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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Enmiendas al Reglamento para l Admisión de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría; al Reglamento Notarial de Puerto Rico; al Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua, y al Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico

2020 TSPR 10

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Enmiendas al Reglamento para l Admisión de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría; al Reglamento Notarial de Puerto Rico; al Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua, y al Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico

ER-2020-02

Resolución del Tribunal

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Enmiendas al Reglamento para la

Admisión de Aspirantes al Ejercicio

de la Abogacía y la Notaría; al

Reglamento Notarial de Puerto Rico;

al Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua, y al

Reglamento del Tribunal Supremo de

Puerto Rico

Número del Caso:

Fecha:

Materia:

2020 TSPR 10

203 DPR _____

ER-2020-02

7 de febrero de 2020

Resolución del Tribunal.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Enmiendas al Reglamento para la

Admisión

de

Aspirantes

al

Ejercicio de la Abogacía y la

Notaría; al Reglamento Notarial

de Puerto Rico; al Reglamento

del

Programa

de

Educación

Jurídica

Continua,

y

al

Reglamento del Tribunal Supremo

de Puerto Rico

ER-2020-02

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de febrero de 2020.

Mediante Resolución de 14 de diciembre de 2016,

EC-2016-01, este Tribunal reconstituyó la Comisión

para el Estudio y Evaluación de la Función Notarial en

Puerto

Rico

(Comisión

Notarial),

adscrita

al

Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial

(Secretariado), con el propósito de actualizar las

propuestas consignadas en el Informe de la Comisión

para el Estudio y Evaluación de la Función Notarial en

Puerto Rico presentado en el 2010. In re Com. Estudio

y Eval. Fun. Notarial, 197 DPR 1 (2016).

En cumplimiento con su encomienda, el 30 de abril

de 2019 la Comisión Notarial entregó formalmente su

Segundo Informe de la Comisión para el Estudio y

Evaluación de la Función Notarial en Puerto Rico

(Segundo Informe). En este, se presentaron diversas

propuestas de enmienda al ordenamiento jurídico

notarial. Entre los asuntos discutidos se encuentran

la formación académica, los criterios de admisión

aplicables a las personas aspirantes al ejercicio de

la notaría y la educación jurídica continua del

notariado.

Conforme a lo requerido por este Tribunal, la

Comisión Notarial inició sus esfuerzos revaluando las

propuestas contenidas en el Informe de 2010. Además,

consideró las recomendaciones de los Talleres Grupales

ER-2020-02

2

que formaron parte de la Segunda Sesión Ordinaria de la

Conferencia Notarial de Puerto Rico celebrada en octubre de

2015, las comparecencias escritas de las dependencias de la

Rama Judicial y comparó el ordenamiento notarial de Puerto

Rico con otras jurisdicciones en las que rige el notariado de

estirpe latina. Asimismo, suministró una encuesta a los

notarios y las notarias y realizó un estudio sobre la

actividad en el Registro de la Propiedad para atemperar la

Radiografía del Notariado Puertorriqueño. Se actualizó,

además, el análisis de faltas éticas cometidas con mayor

frecuencia y la información provista en el Informe de 2010

por el Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC), la

Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía

y la Notaría (Junta Examinadora) y las escuelas o facultades

de Derecho del País.1 Miembros de la Comisión Notarial también

sostuvieron reuniones con la Decana y los Decanos de las tres

Escuelas de Derecho para discutir todo lo relativo a la

preparación académica de los aspirantes a la notaría y la

deseabilidad de establecer requisitos adicionales para

ingresar al notariado en Puerto Rico.2

Recientemente, encaminamos el proceso de consideración de

las propuestas incluidas en el Segundo Informe de la Comisión

Notarial.3 En aras de asegurar que el notariado puertorriqueño

esté compuesto por profesionales de la más alta capacidad y

competencia para ejercer tan puntilloso ministerio, y en

atención a la necesidad de garantizar que la ciudadanía cuente

con profesionales plenamente capacitados para imprimir

certeza y seguridad a los negocios jurídicos, resolvemos que

es necesario aprobar enmiendas adicionales atinentes a su

formación académica y desarrollo profesional. Entre los

1

La mayoría de los notarios o de las notarias que contestaron la encuesta

están a favor de que la admisión para tomar el examen de Reválida Notarial

se condicione a la aprobación de cursos o talleres adicionales al mínimo

actualmente requerido. De igual modo, las estadísticas del Programa de

Educación Jurídica Continua (PEJC) reflejaron que la mayoría de los y las

profesionales del Derecho que incumplieron con los requisitos de educación

jurídica eran notarios o notarias.

