Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Enmiendas al Reglamento para l Admisión de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría; al Reglamento Notarial de Puerto Rico; al Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua, y al Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico
2020 TSPR 10
Poder Judicial de Puerto Rico
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ER-2020-02
Resolución del Tribunal
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Enmiendas al Reglamento para la
Admisión de Aspirantes al Ejercicio
de la Abogacía y la Notaría; al
Reglamento Notarial de Puerto Rico;
al Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua, y al
Reglamento del Tribunal Supremo de
Puerto Rico
Número del Caso:
Fecha:
Materia:
2020 TSPR 10
203 DPR _____
ER-2020-02
7 de febrero de 2020
Resolución del Tribunal.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Enmiendas al Reglamento para la
Admisión
de
Aspirantes
al
Ejercicio de la Abogacía y la
Notaría; al Reglamento Notarial
de Puerto Rico; al Reglamento
del
Programa
de
Educación
Jurídica
Continua,
y
al
Reglamento del Tribunal Supremo
de Puerto Rico
ER-2020-02
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 7 de febrero de 2020.
Mediante Resolución de 14 de diciembre de 2016,
EC-2016-01, este Tribunal reconstituyó la Comisión
para el Estudio y Evaluación de la Función Notarial en
Puerto
Rico
(Comisión
Notarial),
adscrita
al
Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial
(Secretariado), con el propósito de actualizar las
propuestas consignadas en el Informe de la Comisión
para el Estudio y Evaluación de la Función Notarial en
Puerto Rico presentado en el 2010. In re Com. Estudio
y Eval. Fun. Notarial, 197 DPR 1 (2016).
En cumplimiento con su encomienda, el 30 de abril
de 2019 la Comisión Notarial entregó formalmente su
Segundo Informe de la Comisión para el Estudio y
Evaluación de la Función Notarial en Puerto Rico
(Segundo Informe). En este, se presentaron diversas
propuestas de enmienda al ordenamiento jurídico
notarial. Entre los asuntos discutidos se encuentran
la formación académica, los criterios de admisión
aplicables a las personas aspirantes al ejercicio de
la notaría y la educación jurídica continua del
notariado.
Conforme a lo requerido por este Tribunal, la
Comisión Notarial inició sus esfuerzos revaluando las
propuestas contenidas en el Informe de 2010. Además,
consideró las recomendaciones de los Talleres Grupales
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2
que formaron parte de la Segunda Sesión Ordinaria de la
Conferencia Notarial de Puerto Rico celebrada en octubre de
2015, las comparecencias escritas de las dependencias de la
Rama Judicial y comparó el ordenamiento notarial de Puerto
Rico con otras jurisdicciones en las que rige el notariado de
estirpe latina. Asimismo, suministró una encuesta a los
notarios y las notarias y realizó un estudio sobre la
actividad en el Registro de la Propiedad para atemperar la
Radiografía del Notariado Puertorriqueño. Se actualizó,
además, el análisis de faltas éticas cometidas con mayor
frecuencia y la información provista en el Informe de 2010
por el Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC), la
Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía
y la Notaría (Junta Examinadora) y las escuelas o facultades
de Derecho del País.1 Miembros de la Comisión Notarial también
sostuvieron reuniones con la Decana y los Decanos de las tres
Escuelas de Derecho para discutir todo lo relativo a la
preparación académica de los aspirantes a la notaría y la
deseabilidad de establecer requisitos adicionales para
ingresar al notariado en Puerto Rico.2
Recientemente, encaminamos el proceso de consideración de
las propuestas incluidas en el Segundo Informe de la Comisión
Notarial.3 En aras de asegurar que el notariado puertorriqueño
esté compuesto por profesionales de la más alta capacidad y
competencia para ejercer tan puntilloso ministerio, y en
atención a la necesidad de garantizar que la ciudadanía cuente
con profesionales plenamente capacitados para imprimir
certeza y seguridad a los negocios jurídicos, resolvemos que
es necesario aprobar enmiendas adicionales atinentes a su
formación académica y desarrollo profesional. Entre los
1
La mayoría de los notarios o de las notarias que contestaron la encuesta
están a favor de que la admisión para tomar el examen de Reválida Notarial
se condicione a la aprobación de cursos o talleres adicionales al mínimo
actualmente requerido. De igual modo, las estadísticas del Programa de
Educación Jurídica Continua (PEJC) reflejaron que la mayoría de los y las
profesionales del Derecho que incumplieron con los requisitos de educación
jurídica eran notarios o notarias.
