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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Enmiendas al Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio de Puerto Rico

2020 TSPR 9

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Enmiendas al Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio de Puerto Rico

ER-2020-01

Resolución del Tribunal

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2020 TSPR 09

Enmiendas al Reglamento para la

Asignación de Abogados y Abogadas

de Oficio de Puerto Rico

Número del Caso:

Fecha:

Materia:

203 DPR _____

ER-2020-01

5 de febrero de 2020

Resolución del Tribunal

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal.

Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Enmiendas al Reglamento para

la Asignación de Abogados y

Abogadas de Oficio de Puerto

Rico

ER-2020-01

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de febrero de 2020.

En virtud de la facultad de este Tribunal para

reglamentar la profesión de la abogacía en Puerto Rico

y conforme a nuestra autoridad para establecer los

procedimientos necesarios para facilitar la sana

administración de la justicia, se resuelve adoptar las

siguientes enmiendas al Reglamento para la Asignación

de Abogados y Abogadas de Oficio de Puerto Rico

(Reglamento), 201 DPR 261 (2018), según enmendado:

Regla 2. Propósito e interpretación

.

.

.

.

.

.

.

Nada de lo dispuesto en estas reglas

limita la discreción del tribunal de

ordenar la asignación de oficio de un

abogado o de una abogada para que represente

a una persona indigente en un procedimiento

judicial no reconocido de forma expresa por

este Reglamento si, a juicio del tribunal,

dicha

asignación

promueve

la

sana

administración del sistema judicial y la

equidad procesal entre las partes, como

corolario al imperativo del acceso a la

justicia,

conforme

a

los

parámetros

establecidos en este Reglamento.

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2

Regla 4. Definiciones

.

.

.

.

.

.

.

.

(q) Indigencia – Estado de insolvencia económica

determinado en conformidad con los estándares

establecidos por la Oficina de Administración de los

Tribunales a base del proceso dispuesto en este

Reglamento o por una entidad sin fines de lucro que

ofrece servicios legales a personas de escasos

recursos económicos, tales como la Sociedad para

Asistencia Legal de Puerto Rico, Pro-Bono, Inc.,

Servicios Legales de Puerto Rico, Inc., la Oficina

Legal de la Comunidad, Inc. u otras entidades

análogas. Se presumirá que una persona cualifica

como indigente si recibe asistencias gubernamentales

por razón de sus ingresos, tales como asistencia

nutricional, beneficios de vivienda subsidiada u

otras análogas.

.

.

.

.

.

.

.

.

(v) Necesidades fundamentales del ser humano – Se

refiere

a

los

procedimientos

judiciales

de

naturaleza civil dispuestos en este Reglamento en

que estén implicados asuntos sobre vivienda,

sustento, salud, seguridad y los derechos de los

padres y las madres sobre sus hijos e hijas menores

de edad, tales como patria potestad, custodia,

filiación, relaciones materno- y paterno-filiales,

en conformidad con los parámetros emitidos incluidas

aquellas que se puedan establecer mediante directriz

por la Oficina de Administración de los Tribunales.

(w) Pro bono – Aquellos servicios legales que se

ofrecen gratuitamente y sin la expectativa de

recibir compensación a personas o comunidades de

escasos recursos económicos, o a personas jurídicas

con limitados recursos para sufragar honorarios y

cuya misión primordial es proveer servicios que

benefician directamente a personas en estado de

insolvencia económica según se determina en el

inciso (q) de esta regla. Las horas pro bono serán

acreditadas por las entidades u organizaciones

autorizadas, o mediante resolución del tribunal,

cuando se brinde servicio de asesoramiento, a tenor

con la Regla 5(de), o de representación voluntaria

pro bono, según dispuesto en la Regla 10(b) de este

Reglamento. Cuando se trate de una asignación de

oficio, las primeras treinta (30) horas ofrecidas en

la

representación

de

personas

indigentes

se

reputarán como horas de oficio pro bono, en

cumplimiento del deber ético de ofrecer servicios

legales a personas de escasos recursos económicos.

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.