En su Informe a este Tribunal la Comisión Notarial consignó que la

Decana y los Decanos de las tres Escuelas de Derecho reflexionaron sobre

la posibilidad de añadir cursos adicionales sobre Derecho Notarial “en

aras de proveer a la persona aspirante al ejercicio de la notaría una

preparación que incluya cursos sobre derecho sustantivo y práctico. En

todas las entrevistas quedó demostrado el interés y la disposición de los

decanos y la decana de trabajar en colaboración con la Comisión Notarial

para el establecimiento de currículos uniformes en materia de Derecho

Notarial”. Segundo Informe, pág. 63.

2

3

En virtud de la Resolución de 7 de noviembre de 2019, ER-2019-06, este

Tribunal enmendó la Regla 7.1.1 del Reglamento para la Admisión de

Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría, 4 LPRA Ap. XVII-B,

con el propósito de disponer que toda persona aspirante al ejercicio de

la notaría deberá aprobar el examen de Reválida General previo a solicitar

el examen de Reválida Notarial.

ER-2020-02

3

objetivos fundamentales de estos cambios que propuso la

Comisión Notarial y que hoy acogemos, se destacan los

siguientes:

1. Promover una formación académica más completa del

notariado, al requerir créditos adicionales en materia

de Derecho Notarial y un mínimo de créditos en otras

materias de Derecho Civil que inciden en la práctica

notarial como condición para aspirar al examen de

Reválida Notarial.

2. Añadir como requisito haber juramentado y estar admitido

o admitida al ejercicio de la abogacía y presentar

evidencia que lo acredite para solicitar el examen de

Reválida Notarial.

3. Extender el examen de Reválida Notarial a un día, de

modo que se pueda evaluar el conocimiento teórico y

práctico de la persona aspirante en materia de Derecho

Notarial y en aquellas que inciden sobre la práctica de

la notaría.

4. Celebrar una ceremonia de juramentación como acto

solemne que marque la admisión al ejercicio de la

notaría, la cual podrá llevarse a cabo durante la

ceremonia de juramentación para el ejercicio de la

abogacía.

5. Establecer que los notarios y las notarias, dentro de

las veinticuatro (24) horas crédito de educación

jurídica continua requeridas, deberán cumplir con un

mínimo de nueve horas crédito en cursos de Derecho

Notarial.

6. Disponer que quienes, voluntaria o involuntariamente,

hayan cesado en la práctica notarial y quienes, luego de

haber aprobado la Reválida Notarial, no soliciten

autorización para ejercer la notaría dentro del término

de cinco años, deberán acreditar haber completado un

mínimo de doce horas crédito de educación jurídica

continua en cursos de Derecho Notarial previo a

solicitar autorización para ejercer la notaría.

En concordancia con lo anterior, el Tribunal aprueba los

cambios enumerados a continuación.4

1. Se enmienda la Regla 4.3 del Reglamento para la Admisión

4

Luego de adoptar los objetivos descritos, formulamos las enmiendas a

tono con las recomendaciones de la Comisión para el Estudio y Evaluación

de la Función Notarial en Puerto Rico, adscrita al Secretariado de la

Conferencia Judicial y Notarial, así como con el insumo de las siguientes

dependencias: la Oficina de Inspección de Notarías; la Junta Examinadora

de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría, y el PEJC.

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4

de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría, 4

LPRA Ap. XVII-B, para que en lo sucesivo disponga lo

siguiente:

Regla 4. Requisitos de admisión al ejercicio de la

abogacía y la notaría

(4.1) […]

(4.2) […]

(4.3) Requisitos para el ejercicio de la notaría.—

(4.3.1) Toda persona que desee ser admitida al

ejercicio de la profesión notarial en el Estado

Libre Asociado de Puerto Rico deberá cumplir con los

requisitos siguientes:

(a) cumplir con los requisitos establecidos

en la Regla 4.1 de este Reglamento, y

(b) haber sido admitida

ejercicio de la abogacía, y

y

juramentada

al

(b) (c) aprobar un examen de Reválida

Notarial preparado, administrado y evaluado por la

Junta. Esta regla no se aplicará a ninguna persona

que haya sido admitida a la profesión de abogado en

Puerto Rico con anterioridad al 1ro de abril de 1983.

2. Se enmienda la Regla 7 del Reglamento para la Admisión

de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría, supra,

como sigue:

Regla 7. Requisitos

reválida notarial

de

admisión

al

examen

de

(7.1) Requisitos.—

(7.1.1) Toda persona interesada en solicitar el

examen de reválida notarial deberá cumplir con los

requisitos siguientes:

(a) cumplir con los requisitos que establece

la Regla 4.1.1, y

(b) haber sido admitida y juramentada

ejercicio de la abogacía en Puerto Rico, y

al

(b) (c) haber aprobado con una calificación

satisfactoria, un curso de derecho notarial en

cualquier escuela de derecho acreditada por la

American Bar Association o por el tribunal., un

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5

mínimo de:

(i) tres (3) créditos de Derecho Notarial

relacionados al Derecho Notarial Sustantivo,

(ii)

Sucesiones,

(iii)

Hipotecario,

(iv)

tres

tres

tres

(3)

créditos

(3)

(3)

de

créditos

Derecho

de

de

Derecho

créditos

de

Derecho

de

(v) tres (3) créditos

Obligaciones y Contratos,

de

Derecho

de

Familia,

(vi) cinco (5) créditos de Derecho

Notarial

Práctico,

que

podrán

acumularse

en

clínicas,

cursos,

seminarios

o

programas

especializados en la práctica notarial y que

integren las distintas facultades delegadas al

notariado puertorriqueño, así como la aplicación de

materias relacionadas al Derecho Notarial.