En su Informe a este Tribunal la Comisión Notarial consignó que la
Decana y los Decanos de las tres Escuelas de Derecho reflexionaron sobre
la posibilidad de añadir cursos adicionales sobre Derecho Notarial “en
aras de proveer a la persona aspirante al ejercicio de la notaría una
preparación que incluya cursos sobre derecho sustantivo y práctico. En
todas las entrevistas quedó demostrado el interés y la disposición de los
decanos y la decana de trabajar en colaboración con la Comisión Notarial
para el establecimiento de currículos uniformes en materia de Derecho
Notarial”. Segundo Informe, pág. 63.
2
3
En virtud de la Resolución de 7 de noviembre de 2019, ER-2019-06, este
Tribunal enmendó la Regla 7.1.1 del Reglamento para la Admisión de
Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría, 4 LPRA Ap. XVII-B,
con el propósito de disponer que toda persona aspirante al ejercicio de
la notaría deberá aprobar el examen de Reválida General previo a solicitar
el examen de Reválida Notarial.
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3
objetivos fundamentales de estos cambios que propuso la
Comisión Notarial y que hoy acogemos, se destacan los
siguientes:
1. Promover una formación académica más completa del
notariado, al requerir créditos adicionales en materia
de Derecho Notarial y un mínimo de créditos en otras
materias de Derecho Civil que inciden en la práctica
notarial como condición para aspirar al examen de
Reválida Notarial.
2. Añadir como requisito haber juramentado y estar admitido
o admitida al ejercicio de la abogacía y presentar
evidencia que lo acredite para solicitar el examen de
Reválida Notarial.
3. Extender el examen de Reválida Notarial a un día, de
modo que se pueda evaluar el conocimiento teórico y
práctico de la persona aspirante en materia de Derecho
Notarial y en aquellas que inciden sobre la práctica de
la notaría.
4. Celebrar una ceremonia de juramentación como acto
solemne que marque la admisión al ejercicio de la
notaría, la cual podrá llevarse a cabo durante la
ceremonia de juramentación para el ejercicio de la
abogacía.
5. Establecer que los notarios y las notarias, dentro de
las veinticuatro (24) horas crédito de educación
jurídica continua requeridas, deberán cumplir con un
mínimo de nueve horas crédito en cursos de Derecho
Notarial.
6. Disponer que quienes, voluntaria o involuntariamente,
hayan cesado en la práctica notarial y quienes, luego de
haber aprobado la Reválida Notarial, no soliciten
autorización para ejercer la notaría dentro del término
de cinco años, deberán acreditar haber completado un
mínimo de doce horas crédito de educación jurídica
continua en cursos de Derecho Notarial previo a
solicitar autorización para ejercer la notaría.
En concordancia con lo anterior, el Tribunal aprueba los
cambios enumerados a continuación.4
1. Se enmienda la Regla 4.3 del Reglamento para la Admisión
4
Luego de adoptar los objetivos descritos, formulamos las enmiendas a
tono con las recomendaciones de la Comisión para el Estudio y Evaluación
de la Función Notarial en Puerto Rico, adscrita al Secretariado de la
Conferencia Judicial y Notarial, así como con el insumo de las siguientes
dependencias: la Oficina de Inspección de Notarías; la Junta Examinadora
de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría, y el PEJC.
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4
de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría, 4
LPRA Ap. XVII-B, para que en lo sucesivo disponga lo
siguiente:
Regla 4. Requisitos de admisión al ejercicio de la
abogacía y la notaría
(4.1) […]
(4.2) […]
(4.3) Requisitos para el ejercicio de la notaría.—
(4.3.1) Toda persona que desee ser admitida al
ejercicio de la profesión notarial en el Estado
Libre Asociado de Puerto Rico deberá cumplir con los
requisitos siguientes:
(a) cumplir con los requisitos establecidos
en la Regla 4.1 de este Reglamento, y
(b) haber sido admitida
ejercicio de la abogacía, y
y
juramentada
al
(b) (c) aprobar un examen de Reválida
Notarial preparado, administrado y evaluado por la
Junta. Esta regla no se aplicará a ninguna persona
que haya sido admitida a la profesión de abogado en
Puerto Rico con anterioridad al 1ro de abril de 1983.
2. Se enmienda la Regla 7 del Reglamento para la Admisión
de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría, supra,
como sigue:
Regla 7. Requisitos
reválida notarial
de
admisión
al
examen
de
(7.1) Requisitos.—
(7.1.1) Toda persona interesada en solicitar el
examen de reválida notarial deberá cumplir con los
requisitos siguientes:
(a) cumplir con los requisitos que establece
la Regla 4.1.1, y
(b) haber sido admitida y juramentada
ejercicio de la abogacía en Puerto Rico, y
al
(b) (c) haber aprobado con una calificación
satisfactoria, un curso de derecho notarial en
cualquier escuela de derecho acreditada por la
American Bar Association o por el tribunal., un
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mínimo de:
(i) tres (3) créditos de Derecho Notarial
relacionados al Derecho Notarial Sustantivo,
(ii)
Sucesiones,
(iii)
Hipotecario,
(iv)
tres
tres
tres
(3)
créditos
(3)
(3)
de
créditos
Derecho
de
de
Derecho
créditos
de
Derecho
de
(v) tres (3) créditos
Obligaciones y Contratos,
de
Derecho
de
Familia,
(vi) cinco (5) créditos de Derecho
Notarial
Práctico,
que
podrán
acumularse
en
clínicas,
cursos,
seminarios
o
programas
especializados en la práctica notarial y que
integren las distintas facultades delegadas al
notariado puertorriqueño, así como la aplicación de
materias relacionadas al Derecho Notarial.