3

.

.

.

Regla 5. Alcance del

judiciales aplicables

(a)

.

.

Reglamento;

.

.

procedimientos

[…]

(b) Procedimientos de naturaleza civil. Este

Reglamento aplicará a los procedimientos judiciales

de naturaleza civil en los cuales se haya reconocido

el

derecho

a

la

asistencia

asignación

de

representación legal abogado o abogada de a una

persona natural, así como a aquellos en los que estén

implicadas las necesidades fundamentales del ser

humano, según se define en este Reglamento los cuales

incluyen, entre otros que se puedan establecer

mediante directriz por la Oficina de Administración

de los Tribunales, los siguientes:

(1) Sección 11 de la Ley de la Administración de

Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, Ley

Núm. 67-1993, según enmendada, 3 LPRA sec. 402j;

(2) Artículos 3.06, 4.19 y 8.22 de la Ley de Salud

Mental de Puerto Rico, Ley Núm. 408-2000, según

enmendada, 24 LPRA secs. 6154e, 6155r y 6159u;

(3) Artículos 4 y 21 de la Carta de Derechos y la

Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos

Mayores, Ley Núm. 121-2019.

(4) Artículo 3 de la Carta de Derechos de las

Víctimas y Testigos de Delito, Ley Núm. 22-1988,

según enmendada, 25 LPRA sec. 973b;

(5) Artículo 5 de la Carta de Derechos de las

Personas Viviendo con VIH, Ley Núm. 248-2018, 1 LPRA

sec. 528d;

(6) Designación de incapacidad y nombramiento de

tutor, sujeto a la inexistencia de bienes que denoten

falta de indigencia;

(7) Desahucio, cuando la parte demandada es

inquilina que recibe beneficios públicos bajo

programas de vivienda pública u otros análogos;

(8)

Desahucio en precario;

(9)

Ejecución de hipoteca;

(10) Habeas corpus;

(11) Privación de patria potestad, o

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(12) Remoción o entrega voluntaria de menores.

(c) Discreción del tribunal. De forma excepcional,

este

Reglamento

también

aplicará,

a

los

procedimientos judiciales no reconocidos de forma

expresa en los incisos (a) y (b) de esta regla cuando

el tribunal considere que ordenar la asignación de

oficio promueve la sana administración del sistema

judicial y la equidad procesal entre las partes, en

aras de garantizar el acceso a la justicia, conforme

a los parámetros establecidos en este Reglamento.

Antes de proceder con la asignación de un abogado o

una abogada de oficio al amparo de este inciso, el

tribunal considerará los factores establecidos en el

inciso (d) de esta Regla y queda facultado para

requerirá a la parte indigente que demuestre las

gestiones realizadas para obtener la representación

legal de entidades que ofrecen servicios legales

gratuitos y que tales servicios fueron denegados. La

asignación

de

oficio

no

se

extenderá

a

procedimientos judiciales en los que el abogado o la

abogada

pueda

recibir

compensación

mediante

honorarios contingentes o de alguna otra manera.

En la eventualidad de que el tribunal considere

asignar un abogado o una abogada de oficio para

fungir como defensor o defensora judicial de una

persona menor de edad en un procedimiento judicial,

primero deberá asegurarse de agotar el orden de

preferencia para el nombramiento establecido en el

Artículo 160 del Código Civil, 31 LPRA sec. 617, lo

que consignará mediante orden judicial.

La

asignación de un abogado o una abogada de oficio como

defensor o defensora judicial quedará sujeta a la

determinación

de

indigencia.

Para

esta

determinación, el tribunal evaluará la solvencia

económica de la persona menor de edad, así como la

de sus padres y madres o personas custodias para

sufragar los honorarios de una representación legal

privada que realice la función de defensor(a)

judicial. Además, sopesará los factores establecidos

en el inciso (d) de esta Regla, según apliquen.