Se entenderá como calificación satisfactoria las

calificaciones “A”, “B”, “C” o sus equivalentes.

(7.2) Solicitud.—

(7.2.1) Todo Toda persona aspirante al ejercicio

de la notaría presentará una solicitud de reválida

notarial similar a lo dispuesto en la Regla 6 de

este apéndice, en la cual certifique, entre otros

asuntos otras cosas, que cumple con los requisitos

del inciso (6.2.1) las Reglas 6 y 7 de este apéndice.

Como parte de esta solicitud, deberá someter copia

del certificado acreditativo de la autorización y

admisión al ejercicio de la abogacía emitido por el

Tribunal Supremo de Puerto Rico una vez celebrada la

juramentación.

3. Se enmienda la Regla 8 del Reglamento Notarial de Puerto

Rico, 4 LPRA Ap. XXIV, como sigue:

Regla 8. Del ingreso al notariado;

reválida; educación continua

examen

de

(A) Podrá ser admitida al ejercicio del notariado

cualquier persona que, además de ser admitida por el

Tribunal Supremo de Puerto Rico al ejercicio de la

profesión de abogado, hubiere aprobado un examen de

reválida sobre Derecho Notarial preparado y ofrecido

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por la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio

de la Abogacía.

(B) No le será requerido dicho examen a persona

alguna que hubiere sido admitida al ejercicio de la

abogacía antes del primero de julio de 1983.

El examen de admisión al ejercicio del notariado

comprenderá, además de la materia de Derecho

Notarial, aquellas otras materias relacionadas que

la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de

la Abogacía estime apropiadas.

(C) La persona aspirante al ejercicio de la notaría

deberá acreditar, conforme dispone el Reglamento

para la Admisión de Aspirantes al Ejercicio de la

Abogacía y la Notaría, 4 LPRA Ap. XVII-B, que aprobó

satisfactoriamente un mínimo de: tres (3) créditos

de Derecho Notarial Sustantivo, y cinco (5) créditos

de Derecho Notarial Práctico, que podrán acumularse

en

clínicas,

cursos,

seminarios

o

programas

especializados en la práctica notarial y que

integren las distintas facultades delegadas al

notariado puertorriqueño, así como la aplicación de

materias relacionadas al Derecho Notarial.

(D) Según lo determine el Tribunal Supremo, todo

profesional del Derecho que haya aprobado la

Reválida

Notarial

tendrá

que

presentar

una

certificación emitida por el Programa de Educación

Jurídica Continua que acredite su cumplimiento con

los requisitos del Programa y que tomó un mínimo de

doce (12) horas crédito en cursos de Derecho

Notarial con proveedores autorizados por el Programa

de Educación Jurídica Continua previo a solicitar la

autorización para ejercer la notaría, cuando:

(1) No haya solicitado autorización para ejercer

la notaría en Puerto Rico dentro de los cinco (5)

años contados a partir de la notificación de

aprobación de la Reválida Notarial.

(2) Haya cesado su práctica notarial, voluntaria

o involuntariamente, por cinco (5) años o más.

Este requisito no aplicará a quienes cesaron su

práctica notarial para ocupar algún cargo a través

del cual ha mantenido al día su conocimiento sobre

el Derecho Notarial, como corolario del cargo

público. Tampoco aplicará al personal de la ODIN que

sea miembro de la profesión de la abogacía, tales

como el Director, Director Auxiliar, los Inspectores

de Protocolos, el personal asesor y con funciones

6

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7

administrativas, entre otros puestos similares que

determine el Tribunal Supremo.

4. Se enmienda la Regla 29 del Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua, 4 LPRA Ap. XVII-F, para que

disponga de la manera siguiente:

Regla 29. Cumplimiento

(a) El y la profesional del Derecho activo o activa

deberá cumplir con un mínimo de 24 horas crédito de

educación jurídica continua en cada periodo de 3

años. De esas 24 horas crédito, al menos 4 deberán

dedicarse a cursos de ética profesional. Dentro de

las 24 horas crédito requeridas, quienes tengan

estatus de activo en la notaría al momento de

terminar el periodo de cumplimiento deberán tomar al

menos 6 9 horas crédito en cursos de Derecho

Notarial. Las horas crédito en exceso del mínimo

requerido se podrán acreditar al periodo siguiente

siempre que no excedan de 24 horas. Al finalizar

cada periodo de cumplimiento, el o la profesional

del Derecho deberá asegurar que su cumplimiento está

acreditado por el Programa. De haber discrepancia,

el o la profesional del Derecho deberá evidenciar el

cumplimiento.

