LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Menéndez Lebrón y otro v. Rodríguez Casiano y otros

2020 TSPR 8

Poder Judicial de Puerto Rico

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Menéndez Lebrón y otro v. Rodríguez Casiano y otros

AC-2017-97

Sentencia con Opinión de conformidad, Opinión de conformidad en parte y disidente en parte y Opinión disidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Laura Menéndez Lebrón & Myrna

Velázquez Castro

Recurridas

v.

Amel Rodríguez Casiano, Puerto

Rico Rican Cars, Inc.;

Cooperativa de Seguros

Múltiples, John Doe y Compañía

de Seguros ABC

Certiorari

2020 TSPR 08

203 DPR ____

Peticionarios

Administración de

Compensaciones de Accidentes

de Automóviles (ACAA)

Parte Interventora

Número del Caso:

AC-2017-97

Fecha: 3 de febrero de 2020

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Ponce-Aibonito, Panel IX

Abogado de la parte Peticionario:

Joseph Santaella Varela

Abogado de la parte Recurrida:

Lcdo. Jesús M. Del Valle

Materia:

Sentencia con Opinión de conformidad, Opinión de

conformidad en parte y disidente en parte y Opinión disidente.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Laura

Menéndez

Lebrón

Myrna Velázquez Castro

&

Recurridas

v.

Amel

Rodríguez

Casiano,

Puerto

Rico

Rican

Cars,

Inc.;

Cooperativa

de

Seguros Múltiples, John Doe Núm. AC-2017-0097

y Compañía de Seguros ABC

Peticionarios

Administración

de

Compensaciones de Accidentes

de Automóviles (ACAA)

Parte Interventora

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de febrero de 2020.

Expedido el recurso de certiorari, y con el beneficio

de la comparecencia de ambas partes, se revoca el dictamen

emitido por el Tribunal de Apelaciones y se desestima la

causa de acción presentada en contra de la Cooperativa de

Seguros Múltiples de Puerto Rico.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. La Juez Asociada Rodríguez Rodríguez

emitió una Opinión de Conformidad a la que se unen los

Jueces Asociados señor Martínez Torres, señor Kolthoff

Caraballo y señor Feliberti Cintrón. El Juez Asociado

señor Estrella Martínez emite una Opinión de conformidad

en parte y disidente en parte. El Juez Asociado señor

Colón Pérez disiente con opinión escrita.

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Laura

Menéndez

Lebrón

Myrna Velázquez Castro

&

Recurridas

v.

Amel

Rodríguez

Casiano,

Puerto

Rico

Rican

Cars,

Inc.;

Cooperativa

de

Seguros Múltiples, John Doe Núm. AC-2017-0097

y Compañía de Seguros ABC

Peticionarios

Administración

de

Compensaciones de Accidentes

de Automóviles (ACAA)

Parte Interventora

Opinión de Conformidad emitida por la Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez a la que se unen los Jueces Asociados

señor Martínez Torres, señor Kolthoff Caraballo y señor

Feliberti Cintrón

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de febrero de 2020.

La controversia ante la consideración de este Tribunal

requiere

determinar

prescriptivo

en

si

contra

la

de

interrupción

un

asegurado

del

término

surte

efectos

contra su asegurador. En específico, debemos evaluar si el

Artículo 20.030 de la Ley Núm. 77 del 19 de junio de 1957,

según enmendada, mejor conocida como el Código de Seguros

de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 2003 (Código de Seguros),

establece

una

relación

de

solidaridad

legal

entre

asegurador y asegurado.

I.

El 10 de agosto de 2014, las señoras Laura Menéndez

Lebrón y Myrna Velázquez Castro (recurridas) presentaron

una

demanda

en

daños

y

perjuicios

contra el Sr. Amel

AC-2017-0097

2

Rodríguez Casiano, Puerto Rican Cars, Inc. (PR Cars), John

Doe y la Compañía de Seguros ABC. Mediante dicha acción

reclamaron

por

los

daños

que

sufrieron

luego

de

un

accidente automovilístico, ocurrido el 6 de abril de 2014,

y presuntamente causado por el señor Rodríguez Casiano.

Debemos señalar que en las alegaciones de la demanda

“John

Doe”

fue

descrito

como

“una

persona

jurídica

o

natural que le responde a la Parte Demandante por sus

acciones u omisiones que causaron o contribuyeron a causar

todos o parte de los daños alegados en la demanda”. Véase

Demanda, Anejo IV, Apelación, en la pág. 53. Asimismo,

surge de ésta que la “Compañía de Seguros ABC” es “una

compañía

de

seguros

creada

por

ley,

cuyo

nombre

se

desconoce y para la fecha del accidente que se relata más

adelante

favor

de

tenía

una

póliza

la

también

de

Parte

responsabilidad

pública

Demandada

Doe”.

John

a

Id.

(énfasis suplido).

Así, el 9 de enero de 2015, el Tribunal de Primera

Instancia

anotó

la

rebeldía

a

PR

Cars,

ya

que

fueron

emplazados el 10 de octubre de 2014 y no habían presentado

la contestación a la demanda. De igual forma, el 12 de

junio

de

2015,

el

foro

primario

anotó

la

rebeldía

al

codemandado, el señor Rodríguez Casiano, y señaló vista en

rebeldía para el 17 de septiembre de 2015.

Sin embargo, el 1 de septiembre de 2015, PR Cars

compareció ante el Tribunal de Primera Instancia y, el 8

de

septiembre

de

2015,

presentó

una

moción

de

desestimación. Luego de ciertos trámites procesales, el 22

AC-2017-0097

de

3

octubre

Velázquez

de

2015,

Castro

las

señoras

remitieron

a

Menéndez

la

Lebrón

Administración

y

de

Compensaciones por Accidente de Automóviles (ACAA) y PR

Cars

un

pliego

de

interrogatorio

y

requerimiento

de

producción de documentos. El 23 de noviembre de 2015, las

recurridas

solicitaron

permiso

al

foro

primario

para

realizar un descubrimiento de prueba con la intención de

estar en mejor posición para responder a la moción de

desestimación

presentada

en

su

contra.

Luego,

el

2

de

marzo de 2016, éstas solicitaron al Tribunal de Primera

Instancia que ordenara a los codemandados contestar los

interrogatorios enviados. El 12 de abril de 2016, la ACAA

remitió su contestación. En cambio, no fue hasta el 27 de

junio de 2016 que PR Cars remitió vía correo electrónico

su contestación al interrogatorio y produjo los documentos

solicitados.

En

atención

a

ello,

el

1

de

agosto

de

2016,

las

señoras Menéndez Lebrón y Velázquez Castro presentaron una

Moción de Autorización para Presentar Demanda Enmendada y

Expedición de Emplazamiento. Acompañaron la moción con una

demanda enmendada, en la que se incluyó a la Cooperativa

de

Seguros

Múltiples

de

Puerto

Rico

(CSMPR),

como

aseguradora de PR Cars y del señor Rodríguez Casiano. En

ésta, señalaron que habían advenido en conocimiento de la

existencia

de

interrogatorio

contenido

de

la

CSMPR

cursado

la

a

demanda

mediante

la

contestación

del

PR

En

relación

con

el

resaltamos

que

las

Cars.

enmendada,

partes “John Doe” y “Compañía de Seguros ABC” continuaron

AC-2017-0097

4

figurando como codemandados de nombre desconocido en el

epígrafe

y

se

exactamente

incluyeron

idénticas

a

alegaciones

en

su

contra

presentadas

en

la

demanda

las

original. Véase Demanda Enmendada, Anejo IV, Apelación, en

la pág. 65.1

El

19

de

diciembre

de

2016,

la

CSMPR

contestó la

demanda, negó todas alegaciones en su contra y presentó,

en conjunto a la contestación, una moción de desestimación

alegando

que

la

causa

de

acción

prescrita. El 13 de enero 2017,

en

su

contra

la CSMPR

estaba

presentó una

segunda moción de desestimación en la que reiteró que los

hechos por los cuales las recurridas le reclamaban habían

ocurrido el 6 de abril de 2014, pero que no fue traída al

pleito

hasta

el

1

de

agosto

de

2016.

De

igual

forma,

sostuvo que las señoras Menéndez Lebrón y Velázquez Castro

nunca

le

diligentes

reclamaron

porque

la

extrajudicialmente

trajeron

al

pleito,

y

no

dos

fueron

(2)

años

después de ocurridos los hechos.

El 21 de febrero de 2017, las recurridas se opusieron

a la moción de desestimación y reiteraron que durante el

descubrimiento de prueba advinieron en conocimiento de la

póliza expedida por la CSMPR a favor de PR Cars y el señor

Según la demanda enmendada, John Doe continuó siendo

descrito como “una persona jurídica o natural que le

responde a la Parte Demandante por sus acciones u

omisiones que causaron o contribuyeron a causar todos o

parte de los daños alegados en la demanda”. Véase Demanda

Enmendada, Anejo VI, Apelación, en la pág. 60. Mientras

que la “Compañía de Seguros ABC” continuó figurando como

“una compañía de seguros creada por ley, cuyo nombre se

desconoce y para la fecha del accidente que se relata más

adelante tenía una póliza de responsabilidad pública a

favor de la también Parte Demandada John Doe”. Id.

1

AC-2017-0097

5

Rodríguez Casiano. A la luz de esto, arguyeron que la

dilación se debió a la temeridad desplegada por PR Cars en

contestar los interrogatorios.

Así

las

cosas,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

denegó la moción de desestimación presentada por la CSMPR,

mediante una resolución notificada el 20 de junio de 2017.

Por estar en desacuerdo, el 27 de junio de 2017, presentó

una

moción

de

reconsideración;

la

cual

también

fue

denegada.

Aún

presentó

inconforme,

el

2

un

de

certiorari

recurso

de agosto

de

ante

2017,

el

la CSMPR

Tribunal

de

Apelaciones. En una resolución, notificada el 9 de agosto

de 2017, dicho foro denegó expedir el recurso. El foro

apelativo intermedio sostuvo que “[u]na vez evaluada la

prueba

documental

suministrada,

que

incluyó

la

copia

certificada de la póliza [de las recurridas] obtuvieron

autorización para traer a CSMPR al pleito. Al hacerlo, lo

hicieron

oportunamente,

pues,

fue

en

ese

momento

que

conocieron, efectiva y confiablemente, que CSMPR era la

aseguradora de los demandados”. Resolución del 8 de agosto

de 2017, en la pág. 6. La CSMPR presentó una moción de

reconsideración, la cual el Tribunal de Apelaciones denegó

mediante

resolución,

notificada

el

12

de

septiembre

de

2017.

Insatisfecha, el 29 de noviembre de 2017, la CSMPR

presentó un recurso de apelación ante este Foro.2 Así las

Mediante

dicho

escrito

señalamientos de error:

2

planteó

los

siguientes

AC-2017-0097

6

cosas, el 23 de febrero de 2018, este Tribunal acogió el

recurso como una petición de

certiorari y ordenó a

la

CSMPR presentar el alegato correspondiente.

El 15 de mayo de 2018, la CSMPR presentó su alegato

y, en esencia, arguye que el término prescriptivo de un

(1) año para ejercer una acción por daños y perjuicios

nunca fue interrumpido. Así, sostiene que cuando en la

demanda original se trajo a la “Compañía de Seguros ABC”

no se refería a la CSMPR como la aseguradora de PR Cars ni

del señor Rodríguez Casiano. En su lugar y, conforme a la

demanda, la aseguradora de nombre desconocido mantenía una

póliza

de

responsabilidad

pública

a

favor

de

un

codemandado desconocido, “John Doe”. De igual forma, la

CSMPR

sostiene

que

la

demanda

original

no

contiene

alegaciones en su contra ni tampoco se le realizó una

reclamación

extrajudicial.

Por

todo

lo

cual,

las

recurridas también arguye que transcurrió más de un (1)

año desde los hechos que dieron lugar a la presente causa

____________________________

Erró el Tribunal de Apelaciones al no revisar la

determinación del Tribunal de Primera Instancia

a pesar de que existen decisiones encontradas,

dentro del foro apelativo, respecto a la

interrupción del término de prescripción contra

una compañía aseguradora.

Erró el Tribunal de Apelaciones al no revisar la

determinación del Tribunal de Primera Instancia,

denegando la desestimación por prescripción, a

pesar de que no se interrumpió el término

prescriptivo contra la Cooperativa de Seguros

Múltiples de Puerto Rico.

Erró el Tribunal de Apelaciones al negarse a

expedir el recurso presentado, a pesar de que la

determinación del Tribunal de Primera Instancia

erró al tratar la relación aseguradora/asegurado

como una solidaria.

AC-2017-0097

7

de acción, el 6 de abril de 2014, o cuando se presentó la

demanda original, el 8 de octubre de 2014, hasta que se le

incluyó en el pleito el 1 de agosto de 2016.

De

otra

parte,

la

sostener

las

decisiones

CSMPR

de

los

también

foros

argumenta

recurridos

que

sería

avalar que en la relación contractual entre un asegurador

y su asegurado se presuma la solidaridad; lo cual sería

contrario al Código Civil de Puerto Rico y nuestro estado

de

Derecho

conforme

actual.

al

interesaban

La

Código

iniciar

contención

de

un

de

Seguros,

pleito

en

la

si

su

CSMPR

las

contra

es

que,

recurridas

tenían

que

hacerlo -desde el inicio y dentro del término de un (1)

año- mediante una demanda independiente (acción directa)

o, en la alternativa, una demanda conjuntamente con sus

asegurados.