(d) Factores aplicables a las asignaciones en

procedimientos de naturaleza civil. Previo a la

asignación de un abogado o una abogada de oficio en

un procedimiento judicial de naturaleza civil, el

tribunal sopesará los factores siguientes:

(1) la capacidad de la persona indigente para

representarse a sí misma de manera adecuada en el

caso;

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(2) la renuncia voluntaria de la persona indigente

a ejercer su autorrepresentación;

(3) la inhabilidad de la persona indigente para

obtener representación legal por otros medios, para

lo cual acreditará al tribunal las gestiones

realizadas para procurar dicha representación;

(4) la naturaleza y complejidad de la controversia

a adjudicarse, tanto legal como fáctica, incluyendo

la necesidad de realizar una investigación de los

hechos en controversia;

(5) la viabilidad de una pronta disposición del

asunto sin necesidad de asistencia de un abogado o

una abogada para la persona indigente;

(6) el potencial mérito de las reclamaciones según

surge de las alegaciones, para lo cual se podrá

considerar

si

la

acción

ha

sido

presentada

previamente;

(7) la etapa procesal en la que se encuentre el caso

y el efecto que la asignación de oficio tendrá en su

administración;

(8) la probabilidad de que la asignación de oficio

acorte el término del procedimiento judicial y asista

en una justa determinación.

(9) si la asignación de oficio promueve los

intereses de la justicia y el interés público; y

(10) cualquier otro factor que el tribunal exprese

que resulta apropiado conforme a las circunstancias

particulares del caso en el balance de los factores

antes enumerados.

(de) […]

Regla 6. Alcance del Reglamento; personas indigentes

.

.

.

.

.

.

.

.

De igual forma, demostrada la indigencia y

mientras esta subsista, a su discreción, el tribunal

podrá asignar un abogado o una abogada de oficio a

una parte promovida en un procedimiento judicial de

naturaleza civil, sin que para ello sea necesario un

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referido inicial a una entidad que ofrece servicios

legales gratuitos.

Cuando la persona indigente sea la parte o

promovente de una acción civil en la que están en

controversia las necesidades fundamentales del ser

humano, el tribunal también podrá asignar un abogado

o una abogada de oficio conforme a los parámetros

establecidos en este Reglamento. No obstante, antes

de esta asignación, la persona indigente deberá

demostrar al tribunal las diligencias realizadas

para

obtener

representación

legal

de

alguna

entidades que ofrecen servicios legales gratuitos en

procedimientos de naturaleza civil y que el servicio

fue denegado.

.

.

.

.

.

.

.

.

Regla 7. Alcance del Reglamento; banco de abogados

y abogadas de oficio

[…]

(a)

(b)

.

.

Causa de exclusión. […]

Causa de exención. […]

(1) […]

(2) […]

(3) […]

(4) que ocupa un puesto a tiempo completo

como empleado o empleada en el servicio

público, que no se trate de un cargo

público mediante nombramiento a término y

que por disposición legal no puede ejercer

la práctica privada de la profesión, salvo

que la ejerza sin percibir honorarios para

facilitar el acceso a servicios legales

adecuados a personas que no pueden

pagarlos;

(5) […]

(6) […]

.

.

.

.

.

.

Regla 8. Proceso de determinación de indigencia,

selección de representación de oficio y notificación

de la orden de asignación; deberes del tribunal

(a)

Cuándo

procede

la

determinación

de

indigencia. Se requerirá una determinación de

indigencia para que proceda una asignación de oficio

por parte del tribunal al amparo de las disposiciones

de este Reglamento.

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En todo procedimiento de naturaleza civil a

tenor con este Reglamento, será deber del tribunal

evaluar la capacidad económica de una persona que

comparezca

sin

abogado

o

abogada

alegando

indigencia, salvo que la persona cuente con una

determinación de estado de insolvencia emitida por

una entidad sin fines de lucro que ofrece servicios

legales gratuitos o afirme su interés en continuar

con el proceso por derecho propio. Si la persona no

reúne los criterios para recibir los servicios de

estas entidades sin fines de lucro por razón de

solvencia económica, podrá solicitar al tribunal que

realice

una

determinación

de

indigencia

independiente para la asignación de representación

de oficio. Esta La determinación de indigencia del

tribunal deberá descansar en los estándares de

indigencia

establecidos

por

la

Oficina

de

Administración de los Tribunales, y así constará en

su resolución.