No obstante, y conforme a lo dispuesto en la

Regla 13 (a) del Reglamento del Tribunal Supremo, de

Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXI-B, el o la profesional

del Derecho que lleve más de 5 años sin ejercer la

práctica notarial, deberá completar 12 horas crédito

en cursos de Derecho Notarial como condición para su

admisión o readmisión a la profesión notarial.

Asimismo, el Tribunal Supremo podrá requerir que

subsane deudas crediticias de periodos anteriores y

que tome el número de créditos que estime

conveniente.

(b) […]

(c) […]

5. Se enmienda la Regla 13 del Reglamento del Tribunal

Supremo de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXI-B, para que disponga

de la manera siguiente:

Regla 13. Admisión al Notariado

(a) Cualquier persona que haya sido admitida por

este Tribunal al ejercicio de la profesión de la

abogacía y que, además, haya aprobado un examen de

reválida sobre derecho notarial preparado y ofrecido

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por la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio

de la Abogacía y la Notaría, podrá ser admitida al

ejercicio del notariado. El requisito del examen

sobre derecho notarial no se aplicará a persona

alguna que haya sido admitida al ejercicio de la

abogacía en o antes del 1 de julio de 1983.

Una vez aprobado el examen, el candidato o la

candidata deberá presentar al Secretario o a la

Secretaria del Tribunal la correspondiente solicitud

acompañada de una fianza en duplicado a favor del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico por la suma que

exige la ley.

Además, deberá

presentar

una

certificación emitida por el Programa de Educación

Jurídica Continua que acredite su cumplimiento con

los requisitos del Programa y que tomó un mínimo de

doce (12) horas crédito en cursos de Derecho

Notarial, previo a presentar la solicitud, cuando:

(1) No haya solicitado autorización para ejercer

la notaría en Puerto Rico dentro de los cinco (5)

años contados a partir de la notificación de

aprobación de la Reválida Notarial.

(2) Haya cesado su práctica notarial, voluntaria

o involuntariamente, por cinco (5) años o más.

Este requisito no aplicará a quienes cesaron su

práctica notarial para ocupar algún cargo a través

del cual ha mantenido al día su conocimiento sobre

el Derecho Notarial, como corolario del cargo

público. Tampoco aplicará al personal de la ODIN que

sea miembro de la profesión de la abogacía, tales

como el Director, Director Auxiliar, los Inspectores

de Protocolos, el personal asesor y con funciones

administrativas, entre otros puestos similares,

según determine el Tribunal Supremo.

Aprobada la fianza por el Tribunal y una vez se

admite el peticionario o la peticionaria al

ejercicio del notariado, deberá prestar el juramento

de rigor ante el Tribunal Supremo en pleno, ante

cualquiera de sus salas o de sus jueces y juezas o

el Secretario o la Secretaria del Tribunal. Hecho

esto, el notario o la notaria registrará su firma,

signo, sello y rúbrica en la Secretaría de este

Tribunal y en el Departamento de Estado, y

notificará a la sala correspondiente del Tribunal de

Primera Instancia al Director o a la Directora de la

Oficina de Inspección de Notarías, el lugar de

residencia y la localización de su oficina notarial.

Todos los meses, no más tarde del décimo día

calendario del mes siguiente al informado, remitirá

8

ER-2020-02

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un índice informativo de todas las escrituras y los

testimonios autorizados por él o ella, conforme el

Artículo 12 de la Ley Notarial de Puerto Rico, Ley

Núm. 75 de 2 de julio de 1987 (4 LPRA sec. 2023).

Los notarios y las notarias notificarán cualquier

cambio de residencia o de oficina notarial al

Secretario o a la Secretaria del Tribunal Supremo y

al Director o Directora de la Oficina de Inspección

de Notarías.