Se entenderá como calificación satisfactoria las
calificaciones “A”, “B”, “C” o sus equivalentes.
(7.2) Solicitud.—
(7.2.1) Todo Toda persona aspirante al ejercicio
de la notaría presentará una solicitud de reválida
notarial similar a lo dispuesto en la Regla 6 de
este apéndice, en la cual certifique, entre otros
asuntos otras cosas, que cumple con los requisitos
del inciso (6.2.1) las Reglas 6 y 7 de este apéndice.
Como parte de esta solicitud, deberá someter copia
del certificado acreditativo de la autorización y
admisión al ejercicio de la abogacía emitido por el
Tribunal Supremo de Puerto Rico una vez celebrada la
juramentación.
3. Se enmienda la Regla 8 del Reglamento Notarial de Puerto
Rico, 4 LPRA Ap. XXIV, como sigue:
Regla 8. Del ingreso al notariado;
reválida; educación continua
examen
de
(A) Podrá ser admitida al ejercicio del notariado
cualquier persona que, además de ser admitida por el
Tribunal Supremo de Puerto Rico al ejercicio de la
profesión de abogado, hubiere aprobado un examen de
reválida sobre Derecho Notarial preparado y ofrecido
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por la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio
de la Abogacía.
(B) No le será requerido dicho examen a persona
alguna que hubiere sido admitida al ejercicio de la
abogacía antes del primero de julio de 1983.
El examen de admisión al ejercicio del notariado
comprenderá, además de la materia de Derecho
Notarial, aquellas otras materias relacionadas que
la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de
la Abogacía estime apropiadas.
(C) La persona aspirante al ejercicio de la notaría
deberá acreditar, conforme dispone el Reglamento
para la Admisión de Aspirantes al Ejercicio de la
Abogacía y la Notaría, 4 LPRA Ap. XVII-B, que aprobó
satisfactoriamente un mínimo de: tres (3) créditos
de Derecho Notarial Sustantivo, y cinco (5) créditos
de Derecho Notarial Práctico, que podrán acumularse
en
clínicas,
cursos,
seminarios
o
programas
especializados en la práctica notarial y que
integren las distintas facultades delegadas al
notariado puertorriqueño, así como la aplicación de
materias relacionadas al Derecho Notarial.
(D) Según lo determine el Tribunal Supremo, todo
profesional del Derecho que haya aprobado la
Reválida
Notarial
tendrá
que
presentar
una
certificación emitida por el Programa de Educación
Jurídica Continua que acredite su cumplimiento con
los requisitos del Programa y que tomó un mínimo de
doce (12) horas crédito en cursos de Derecho
Notarial con proveedores autorizados por el Programa
de Educación Jurídica Continua previo a solicitar la
autorización para ejercer la notaría, cuando:
(1) No haya solicitado autorización para ejercer
la notaría en Puerto Rico dentro de los cinco (5)
años contados a partir de la notificación de
aprobación de la Reválida Notarial.
(2) Haya cesado su práctica notarial, voluntaria
o involuntariamente, por cinco (5) años o más.
Este requisito no aplicará a quienes cesaron su
práctica notarial para ocupar algún cargo a través
del cual ha mantenido al día su conocimiento sobre
el Derecho Notarial, como corolario del cargo
público. Tampoco aplicará al personal de la ODIN que
sea miembro de la profesión de la abogacía, tales
como el Director, Director Auxiliar, los Inspectores
de Protocolos, el personal asesor y con funciones
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administrativas, entre otros puestos similares que
determine el Tribunal Supremo.
4. Se enmienda la Regla 29 del Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua, 4 LPRA Ap. XVII-F, para que
disponga de la manera siguiente:
Regla 29. Cumplimiento
(a) El y la profesional del Derecho activo o activa
deberá cumplir con un mínimo de 24 horas crédito de
educación jurídica continua en cada periodo de 3
años. De esas 24 horas crédito, al menos 4 deberán
dedicarse a cursos de ética profesional. Dentro de
las 24 horas crédito requeridas, quienes tengan
estatus de activo en la notaría al momento de
terminar el periodo de cumplimiento deberán tomar al
menos 6 9 horas crédito en cursos de Derecho
Notarial. Las horas crédito en exceso del mínimo
requerido se podrán acreditar al periodo siguiente
siempre que no excedan de 24 horas. Al finalizar
cada periodo de cumplimiento, el o la profesional
del Derecho deberá asegurar que su cumplimiento está
acreditado por el Programa. De haber discrepancia,
el o la profesional del Derecho deberá evidenciar el
cumplimiento.