[…]

(b) Procedimiento para la determinación de

indigencia. Cuando corresponda al tribunal Al

realizar la determinación de indigencia, el tribunal

deberá requerirle a la persona que reclama la

representación

legal

de

oficio

que

presente

evidencia jurada, so pena de perjurio, de su estado

de insolvencia y su imposibilidad de obtener los

recursos económicos para pagar los servicios de un

abogado o de una abogada. Además, podrá le requerirle

requerirá la información exigida bajo los estándares

de indigencia establecidos por la Oficina de

Administración de los Tribunales, así como cualquier

otra evidencia que el tribunal considere necesaria

para determinar la indigencia y constatar la

veracidad de lo declarado, incluida la cualificación

de indigencia que haya realizado una entidad que

ofrece servicios legales gratuitos a personas de

escasos recursos económicos, cuando aplique.

[…]

(c) Selección de la representación legal de

oficio.

Determinada la indigencia de la persona

conforme a este Reglamento, y tras considerar los

incisos (a) y (b) factores dispuestos en la Regla

5(d)

para

los

procedimientos

judiciales

de

naturaleza civil de esta regla, el tribunal

realizará la asignación de representación legal de

oficio a través del Módulo de Asignaciones de Oficio,

seleccionando al abogado o la abogada cuyo nombre

esté próximo en turno en el banco de abogados y

abogadas de oficio. Sin embargo, no podrá asignar

ningún abogado o ninguna abogada que haya cumplido

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con el número de horas requeridas por la Regla 11

hasta tanto se haya agotado el banco de abogados y

abogadas

de

oficio

en

la

zona

judicial

correspondiente.

El Módulo de Asignaciones de Oficio dividirá el

universo de profesionales del Derecho disponibles

para recibir asignaciones de oficio por orden de

antigüedad y en zonas judiciales. Al agotarse este

banco en la zona judicial aplicable, se comenzará

nuevamente con el primer abogado o la primera abogada

en turno, conforme sugiera el Módulo de Asignaciones

de

Oficio,

y

así,

sucesivamente,

según

sea

necesario. No obstante, se faculta a la Oficina de

Administración de los Tribunales a emitir las

directrices necesarias para viabilizar que abogados

y abogadas soliciten voluntariamente figurar en los

primeros turnos del banco de abogados y abogadas de

oficio, sin sujeción al orden de antigüedad.

En

tales casos, la compensación por honorarios se

proveerá luego de acumular un mínimo de quince (15)

horas de representación legal de oficio.

(d) […]

(e) […]

(f) […]

(g) […]

(h) […]

(i) Prohibición

de

Evaluación

sobre

fraccionamiento en la representación legal. El

tribunal

desalentará

la

representación

legal

fraccionada por etapas.

Cuando

una

persona

que

cuenta

con

representación legal privada en determinado proceso

de naturaleza civil o penal alega ser indigente, el

tribunal deberá evaluará si procede reconocer la

continuidad de su representación legal como una

asignación de oficio bajo conforme a los parámetros

establecidos en este Reglamento, luego de emitida la

determinación de indigencia. A quien se asigne de

oficio al amparo de este inciso le aplicarán los

beneficios y deberes que establece este Reglamento

a partir de la orden de asignación que regula la

Regla 8(f).

Por otro lado, cuando el tribunal determine que

una parte que recibió el beneficio de una asignación

de oficio ya no reúne los criterios de indigencia,

podrá ordenar que la persona y su representante legal

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intenten de buena fe llegar a un acuerdo respecto a

los honorarios por devengarse a partir de la

determinación del tribunal. Si no se lograra un

acuerdo, el tribunal deberá relevar al abogado o a

la abogada de la representación legal por justa causa

y permitir que la parte continúe el procedimiento

por derecho propio, o concederle un periodo

razonable para que comparezca con una representación

legal privada.

(j) Asignación de un abogado o una abogada

auxiliar.

El tribunal podrá asignar un abogado o

una abogada auxiliar para que asista al abogado o a

la abogada de oficio cuando la complejidad del caso

lo amerite o cuando sea necesario para una adecuada

representación

en

etapas

apelativas.

Ambas

asignaciones

estarán

sujetas

a

las

normas

establecidas en este Reglamento, según aplique.

Cuando promueva la sana administración del sistema

judicial o la equidad procesal entre las partes, el

tribunal podrá asignar uno o más abogados o abogadas

auxiliares en un mismo procedimiento judicial

[…]

(k)

[…]

Regla 9. Proceso de determinación de indigencia,

selección de representación de oficio y notificación

de la orden de asignación; deberes del abogado o de

la abogada

(a) […]

(b) […]

(c) Duración de la asignación de oficio. El

abogado o la abogada prestará sus servicios a la

persona indigente durante todo el procedimiento

judicial de forma diligente y competente. La

asignación de oficio iniciará desde que recibe la

notificación de asignación. En los procedimientos de

naturaleza penal, la asignación de oficio se

extenderá hasta completadas la etapa apelativa ante

el Tribunal de Apelaciones de una determinación

final del Tribunal de Primera Instancia. En los

procedimientos de naturaleza civil, no se requerirá

que el abogado o la abogada de oficio continúe la

representación cuando la persona desee apelar una

determinación

final

del

Tribunal

de

Primera

Instancia.

Cuando la persona indigente sea la parte

apelada

o

recurrida

en

un

procedimiento

de

naturaleza penal ante el Tribunal Supremo, será

deber del abogado o de la abogada de oficio presentar

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10

el escrito correspondiente. En ambas instancias, no

se considerará una causa justificada para solicitar

el relevo de representación legal que el abogado o

la abogada de oficio estime que no existen razones

meritorias para presentar un recurso o escrito,

salvo que cuente con el consentimiento de su cliente

para solicitar la renuncia.

Si la persona indigente desea recurrir de la

determinación final del Tribunal de Apelaciones en

un procedimiento de naturaleza penal, el abogado o

la abogada podrá presentar un recurso ante el

Tribunal

Supremo

conforme

dicte

su

juicio

profesional. Si optara por no presentarlo, lo

notificará oportunamente a su cliente. Además, le

informará sobre el procedimiento aplicable a la

presentación del recurso ante el Tribunal Supremo y,

en

cumplimiento

con

el

ordenamiento

ético

profesional

vigente,

tomará

aquellas

medidas

razonables que eviten perjuicio a los derechos de su

cliente, incluyendo la entrega del expediente.

[…]

(d) Deber continuo de informar cambios en el

estado de indigencia.

Si hubiera un cambio en el

estado de indigencia de su cliente, será deber de

todo abogado y de toda abogada de oficio informarlo

al tribunal tan pronto advenga en conocimiento. El

tribunal deberá corroborar si, ante el estado de

solvencia sobrevenida alegado por el abogado o la

abogada, la persona indigente dejó de ser acreedora

de una representación legal de oficio. Determinada

la solvencia económica por parte del tribunal,

cesarán los derechos conferidos a la persona y a su

representante legal en virtud de este Reglamento. No

obstante, el abogado o la abogada no quedará relevado

o relevada de la representación legal, salvo que

demuestre justa causa conforme la Regla 8(i) y el

tribunal conceda el relevo

(e)

Deber de contabilizar todas las horas

prestadas de oficio y detalle de los gastos

susceptibles de rembolso. Todo abogado o toda

abogada que interese recibir compensación por sus

servicios de oficio y el rembolso de los gastos

razonables al amparo de este Reglamento, cuando

estos apliquen, deberá mantener un detalle de las

tareas realizadas, las horas trabajadas en el caso

asignado, los gastos incurridos y un desglose con

información sobre las fechas de viajes en automóvil

por gestiones relacionadas con la investigación del

caso, el propósito y el número de millas recorridas.

Al momento de presentar la solicitud de pago de

honorarios y rembolso de gastos razonables, deberá

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11

utilizar el formulario diseñado y aprobado por la

Oficina de Administración de los Tribunales para

esos fines. Además, deberá conservar los recibos y

las facturas de los gastos susceptibles a rembolso,

copia de los cuales se acompañarán a la solicitud de

rembolso de gastos razonables en conformidad con la

Regla 16 de este Reglamento. El abogado o la abogada

de oficio deberá conservar los recibos y facturas

originales por un periodo de seis (6) años, los

cuales podrán resguardarse de manera digital. Los

recibos

y

las

facturas

originales

deberán

presentarse cuando el tribunal o el Director

Administrativo o la Directora Administrativa de los

Tribunales

los

soliciten

como

parte

de

los

documentos necesarios para conceder el rembolso.

Regla

12.

Honorarios

por

representación legal de oficio

.

.

.

.

.

el

servicio

.

.

de

.

El abogado o la abogada de oficio no podrá

acordar, aceptar, recibir o solicitar de la persona

indigente o alguna otra persona natural o jurídica

honorarios por sus servicios de oficio o pagos por

gastos de litigio. La persona indigente asumirá

total o parcialmente el costo de cualquier gasto del

litigio en la medida en que sus circunstancias

económicas lo permitan.

Aunque ello no le será

requerido, un abogado o una abogada de oficio podrá

adelantar parte o la totalidad del pago de dichos

gastos.

Regla 13. Certificación de horas trabajadas por una

asignación de oficio

Será deber del abogado o de la abogada de oficio

solicitar la certificación de las horas trabajadas

de oficio no más tarde de quince (15) diez (10) días

desde la culminación de un procedimiento en el

tribunal ante el cual del mes siguiente al que prestó

el servicio. La petición será juramentada por el

abogado o la abogada y desglosará todas las gestiones

de oficio realizadas en el caso, con el detalle del

número de horas trabajadas en el tribunal, fuera de

este foro o en una etapa apelativa y la fecha de

cada gestión.

.

.

.

.

.

.

.

.

Evaluada la razonabilidad de la solicitud al

amparo de estos criterios, el tribunal ante el cual

se prestó el servicio podrá aprobar, ajustar, o

denegar las horas reclamadas, expresando en una

resolución los fundamentos sobre los cuales descansa

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12

su determinación, dentro de los quince (15) cinco

(5) días de recibida la solicitud. En la misma

resolución, el tribunal certificará las horas

trabajadas de oficio, cuando correspondan, y la

fecha en que el tribunal asignó el caso de oficio.

La resolución certificando las horas trabajadas se

notificará al abogado o la abogada que presentó la

solicitud.

.

.

Regla 14.

.

.

.

.

.

.

Procedimiento para solicitar honorarios

La solicitud para el pago de honorarios de

oficio deberá presentarse ante el Juez Administrador

o la Jueza Administradora o ante el Tribunal Supremo,

según aplique, en un término improrrogable no mayor

de cuarenta y cinco (45) días desde que concluya cada

año fiscal no más tarde de veinte (20) días del mes

siguiente al que prestó el servicio. No obstante,

se rechazará de plano cualquier solicitud para el

pago de honorarios de oficio presentada luego de

transcurridos treinta (30) días desde que concluya

el año fiscal en el que se prestó el servicio. Cuando

se

acumulen

horas

compensables

durante

la

representación de oficio asumida en procedimientos

judiciales

celebrados

en

distintas

regiones

judiciales de una misma zona judicial, el abogado o

la abogada presentará la solicitud para pago de

honorarios de oficio en la región judicial donde se

asignó el procedimiento judicial activo de mayor

antigüedad. Si el procedimiento judicial culmina

antes de que finalice un año fiscal, el abogado o la

abogada deberá presentar la solicitud ante el Juez

Administrador o la Jueza Administradora de esa

región judicial no más tarde de cuarenta y cinco (45)

días contados a partir de la notificación de la

determinación

del

tribunal

que

dispuso

del

procedimiento.

