Tribunal Supremo de Puerto Rico
Menéndez Lebrón y otro v. Rodríguez Casiano y otros
2020 TSPR 8
Poder Judicial de Puerto Rico
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Menéndez Lebrón y otro v. Rodríguez Casiano y otros
AC-2017-97
Sentencia con Opinión de conformidad, Opinión de conformidad en parte y disidente en parte y Opinión disidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Laura Menéndez Lebrón & Myrna
Velázquez Castro
Recurridas
v.
Amel Rodríguez Casiano, Puerto
Rico Rican Cars, Inc.;
Cooperativa de Seguros
Múltiples, John Doe y Compañía
de Seguros ABC
Certiorari
2020 TSPR 08
203 DPR ____
Peticionarios
Administración de
Compensaciones de Accidentes
de Automóviles (ACAA)
Parte Interventora
Número del Caso:
AC-2017-97
Fecha: 3 de febrero de 2020
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Ponce-Aibonito, Panel IX
Abogado de la parte Peticionario:
Joseph Santaella Varela
Abogado de la parte Recurrida:
Lcdo. Jesús M. Del Valle
Materia:
Sentencia con Opinión de conformidad, Opinión de
conformidad en parte y disidente en parte y Opinión disidente.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Laura
Menéndez
Lebrón
Myrna Velázquez Castro
&
Recurridas
v.
Amel
Rodríguez
Casiano,
Puerto
Rico
Rican
Cars,
Inc.;
Cooperativa
de
Seguros Múltiples, John Doe Núm. AC-2017-0097
y Compañía de Seguros ABC
Peticionarios
Administración
de
Compensaciones de Accidentes
de Automóviles (ACAA)
Parte Interventora
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 3 de febrero de 2020.
Expedido el recurso de certiorari, y con el beneficio
de la comparecencia de ambas partes, se revoca el dictamen
emitido por el Tribunal de Apelaciones y se desestima la
causa de acción presentada en contra de la Cooperativa de
Seguros Múltiples de Puerto Rico.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. La Juez Asociada Rodríguez Rodríguez
emitió una Opinión de Conformidad a la que se unen los
Jueces Asociados señor Martínez Torres, señor Kolthoff
Caraballo y señor Feliberti Cintrón. El Juez Asociado
señor Estrella Martínez emite una Opinión de conformidad
en parte y disidente en parte. El Juez Asociado señor
Colón Pérez disiente con opinión escrita.
José Ignacio Campos Pérez
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Laura
Menéndez
Lebrón
Myrna Velázquez Castro
&
Recurridas
v.
Amel
Rodríguez
Casiano,
Puerto
Rico
Rican
Cars,
Inc.;
Cooperativa
de
Seguros Múltiples, John Doe Núm. AC-2017-0097
y Compañía de Seguros ABC
Peticionarios
Administración
de
Compensaciones de Accidentes
de Automóviles (ACAA)
Parte Interventora
Opinión de Conformidad emitida por la Juez Asociada señora
Rodríguez Rodríguez a la que se unen los Jueces Asociados
señor Martínez Torres, señor Kolthoff Caraballo y señor
Feliberti Cintrón
En San Juan, Puerto Rico, a 3 de febrero de 2020.
La controversia ante la consideración de este Tribunal
requiere
determinar
prescriptivo
en
si
contra
la
de
interrupción
un
asegurado
del
término
surte
efectos
contra su asegurador. En específico, debemos evaluar si el
Artículo 20.030 de la Ley Núm. 77 del 19 de junio de 1957,
según enmendada, mejor conocida como el Código de Seguros
de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 2003 (Código de Seguros),
establece
una
relación
de
solidaridad
legal
entre
asegurador y asegurado.
I.
El 10 de agosto de 2014, las señoras Laura Menéndez
Lebrón y Myrna Velázquez Castro (recurridas) presentaron
una
demanda
en
daños
y
perjuicios
contra el Sr. Amel
AC-2017-0097
2
Rodríguez Casiano, Puerto Rican Cars, Inc. (PR Cars), John
Doe y la Compañía de Seguros ABC. Mediante dicha acción
reclamaron
por
los
daños
que
sufrieron
luego
de
un
accidente automovilístico, ocurrido el 6 de abril de 2014,
y presuntamente causado por el señor Rodríguez Casiano.
Debemos señalar que en las alegaciones de la demanda
“John
Doe”
fue
descrito
como
“una
persona
jurídica
o
natural que le responde a la Parte Demandante por sus
acciones u omisiones que causaron o contribuyeron a causar
todos o parte de los daños alegados en la demanda”. Véase
Demanda, Anejo IV, Apelación, en la pág. 53. Asimismo,
surge de ésta que la “Compañía de Seguros ABC” es “una
compañía
de
seguros
creada
por
ley,
cuyo
nombre
se
desconoce y para la fecha del accidente que se relata más
adelante
favor
de
tenía
una
póliza
la
también
de
Parte
responsabilidad
pública
Demandada
Doe”.
John
a
Id.
(énfasis suplido).
Así, el 9 de enero de 2015, el Tribunal de Primera
Instancia
anotó
la
rebeldía
a
PR
Cars,
ya
que
fueron
emplazados el 10 de octubre de 2014 y no habían presentado
la contestación a la demanda. De igual forma, el 12 de
junio
de
2015,
el
foro
primario
anotó
la
rebeldía
al
codemandado, el señor Rodríguez Casiano, y señaló vista en
rebeldía para el 17 de septiembre de 2015.
Sin embargo, el 1 de septiembre de 2015, PR Cars
compareció ante el Tribunal de Primera Instancia y, el 8
de
septiembre
de
2015,
presentó
una
moción
de
desestimación. Luego de ciertos trámites procesales, el 22
AC-2017-0097
de
3
octubre
Velázquez
de
2015,
Castro
las
señoras
remitieron
a
Menéndez
la
Lebrón
Administración
y
de
Compensaciones por Accidente de Automóviles (ACAA) y PR
Cars
un
pliego
de
interrogatorio
y
requerimiento
de
producción de documentos. El 23 de noviembre de 2015, las
recurridas
solicitaron
permiso
al
foro
primario
para
realizar un descubrimiento de prueba con la intención de
estar en mejor posición para responder a la moción de
desestimación
presentada
en
su
contra.
Luego,
el
2
de
marzo de 2016, éstas solicitaron al Tribunal de Primera
Instancia que ordenara a los codemandados contestar los
interrogatorios enviados. El 12 de abril de 2016, la ACAA
remitió su contestación. En cambio, no fue hasta el 27 de
junio de 2016 que PR Cars remitió vía correo electrónico
su contestación al interrogatorio y produjo los documentos
solicitados.
En
atención
a
ello,
el
1
de
agosto
de
2016,
las
señoras Menéndez Lebrón y Velázquez Castro presentaron una
Moción de Autorización para Presentar Demanda Enmendada y
Expedición de Emplazamiento. Acompañaron la moción con una
demanda enmendada, en la que se incluyó a la Cooperativa
de
Seguros
Múltiples
de
Puerto
Rico
(CSMPR),
como
aseguradora de PR Cars y del señor Rodríguez Casiano. En
ésta, señalaron que habían advenido en conocimiento de la
existencia
de
interrogatorio
contenido
de
la
CSMPR
cursado
la
a
demanda
mediante
la
contestación
del
PR
En
relación
con
el
resaltamos
que
las
Cars.
enmendada,
partes “John Doe” y “Compañía de Seguros ABC” continuaron
AC-2017-0097
4
figurando como codemandados de nombre desconocido en el
epígrafe
y
se
exactamente
incluyeron
idénticas
a
alegaciones
en
su
contra
presentadas
en
la
demanda
las
original. Véase Demanda Enmendada, Anejo IV, Apelación, en
la pág. 65.1
El
19
de
diciembre
de
2016,
la
CSMPR
contestó la
demanda, negó todas alegaciones en su contra y presentó,
en conjunto a la contestación, una moción de desestimación
alegando
que
la
causa
de
acción
prescrita. El 13 de enero 2017,
en
su
contra
la CSMPR
estaba
presentó una
segunda moción de desestimación en la que reiteró que los
hechos por los cuales las recurridas le reclamaban habían
ocurrido el 6 de abril de 2014, pero que no fue traída al
pleito
hasta
el
1
de
agosto
de
2016.
De
igual
forma,
sostuvo que las señoras Menéndez Lebrón y Velázquez Castro
nunca
le
diligentes
reclamaron
porque
la
extrajudicialmente
trajeron
al
pleito,
y
no
dos
fueron
(2)
años
después de ocurridos los hechos.
El 21 de febrero de 2017, las recurridas se opusieron
a la moción de desestimación y reiteraron que durante el
descubrimiento de prueba advinieron en conocimiento de la
póliza expedida por la CSMPR a favor de PR Cars y el señor
Según la demanda enmendada, John Doe continuó siendo
descrito como “una persona jurídica o natural que le
responde a la Parte Demandante por sus acciones u
omisiones que causaron o contribuyeron a causar todos o
parte de los daños alegados en la demanda”. Véase Demanda
Enmendada, Anejo VI, Apelación, en la pág. 60. Mientras
que la “Compañía de Seguros ABC” continuó figurando como
“una compañía de seguros creada por ley, cuyo nombre se
desconoce y para la fecha del accidente que se relata más
adelante tenía una póliza de responsabilidad pública a
favor de la también Parte Demandada John Doe”. Id.
1
AC-2017-0097
5
Rodríguez Casiano. A la luz de esto, arguyeron que la
dilación se debió a la temeridad desplegada por PR Cars en
contestar los interrogatorios.
Así
las
cosas,
el
Tribunal
de
Primera
Instancia
denegó la moción de desestimación presentada por la CSMPR,
mediante una resolución notificada el 20 de junio de 2017.
Por estar en desacuerdo, el 27 de junio de 2017, presentó
una
moción
de
reconsideración;
la
cual
también
fue
denegada.
Aún
presentó
inconforme,
el
2
un
de
certiorari
recurso
de agosto
de
ante
2017,
el
la CSMPR
Tribunal
de
Apelaciones. En una resolución, notificada el 9 de agosto
de 2017, dicho foro denegó expedir el recurso. El foro
apelativo intermedio sostuvo que “[u]na vez evaluada la
prueba
documental
suministrada,
que
incluyó
la
copia
certificada de la póliza [de las recurridas] obtuvieron
autorización para traer a CSMPR al pleito. Al hacerlo, lo
hicieron
oportunamente,
pues,
fue
en
ese
momento
que
conocieron, efectiva y confiablemente, que CSMPR era la
aseguradora de los demandados”. Resolución del 8 de agosto
de 2017, en la pág. 6. La CSMPR presentó una moción de
reconsideración, la cual el Tribunal de Apelaciones denegó
mediante
resolución,
notificada
el
12
de
septiembre
de
2017.
Insatisfecha, el 29 de noviembre de 2017, la CSMPR
presentó un recurso de apelación ante este Foro.2 Así las
Mediante
dicho
escrito
señalamientos de error:
2
planteó
los
siguientes
AC-2017-0097
6
cosas, el 23 de febrero de 2018, este Tribunal acogió el
recurso como una petición de
certiorari y ordenó a
la
CSMPR presentar el alegato correspondiente.
El 15 de mayo de 2018, la CSMPR presentó su alegato
y, en esencia, arguye que el término prescriptivo de un
(1) año para ejercer una acción por daños y perjuicios
nunca fue interrumpido. Así, sostiene que cuando en la
demanda original se trajo a la “Compañía de Seguros ABC”
no se refería a la CSMPR como la aseguradora de PR Cars ni
del señor Rodríguez Casiano. En su lugar y, conforme a la
demanda, la aseguradora de nombre desconocido mantenía una
póliza
de
responsabilidad
pública
a
favor
de
un
codemandado desconocido, “John Doe”. De igual forma, la
CSMPR
sostiene
que
la
demanda
original
no
contiene
alegaciones en su contra ni tampoco se le realizó una
reclamación
extrajudicial.
Por
todo
lo
cual,
las
recurridas también arguye que transcurrió más de un (1)
año desde los hechos que dieron lugar a la presente causa
____________________________
Erró el Tribunal de Apelaciones al no revisar la
determinación del Tribunal de Primera Instancia
a pesar de que existen decisiones encontradas,
dentro del foro apelativo, respecto a la
interrupción del término de prescripción contra
una compañía aseguradora.
Erró el Tribunal de Apelaciones al no revisar la
determinación del Tribunal de Primera Instancia,
denegando la desestimación por prescripción, a
pesar de que no se interrumpió el término
prescriptivo contra la Cooperativa de Seguros
Múltiples de Puerto Rico.
Erró el Tribunal de Apelaciones al negarse a
expedir el recurso presentado, a pesar de que la
determinación del Tribunal de Primera Instancia
erró al tratar la relación aseguradora/asegurado
como una solidaria.
AC-2017-0097
7
de acción, el 6 de abril de 2014, o cuando se presentó la
demanda original, el 8 de octubre de 2014, hasta que se le
incluyó en el pleito el 1 de agosto de 2016.
De
otra
parte,
la
sostener
las
decisiones
CSMPR
de
los
también
foros
argumenta
recurridos
que
sería
avalar que en la relación contractual entre un asegurador
y su asegurado se presuma la solidaridad; lo cual sería
contrario al Código Civil de Puerto Rico y nuestro estado
de
Derecho
conforme
actual.
al
interesaban
La
Código
iniciar
contención
de
un
de
Seguros,
pleito
en
la
si
su
CSMPR
las
contra
es
que,
recurridas
tenían
que
hacerlo -desde el inicio y dentro del término de un (1)
año- mediante una demanda independiente (acción directa)
o, en la alternativa, una demanda conjuntamente con sus
asegurados.