No obstante, y conforme a lo dispuesto en la
Regla 13 (a) del Reglamento del Tribunal Supremo, de
Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXI-B, el o la profesional
del Derecho que lleve más de 5 años sin ejercer la
práctica notarial, deberá completar 12 horas crédito
en cursos de Derecho Notarial como condición para su
admisión o readmisión a la profesión notarial.
Asimismo, el Tribunal Supremo podrá requerir que
subsane deudas crediticias de periodos anteriores y
que tome el número de créditos que estime
conveniente.
(b) […]
(c) […]
5. Se enmienda la Regla 13 del Reglamento del Tribunal
Supremo de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXI-B, para que disponga
de la manera siguiente:
Regla 13. Admisión al Notariado
(a) Cualquier persona que haya sido admitida por
este Tribunal al ejercicio de la profesión de la
abogacía y que, además, haya aprobado un examen de
reválida sobre derecho notarial preparado y ofrecido
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por la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio
de la Abogacía y la Notaría, podrá ser admitida al
ejercicio del notariado. El requisito del examen
sobre derecho notarial no se aplicará a persona
alguna que haya sido admitida al ejercicio de la
abogacía en o antes del 1 de julio de 1983.
Una vez aprobado el examen, el candidato o la
candidata deberá presentar al Secretario o a la
Secretaria del Tribunal la correspondiente solicitud
acompañada de una fianza en duplicado a favor del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico por la suma que
exige la ley.
Además, deberá
presentar
una
certificación emitida por el Programa de Educación
Jurídica Continua que acredite su cumplimiento con
los requisitos del Programa y que tomó un mínimo de
doce (12) horas crédito en cursos de Derecho
Notarial, previo a presentar la solicitud, cuando:
(1) No haya solicitado autorización para ejercer
la notaría en Puerto Rico dentro de los cinco (5)
años contados a partir de la notificación de
aprobación de la Reválida Notarial.
(2) Haya cesado su práctica notarial, voluntaria
o involuntariamente, por cinco (5) años o más.
Este requisito no aplicará a quienes cesaron su
práctica notarial para ocupar algún cargo a través
del cual ha mantenido al día su conocimiento sobre
el Derecho Notarial, como corolario del cargo
público. Tampoco aplicará al personal de la ODIN que
sea miembro de la profesión de la abogacía, tales
como el Director, Director Auxiliar, los Inspectores
de Protocolos, el personal asesor y con funciones
administrativas, entre otros puestos similares,
según determine el Tribunal Supremo.
Aprobada la fianza por el Tribunal y una vez se
admite el peticionario o la peticionaria al
ejercicio del notariado, deberá prestar el juramento
de rigor ante el Tribunal Supremo en pleno, ante
cualquiera de sus salas o de sus jueces y juezas o
el Secretario o la Secretaria del Tribunal. Hecho
esto, el notario o la notaria registrará su firma,
signo, sello y rúbrica en la Secretaría de este
Tribunal y en el Departamento de Estado, y
notificará a la sala correspondiente del Tribunal de
Primera Instancia al Director o a la Directora de la
Oficina de Inspección de Notarías, el lugar de
residencia y la localización de su oficina notarial.
Todos los meses, no más tarde del décimo día
calendario del mes siguiente al informado, remitirá
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un índice informativo de todas las escrituras y los
testimonios autorizados por él o ella, conforme el
Artículo 12 de la Ley Notarial de Puerto Rico, Ley
Núm. 75 de 2 de julio de 1987 (4 LPRA sec. 2023).
Los notarios y las notarias notificarán cualquier
cambio de residencia o de oficina notarial al
Secretario o a la Secretaria del Tribunal Supremo y
al Director o Directora de la Oficina de Inspección
de Notarías.