En

ese

sentido,

sostiene

que

no

aplica

lo

dispuesto en el inciso (3) del Artículo 20.03 del Código

de Seguros dado que sólo se activa en aquellas instancias

en que exista

una sentencia firme a favor del tercero

perjudicado. Por último, invocando la decisión de Fraguada

Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365 (2012), la CSMPR

alega que las señoras Menéndez Lebrón y Velázquez Castro

no

emplearon

una

“debida

diligencia”

para

conocer

la

existencia o identidad de la aseguradora de PR Cars y el

señor Rodríguez Casiano. Así pues, concluye que la causa

de acción está prescrita y la demanda debe ser desestimada

en su totalidad.

El 15 de junio de 2018, las recurridas presentaron su

alegato en oposición en el que insisten en que advinieron

AC-2017-0097

en

8

conocimiento

de

que

PR

Cars

y

el

señor

Rodríguez

Casiano estaban cubiertos por una póliza de seguro durante

el

descubrimiento

de

prueba.

A

tenor

con

la

teoría

cognoscitiva del daño y la flexibilidad que otorgan las

Reglas de Procedimiento Civil al momento de enmendar una

demanda, las recurridas sostienen que, en todo momento,

actuaron de forma diligente y oportuna. Por ende, alegan

que la causa de acción no está prescrita. Asimismo, éstas

arguyen que no estamos ante un supuesto en donde hayan

cocausantes de daños y, por tal razón, sostienen que no

aplica Fraguada Bonilla

obligación

de

individualmente.

ni su progenie en cuanto a la

interrumpir

el

término

En

a

ello,

atención

prescriptivo

concluyen

que,

conforme al Código de Seguros, la interrupción del término

prescriptivo

directamente

contra

el

asegurado

lo

interrumpe para con la aseguradora.

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

este Tribunal correctamente concluye que la demanda objeto

de este pleito está prescrita. Veamos.

AC-2017-0097

9

II.

Como

cuestión

normativa

vigente

extintiva,

las

de

en

umbral,

Puerto

corresponde

Rico

distintas

sobre

formas

la

discutir

la

prescripción

disponibles

para

interrumpirla y la teoría cognoscitiva del daño. Luego,

compete abordar ciertos preceptos básicos en materia de

Derecho Procesal Civil que están íntimamente relacionadas

con los señalamientos de error presentados por la CSMPR.

Por último, debemos analizar el alcance de la relación

jurídica

entre

un

asegurador

y

un

asegurado,

según

el

Código de Seguros y nuestra jurisprudencia interpretativa.

Todo esto, en aras de determinar si, conforme a los hechos

particulares de este caso, la reclamación en contra de

CMSPR está prescrita. Veamos.

A.

La

prescripción

derecho

sustantivo,

más

derecho

a

determinada

ejercer

extintiva

no

es

una

procesal,

causa

institución

que

de

de

extingue

acción.

el

Véase

Rivera Ruiz v. Mun. de Ponce, 196 DPR 410 (2016). En su

aspecto procesal, la prescripción extintiva es una defensa

afirmativa

que

debe

plantearse

oportuna,

o

de

lo

contrario,

Meléndez

Guzmán

v.

Berríos

figura

jurídica

se

de

forma

expresa

y

entiende

renunciada.

172

DPR

1010,

regulada

en

el

López,

1017

(2008).

Esta

está

Artículo

1861 del Código Civil de Puerto Rico, el cual dispone que

“[l]as acciones prescriben por el mero lapso del tiempo

AC-2017-0097

10

fijado

por

la

término

para

prescripción

ley”.

31

LPRA

ejercer

una

causa

se

interrumpir

puede

sec.

de

5291.

Así

acción

sujeta

de

tres

pues,

(3)

a

el

la

maneras,

conforme el Artículo 1873, a saber: “[por] su ejercicio

ante

los

acreedor

deuda

tribunales,

y

por

por

el

por

cualquier

deudor”.

31

interrumpe

oportunamente

prescriptivo

comienza

a

reclamación

acto

de

LPRA

sec.

la

extrajudicial

reconocimiento

del

de

la

se

5303.

Una

vez

prescripción,

el

término

transcurrir

nuevamente.

SLG

García-Villega v. ELA, 190 DPR 799, 816 (2014). En cuanto

a la reclamación extrajudicial hemos resaltado que “para

que

surta

un

efecto

manifestación

pérdida

de

perderlo”.

interruptor,

inequívoca

su

derecho,

Meléndez

de

quien,

expresa

Guzmán,

[ésta]

172

debe

ser

una

amenazado

con

la

voluntad

de

no

su

DPR

en

la

pág.

1020

(énfasis en el original).

Así

pues,

salvo

mediante

alguna

de

que

las

se

produzca

formas

la

indicadas,

interrupción

el

término

prescriptivo para una acción en daños y perjuicios es de

un (1) año, conforme al Artículo 1868 del Código Civil, 31

LPRA sec. 5298. De igual forma, en el contexto de los

contratos

de

seguro

hemos

resuelto

que

el

término

prescriptivo para presentar una causa de acción contra un

asegurador, conforme al Código de Seguros, también es de

un (1) año. Ruiz Millán v. Maryland Cas. Co., 101 DPR 249,

251 (1973) (“Teniendo las dos acciones, tanto la que se

incoe contra el asegurado como la que se siga contra la

compañía aseguradora, el mismo origen y dependiendo las

AC-2017-0097

dos

de

la

11

misma

prueba,

no

hay

justificación

para

establecer períodos prescriptivos distintos”.)

Como

parte

de

la

doctrina

extintiva,

hemos

reconocido

la

sobre

teoría

la

prescripción

cognoscitiva

del

daño. Conforme a ésta, un término prescriptivo comienza a

transcurrir

una

vez

el

perjudicado

conoció

-o

debió

conocer- que sufrió un daño, quién se lo causó, así como

los elementos necesarios para ejercitar efectivamente su

causa de acción. Véase Maldonado Rivera, 195 DPR en la

pág. 194; COSSEC et al. v. González López et al., 179 DPR

793, 806 (2010). Así pues, cuando en Fraguada Bonilla v.

Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365 (2012) adoptamos la figura

de la solidaridad impropia (o in solidum), resolvimos que

si

una

contra

víctima

cada

interesa

uno

de

conservar

los

su

causantes

causa

del

de

acción

daño

deberá

interrumpir la prescripción en relación con cada uno por

separado y dentro del término prescriptivo de un (1) año.

Véase además, Maldonado Rivera v. Suárez y otros, 195 DPR

182 (2016).

A

la

luz

de

esto,

debemos

aclarar

un

aspecto

fundamental de la controversia ante nuestra consideración:

un asegurador no figura como un co-causante del daño en el

contexto de una demanda de daños y perjuicios incoada en

contra de su asegurado. No podemos perder de vista que la

relación

entre

asegurador

y

asegurado

sólo

existe

en

virtud del contrato de seguros pactado entre ambos. A no

ser por este acuerdo contractual, la presunta víctima del

daño

no

tendría

relación

jurídica

alguna

con

el

AC-2017-0097

12

asegurador. De hecho, esta es la teoría legal esbozada por

las

señoras

alegato

en

Menéndez

Lebrón

y

Velázquez

oposición

presentado

ante

Castro

este

en

su

Foro.3

No

obstante, las recurridas sostienen que como la CSMPR no es

co-causante de los daños, “no cabe concluir que hay una

obligación

de

interrumpir

el

término

prescriptivo

individualmente”. Alegato Parte Recurrida, en la pág. 17.

Esta

contención

presenta

un

error

conceptual

de

las

figuras jurídicas en cuestión. Veamos.

Si bien la causa de acción incoada en contra de la

CSMPR, como aseguradora, no está sujeta a los parámetros

de

la

teoría

cognoscitiva

del

daño

ni

a

la

doctrina

establecida en Fraguada Bonilla y su progenie, las señoras

Menéndez Lebrón y Velázquez Castro, presuntas víctimas de

los daños, tenían una obligación en ley de presentar la

demanda contra el señor Rodríguez Casiano, PR Cars y su

aseguradora dentro del término prescriptivo de un (1) año.

Este

requisito

surge

de

la

decisión

emitida

por

este

Tribunal en Ruiz Millán v. Maryland Cas. Co., 101 DPR 249

(1973).

En atención a ello, no hay duda de que, el 10 de

agosto de 2014,

las

señoras

Menéndez Lebrón y Velázquez

Específicamente, éstas arguyen que “la responsabilidad de

la aseguradora ante el perjudicado no nace por haberle

causado un daño, sino por el pacto que realizó con su

asegurado de pagar un monto determinado por razón de los

daños

ocasionados

por

su

asegurado.

Por

lo

que

consecuentemente, la responsabilidad no nace del Art. 1802

del Código Civil, sino que nace en virtud del contrato de

su asegurado”. Alegato Parte Recurrida, en la pág. 16

(citas omitidas).

3

AC-2017-0097

13

Castro presentaron una demanda en daños y perjuicios

contra el señor Rodríguez Casiano, PR Cars, John Doe y

Compañía de Seguros ABC, mediante la cual reclamaron por

los daños ocurridos el 6 de abril de 2014. En cambio, no

fue

hasta

el

1

de

agosto

de

2016,

comenzado

el

descubrimiento de prueba, que las recurridas presentaron

una

moción

para

enmendar

la

demanda

original

con

la

intención de añadir a la CSMPR, como aseguradora de PR

Cars

y

del

señor

Rodríguez

Casiano.

Un

mero

cálculo

aritmético devela que la CSMPR fue traída al pleito a más

de

un

(1)

año,

no

sólo

de

automovilístico,

sino

también

los

hechos

desde

que

demanda

original.

Tampoco

surge

señoras

Menéndez

Lebrón

y

se

legal,

inequívocas”

interrumpir

presentó

la

que

las

ni

su

Castro,

hicieron

la

accidente

expediente

Velázquez

representación

para

del

del

“manifestaciones

prescripción

de

forma

extrajudicial previo o después de la presentación de la

demanda original.

Esta

conclusión,

sin

embargo,

no

pone

fin

a

la

controversia ante nuestra consideración. Ello, puesto que

las recurridas argumentan, en su alegato en oposición ante

este Foro, que enmendaron la demanda original, conforme a

las

Reglas

de

Procedimiento

Recurrida,

en

las

evaluar

la

“enmienda”

si

págs.

Civil.

10-11,

de

16.

añadir

Véase

Alegato

Por

tanto,

a

la

Parte

procede

demanda

a

la

CSMPR, transcurrido el término prescriptivo de un (1) año,

se retrotrae a la fecha de presentación de la demanda

original. Surge del tracto procesal que, al presentar la

AC-2017-0097

demanda

14

original,

las

recurridas

incluyeron

a

dos

(2)

codemandados de nombre desconocido: “John Doe” y “Compañía

de Seguros ABC”. De entrada, esto nos sugiere que las

recurridas sabían, o debían de haber sabido, que el señor

Rodríguez

Casiano

aseguradas.

En

y

este

PR

Cars

sentido,

eran

personas

debemos

jurídicas

indagar

si

la

inclusión de la CSMPR fue una sustitución de parte, cuyo

nombre

se

desconocía,

conforme

a

las

alegaciones

de

Reglas

de

Procedimiento Civil.

B.

Las

enmiendas

a

las

una

demanda

reguladas por la Regla 13.1 de Procedimiento Civil, la

cual establece que:

Cualquier

parte

podrá

enmendar

sus

alegaciones

en

cualquier

momento

antes

de

habérsele notificado una alegación responsiva, o

si su alegación es de las que no admiten

alegación responsiva y el pleito no ha sido

señalado para juicio, podrá de igual modo

enmendarla en cualquier fecha dentro de los

veinte

(20)

días

de

haber

notificado

su

alegación. En cualquier otro caso, las partes

podrán enmendar su alegación únicamente con el

permiso

del

tribunal

o

mediante

el

consentimiento

por

escrito

de

la

parte

contraria;

y

el

permiso

se

concederá

liberalmente cuando la justicia así lo requiera.

La solicitud de autorización para enmendar las

alegaciones

deberá

estar

acompañada

de

la

alegación enmendada en su totalidad. Una parte

notificará su contestación a una alegación

enmendada dentro del tiempo que le reste para

contestar la alegación original o dentro de

veinte (20) días de haberle sido notificada la

alegación enmendada, cualquiera de estos plazos

que sea más largo, a menos que el tribunal de

otro modo lo ordene.

32 LPRA Ap. V. R. 13.1.

AC-2017-0097

A

pesar

15

de

que

las

Reglas

de

Procedimiento

Civil

favorecen un enfoque liberal para autorizar enmiendas a

las alegaciones, esta liberalidad no es infinita. Romero

v. S.L.G. Reyes, 164 DPR 721, 730 (2005). El ámbito de

discreción de los tribunales queda sujeto a un análisis

dinámico -en conjunto- de varios criterios, a saber: (1)

el impacto del tiempo transcurrido previo a la enmienda,

(2) la razón de la demora, (3) el perjuicio a la otra

parte, y (4) la procedencia de la enmienda solicitada. Id.

De otra parte, la Regla 13.3 de Procedimiento Civil

expone la normativa aplicable para enmendar la demanda con

el fin de sustituir una parte. En lo pertinente, la Regla

dispone que:

Siempre

que

la

reclamación

o

defensa

expuesta en la alegación enmendada surja de la

conducta, del acto, de la omisión o del evento

expuesto en la alegación original, las enmiendas

se retrotraerán a la fecha de la alegación

original.

Una enmienda para sustituir la parte contra

la cual se reclama se retrotraerá a la fecha de

la alegación original si además de cumplirse con

el requisito anterior y dentro del término

prescriptivo, la parte que se trae mediante

enmienda: (1) tuvo conocimiento de la causa de

acción pendiente, de tal suerte que no resulte

impedida de defenderse en los méritos, y (2) de

no haber sido por un error en cuanto a la

identidad del (de la) verdadero(a) responsable,

la acción se hubiera instituido originalmente en

su contra.