En
ese
sentido,
sostiene
que
no
aplica
lo
dispuesto en el inciso (3) del Artículo 20.03 del Código
de Seguros dado que sólo se activa en aquellas instancias
en que exista
una sentencia firme a favor del tercero
perjudicado. Por último, invocando la decisión de Fraguada
Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365 (2012), la CSMPR
alega que las señoras Menéndez Lebrón y Velázquez Castro
no
emplearon
una
“debida
diligencia”
para
conocer
la
existencia o identidad de la aseguradora de PR Cars y el
señor Rodríguez Casiano. Así pues, concluye que la causa
de acción está prescrita y la demanda debe ser desestimada
en su totalidad.
El 15 de junio de 2018, las recurridas presentaron su
alegato en oposición en el que insisten en que advinieron
AC-2017-0097
en
8
conocimiento
de
que
PR
Cars
y
el
señor
Rodríguez
Casiano estaban cubiertos por una póliza de seguro durante
el
descubrimiento
de
prueba.
A
tenor
con
la
teoría
cognoscitiva del daño y la flexibilidad que otorgan las
Reglas de Procedimiento Civil al momento de enmendar una
demanda, las recurridas sostienen que, en todo momento,
actuaron de forma diligente y oportuna. Por ende, alegan
que la causa de acción no está prescrita. Asimismo, éstas
arguyen que no estamos ante un supuesto en donde hayan
cocausantes de daños y, por tal razón, sostienen que no
aplica Fraguada Bonilla
obligación
de
individualmente.
ni su progenie en cuanto a la
interrumpir
el
término
En
a
ello,
atención
prescriptivo
concluyen
que,
conforme al Código de Seguros, la interrupción del término
prescriptivo
directamente
contra
el
asegurado
lo
interrumpe para con la aseguradora.
Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,
este Tribunal correctamente concluye que la demanda objeto
de este pleito está prescrita. Veamos.
AC-2017-0097
9
II.
Como
cuestión
normativa
vigente
extintiva,
las
de
en
umbral,
Puerto
corresponde
Rico
distintas
sobre
formas
la
discutir
la
prescripción
disponibles
para
interrumpirla y la teoría cognoscitiva del daño. Luego,
compete abordar ciertos preceptos básicos en materia de
Derecho Procesal Civil que están íntimamente relacionadas
con los señalamientos de error presentados por la CSMPR.
Por último, debemos analizar el alcance de la relación
jurídica
entre
un
asegurador
y
un
asegurado,
según
el
Código de Seguros y nuestra jurisprudencia interpretativa.
Todo esto, en aras de determinar si, conforme a los hechos
particulares de este caso, la reclamación en contra de
CMSPR está prescrita. Veamos.
A.
La
prescripción
derecho
sustantivo,
más
derecho
a
determinada
ejercer
extintiva
no
es
una
procesal,
causa
institución
que
de
de
extingue
acción.
el
Véase
Rivera Ruiz v. Mun. de Ponce, 196 DPR 410 (2016). En su
aspecto procesal, la prescripción extintiva es una defensa
afirmativa
que
debe
plantearse
oportuna,
o
de
lo
contrario,
Meléndez
Guzmán
v.
Berríos
figura
jurídica
se
de
forma
expresa
y
entiende
renunciada.
172
DPR
1010,
regulada
en
el
López,
1017
(2008).
Esta
está
Artículo
1861 del Código Civil de Puerto Rico, el cual dispone que
“[l]as acciones prescriben por el mero lapso del tiempo
AC-2017-0097
10
fijado
por
la
término
para
prescripción
ley”.
31
LPRA
ejercer
una
causa
se
interrumpir
puede
sec.
de
5291.
Así
acción
sujeta
de
tres
pues,
(3)
a
el
la
maneras,
conforme el Artículo 1873, a saber: “[por] su ejercicio
ante
los
acreedor
deuda
tribunales,
y
por
por
el
por
cualquier
deudor”.
31
interrumpe
oportunamente
prescriptivo
comienza
a
reclamación
acto
de
LPRA
sec.
la
extrajudicial
reconocimiento
del
de
la
se
5303.
Una
vez
prescripción,
el
término
transcurrir
nuevamente.
SLG
García-Villega v. ELA, 190 DPR 799, 816 (2014). En cuanto
a la reclamación extrajudicial hemos resaltado que “para
que
surta
un
efecto
manifestación
pérdida
de
perderlo”.
interruptor,
inequívoca
su
derecho,
Meléndez
de
quien,
expresa
Guzmán,
[ésta]
172
debe
ser
una
amenazado
con
la
voluntad
de
no
su
DPR
en
la
pág.
1020
(énfasis en el original).
Así
pues,
salvo
mediante
alguna
de
que
las
se
produzca
formas
la
indicadas,
interrupción
el
término
prescriptivo para una acción en daños y perjuicios es de
un (1) año, conforme al Artículo 1868 del Código Civil, 31
LPRA sec. 5298. De igual forma, en el contexto de los
contratos
de
seguro
hemos
resuelto
que
el
término
prescriptivo para presentar una causa de acción contra un
asegurador, conforme al Código de Seguros, también es de
un (1) año. Ruiz Millán v. Maryland Cas. Co., 101 DPR 249,
251 (1973) (“Teniendo las dos acciones, tanto la que se
incoe contra el asegurado como la que se siga contra la
compañía aseguradora, el mismo origen y dependiendo las
AC-2017-0097
dos
de
la
11
misma
prueba,
no
hay
justificación
para
establecer períodos prescriptivos distintos”.)
Como
parte
de
la
doctrina
extintiva,
hemos
reconocido
la
sobre
teoría
la
prescripción
cognoscitiva
del
daño. Conforme a ésta, un término prescriptivo comienza a
transcurrir
una
vez
el
perjudicado
conoció
-o
debió
conocer- que sufrió un daño, quién se lo causó, así como
los elementos necesarios para ejercitar efectivamente su
causa de acción. Véase Maldonado Rivera, 195 DPR en la
pág. 194; COSSEC et al. v. González López et al., 179 DPR
793, 806 (2010). Así pues, cuando en Fraguada Bonilla v.
Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365 (2012) adoptamos la figura
de la solidaridad impropia (o in solidum), resolvimos que
si
una
contra
víctima
cada
interesa
uno
de
conservar
los
su
causantes
causa
del
de
acción
daño
deberá
interrumpir la prescripción en relación con cada uno por
separado y dentro del término prescriptivo de un (1) año.
Véase además, Maldonado Rivera v. Suárez y otros, 195 DPR
182 (2016).
A
la
luz
de
esto,
debemos
aclarar
un
aspecto
fundamental de la controversia ante nuestra consideración:
un asegurador no figura como un co-causante del daño en el
contexto de una demanda de daños y perjuicios incoada en
contra de su asegurado. No podemos perder de vista que la
relación
entre
asegurador
y
asegurado
sólo
existe
en
virtud del contrato de seguros pactado entre ambos. A no
ser por este acuerdo contractual, la presunta víctima del
daño
no
tendría
relación
jurídica
alguna
con
el
AC-2017-0097
12
asegurador. De hecho, esta es la teoría legal esbozada por
las
señoras
alegato
en
Menéndez
Lebrón
y
Velázquez
oposición
presentado
ante
Castro
este
en
su
Foro.3
No
obstante, las recurridas sostienen que como la CSMPR no es
co-causante de los daños, “no cabe concluir que hay una
obligación
de
interrumpir
el
término
prescriptivo
individualmente”. Alegato Parte Recurrida, en la pág. 17.
Esta
contención
presenta
un
error
conceptual
de
las
figuras jurídicas en cuestión. Veamos.
Si bien la causa de acción incoada en contra de la
CSMPR, como aseguradora, no está sujeta a los parámetros
de
la
teoría
cognoscitiva
del
daño
ni
a
la
doctrina
establecida en Fraguada Bonilla y su progenie, las señoras
Menéndez Lebrón y Velázquez Castro, presuntas víctimas de
los daños, tenían una obligación en ley de presentar la
demanda contra el señor Rodríguez Casiano, PR Cars y su
aseguradora dentro del término prescriptivo de un (1) año.
Este
requisito
surge
de
la
decisión
emitida
por
este
Tribunal en Ruiz Millán v. Maryland Cas. Co., 101 DPR 249
(1973).
En atención a ello, no hay duda de que, el 10 de
agosto de 2014,
las
señoras
Menéndez Lebrón y Velázquez
Específicamente, éstas arguyen que “la responsabilidad de
la aseguradora ante el perjudicado no nace por haberle
causado un daño, sino por el pacto que realizó con su
asegurado de pagar un monto determinado por razón de los
daños
ocasionados
por
su
asegurado.
Por
lo
que
consecuentemente, la responsabilidad no nace del Art. 1802
del Código Civil, sino que nace en virtud del contrato de
su asegurado”. Alegato Parte Recurrida, en la pág. 16
(citas omitidas).
3
AC-2017-0097
13
Castro presentaron una demanda en daños y perjuicios
contra el señor Rodríguez Casiano, PR Cars, John Doe y
Compañía de Seguros ABC, mediante la cual reclamaron por
los daños ocurridos el 6 de abril de 2014. En cambio, no
fue
hasta
el
1
de
agosto
de
2016,
comenzado
el
descubrimiento de prueba, que las recurridas presentaron
una
moción
para
enmendar
la
demanda
original
con
la
intención de añadir a la CSMPR, como aseguradora de PR
Cars
y
del
señor
Rodríguez
Casiano.
Un
mero
cálculo
aritmético devela que la CSMPR fue traída al pleito a más
de
un
(1)
año,
no
sólo
de
automovilístico,
sino
también
los
hechos
desde
que
demanda
original.
Tampoco
surge
señoras
Menéndez
Lebrón
y
se
legal,
inequívocas”
interrumpir
presentó
la
que
las
ni
su
Castro,
hicieron
la
accidente
expediente
Velázquez
representación
para
del
del
“manifestaciones
prescripción
de
forma
extrajudicial previo o después de la presentación de la
demanda original.
Esta
conclusión,
sin
embargo,
no
pone
fin
a
la
controversia ante nuestra consideración. Ello, puesto que
las recurridas argumentan, en su alegato en oposición ante
este Foro, que enmendaron la demanda original, conforme a
las
Reglas
de
Procedimiento
Recurrida,
en
las
evaluar
la
“enmienda”
si
págs.
Civil.
10-11,
de
16.
añadir
Véase
Alegato
Por
tanto,
a
la
Parte
procede
demanda
a
la
CSMPR, transcurrido el término prescriptivo de un (1) año,
se retrotrae a la fecha de presentación de la demanda
original. Surge del tracto procesal que, al presentar la
AC-2017-0097
demanda
14
original,
las
recurridas
incluyeron
a
dos
(2)
codemandados de nombre desconocido: “John Doe” y “Compañía
de Seguros ABC”. De entrada, esto nos sugiere que las
recurridas sabían, o debían de haber sabido, que el señor
Rodríguez
Casiano
aseguradas.
En
y
este
PR
Cars
sentido,
eran
personas
debemos
jurídicas
indagar
si
la
inclusión de la CSMPR fue una sustitución de parte, cuyo
nombre
se
desconocía,
conforme
a
las
alegaciones
de
Reglas
de
Procedimiento Civil.
B.
Las
enmiendas
a
las
una
demanda
reguladas por la Regla 13.1 de Procedimiento Civil, la
cual establece que:
Cualquier
parte
podrá
enmendar
sus
alegaciones
en
cualquier
momento
antes
de
habérsele notificado una alegación responsiva, o
si su alegación es de las que no admiten
alegación responsiva y el pleito no ha sido
señalado para juicio, podrá de igual modo
enmendarla en cualquier fecha dentro de los
veinte
(20)
días
de
haber
notificado
su
alegación. En cualquier otro caso, las partes
podrán enmendar su alegación únicamente con el
permiso
del
tribunal
o
mediante
el
consentimiento
por
escrito
de
la
parte
contraria;
y
el
permiso
se
concederá
liberalmente cuando la justicia así lo requiera.
La solicitud de autorización para enmendar las
alegaciones
deberá
estar
acompañada
de
la
alegación enmendada en su totalidad. Una parte
notificará su contestación a una alegación
enmendada dentro del tiempo que le reste para
contestar la alegación original o dentro de
veinte (20) días de haberle sido notificada la
alegación enmendada, cualquiera de estos plazos
que sea más largo, a menos que el tribunal de
otro modo lo ordene.
32 LPRA Ap. V. R. 13.1.
AC-2017-0097
A
pesar
15
de
que
las
Reglas
de
Procedimiento
Civil
favorecen un enfoque liberal para autorizar enmiendas a
las alegaciones, esta liberalidad no es infinita. Romero
v. S.L.G. Reyes, 164 DPR 721, 730 (2005). El ámbito de
discreción de los tribunales queda sujeto a un análisis
dinámico -en conjunto- de varios criterios, a saber: (1)
el impacto del tiempo transcurrido previo a la enmienda,
(2) la razón de la demora, (3) el perjuicio a la otra
parte, y (4) la procedencia de la enmienda solicitada. Id.
De otra parte, la Regla 13.3 de Procedimiento Civil
expone la normativa aplicable para enmendar la demanda con
el fin de sustituir una parte. En lo pertinente, la Regla
dispone que:
Siempre
que
la
reclamación
o
defensa
expuesta en la alegación enmendada surja de la
conducta, del acto, de la omisión o del evento
expuesto en la alegación original, las enmiendas
se retrotraerán a la fecha de la alegación
original.
Una enmienda para sustituir la parte contra
la cual se reclama se retrotraerá a la fecha de
la alegación original si además de cumplirse con
el requisito anterior y dentro del término
prescriptivo, la parte que se trae mediante
enmienda: (1) tuvo conocimiento de la causa de
acción pendiente, de tal suerte que no resulte
impedida de defenderse en los méritos, y (2) de
no haber sido por un error en cuanto a la
identidad del (de la) verdadero(a) responsable,
la acción se hubiera instituido originalmente en
su contra.