(b) […]
(c) […]
(d) […]
En atención a las enmiendas aquí aprobadas relacionadas al
currículo académico requerido a las personas aspirantes para
ejercer la notaría, acogemos la recomendación de la Comisión
Notarial de ampliar la duración del examen de Reválida
Notarial a un día. Se le instruye la Junta Examinadora a que,
al amparo de la discreción reconocida en la Regla 5 del
Reglamento para la Admisión de Aspirantes al Ejercicio de la
Abogacía y la Notaría, supra, establezca los pormenores de
formato y técnicas de las preguntas en conformidad con esta
determinación para que pueda impartirse el primer examen de
Reválida Notarial de un día de duración en un plazo no mayor
de cuatro años a partir de la presente Resolución. Contará
con igual término para atemperar la Tabla de Especificaciones
de este examen de modo que se le notifique adecuadamente a
las personas aspirantes al ejercicio de la notaría que este
examen podrá evaluar las materias siguientes: Derecho de
Sucesiones, Derecho Registral Inmobiliario, Derecho de
Obligaciones y Contratos, Ética Profesional, Derecho de
Familia, Derechos Reales, Contratos Especiales, Derecho
Mercantil, Derecho Tributario, Corporaciones y otras figuras
jurídicas, tales como fideicomisos, sociedades y otras. En
estas gestiones, la Junta Examinadora considerará las
recomendaciones consignadas en el Segundo Informe de la
Comisión Notarial relativas a la Tabla de Especificaciones,
al formato, a la cantidad y la naturaleza de las preguntas
del examen de Reválida Notarial. A esos fines, contarán con
el apoyo del Secretariado para aclarar cualquier interrogante
en torno a su contenido.
Tanto el Director Ejecutivo de la Junta Examinadora como
la Directora Ejecutiva del Programa de Educación Jurídica
Continua deberán implementar las medidas administrativas
necesarias acorde a lo aquí dispuesto.
A los fines de que las Escuelas o Facultades de Derecho
realicen todas las gestiones necesarias para adecuar su
oferta curricular a los cambios aquí dispuestos, las
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enmiendas al Reglamento para la Admisión de Aspirantes al
Ejercicio de la Abogacía y la Notaría, supra, así como a la
Regla 8(C) del Reglamento Notarial de Puerto Rico, supra,
aplicarán al estudiantado de nuevo ingreso matriculado a
partir de agosto de 2021.
De otra parte, las enmiendas a la Regla 8(D) del Reglamento
Notarial de Puerto Rico, supra, la Regla 29 del Reglamento
del Programa de Educación Jurídica Continua, supra, así como
la enmienda a la Regla 13 (a) del Reglamento del Tribunal
Supremo de Puerto Rico, supra, relacionada a la educación
jurídica continua del notariado, entrarán en vigor dentro de
tres años a partir de su aprobación. Las restantes enmiendas
entrarán en vigor inmediatamente.
Por último, reconocemos que el Segundo Informe de la
Comisión Notarial representa una importante aportación para
el notariado puertorriqueño, por lo cual debe estar accesible
a la comunidad. Ante ello, autorizamos que el Secretariado,
con el apoyo de la Oficina de Prensa de la Oficina de
Administración de los Tribunales, divulgue el Segundo Informe
entretanto este Tribunal evalúa la totalidad de las
recomendaciones consignadas.
Confiamos que estas medidas fortalecerán la formación
académica de las personas aspirantes al ejercicio de la
notaría y el desarrollo profesional continuo necesario para
que el notariado mantenga un servicio de excelencia a la
comunidad. De esta forma, se elevará el estándar de calidad
y eficiencia de quienes ejercen una función pública que
impacta el tráfico jurídico y la toma de decisiones de
envergadura de parte de la comunidad puertorriqueña.
Asimismo, se salvaguardan los intereses de la ciudadanía que
acude a la sede notarial para concretar negocios y
transacciones con repercusiones importantes en sus vidas por
lo que se requiere certeza jurídica de dichas transacciones.
Notifíquese al Director Administrativo de los Tribunales;
a los y las miembros de la Comisión para el Estudio y
Evaluación de la Función Notarial en Puerto Rico; a la
Directora del Secretariado de la Conferencia Judicial y
Notarial; al Director Ejecutivo de la Junta Examinadora de
Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría; a la
Directora Ejecutiva del Programa de Educación Jurídica
Continua; al Director de la Oficina de Inspección de Notarías;
al Director de la Oficina de Prensa; así como a los Decanos
y la Decana de las Escuelas y Facultades de Derecho de Puerto
Rico.