Una enmienda para incluir a una parte

demandante se retrotraerá a la fecha de la

alegación

original

si

ésta

contiene

una

reclamación que surja de la misma conducta,

acto, omisión o evento que la acción original y

que la parte demandada haya tenido conocimiento,

dentro

del

término

prescriptivo,

de

la

existencia de la causa de acción de los

reclamantes

que

se

quieren

acumular

como

demandantes y de su participación en la acción

original.

AC-2017-0097

16

32 LPRA Ap. V., R. 13.3 (énfasis suplido).

En relación con esta regla, hemos dictaminado que “si

con la enmienda se intenta añadir un nuevo demandante o

demandado,

el

momento

que

determina

el

término

prescriptivo es cuándo se incluye el nuevo demandante o

demandado por primera vez en la demanda”. Ortiz Díaz v. R.

&

R.

Motors

Sales

Corp.,

131

DPR

829,

837–38

(1992).

Claro, esto “con excepción de lo dispuesto por las Reglas

15.1, 15.4 y 13.3 de Procedimiento Civil y la situación en

que exist[a] solidaridad entre el demandante o demandado

ya

incluido

en

la

demanda

original

y

el

nuevo”.

Arce

Bucetta v. Motorola, 173 DPR 516, 538-39 (2008) (énfasis

suplido).4

Por

último,

Procedimiento

la

Civil,

Regla

que

15.4

regula

de

el

las

Reglas

mecanismo

de

procesal

disponible para incluir en un pleito a una parte demandada

de nombre desconocido, establece que:

Cuando una parte demandante ignore el

verdadero nombre de una parte demandada, deberá

hacer

constar

este

hecho

en

la

demanda

exponiendo la reclamación específica que alega

tener contra dicha parte demandada. En tal caso,

la parte demandante podrá designar con un nombre

ficticio a dicha parte demandada en cualquier

alegación o procedimiento, y al descubrirse el

verdadero nombre, hará con toda prontitud la

enmienda correspondiente en la alegación o

procedimiento.

32 LPRA Ap. V. R. 15.4.

Aunque este análisis surge en el contexto de las Reglas

de Procedimiento Civil de 1979, en su contenido, las

Reglas 15.4 y 13.3 actuales son idénticas -para todos los

efectos prácticos- a las anteriores. Así también, no hay

que entrar a discutir la Regla 15.1 (Legitimación activa)

por ser inaplicable a la presente controversia.

4

AC-2017-0097

17

Esto constituye una excepción a la regla general que

exige que en la demanda se designe al demandado por su

nombre

correcto

garantizar

su

y

se

derecho

le

a

notifique

un

debido

adecuadamente

proceso

de

para

ley.

La

excepción, en esencia, busca suplir las deficiencias de

los términos prescriptivos en los momentos en que, a pesar

de la

debida diligencia

y de conocer la identidad del

demandado, se desconoce su nombre correcto. Núñez González

v. Jiménez Miranda, 122 DPR 134, 139 (1988). En cuanto al

alcance de la regla, hemos sido enfáticos al sostener que

la “ignorancia del verdadero nombre del demandado debe ser

real y legítima, y no falsa o espúrea”. Padín v. Cia. Fom.

Ind., 150 DPR 403, 417 (2000). Asimismo, en el contexto

particular de una controversia como la del presente caso,

hemos resuelto que para “responsabilizar a las compañías

aseguradoras designadas con nombres ficticios” se les debe

incluir “en la demanda con su nombre correcto” y se les

debe

notificar

“con

tiempo

suficiente

para

que

puedan

comparecer y defenderse”. Núñez González, 122 DPR en la

pág. 142.

Al

aplicar

recapitular

el

derecho

ciertos

aspectos

antes

esbozado,

puntuales

del

debemos

trámite

procesal en el presente caso. En primer lugar, y como

mencionáramos anteriormente, “John Doe” fue descrito en la

demanda original como “una persona jurídica o natural que

le

responde

a

la

Parte

Demandante

por

sus

acciones

u

omisiones que causaron o contribuyeron a causar todos o

AC-2017-0097

18

parte de los daños alegados en la demanda”, mientras que

la “Compañía de Seguros ABC” aparece como “una compañía de

seguros creada por ley, cuyo nombre se desconoce y para la

fecha del accidente que se relata más adelante tenía una

póliza de responsabilidad pública a favor de la también

Parte Demandada John Doe”. Demanda, supra, en la pág. 53.

Conforme

a

estas

alegaciones,

Compañía

de

Seguros

ABC,

Procedimiento

Civil,

son

tanto

según

John

Doe,

como

la

Regla

15.4

de

codemandados,

cuya

identidad

presuntamente se conoce, mas no su nombre correcto.

Ahora

bien,

surge

del

expediente,

como

también

señaláramos antes, que en la demanda enmendada del 1 de

agosto de 2016 tanto John Doe como la Compañía de Seguros

ABC

continuaron

figurando

como

codemandados

de

nombre

desconocido. Asimismo, la demanda enmendada contiene las

mismas alegaciones en su contra que la demanda original.

De hecho, durante todo el trámite apelativo, éste ha sido

el caso, pues John Doe y Compañía de Seguros ABC todavía

son partes en el pleito.

En

atención

a

ello,

resolvemos

que

las

señoras

Menéndez Lebrón y Velázquez Castro nunca “enmendaron” la

demanda, como argumentan en su alegato en oposición, sino

que intentaron incluir en el pleito a una parte nueva a

destiempo. Según surge del expediente, la inclusión de dos

codemandados de nombre desconocido irremediablemente nos

lleva a concluir que las recurridas sabían, o debían de

haber sabido, que el señor Rodríguez Casiano y PR Cars

eran personas jurídicas aseguradas. Esto nos coloca en el

AC-2017-0097

19

ámbito de las Reglas 13.3 y 15.4 y no de la Regla 13.1 de

Procedimiento Civil.

Así pues, según el tracto procesal del presente caso,

ni la presentación de la demanda original ni la inclusión

de la CSMPR mediante la demanda enmendada se llevaron a

cabo conforme a las Reglas 13.3 y 15.4 de las Reglas de

Procedimiento

Civil,

supra,

y

nuestra

jurisprudencia

interpretativa. No sólo no se sustituyó correctamente una

parte, cuya identidad presuntamente se conoce, mas no su

nombre

correcto,

Procedimiento

Civil

sino

que

además

son

claras

las

cuando

Reglas

dictan

que,

de

al

momento de considerar una enmienda -al amparo de la Reglas

13.3- debe realizarse dentro del término prescriptivo.

III.

Por consiguiente, nos resta considerar si existe una

solidaridad legal entre un asegurado y un asegurador de

forma tal que la interrupción de la prescripción contra el

primero

surtió

efectos

nuestro

estado

de

supuesto

que

nos

original

presentada

contra

Derecho

actual,

permitiría

por

el

las

segundo.

éste

concluir

señoras

Conforme

sería

que

el

la

Menéndez

a

único

demanda

Lebrón

y

Velázquez Castro interrumpió el término prescriptivo de un

(1) año exigido en ley para presentar una causa acción en

contra de la CSMPR. Véase Arce Bucetta, 173 DPR en las

págs.

538-39.

evaluar

si

establece

Para

esto,

en

el

Artículo

20.030

una

relación

de

asegurador y asegurado.

específico,

corresponde

del

de

Seguros

legal

entre

Código

solidaridad

AC-2017-0097

20

A.

En términos generales, y según el Código de Seguros,

un contrato de seguros es aquel “mediante el cual una

persona se obliga a indemnizar a otra o a pagarle o a

proveerle

un

beneficio

específico

o

determinable

al

producirse un suceso incierto previsto en el mismo”. 26

LPRA sec. 102. De otra parte, un “asegurador” es aquella

persona que se dedica a la contratación de seguros y que,

conforme al Código de Seguros, podría ser “una asociación

de

seguro

recíproco,

una

asociación

mutualista,

una

organización de servicios de salud o un grupo de cualquier

clase,

organizado

con

fines

pecuniarios

o

sin

ellos,

dedicado al negocio de otorgar contratos de seguros”. 26

LPRA

sec.

103.

Naturalmente,

un

“asegurado”

es

aquella

persona que establece una relación con el asegurador y

“cuya responsabilidad civil queda cubierta en la póliza de

seguro”.

Luis

F.

Reglero

Campos

(Ed.),

Tratado

de

Responsabilidad Civil 1378 (5ta Ed., 2014).

En los seguros de responsabilidad civil, como el que

nos ocupa en el presente caso, quien reclama al asegurado

o al asegurador se le denomina un “tercero perjudicado” o

una “víctima”. En esencia, el tercero perjudicado, quien

es acreedor de la deuda indemnizatoria, es “la persona que

ha

experimentado

sentimientos,

un

patrimonio

daño

y,

en

en

su

cuerpo,

general,

en

mente,

bienes

y

derechos jurídicamente tutelables, como consecuencia de la

conducta o actividad del asegurado”. Id. en la pág. 1379.

AC-2017-0097

El

elemento

21

esencial

de

esta

relación

tripartita

entre

dichos sujetos jurídicos lo constituye:

[L]a asunción del riesgo que gravita sobre

el

asegurado

de

quedar

obligado,

bien

contractual bien extracontractualmente, por una

conducta o actividad propia o de una persona de

cuyos actos u omisiones deba responder (pero

siempre que así se contemple en la póliza), a

indemnizar los daños y perjuicios causados a un

tercero como consecuencia de la verificación de

un hecho previsto en el contrato, por el que se

delimita

materialmente

el

objeto

de

la

cobertura.

Id. en la pág. 1367.

En

Puerto

Rico,

con

relación

al

alcance

de

la

responsabilidad civil del asegurador con su asegurado, el

Artículo 20.010 del Código de Seguros dispone que “[e]l

asegurador

que

expidiere

una

póliza

asegurando

a

una

persona contra daños o perjuicios . . . será responsable

cuando ocurriere una pérdida cubierta por dicha póliza”.

26 LPRA sec. 2001. Asimismo, el pago de la pérdida por

parte

del

asegurador

será

“hasta

el

grado

de

su

responsabilidad por la misma, con arreglo a la póliza, [y]

no dependerá del pago que efectúe el asegurado en virtud

de

sentencia

firme

dictada

contra

él

con

motivo

del

suceso, ni dependerá de dicha sentencia”. Id.

En cuanto a la naturaleza de la relación jurídica

entre un asegurador y un asegurado, la hemos descrito como

una de carácter “contractual [que] se rige concretamente

por lo pactado en el contrato de seguros, que es la ley

entre las partes”. Gen. Accid. Ins. Co. P.R. v. Ramos, 148

DPR

523

Codeco,

(1999).

Véase

185

146

DPR

además,

(2012).

Integrand

En

atención

Assurance

a

esto,

v.

e

AC-2017-0097

22

interpretando el Artículo 1090 del Código Civil,5 hemos

resuelto

que

“para

compañía

aseguradora

que

y

exista

el

solidaridad

asegurado,

ello

entre

debe

una

surgir

claramente del contrato de seguros. Dicha solidaridad debe

haberse

pactado

claramente

del

expresamente

o,

contenido

contrato

del

al

menos,

que

debe

la

surgir

relación

entre las partes se constituyó con tal carácter”. Gen.

Accid. Ins. Co. P.R., 148 DPR en la pág. 537 (citando a

Torrellas v. Sucn. Torrellas, 57 DPR 501 (1940)) (énfasis

suplido). En otras palabras, en los contratos de seguro,

como en todo contrato, la solidaridad no se presume. Véase

en general, Quilez-Velar v. Ox Bodies, Inc., 198 DPR 1079

(2017).

Ahora bien, este análisis al amparo del Código Civil,

que como fuente de Derecho es supletorio en materia de

Derecho de Seguros, Mun. de San Juan v. Great Ame. Ins.

Co., 117 DPR 632 (1986), parecería estar en conflicto con

lo dispuesto en el Artículo 20.030 del Código de Seguros.

Este

artículo

establece

los

mecanismos

u

opciones

En el derecho privado existen distintas clases de

obligaciones en atención a la pluralidad de sujetos

(acreedores y/o deudores). La naturaleza y los efectos de

estas obligaciones las encontramos en el Artículo 1090, el

cual dispone que:

5

La concurrencia de dos (2) o más acreedores o de

dos (2) o más deudores en una sola obligación no

implica que cada uno de aquéllos tenga derecho a

pedir ni cada uno de éstos deba prestar

íntegramente las cosas objeto de la misma. Sólo

habrá

lugar

a

esto

cuando

la

obligación

expresamente lo determine, constituyéndose con

el carácter de solidaria.

31 LPRA sec. 3101.

AC-2017-0097

23

procesales que tiene a su haber un tercero perjudicado

para

presentar

una

causa

de

acción

en

contra

de

un

asegurador o un asegurado. Así dispone que:

(1) La persona que sufriere los daños y

perjuicios tendrá, a su opción, una acción

directa contra el asegurador conforme a los

términos y limitaciones de la póliza, acción que

podrá ejercitar contra el asegurador solamente o

contra éste y el asegurado conjuntamente. La

acción directa contra el asegurador se podrá

ejercer

solamente

en

Puerto

Rico.

La

responsabilidad del asegurador no excederá de

aquella dispuesta en la póliza, y el tribunal

deberá

determinar

no

solamente

la

responsabilidad del asegurador, si que también

la cuantía de la pérdida. Cualquier acción

incoada conforme a esta sección estará sujeta a

las condiciones de la póliza o contrato y a las

defensas que pudieran alegarse por el asegurador

en acción directa instada por el asegurado.

(2) En una acción directa incoada por la

persona que sufriere los daños y perjuicios

contra el asegurador, éste está impedido de

interponer

aquellas

defensas

del

asegurado

basadas en la protección de la unidad de la

familia u otras inmunidades similares que estén

reconocidas en el ordenamiento jurídico de

Puerto Rico.