Una enmienda para incluir a una parte
demandante se retrotraerá a la fecha de la
alegación
original
si
ésta
contiene
una
reclamación que surja de la misma conducta,
acto, omisión o evento que la acción original y
que la parte demandada haya tenido conocimiento,
dentro
del
término
prescriptivo,
de
la
existencia de la causa de acción de los
reclamantes
que
se
quieren
acumular
como
demandantes y de su participación en la acción
original.
AC-2017-0097
16
32 LPRA Ap. V., R. 13.3 (énfasis suplido).
En relación con esta regla, hemos dictaminado que “si
con la enmienda se intenta añadir un nuevo demandante o
demandado,
el
momento
que
determina
el
término
prescriptivo es cuándo se incluye el nuevo demandante o
demandado por primera vez en la demanda”. Ortiz Díaz v. R.
&
R.
Motors
Sales
Corp.,
131
DPR
829,
837–38
(1992).
Claro, esto “con excepción de lo dispuesto por las Reglas
15.1, 15.4 y 13.3 de Procedimiento Civil y la situación en
que exist[a] solidaridad entre el demandante o demandado
ya
incluido
en
la
demanda
original
y
el
nuevo”.
Arce
Bucetta v. Motorola, 173 DPR 516, 538-39 (2008) (énfasis
suplido).4
Por
último,
Procedimiento
la
Civil,
Regla
que
15.4
regula
de
el
las
Reglas
mecanismo
de
procesal
disponible para incluir en un pleito a una parte demandada
de nombre desconocido, establece que:
Cuando una parte demandante ignore el
verdadero nombre de una parte demandada, deberá
hacer
constar
este
hecho
en
la
demanda
exponiendo la reclamación específica que alega
tener contra dicha parte demandada. En tal caso,
la parte demandante podrá designar con un nombre
ficticio a dicha parte demandada en cualquier
alegación o procedimiento, y al descubrirse el
verdadero nombre, hará con toda prontitud la
enmienda correspondiente en la alegación o
procedimiento.
32 LPRA Ap. V. R. 15.4.
Aunque este análisis surge en el contexto de las Reglas
de Procedimiento Civil de 1979, en su contenido, las
Reglas 15.4 y 13.3 actuales son idénticas -para todos los
efectos prácticos- a las anteriores. Así también, no hay
que entrar a discutir la Regla 15.1 (Legitimación activa)
por ser inaplicable a la presente controversia.
4
AC-2017-0097
17
Esto constituye una excepción a la regla general que
exige que en la demanda se designe al demandado por su
nombre
correcto
garantizar
su
y
se
derecho
le
a
notifique
un
debido
adecuadamente
proceso
de
para
ley.
La
excepción, en esencia, busca suplir las deficiencias de
los términos prescriptivos en los momentos en que, a pesar
de la
debida diligencia
y de conocer la identidad del
demandado, se desconoce su nombre correcto. Núñez González
v. Jiménez Miranda, 122 DPR 134, 139 (1988). En cuanto al
alcance de la regla, hemos sido enfáticos al sostener que
la “ignorancia del verdadero nombre del demandado debe ser
real y legítima, y no falsa o espúrea”. Padín v. Cia. Fom.
Ind., 150 DPR 403, 417 (2000). Asimismo, en el contexto
particular de una controversia como la del presente caso,
hemos resuelto que para “responsabilizar a las compañías
aseguradoras designadas con nombres ficticios” se les debe
incluir “en la demanda con su nombre correcto” y se les
debe
notificar
“con
tiempo
suficiente
para
que
puedan
comparecer y defenderse”. Núñez González, 122 DPR en la
pág. 142.
Al
aplicar
recapitular
el
derecho
ciertos
aspectos
antes
esbozado,
puntuales
del
debemos
trámite
procesal en el presente caso. En primer lugar, y como
mencionáramos anteriormente, “John Doe” fue descrito en la
demanda original como “una persona jurídica o natural que
le
responde
a
la
Parte
Demandante
por
sus
acciones
u
omisiones que causaron o contribuyeron a causar todos o
AC-2017-0097
18
parte de los daños alegados en la demanda”, mientras que
la “Compañía de Seguros ABC” aparece como “una compañía de
seguros creada por ley, cuyo nombre se desconoce y para la
fecha del accidente que se relata más adelante tenía una
póliza de responsabilidad pública a favor de la también
Parte Demandada John Doe”. Demanda, supra, en la pág. 53.
Conforme
a
estas
alegaciones,
Compañía
de
Seguros
ABC,
Procedimiento
Civil,
son
tanto
según
John
Doe,
como
la
Regla
15.4
de
codemandados,
cuya
identidad
presuntamente se conoce, mas no su nombre correcto.
Ahora
bien,
surge
del
expediente,
como
también
señaláramos antes, que en la demanda enmendada del 1 de
agosto de 2016 tanto John Doe como la Compañía de Seguros
ABC
continuaron
figurando
como
codemandados
de
nombre
desconocido. Asimismo, la demanda enmendada contiene las
mismas alegaciones en su contra que la demanda original.
De hecho, durante todo el trámite apelativo, éste ha sido
el caso, pues John Doe y Compañía de Seguros ABC todavía
son partes en el pleito.
En
atención
a
ello,
resolvemos
que
las
señoras
Menéndez Lebrón y Velázquez Castro nunca “enmendaron” la
demanda, como argumentan en su alegato en oposición, sino
que intentaron incluir en el pleito a una parte nueva a
destiempo. Según surge del expediente, la inclusión de dos
codemandados de nombre desconocido irremediablemente nos
lleva a concluir que las recurridas sabían, o debían de
haber sabido, que el señor Rodríguez Casiano y PR Cars
eran personas jurídicas aseguradas. Esto nos coloca en el
AC-2017-0097
19
ámbito de las Reglas 13.3 y 15.4 y no de la Regla 13.1 de
Procedimiento Civil.
Así pues, según el tracto procesal del presente caso,
ni la presentación de la demanda original ni la inclusión
de la CSMPR mediante la demanda enmendada se llevaron a
cabo conforme a las Reglas 13.3 y 15.4 de las Reglas de
Procedimiento
Civil,
supra,
y
nuestra
jurisprudencia
interpretativa. No sólo no se sustituyó correctamente una
parte, cuya identidad presuntamente se conoce, mas no su
nombre
correcto,
Procedimiento
Civil
sino
que
además
son
claras
las
cuando
Reglas
dictan
que,
de
al
momento de considerar una enmienda -al amparo de la Reglas
13.3- debe realizarse dentro del término prescriptivo.
III.
Por consiguiente, nos resta considerar si existe una
solidaridad legal entre un asegurado y un asegurador de
forma tal que la interrupción de la prescripción contra el
primero
surtió
efectos
nuestro
estado
de
supuesto
que
nos
original
presentada
contra
Derecho
actual,
permitiría
por
el
las
segundo.
éste
concluir
señoras
Conforme
sería
que
el
la
Menéndez
a
único
demanda
Lebrón
y
Velázquez Castro interrumpió el término prescriptivo de un
(1) año exigido en ley para presentar una causa acción en
contra de la CSMPR. Véase Arce Bucetta, 173 DPR en las
págs.
538-39.
evaluar
si
establece
Para
esto,
en
el
Artículo
20.030
una
relación
de
asegurador y asegurado.
específico,
corresponde
del
de
Seguros
legal
entre
Código
solidaridad
AC-2017-0097
20
A.
En términos generales, y según el Código de Seguros,
un contrato de seguros es aquel “mediante el cual una
persona se obliga a indemnizar a otra o a pagarle o a
proveerle
un
beneficio
específico
o
determinable
al
producirse un suceso incierto previsto en el mismo”. 26
LPRA sec. 102. De otra parte, un “asegurador” es aquella
persona que se dedica a la contratación de seguros y que,
conforme al Código de Seguros, podría ser “una asociación
de
seguro
recíproco,
una
asociación
mutualista,
una
organización de servicios de salud o un grupo de cualquier
clase,
organizado
con
fines
pecuniarios
o
sin
ellos,
dedicado al negocio de otorgar contratos de seguros”. 26
LPRA
sec.
103.
Naturalmente,
un
“asegurado”
es
aquella
persona que establece una relación con el asegurador y
“cuya responsabilidad civil queda cubierta en la póliza de
seguro”.
Luis
F.
Reglero
Campos
(Ed.),
Tratado
de
Responsabilidad Civil 1378 (5ta Ed., 2014).
En los seguros de responsabilidad civil, como el que
nos ocupa en el presente caso, quien reclama al asegurado
o al asegurador se le denomina un “tercero perjudicado” o
una “víctima”. En esencia, el tercero perjudicado, quien
es acreedor de la deuda indemnizatoria, es “la persona que
ha
experimentado
sentimientos,
un
patrimonio
daño
y,
en
en
su
cuerpo,
general,
en
mente,
bienes
y
derechos jurídicamente tutelables, como consecuencia de la
conducta o actividad del asegurado”. Id. en la pág. 1379.
AC-2017-0097
El
elemento
21
esencial
de
esta
relación
tripartita
entre
dichos sujetos jurídicos lo constituye:
[L]a asunción del riesgo que gravita sobre
el
asegurado
de
quedar
obligado,
bien
contractual bien extracontractualmente, por una
conducta o actividad propia o de una persona de
cuyos actos u omisiones deba responder (pero
siempre que así se contemple en la póliza), a
indemnizar los daños y perjuicios causados a un
tercero como consecuencia de la verificación de
un hecho previsto en el contrato, por el que se
delimita
materialmente
el
objeto
de
la
cobertura.
Id. en la pág. 1367.
En
Puerto
Rico,
con
relación
al
alcance
de
la
responsabilidad civil del asegurador con su asegurado, el
Artículo 20.010 del Código de Seguros dispone que “[e]l
asegurador
que
expidiere
una
póliza
asegurando
a
una
persona contra daños o perjuicios . . . será responsable
cuando ocurriere una pérdida cubierta por dicha póliza”.
26 LPRA sec. 2001. Asimismo, el pago de la pérdida por
parte
del
asegurador
será
“hasta
el
grado
de
su
responsabilidad por la misma, con arreglo a la póliza, [y]
no dependerá del pago que efectúe el asegurado en virtud
de
sentencia
firme
dictada
contra
él
con
motivo
del
suceso, ni dependerá de dicha sentencia”. Id.
En cuanto a la naturaleza de la relación jurídica
entre un asegurador y un asegurado, la hemos descrito como
una de carácter “contractual [que] se rige concretamente
por lo pactado en el contrato de seguros, que es la ley
entre las partes”. Gen. Accid. Ins. Co. P.R. v. Ramos, 148
DPR
523
Codeco,
(1999).
Véase
185
146
DPR
además,
(2012).
Integrand
En
atención
Assurance
a
esto,
v.
e
AC-2017-0097
22
interpretando el Artículo 1090 del Código Civil,5 hemos
resuelto
que
“para
compañía
aseguradora
que
y
exista
el
solidaridad
asegurado,
ello
entre
debe
una
surgir
claramente del contrato de seguros. Dicha solidaridad debe
haberse
pactado
claramente
del
expresamente
o,
contenido
contrato
del
al
menos,
que
debe
la
surgir
relación
entre las partes se constituyó con tal carácter”. Gen.
Accid. Ins. Co. P.R., 148 DPR en la pág. 537 (citando a
Torrellas v. Sucn. Torrellas, 57 DPR 501 (1940)) (énfasis
suplido). En otras palabras, en los contratos de seguro,
como en todo contrato, la solidaridad no se presume. Véase
en general, Quilez-Velar v. Ox Bodies, Inc., 198 DPR 1079
(2017).
Ahora bien, este análisis al amparo del Código Civil,
que como fuente de Derecho es supletorio en materia de
Derecho de Seguros, Mun. de San Juan v. Great Ame. Ins.
Co., 117 DPR 632 (1986), parecería estar en conflicto con
lo dispuesto en el Artículo 20.030 del Código de Seguros.
Este
artículo
establece
los
mecanismos
u
opciones
En el derecho privado existen distintas clases de
obligaciones en atención a la pluralidad de sujetos
(acreedores y/o deudores). La naturaleza y los efectos de
estas obligaciones las encontramos en el Artículo 1090, el
cual dispone que:
5
La concurrencia de dos (2) o más acreedores o de
dos (2) o más deudores en una sola obligación no
implica que cada uno de aquéllos tenga derecho a
pedir ni cada uno de éstos deba prestar
íntegramente las cosas objeto de la misma. Sólo
habrá
lugar
a
esto
cuando
la
obligación
expresamente lo determine, constituyéndose con
el carácter de solidaria.
31 LPRA sec. 3101.
AC-2017-0097
23
procesales que tiene a su haber un tercero perjudicado
para
presentar
una
causa
de
acción
en
contra
de
un
asegurador o un asegurado. Así dispone que:
(1) La persona que sufriere los daños y
perjuicios tendrá, a su opción, una acción
directa contra el asegurador conforme a los
términos y limitaciones de la póliza, acción que
podrá ejercitar contra el asegurador solamente o
contra éste y el asegurado conjuntamente. La
acción directa contra el asegurador se podrá
ejercer
solamente
en
Puerto
Rico.
La
responsabilidad del asegurador no excederá de
aquella dispuesta en la póliza, y el tribunal
deberá
determinar
no
solamente
la
responsabilidad del asegurador, si que también
la cuantía de la pérdida. Cualquier acción
incoada conforme a esta sección estará sujeta a
las condiciones de la póliza o contrato y a las
defensas que pudieran alegarse por el asegurador
en acción directa instada por el asegurado.
(2) En una acción directa incoada por la
persona que sufriere los daños y perjuicios
contra el asegurador, éste está impedido de
interponer
aquellas
defensas
del
asegurado
basadas en la protección de la unidad de la
familia u otras inmunidades similares que estén
reconocidas en el ordenamiento jurídico de
Puerto Rico.