Publíquese.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez está
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conforme y emite la expresión siguiente, a la cual se une el
Juez Asociado señor Colón Pérez:
Al ordenar la reconstitución de la Comisión
para el Estudio y Evaluación de la Función Notarial
en
Puerto
Rico
(Comisión),
este
Tribunal
expresamente le encomendó la presentación de
recomendaciones dirigidas a “elevar el estándar de
calidad, transparencia, eficiencia y probidad moral
de quienes ejercen la función notarial en Puerto
Rico”. In re Com. Estudio y Eval. Fun. Notarial,
197 DPR 1, 4 (2016). En aras de cumplir tal
encomienda,
esta
Comisión
–compuesta
por
profesionales del derecho del más alto calibre en
lo que respecta el estudio y ejercicio de la notaría
en Puerto Rico– realizó una investigación minuciosa
sobre las realidades de la práctica notarial en
nuestra jurisdicción y plasmó sus conclusiones en
el Segundo Informe de la Comisión para el Estudio
y Evaluación de la Función Notarial en Puerto Rico
(Segundo Informe). Según ordenado, este Informe
compiló los comentarios y las sugerencias que
surgieron
de
los
Talleres
Grupales
de
la
Conferencia Notarial e integró el insumo de la
Oficina de Inspección de Notarías, la Junta
Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la
Abogacía y la Notaría, el Programa de Educación
Jurídica Continua y la Oficina de Administración de
los Tribunales. Asimismo, el producto final reúne
los estudios que componen la actualización de la
Radiografía del Notariado Puertorriqueño, la cual
en esta ocasión implicó realizar la Encuesta al
notariado puertorriqueño: 2018 y la actualización
del Informe sobre la actividad notarial en el
Registro de la Propiedad para la Radiografía del
notariado puertorriqueño. De esta manera, el
Segundo Informe evaluó el estado actual de la
práctica notarial en Puerto Rico desde la
perspectiva tanto del notariado como del Registro
de la Propiedad.
Los
hallazgos
del
Segundo
Informe
son
preocupantes. En primer lugar, este confirma sin
ambages lo que la jurisprudencia voluminosa de este
Tribunal sobre asuntos disciplinarios relacionados
a la notaría ya hace evidente: que la mayoría de
los notarios y notarias en nuestra jurisdicción no
dominan el Derecho Notarial, particularmente
asuntos relacionados al Derecho Hipotecario y los
requisitos para la autorización de instrumentos
públicos cabales y eficaces. Segundo Informe,
pág. 58. Quizás más preocupante aún, la Comisión
concluyó
que
“luego
de
haber
transcurridos
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alrededor de doce años desde la presentación del
Informe sobre Actividad Notarial de 2010, la
conducta
del
notariado
no
ha
variado
significativamente y presenta faltas relacionadas
con las mismas lagunas que hace más de una década”.
Íd., pág. ix. Según la Comisión, lo anterior se
debe, al menos en parte, a que la preparación
académica de los aspirantes al ejercicio de la
notaría es muy limitada.
Ante este cuadro, y como era de esperar ante la
encomienda que se le delegó, la Comisión recomendó
enmiendas al ordenamiento notarial con el propósito
de robustecer la formación académica de las
personas aspirantes al ejercicio de la notaría. En
particular, la Comisión concluyó que “la aprobación
de un solo curso sobre Derecho Notarial no asegura
que un o una aspirante cuente con la preparación
necesaria
para
enfrentarse
a
los
retos
y
complejidades que la función notarial representa”.
Íd., págs. xii-xiii (Énfasis suplido). Por tanto,
recomendó requerir a los aspirantes aprobar tanto
cursos o talleres de notaría con un enfoque
práctico como cursos en materias íntimamente
relacionadas al ejercicio de la notaría. Esta
recomendación cobra aun más urgencia ante la
creación de competencias notariales nuevas. Cursos
de tan corta duración no permiten profundizar sobre
figuras jurídicas legisladas tales como el Poder
Duradero, el Matrimonio Notarial, el Divorcio
Notarial
y
las
Capitulaciones
Matrimoniales
Mutables, las cuales requieren de los y las
notarias llevar a cabo diligencias anteriores y
posteriores a la autorización de los instrumentos
públicos requeridos.
También pesó en el ánimo de estos expertos en
la notaría el hecho de que en países en donde rige
el notariado de estirpe latina el trámite para la
admisión a la notaría cuenta con mayor rigurosidad
y garantía. Para ejercer la notaría en Costa Rica,
por ejemplo, un aspirante necesita obtener un
posgrado en notaría, mientras que en Uruguay la
persona aspirante debe obtener un grado académico
en notaría que implica de cinco a seis años de
estudio. Íd., pág. 76. Asimismo, cabe resaltar que
durante el proceso de elaboración de enmiendas los
miembros de la Subcomisión de Formación Académica
adscrita a la Comisión sostuvieron reuniones con la
Decana y los Decanos de las tres Escuelas de Derecho
del país, quienes se mostraron en la mayor
disposición de ampliar la oferta curricular de sus
instituciones en materia de derecho notarial para
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ER-2020-02
facilitar el cumplimiento del estudiantado con los
requisitos nuevos. Íd., pág. 63. Por último, al
momento de emitir sus recomendaciones, la Comisión
tuvo presente que la falta de diligencia y de
conocimiento sobre el Derecho Notarial por parte de
notarias y notarios implican efectos nefastos para
la ciudadanía, pues frustra la voluntad de las
personas otorgantes o requirentes en el negocio o
acto jurídico, provoca incertidumbre sobre los
efectos del negocio o acto jurídico, y menoscaba la
confianza que tiene la sociedad en nuestro sistema
de justicia. Por todo lo anterior, y en especial
por esto último, coincido con la Comisión sobre la
necesidad y razonabilidad de enmendar aspectos de
nuestro ordenamiento notarial para, entre otras
cosas, exigir una preparación académica más sólida
de nuestros notarios y notarias.