(3) Si el perjudicado entablara demanda

contra el asegurado solamente, no se estimará

por ello que se le prive, subrogándose en los

derechos del asegurado con arreglo a la póliza,

del derecho de sostener acción contra el

asegurador y cobrarle luego de obtener sentencia

firme contra el asegurado.

26 LPRA sec. 2003 (énfasis suplido).

A

tenor

con

este

artículo,

el

estado

de

Derecho

vigente reconoce que una víctima que alega haber sufrido

un

daño

ocasionado

por

la

negligencia

encausar

su

acción

asegurada

puede

asegurador

(“acción

directa”),

(2)

de

una

persona

demandando

al:

(1)

asegurado

(3)

al

o

asegurado y su asegurador conjuntamente. Neptune Packing

AC-2017-0097

24

Corp. v. Wackenhut Corp., 120 DPR 283, 289 (1988). De

igual forma, surge del texto claro de la ley, que si la

víctima que sufrió los daños dirige su causa de acción

sólo contra el asegurado y obtiene una sentencia final y

firme

contra

posteriormente

éste,

en

entonces,

contra

del

podría

instar

asegurador

una

para

acción

exigir

el

pago de la sentencia. Véase Ruiz v. New York Dept. Stores,

146 DPR 353, 367–68 (1998). Por último, en cuanto a la

acción directa, hemos resuelto que ésta se caracteriza por

ser “independiente, distinta y separada” de la reclamación

que tiene disponible el perjudicado en contra del causante

del

daño

(asegurado).

Id.

en

la

pág.

364

(énfasis

suplido). Véase además Savary v. Mun. Fajardo, 198 DPR

1014 (2017). Así pues, el Código de Seguros no contempla

“una acción por los mismos hechos contra el asegurador y

otra acción idéntica y simultánea contra el asegurado”.

Neptune

Packing

Corp.,

120

DPR

en

la

pág.

290.

Véase

además, Lcdo. Rolando Cruz, Derecho de Seguros 263 (Ed.

JTS, 1999).

En esta discusión, además, debemos puntualizar que el

efecto “[d]el ejercicio de la opción [incide] sobre el

posible éxito de su reclamación”. Cortés Román v. ELA, 106

DPR 504, 516 (1977). Es decir, “la elección hecha por un

demandante

al

instar

su

reclamación

determina

los

requisitos que vendrá obligado a cumplir y las defensas a

que estará aquél sujeto”. Id. (énfasis suplido).

Los efectos en la prescripción de la selección de uno

de

estos

mecanismos

procesales,

disponibles

bajo

el

AC-2017-0097

25

Artículo 20.030, han sido motivo de numerosas decisiones

emitidas

por

este

Tribunal.

Por

ejemplo,

previo

a

la

aprobación en 1957 del Código de Seguros vigente, este

Tribunal tuvo la oportunidad de evaluar si la interrupción

de

la

tenía

prescripción

efectos

respecto

contra

la

a

una

persona

compañía

aseguradora

asegurada.

Cruz

v.

González, 66 DPR 212 (1946). En esa ocasión, se resolvió

en la negativa, ya que no existía una relación solidaria

entre el asegurado y su aseguradora. Id. Posterior a esta

decisión,

20.030

y

del

ya

analizado

Código

de

lo

Seguros

dispuesto

actual,

en

en

el

Artículo

Trigo

v.

The

Travelers Ins. Co., 91 DPR 868 (1965) este Foro resolvió

que,

en

la

acción

directa

frente

a

una

compañía

aseguradora, un tercero perjudicado tiene derecho a exigir

una compensación por los daños sufridos, aun cuando la

causa acción contra el asegurado haya prescrito, pero sólo

si

se

interrumpió

oportunamente

la

acción

contra

dicha

aseguradora. Véase además Durán Cepeda v. Morales Lebrón,

112 DPR 623 (1982).

Sin embargo, en Barrientos v. Gob. de la Capital, 97

DPR 552 (1969), interpretando el Artículo 20.30 del Código

de Seguros, este Foro dictaminó que una causa de acción

contra una aseguradora no estaba prescrita, a pesar de que

el

tercero

perjudicado

la

había

incluido

en

el

pleito

transcurrido el término de un (1) año desde la ocurrencia

de los daños. Debemos contextualizar los hechos de este

caso. En Barrientos, el 30 de marzo de 1957, la presunta

negligencia

de

la

compañía

Island

Constructors,

Inc.

AC-2017-0097

26

(Island) resultó en ciertos daños de la propiedad del Sr.

León Lyons. Por razón de ello, el 8 de agosto de 1958, el

señor León Lyons presentó una demanda contra Island más,

sin embargo, nunca la emplazó. No obstante, en febrero de

1959,

el

señor

Lyons

enmendó

la

demanda

original

para

traer al pleito a American Surety Co. (American), como

aseguradora

de

Island.

El

foro

primario,

luego

de

una

extensa y compleja litigación, dictó sentencia declarando

ha lugar la demanda en contra de Island y American. Estas

últimas recurrieron ante este Foro y plantearon, entre sus

múltiples señalamientos de error, que la demanda estaba

prescrita

para

con

ambas

compañías.

En

específico,

American sostuvo que fue incluida en el pleito a más de un

(1) año desde que ocurrieron los daños. Al disponer de esa

defensa, este Tribunal concluyó lo siguiente:

Con respecto a la defensa de prescripción de la

American Surety Co., basta referirse al Art.

20.030 [3] del Código de Seguros, que reconoce

el derecho del perjudicado de iniciar una causa

de acción contra la aseguradora aun después de

haber

obtenido

sentencia

firme

contra

el

asegurado. Esto significa que en el caso de

autos la causa de acción contra la American

Surety Co. todavía está en tiempo, aunque han

pasado más de diez años desde que se enmendó la

demanda para incluirla como parte demandada.

Id. en la pág. 576 (citas omitidas).

A cincuenta (50) años de este Tribunal haber emitido

dicha determinación, nos corresponde reevaluarla. Hoy día,

la

lectura

que

hiciéramos

en

aquel

entonces

sobre

el

alcance del Artículo 20.030 del Código de Seguros resulta

insostenible.

Como

se

desprende

de

la

discusión

que

precede, si bien el tercero perjudicado tiene disponible

AC-2017-0097

27

una acción de subrogación, luego de recibir una sentencia

firme en contra del asegurado, esta protección estatutaria

no

implica

que

interrumpir

la

prescripción

contra

el

asegurado surte efectos contra el asegurador. Cada uno de

los mecanismos u opciones procesales disponibles al amparo

del Artículo 20.030 del Código de Seguros operan de forma

independiente y no pueden combinarse a la conveniencia de

quien

los

invoca.

Lo

contrario

implicaría

avalar,

tácitamente, la existencia de una solidaridad legal en la

relación contractual entre el asegurado y el asegurado.

Con excepción de Barrientos, en la mayoría de las

decisiones emitidas por este Foro sobre el tema, se ha

evaluado la naturaleza de la obligación jurídica entre un

asegurador

y

interrupción

asegurado

del

desde

término

la

misma

óptica:

prescriptivo

si

frente

la

al

asegurador, en un procedimiento de acción directa, surte

efectos

contra

el

asegurado.

En

cuanto

a

dicha

controversia, este Tribunal ha llevado a cabo un análisis

estatutario de los parámetros de la acción directa, según

establecidos en el Artículo 20.030 del Código de Seguros,

y

en

conjunto

con

los

preceptos

generales

del

Código

Civil. El resultado de este ejercicio adjudicativo siempre

ha

sido

entre

negar

la

asegurado

existencia

y

de

asegurador

una

relación

en

la

solidaria

acción

directa

presentada por un tercero perjudicado.

Ahora bien, la controversia en el presente caso, al

igual

que

en

Barrientos,

plantea

la

situación

a

la

inversa: si conforme al inciso (3) del Artículo 20.030 del

AC-2017-0097

Código

28

de

Seguros,

interrumpir

la

causa

asegurado,

presunto

un

de

tercero

acción

perjudicado

puede

que

tiene

frente

a

un

daño,

y

dicha

causante

de

contra

interrupción

surta

efectos

controversia

actual

nos

provee

que

un

el

asegurador.

La

la

oportunidad

de

reconsiderar la decisión de Barrientos y disipar cualquier

duda en cuanto a la inexistencia de una solidaridad legal,

conforme

al

Código

de

Seguros,

entre

asegurador

y

asegurado.6

Como

ya

mencionáramos,

la

elección

del

mecanismo

procesal para presentar una acción judicial en contra de

un

asegurador

o

asegurado

repercutirá

en

cuanto

a

los

requisitos que el tercero perjudicado tendrá que cumplir

para ser compensado por los daños sufridos. En la relación

tripartita

entre

asegurado,

asegurador

y

tercero

perjudicado, el vínculo jurídico del tercero perjudicado y

el asegurador sólo surge en dos (2) escenarios: ante una

acción

directa

contra

el

asegurador

o

ante

una

acción

conjunta en contra de un asegurador y su asegurado. Por

supuesto,

en

ambos

responsabilidad civil

escenarios

se

al asegurado

tiene

que

adjudicar

(causante del daño).

En la esfera federal existen determinaciones del Tribunal

de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito y

el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito

de Puerto Rico que, interpretando decisiones emitidas por

este Tribunal, han llegado a resultados distintos y, en

ocasiones, contradictorios. Véase, Tokyo Marine & Fire

Ins. Co. v. Pérez & Cia., De Puerto Rico, Inc., 142 F.3d 1

(1st Cir. 1998); Santiago-Rivera v. Royal Ins. Co. of

Puerto Rico, 613 F. Supp. 121 (D.P.R.), aff’d, 782 F.2d

1025 (1st Cir. 1985). Véase además, González-Morales v.

Presbyterian Cmty. Hosp., Inc., No. CV 13-1906 (PG), 2017

WL 212234, (D.P.R. Jan. 18, 2017); Arroyo-Torres v.

González-Méndez, 212 F. Supp. 3d 299 (D.P.R. 2016).

6

AC-2017-0097

Esto

tiene

29

total

sentido

práctico

pues,

como

se

ha

dictaminado, si contra un asegurado no existe una causa de

acción en daños, tampoco la hay en contra del asegurador

separadamente. Véase Almonte de Mejías v. Díaz, 86 DPR 111

(1962).

De otra parte, cuando un tercero perjudicado opta por

encausar su acción únicamente contra el asegurado, esta

determinación

conlleva

unos

efectos

distintos

a

la

selección de los demás mecanismos procesales disponibles

bajo el Artículo 20.030 del Código de Seguro. Si bien el

inciso (3) de este artículo establece unas salvaguardas

procesales sobre cómo el tercero perjudicado puede exigir

a un asegurador el cobro de su acreencia, luego de obtener

una sentencia firme a su favor, no hay duda de que en ese

supuesto no estamos ante la acción directa que se codifica

en

el

inciso

(1)

del

Artículo

20.030

del

Código

de

Seguros.

Presentar una demanda únicamente contra un presunto

causante de un daño no es más que eso: una demanda civil.

Así pues, si el tercero perjudicado luego de presentar una

demanda, transcurrido el término prescriptivo de un (1)

año y sin haber incluido en dicha demanda a un asegurador

de nombre desconocido, adviene en conocimiento de que el

demandado

está

asegurado,

lo

que

tiene

disponible

-

conforme al inciso (3) del Artículo 20.030- es la certeza

de

que

si

en

su

día

prevalece

en

el

pleito

podrá

posteriormente presentar una acción contra el asegurador

para cobrar su acreencia. Esta acción, sin embargo, no

AC-2017-0097

30

está predicada en la solidaridad, sino en un supuesto de

subrogación.7

tercero

Lo

que

perjudicado

asegurado

para

ocurre

se

reclamar

en

esta

subroga

en

al

acción

los

asegurador

es

que

derechos

la

el

del

compensación

disponible bajo la póliza de seguros. Véase 26 LPRA sec.

2003(3).

Todo esto, claro está, no cambia el hecho de que la

responsabilidad

civil

que

se

adjudique

será

hasta

el

límite de la póliza que dicho asegurado poseía al momento

que ocurrió el daño. Véase 26 LPRA sec. 2003. Asimismo,

nada

impide

traiga,

que

mediante

asegurador

para

responsabilidad,

el

propio

una

que,

éste

presunto

demanda

contra

conforme

asuma

su

causante

a

del

tercero,

su

daño

a

su

póliza

de

responsabilidad

legal.

Véase PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 861,

893-97 (1994).

IV.

En virtud de la discusión que antecede, reiteramos

que, en el contexto del inciso (3) del Artículo 20.030, si

la presunta víctima del daño opta por dirigir su acción

El profesor José Julián Álvarez González coincide con que

el Artículo 20.030 del Código de Seguros no establece una

solidaridad legal entre asegurador y asegurado. J.J.

Álvarez González, Responsabilidad Extracontractual, 62

Rev. Jur. UPR 903, 934 n. 18 (1993). Luego de analizar las

decisiones emitidas por este Tribunal en torno al Artículo

20.030 del Código de Seguros, el Profesor concluye, sin

ambages, que “la creación de la acción directa en 1957 no

dejó sin efecto en este aspecto la decisión de Cruz v.

González,

que

rechaza

que

exista

una

relación

de

solidaridad entre asegurador y asegurado”. Id. (citas

omitidas). Véase además José Julián Álvarez González,

Responsabilidad Civil Extracontractual, 78 Rev. Jur. UPR

457, 505 n. 190-91 (2009).

7

AC-2017-0097

sólo

contra

31

el

asegurado,

transcurrido

el

término

prescriptivo de un (1) año y sin haber incluido en dicha

demanda a un asegurador de nombre desconocido, el reclamo

contra el asegurador está disponible únicamente luego de

que exista una sentencia firme en contra del asegurado.