(3) Si el perjudicado entablara demanda
contra el asegurado solamente, no se estimará
por ello que se le prive, subrogándose en los
derechos del asegurado con arreglo a la póliza,
del derecho de sostener acción contra el
asegurador y cobrarle luego de obtener sentencia
firme contra el asegurado.
26 LPRA sec. 2003 (énfasis suplido).
A
tenor
con
este
artículo,
el
estado
de
Derecho
vigente reconoce que una víctima que alega haber sufrido
un
daño
ocasionado
por
la
negligencia
encausar
su
acción
asegurada
puede
asegurador
(“acción
directa”),
(2)
de
una
persona
demandando
al:
(1)
asegurado
(3)
al
o
asegurado y su asegurador conjuntamente. Neptune Packing
AC-2017-0097
24
Corp. v. Wackenhut Corp., 120 DPR 283, 289 (1988). De
igual forma, surge del texto claro de la ley, que si la
víctima que sufrió los daños dirige su causa de acción
sólo contra el asegurado y obtiene una sentencia final y
firme
contra
posteriormente
éste,
en
entonces,
contra
del
podría
instar
asegurador
una
para
acción
exigir
el
pago de la sentencia. Véase Ruiz v. New York Dept. Stores,
146 DPR 353, 367–68 (1998). Por último, en cuanto a la
acción directa, hemos resuelto que ésta se caracteriza por
ser “independiente, distinta y separada” de la reclamación
que tiene disponible el perjudicado en contra del causante
del
daño
(asegurado).
Id.
en
la
pág.
364
(énfasis
suplido). Véase además Savary v. Mun. Fajardo, 198 DPR
1014 (2017). Así pues, el Código de Seguros no contempla
“una acción por los mismos hechos contra el asegurador y
otra acción idéntica y simultánea contra el asegurado”.
Neptune
Packing
Corp.,
120
DPR
en
la
pág.
290.
Véase
además, Lcdo. Rolando Cruz, Derecho de Seguros 263 (Ed.
JTS, 1999).
En esta discusión, además, debemos puntualizar que el
efecto “[d]el ejercicio de la opción [incide] sobre el
posible éxito de su reclamación”. Cortés Román v. ELA, 106
DPR 504, 516 (1977). Es decir, “la elección hecha por un
demandante
al
instar
su
reclamación
determina
los
requisitos que vendrá obligado a cumplir y las defensas a
que estará aquél sujeto”. Id. (énfasis suplido).
Los efectos en la prescripción de la selección de uno
de
estos
mecanismos
procesales,
disponibles
bajo
el
AC-2017-0097
25
Artículo 20.030, han sido motivo de numerosas decisiones
emitidas
por
este
Tribunal.
Por
ejemplo,
previo
a
la
aprobación en 1957 del Código de Seguros vigente, este
Tribunal tuvo la oportunidad de evaluar si la interrupción
de
la
tenía
prescripción
efectos
respecto
contra
la
a
una
persona
compañía
aseguradora
asegurada.
Cruz
v.
González, 66 DPR 212 (1946). En esa ocasión, se resolvió
en la negativa, ya que no existía una relación solidaria
entre el asegurado y su aseguradora. Id. Posterior a esta
decisión,
20.030
y
del
ya
analizado
Código
de
lo
Seguros
dispuesto
actual,
en
en
el
Artículo
Trigo
v.
The
Travelers Ins. Co., 91 DPR 868 (1965) este Foro resolvió
que,
en
la
acción
directa
frente
a
una
compañía
aseguradora, un tercero perjudicado tiene derecho a exigir
una compensación por los daños sufridos, aun cuando la
causa acción contra el asegurado haya prescrito, pero sólo
si
se
interrumpió
oportunamente
la
acción
contra
dicha
aseguradora. Véase además Durán Cepeda v. Morales Lebrón,
112 DPR 623 (1982).
Sin embargo, en Barrientos v. Gob. de la Capital, 97
DPR 552 (1969), interpretando el Artículo 20.30 del Código
de Seguros, este Foro dictaminó que una causa de acción
contra una aseguradora no estaba prescrita, a pesar de que
el
tercero
perjudicado
la
había
incluido
en
el
pleito
transcurrido el término de un (1) año desde la ocurrencia
de los daños. Debemos contextualizar los hechos de este
caso. En Barrientos, el 30 de marzo de 1957, la presunta
negligencia
de
la
compañía
Island
Constructors,
Inc.
AC-2017-0097
26
(Island) resultó en ciertos daños de la propiedad del Sr.
León Lyons. Por razón de ello, el 8 de agosto de 1958, el
señor León Lyons presentó una demanda contra Island más,
sin embargo, nunca la emplazó. No obstante, en febrero de
1959,
el
señor
Lyons
enmendó
la
demanda
original
para
traer al pleito a American Surety Co. (American), como
aseguradora
de
Island.
El
foro
primario,
luego
de
una
extensa y compleja litigación, dictó sentencia declarando
ha lugar la demanda en contra de Island y American. Estas
últimas recurrieron ante este Foro y plantearon, entre sus
múltiples señalamientos de error, que la demanda estaba
prescrita
para
con
ambas
compañías.
En
específico,
American sostuvo que fue incluida en el pleito a más de un
(1) año desde que ocurrieron los daños. Al disponer de esa
defensa, este Tribunal concluyó lo siguiente:
Con respecto a la defensa de prescripción de la
American Surety Co., basta referirse al Art.
20.030 [3] del Código de Seguros, que reconoce
el derecho del perjudicado de iniciar una causa
de acción contra la aseguradora aun después de
haber
obtenido
sentencia
firme
contra
el
asegurado. Esto significa que en el caso de
autos la causa de acción contra la American
Surety Co. todavía está en tiempo, aunque han
pasado más de diez años desde que se enmendó la
demanda para incluirla como parte demandada.
Id. en la pág. 576 (citas omitidas).
A cincuenta (50) años de este Tribunal haber emitido
dicha determinación, nos corresponde reevaluarla. Hoy día,
la
lectura
que
hiciéramos
en
aquel
entonces
sobre
el
alcance del Artículo 20.030 del Código de Seguros resulta
insostenible.
Como
se
desprende
de
la
discusión
que
precede, si bien el tercero perjudicado tiene disponible
AC-2017-0097
27
una acción de subrogación, luego de recibir una sentencia
firme en contra del asegurado, esta protección estatutaria
no
implica
que
interrumpir
la
prescripción
contra
el
asegurado surte efectos contra el asegurador. Cada uno de
los mecanismos u opciones procesales disponibles al amparo
del Artículo 20.030 del Código de Seguros operan de forma
independiente y no pueden combinarse a la conveniencia de
quien
los
invoca.
Lo
contrario
implicaría
avalar,
tácitamente, la existencia de una solidaridad legal en la
relación contractual entre el asegurado y el asegurado.
Con excepción de Barrientos, en la mayoría de las
decisiones emitidas por este Foro sobre el tema, se ha
evaluado la naturaleza de la obligación jurídica entre un
asegurador
y
interrupción
asegurado
del
desde
término
la
misma
óptica:
prescriptivo
si
frente
la
al
asegurador, en un procedimiento de acción directa, surte
efectos
contra
el
asegurado.
En
cuanto
a
dicha
controversia, este Tribunal ha llevado a cabo un análisis
estatutario de los parámetros de la acción directa, según
establecidos en el Artículo 20.030 del Código de Seguros,
y
en
conjunto
con
los
preceptos
generales
del
Código
Civil. El resultado de este ejercicio adjudicativo siempre
ha
sido
entre
negar
la
asegurado
existencia
y
de
asegurador
una
relación
en
la
solidaria
acción
directa
presentada por un tercero perjudicado.
Ahora bien, la controversia en el presente caso, al
igual
que
en
Barrientos,
plantea
la
situación
a
la
inversa: si conforme al inciso (3) del Artículo 20.030 del
AC-2017-0097
Código
28
de
Seguros,
interrumpir
la
causa
asegurado,
presunto
un
de
tercero
acción
perjudicado
puede
que
tiene
frente
a
un
daño,
y
dicha
causante
de
contra
interrupción
surta
efectos
controversia
actual
nos
provee
que
un
el
asegurador.
La
la
oportunidad
de
reconsiderar la decisión de Barrientos y disipar cualquier
duda en cuanto a la inexistencia de una solidaridad legal,
conforme
al
Código
de
Seguros,
entre
asegurador
y
asegurado.6
Como
ya
mencionáramos,
la
elección
del
mecanismo
procesal para presentar una acción judicial en contra de
un
asegurador
o
asegurado
repercutirá
en
cuanto
a
los
requisitos que el tercero perjudicado tendrá que cumplir
para ser compensado por los daños sufridos. En la relación
tripartita
entre
asegurado,
asegurador
y
tercero
perjudicado, el vínculo jurídico del tercero perjudicado y
el asegurador sólo surge en dos (2) escenarios: ante una
acción
directa
contra
el
asegurador
o
ante
una
acción
conjunta en contra de un asegurador y su asegurado. Por
supuesto,
en
ambos
responsabilidad civil
escenarios
se
al asegurado
tiene
que
adjudicar
(causante del daño).
En la esfera federal existen determinaciones del Tribunal
de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito y
el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito
de Puerto Rico que, interpretando decisiones emitidas por
este Tribunal, han llegado a resultados distintos y, en
ocasiones, contradictorios. Véase, Tokyo Marine & Fire
Ins. Co. v. Pérez & Cia., De Puerto Rico, Inc., 142 F.3d 1
(1st Cir. 1998); Santiago-Rivera v. Royal Ins. Co. of
Puerto Rico, 613 F. Supp. 121 (D.P.R.), aff’d, 782 F.2d
1025 (1st Cir. 1985). Véase además, González-Morales v.
Presbyterian Cmty. Hosp., Inc., No. CV 13-1906 (PG), 2017
WL 212234, (D.P.R. Jan. 18, 2017); Arroyo-Torres v.
González-Méndez, 212 F. Supp. 3d 299 (D.P.R. 2016).
6
AC-2017-0097
Esto
tiene
29
total
sentido
práctico
pues,
como
se
ha
dictaminado, si contra un asegurado no existe una causa de
acción en daños, tampoco la hay en contra del asegurador
separadamente. Véase Almonte de Mejías v. Díaz, 86 DPR 111
(1962).
De otra parte, cuando un tercero perjudicado opta por
encausar su acción únicamente contra el asegurado, esta
determinación
conlleva
unos
efectos
distintos
a
la
selección de los demás mecanismos procesales disponibles
bajo el Artículo 20.030 del Código de Seguro. Si bien el
inciso (3) de este artículo establece unas salvaguardas
procesales sobre cómo el tercero perjudicado puede exigir
a un asegurador el cobro de su acreencia, luego de obtener
una sentencia firme a su favor, no hay duda de que en ese
supuesto no estamos ante la acción directa que se codifica
en
el
inciso
(1)
del
Artículo
20.030
del
Código
de
Seguros.
Presentar una demanda únicamente contra un presunto
causante de un daño no es más que eso: una demanda civil.
Así pues, si el tercero perjudicado luego de presentar una
demanda, transcurrido el término prescriptivo de un (1)
año y sin haber incluido en dicha demanda a un asegurador
de nombre desconocido, adviene en conocimiento de que el
demandado
está
asegurado,
lo
que
tiene
disponible
-
conforme al inciso (3) del Artículo 20.030- es la certeza
de
que
si
en
su
día
prevalece
en
el
pleito
podrá
posteriormente presentar una acción contra el asegurador
para cobrar su acreencia. Esta acción, sin embargo, no
AC-2017-0097
30
está predicada en la solidaridad, sino en un supuesto de
subrogación.7
tercero
Lo
que
perjudicado
asegurado
para
ocurre
se
reclamar
en
esta
subroga
en
al
acción
los
asegurador
es
que
derechos
la
el
del
compensación
disponible bajo la póliza de seguros. Véase 26 LPRA sec.
2003(3).
Todo esto, claro está, no cambia el hecho de que la
responsabilidad
civil
que
se
adjudique
será
hasta
el
límite de la póliza que dicho asegurado poseía al momento
que ocurrió el daño. Véase 26 LPRA sec. 2003. Asimismo,
nada
impide
traiga,
que
mediante
asegurador
para
responsabilidad,
el
propio
una
que,
éste
presunto
demanda
contra
conforme
asuma
su
causante
a
del
tercero,
su
daño
a
su
póliza
de
responsabilidad
legal.
Véase PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 861,
893-97 (1994).
IV.
En virtud de la discusión que antecede, reiteramos
que, en el contexto del inciso (3) del Artículo 20.030, si
la presunta víctima del daño opta por dirigir su acción
El profesor José Julián Álvarez González coincide con que
el Artículo 20.030 del Código de Seguros no establece una
solidaridad legal entre asegurador y asegurado. J.J.
Álvarez González, Responsabilidad Extracontractual, 62
Rev. Jur. UPR 903, 934 n. 18 (1993). Luego de analizar las
decisiones emitidas por este Tribunal en torno al Artículo
20.030 del Código de Seguros, el Profesor concluye, sin
ambages, que “la creación de la acción directa en 1957 no
dejó sin efecto en este aspecto la decisión de Cruz v.
González,
que
rechaza
que
exista
una
relación
de
solidaridad entre asegurador y asegurado”. Id. (citas
omitidas). Véase además José Julián Álvarez González,
Responsabilidad Civil Extracontractual, 78 Rev. Jur. UPR
457, 505 n. 190-91 (2009).
7
AC-2017-0097
sólo
contra
31
el
asegurado,
transcurrido
el
término
prescriptivo de un (1) año y sin haber incluido en dicha
demanda a un asegurador de nombre desconocido, el reclamo
contra el asegurador está disponible únicamente luego de
que exista una sentencia firme en contra del asegurado.
Por todo lo cual, sostenemos que el Artículo 20.030 del
Código de Seguros no establece una solidaria legal entre
asegurador y asegurado. La solidaridad sólo puede existir,
en este contexto, si se pacta expresamente y surge del
contrato
de
antecede,
la
seguros.
A
decisión
la
luz
emitida
de
la
por
este
discusión
que
Tribunal
en
Barrientos, supra, no debe ser dispositiva para el caso
ante nuestra consideración.
Así pues, dado que no existe solidaridad legal entre
un
asegurado
y
su
asegurador,
conforme
al
Código
de
Seguros, no podemos concluir que, en el presente pleito,
la demanda presentada por las señoras Menéndez Lebrón y
Velázquez Castro en contra del señor Rodríguez Casiano y
PR
Cars
interrumpió
la
prescripción
contra
la
CSMPR.
Habida cuenta que la demanda se presentó fuera del término
prescriptivo dispuesto en ley, que no hubo una oportuna
interrupción extrajudicial, que la sustitución de parte no
se llevó a cabo conforme a Derecho, y que, además, no
existe
solidaridad
legal
entre
un
asegurado
y
su
asegurador, concluimos que la causa de acción en contra de
la CSMPR está prescrita.
AC-2017-0097
32
V.
Por todo lo cual, erraron los foros recurridos al no
desestimar
la
demanda
en
cuanto
a
la
CSMPR,
bajo
el
fundamento de prescripción. En atención a ello, procede
revocar
la
desestimar
resolución
la
causa
de
del
Tribunal
acción
de
presentada
Apelaciones
y
en
de
contra
CSMPR.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Laura Menéndez Lebrón y
Myrna Velázquez Castro
Recurridas
v.
Amel Rodríguez Casiano,
Puerto Rican Cars Inc.,
Cooperativa de Seguros
Múltiples, John Doe y
Compañía de Seguros ABC
AC-2017-0097
Certiorari
Peticionarios
Administración de
Compensaciones de
Accidentes de Automóviles
(ACAA)
Parte Interventora
Opinión de conformidad en parte y disidente en parte emitida
por el Juez Asociado señor ESTRELLA MARTÍNEZ.
San Juan, Puerto Rico, a 3 de febrero 2020.
Hoy, este Tribunal precisa acertadamente la naturaleza
de la responsabilidad de una entidad aseguradora frente a
una
persona
perjudicada
negligentes
de
Opinión
conformidad
de
una
por
persona
los
actos
asegurada.
reitera
A
u
mi
omisiones
juicio,
correctamente
que
la
una
entidad aseguradora y una persona asegurada no responden
solidariamente en estos casos, salvo pacto en contrario. En
virtud de ello, concluye que una persona perjudicada que
AC-2017-0097
interese
2
dirigir
su
acción
en
contra
de
una
entidad
aseguradora y una persona asegurada, deberá interrumpir el
término prescriptivo de su causa de acción en contra de
cada una de éstas.
Sin
embargo,
me
veo
forzado
a
discrepar
de
la
Sentencia en torno a un asunto medular que precisamente
conduce a este Tribunal a revocar los foros recurridos.
Como pudo observarse, la Opinión de conformidad reitera que
una persona perjudicada que interese demandar a la entidad
aseguradora de quien presuntamente le causó algún daño,
debe hacerlo dentro del término prescriptivo de un (1) año.
No obstante, concluye que el referido término prescriptivo
comenzará a cursar desde la fecha en que ocurrió el daño,
independientemente del momento en que la parte demandante
advino en conocimiento de la existencia y la responsabilidad
de
la
entidad aseguradora.
aplicación
de
la
teoría
De
este
modo,
cognoscitiva
se
del
descarta
daño
en
la
este
contexto y se le exige a una parte demandante que presente
una
causa
de
acción
antes
de
tener
existencia
de
ésta.
Ante
este
conocimiento
cuadro,
de
la
respetuosamente
disiento del dictamen revocatorio.
Veamos
brevemente
los
hechos
importantes
para
los
señalamientos de esta Opinión de conformidad en parte y
disidente en parte.
I
En el caso de epígrafe, la Sra. Laura Menéndez Lebrón
y la Sra. Myrna Velázquez Castro (recurridas) tuvieron un
accidente automovilístico alegadamente causado por el Sr.
AC-2017-0097
Amel
3
Rodríguez
Casiano
(señor
Rodríguez
Casiano),
quien
conducía un vehículo rentado por Puerto Rican Cars, Inc. (PR
Cars). A raíz del accidente, las recurridas presentaron una
demanda
en
daños
y
perjuicios,
dentro
del
término
prescriptivo de un (1) año, en contra del señor Rodríguez
Casiano, PR Cars, John Doe y la Compañía de Seguros ABC.
Las recurridas alegaron que el señor Rodríguez Casiano
condujo el automóvil de forma negligente, lo cual causó el
accidente y los posteriores daños y perjuicios. Asimismo,
arguyeron
que
PR
Cars
fue
negligente
al
alquilar
el
vehículo al señor Rodríguez Casiano, quien presuntamente
solo contaba una licencia de conducir extranjera a pesar de
que llevaba más de ciento veinte (120) días en Puerto Rico.
Luego
de
adecuadamente
varios
en
la
trámites
Opinión
de
procesales
conformidad,
reseñados
entre
los
cuales se anotó la rebeldía del señor Rodríguez Casiano y
de PR Cars por su incomparecencia a los procedimientos, las
recurridas
prueba.
solicitaron
realizar
un
descubrimiento
Particularmente,
el
22
de
octubre
Pliego
de
Interrogatorio
presentaron
un
Primer
de
de
2015
y
Requerimiento de Producción de Documentos a PR Cars. En el
mismo, se le solicitó información sobre la existencia de
alguna póliza de seguro que estuviese vigente al momento de
los hechos. Ante la falta de contestación de parte de PR
Cars, el 2 de marzo de 2016 las recurridas acudieron al
Tribunal de Primera Instancia en solicitud de una orden
para que la parte demandada realizara el descubrimiento de
prueba requerido.
AC-2017-0097
4
Finalmente, el 27 de junio de 2016 PR Cars contestó el
interrogatorio y presentó los documentos solicitados, entre
éstos, una copia de la póliza de seguro expedida por la
Cooperativa
de
Seguros
Múltiples
de
Puerto
Rico
(Cooperativa) a favor de PR Cars. Tan solo aproximadamente
un (1) mes después, el 1 de agosto de 2016, las recurridas
solicitaron
al
foro
primario
enmendar
la
demanda
para
incluir a tal entidad aseguradora como parte demandada. A
esos
efectos,
las
descubrimiento
primera
vez
de
de
recurridas
prueba
que
PR
alegaron
advinieron
Cars
en
estaba
que
durante
el
conocimiento
por
asegurada
por
la
Cooperativa. Debido a lo anterior, estimaron que demandaron
a la Cooperativa oportunamente.
Por su parte, la Cooperativa se opuso a tal enmienda.
En esencia, arguyó que ésta no fue demandada
ni se le
reclamó extrajudicialmente dentro del término prescriptivo
de un (1) año. En consecuencia, adujo que la demanda en su
contra estaba prescrita. Ante este cuadro, el Tribunal de
Primera Instancia autorizó la enmienda.
Inconforme,
la
Cooperativa
acudió
al
Tribunal
de
Apelaciones, el cual denegó expedir el recurso. El foro
apelativo determinó que, en efecto, las recurridas tuvieron
conocimiento por primera vez de la existencia de la póliza
de seguros mediante el descubrimiento de prueba solicitado.
En virtud de ello, concluyó que la enmienda a la demanda
fue oportuna.
Debido a lo anterior, la Cooperativa comparece ante
este
Tribunal
y
solicita
que
revoquemos
los
foros
AC-2017-0097
5
recurridos. La Cooperativa arguye que las recurridas no
fueron
diligentes
y
permitieron
que
transcurrieran
aproximadamente dos años antes de incluirla en el pleito. A
esos
efectos,
esfuerzos
para
arguyen
que
éstas
debieron
conocer
la
identidad
y
realizar
existencia
de
más
la
entidad aseguradora.
Asimismo, la Cooperativa alega que ésta no responde
solidariamente junto a su asegurada, PR Cars. Por tanto,
indica
que
la
interrupción
del
término
prescriptivo
en
torno a PR Cars no tiene efectos en la causa de acción
contra la Cooperativa.
Por su parte, las recurridas reiteran que solicitaron
enmendar la demanda oportunamente. Arguyen que, conforme a
la teoría cognoscitiva del daño, éstas tenían un (1) año
desde que conocieron de la existencia de la Cooperativa y
de su posible responsabilidad para presentar una causa de
acción o una reclamación extrajudicial. Por otro lado, las
recurridas aducen que, en virtud del Código de Seguros de
Puerto
Rico,
prescriptivo
infra,
contra
la
la
interrupción
persona
asegurada
del
término
surte
efectos
contra la entidad asegurada.
Repasados los hechos esenciales, procedemos a exponer
los fundamentos de esta Opinión de conformidad en parte y
disidente en parte.
II
A.
Como cuestión de umbral, la controversia ante nuestra
consideración
nos
exige
precisar
la
naturaleza
de
la
AC-2017-0097
relación
6
jurídica
entre
una
entidad
aseguradora
y
una
persona asegurada en el contexto de responsabilidad civil
extracontractual. De ésta depende la aplicación del término
prescriptivo aplicable. Veamos.
Como
es
conocido,
los
contratos
de
seguros
tienen
implicaciones serias e importantes en nuestra sociedad. A
razón
de
ello,
hemos
reconocido
que
las
controversias
relacionadas con los contratos de seguros están revestidas
en
un
Asrn.,
interés
público.
196
382,
DPR
SLG
389
Albert-García
(2016).
Lo
v.
Integrand
anterior
responde
principalmente al interés del Estado en reconocer “a las
personas que reciban daños el derecho legítimo a recibir
resarcimiento”. Trigo v. The Travelers Ins. Co., 91 DPR
868, 876 (1965). De igual modo, se debe a que “la función
primordial
de
una
póliza
de
seguro
es
mecanismo
para
transferir
un
riesgo
y
establecer
de
esta
un
manera
proteger al asegurado de ciertos eventos identificados en
el contrato de seguro”. Savary et al. v. Mun. Fajardo et
al., 198 DPR 1014, 1023 (2017).
En
virtud
de
ello,
en
el
año
1957
la
Asamblea
Legislativa aprobó el Código de Seguros de Puerto Rico, Ley
Núm. 77 de 19 de junio de 1957, 26 LPRA sec. 101 et seq.
(Código de Seguros).8 En el mismo, se implantaron, entre
una multiplicidad de asuntos, unas nuevas normas en torno
a los seguros contra accidentes. Particularmente, se
A tono con los orígenes del Código de Seguros de
Puerto Rico, Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, 26 LPRA
sec. 101 et seq., hemos recurrido a normas del derecho
civil y derecho angloamericano para interpretar el mismo.
SLG Albert-García v. Integrand Asrn., 196 DPR 382, 389
(2016).
8
AC-2017-0097
7
precisó el alcance de la responsabilidad de una entidad
aseguradora
ante
circunstancias.
A
una
esos
persona
fines,
el
asegurada
en
Art.
provee
20.010
estas
lo
siguiente:
El asegurador que expidiere una póliza
asegurando
a
una
persona
contra
daños
o
perjuicios, por causa de responsabilidad legal por
lesiones corporales, muerte o daños a la propiedad
de una tercera persona, será responsable cuando
ocurriere una pérdida cubierta por dicha póliza, y
el pago de dicha pérdida por el asegurador hasta
el grado de su responsabilidad por la misma, con
arreglo a la póliza, no dependerá del pago que
efectúe el asegurado en virtud de sentencia firme
dictada contra él con motivo del suceso, ni
dependerá de dicha sentencia. (Énfasis suplido).
Art. 20.010 del Código de Seguros, supra, 26 LPRA
sec. 2001.
Es decir, en estos casos, “se transfiere el riesgo de un
evento específico a la aseguradora, quien viene obligada a
cubrir los daños económicos por los que el asegurado esté
llamado a responder”. Savary v. Mun. Fajardo et al., supra.
No
obstante,
como
puede
observarse,
de
ordinario
la
responsabilidad de la entidad aseguradora estará limitada a
lo pactado en la póliza.
Asimismo,
mediante
el
Código
de
Seguros,
supra,
la
Asamblea Legislativa introdujo unos cambios significativos
en
torno
a
las
perjudicada
correspondiente
distintas
puede
a
los
maneras
solicitar
daños
en
el
sufridos.
que
una
persona
resarcimiento
Para
ello,
el
estatuto establece que “[l]a persona que sufriere los daños
y perjuicios tendrá, a su opción, una acción directa contra
el asegurador conforme a los términos y limitaciones de la
póliza, acción que podrá ejercitar contra el asegurador
AC-2017-0097
8
solamente
o
contra
éste
y
el
asegurado
(Énfasis
suplido).
Art.
20.030
del
conjuntamente”.
Código
de
Seguros,
supra, 26 LPRA sec. 2003. En vista de lo anterior, hemos
interpretado que una persona que alega haber sufrido daños
y
perjuicios
causados
por
una
persona
asegurada
puede
dirigir su causa de acción (1) a la entidad aseguradora;
(2) a la persona asegurada, o (3) a la entidad aseguradora
y
a
la
persona
asegurada
conjuntamente.
Íd.;
Neptune
Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 DPR 283, 289 (1988).
Así, se introdujo a nuestro ordenamiento la llamada
acción
directa
proveniente
de
Luisiana.
Trigo
v.
The
Travelers Ins. Co., supra, pág. 873. Con tales cambios, la
Asamblea
Legislativa
generó
una
responsabilidad
de
la
entidad aseguradora hacia la persona perjudicada, la cual
no
depende
de
sentencia
alguna
o
pago
de
parte
de
la
persona asegurada. Lo anterior, en virtud de “la política
pública acogida de brindar a las personas que reciban daño
el derecho legítimo a recibir resarcimiento”. SLG AlbertGarcía v. Integrand Asrn., supra, pág. 392.
De este modo, Puerto Rico se unió a la tendencia de
algunos estados de los Estados Unidos de América que han
incorporado de igual manera estatutos de acción directa.
Ello, en conformidad a “the public policy principle that
although
insurance
policies
are
generally
specific
insured(s),
they
in
truth
are
issued
issued
for
to
the
benefit of all persons injured through the negligence of
that/those insured(s)”. T. F. Segalla y R.J. Cohen, Direct
AC-2017-0097
9
Actions- Current Developments, 20 No. 9 Ins. Litig. Rep.
411 (1998).
De
igual
forma,
es
menester
destacar
que
el
Art.
20.030 provee una protección importante para las personas
perjudicadas por los actos u omisiones negligentes de una
persona asegurada. A esos fines, el estatuto provee que, si
la
persona
perjudicada
opta
por
presentar
una
demanda
únicamente a la persona asegurada, “no se estimará por ello
que se le prive, subrogándose en los derechos del asegurado
con arreglo a la póliza, del derecho de sostener acción
contra el asegurador y cobrarle luego de obtener sentencia
firme
contra
el
asegurado”.
Art.
20.030
del
Código
de
observarse,
el
Código
de
Seguros, supra, 26 LPRA sec. 2003.
Ahora
bien,
como
puede
Seguros, supra, es silente en torno a la naturaleza de la
responsabilidad entre la entidad aseguradora y la persona
asegurada
frente
a
la
tercera
persona
perjudicada;
entiéndase, no especifica si éstos responden solidaria o
mancomunadamente. Sin embargo, lo que sí adelanta el texto
de la ley es que las entidades aseguradoras responden según
las limitaciones y las condiciones dispuestas en la póliza
de seguro.9 Lo anterior, es indicativo de que de ordinario
De ordinario, la entidad aseguradora sólo responde
hasta los límites de responsabilidad estipulados en el
contrato de seguro. A modo de excepción, hemos reconocido
que, en casos en que la entidad aseguradora actúe de mala
fe anteponiendo sus propios intereses a los de la persona
asegurada, la entidad aseguradora estará obligada a
responder en exceso a lo pactado en la póliza. Morales v.
Automatic Vending Service, Inc., 103 DPR 281, 288-290
(1975).
9
AC-2017-0097
10
las entidades aseguradoras y las personas aseguradas no
responden
están
solidariamente,
obligados
cada
pues
uno
los
a
codeudores
realizar
solidarios
íntegramente
la
prestación debida. Art. 1090 del Código Civil de Puerto
Rico, 31 LPRA sec. 3101.
En
contraste,
expresamente
que
responsabilidad
la
Asamblea
Legislativa
otros
tipos
seguros
sí
generan
una
ejemplo,
el
Código
de
solidaria.
de
Por
ha
dispuesto
Seguros, supra, provee que todo seguro de garantía obligará
solidariamente
a
la
entidad
aseguradora
y
la
persona
asegurada. Art. 22.040 del Código de Seguros, supra, 26
LPRA sec. 2204. El Código de Seguros, supra, no dispone de
tal distinción en cuanto a seguros contra accidentes.
Más
aún,
debemos
destacar
que,
la
legislación
de
Luisiana ha contemplado expresamente desde el año 1930 que
las entidades aseguradoras responden solidariamente junto a
las personas aseguradas. A esos efectos, la legislación
sobre la acción directa disponía que ésta “may be bought
either against the insurer company alone or against both
the assured and the insurer company, jointy and in solido”.
LA Acts, No. 55 sec. 2 (1930). Actualmente, a pesar de
haber sido objeto de enmiendas significativas, el estatuto
mantiene la responsabilidad solidaria entre las entidades
aseguradoras
y
las
personas
aseguradas,
aunque
en
unos
escenarios específicos. LA Rev. Stat. sec. 22:1269. Por
tanto, es importante tener presente que, cuando la Asamblea
Legislativa decidió incorporar tal mecanismo de Luisiana a
nuestro ordenamiento, obvió esta especificación expresa. De
AC-2017-0097
11
ello, nuevamente se desprende la intención legislativa de
que la responsabilidad entre las entidades aseguradoras y
las personas aseguradas no fuese solidaria.
Cónsono
con
ello,
este
Tribunal
ha
interpretado
uniformemente que, en estos casos, no existe solidaridad
entre las entidades aseguradoras y las personas aseguradas.
Desde
el
año
1946,
este
Tribunal
determinó
en
Cruz
v.
González, 66 DPR 212 (1946), que una entidad aseguradora y
una persona asegurada no responden solidariamente ante una
persona perjudicada, pues no se presentó prueba alguna de
que éstas así se hayan obligado. Íd., pág. 214.
A la luz de lo anterior, este Tribunal reafirmó tal
norma en Gen. Accid. Ins. Co. P.R. v. Ramos, 148 DPR 523
(1999). En el mismo, se resolvió que “la relación entre una
aseguradora y su asegurado es de naturaleza contractual y
se rige concretamente por lo pactado en el contrato de
seguros, que es la ley entre las partes”. (Énfasis en el
original). Íd., pág. 531. En consecuencia, se interpretó
que
“[p]ara
que
exista
solidaridad
entre
una
compañía
aseguradora y el asegurado, ello debe surgir claramente del
contrato de seguros. Dicha solidaridad debe haberse pactado
expresamente
o,
al
menos,
debe
surgir
claramente
del
contenido del contrato que la relación entre las partes se
constituyó con tal carácter”. Íd., pág. 537.
Por tanto, de los fundamentos expuestos se desprende
que, en efecto, las obligaciones pactadas en un contrato de
seguros no se presumen solidarias. Por tal razón, la entidad
aseguradora que pacta responder por los actos u omisiones
AC-2017-0097
12
de una persona asegurada no se obliga solidariamente hasta
tanto
así
se
interpretación
acuerde
más
entre
las
partes.
pues
entre
razonable,
Ello,
las
es
la
entidades
aseguradoras y las personas aseguradas hay una relación
contractual en la cual las partes voluntariamente pactaron
los términos y las condiciones a las que se obligaron. De
lo contrario, imponer una responsabilidad solidaria a una
parte que no se obligó a ello laceraría los principios
básicos de pacta sunt servanda.
Una vez aclarado este asunto de umbral, abundemos en
las repercusiones e implicaciones que tiene la naturaleza
de esta relación jurídica sui generis en la figura de la
prescripción.
B.
La prescripción extintiva es una figura jurídica que
limita el período de tiempo que tiene una persona para
reclamar
un
derecho
frente
a
un
deudor.
Así,
la
prescripción es un método de extinción de obligaciones que
tiene
como
propósito
relaciones
jurídicas
rápido
las
de
promover
la
al
estimular
acciones.
Fraguada
estabilidad
el
de
ejercicio
Bonilla
v.
las
ágil
Hosp.
y
Aux.
Mutuo, 186 DPR 365, 373 (2012). Esto, pues mediante la
referida figura se busca evitar la incertidumbre que puede
causar
la
presentación
de
reclamaciones
antiguas
y
las
consecuencias inevitables que presupone el transcurso del
tiempo, tales como la pérdida de evidencia, la memoria imprecisa de
las personas envueltas, la dificultad de encontrar
testigos,
AC-2017-0097
13
entre otros. Íd. Lo anterior, teniendo presente que “la
prescripción no es una figura rígida sino que la misma
admite
ajustes
judiciales,
según
sea
requerido
por
las
circunstancias particulares de los casos y la noción de lo
que es justo”. (Énfasis en el original). Santiago v. Ríos
Alonso, 156 DPR 181, 189-190 (2002).
Como es sabido, las acciones prescriben por el mero
lapso del tiempo fijado por la ley. Art. 1861 del Código
Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5291. A esos efectos, el
Código Civil de Puerto Rico cuenta con un detallado esquema
en el cual se delinea el término prescriptivo para las
distintas acciones de nuestro ordenamiento. Arts. 1862-1875
del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA secs. 5292–5305.
Una vez iniciado el término prescriptivo, corresponde a
la parte agraviada expresar su voluntad de conservar su
derecho
a
ser
indemnizado,
conforme
a
los
mecanismos
dispuestos en nuestro ordenamiento. Ello es así, pues el
transcurso del término prescriptivo aplicable, sin reclamo
alguno
por
parte
del
titular
del
derecho,
conlleva
la
activación de una presunción legal de renuncia o abandono.
Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 DPR 740, 752 (1992).
Nuestro
ordenamiento
reconoce
tres
maneras
de
manifestar la voluntad de conservar un derecho y que, por
ende, interrumpen efectivamente la prescripción extintiva.
Estos actos son: (1) el ejercicio de un derecho ante un
foro judicial; (2) la reclamación extrajudicial de parte
del titular de un derecho dirigida al deudor, y (3) el
AC-2017-0097
14
reconocimiento de una deuda por parte del deudor. Art. 1873
del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5303.
De igual modo, es sabido que la interrupción de un
término
prescriptivo
en
las
obligaciones
solidarias
perjudicada a todos los acreedores por igual. Art. 1874 del
Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5304. Por otro
lado,
en
el
caso
de
las
obligaciones
mancomunadas,
la
persona acreedora debe interrumpir el término prescriptivo
en torno a cada acreedor individualmente. Íd.
Sin
embargo,
en
materia
de
responsabilidad
extracontractual, cuando varias personas causan un daño,
estás responden solidariamente ante la persona perjudicada.
Cubano v. Jiménez et al., 32 DPR 167, 170 (1923). A pesar
de que, como norma general la solidaridad no se presume,
hemos razonado que la persona perjudicada tiene derecho a
ser compensada de la forma más ágil y efectiva. Por tanto,
en estos casos, las personas responsables están obligadas
cada una a prestar íntegramente el resarcimiento adeudado.
Lo anterior, teniendo presente que en Fraguada Bonilla
v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 389, precisamos que, en
estas
circunstancias,
aplica
la
doctrina
de
solidaridad
impropia en materia de prescripción. Ello implica que la
persona
perjudicada
interrumpir
contra
de
el
cada
por
un
daño
o
término
prescriptivo
uno
los
de
perjuicio
tiene
que
individualmente
en
responsables
de
los
daños
causados.
Ahora bien, al aplicar las normas antes esbozadas al
contexto
particular
de
una
causa
de
acción
en
daños
y
AC-2017-0097
perjuicios
persona
15
dirigida
asegurada,
a
una
este
entidad
Tribunal
aseguradora
ha
emitido
y
a
la
dictámenes
contradictorios.
Inicialmente, en el año 1949 y previo a la aprobación
del Código de Seguros, supra, este Tribunal determinó que
las entidades aseguradoras y las personas aseguradas no
respondían
solidariamente
ante
una
tercera
persona
perjudicada, salvo pacto en contrario. Cruz v. González,
supra.
En
consecuencia,
se
perjudicada
estaba
prescriptivo
individualmente
resolvió
obligada
a
que
la
persona
interrumpir
el
término
contra
cada
una.
Íd.,
pág.
215.
Sin embargo, en Barrientos v. Gob. de la Capital, 97
DPR 552 (1969), este Tribunal determinó que, una vez una
persona perjudicada interrumpía el término prescriptivo en
contra
de
una
persona
asegurada,
automáticamente
se
interrumpía el término prescriptivo en contra de la entidad
asegurada. El Tribunal fundamentó su conclusión en el Art.
20.030 del Código de Seguros, supra, 26 LPRA sec. 2003, el
cual provee que, una vez la persona perjudicada obtiene una
sentencia firme contra una persona asegurada, ésta se puede
subrogar en el lugar de la persona asegurada y reclamarle a
la entidad aseguradora. De esta manera, el Tribunal incluyó
como parte demandada a una entidad aseguradora en un pleito
de daños y perjuicios que había comenzado diez (10) años
antes.
No
obstante,
la
garantía
que
provee
el
Código
de
Seguros, supra, en protección de la persona perjudicada no
AC-2017-0097
derrota
la
16
naturaleza
de
la
relación
entre
la
persona
asegurada y la entidad aseguradora. Como norma general,
éstas
no
responderán
protección
no
solidariamente,
tiene
implicación
por
lo
que
en
el
deber
alguna
esta
de
interrumpir el término prescriptivo individualmente contra
la persona asegurada y una entidad aseguradora.
Eventualmente, este Tribunal indirectamente revocó el
precedente de Barrientos v. Gob. de la Capital, supra, y
resolvió en Durán Cepeda v. Morales Lebrón, 112 DPR 623
(1982) que una acción dirigida la aseguradora del Estado no
interrumpió la acción en contra del Estado. Íd., págs. 624625. De este modo, se validó la premisa de que una persona
perjudicada
que
interesa
demandar
a
ambos,
la
persona
asegurada y la entidad aseguradora, debe interrumpir el
término prescriptivo en contra de cada una. Posteriormente,
en Gen. Accid. Ins. Co. P.R. v. Ramos, supra, pág. 538, se
resolvió
igualmente
solidaridad
entre
que,
la
al
persona
no
existir
asegurada
un
y
pacto
la
de
entidad
aseguradora, la persona perjudicada debió interrumpir el
término prescriptivo en contra de cada una.
En virtud de los últimos desarrollos jurisprudenciales
en torno a la naturaleza de la relación jurídica entre una
entidad aseguradora y una persona asegurada, lo reconocido
en la Opinión de conformidad, en ese extremo, es correcto.
Las entidades aseguradoras y las personas aseguradas no
responden
solidariamente
ante
las
personas
perjudicadas.
Por tanto, de interesar dirigir una causa de acción en
AC-2017-0097
contra
de
17
ambas,
se
deberá
interrumpir
el
término
prescriptivo en torno a cada una.
Atendidos los efectos de la responsabilidad de una
persona
asegurada
prescripción,
y
abundemos
la
entidad
en
la
aseguradora
aplicación
de
en
la
la
teoría
cognoscitiva del daño a estas circunstancias.
C.
Las reclamaciones por daños derivadas de acciones u
omisiones
culposas
o
negligentes
tienen
un
plazo
prescriptivo de un (1) año. Art. 1868 del Código Civil de
Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5298. Hemos resuelto expresamente
que el referido término prescriptivo de un (1) año aplica
igualmente a las acciones en daños y perjuicios presentadas
en contra de las entidades aseguradoras. Ruiz Millán v.
Maryland Cas. Co., 101 DPR 249, 251 (1973) (Per Curiam).
Lo
anterior,
responde
a
que
“si
bien
la
hemos
clasificado como una acción directa, separada y distinta de
la
del
perjudicado
contra
el
causante
del
daño,
la
que
autoriza el Código de Seguros a deducirse contra la compañía
aseguradora, lo cierto es que la responsabilidad de uno y
otra emana del mismo Art. 1802 del Código Civil”. (Énfasis
suplido). (Citas omitidas). Íd., pág. 250. En vista de lo
anterior, este Tribunal ha determinado que si “[t]eniendo
las dos acciones, tanto la que se incoe contra el asegurado
como la que se siga contra la compañía aseguradora el mismo
origen y dependiendo las dos de la misma prueba, no hay
justificación
distintos”.
para
(Énfasis
establecer
suplido).
períodos
Íd.,
pág.
prescriptivos
251.
Por
tales
AC-2017-0097
razones,
18
si
una
persona
perjudicada
por
una
persona
asegurada interesa presentar una causa de acción en contra
de la entidad aseguradora de ésta, tendrá que hacerlo dentro
del término de un (1) año.
Claro está, conforme a la tendencia de la doctrina
civilista, hemos reiterado que dicho término prescriptivo
comienza a decursar a partir del momento en que una persona
perjudicada conoció o debió conocer que sufrió un daño,
quien lo causó y los elementos necesarios para ejercer su
causa de acción. CSMPR v. Carlo Marrero et als., 182 DPR
411, 425–426 (2011). En virtud de la teoría cognoscitiva
del daño, hemos resuelto que el término para ejercer las
acciones de daños y perjuicios “comienza a transcurrir, no
cuando se sufre el daño, sino cuando se conocen todos los
elementos
necesarios
para
poder
ejercer
la
acción”.
(Énfasis suplido). Padín v. Cía Fom. Ind., 150 DPR 403, 411
(2000).
A la luz de lo anterior, en nuestro ordenamiento no
puede
exigirse
que
se
ejerza
una
acción
de
daños
y
perjuicios “si de buena fe el titular desconoce que tiene
derecho a ejercitarla”. (Énfasis suplido). Vega v. J. Pérez
& Cía, Inc., 135 DPR 746, 754-755 (1994). Esto, pues “un
estatuto de prescripción cuyo efecto sea exigir a la parte
demandante que presente una causa de acción antes de tener
conocimiento
proceso
de
de
la
ley”.
existencia
Fraguada
de
Bonilla
ésta,
v.
viola
Hosp.
el
debido
Aux.
Mutuo,
AC-2017-0097
19
supra, pág. 390.10 En consecuencia, “una acción en daños y
perjuicios
no
conocimiento
nace
mientras
el
su
derecho
a
de
perjudicado
esa
acción”.
no
tenga
(Énfasis
suplido). Vega v. J. Pérez & Cía, Inc., supra, pág. 755.
Por tales fundamentos, hemos resuelto expresamente que
“si mediante el descubrimiento de prueba u otro medio el
agraviado conoce de la existencia de otro coautor y del
resto
de
término
los
elementos
prescriptivo
necesarios
contra
ese
para
reclamarle,
alegado
el
cocausante
comenzará a transcurrir en ese momento”. (Énfasis suplido).
Fraguada
Bonilla
v.
Hosp.
Aux.
Mutuo,
supra,
pág.
390.
Ello, pues es irrazonable exigir que se dirija una causa de
acción cuando se desconoce la identidad y existencia de una
persona responsable por los daños causados.
III
Como expusimos anteriormente, las recurridas tuvieron
un
accidente
automovilístico
con
el
señor
Rodríguez
Casiano. A raíz del mismo, dirigieron inicialmente su causa
de acción de daños y perjuicios contra el señor Rodríguez
Casiano
y
PR
Cars,
entidad
que
rentó
el
vehículo.
Eventualmente, durante el descubrimiento de prueba, éstas
Véase además, Santiago v. Ríos Alonso, 156 DPR 181,
190 (2002) (“Es por ello que hemos establecido que aquella
disposición sobre prescripción que exija a los demandantes
a instar su causa de acción antes de éstos advengan en
conocimiento de que tal acción le asiste viola su derecho
al debido proceso de ley”.); Martínez v. Bristol Meyers,
Inc. 147 DPR 383, 405 (1999) (“En ese sentido, también
hemos resuelto que viola el derecho a un debido proceso de
ley aquella disposición sobre prescripción que exija a los
demandantes instar su acción antes de que éstos puedan
tener conocimiento de que tal causa de acción existe a su
favor”.).
10
AC-2017-0097
20
diligentemente solicitaron información sobre la existencia
de alguna póliza de seguro que respondiera por las pérdidas
y daños ocurridos. Por atrasos en el pleito que fueron
causados propiamente por PR Cars, el 27 de junio de 2016
las recurridas advinieron en conocimiento por primera vez
de la existencia de una póliza emitida por la Cooperativa a
favor de PR Cars. Tan solo un mes y cinco días después de
recibir
tal
información,
las
recurridas
diligentemente
solicitaron al Tribunal de Primera Instancia enmendar la
demanda para incluir a la Cooperativa como parte demandada.
Ante este cuadro, la Opinión de conformidad atiende una
multiplicidad
de
asuntos
complejos
que
exige
la
controversia. Particularmente, se adentra en la naturaleza
de la responsabilidad de la Cooperativa y PR Cars, como
entidad
aseguradora
recurridas,
como
y
terceras
su
asegurado,
personas
frente
perjudicadas.
a
las
A esos
fines, concluye correctamente que éstas no responden solidariamente
ante las recurridas. Ello, pues las obligaciones pactadas en un
contrato de seguro no se presumen solidarias. A la luz de lo
anterior,
determina
acertadamente
que
las
recurridas
estaban
obligadas a interrumpir el término prescriptivo de un (1) año tanto
contra PR Cars como contra la Cooperativa.
Ahora bien, la Opinión de conformidad concluye, a mi juicio
erróneamente, que las recurridas están impedidas de enmendar la
demanda para incluir a la Cooperativa como parte demandada,
pues transcurrió más de un (1) año
desde la fecha del
accidente. Es decir, rechaza la aplicación de la teoría
cognoscitiva del daño a controversias de esta naturaleza y
AC-2017-0097
21
concluye que las personas perjudicadas por las acciones u
omisiones de una persona asegurada solo pueden demandar a
una entidad aseguradora dentro del término de un (1) año
desde
que
se
causó
el
daño
o
perjuicio.
independientemente
de
la
perjudicada
en
conocimiento
advino
fecha
Lo
en
que
de
la
anterior,
la
persona
existencia
e
identidad de una entidad aseguradora.11
Para fundamentar tal conclusión, se interpreta que, en
estos
casos,
no
aplica
la
teoría
cognoscitiva
del
daño
debido a que las entidades aseguradoras no son propiamente
cocausantes
del
daño.
Por
aseguradora
sólo
responde
entender
en
virtud
que
la
entidad
de
su
relación
contractual con la persona asegurada, se sostiene que no es
relevante el momento en que la persona perjudicada advino
en conocimiento de la existencia e identidad de la entidad
aseguradora.
Ciertamente, la relación jurídica que se genera entre
de una entidad aseguradora frente a una persona perjudicada
por
los
asegurada
actos
es
u
omisiones
sui
generis.
negligentes
Por
un
lado,
de
se
una
persona
genera
una
responsabilidad solidaria entre los cocausantes del daño
Durante el transcurso de este pleito, se hicieron
varios
señalamientos
cobijados
en
las
Reglas
de
Procedimiento Civil de Puerto Rico. Por tal razón, la
Opinión de conformidad abunda en las normas aplicables a la
sustitución de partes. Sin embargo, por entender que la
Sra. Laura Menéndez Lebrón y la Sra. Myrna Velázquez Castro
incluyeron oportunamente a la Cooperativa de Seguros
Múltiples de Puerto Rico en el pleito dentro del término
prescriptivo de un (1) año desde que conocieron de su
existencia, no es necesario que nos expresemos en torno a
estas normas procesales.
11
AC-2017-0097
frente
22
a
la
tercera
persona
perjudicada,
mientras
simultáneamente se activa la responsabilidad contractual de
la
entidad
aseguradora
de
responder
por
las
pérdidas
cubiertas en la póliza de seguro.
Sin embargo, el hecho de que una entidad aseguradora
no
sea
cocausante
aplicación
de
no
la
es
suficiente
teoría
cognoscitiva
persona
Independientemente
de
que
dirigir
de
acción
su
causa
para
la
en
descartar
la
del
daño.
perjudicada
decida
contra
de
la
persona
asegurada, la entidad aseguradora o a ambas a la vez, “lo
cierto es que la responsabilidad de un[a] y otra emana del
mismo Art. 1802 del Código Civil”. Ruiz Millán v. Maryland
Cas. Co., supra, pág. 250. Por tanto, como en toda acción
de
daños
entablar
y
la
perjuicios,
causa
de
el
acción
término
prescriptivo
comenzará
a
decursar
para
en
conformidad a la teoría cognoscitiva del daño, a saber,
desde el momento en que conoce el daño, quien lo causó y
los
elementos
necesarios
para
poder
ejercer
la
acción.
CSMPR v. Carlo Marrero et als., supra; Padín v. Cía Fom.
Ind., supra.
No hay fundamento jurídico alguno para desligar la teoría
cognoscitiva del daño de una causa de acción de daños y perjuicios.
Al resolver de esta manera, se priva a una parte perjudicada de
exigir el resarcimiento a una entidad aseguradora porque desconocía
de
su
existencia.
Esto,
en
clara
contravención
a
nuestros
consecuentes pronunciamientos en contra de la aplicación de un
término prescriptivo que exija a una parte demandante instar su
causa de acción antes de ésta advenga en conocimiento de
AC-2017-0097
23
que tal acción le asiste. Santiago v. Ríos Alonso, 156 DPR
181, 190 (2002); Martínez v. Bristol Meyers, Inc. 147 DPR
383, 405 (1999); Vega v. J. Pérez & Cía, Inc., supra.
Indistintamente de que entre la persona asegurada y la
entidad
obliga
aseguradora
a
ésta
existe
última
a
una
relación
responder
por
contractual
los
daños
y
que
las
pérdidas cubiertas en la póliza, no podemos imputarle a una
tercera
persona
perjudicada
el
conocimiento
de
tal
relación. Mucho menos, podemos imputar el conocimiento de
toda la información necesaria para ejercer adecuadamente la
causa
de
acción.
Para
ello
precisamente
es
que
se
desarrolló y se aplicó la teoría cognoscitiva del daño;
para promover que una persona perjudicada tenga el tiempo
adecuado para conocer e indagar sobre todos los elementos
necesarios para acudir a la maquinaria judicial y vindicar
sus derechos adecuadamente.12
A la luz de estos fundamentos, no podemos avalar la
desestimación
de
consideración.
Las
acción
la
controversia
recurridas
diligentemente.
Éstas
han
ante
dirigido
presentaron
la
su
nuestra
causa
de
demanda
de
daños y perjuicios oportunamente contra las personas que,
en
ese
momento,
pérdidas.
Una
conocían
vez
que
podrían
comenzado
el
responden
pleito,
por
sus
éstas
responsablemente presentaron pliegos y requerimientos de
Máxime, cuando en este caso en particular, la parte
demandada incurrió en rebeldía y con sus omisiones dilató
el trámite judicial y la divulgación de la información
necesaria para advenir en conocimiento de la identidad de
la entidad aseguradora.
12
AC-2017-0097
24
descubrimiento
de
prueba
dirigidos
a
indagar
sobre
la
existencia de una póliza de seguro y de la identidad de la
entidad aseguradora.
Sin
embargo,
las
recurridas
tuvieron
que
esperar
alrededor de siete meses para recibir una contestación a
sus requerimientos. Al recibir la información solicitada el
27
de
junio
existencia
de
de
2016
y
conocer,
la
Cooperativa,
las
por
primera
recurridas
vez,
la
tenían
un
término de un (1) año desde ese momento para dirigir su
causa de acción en contra de la Cooperativa. Al acudir al
Tribunal de Primera Instancia el 1 de agosto de 2016 para
solicitar
la
demandada,
inclusión
las
de
la
recurridas
Cooperativa
actuaron
como
parte
correcta
y
presentaron
la
oportunamente.
IV
Por
entender
que
las
recurridas
solicitud de enmienda a la demanda oportunamente y dentro
del término prescriptivo de un (1) año desde que conocieron
sobre la existencia de la Cooperativa, disiento de dictamen
revocatorio emitido por este Tribunal.
Luis F. Estrella Martínez
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Laura Menéndez Lebrón & Myrna
Velázquez Castro
Recurridas
AC-2017-0097
C
v.
Apelación
Amel Rodríguez Casiano, Puerto
Rico Cars Inc., Cooperativa de
Seguros Múltiples, John Doe y
Compañía de Seguros ABC
Peticionarios
Opinión Disidente
PÉREZ.
emitida
por el Juez Asociado
señor COLÓN
En San Juan, Puerto Rico a 3 de febrero de 2020.
Disentimos del curso de acción seguido por una
mayoría de este Tribunal en la causa de epígrafe, ello
por entender que las señoras Laura Menéndez Lebrón y
Myrna Velázquez Castro, las aquí peticionarias, dentro
del término prescriptivo de un (1) año que tenían para
ello, enmendaron su demanda –- en daños y perjuicios – a los fines de traer al pleito a la Cooperativa de
Seguros Múltiples de Puerto Rico, entidad contra la
cual tenían cierta reclamación conforme a determinada
póliza de seguros. Y es que
que
en
el
somos de
presente
caso
la opinión
aplica
AC-2017-0097
2
todo lo relacionado a la teoría cognoscitiva del daño, lo
anterior
por
tratarse
aquí
de
una
acción
en
daños
y
perjuicios al amparo del Art. 1802 del Código Civil, infra.
Conforme a dicha teoría, el término prescriptivo de un
(1) año que tenían las señoras Menéndez Lebrón y Velázquez
Cruz
para
instar
su
causa
de
acción
en
contra
de
la
Cooperativa de Seguros Múltiples comenzó a transcurrir a
partir
del
momento
en
que
estas
últimas
advinieron
en
conocimiento de todos los elementos requeridos en nuestro
ordenamiento jurídico para poder instar su causa de acción.
No antes, ni después. Veamos.
I.
Los
hechos
medulares
que
dan
margen
al
presente
litigio no están en controversia. En síntesis, el caso de
marras versa sobre cierta acción en daños y perjuicios que
incoaron
las
señoras
Laura
Menéndez
Lebrón
y
Myrna
Velázquez Castro (en conjunto, “las señoras Menéndez Lebrón
y Velázquez Castro”) luego de haber sufrido un accidente
automovilístico
el
6
de
abril
de
2014.
En
la
demanda
incoada el 10 de octubre de ese mismo año, éstas incluyeron
como
demandados
al
conductor
del
vehículo,
señor
Amel
Rodríguez Casiano, la compañía propietaria PR Cars Inc. (en
adelante, “PR Cars”), a John Doe y a la Compañía de Seguros
ABC.
Ahora bien, no empece haber incluido en el epígrafe y
en
las
alegaciones
de
la
demanda
a
cierta
compañía
de
seguros de nombre desconocido, no fue hasta el 27 de junio
AC-2017-0097
3
de 2016 que éstas advinieron en conocimiento de que la
Cooperativa de
Seguros Múltiples de Puerto Rico fue la
compañía de seguros que expidió una póliza a favor de PR
Cars. La demora en identificar a la compañía aseguradora se
debió exclusivamente a que, inicialmente, el codemandado PR
Cars fue declarado en rebeldía por el Tribunal de Primera
Instancia y, posteriormente, éste tardó más de ocho (8)
meses en producir los documentos que le fueron solicitados
por las demandantes.
Así las cosas, el 1 de agosto de 2016 las señoras
Menéndez Lebrón y Velázquez Castro enmendaron su demanda a
los fines de incluir a la referida aseguradora. Como hemos
podido apreciar, -- y contrario a lo que se intima en la
Opinión que hoy emite este Tribunal -- dicha demora no
puede
ser
atribuida
exclusivamente,
a
la
a
éstas.
temeridad
La
misma
desplegada
se
debió,
por
el
codemandado PR Cars en la tramitación del presente litigio.
Sin embargo, la Cooperativa de Seguros Múltiples acude
ante nos y señala que la causa de acción en su contra está
prescrita pues, a su juicio, ésta fue incluida en el pleito
a destiempo, es decir, fuera del término prescriptivo de un
(1) año. No le asiste la razón. Veamos.
II.
Como es sabido, la prescripción extintiva es una de
las formas de extinción de un derecho, por la inercia de
una parte en ejercer el mismo dentro del término prescrito
por ley. Maldonado Rivera v. Suárez, 195 DPR 182 (2016);
AC-2017-0097
4
Fraguada Bonilla v. Hospital del Auxilio Mutuo, 186 DPR 365
(2012); S.L.G. Serrano-Báez v. Foot Locker, 182 DPR 824,
831 (2011). De esa manera, el objetivo que se persigue
mediante dicha figura es impedir la incertidumbre de las
relaciones jurídicas y sancionar la inacción del ejercicio
de
los
(2014);
derechos.
COSSEC
Orraca
v.
López
González
v.
ELA,
192
DPR
31,
49
López,
179
DPR
793
(2010);
Santos de García v. Banco Popular, 172 DPR 759 (2007).
Conforme a lo anterior, el Art. 1868 del Código Civil,
31 LPRA sec. 5298, dispone que las acciones de daños y
perjuicios por culpa o negligencia a las que se refiere el
Art. 1802, 31 LPRA sec. 5141, como las incoadas en el
presente caso, tienen un término de prescripción de un (1)
año. Col. Mayor Tecn. v. Rodríguez Fernández, 194 DPR 635,
644 (2016); Toro Rivera v. ELA, 194 DPR 393, 415 (2015);
Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra. El punto de
partida de dicho término es la fecha en que el agraviado
conoció o debió haber conocido que sufrió un daño, quién lo
ocasionó,
así
como
los
elementos
necesarios
para
poder
ejercitar su causa de acción. Rivera Ruiz v. Mun. de Ponce,
supra; Toro Rivera v. ELA, supra; Fraguada Bonilla v. Hosp.
Aux.
Mutuo,
supra.
Esta
doctrina
se
conoce
en
nuestro
ordenamiento jurídico como la teoría cognoscitiva del daño.
COSSEC et al. v. González López et al., supra; García Pérez
v. Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138 (2008); Vera v. Dr.
Bravo, 161 DPR 308 (2004).
AC-2017-0097
5
En esa dirección en Fraguada Bonilla, supra, -- un
caso en el que se determinó que, conforme a la doctrina de
la solidaridad impropia, se debe interrumpir dicho término
prescriptivo por cada cocausante del daño --, esta Curia
expresó que si, mediante el descubrimiento de prueba u otro
medio, el agraviado conoce de la existencia de otro coautor
y del resto de los elementos necesarios para reclamarle, el
término
prescriptivo
comenzará
a
transcurrir
contra
en
ese
ese
alegado
momento.
cocausante
Esto,
pues
un
estatuto de prescripción cuyo efecto sea exigir a la parte
demandante que presente una causa de acción antes de tener
conocimiento de la existencia
proceso de ley.
de ésta, viola
el debido
Íd, pág. 390.
Ahora bien, en lo pertinente a la controversia ante
nuestra
consideración,
el
profesor
González
ha
que
un
expresado
José
asegurador
Julián
no
Álvarez
puede
ser
considerado como un cocausante del daño. Ello debido a que
la compañía aseguradora no participa en la conducta que da
paso a la acción en daños y perjuicios. J. J. Álvarez
González, Responsabilidad Civil Extracontractual, 78 Rev.
Jur.
U.P.R.
475,
505
(2009).13
Al
respecto,
conviene
discutir lo resuelto por este Tribunal en Ruiz Millán v.
Maryland Cas. Co., 101 DPR 249 (1973), el cual se cita con
aprobación en la ponencia circulada para el caso de autos.
Tras analizar varias decisiones emitidas por este Tribunal en cuanto
al Art. 20.30 del Código de Seguros, el profesor Álvarez González
expresa que en la relación jurídica entre una aseguradora y su
asegurado no existe solidaridad, ya que el Código de Seguros no la
establece y, como es sabido, la solidaridad no se presume.
13
AC-2017-0097
6
En Ruiz Millán v. Maryland Cas. Co., supra, se aclaró
que, si bien se ha clasificado la acción que el Código de
Seguros permite incoar en contra de una aseguradora como
una directa, separada y distinta de la que presenta el
perjudicado
en
contra
del
causante
del
daño,
la
responsabilidad de uno y otro emana del mismo Art. 1802 del
Código Civil, supra.
demandada
pudo
Por ello, la compañía de seguros allí
levantar
como
defensa
el
término
prescriptivo de un (1) año establecido en el Art. 1868 del
Código Civil, 31 LPRA sec. 5298, para las reclamaciones
extracontractuales.
Lo
anterior,
pues
este
Tribunal
entendió que por tratarse de acciones del mismo origen -- y
dependiendo
las
justificación
dos
para
de
la
misma
establecer
prueba
periodos
--
no
existía
prescriptivos
distintos.
Por otra parte, conviene también señalar aquí, que en
cuanto a las enmiendas a las alegaciones, hemos indicado
que conforme a la Regla 13.1, 32 LPRA Ap. V.,
el alcance
de la liberalidad para permitir dichas enmiendas no es
infinita, por lo que el juzgador debe considerar cuatro
elementos al aplicar la precitada regla, a saber: (1) el
impacto del tiempo transcurrido previo a la enmienda; (2)
la razón de la demora; (3) el perjuicio a la otra parte; y
(4) la procedencia de la enmienda solicitada. SLG Sierra v.
Rodríguez,
163
DPR
738,
748-49
(2005).
Véase,
además,
Romero v. S.L.G. Reyes, 164 DPR 721, 730 (2005). Así, hemos
expresado que la solicitud tardía de la enmienda no es
AC-2017-0097
7
suficiente de por sí para rechazarla, si no se ha causado
perjuicio a la otra parte. SLG Sierra v. Rodríguez, supra,
pág. 749; Torres Cruz v. Municipio de San Juan, 103 DPR
217, 220 (1975).
En
esa
dirección,
el
comentarista
José
A.
Cuevas
Segarra señala que “[c]uando la propuesta demanda enmendada
altera radicalmente el alcance y la naturaleza del caso,
con un consecuencial cambio, convirtiendo la controversia
inicial en tangencial, el permiso para enmendar debe ser
denegado”.
J.
A.
Cuevas
Segarra,
Tratado
de
Derecho
Procesal civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 200, T.1, pág. 316.
No empece a ello, aclara que se pueden adicionar nuevas
teorías y nuevas reclamaciones, pues estos cambios por sí
solos
no
enmendar,
son
suficientes
a
que
menos
para
con
denegar
ellos
se
el
permiso
cause
para
perjuicio
al
demandado. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 317.
III.
Cónsono con lo anterior, somos del criterio que, en lo
que respecta la causa de epígrafe, las señoras Menéndez
Lebrón
y
Velázquez
Castro,
el
1
de
agosto
de
2016,14
enmendaron oportunamente su demanda, entiéndase dentro del
término prescriptivo de un (1) año, a los fines de incluir
a la aseguradora Cooperativa de Seguros Múltiples. Para
llegar
a
determinante
la
anterior
que
éstas
conclusión
fueron
entendemos
sumamente
como
diligentes
Recordemos que éstas advinieron en conocimiento de que la
Cooperativa de Seguros Múltiples era la compañía aseguradora de PR
Cars el 27 de junio de 2016, luego de que estos últimos produjeran
los documentos solicitados por las demandantes.
14
al
AC-2017-0097
8
solicitar al codemandado PR Cars que reprodujera ciertos
documentos y que contestara los interrogatorios remitidos
como parte del proceso de descubrimiento de prueba.
Sin
embargo,
codemandado
--
debido
a
la
temeridad
del
referido
quien fue declarado en rebeldía y quien
posteriormente demoró más de ocho (8) meses en responder el
petitorio de las demandantes -- no fue hasta más de un (1)
año después de que ocurrieron los hechos que dieron margen
a
la
presente
acción
en
daños
y
perjuicios,
que
éstas
pudieron advenir en conocimiento de que la Cooperativa de
Seguros Múltiples era la aseguradora de PR Cars. Conforme a
la normativa antes expuesta, es a partir de ese momento, y
no
de
otro,
que
comienza
a
transcurrir
el
término
prescriptivo de un (1) año que éstas tenían para incluir en
el
pleito
contaban
a
la
mencionada
compañía
con
los
elementos
necesarios
aseguradora,
para
pues
enmendar
su
demanda a esos fines.
No olvidemos que el objetivo que persigue la figura de
la
prescripción
es
impedir
la
incertidumbre
de
las
relaciones jurídicas y sancionar la inacción del ejercicio
de los derechos. Sin lugar a dudas, las demandantes en el
presente
caso
actuaron
con
la
debida
diligencia
para
ejercitar su causa de acción.
Asimismo, no cabe hablar aquí de incertidumbre cuando
la naturaleza del negocio de las compañías aseguradoras
está basada, precisamente, en la incertidumbre que ocasiona
la asunción del riesgo al expedir las pólizas, en este caso
AC-2017-0097
9
contra accidentes.
Máxime cuando, conforme al Art. 20.030
del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 2003, el perjudicado
tiene
disponible
incluyendo
incoar
varios
cursos
de
una
reclamación
acción
en
a
seguir,
contra
de
la
aseguradora luego de que haya recaído sentencia firme en
contra del asegurado.15
En fin -- y a modo de epílogo -- es precisamente la
diligencia
en
el
ejercicio
pretende
salvaguardar
de
los
mediante
la
derechos
lo
que
se
prescripción.
No
obstante, contrario a lo anterior, la Sentencia que la
mayoría de los miembros de esta Curia emite en el día de
hoy tiene el efecto de penalizar a una parte del presente
litigio que fue en extremo diligente en la tramitación de
su causa de acción. Ello es injusto y no lo podemos avalar.
IV.
Es, pues, por todo lo anterior que respetuosamente
disentimos.
Ángel Colón Pérez
Juez Asociado
15
El inciso (3) del referido artículo dispone:
Si el perjudicado entablara demanda contra el asegurado solamente, no
se estimará por ello que se le prive, subrogándose en los derechos del
asegurado con arreglo a la póliza, del derecho de sostener acción
contra el asegurador y cobrarle luego de obtener sentencia firme
contra el asegurado. 26 LPRA sec. 2003.