.

.

Regla 15.

.

.

.

.

.

.

Gastos razonables

Derecho a solicitar el rembolso de gastos

razonables. El En aquellas instancias en las que el

abogado o la abogada que el tribunal asigna de oficio

tendrá derecho a recibir del Estado el rembolso de

los

opte

por

incurrir

en

gastos

razonables

incurridos en la representación legal de la persona

indigente, tendrá derecho a recibir del Estado el

rembolso. Los gastos sujetos a rembolso podrán

reclamarse al tribunal, aun en los casos en que el

abogado o la abogada no haya completado las treinta

(a)

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(30) horas de servicio pro bono requeridas en la

Regla 11.

.

.

.

.

.

.

.

.

(d) Autorización de pago directo a proveedores

o proveedoras de servicios en circunstancias

excepcionales.

El abogado o la abogada de oficio

que no cuente con los recursos económicos para

sufragar un gasto razonable de forma anticipada y,

como consecuencia, los derechos de su cliente puedan

verse

sustancialmente

afectados,

deberá

podrá

presentar una solicitud al tribunal para que, por

vía de excepción, se autorice el pago directo a un

proveedor del servicio correspondiente.

En su

petición, el abogado o la abogada de oficio

demostrará el perjuicio que confrontará la persona

indigente de no autorizarse el gasto y que este

resulta

indispensable

para

la

efectiva

representación legal. Será necesario incluir como

anejo copia de la cotización del servicio solicitado

u otro documento análogo.

.

.

.

.

.

.

.

.

Regla 16. Procedimiento para solicitar el rembolso

de gastos adelantados por un abogado o una abogada

de oficio

La Cuando un abogado o una abogada de oficio

opte por adelantar el pago de los gastos del litigio

podrá procurar su rembolso mediante una solicitud de

rembolso de gastos tendrá que presentaráse bajo

juramento por el abogado o la abogada de oficio no

más tarde del décimo (10mo) día calendario del mes

siguiente al que se emitió el pago. La solicitud

contendrá

un

desglose

de

todos

los

gastos

susceptibles de rembolso, las fechas en que se

emitieron los pagos, la cantidad por rembolsar y

copia de los documentos que los acrediten. Deberá

presentar, además, la autorización previa del

tribunal al amparo de la Regla 15(c), cuando aplique.

.

.

.

.

.

.

.

.

Corresponderá al Juez Administrador o a la

Jueza Administradora examinar los documentos que

obren en el expediente, inclusive la resolución del

tribunal. Certificará que se han cumplido con las

disposiciones de este Reglamento y que procede

tramitar el rembolso de gastos. Remitirá la

documentación a la Oficina de Administración de los

Tribunales para que proceda con el trámite ante el

Departamento de Hacienda. Estae trámitefacultad se

delegarárecaerá en el al Secretario o a la Secretaria

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14

del Tribunal SupremoPleno en los casos ante la

consideración del Tribunal Supremo de este Foro.

Regla 18.

Revisión de Determinaciones sobre

asignación de abogados y abogadas de oficio,

compensación, pago por sus servicios y rembolso de

gastos de litigación

De estar inconforme con una determinación del

tribunal con respecto a los asuntos que se rigen por

este Reglamento, el abogado o la abogada de oficio

podrá presentar una moción de reconsideración dentro

del término de cinco (5) días contados a partir de

la fecha de la notificación de la resolución. También

podrá presentar una solicitud de certiorari al

tribunal de mayor jerarquía, conforme dispone la Ley

de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico de 2003, según enmendada, y el Reglamento de

Tribunal de Apelaciones o el Reglamento del Tribunal

Supremo, según aplique, dentro del término de cinco

(5) días contados a partir de la fecha de la

notificación de la resolución, salvo justa causa.

Ambos recursos serán ex parte.

.

.

.

.

.

.