Por todo lo cual, sostenemos que el Artículo 20.030 del

Código de Seguros no establece una solidaria legal entre

asegurador y asegurado. La solidaridad sólo puede existir,

en este contexto, si se pacta expresamente y surge del

contrato

de

antecede,

la

seguros.

A

decisión

la

luz

emitida

de

la

por

este

discusión

que

Tribunal

en

Barrientos, supra, no debe ser dispositiva para el caso

ante nuestra consideración.

Así pues, dado que no existe solidaridad legal entre

un

asegurado

y

su

asegurador,

conforme

al

Código

de

Seguros, no podemos concluir que, en el presente pleito,

la demanda presentada por las señoras Menéndez Lebrón y

Velázquez Castro en contra del señor Rodríguez Casiano y

PR

Cars

interrumpió

la

prescripción

contra

la

CSMPR.

Habida cuenta que la demanda se presentó fuera del término

prescriptivo dispuesto en ley, que no hubo una oportuna

interrupción extrajudicial, que la sustitución de parte no

se llevó a cabo conforme a Derecho, y que, además, no

existe

solidaridad

legal

entre

un

asegurado

y

su

asegurador, concluimos que la causa de acción en contra de

la CSMPR está prescrita.

AC-2017-0097

32

V.

Por todo lo cual, erraron los foros recurridos al no

desestimar

la

demanda

en

cuanto

a

la

CSMPR,

bajo

el

fundamento de prescripción. En atención a ello, procede

revocar

la

desestimar

resolución

la

causa

de

del

Tribunal

acción

de

presentada

Apelaciones

y

en

de

contra

CSMPR.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Laura Menéndez Lebrón y

Myrna Velázquez Castro

Recurridas

v.

Amel Rodríguez Casiano,

Puerto Rican Cars Inc.,

Cooperativa de Seguros

Múltiples, John Doe y

Compañía de Seguros ABC

AC-2017-0097

Certiorari

Peticionarios

Administración de

Compensaciones de

Accidentes de Automóviles

(ACAA)

Parte Interventora

Opinión de conformidad en parte y disidente en parte emitida

por el Juez Asociado señor ESTRELLA MARTÍNEZ.

San Juan, Puerto Rico, a 3 de febrero 2020.

Hoy, este Tribunal precisa acertadamente la naturaleza

de la responsabilidad de una entidad aseguradora frente a

una

persona

perjudicada

negligentes

de

Opinión

conformidad

de

una

por

persona

los

actos

asegurada.

reitera

A

u

mi

omisiones

juicio,

correctamente

que

la

una

entidad aseguradora y una persona asegurada no responden

solidariamente en estos casos, salvo pacto en contrario. En

virtud de ello, concluye que una persona perjudicada que

AC-2017-0097

interese

2

dirigir

su

acción

en

contra

de

una

entidad

aseguradora y una persona asegurada, deberá interrumpir el

término prescriptivo de su causa de acción en contra de

cada una de éstas.

Sin

embargo,

me

veo

forzado

a

discrepar

de

la

Sentencia en torno a un asunto medular que precisamente

conduce a este Tribunal a revocar los foros recurridos.

Como pudo observarse, la Opinión de conformidad reitera que

una persona perjudicada que interese demandar a la entidad

aseguradora de quien presuntamente le causó algún daño,

debe hacerlo dentro del término prescriptivo de un (1) año.

No obstante, concluye que el referido término prescriptivo

comenzará a cursar desde la fecha en que ocurrió el daño,

independientemente del momento en que la parte demandante

advino en conocimiento de la existencia y la responsabilidad

de

la

entidad aseguradora.

aplicación

de

la

teoría

De

este

modo,

cognoscitiva

se

del

descarta

daño

en

la

este

contexto y se le exige a una parte demandante que presente

una

causa

de

acción

antes

de

tener

existencia

de

ésta.

Ante

este

conocimiento

cuadro,

de

la

respetuosamente

disiento del dictamen revocatorio.

Veamos

brevemente

los

hechos

importantes

para

los

señalamientos de esta Opinión de conformidad en parte y

disidente en parte.

I

En el caso de epígrafe, la Sra. Laura Menéndez Lebrón

y la Sra. Myrna Velázquez Castro (recurridas) tuvieron un

accidente automovilístico alegadamente causado por el Sr.

AC-2017-0097

Amel

3

Rodríguez

Casiano

(señor

Rodríguez

Casiano),

quien

conducía un vehículo rentado por Puerto Rican Cars, Inc. (PR

Cars). A raíz del accidente, las recurridas presentaron una

demanda

en

daños

y

perjuicios,

dentro

del

término

prescriptivo de un (1) año, en contra del señor Rodríguez

Casiano, PR Cars, John Doe y la Compañía de Seguros ABC.

Las recurridas alegaron que el señor Rodríguez Casiano

condujo el automóvil de forma negligente, lo cual causó el

accidente y los posteriores daños y perjuicios. Asimismo,

arguyeron

que

PR

Cars

fue

negligente

al

alquilar

el

vehículo al señor Rodríguez Casiano, quien presuntamente

solo contaba una licencia de conducir extranjera a pesar de

que llevaba más de ciento veinte (120) días en Puerto Rico.

Luego

de

adecuadamente

varios

en

la

trámites

Opinión

de

procesales

conformidad,

reseñados

entre

los

cuales se anotó la rebeldía del señor Rodríguez Casiano y

de PR Cars por su incomparecencia a los procedimientos, las

recurridas

prueba.

solicitaron

realizar

un

descubrimiento

Particularmente,

el

22

de

octubre

Pliego

de

Interrogatorio

presentaron

un

Primer

de

de

2015

y

Requerimiento de Producción de Documentos a PR Cars. En el

mismo, se le solicitó información sobre la existencia de

alguna póliza de seguro que estuviese vigente al momento de

los hechos. Ante la falta de contestación de parte de PR

Cars, el 2 de marzo de 2016 las recurridas acudieron al

Tribunal de Primera Instancia en solicitud de una orden

para que la parte demandada realizara el descubrimiento de

prueba requerido.

AC-2017-0097

4

Finalmente, el 27 de junio de 2016 PR Cars contestó el

interrogatorio y presentó los documentos solicitados, entre

éstos, una copia de la póliza de seguro expedida por la

Cooperativa

de

Seguros

Múltiples

de

Puerto

Rico

(Cooperativa) a favor de PR Cars. Tan solo aproximadamente

un (1) mes después, el 1 de agosto de 2016, las recurridas

solicitaron

al

foro

primario

enmendar

la

demanda

para

incluir a tal entidad aseguradora como parte demandada. A

esos

efectos,

las

descubrimiento

primera

vez

de

de

recurridas

prueba

que

PR

alegaron

advinieron

Cars

en

estaba

que

durante

el

conocimiento

por

asegurada

por

la

Cooperativa. Debido a lo anterior, estimaron que demandaron

a la Cooperativa oportunamente.

Por su parte, la Cooperativa se opuso a tal enmienda.

En esencia, arguyó que ésta no fue demandada

ni se le

reclamó extrajudicialmente dentro del término prescriptivo

de un (1) año. En consecuencia, adujo que la demanda en su

contra estaba prescrita. Ante este cuadro, el Tribunal de

Primera Instancia autorizó la enmienda.

Inconforme,

la

Cooperativa

acudió

al

Tribunal

de

Apelaciones, el cual denegó expedir el recurso. El foro

apelativo determinó que, en efecto, las recurridas tuvieron

conocimiento por primera vez de la existencia de la póliza

de seguros mediante el descubrimiento de prueba solicitado.

En virtud de ello, concluyó que la enmienda a la demanda

fue oportuna.

Debido a lo anterior, la Cooperativa comparece ante

este

Tribunal

y

solicita

que

revoquemos

los

foros

AC-2017-0097

5

recurridos. La Cooperativa arguye que las recurridas no

fueron

diligentes

y

permitieron

que

transcurrieran

aproximadamente dos años antes de incluirla en el pleito. A

esos

efectos,

esfuerzos

para

arguyen

que

éstas

debieron

conocer

la

identidad

y

realizar

existencia

de

más

la

entidad aseguradora.

Asimismo, la Cooperativa alega que ésta no responde

solidariamente junto a su asegurada, PR Cars. Por tanto,

indica

que

la

interrupción

del

término

prescriptivo

en

torno a PR Cars no tiene efectos en la causa de acción

contra la Cooperativa.

Por su parte, las recurridas reiteran que solicitaron

enmendar la demanda oportunamente. Arguyen que, conforme a

la teoría cognoscitiva del daño, éstas tenían un (1) año

desde que conocieron de la existencia de la Cooperativa y

de su posible responsabilidad para presentar una causa de

acción o una reclamación extrajudicial. Por otro lado, las

recurridas aducen que, en virtud del Código de Seguros de

Puerto

Rico,

prescriptivo

infra,

contra

la

la

interrupción

persona

asegurada

del

término

surte

efectos

contra la entidad asegurada.

Repasados los hechos esenciales, procedemos a exponer

los fundamentos de esta Opinión de conformidad en parte y

disidente en parte.

II

A.

Como cuestión de umbral, la controversia ante nuestra

consideración

nos

exige

precisar

la

naturaleza

de

la

AC-2017-0097

relación

6

jurídica

entre

una

entidad

aseguradora

y

una

persona asegurada en el contexto de responsabilidad civil

extracontractual. De ésta depende la aplicación del término

prescriptivo aplicable. Veamos.

Como

es

conocido,

los

contratos

de

seguros

tienen

implicaciones serias e importantes en nuestra sociedad. A

razón

de

ello,

hemos

reconocido

que

las

controversias

relacionadas con los contratos de seguros están revestidas

en

un

Asrn.,

interés

público.

196

382,

DPR

SLG

389

Albert-García

(2016).

Lo

v.

Integrand

anterior

responde

principalmente al interés del Estado en reconocer “a las

personas que reciban daños el derecho legítimo a recibir

resarcimiento”. Trigo v. The Travelers Ins. Co., 91 DPR

868, 876 (1965). De igual modo, se debe a que “la función

primordial

de

una

póliza

de

seguro

es

mecanismo

para

transferir

un

riesgo

y

establecer

de

esta

un

manera

proteger al asegurado de ciertos eventos identificados en

el contrato de seguro”. Savary et al. v. Mun. Fajardo et

al., 198 DPR 1014, 1023 (2017).

En

virtud

de

ello,

en

el

año

1957

la

Asamblea

Legislativa aprobó el Código de Seguros de Puerto Rico, Ley

Núm. 77 de 19 de junio de 1957, 26 LPRA sec. 101 et seq.

(Código de Seguros).8 En el mismo, se implantaron, entre

una multiplicidad de asuntos, unas nuevas normas en torno

a los seguros contra accidentes. Particularmente, se

A tono con los orígenes del Código de Seguros de

Puerto Rico, Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, 26 LPRA

sec. 101 et seq., hemos recurrido a normas del derecho

civil y derecho angloamericano para interpretar el mismo.

SLG Albert-García v. Integrand Asrn., 196 DPR 382, 389

(2016).

8

AC-2017-0097

7

precisó el alcance de la responsabilidad de una entidad

aseguradora

ante

circunstancias.

A

una

esos

persona

fines,

el

asegurada

en

Art.

provee

20.010

estas

lo

siguiente:

El asegurador que expidiere una póliza

asegurando

a

una

persona

contra

daños

o

perjuicios, por causa de responsabilidad legal por

lesiones corporales, muerte o daños a la propiedad

de una tercera persona, será responsable cuando

ocurriere una pérdida cubierta por dicha póliza, y

el pago de dicha pérdida por el asegurador hasta

el grado de su responsabilidad por la misma, con

arreglo a la póliza, no dependerá del pago que

efectúe el asegurado en virtud de sentencia firme

dictada contra él con motivo del suceso, ni

dependerá de dicha sentencia. (Énfasis suplido).

Art. 20.010 del Código de Seguros, supra, 26 LPRA

sec. 2001.

Es decir, en estos casos, “se transfiere el riesgo de un

evento específico a la aseguradora, quien viene obligada a

cubrir los daños económicos por los que el asegurado esté

llamado a responder”. Savary v. Mun. Fajardo et al., supra.

No

obstante,

como

puede

observarse,

de

ordinario

la

responsabilidad de la entidad aseguradora estará limitada a

lo pactado en la póliza.

Asimismo,

mediante

el

Código

de

Seguros,

supra,

la

Asamblea Legislativa introdujo unos cambios significativos

en

torno

a

las

perjudicada

correspondiente

distintas

puede

a

los

maneras

solicitar

daños

en

el

sufridos.

que

una

persona

resarcimiento

Para

ello,

el

estatuto establece que “[l]a persona que sufriere los daños

y perjuicios tendrá, a su opción, una acción directa contra

el asegurador conforme a los términos y limitaciones de la

póliza, acción que podrá ejercitar contra el asegurador

AC-2017-0097

8

solamente

o

contra

éste

y

el

asegurado

(Énfasis

suplido).

Art.

20.030

del

conjuntamente”.

Código

de

Seguros,

supra, 26 LPRA sec. 2003. En vista de lo anterior, hemos

interpretado que una persona que alega haber sufrido daños

y

perjuicios

causados

por

una

persona

asegurada

puede

dirigir su causa de acción (1) a la entidad aseguradora;

(2) a la persona asegurada, o (3) a la entidad aseguradora

y

a

la

persona

asegurada

conjuntamente.

Íd.;

Neptune

Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 DPR 283, 289 (1988).

Así, se introdujo a nuestro ordenamiento la llamada

acción

directa

proveniente

de

Luisiana.

Trigo

v.