Lejos de disuadir el ejercicio de la notaría,
el propósito de estas enmiendas es garantizar que
aquellos aspirantes que escojan esa ruta estén
preparados para los retos que ello supone. Hacemos
un flaco servicio –tanto al país como a los
aspirantes– si se permite que estos últimos
ingresen al notariado sin antes asegurarnos de que
cuentan con las experiencias y herramientas que
requiere el ejercicio responsable de tan solemne
ministerio. Dado el atractivo económico que supone
el ejercicio de la notaría actualmente, no anticipo
que ocurra una merma drástica en el número de
notarios practicantes en nuestra jurisdicción como
consecuencia de estas enmiendas. Máxime cuando
estos requisitos aplicarán a estudiantes de nuevo
ingreso en agosto de 2021 y que comenzarán a tomar
cursos especializados en agosto 2022, por lo que
estos tendrán suficiente tiempo para desarrollar un
plan
de
estudio
afín
con
sus
intereses
profesionales particulares. El tiempo dirá.
Este
Tribunal
tiene
una
responsabilidad
indelegable de emplear las medidas que tenemos a
nuestro alcance para garantizar que el notariado en
Puerto Rico descargue competentemente su función.
Previo a estas enmiendas, bastaba con que un
aspirante aprobara tres créditos en Derecho
Notarial, un examen de reválida general que no
evalúa la competencia notarial y un examen de
reválida notarial para fungir como notario. Ahora,
tendrá además que tomar cinco créditos adicionales
en Derecho Notarial práctico y aprobar una serie
cursos en materias íntimamente relacionadas al
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desempeño de la notaría.5 Ello, a todas luces,
representa un paso en la dirección correcta, pues
asegurará que los aspirantes cuenten con un mínimo
de experiencias y destrezas al momento de ingresar
al notariado puertorriqueño. Este Tribunal no debe
permitir que cuando en un futuro se realice otro
informe sobre el estado de la notaría en Puerto
Rico, este reitere los mismos hallazgos consignados
en el Segundo Informe: que, simple y sencillamente,
la preparación académica de nuestros notarios y
notarias no está a la altura de la función pública
que ejercen, en detrimento de la ciudanía que
confía en estos para formalizar negocios jurídicos
que impactan los aspectos más importantes de sus
vidas. Ante un panorama tan alarmante, permanecer
cruzados de brazos o adoptar reformas a medias
simplemente no es una opción.
El Juez Asociado señor Martínez Torres disiente en parte
y emite la expresión siguiente, a la cual se une la Jueza
Asociada señora Pabón Charneco:
No tengo objeción a la mayoría de las enmiendas
que hoy se aprueban. Sin embargo, entiendo que los
cambios propuestos a la Regla 7, Requisitos de
admisión al examen de reválida notarial, tendrán el
efecto de reducir prospectivamente la cantidad de
notarios en nuestra jurisdicción. Como la demanda
por servicios notariales no se ve afectada, pero sí
la oferta de notarios para atender a los
ciudadanos, los costos por notarizar documentos
subirán. Eso redundará en encarecer los servicios
notariales al pueblo. El Tribunal se ha enfocado
solamente en la cantidad de problemas éticos que
trae ante nosotros la mala práctica de la notaría.
No obstante, no ha considerado los efectos
económicos de su propuesta ni el impacto que
tendrán en la educación legal de aquellos que no
interesan dedicarse únicamente a practicar la
notaría. Ante la crisis socioeconómica que vivimos,
esta no debe ser la respuesta por parte de este
Tribunal.
Por primera vez se exige que un abogado tome
ciertos cursos en la escuela de derecho para poder
sentarse a tomar el examen de reválida. Eso es
innecesario debido a que la mayoría de las materias
“[N]o se pretende con esto, ratificar el conocimiento ya examinado en
la Reválida General, sino evaluar las materias antes mencionadas dentro
del contexto de la función notarial específicamente, de modo que la
persona aspirante demuestre que tiene la preparación necesaria para
atender los asuntos relevantes a dicha área del Derecho dentro del ámbito
de la función notarial”. Segundo Informe, págs. 77-78.
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ya fueron objeto de examen en la reválida general,
la cual como recientemente decidimos, hay que
aprobar como requisito previo a solicitar el examen
de Reválida Notarial. No le hemos dado tiempo a
ver el impacto de ese cambio y ahora proponemos
otro.
Lo lógico es señalarle a los aspirantes las
materias que serán objeto del examen de reválida
notarial. Requerirles también que tomen cursos
específicos va más allá. Obliga al aspirante que no
tomó esos cursos a regresar al aula, después de
graduado, a tomar cursos de derecho. En el caso de
los aspirantes que no estudiaron en Puerto Rico,
representa tomar al menos un semestre adicional de
clases. Es oneroso incluso para quienes estudiaron
en la Isla, pues si interesan ser notarios tendrán
que sacrificar cursos electivos para tomar los que
el Tribunal les requiere obligatoriamente. Estamos
forzando a un estudiante a decidir temprano si
quiere ser notario, aunque este no sabe cuál rumbo
tomará su vida profesional. Además, estamos
estableciendo unilateralmente los requisitos en el
currículo de las escuelas de derecho, en perjuicio
de
la
autonomía
de
nuestras
instituciones
educativas. Cerramos el grupo de notarios, todo
para que haya menos asuntos disciplinarios. Claro,
no hay ningún estudio empírico que nos indique que
la práctica notarial mejorará con estos cambios.
Solo hay un deseo loable de que así sea.
Es contradictorio requerirle al aspirante que
interese sentarse a tomar el examen de reválida
notarial que tome unos cursos que no son requeridos
para tomar el examen de reválida general. La
persona que se sienta a tomar el examen de reválida
notarial es un licenciado debidamente juramentado
por esta curia. Eso quiere decir que ese aspirante
al ejercicio de la notaría demostró tener la
competencia mínima que se le requiere para ejercer
la profesión legal.
¿Por qué requerirle unos
cursos que ya fueron objeto de examen de reválida
general para que pueda tomar el examen notarial?
¿Acaso estamos aceptando que nuestro examen de
reválida general no prueba las competencias mínimas
que todo abogado debe tener para ser admitido a la
profesión legal en nuestra jurisdicción?
Las enmiendas propuestas tendrán un impacto
negativo en el acceso del público a los servicios
notariales, en especial a los más desventajados de
nuestra sociedad. La disminución de notarios que
los cambios aquí discutidos provocará tendrá el
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efecto inevitable de aumentar los costos de los
servicios
notariales.
Solo
se
necesita
un
entendimiento básico del concepto de la oferta y la
demanda para comprender que una merma de notarios
en esta jurisdicción aumentará los precios de
instrumentos básicos y necesarios para muchas
gestiones de nuestra vida cotidiana. Como bien
expresó el hermano Juez Asociado señor Estrella
Martínez, “...entre [los] males que limitan el
acceso a la justicia convergen mayormente barreras
económicas y procesales. Los costos de la
litigación y de la representación legal, la falta
de acceso para resolver pequeñas reclamaciones y
los problemas especiales de los intereses difusos
constituyen algunas de las zapatas de esas
barreras…”. L.F. Estrella Martínez, La figura del
notario como promotor del acceso a la justicia, Ed.
Situm, 2019, pág. 11. Si queremos asegurar el
acceso a la justicia de los ciudadanos, no lo
podemos hacer implementado regulaciones que tengan
como consecuencia encarecer los costos en los
servicios notariales.
Comprendo la preocupación de que tengamos
notarios con una formación académica completa y
acorde a los estándares de nuestra profesión, pero
ello no puede ser a costa de crear rigidez en la
educación legal y sin considerar el impacto que
tendrán dichos cambios en la accesibilidad de los
servicios notariales al pueblo. Después de todo, no
tenemos garantía ni estudio empírico que indique
que este cambio tendrá el efecto que busca el
Tribunal. Debemos estimular que haya mejores
notarios, no que haya menos.
La Jueza Asociada señora Pabón Charneco disiente en parte
por ser del criterio que exigir ocho créditos en Derecho
Notarial a los aspirantes es demasiado oneroso. No hay
garantía de que exigir créditos adicionales en notaría
conlleve que los futuros aspirantes notarios estén más
preparados que los notarios de antaño. A su vez, discrepa del
requerimiento de los demás cursos si no son también requeridos
para solicitar la reválida general, pues se sobrentiende que
los aspirantes que cumplan con los criterios para tomar el
examen de reválida notarial ya tienen los conocimientos
mínimos en esas materias por haber aprobado la reválida
general previo a solicitar la reválida notarial. Asimismo,
las preocupaciones que actualmente existen sobre la práctica
notarial son adecuadamente atendidas en los cambios al
Reglamento para la Admisión de Aspirantes al Ejercicio de la
Abogacía y la Notaría dirigidos a extender el examen de
reválida notarial a un día y requerir que solo lo tomen
quienes ya estén admitidos al ejercicio de la abogacía. Estos
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cambios le brindan mayor rigor al proceso de admisión al
ejercicio de la notaría e incitan a que los aspirantes
dediquen la debida atención a la preparación para tomar el
examen de reválida notarial, sin acarrear condiciones
desmesuradas.
José Ignacio Campos Pérez
Secretario del Tribunal Supremo