(b) […]

(c) […]

(d) […]

En atención a las enmiendas aquí aprobadas relacionadas al

currículo académico requerido a las personas aspirantes para

ejercer la notaría, acogemos la recomendación de la Comisión

Notarial de ampliar la duración del examen de Reválida

Notarial a un día. Se le instruye la Junta Examinadora a que,

al amparo de la discreción reconocida en la Regla 5 del

Reglamento para la Admisión de Aspirantes al Ejercicio de la

Abogacía y la Notaría, supra, establezca los pormenores de

formato y técnicas de las preguntas en conformidad con esta

determinación para que pueda impartirse el primer examen de

Reválida Notarial de un día de duración en un plazo no mayor

de cuatro años a partir de la presente Resolución. Contará

con igual término para atemperar la Tabla de Especificaciones

de este examen de modo que se le notifique adecuadamente a

las personas aspirantes al ejercicio de la notaría que este

examen podrá evaluar las materias siguientes: Derecho de

Sucesiones, Derecho Registral Inmobiliario, Derecho de

Obligaciones y Contratos, Ética Profesional, Derecho de

Familia, Derechos Reales, Contratos Especiales, Derecho

Mercantil, Derecho Tributario, Corporaciones y otras figuras

jurídicas, tales como fideicomisos, sociedades y otras. En

estas gestiones, la Junta Examinadora considerará las

recomendaciones consignadas en el Segundo Informe de la

Comisión Notarial relativas a la Tabla de Especificaciones,

al formato, a la cantidad y la naturaleza de las preguntas

del examen de Reválida Notarial. A esos fines, contarán con

el apoyo del Secretariado para aclarar cualquier interrogante

en torno a su contenido.

Tanto el Director Ejecutivo de la Junta Examinadora como

la Directora Ejecutiva del Programa de Educación Jurídica

Continua deberán implementar las medidas administrativas

necesarias acorde a lo aquí dispuesto.

A los fines de que las Escuelas o Facultades de Derecho

realicen todas las gestiones necesarias para adecuar su

oferta curricular a los cambios aquí dispuestos, las

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enmiendas al Reglamento para la Admisión de Aspirantes al

Ejercicio de la Abogacía y la Notaría, supra, así como a la

Regla 8(C) del Reglamento Notarial de Puerto Rico, supra,

aplicarán al estudiantado de nuevo ingreso matriculado a

partir de agosto de 2021.

De otra parte, las enmiendas a la Regla 8(D) del Reglamento

Notarial de Puerto Rico, supra, la Regla 29 del Reglamento

del Programa de Educación Jurídica Continua, supra, así como

la enmienda a la Regla 13 (a) del Reglamento del Tribunal

Supremo de Puerto Rico, supra, relacionada a la educación

jurídica continua del notariado, entrarán en vigor dentro de

tres años a partir de su aprobación. Las restantes enmiendas

entrarán en vigor inmediatamente.

Por último, reconocemos que el Segundo Informe de la

Comisión Notarial representa una importante aportación para

el notariado puertorriqueño, por lo cual debe estar accesible

a la comunidad. Ante ello, autorizamos que el Secretariado,

con el apoyo de la Oficina de Prensa de la Oficina de

Administración de los Tribunales, divulgue el Segundo Informe

entretanto este Tribunal evalúa la totalidad de las

recomendaciones consignadas.

Confiamos que estas medidas fortalecerán la formación

académica de las personas aspirantes al ejercicio de la

notaría y el desarrollo profesional continuo necesario para

que el notariado mantenga un servicio de excelencia a la

comunidad. De esta forma, se elevará el estándar de calidad

y eficiencia de quienes ejercen una función pública que

impacta el tráfico jurídico y la toma de decisiones de

envergadura de parte de la comunidad puertorriqueña.

Asimismo, se salvaguardan los intereses de la ciudadanía que

acude a la sede notarial para concretar negocios y

transacciones con repercusiones importantes en sus vidas por

lo que se requiere certeza jurídica de dichas transacciones.

Notifíquese al Director Administrativo de los Tribunales;

a los y las miembros de la Comisión para el Estudio y

Evaluación de la Función Notarial en Puerto Rico; a la

Directora del Secretariado de la Conferencia Judicial y

Notarial; al Director Ejecutivo de la Junta Examinadora de

Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría; a la

Directora Ejecutiva del Programa de Educación Jurídica

Continua; al Director de la Oficina de Inspección de Notarías;

al Director de la Oficina de Prensa; así como a los Decanos

y la Decana de las Escuelas y Facultades de Derecho de Puerto

Rico.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez está

ER-2020-02

11

conforme y emite la expresión siguiente, a la cual se une el

Juez Asociado señor Colón Pérez:

Al ordenar la reconstitución de la Comisión

para el Estudio y Evaluación de la Función Notarial

en

Puerto

Rico

(Comisión),

este

Tribunal

expresamente le encomendó la presentación de

recomendaciones dirigidas a “elevar el estándar de

calidad, transparencia, eficiencia y probidad moral

de quienes ejercen la función notarial en Puerto

Rico”. In re Com. Estudio y Eval. Fun. Notarial,

197 DPR 1, 4 (2016). En aras de cumplir tal

encomienda,

esta

Comisión

–compuesta

por

profesionales del derecho del más alto calibre en

lo que respecta el estudio y ejercicio de la notaría

en Puerto Rico– realizó una investigación minuciosa

sobre las realidades de la práctica notarial en

nuestra jurisdicción y plasmó sus conclusiones en

el Segundo Informe de la Comisión para el Estudio

y Evaluación de la Función Notarial en Puerto Rico

(Segundo Informe). Según ordenado, este Informe

compiló los comentarios y las sugerencias que

surgieron

de

los

Talleres

Grupales

de

la

Conferencia Notarial e integró el insumo de la

Oficina de Inspección de Notarías, la Junta

Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la

Abogacía y la Notaría, el Programa de Educación

Jurídica Continua y la Oficina de Administración de

los Tribunales. Asimismo, el producto final reúne

los estudios que componen la actualización de la

Radiografía del Notariado Puertorriqueño, la cual

en esta ocasión implicó realizar la Encuesta al

notariado puertorriqueño: 2018 y la actualización

del Informe sobre la actividad notarial en el

Registro de la Propiedad para la Radiografía del

notariado puertorriqueño. De esta manera, el

Segundo Informe evaluó el estado actual de la

práctica notarial en Puerto Rico desde la

perspectiva tanto del notariado como del Registro

de la Propiedad.

Los

hallazgos

del

Segundo

Informe

son

preocupantes. En primer lugar, este confirma sin

ambages lo que la jurisprudencia voluminosa de este

Tribunal sobre asuntos disciplinarios relacionados

a la notaría ya hace evidente: que la mayoría de

los notarios y notarias en nuestra jurisdicción no

dominan el Derecho Notarial, particularmente

asuntos relacionados al Derecho Hipotecario y los

requisitos para la autorización de instrumentos

públicos cabales y eficaces. Segundo Informe,

pág. 58. Quizás más preocupante aún, la Comisión

concluyó

que

“luego

de

haber

transcurridos

ER-2020-02

alrededor de doce años desde la presentación del

Informe sobre Actividad Notarial de 2010, la

conducta

del

notariado

no

ha

variado

significativamente y presenta faltas relacionadas

con las mismas lagunas que hace más de una década”.

Íd., pág. ix. Según la Comisión, lo anterior se

debe, al menos en parte, a que la preparación

académica de los aspirantes al ejercicio de la

notaría es muy limitada.

Ante este cuadro, y como era de esperar ante la

encomienda que se le delegó, la Comisión recomendó

enmiendas al ordenamiento notarial con el propósito

de robustecer la formación académica de las

personas aspirantes al ejercicio de la notaría. En

particular, la Comisión concluyó que “la aprobación

de un solo curso sobre Derecho Notarial no asegura

que un o una aspirante cuente con la preparación

necesaria

para

enfrentarse

a

los

retos

y

complejidades que la función notarial representa”.

Íd., págs. xii-xiii (Énfasis suplido). Por tanto,

recomendó requerir a los aspirantes aprobar tanto

cursos o talleres de notaría con un enfoque

práctico como cursos en materias íntimamente

relacionadas al ejercicio de la notaría. Esta

recomendación cobra aun más urgencia ante la

creación de competencias notariales nuevas. Cursos

de tan corta duración no permiten profundizar sobre

figuras jurídicas legisladas tales como el Poder

Duradero, el Matrimonio Notarial, el Divorcio

Notarial

y

las

Capitulaciones

Matrimoniales

Mutables, las cuales requieren de los y las

notarias llevar a cabo diligencias anteriores y

posteriores a la autorización de los instrumentos

públicos requeridos.

También pesó en el ánimo de estos expertos en

la notaría el hecho de que en países en donde rige

el notariado de estirpe latina el trámite para la

admisión a la notaría cuenta con mayor rigurosidad

y garantía. Para ejercer la notaría en Costa Rica,

por ejemplo, un aspirante necesita obtener un

posgrado en notaría, mientras que en Uruguay la

persona aspirante debe obtener un grado académico

en notaría que implica de cinco a seis años de

estudio. Íd., pág. 76. Asimismo, cabe resaltar que

durante el proceso de elaboración de enmiendas los

miembros de la Subcomisión de Formación Académica

adscrita a la Comisión sostuvieron reuniones con la

Decana y los Decanos de las tres Escuelas de Derecho

del país, quienes se mostraron en la mayor

disposición de ampliar la oferta curricular de sus

instituciones en materia de derecho notarial para

12

ER-2020-02

facilitar el cumplimiento del estudiantado con los

requisitos nuevos. Íd., pág. 63. Por último, al

momento de emitir sus recomendaciones, la Comisión

tuvo presente que la falta de diligencia y de

conocimiento sobre el Derecho Notarial por parte de

notarias y notarios implican efectos nefastos para

la ciudadanía, pues frustra la voluntad de las

personas otorgantes o requirentes en el negocio o

acto jurídico, provoca incertidumbre sobre los

efectos del negocio o acto jurídico, y menoscaba la

confianza que tiene la sociedad en nuestro sistema

de justicia. Por todo lo anterior, y en especial

por esto último, coincido con la Comisión sobre la

necesidad y razonabilidad de enmendar aspectos de

nuestro ordenamiento notarial para, entre otras

cosas, exigir una preparación académica más sólida

de nuestros notarios y notarias.