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Regla 20. Deberes de la Oficina de Administración

de los Tribunales

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(d) Directrices administrativas. Tendrá la

facultad de aprobar las directrices necesarias con

el

fin

de

regular

aspectos

administrativos

relacionados a la implementación del Reglamento, las

cuales

atenderán,

entre

otros,

los

asuntos

siguientes: (1) los estándares de determinación de

indigencia para el sistema de representación de

oficio y cualquier otro programa que la Rama Judicial

instituya para adelantar el acceso a la justicia;

(2) los parámetros para la determinación de las

causas de acción adicionales que se podrán incluir

en las necesidades fundamentales del ser humano; (3)

el procedimiento para darle publicidad a las listas

de los abogados y las abogadas disponibles para

recibir asignaciones de oficio; (4) la frecuencia y

forma en que se actualizará este banco de abogados

y abogadas de oficio; (5) los criterios para

uniformar las concesiones de diferimientos por

duración específica; (6) la creación y los cambios

en las zonas judiciales; (7) la lista de las

entidades u organizaciones autorizadas donde los

abogados y las abogadas pueden prestar servicios pro

bono para acumular las horas requeridas para

exención de la Regla 7(b)(1);, y (8) el procedimiento

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interno para tramitar el pago de honorarios y

rembolso de gastos; y (9) las directrices que

resulten necesarias para implementar la Regla 8(c).

(e) […]

Regla 21. Deberes de los Jueces Administradores y

Juezas Administradoras

Los Jueces Administradores y las Juezas

Administradoras

tienen

la

responsabilidad

de

administrar el sistema de oficio en su región

judicial. Podrán delegar esta función a un juez o

una jueza de su región judicial, quien manejará el

trámite correspondiente en conformidad con este

Reglamento y las directrices aprobadas por la

Oficina de Administración de Tribunales.

Trimestralmente, deberán entregar al Director

Administrativo o a la Directora Administrativa de

los Tribunales un informe con el detalle de los pagos

de honorarios y rembolsos de gastos razonables por

partida aprobados en su región judicial a los

abogados o las abogadas de oficio durante ese año

fiscal. El Director Administrativo o la Directora

Administrativa de los Tribunales podrá requerirles

informes periódicos de otros asuntos del sistema de

oficio con el fin de evaluar su funcionamiento y

presentar oportunamente su informe anual a la

Comisión Permanente para la Evaluación del Sistema

de Oficio.

Los Jueces Administradores y las Juezas

Administradoras procurarán que se conceda un turno

prioritario en las vistas celebradas en los casos en

los que se haya realizado una asignación de oficio.

Asimismo, en aquellas instancias procesales en las

que sea viable, promoverán el uso de los mecanismos

tecnológicos disponibles para la comparecencia

remota del abogado o de la abogada de oficio, como

por ejemplo la videoconferencia, en aquellos

procedimientos autorizados por la Oficina de

Administración de los Tribunales.

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Regla 22. Creación de la Comisión Permanente para la

Evaluación de Sistema de Oficio

Dentro de los cuarenta y cinco (45) días

contados a partir la aprobación de este Reglamento,

se creará la Comisión Permanente para la Evaluación

del Sistema de Oficio que evaluará el funcionamiento

del sistema de oficio, realizará los estudios que

entienda apropiados para la encomienda y asistirá en

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el proceso de revisión anual de los estándares de

indigencia, los parámetros para la cualificación

delas causas de acción adicionales que se podrán

incluir en las necesidades fundamentales del ser

humano y la configuración de las zonas judiciales.

Ofrecerá recomendaciones puntuales sobre estos

asuntos al Director Administrativo o la Directora

Administrativa de los Tribunales, quien presidirá la

Comisión.

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Las enmiendas aquí aprobadas entrarán en vigor de forma

inmediata. Notifíquese por correo electrónico al Director

Administrativo de los Tribunales, a la Directora del

Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, y al

Director de la Oficina de Prensa de la Oficina de

Administración de los Tribunales.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Estrella Martínez

se abstiene de ejercer su facultad de enmendar el Reglamento

para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio de Puerto

Rico, 201 DPR 261 (2018), pues entiende que tal ejercicio no

es adecuado y oportuno en estos momentos.

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo