de Oficio.
Los Jueces Administradores y las Juezas
Administradoras procurarán que se conceda un turno
prioritario en las vistas celebradas en los casos en
los que se haya realizado una asignación de oficio.
Asimismo, en aquellas instancias procesales en las
que sea viable, promoverán el uso de los mecanismos
tecnológicos disponibles para la comparecencia
remota del abogado o de la abogada de oficio, como
por ejemplo la videoconferencia, en aquellos
procedimientos autorizados por la Oficina de
Administración de los Tribunales.
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Regla 22. Creación de la Comisión Permanente para la
Evaluación de Sistema de Oficio
Dentro de los cuarenta y cinco (45) días
contados a partir la aprobación de este Reglamento,
se creará la Comisión Permanente para la Evaluación
del Sistema de Oficio que evaluará el funcionamiento
del sistema de oficio, realizará los estudios que
entienda apropiados para la encomienda y asistirá en
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el proceso de revisión anual de los estándares de
indigencia, los parámetros para la cualificación
delas causas de acción adicionales que se podrán
incluir en las necesidades fundamentales del ser
humano y la configuración de las zonas judiciales.
Ofrecerá recomendaciones puntuales sobre estos
asuntos al Director Administrativo o la Directora
Administrativa de los Tribunales, quien presidirá la
Comisión.
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Las enmiendas aquí aprobadas entrarán en vigor de forma
inmediata. Notifíquese por correo electrónico al Director
Administrativo de los Tribunales, a la Directora del
Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, y al
Director de la Oficina de Prensa de la Oficina de
Administración de los Tribunales.
Publíquese.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Estrella Martínez
se abstiene de ejercer su facultad de enmendar el Reglamento
para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio de Puerto
Rico, 201 DPR 261 (2018), pues entiende que tal ejercicio no
es adecuado y oportuno en estos momentos.
José Ignacio Campos Pérez
Secretario del Tribunal Supremo