The

Travelers Ins. Co., supra, pág. 873. Con tales cambios, la

Asamblea

Legislativa

generó

una

responsabilidad

de

la

entidad aseguradora hacia la persona perjudicada, la cual

no

depende

de

sentencia

alguna

o

pago

de

parte

de

la

persona asegurada. Lo anterior, en virtud de “la política

pública acogida de brindar a las personas que reciban daño

el derecho legítimo a recibir resarcimiento”. SLG AlbertGarcía v. Integrand Asrn., supra, pág. 392.

De este modo, Puerto Rico se unió a la tendencia de

algunos estados de los Estados Unidos de América que han

incorporado de igual manera estatutos de acción directa.

Ello, en conformidad a “the public policy principle that

although

insurance

policies

are

generally

specific

insured(s),

they

in

truth

are

issued

issued

for

to

the

benefit of all persons injured through the negligence of

that/those insured(s)”. T. F. Segalla y R.J. Cohen, Direct

AC-2017-0097

9

Actions- Current Developments, 20 No. 9 Ins. Litig. Rep.

411 (1998).

De

igual

forma,

es

menester

destacar

que

el

Art.

20.030 provee una protección importante para las personas

perjudicadas por los actos u omisiones negligentes de una

persona asegurada. A esos fines, el estatuto provee que, si

la

persona

perjudicada

opta

por

presentar

una

demanda

únicamente a la persona asegurada, “no se estimará por ello

que se le prive, subrogándose en los derechos del asegurado

con arreglo a la póliza, del derecho de sostener acción

contra el asegurador y cobrarle luego de obtener sentencia

firme

contra

el

asegurado”.

Art.

20.030

del

Código

de

observarse,

el

Código

de

Seguros, supra, 26 LPRA sec. 2003.

Ahora

bien,

como

puede

Seguros, supra, es silente en torno a la naturaleza de la

responsabilidad entre la entidad aseguradora y la persona

asegurada

frente

a

la

tercera

persona

perjudicada;

entiéndase, no especifica si éstos responden solidaria o

mancomunadamente. Sin embargo, lo que sí adelanta el texto

de la ley es que las entidades aseguradoras responden según

las limitaciones y las condiciones dispuestas en la póliza

de seguro.9 Lo anterior, es indicativo de que de ordinario

De ordinario, la entidad aseguradora sólo responde

hasta los límites de responsabilidad estipulados en el

contrato de seguro. A modo de excepción, hemos reconocido

que, en casos en que la entidad aseguradora actúe de mala

fe anteponiendo sus propios intereses a los de la persona

asegurada, la entidad aseguradora estará obligada a

responder en exceso a lo pactado en la póliza. Morales v.

Automatic Vending Service, Inc., 103 DPR 281, 288-290

(1975).

9

AC-2017-0097

10

las entidades aseguradoras y las personas aseguradas no

responden

están

solidariamente,

obligados

cada

pues

uno

los

a

codeudores

realizar

solidarios

íntegramente

la

prestación debida. Art. 1090 del Código Civil de Puerto

Rico, 31 LPRA sec. 3101.

En

contraste,

expresamente

que

responsabilidad

la

Asamblea

Legislativa

otros

tipos

seguros

sí

generan

una

ejemplo,

el

Código

de

solidaria.

de

Por

ha

dispuesto

Seguros, supra, provee que todo seguro de garantía obligará

solidariamente

a

la

entidad

aseguradora

y

la

persona

asegurada. Art. 22.040 del Código de Seguros, supra, 26

LPRA sec. 2204. El Código de Seguros, supra, no dispone de

tal distinción en cuanto a seguros contra accidentes.

Más

aún,

debemos

destacar

que,

la

legislación

de

Luisiana ha contemplado expresamente desde el año 1930 que

las entidades aseguradoras responden solidariamente junto a

las personas aseguradas. A esos efectos, la legislación

sobre la acción directa disponía que ésta “may be bought

either against the insurer company alone or against both

the assured and the insurer company, jointy and in solido”.

LA Acts, No. 55 sec. 2 (1930). Actualmente, a pesar de

haber sido objeto de enmiendas significativas, el estatuto

mantiene la responsabilidad solidaria entre las entidades

aseguradoras

y

las

personas

aseguradas,

aunque

en

unos

escenarios específicos. LA Rev. Stat. sec. 22:1269. Por

tanto, es importante tener presente que, cuando la Asamblea

Legislativa decidió incorporar tal mecanismo de Luisiana a

nuestro ordenamiento, obvió esta especificación expresa. De

AC-2017-0097

11

ello, nuevamente se desprende la intención legislativa de

que la responsabilidad entre las entidades aseguradoras y

las personas aseguradas no fuese solidaria.

Cónsono

con

ello,

este

Tribunal

ha

interpretado

uniformemente que, en estos casos, no existe solidaridad

entre las entidades aseguradoras y las personas aseguradas.

Desde

el

año

1946,

este

Tribunal

determinó

en

Cruz

v.

González, 66 DPR 212 (1946), que una entidad aseguradora y

una persona asegurada no responden solidariamente ante una

persona perjudicada, pues no se presentó prueba alguna de

que éstas así se hayan obligado. Íd., pág. 214.

A la luz de lo anterior, este Tribunal reafirmó tal

norma en Gen. Accid. Ins. Co. P.R. v. Ramos, 148 DPR 523

(1999). En el mismo, se resolvió que “la relación entre una

aseguradora y su asegurado es de naturaleza contractual y

se rige concretamente por lo pactado en el contrato de

seguros, que es la ley entre las partes”. (Énfasis en el

original). Íd., pág. 531. En consecuencia, se interpretó

que

“[p]ara

que

exista

solidaridad

entre

una

compañía

aseguradora y el asegurado, ello debe surgir claramente del

contrato de seguros. Dicha solidaridad debe haberse pactado

expresamente

o,

al

menos,

debe

surgir

claramente

del

contenido del contrato que la relación entre las partes se

constituyó con tal carácter”. Íd., pág. 537.

Por tanto, de los fundamentos expuestos se desprende

que, en efecto, las obligaciones pactadas en un contrato de

seguros no se presumen solidarias. Por tal razón, la entidad

aseguradora que pacta responder por los actos u omisiones

AC-2017-0097

12

de una persona asegurada no se obliga solidariamente hasta

tanto

así

se

interpretación

acuerde

más

entre

las

partes.

pues

entre

razonable,

Ello,

las

es

la

entidades

aseguradoras y las personas aseguradas hay una relación

contractual en la cual las partes voluntariamente pactaron

los términos y las condiciones a las que se obligaron. De

lo contrario, imponer una responsabilidad solidaria a una

parte que no se obligó a ello laceraría los principios

básicos de pacta sunt servanda.

Una vez aclarado este asunto de umbral, abundemos en

las repercusiones e implicaciones que tiene la naturaleza

de esta relación jurídica sui generis en la figura de la

prescripción.

B.

La prescripción extintiva es una figura jurídica que

limita el período de tiempo que tiene una persona para

reclamar

un

derecho

frente

a

un

deudor.

Así,

la

prescripción es un método de extinción de obligaciones que

tiene

como

propósito

relaciones

jurídicas

rápido

las

de

promover

la

al

estimular

acciones.

Fraguada

estabilidad

el

de

ejercicio

Bonilla

v.

las

ágil

Hosp.

y

Aux.

Mutuo, 186 DPR 365, 373 (2012). Esto, pues mediante la

referida figura se busca evitar la incertidumbre que puede

causar

la

presentación

de

reclamaciones

antiguas

y

las

consecuencias inevitables que presupone el transcurso del

tiempo, tales como la pérdida de evidencia, la memoria imprecisa de

las personas envueltas, la dificultad de encontrar

testigos,

AC-2017-0097

13

entre otros. Íd. Lo anterior, teniendo presente que “la

prescripción no es una figura rígida sino que la misma

admite

ajustes

judiciales,

según

sea

requerido

por

las

circunstancias particulares de los casos y la noción de lo

que es justo”. (Énfasis en el original). Santiago v. Ríos

Alonso, 156 DPR 181, 189-190 (2002).

Como es sabido, las acciones prescriben por el mero

lapso del tiempo fijado por la ley. Art. 1861 del Código

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5291. A esos efectos, el

Código Civil de Puerto Rico cuenta con un detallado esquema

en el cual se delinea el término prescriptivo para las

distintas acciones de nuestro ordenamiento. Arts. 1862-1875

del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA secs. 5292–5305.

Una vez iniciado el término prescriptivo, corresponde a

la parte agraviada expresar su voluntad de conservar su

derecho

a

ser

indemnizado,

conforme

a

los

mecanismos

dispuestos en nuestro ordenamiento. Ello es así, pues el

transcurso del término prescriptivo aplicable, sin reclamo

alguno

por

parte

del

titular

del

derecho,

conlleva

la

activación de una presunción legal de renuncia o abandono.

Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 DPR 740, 752 (1992).

Nuestro

ordenamiento

reconoce

tres

maneras

de

manifestar la voluntad de conservar un derecho y que, por

ende, interrumpen efectivamente la prescripción extintiva.

Estos actos son: (1) el ejercicio de un derecho ante un

foro judicial; (2) la reclamación extrajudicial de parte

del titular de un derecho dirigida al deudor, y (3) el

AC-2017-0097

14

reconocimiento de una deuda por parte del deudor. Art. 1873

del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5303.

De igual modo, es sabido que la interrupción de un

término

prescriptivo

en

las

obligaciones

solidarias

perjudicada a todos los acreedores por igual. Art. 1874 del

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5304. Por otro

lado,

en

el

caso

de

las

obligaciones

mancomunadas,

la

persona acreedora debe interrumpir el término prescriptivo

en torno a cada acreedor individualmente. Íd.

Sin

embargo,

en

materia

de

responsabilidad

extracontractual, cuando varias personas causan un daño,

estás responden solidariamente ante la persona perjudicada.

Cubano v. Jiménez et al., 32 DPR 167, 170 (1923). A pesar

de que, como norma general la solidaridad no se presume,

hemos razonado que la persona perjudicada tiene derecho a

ser compensada de la forma más ágil y efectiva. Por tanto,

en estos casos, las personas responsables están obligadas

cada una a prestar íntegramente el resarcimiento adeudado.

Lo anterior, teniendo presente que en Fraguada Bonilla

v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 389, precisamos que, en

estas

circunstancias,

aplica

la

doctrina

de

solidaridad

impropia en materia de prescripción. Ello implica que la

persona

perjudicada

interrumpir

contra

de

el

cada

por

un

daño

o

término

prescriptivo

uno

los

de

perjuicio

tiene

que

individualmente

en

responsables

de

los

daños

causados.

Ahora bien, al aplicar las normas antes esbozadas al

contexto

particular

de

una

causa

de

acción

en

daños

y

AC-2017-0097

perjuicios

persona

15

dirigida

asegurada,

a

una

este

entidad

Tribunal

aseguradora

ha

emitido

y

a

la

dictámenes

contradictorios.

Inicialmente, en el año 1949 y previo a la aprobación

del Código de Seguros, supra, este Tribunal determinó que

las entidades aseguradoras y las personas aseguradas no

respondían

solidariamente

ante

una

tercera

persona

perjudicada, salvo pacto en contrario. Cruz v. González,

supra.

En

consecuencia,

se

perjudicada

estaba

prescriptivo

individualmente

resolvió

obligada

a

que

la

persona

interrumpir

el

término

contra

cada

una.

Íd.,

pág.

215.

Sin embargo, en Barrientos v. Gob. de la Capital, 97

DPR 552 (1969), este Tribunal determinó que, una vez una

persona perjudicada interrumpía el término prescriptivo en

contra

de

una

persona

asegurada,

automáticamente

se

interrumpía el término prescriptivo en contra de la entidad

asegurada. El Tribunal fundamentó su conclusión en el Art.

20.030 del Código de Seguros, supra, 26 LPRA sec. 2003, el

cual provee que, una vez la persona perjudicada obtiene una

sentencia firme contra una persona asegurada, ésta se puede

subrogar en el lugar de la persona asegurada y reclamarle a

la entidad aseguradora. De esta manera, el Tribunal incluyó

como parte demandada a una entidad aseguradora en un pleito

de daños y perjuicios que había comenzado diez (10) años

antes.

No

obstante,

la

garantía

que

provee

el

Código

de

Seguros, supra, en protección de la persona perjudicada no

AC-2017-0097

derrota

la

16

naturaleza

de

la

relación

entre

la

persona

asegurada y la entidad aseguradora. Como norma general,

éstas

no

responderán

protección

no

solidariamente,

tiene

implicación

por

lo

que

en

el

deber

alguna

esta

de

interrumpir el término prescriptivo individualmente contra

la persona asegurada y una entidad aseguradora.

Eventualmente, este Tribunal indirectamente revocó el

precedente de Barrientos v. Gob. de la Capital, supra, y

resolvió en Durán Cepeda v. Morales Lebrón, 112 DPR 623

(1982) que una acción dirigida la aseguradora del Estado no

interrumpió la acción en contra del Estado. Íd., págs. 624625. De este modo, se validó la premisa de que una persona

perjudicada

que

interesa

demandar

a

ambos,

la

persona

asegurada y la entidad aseguradora, debe interrumpir el

término prescriptivo en contra de cada una. Posteriormente,

en Gen. Accid. Ins. Co. P.R. v. Ramos, supra, pág. 538, se

resolvió

igualmente

solidaridad

entre

que,

la

al

persona

no

existir

asegurada

un

y

pacto

la

de

entidad

aseguradora, la persona perjudicada debió interrumpir el

término prescriptivo en contra de cada una.

En virtud de los últimos desarrollos jurisprudenciales

en torno a la naturaleza de la relación jurídica entre una

entidad aseguradora y una persona asegurada, lo reconocido

en la Opinión de conformidad, en ese extremo, es correcto.

Las entidades aseguradoras y las personas aseguradas no

responden

solidariamente

ante

las

personas

perjudicadas.

Por tanto, de interesar dirigir una causa de acción en

AC-2017-0097

contra

de

17

ambas,

se

deberá

interrumpir

el

término

prescriptivo en torno a cada una.

Atendidos los efectos de la responsabilidad de una

persona

asegurada

prescripción,

y

abundemos

la

entidad

en

la

aseguradora

aplicación

de

en

la

la

teoría

cognoscitiva del daño a estas circunstancias.

C.

Las reclamaciones por daños derivadas de acciones u

omisiones

culposas

o

negligentes

tienen

un

plazo

prescriptivo de un (1) año. Art. 1868 del Código Civil de

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5298. Hemos resuelto expresamente

que el referido término prescriptivo de un (1) año aplica

igualmente a las acciones en daños y perjuicios presentadas

en contra de las entidades aseguradoras. Ruiz Millán v.

Maryland Cas. Co., 101 DPR 249, 251 (1973) (Per Curiam).

Lo

anterior,

responde

a

que

“si

bien

la

hemos

clasificado como una acción directa, separada y distinta de

la

del

perjudicado

contra

el

causante

del

daño,

la

que

autoriza el Código de Seguros a deducirse contra la compañía

aseguradora, lo cierto es que la responsabilidad de uno y

otra emana del mismo Art. 1802 del Código Civil”. (Énfasis

suplido). (Citas omitidas). Íd., pág. 250. En vista de lo

anterior, este Tribunal ha determinado que si “[t]eniendo

las dos acciones, tanto la que se incoe contra el asegurado

como la que se siga contra la compañía aseguradora el mismo

origen y dependiendo las dos de la misma prueba, no hay

justificación

distintos”.

para

(Énfasis

establecer

suplido).

períodos

Íd.,

pág.

prescriptivos

251.

Por

tales

AC-2017-0097

razones,

18

si

una

persona

perjudicada

por

una

persona

asegurada interesa presentar una causa de acción en contra

de la entidad aseguradora de ésta, tendrá que hacerlo dentro

del término de un (1) año.

Claro está, conforme a la tendencia de la doctrina

civilista, hemos reiterado que dicho término prescriptivo

comienza a decursar a partir del momento en que una persona

perjudicada conoció o debió conocer que sufrió un daño,

quien lo causó y los elementos necesarios para ejercer su

causa de acción. CSMPR v. Carlo Marrero et als., 182 DPR

411, 425–426 (2011). En virtud de la teoría cognoscitiva

del daño, hemos resuelto que el término para ejercer las

acciones de daños y perjuicios “comienza a transcurrir, no

cuando se sufre el daño, sino cuando se conocen todos los

elementos

necesarios

para

poder

ejercer

la

acción”.

(Énfasis suplido). Padín v. Cía Fom. Ind., 150 DPR 403, 411

(2000).

A la luz de lo anterior, en nuestro ordenamiento no

puede

exigirse

que

se

ejerza

una

acción

de

daños

y

perjuicios “si de buena fe el titular desconoce que tiene

derecho a ejercitarla”. (Énfasis suplido). Vega v. J. Pérez

& Cía, Inc., 135 DPR 746, 754-755 (1994). Esto, pues “un

estatuto de prescripción cuyo efecto sea exigir a la parte

demandante que presente una causa de acción antes de tener

conocimiento

proceso

de

de

la

ley”.

existencia

Fraguada

de

Bonilla

ésta,

v.

viola

Hosp.

el

debido

Aux.

Mutuo,

AC-2017-0097

19

supra, pág. 390.10 En consecuencia, “una acción en daños y

perjuicios

no

conocimiento

nace

mientras

el

su

derecho

a

de

perjudicado

esa

acción”.

no

tenga

(Énfasis

suplido). Vega v. J. Pérez & Cía, Inc., supra, pág. 755.

Por tales fundamentos, hemos resuelto expresamente que

“si mediante el descubrimiento de prueba u otro medio el

agraviado conoce de la existencia de otro coautor y del

resto

de

término

los

elementos

prescriptivo

necesarios

contra

ese

para

reclamarle,

alegado

el

cocausante

comenzará a transcurrir en ese momento”. (Énfasis suplido).

Fraguada

Bonilla

v.

Hosp.

Aux.

Mutuo,

supra,

pág.

390.

Ello, pues es irrazonable exigir que se dirija una causa de

acción cuando se desconoce la identidad y existencia de una

persona responsable por los daños causados.

III

Como expusimos anteriormente, las recurridas tuvieron

un

accidente

automovilístico

con

el

señor

Rodríguez

Casiano. A raíz del mismo, dirigieron inicialmente su causa

de acción de daños y perjuicios contra el señor Rodríguez

Casiano

y

PR

Cars,

entidad

que

rentó

el

vehículo.

Eventualmente, durante el descubrimiento de prueba, éstas

Véase además, Santiago v. Ríos Alonso, 156 DPR 181,

190 (2002) (“Es por ello que hemos establecido que aquella

disposición sobre prescripción que exija a los demandantes

a instar su causa de acción antes de éstos advengan en

conocimiento de que tal acción le asiste viola su derecho

al debido proceso de ley”.); Martínez v. Bristol Meyers,

Inc. 147 DPR 383, 405 (1999) (“En ese sentido, también

hemos resuelto que viola el derecho a un debido proceso de

ley aquella disposición sobre prescripción que exija a los

demandantes instar su acción antes de que éstos puedan

tener conocimiento de que tal causa de acción existe a su

favor”.).

10

AC-2017-0097

20

diligentemente solicitaron información sobre la existencia

de alguna póliza de seguro que respondiera por las pérdidas

y daños ocurridos. Por atrasos en el pleito que fueron

causados propiamente por PR Cars, el 27 de junio de 2016

las recurridas advinieron en conocimiento por primera vez

de la existencia de una póliza emitida por la Cooperativa a

favor de PR Cars. Tan solo un mes y cinco días después de

recibir

tal

información,

las

recurridas

diligentemente

solicitaron al Tribunal de Primera Instancia enmendar la

demanda para incluir a la Cooperativa como parte demandada.

Ante este cuadro, la Opinión de conformidad atiende una

multiplicidad

de

asuntos

complejos

que

exige

la

controversia. Particularmente, se adentra en la naturaleza

de la responsabilidad de la Cooperativa y PR Cars, como

entidad

aseguradora

recurridas,

como

y

terceras

su

asegurado,

personas

frente

perjudicadas.

a

las

A esos

fines, concluye correctamente que éstas no responden solidariamente

ante las recurridas. Ello, pues las obligaciones pactadas en un

contrato de seguro no se presumen solidarias. A la luz de lo

anterior,

determina

acertadamente

que

las

recurridas

estaban

obligadas a interrumpir el término prescriptivo de un (1) año tanto

contra PR Cars como contra la Cooperativa.

Ahora bien, la Opinión de conformidad concluye, a mi juicio

erróneamente, que las recurridas están impedidas de enmendar la

demanda para incluir a la Cooperativa como parte demandada,

pues transcurrió más de un (1) año

desde la fecha del

accidente. Es decir, rechaza la aplicación de la teoría

cognoscitiva del daño a controversias de esta naturaleza y

AC-2017-0097

21

concluye que las personas perjudicadas por las acciones u

omisiones de una persona asegurada solo pueden demandar a

una entidad aseguradora dentro del término de un (1) año

desde

que

se

causó

el

daño

o

perjuicio.

independientemente

de

la

perjudicada

en

conocimiento

advino

fecha

Lo

en

que

de

la

anterior,

la

persona

existencia

e

identidad de una entidad aseguradora.11

Para fundamentar tal conclusión, se interpreta que, en

estos

casos,

no

aplica

la

teoría

cognoscitiva

del

daño

debido a que las entidades aseguradoras no son propiamente

cocausantes

del

daño.

Por

aseguradora

sólo

responde

entender

en

virtud

que

la

entidad

de

su

relación

contractual con la persona asegurada, se sostiene que no es

relevante el momento en que la persona perjudicada advino

en conocimiento de la existencia e identidad de la entidad

aseguradora.

Ciertamente, la relación jurídica que se genera entre

de una entidad aseguradora frente a una persona perjudicada

por

los

asegurada

actos

es

u

omisiones

sui

generis.

negligentes

Por

un

lado,

de

se

una

persona

genera

una

responsabilidad solidaria entre los cocausantes del daño

Durante el transcurso de este pleito, se hicieron

varios

señalamientos

cobijados

en

las

Reglas

de

Procedimiento Civil de Puerto Rico. Por tal razón, la

Opinión de conformidad abunda en las normas aplicables a la

sustitución de partes. Sin embargo, por entender que la

Sra. Laura Menéndez Lebrón y la Sra. Myrna Velázquez Castro

incluyeron oportunamente a la Cooperativa de Seguros

Múltiples de Puerto Rico en el pleito dentro del término

prescriptivo de un (1) año desde que conocieron de su

existencia, no es necesario que nos expresemos en torno a

estas normas procesales.

11

AC-2017-0097

frente

22

a

la

tercera

persona

perjudicada,

mientras

simultáneamente se activa la responsabilidad contractual de

la

entidad

aseguradora

de

responder

por

las

pérdidas

cubiertas en la póliza de seguro.

Sin embargo, el hecho de que una entidad aseguradora

no

sea

cocausante

aplicación

de

no

la

es

suficiente

teoría

cognoscitiva

persona

Independientemente

de

que

dirigir

de

acción

su

causa

para

la

en

descartar

la

del

daño.

perjudicada

decida

contra

de

la

persona

asegurada, la entidad aseguradora o a ambas a la vez, “lo

cierto es que la responsabilidad de un[a] y otra emana del

mismo Art. 1802 del Código Civil”. Ruiz Millán v. Maryland

Cas. Co., supra, pág. 250. Por tanto, como en toda acción

de

daños

entablar

y

la

perjuicios,

causa

de

el

acción

término

prescriptivo

comenzará

a

decursar

para

en

conformidad a la teoría cognoscitiva del daño, a saber,

desde el momento en que conoce el daño, quien lo causó y

los

elementos

necesarios

para

poder

ejercer

la

acción.

CSMPR v. Carlo Marrero et als., supra; Padín v. Cía Fom.

Ind., supra.

No hay fundamento jurídico alguno para desligar la teoría

cognoscitiva del daño de una causa de acción de daños y perjuicios.

Al resolver de esta manera, se priva a una parte perjudicada de

exigir el resarcimiento a una entidad aseguradora porque desconocía

de

su

existencia.

Esto,

en

clara

contravención

a

nuestros

consecuentes pronunciamientos en contra de la aplicación de un

término prescriptivo que exija a una parte demandante instar su

causa de acción antes de ésta advenga en conocimiento de

AC-2017-0097

23

que tal acción le asiste. Santiago v. Ríos Alonso, 156 DPR

181, 190 (2002); Martínez v. Bristol Meyers, Inc. 147 DPR

383, 405 (1999); Vega v. J. Pérez & Cía, Inc., supra.

Indistintamente de que entre la persona asegurada y la

entidad

obliga

aseguradora

a

ésta

existe

última

a

una

relación

responder

por

contractual

los

daños

y

que

las

pérdidas cubiertas en la póliza, no podemos imputarle a una

tercera

persona

perjudicada

el

conocimiento

de

tal

relación. Mucho menos, podemos imputar el conocimiento de

toda la información necesaria para ejercer adecuadamente la

causa

de

acción.

Para

ello

precisamente

es

que

se

desarrolló y se aplicó la teoría cognoscitiva del daño;

para promover que una persona perjudicada tenga el tiempo

adecuado para conocer e indagar sobre todos los elementos

necesarios para acudir a la maquinaria judicial y vindicar

sus derechos adecuadamente.12

A la luz de estos fundamentos, no podemos avalar la

desestimación

de

consideración.

Las

acción

la

controversia

recurridas

diligentemente.

Éstas

han

ante

dirigido

presentaron

la

su

nuestra

causa

de

demanda

de

daños y perjuicios oportunamente contra las personas que,

en

ese

momento,

pérdidas.

Una

conocían

vez

que

podrían

comenzado

el

responden

pleito,

por

sus

éstas

responsablemente presentaron pliegos y requerimientos de

Máxime, cuando en este caso en particular, la parte

demandada incurrió en rebeldía y con sus omisiones dilató

el trámite judicial y la divulgación de la información

necesaria para advenir en conocimiento de la identidad de

la entidad aseguradora.

12

AC-2017-0097

24

descubrimiento

de

prueba

dirigidos

a

indagar

sobre

la

existencia de una póliza de seguro y de la identidad de la

entidad aseguradora.

Sin

embargo,

las

recurridas

tuvieron

que

esperar

alrededor de siete meses para recibir una contestación a

sus requerimientos. Al recibir la información solicitada el

27

de

junio

existencia

de

de

2016

y

conocer,

la

Cooperativa,

las

por

primera

recurridas

vez,

la

tenían

un

término de un (1) año desde ese momento para dirigir su

causa de acción en contra de la Cooperativa. Al acudir al

Tribunal de Primera Instancia el 1 de agosto de 2016 para

solicitar

la

demandada,

inclusión

las

de

la

recurridas

Cooperativa

actuaron

como

parte

correcta

y

presentaron

la

oportunamente.

IV

Por

entender

que

las

recurridas

solicitud de enmienda a la demanda oportunamente y dentro

del término prescriptivo de un (1) año desde que conocieron

sobre la existencia de la Cooperativa, disiento de dictamen

revocatorio emitido por este Tribunal.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Laura Menéndez Lebrón & Myrna

Velázquez Castro

Recurridas

AC-2017-0097

C

v.

Apelación

Amel Rodríguez Casiano, Puerto

Rico Cars Inc., Cooperativa de

Seguros Múltiples, John Doe y

Compañía de Seguros ABC

Peticionarios

Opinión Disidente

PÉREZ.

emitida

por el Juez Asociado

señor COLÓN

En San Juan, Puerto Rico a 3 de febrero de 2020.

Disentimos del curso de acción seguido por una

mayoría de este Tribunal en la causa de epígrafe, ello

por entender que las señoras Laura Menéndez Lebrón y

Myrna Velázquez Castro, las aquí peticionarias, dentro

del término prescriptivo de un (1) año que tenían para

ello, enmendaron su demanda –- en daños y perjuicios – a los fines de traer al pleito a la Cooperativa de

Seguros Múltiples de Puerto Rico, entidad contra la

cual tenían cierta reclamación conforme a determinada

póliza de seguros. Y es que

que

en

el

somos de

presente

caso

la opinión

aplica

AC-2017-0097

2

todo lo relacionado a la teoría cognoscitiva del daño, lo

anterior

por

tratarse

aquí

de

una

acción

en

daños

y

perjuicios al amparo del Art. 1802 del Código Civil, infra.

Conforme a dicha teoría, el término prescriptivo de un

(1) año que tenían las señoras Menéndez Lebrón y Velázquez

Cruz

para

instar

su

causa

de

acción

en

contra

de

la

Cooperativa de Seguros Múltiples comenzó a transcurrir a

partir

del

momento

en

que

estas

últimas

advinieron

en

conocimiento de todos los elementos requeridos en nuestro

ordenamiento jurídico para poder instar su causa de acción.

No antes, ni después. Veamos.

I.

Los

hechos

medulares

que

dan

margen

al

presente

litigio no están en controversia. En síntesis, el caso de

marras versa sobre cierta acción en daños y perjuicios que

incoaron

las

señoras

Laura

Menéndez

Lebrón

y

Myrna

Velázquez Castro (en conjunto, “las señoras Menéndez Lebrón

y Velázquez Castro”) luego de haber sufrido un accidente

automovilístico

el

6

de

abril

de

2014.

En

la

demanda

incoada el 10 de octubre de ese mismo año, éstas incluyeron

como

demandados

al

conductor

del

vehículo,

señor

Amel

Rodríguez Casiano, la compañía propietaria PR Cars Inc. (en

adelante, “PR Cars”), a John Doe y a la Compañía de Seguros

ABC.

Ahora bien, no empece haber incluido en el epígrafe y

en

las

alegaciones

de

la

demanda

a

cierta

compañía

de

seguros de nombre desconocido, no fue hasta el 27 de junio

AC-2017-0097

3

de 2016 que éstas advinieron en conocimiento de que la

Cooperativa de

Seguros Múltiples de Puerto Rico fue la

compañía de seguros que expidió una póliza a favor de PR

Cars. La demora en identificar a la compañía aseguradora se

debió exclusivamente a que, inicialmente, el codemandado PR

Cars fue declarado en rebeldía por el Tribunal de Primera

Instancia y, posteriormente, éste tardó más de ocho (8)

meses en producir los documentos que le fueron solicitados

por las demandantes.

Así las cosas, el 1 de agosto de 2016 las señoras

Menéndez Lebrón y Velázquez Castro enmendaron su demanda a

los fines de incluir a la referida aseguradora. Como hemos

podido apreciar, -- y contrario a lo que se intima en la

Opinión que hoy emite este Tribunal -- dicha demora no

puede

ser

atribuida

exclusivamente,

a

la

a

éstas.

temeridad

La

misma

desplegada

se

debió,

por

el

codemandado PR Cars en la tramitación del presente litigio.

Sin embargo, la Cooperativa de Seguros Múltiples acude

ante nos y señala que la causa de acción en su contra está

prescrita pues, a su juicio, ésta fue incluida en el pleito

a destiempo, es decir, fuera del término prescriptivo de un

(1) año. No le asiste la razón. Veamos.

II.

Como es sabido, la prescripción extintiva es una de

las formas de extinción de un derecho, por la inercia de

una parte en ejercer el mismo dentro del término prescrito

por ley. Maldonado Rivera v. Suárez, 195 DPR 182 (2016);

AC-2017-0097

4

Fraguada Bonilla v. Hospital del Auxilio Mutuo, 186 DPR 365

(2012); S.L.G. Serrano-Báez v. Foot Locker, 182 DPR 824,

831 (2011). De esa manera, el objetivo que se persigue

mediante dicha figura es impedir la incertidumbre de las

relaciones jurídicas y sancionar la inacción del ejercicio

de

los

(2014);

derechos.

COSSEC

Orraca

v.

López

González

v.

ELA,

192

DPR

31,

49

López,

179

DPR

793

(2010);

Santos de García v. Banco Popular, 172 DPR 759 (2007).

Conforme a lo anterior, el Art. 1868 del Código Civil,

31 LPRA sec. 5298, dispone que las acciones de daños y

perjuicios por culpa o negligencia a las que se refiere el

Art. 1802, 31 LPRA sec. 5141, como las incoadas en el

presente caso, tienen un término de prescripción de un (1)

año. Col. Mayor Tecn. v. Rodríguez Fernández, 194 DPR 635,

644 (2016); Toro Rivera v. ELA, 194 DPR 393, 415 (2015);

Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra. El punto de

partida de dicho término es la fecha en que el agraviado

conoció o debió haber conocido que sufrió un daño, quién lo

ocasionó,

así

como

los

elementos

necesarios

para

poder

ejercitar su causa de acción. Rivera Ruiz v. Mun. de Ponce,

supra; Toro Rivera v. ELA, supra; Fraguada Bonilla v. Hosp.

Aux.

Mutuo,

supra.

Esta

doctrina

se

conoce

en

nuestro

ordenamiento jurídico como la teoría cognoscitiva del daño.

COSSEC et al. v. González López et al., supra; García Pérez

v. Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138 (2008); Vera v. Dr.

Bravo, 161 DPR 308 (2004).

AC-2017-0097

5

En esa dirección en Fraguada Bonilla, supra, -- un

caso en el que se determinó que, conforme a la doctrina de

la solidaridad impropia, se debe interrumpir dicho término

prescriptivo por cada cocausante del daño --, esta Curia

expresó que si, mediante el descubrimiento de prueba u otro

medio, el agraviado conoce de la existencia de otro coautor

y del resto de los elementos necesarios para reclamarle, el

término

prescriptivo

comenzará

a

transcurrir

contra

en

ese

ese

alegado

momento.

cocausante

Esto,

pues

un

estatuto de prescripción cuyo efecto sea exigir a la parte

demandante que presente una causa de acción antes de tener

conocimiento de la existencia

proceso de ley.

de ésta, viola

el debido

Íd, pág. 390.

Ahora bien, en lo pertinente a la controversia ante

nuestra

consideración,

el

profesor

González

ha

que

un

expresado

José

asegurador

Julián

no

Álvarez

puede

ser

considerado como un cocausante del daño. Ello debido a que

la compañía aseguradora no participa en la conducta que da

paso a la acción en daños y perjuicios. J. J. Álvarez

González, Responsabilidad Civil Extracontractual, 78 Rev.

Jur.

U.P.R.

475,

505

(2009).13

Al

respecto,

conviene

discutir lo resuelto por este Tribunal en Ruiz Millán v.

Maryland Cas. Co., 101 DPR 249 (1973), el cual se cita con

aprobación en la ponencia circulada para el caso de autos.

Tras analizar varias decisiones emitidas por este Tribunal en cuanto

al Art. 20.30 del Código de Seguros, el profesor Álvarez González

expresa que en la relación jurídica entre una aseguradora y su

asegurado no existe solidaridad, ya que el Código de Seguros no la

establece y, como es sabido, la solidaridad no se presume.

13

AC-2017-0097

6

En Ruiz Millán v. Maryland Cas. Co., supra, se aclaró

que, si bien se ha clasificado la acción que el Código de

Seguros permite incoar en contra de una aseguradora como

una directa, separada y distinta de la que presenta el

perjudicado

en

contra

del

causante

del

daño,

la

responsabilidad de uno y otro emana del mismo Art. 1802 del

Código Civil, supra.

demandada

pudo

Por ello, la compañía de seguros allí

levantar

como

defensa

el

término

prescriptivo de un (1) año establecido en el Art. 1868 del

Código Civil, 31 LPRA sec. 5298, para las reclamaciones

extracontractuales.

Lo

anterior,

pues

este

Tribunal

entendió que por tratarse de acciones del mismo origen -- y

dependiendo

las

justificación

dos

para

de

la

misma

establecer

prueba

periodos

--

no

existía

prescriptivos

distintos.

Por otra parte, conviene también señalar aquí, que en

cuanto a las enmiendas a las alegaciones, hemos indicado

que conforme a la Regla 13.1, 32 LPRA Ap. V.,

el alcance

de la liberalidad para permitir dichas enmiendas no es

infinita, por lo que el juzgador debe considerar cuatro

elementos al aplicar la precitada regla, a saber: (1) el

impacto del tiempo transcurrido previo a la enmienda; (2)

la razón de la demora; (3) el perjuicio a la otra parte; y

(4) la procedencia de la enmienda solicitada. SLG Sierra v.

Rodríguez,

163

DPR

738,

748-49

(2005).

Véase,

además,

Romero v. S.L.G. Reyes, 164 DPR 721, 730 (2005). Así, hemos

expresado que la solicitud tardía de la enmienda no es

AC-2017-0097

7

suficiente de por sí para rechazarla, si no se ha causado

perjuicio a la otra parte. SLG Sierra v. Rodríguez, supra,

pág. 749; Torres Cruz v. Municipio de San Juan, 103 DPR

217, 220 (1975).

En

esa

dirección,

el

comentarista

José

A.

Cuevas

Segarra señala que “[c]uando la propuesta demanda enmendada

altera radicalmente el alcance y la naturaleza del caso,

con un consecuencial cambio, convirtiendo la controversia

inicial en tangencial, el permiso para enmendar debe ser

denegado”.

J.

A.

Cuevas

Segarra,

Tratado

de

Derecho

Procesal civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 200, T.1, pág. 316.

No empece a ello, aclara que se pueden adicionar nuevas

teorías y nuevas reclamaciones, pues estos cambios por sí

solos

no

enmendar,

son

suficientes

a

que

menos

para

con

denegar

ellos

se

el

permiso

cause

para

perjuicio

al

demandado. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 317.

III.

Cónsono con lo anterior, somos del criterio que, en lo

que respecta la causa de epígrafe, las señoras Menéndez

Lebrón

y

Velázquez

Castro,

el

1

de

agosto

de

2016,14

enmendaron oportunamente su demanda, entiéndase dentro del

término prescriptivo de un (1) año, a los fines de incluir

a la aseguradora Cooperativa de Seguros Múltiples. Para

llegar

a

determinante

la

anterior

que

éstas

conclusión

fueron

entendemos

sumamente

como

diligentes

Recordemos que éstas advinieron en conocimiento de que la

Cooperativa de Seguros Múltiples era la compañía aseguradora de PR

Cars el 27 de junio de 2016, luego de que estos últimos produjeran

los documentos solicitados por las demandantes.

14

al

AC-2017-0097

8

solicitar al codemandado PR Cars que reprodujera ciertos

documentos y que contestara los interrogatorios remitidos

como parte del proceso de descubrimiento de prueba.

Sin

embargo,

codemandado

--

debido

a

la

temeridad

del

referido

quien fue declarado en rebeldía y quien

posteriormente demoró más de ocho (8) meses en responder el

petitorio de las demandantes -- no fue hasta más de un (1)

año después de que ocurrieron los hechos que dieron margen

a

la

presente

acción

en

daños

y

perjuicios,

que

éstas

pudieron advenir en conocimiento de que la Cooperativa de

Seguros Múltiples era la aseguradora de PR Cars. Conforme a

la normativa antes expuesta, es a partir de ese momento, y

no

de

otro,

que

comienza

a

transcurrir

el

término

prescriptivo de un (1) año que éstas tenían para incluir en

el

pleito

contaban

a

la

mencionada

compañía

con

los

elementos

necesarios

aseguradora,

para

pues

enmendar

su

demanda a esos fines.

No olvidemos que el objetivo que persigue la figura de

la

prescripción

es

impedir

la

incertidumbre

de

las

relaciones jurídicas y sancionar la inacción del ejercicio

de los derechos. Sin lugar a dudas, las demandantes en el

presente

caso

actuaron

con

la

debida

diligencia

para

ejercitar su causa de acción.

Asimismo, no cabe hablar aquí de incertidumbre cuando

la naturaleza del negocio de las compañías aseguradoras

está basada, precisamente, en la incertidumbre que ocasiona

la asunción del riesgo al expedir las pólizas, en este caso

AC-2017-0097

9

contra accidentes.

Máxime cuando, conforme al Art. 20.030

del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 2003, el perjudicado

tiene

disponible

incluyendo

incoar

varios

cursos

de

una

reclamación

acción

en

a

seguir,

contra

de

la

aseguradora luego de que haya recaído sentencia firme en

contra del asegurado.15

En fin -- y a modo de epílogo -- es precisamente la

diligencia

en

el

ejercicio

pretende

salvaguardar

de

los

mediante

la

derechos

lo

que

se

prescripción.

No

obstante, contrario a lo anterior, la Sentencia que la

mayoría de los miembros de esta Curia emite en el día de

hoy tiene el efecto de penalizar a una parte del presente

litigio que fue en extremo diligente en la tramitación de

su causa de acción. Ello es injusto y no lo podemos avalar.

IV.

Es, pues, por todo lo anterior que respetuosamente

disentimos.

Ángel Colón Pérez

Juez Asociado

15

El inciso (3) del referido artículo dispone:

Si el perjudicado entablara demanda contra el asegurado solamente, no

se estimará por ello que se le prive, subrogándose en los derechos del

asegurado con arreglo a la póliza, del derecho de sostener acción

contra el asegurador y cobrarle luego de obtener sentencia firme

contra el asegurado. 26 LPRA sec. 2003.