Lejos de disuadir el ejercicio de la notaría,

el propósito de estas enmiendas es garantizar que

aquellos aspirantes que escojan esa ruta estén

preparados para los retos que ello supone. Hacemos

un flaco servicio –tanto al país como a los

aspirantes– si se permite que estos últimos

ingresen al notariado sin antes asegurarnos de que

cuentan con las experiencias y herramientas que

requiere el ejercicio responsable de tan solemne

ministerio. Dado el atractivo económico que supone

el ejercicio de la notaría actualmente, no anticipo

que ocurra una merma drástica en el número de

notarios practicantes en nuestra jurisdicción como

consecuencia de estas enmiendas. Máxime cuando

estos requisitos aplicarán a estudiantes de nuevo

ingreso en agosto de 2021 y que comenzarán a tomar

cursos especializados en agosto 2022, por lo que

estos tendrán suficiente tiempo para desarrollar un

plan

de

estudio

afín

con

sus

intereses

profesionales particulares. El tiempo dirá.

Este

Tribunal

tiene

una

responsabilidad

indelegable de emplear las medidas que tenemos a

nuestro alcance para garantizar que el notariado en

Puerto Rico descargue competentemente su función.

Previo a estas enmiendas, bastaba con que un

aspirante aprobara tres créditos en Derecho

Notarial, un examen de reválida general que no

evalúa la competencia notarial y un examen de

reválida notarial para fungir como notario. Ahora,

tendrá además que tomar cinco créditos adicionales

en Derecho Notarial práctico y aprobar una serie

cursos en materias íntimamente relacionadas al

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desempeño de la notaría.5 Ello, a todas luces,

representa un paso en la dirección correcta, pues

asegurará que los aspirantes cuenten con un mínimo

de experiencias y destrezas al momento de ingresar

al notariado puertorriqueño. Este Tribunal no debe

permitir que cuando en un futuro se realice otro

informe sobre el estado de la notaría en Puerto

Rico, este reitere los mismos hallazgos consignados

en el Segundo Informe: que, simple y sencillamente,

la preparación académica de nuestros notarios y

notarias no está a la altura de la función pública

que ejercen, en detrimento de la ciudanía que

confía en estos para formalizar negocios jurídicos

que impactan los aspectos más importantes de sus

vidas. Ante un panorama tan alarmante, permanecer

cruzados de brazos o adoptar reformas a medias

simplemente no es una opción.

El Juez Asociado señor Martínez Torres disiente en parte

y emite la expresión siguiente, a la cual se une la Jueza

Asociada señora Pabón Charneco:

No tengo objeción a la mayoría de las enmiendas

que hoy se aprueban. Sin embargo, entiendo que los

cambios propuestos a la Regla 7, Requisitos de

admisión al examen de reválida notarial, tendrán el

efecto de reducir prospectivamente la cantidad de

notarios en nuestra jurisdicción. Como la demanda

por servicios notariales no se ve afectada, pero sí

la oferta de notarios para atender a los

ciudadanos, los costos por notarizar documentos

subirán. Eso redundará en encarecer los servicios

notariales al pueblo. El Tribunal se ha enfocado

solamente en la cantidad de problemas éticos que

trae ante nosotros la mala práctica de la notaría.

No obstante, no ha considerado los efectos

económicos de su propuesta ni el impacto que

tendrán en la educación legal de aquellos que no

interesan dedicarse únicamente a practicar la

notaría. Ante la crisis socioeconómica que vivimos,

esta no debe ser la respuesta por parte de este

Tribunal.

Por primera vez se exige que un abogado tome

ciertos cursos en la escuela de derecho para poder

sentarse a tomar el examen de reválida. Eso es

innecesario debido a que la mayoría de las materias

“[N]o se pretende con esto, ratificar el conocimiento ya examinado en

la Reválida General, sino evaluar las materias antes mencionadas dentro

del contexto de la función notarial específicamente, de modo que la

persona aspirante demuestre que tiene la preparación necesaria para

atender los asuntos relevantes a dicha área del Derecho dentro del ámbito

de la función notarial”. Segundo Informe, págs. 77-78.

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ya fueron objeto de examen en la reválida general,

la cual como recientemente decidimos, hay que

aprobar como requisito previo a solicitar el examen

de Reválida Notarial. No le hemos dado tiempo a

ver el impacto de ese cambio y ahora proponemos

otro.

Lo lógico es señalarle a los aspirantes las

materias que serán objeto del examen de reválida

notarial. Requerirles también que tomen cursos

específicos va más allá. Obliga al aspirante que no

tomó esos cursos a regresar al aula, después de

graduado, a tomar cursos de derecho. En el caso de

los aspirantes que no estudiaron en Puerto Rico,

representa tomar al menos un semestre adicional de

clases. Es oneroso incluso para quienes estudiaron

en la Isla, pues si interesan ser notarios tendrán

que sacrificar cursos electivos para tomar los que

el Tribunal les requiere obligatoriamente. Estamos

forzando a un estudiante a decidir temprano si

quiere ser notario, aunque este no sabe cuál rumbo

tomará su vida profesional. Además, estamos

estableciendo unilateralmente los requisitos en el

currículo de las escuelas de derecho, en perjuicio

de

la

autonomía

de

nuestras

instituciones

educativas. Cerramos el grupo de notarios, todo

para que haya menos asuntos disciplinarios. Claro,

no hay ningún estudio empírico que nos indique que

la práctica notarial mejorará con estos cambios.

Solo hay un deseo loable de que así sea.

Es contradictorio requerirle al aspirante que

interese sentarse a tomar el examen de reválida

notarial que tome unos cursos que no son requeridos

para tomar el examen de reválida general. La

persona que se sienta a tomar el examen de reválida

notarial es un licenciado debidamente juramentado

por esta curia. Eso quiere decir que ese aspirante

al ejercicio de la notaría demostró tener la

competencia mínima que se le requiere para ejercer

la profesión legal.

¿Por qué requerirle unos

cursos que ya fueron objeto de examen de reválida

general para que pueda tomar el examen notarial?

¿Acaso estamos aceptando que nuestro examen de

reválida general no prueba las competencias mínimas

que todo abogado debe tener para ser admitido a la

profesión legal en nuestra jurisdicción?

Las enmiendas propuestas tendrán un impacto

negativo en el acceso del público a los servicios

notariales, en especial a los más desventajados de

nuestra sociedad. La disminución de notarios que

los cambios aquí discutidos provocará tendrá el

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efecto inevitable de aumentar los costos de los

servicios

notariales.

Solo

se

necesita

un

entendimiento básico del concepto de la oferta y la

demanda para comprender que una merma de notarios

en esta jurisdicción aumentará los precios de

instrumentos básicos y necesarios para muchas

gestiones de nuestra vida cotidiana. Como bien

expresó el hermano Juez Asociado señor Estrella

Martínez, “...entre [los] males que limitan el

acceso a la justicia convergen mayormente barreras

económicas y procesales. Los costos de la

litigación y de la representación legal, la falta

de acceso para resolver pequeñas reclamaciones y

los problemas especiales de los intereses difusos

constituyen algunas de las zapatas de esas

barreras…”. L.F. Estrella Martínez, La figura del

notario como promotor del acceso a la justicia, Ed.

Situm, 2019, pág. 11. Si queremos asegurar el

acceso a la justicia de los ciudadanos, no lo

podemos hacer implementado regulaciones que tengan

como consecuencia encarecer los costos en los

servicios notariales.

Comprendo la preocupación de que tengamos

notarios con una formación académica completa y

acorde a los estándares de nuestra profesión, pero

ello no puede ser a costa de crear rigidez en la

educación legal y sin considerar el impacto que

tendrán dichos cambios en la accesibilidad de los

servicios notariales al pueblo. Después de todo, no

tenemos garantía ni estudio empírico que indique

que este cambio tendrá el efecto que busca el

Tribunal. Debemos estimular que haya mejores

notarios, no que haya menos.

La Jueza Asociada señora Pabón Charneco disiente en parte

por ser del criterio que exigir ocho créditos en Derecho

Notarial a los aspirantes es demasiado oneroso. No hay

garantía de que exigir créditos adicionales en notaría

conlleve que los futuros aspirantes notarios estén más

preparados que los notarios de antaño. A su vez, discrepa del

requerimiento de los demás cursos si no son también requeridos

para solicitar la reválida general, pues se sobrentiende que

los aspirantes que cumplan con los criterios para tomar el

examen de reválida notarial ya tienen los conocimientos

mínimos en esas materias por haber aprobado la reválida

general previo a solicitar la reválida notarial. Asimismo,

las preocupaciones que actualmente existen sobre la práctica

notarial son adecuadamente atendidas en los cambios al

Reglamento para la Admisión de Aspirantes al Ejercicio de la

Abogacía y la Notaría dirigidos a extender el examen de

reválida notarial a un día y requerir que solo lo tomen

quienes ya estén admitidos al ejercicio de la abogacía. Estos

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cambios le brindan mayor rigor al proceso de admisión al

ejercicio de la notaría e incitan a que los aspirantes

dediquen la debida atención a la preparación para tomar el

examen de reválida notarial, sin acarrear condiciones

desmesuradas.

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo