LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Roxanna I. Soto Aguilú

2021 TSPR 162

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Roxanna I. Soto Aguilú

AB-2020-20 (TS-15,968)

Conducta Profesional: Suspensión inmediata del ejercicio de la notaría por el término de un año por violación a los Cánones 18, 19 y 38 del Código de Ética Profesional; los artículos 2, 14 y 15 de la Ley Notarial, y los artículos 58, 63 y 95 de la Ley Hipotecaria de 1979.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2021 TSPR 162

Roxanna I. Soto Aguilú

(TS-15,968)

Número del Caso:

Fecha:

208 DPR

AB-2020-20

30 de diciembre de 2021

Abogado de la promovida:

Por derecho propio

Oficina de Inspección de Notaría:

Lcdo. Manuel E. Ávila de Jesús

Director

Materia:

Conducta Profesional - Suspensión inmediata del

ejercicio de la notaría por el término de un año por violación a

los Cánones 18, 19 y 38 del Código de Ética Profesional; los

artículos 2, 14 y 15 de la Ley Notarial, y los artículos 58, 63 y

95 de la Ley Hipotecaria de 1979. La suspensión será efectiva 30

de diciembre 2021, fecha en que se le notificó a la abogada de su

suspensión inmediata de la notaría.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Roxanna I. Soto Aguilú

(TS-15,968)

Conducta

Profesional

AB-2020-0020

Opinión disidente emitida por la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez a

la que se unió el Juez Asociado señor Estrella Martínez y el Juez

Asociado señoón Pérez

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de diciembre de 2021.

Este Tribunal tiene la obligación de ejercer su

poder inherente para suspender a una notaria por

incumplir con los artículos 2, 14 y 15 de la Ley

Notarial,

4

LPRA

secs.

2002,

2032-2033;

los

artículos 58, 63 y 95 de la Ley Hipotecaria de 1979,

secs. 2261, 2266 & 2361; la Sección 3434 del Código

de Rentas Internas de 1994, así como los Cánones 18,

19 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap.

IX. Por los fundamentos que se exponen más adelante,

suspendemos

a

la

Lcda.

Roxanna

I.

Soto

Aguilú

(licenciada Soto Aguilú o la notaria) del ejercicio

de la notaría por un término de un año. Veamos los

hechos que originaron la queja.

2

AB-2020-0020

I

La licenciada Soto Aguilú fue admitida al ejercicio de

la abogacía el 29 de agosto de 2006 y a la práctica de la

notaría el 22 de septiembre del mismo año.

El

proceso

consecuencia

de

disciplinario

de

una

presentó

queja

que

epígrafe

surgió

la

Sra.

como

Maribel

Burgos Correa (señora Burgos Correa) el 13 de febrero de

2020 donde indicó que compareció como parte compradora, en

conjunto

con

su

esposo

Héctor

Germán

Rodríguez

y

el

matrimonio compuesto por Antonio Santiago Correa y Mildred

Raquel Rivera Santiago, en una escritura de compraventa que

la licenciada Soto Aguilú autorizó el 15 de marzo de 2007

(Escritura

Núm.

1

de

2007).

Sostuvo

que

en

el

2009

le

solicitó a la licenciada Soto Aguilú por vía de correo

electrónico una copia de la Escritura Núm. 1 de 2007 con la

intención de presentarla en el Registro de la Propiedad (en

adelante

“el

Registro”)

correspondiente.

notaria

mediante

Alegó

que

correos

para

reiteró

la

dicha

electrónicos

y

inscripción

petición

que

a

la

ella

no

respondió.

Añadió que, posteriormente, en el 2017 le requirió a

la

notaria

los

registral

del

de 2007.

Expresó

documentos

inmueble

que,

que

objeto

de

acreditaran

el

de

la

Escritura

acuerdo

con

una

tracto

Núm.

1

certificación

registral obtenida el 22 de enero de 2016, las personas que

comparecieron como integrantes de la parte vendedora1 no

Por la parte vendedora comparecieron Pilar María Martínez Rivera,

Antonio Torres Martínez, Iris Minerva Torres Martínez, María Magdalena

1

3

AB-2020-0020

constaban en los acervos del Registro como titulares, por

lo

que,

la

acreditaba

compraventa

el

tracto.

no

era

inscribible

Específicamente,

la

si

señora

no

se

Burgos

Correa solicitó el testamento o declaratoria de herederos

del Sr. Ramón Torres Santiago quien aparecía como titular

de la propiedad, el Relevo del Departamento de Hacienda y

la

instancia

registral.

Alegó

que

insistió

en

dicha

petición por medio de varios correos electrónicos y que la

licenciada Soto Aguilú no respondió.

Así las cosas, la señora Burgos Correa le imputó a la

licenciada

Soto

Aguilú

haberla

inducido

a

error

al

autorizar un instrumento público sin corroborar el trámite

registral

del

inmueble

objeto

de

la

compraventa.

En

particular, sin que los integrantes de la Sucesión Torres

Santiago

hubieran

correspondiente

hereditario

autorizado

derecho

instancia

sobre

el

presentado

el

para

de

la

el

Registro

inscribir

inmueble.

instrumento

hereditario

ante

Formuló

público

sin

Sucesión

su

que

la

derecho

al

haber

que

constara

el

Torres

Santiago,

la

licenciada Soto Aguilú indujo a los otorgantes a realizar

un

negocio

ilícito

donde

se

desembolsó

el

pago

de

$70,000.00 por la adquisición de un bien inmueble que no le

pertenecía

a

la

parte

vendedora.

Igualmente,

la

señora

Burgos Correa le imputó a la notaria haber autorizado la

escritura

sin

que

se

hubiese

presentado

la

Planilla

de

Torres Martínez, quien falleció el 4 de noviembre de 2005 y solo tuvo

un hijo de nombre Edgar Javier Fernández Torres (en adelante, “señor

Fernández Torres”), quien compareció en la Sucesión Torres Santiago por

alegado derecho de representación, Blanca Torres Martínez; y Nidra

Torres Martínez.

4

AB-2020-0020

Caudal

Relicto

en

el

Departamento

de

Hacienda,

lo

que

ocurrió el 15 de diciembre de 2008, un año después de que

se llevó a cabo el negocio.

Así las cosas, la señora Burgos Correa contrató a la

Lcda. Mabel Martínez Serrano (en adelante, la “licenciada

Martínez Serrano”) para solucionar la situación registral

que impedía la inscripción del bien inmueble a favor de la

parte

compradora.

La

licenciada

Martínez

Serrano

se

comunicó con la licenciada Soto Aguilú con el propósito de

atender la situación informada y viabilizar la inscripción

de la transacción recogida en la Escritura Núm. 1 de 2007.

En esa comunicación le expresó que del instrumento público

no surgía la información requerida para la inscripción en

el Registro.2 Igualmente, para el 2019 la señora

Burgos

Correa, por conducto de su representación legal, solicitó

nuevamente a la licenciada Soto Aguilú los documentos para

el trámite en el Registro.

La señora Burgos Correa aduce que como consecuencia de

las

fallas

Escritura

Núm.

cotitularidad

2

incurridas

1

del

por

la

notaria

al

autorizar

la

de

2007,

no

ha

podido

inscribir

su

bien

inmueble,

hacía

de

adquirido

más

En dicha comunicación se reclamaba y cuestionaba lo siguiente:

1. la titularidad de la Sucesión Torres Santiago, sea

declaratoria de herederos o testamento y certificación

sobre testamento de ODIN;

2. el Relevo del Caudal Relicto de Hacienda con número

de notificación y fecha;

3. si el derecho de representación que se expresaba en

la escritura surge a través de declaratoria de herederos

o en virtud de un testamento;

4. que no se identificaba la participación de los

herederos ni la liquidación de la sucesión.

Informe de la ODIN del 7 de junio de 2021, p. 3.

5

AB-2020-0020

catorce (14) años. Adicionalmente, manifestó que ha tenido

que incurrir en gastos para segregar e instalar agua y luz,

y, sobre todo, gastos legales para gestionar la inscripción

registral. Hizo hincapié en que la responsabilidad de la

situación es exclusivamente de la licenciada Soto Aguilú.

La licenciada Soto Aguilú contestó por medio de una

Moción

Solicitando

Desestimiento

[sic]

por

Prescripción

donde alegó que procedía la desestimación de la queja al

amparo del Artículo 1867 del Código Civil de 1930, 31 LPRA

sec. 5297(5). El 30 de junio de 2020 este Tribunal denegó

la moción de desestimación y refirió el asunto a la Oficina

de Inspección de Notarías (ODIN) para la investigación e

informe correspondiente.

En su informe la ODIN relata que para el 1996 el Sr.

Ramón Torres Santiago otorgó un testamento abierto donde

instituyó como herederos universales, por partes iguales, a

sus cinco (5) hijos: Ramón Antonio, Iris Minerva, Nidra,

María

Magdalena

y

Blanca,

todos

de

apellidos

Torres

Martínez. Además, mencionó que estaba casado con la Sra.

Pilar

María

Martínez

Rivera,

siendo

este

su

único

matrimonio.

Posteriormente,

mediante

sentencia

adjudicación

de

el

Torres

una

herencia,

señor

de

Santiago

adquirió con carácter privativo la propiedad inmueble que

es objeto de la Queja ante nuestra consideración. El señor

Torres Santiago falleció el 26 de junio de 1999.

El

15

de

marzo

de

2007

la

licenciada

Soto

Aguilú

autorizó la escritura de compraventa en controversia donde

la fedataria expresó que comparecían por la parte vendedora

6

AB-2020-0020

los

integrantes

de

la

Sucesión

del

Sr.

Ramón

Torres

Santiago y los dos matrimonios mencionados como la parte

compradora.

En la referida Escritura Núm. 1 de 2007 se consignó

que el dominio de la propiedad objeto del negocio constaba

inscrito a favor del Sr. Ramón Torres Santiago. La ODIN

señala que en el instrumento no se indicó la fecha del

fallecimiento del señor Torres Santiago ni se mencionó su

certificado de defunción. Tampoco se identificó o describió

el testamento o documento sobre declaratoria de herederos

que estableciera el derecho hereditario de los integrantes

de

su

sucesión

ni

el

testamento

o

documento

sobre

declaratoria de herederos que estableciera el derecho de

representación del señor Fernández Torres como hijo de la

finada María Magdalena Torres Martínez, integrante de la

Sucesión

Torres

Santiago.

Así,

notaria

omitió

establecer

el

la

ODIN

tracto

destaca

que

registral

la

que

acreditaba la titularidad del inmueble por los integrantes

de la parte vendedora.

De igual modo, la ODIN indica que la licenciada Soto

Aguilú instrumentó y autorizó el negocio jurídico sin que

la parte vendedora obtuviera el correspondiente certificado

de cancelación de gravamen que provee el Departamento de

Hacienda sobre el caudal relicto del finado Torres Santiago

y de la causante María Magdalena Torres Martínez.

A su

entender, dicha omisión provoca que el instrumento público

autorizado por la licenciada Soto Aguilú incumpla con los

requisitos dispuestos en la Ley Notarial, supra, y en las

7

AB-2020-0020

leyes que inciden en el negocio jurídico celebrado para que

este pueda ser presentado y gane acceso a los acervos que

custodia el Registro.

Agrega que por más de una década desde la autorización

de la Escritura Núm. 1 de 2007, la notaria desatendió las

comunicaciones y los reclamos de la señora Burgos Correa

para remediar la falta de inscripción en el Registro. En

consecuencia,

segregación

no

de

se

ha

terreno

podido

realizar

un

proceso

de

para

cual

se

obtuvo

la

el

ya

autorización de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe)

del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Por lo

anterior, la ODIN concluyó que la licenciada Soto Aguilú

violó el Canon 19 de los Cánones de Ética Profesional,

supra.

Igualmente, el informe de ODIN expone que no todos los

que comparecieron como vendedores eran parte de la Sucesión

de

Torres

Santiago

porque

en

dicha

escritura

pública

comparecieron personas integrantes de dos sucesiones: en

primer

lugar,

de

la

Sucesión

de

Torres

Santiago

y,

en

segundo lugar, de la Sucesión de María Magdalena Torres

Martínez. La licenciada Soto Aguilú, de acuerdo con ODIN,

no esbozó de manera clara y precisa la forma en que los

miembros

de

la

parte

vendedora

advinieron

titulares

del

bien inmueble objeto de la transacción. En particular, la

notaria afirmó que el señor Fernández Torres compareció al

acto

por

derecho

de

representación,

sin

documento alguno que acreditara tal aspecto.

que

obrara

8

AB-2020-0020

La

ODIN

explica

que

como

María

Magdalena

Torres

Martínez falleció con posterioridad a su padre, el señor

Torres Santiago, la notaria erró al expresar la existencia

de

un

derecho

de

representación

que

justificaba

la

comparecencia del señor Fernández Torres. Dado que en el

testamento abierto otorgado por el señor Torres Santiago no

se menciona a su nieto, el señor Fernández Torres, no hubo

ni

siquiera

derecho

de

sustitución.

Para

la

ODIN,

lo

anterior viola el artículo 15 de la Ley Notarial, supra.

Asimismo,

nos

señala

la

ODIN

que

al

no

haberse

acreditado los documentos que otorgaban la titularidad a

los vendedores y debido a que de la Escritura Núm. 1 de

2007 surge información que es contraria a la realidad sobre

la fuente de la titularidad de los vendedores con relación

al

derecho

hereditario

del

señor

Fernández

Torres,

se

desprende una falta al debido cuidado y diligencia que debe

procurar todo notario al autorizar instrumentos públicos.

La ODIN deduce que lo anterior viola el artículo 2 de la

Ley Notarial, supra, los artículos 58 y 95 de la derogada

Ley Hipotecaria, supra, así como los Cánones 18, 35 y 38

del Código de Ética Profesional, supra.

Añade

que

la

licenciada

Soto

Aguilú

infringió

la

prohibición establecida en la entonces vigente Sección 3434

del Código de Rentas Internas de 1994, supra, pues no podía

en aquel momento histórico autorizar el negocio jurídico

ante

la

ausencia

Departamento

de

de

los

Hacienda.

relevos

Por

si

que

debió

fuera

expedir

poco,

la

del

ODIN

enfatizó que la notaria aseveró que la propiedad objeto de

9

AB-2020-0020

la transacción se encontraba libre de cargas y gravámenes,

lo

cual

era

incompatible

con

la

realidad

fiscal

de

la

propiedad, de acuerdo con el CRIM.

Adiciona la ODIN que a pesar de que la notaria no se

obligó

a

presentar

la

copia

certificada

del

instrumento

autorizado ante el Registro para su oportuna calificación e

inscripción, no existía justificación para no cerciorarse

de que el título de la parte vendedora tendría acceso al

Registro y que no existiera impedimento para que el título

de la parte compradora quedara inscrito. Expone la ODIN que

el no hacer referencia a la necesidad de inscribir los

derechos

hereditarios

de

los

integrantes

de

la

parte

compradora y el hecho de que el negocio jurídico quedase en

suspenso

hasta

efectuaran

que

pudieron

los

trámites

inducir

a

correspondientes

error

y

afectar

se

el

consentimiento prestado por las partes otorgantes. Por lo

anterior,

la

ODIN

concluye

que

la

notaria

infringió

el

artículo 15(f) de la Ley Notarial, supra.

Al momento en que la licenciada Soto Aguilú autorizó

el instrumento público no se había presentado ni constaba

inscrito

en

hereditario

había

el

de

obtenido

Registro

la

en

de

Sucesión

el

la

Propiedad

el

Torres

Santiago.

Tampoco

se

Hacienda

el

Departamento

de

derecho

certificado de cancelación de gravamen o relevo del caudal

relicto

de

la

Sucesión

Torres

Santiago.

Menos

aún

se

consignó una advertencia a las partes otorgantes sobre la

conveniencia y necesidad de obtener una certificación sobre

deuda contributiva del CRIM.

10

AB-2020-0020

Igualmente,

instrumento

no

público

hubo

con

una

advertencia

relación

a

las

en

dicho

consecuencias

de

adquirir un terreno en comunidad de bienes pues la parte

compradora

estaba

compuesta

por

dos

matrimonios

que

adquirían el inmueble en común proindiviso. La ODIN hace

hincapié en que no existe expresión en la Escritura Núm. 1

de

2007

sobre

la

necesidad

de

inscribir

el

derecho

hereditario de los integrantes de la parte vendedora para

conferir

el

tracto

necesario

para

la

presentación

e

inscripción del negocio jurídico instrumentado.

De la escritura pública se desprende que la licenciada

Soto

Aguilú

referente

a

Escritura

en

advirtió

la

el

a

los

presentación

Registro

de

comparecientes

de

Copia

la

sobre

Certificada

Propiedad

de

lo

de

la

Arecibo,

Sección I, para la debida inscripción. No obstante, la ODIN

relata que en el 2016 –-casi 10 años después de que se

autorizó la compraventa-- la notaria otorgó el Instrumento

Público

Núm.

4,

constar

que,

a

sobre

pesar

Acta

de

de

haberle

Subsanación

donde

hecho

advertencias

las

hizo

verbalmente a las partes otorgantes de varios instrumentos

públicos que autorizó, no las incluyó de manera expresa.

Allí la licenciada Soto Aguilú enunció que advirtió a las

partes sobre la necesidad de realizar un Estudio de Título

para así conocer las cargas y gravámenes que afectan al

inmueble. La licenciada Soto Aguilú añadió que las partes

la

relevaban

de

toda

responsabilidad

ante

la

reguladora y disciplinaria del Tribunal Supremo.

autoridad

11

AB-2020-0020

A este tenor, la notaria también agregó en dicha Acta

de

Subsanación

las

siguientes

advertencias:

(1)

que

las

partes eran responsables de presentar la escritura en el

Registro;

(2)

que

era

responsabilidad

de

las

partes

presentar la Certificación de Deuda Contributiva ante el

CRIM; (3) la necesidad de producir una Certificación del

CRIM vigente que contenga el número de catastro; y (4) la

importancia

de

que

se

haga

constar

la

proporción

perteneciente a cada matrimonio al adquirir en capacidad de

comunero.

El informe de la ODIN agregó que la licenciada Soto

Aguilú consignó en la Escritura Núm. 1 de 2007 que contó

con un estudio de título realizado el 13 de marzo de 2007

por el investigador Daniel Muñiz Colón. Sin embargo, esta

luego admitió a la ODIN que en el día del otorgamiento las

personas otorgantes renunciaron voluntariamente a obtener

un estudio de título. Por tanto, según la ODIN, la notaria

violó el artículo 2 se la Ley Notarial, supra.

Por

todo

lo

anterior,

recomendó

la

separación

inmediata e indefinida del ejercicio de la notaría o, en la

alternativa,

decretar

su

separación

del

ejercicio

del

notariado por un término no menor de un año por violar la

fe pública notarial; los artículos 2, 14, y 15 de la Ley

Notarial,

supra,

los

artículos

58,

63

y

95

de

la

Ley

Hipotecaria, supra, la Sección 3434 del Código de Rentas

Internas, supra, y los Cánones 18, 19, 35 y 38 de Ética

Profesional.

12

AB-2020-0020

Ulteriormente,

la

licenciada

Soto

Aguilú

compareció

para reaccionar al Informe de la ODIN. Se allanó a todas

las

recomendaciones

indefinida

o

compareció

durante

con

temporal.

todo

excepción

Alegó

el

a

su

a

la

suspensión

favor

que

cooperó

proceso

disciplinario

y

porque

tiene interés en resolver el asunto. Informó que le ha dado

seguimiento a la Planilla de Caudal Relicto necesaria para

poder inscribir la compraventa. Añadió que sufragó todos

los

gastos

de

presentación

y

está

totalmente

disponible

para entregar y presentar en el Registro cualquier otro

documento necesario.

II.

A. La deontología de la notaría

Los notarios y notarias de Puerto Rico tienen el deber

de

“ejercer

una

puntillosa

seguridad y certeza

función

que

robustece

de

jurídica los hechos y actos que se

consignan bajo su fe notarial”. L. F. Estrella Martínez, El

notariado

latino

en

Puerto

Rico

como

exponente

de

las

aspiraciones del sistema jurídico iberoamericano, 60 Rev.

D. P. 547, 546 (2021). Como consecuencia de lo anterior,

debemos colegir que los miembros de la comunidad notarial

puertorriqueña

no

son

meros

autómatas

en

el

sentido

cartesiano de la palabra, pues su función no tan solo es la

de legalizar las firmas, sino que tienen una obligación

ética

de

comprobar

que

el

instrumento

público

ante

su

presencia cumpla con la totalidad de las formalidades que

exige

el

derecho

positivo

imperante

en

el

ordenamiento.

13

AB-2020-0020

In re Peña Osorio, 202 DPR 779, 789 (2019); In re Torres

Alicea, 175 DPR 456, 460 (2009).

Las personas que ejercen la función notarial siempre

deben

ser

mandato

conscientes

deontológico

que

y

son

juristas

jurídico,

un

que

deber

tienen,

por

ineludible

de

instruir a los otorgantes las consecuencias de sus actos

jurídicos. Deben, por ende, cerciorarse que la escritura

que presentan ante las partes cumple con los requisitos

necesarios para que la voluntad de los otorgantes se lleve

a cabo. In re Pagani Padró, 198 DPR 812, 821 (2017).

De esta manera, los notarios poseen el deber forzoso

de ejercer su función con excesivo cuidado, esmero y celo

profesional. Id.

pág.

820; In

re

Maldonado

Maldonado,

197 DPR 802, 809 (2017); In re Pacheco Pacheco, 192 DPR

553,

562

(2015).

Esto

responde

al

marco

deontológico

esbozado y a la Ley Notarial de Puerto Rico, Ley Núm. 75 de

2 de julio de 1987, 4 LPRA sec. 2001 et seq., el Reglamento

Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXIV, y los cánones del

Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. In re García

Cabrera,

201

DPR

902,

918

(2019); In

re

Palmer

Ramos,

195 DPR 245, 254–255 (2016); In re Vargas Velázquez [II],

193 DPR 681, 693 (2015).

En

particular,

el Artículo 2 de

la

Ley

Notarial

de

Puerto Rico, 4 LPRA sec. 2002, funda el principio de la fe

pública notarial:

El notario es el profesional del Derecho que

ejerce una función pública, autorizado para dar

fe y autenticidad conforme a las leyes, de los

negocios jurídicos y demás actos y hechos

extrajudiciales que ante él se realicen, sin

14

AB-2020-0020

perjuicio

de

lo

dispuesto

en

las

leyes

especiales. Es su función recibir e interpretar

la voluntad de las partes, dándole forma legal,

redactar las escrituras y documentos notariales a

tal fin y conferirle autoridad a los mismos. La

fe pública al notario es plena respecto a los

hechos que, en el ejercicio de su función

personalmente ejecute o compruebe y también

respecto a la forma, lugar, día y hora del

otorgamiento. Id.

Lo anterior obliga a los miembros de la profesión legal

juramentados como notarios o notarias a dar cumplimiento de

la función notarial que representa la fe pública y la ley

para todas las partes. In re Vázquez Margenat, 204 DPR 968

(2020). Al final de cuentas, el notario es un funcionario

público y un profesional del Derecho a la misma vez. In re

García Cabrera, 188 DPR 196, 207 (2013). Cabe destacar que

el notario, como funcionario público, “da fe de lo que ve,

oye

y

percibe

jurista,

por

autentica

sus

y

sentidos.

formula

Por

un

otro

juicio,

lado,

da

como

fuerza

probatoria a las declaraciones de voluntad de las partes en

instrumentos

y

documentos

públicos

que

debe

redactar

conforme a las leyes”. Id. págs. 207–208. Por tanto, “[e]s

evidente que el notario no

es un simple observador del

negocio jurídico que se realiza ante él”. In re González

Hernández, 190 DPR 164, 177 (2014).

Cuando un notario o notaria autoriza un instrumento

público

en

Puerto

Rico

tiene

cuatro

deberes

que

se

desprenden de nuestra jurisprudencia: primero, el notario o

notaria

debe

indagar

la

voluntad

de

los

otorgantes;

segundo, formular la voluntad indagada; tercero, investigar

ciertos hechos y datos de los que depende la eficacia o

15

AB-2020-0020

validez del negocio, y cuarto, darles a los otorgantes la

información,

que

aclaraciones

comprendan

el

y

advertencias

sentido,

así

como

necesarias

los

para

efectos

y

consecuencias, del negocio, y se den cuenta de los riesgos

que corren en celebrarlo. Chévere v. Cátala, 115 DPR 432,

438 (1984).

Como consecuencia de lo anterior, el Artículo 14 de la

Ley

Notarial,

4

LPRA

sec.

2032,

instituye

que

“[l]os

notarios redactarán las escrituras públicas de acuerdo con

la

voluntad

de

los

otorgantes

y

adaptándola

a

las

formalidades jurídicas necesarias para su eficacia”. A la

par, como parte de su función notarial, es necesario que

los

notarios

y

notarias

se

aseguren

de

obtener

el

consentimiento informado de los otorgantes, por medio de la

explicación, aclaración y advertencias necesarias.

In re

Torres Alicea, supra, pág. 461.

De

la

misma

manera,

el

Artículo

15(f)

de

la

Ley

Notarial, 4 LPRA sec. 2033, le indica al notario o notaria

el deber de consignar en la escritura, entre otras cosas,

“[h]aberles hecho de palabra a los otorgantes en el acto

del

otorgamiento

las

reservas

y

advertencias

legales

pertinentes. No obstante, se consignarán en el documento

aquellas

juicio

advertencias

prudente

del

que

por

notario,

su

importancia

detallarse

deban,

a

expresamente”.

Hemos hecho hincapié en que el notario “debe aplicar el

derecho

positivo

y

la

jurisprudencia

considerando,

a

su

vez, el contenido del negocio y las estipulaciones que se

16

AB-2020-0020

suscribirán

al

momento

de

decidir

qué

advertencias

debe

hacer constar”, y por lo tanto, “tiene la obligación ética

de

conocer

el

derecho

aplicable

al

asunto

ante

su

consideración”. In re Palmer Ramos, supra, pág. 256.

En vista de lo anterior, el encargo delegado a los

notarios y notarias va atado a unos deberes éticos que

debemos analizar.

B.

Incumplimiento

con

los

cánones

del

Código

de

Ética

Profesional,

supra,

Profesional

El Canon 18 del

Código

establece

el

deber

que

notarios

o

notarias

de

Ética

tienen

de

los

rendir

abogados

una

labor

y

abogadas

idónea

de

competencia y diligencia. In re Maldonado Maldonado, supra,

pág. 812. De esta manera, los notarios públicos demuestran

su

conocimiento

jurídico

por

medio

de

una

ejecución

correcta de sus funciones notariales. In re Torres Rivera,

204 DPR 1 (2020).

En múltiples instancias hemos repetido que el notario

y la notaria, con asepsia ética ejemplarizante, debe ser el

custodio

de

la

fe

pública

notarial

y,

como

tal,

debe

producir un instrumento público conforme a derecho. In re

Palmer

Ramos,

supra,

pág.

257.

Es

harto

conocido

en

la

comunidad notarial que el estudio de título no asegura que

hayan

sido

posterioridad

inscritas

a

la

fecha

otras

en

cargas

que

este

presentadas

se

con

realizó. In re

Torres Alicea, supra, pág. 461.

Los notarios y notarias tienen el deber de investigar

los

antecedentes

registrales

de

la

propiedad

antes

de

17

AB-2020-0020

otorgar la escritura pues si omitiese tal investigación o

si no la hiciese conforme a los más altos estándares de

diligencia

informar

y

competencia,

apropiadamente

incumpliría

a

los

con

su

deber

otorgantes. In

re

de

López

Maldonado, 130 DPR 863, 865–866 (1992). Por lo tanto, hemos

repetido

que

responsable

la

es,

falta

de

sí

misma,

en

investigación

una

apropiada

violación

a

la

y

Ley

Notarial de Puerto Rico. Id; In re Pagani Padró, supra, pág.

822; In re Aponte Berdecía, 161 DPR 94, 104 (2004).

De igual forma, hemos resuelto que un notario o una

notaria infringe el Canon 18 cuando autoriza un instrumento

sin corroborar las constancias registrales, pues con dicha

conducta incumple con su deber de verificar si la escritura

pública posee defectos que impidan su inscripción en el

Registro

de

la

Propiedad. In

págs. 925–926.

Esa

irrebatible

de

que

suficiente

con

conducta

el

re

activa

notario

relación

a

Cabrera,

García

supra,

una

presunción

no

tuvo

la

competencia

los

negocios

jurídicos

autorizados. In re Maldonado Maldonado, supra, pág. 813; In re

Vargas Velázquez, supra, pág. 694.

Además, los notarios están sujetos a lo dispuesto por

el Canon 19 del Código de Ética Profesional, supra, que

establece

que

“[e]l

abogado

debe

mantener

a

su

cliente

siempre informado de todo asunto importante que surja en el

desarrollo del caso que le ha sido encomendado”, lo que se

relaciona

con

información.

la

obligación

Es

decir,

de

que

todo

notario

constituye

un

de

prestar

elemento

“imprescindible en la relación fiduciaria que caracteriza

18

AB-2020-0020

el

vínculo

abogado-cliente”.

In

re

Pietri

Castellón,

185 DPR 982, 992 (2012). Por tanto, cuando un notario no

advierte

a

los

otorgantes

sobre

las

circunstancias

del

negocio jurídico y sus efectos, infringe también el Canon

19. Recordemos que en In re Maldonado Maldonado, supra,

pág.

818,

expresamos

que

un

notario

incumplió

con

este

canon al no mantener informada a la quejosa sobre el estado

de la presentación de una escritura. El notario tiene el

deber de “mantener a su cliente siempre informado de todo

asunto importante que surja en el desarrollo del caso que

le

ha

sido

encomendado”.

In

re

García

Cabrera,

supra,

pág. 928.

Asimismo, el Canon 38 del Código de Ética Profesional,

4 LPRA Ap. IX aplica a los notarios y notarias en Puerto

Rico. En lo pertinente, el canon dispone lo siguiente:

El abogado deberá esforzarse, al máximo de su

capacidad, en la exaltación del honor y dignidad

de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve

sacrificios personales y debe evitar hasta la

apariencia de conducta profesional impropia. En

su conducta como funcionario del tribunal, deberá

interesarse en hacer su propia y cabal aportación

hacia la consecución de una mejor administración

de la justicia. [...]

Por razón de la confianza en él depositada como

miembro de la ilustre profesión legal, todo

abogado, tanto en su vida privada como en el

desempeño de su profesión, debe conducirse en

forma digna y honorable. En observancia de tal

conducta, el abogado debe abstenerse en absoluto

de aconsejar y asesorar a sus clientes en otra

forma que no sea el fiel cumplimiento de la ley y

el respeto al poder judicial y a los organismos

administrativos.

Por

tanto,

si

la

controversia

versa

sobre

la

falta

de

competencia y diligencia por parte de un notario o notaria

19

AB-2020-0020

y al mismo tiempo, se maltrecha la fe pública notarial, se

viola también el canon 38. Hemos decretado que la violación

a

dicho

canon

“puede

ser

el

resultado

de

un

desempeño

profesional carente de la cautela y el celo que demanda la

función

pública

del

notario”.

In

re

Sepúlveda

Girón,

155 DPR 345, 363 (2001), In re Gordon Menéndez I, 171 DPR

210, 216 (2007).

C. Competencia aplicable

Para determinar el grado de competencia aplicable, es

necesario discutir cuál era el derecho que regía al momento

que

la

público

licenciada

Soto

objeto

controversia.

de

Aguilú

autorizó

En

el

instrumento

particular,

debemos

tener presente las disposiciones hipotecarias aplicables.

El artículo 63 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la

Propiedad de 1979, 30 LPRA sec. 2266 (derogada), vigente al

momento de la autorización de la Escritura Núm. 1 de 2007,

explica

la

responsabilidad

del

notario

por

omisiones

o

defectos en los instrumentos públicos del modo siguiente:

El notario o funcionario que por su falta

cometiere alguna omisión que impida inscribir el

acto o contrato, conforme a lo dispuesto en la

ley, subsanará prontamente, al ser requerido,

extendiendo a su costo un nuevo documento, si

fuere posible e indemnizando en todo caso a los

interesados de los perjuicios que les ocasion[e]

su falta.

Además, el artículo 58 de la referida legislación, en lo

pertinente, disponía que “[n]o se inscribirá el documento

de partición de bienes hereditarios o de transferencia o

gravamen

del

derecho

hereditario

si

antes

no

apareciere

previamente inscrito el derecho hereditario a nombre de los

20

AB-2020-0020

herederos”.

30

LPRA

sec.

2261.

Conjuntamente,

el

artículo 95 de dicho cuerpo legal disponía en parte que

“[e]l documento de la sucesión hereditaria, a los efectos

del Registro, es aquel que contiene el testamento o la

declaración de herederos abintestados, ya sea judicial o de

conformidad con la Ley Núm. 282 de 21 de agosto de 1999,

conocidas

como

la

“Ley

de

Asuntos

No

Contenciosos

Ante

Notario”. 30 LPRA sec. 2316.

Por añadidura, el Art. 887 del Código Civil de 1930,

31 LPRA sec. 2621 (derogado), disponía que el derecho de

representación es “el que tienen los parientes legítimos o

naturales

legalmente

reconocidos

de

una

persona

para

sucederle en todos los derechos que tendría si viviera o

hubiera podido heredar”. Id. Sin embargo, en Calimano v.

Calimano, 103 DPR 123 (1974), negamos aplicar la corriente

expansionista y no permitimos el derecho de representación

en la sucesión testada. En otras palabras, en la sucesión

testada, al no existir el derecho de representación, opera

la figura jurídica de la sustitución. Dado que el testador

solamente tiene la figura de la sustitución testamentaria

en los casos que puedan ocurrir potenciales vacantes de la

herencia, no procede, por ser innecesaria e inaplicable la

figura

de

la

representación.

Véase

Carrillo

Vázquez

v.

Rodríguez Cintrón, 202 DPR 714, 722 (2019).

Recordemos que el artículo 703 del Código Civil de

1930 establecía que “[p]uede el testador substituir una o

más personas al heredero o herederos instituidos para el

caso en que mueran antes que él, o no quieran, o no puedan

21

AB-2020-0020

aceptar la herencia”. 31 LPRA sec. 2301 (derogado). Además,

el propio artículo 875 en su inciso tres disponía que la

sucesión intestada tenía lugar “[c]uando falta la condición

puesta a la institución de heredero, o éste muere antes que

el testador, o repudia la herencia sin tener substituto y

sin

que

haya

lugar

al

derecho

de

acrecer”.

31

LPRA

sec. 2591 (derogado). En consecuencia, es un craso error

por parte de un notario dar fe de que una persona comparece

por

derecho

de

representación

en

una

sucesión

testamentaria.

Por otro lado, la Sección 3434 del Código de Rentas

Internas de 1994, que se encontraba vigente al momento de

los hechos, prohibía a los notarios autorizar escrituras

públicas de enajenación o venta de inmuebles del caudal

relicto

bruto

sin

que

se

hubiese

antes

obtenido

el

certificado de relevo de gravamen. Asimismo, a partir de

Feliciano v. Ross, 165 DPR 649, 664 (2005), establecimos

que “los notarios que otorguen una escritura de compraventa

sobre una propiedad inmueble deberán, como parte de las

advertencias que tienen el deber de hacer a los otorgantes,

informarles a éstos sobre la conveniencia de obtener una

certificación sobre deuda contributiva del CRIM”.

III.

Nos

Aguilú

corresponde

incumplió

Notarial,

supra,

determinar

si

la

licenciada

Soto

los

artículos

2,

14

y

15

de

la

Ley

los

artículos

58,

63

y

95

de

la

Ley

Hipotecaria de 1979, supra, la Sección 3434 del Código de

Rentas Internas de 1994, así como los Cánones 18, 19 y 38

22

AB-2020-0020

del Código de Ética Profesional, supra. Del expediente ante

nuestra consideración se desprende que la licenciada Soto

Aguilú infringió todos los artículos y cánones mencionados.

Veamos.

La notaria hizo constar en la escritura de compraventa

objeto de la queja que una de las herederas que componía la

parte vendedora, María Magdalena Torres Martínez, falleció

el

4

de

noviembre

de

2005,

luego

de

que

falleciera

el

titular de la propiedad. Por tal razón, consignó en la

escritura

que

al

acto

comparecía

su

hijo,

el

señor

Fernández Torres, como heredero del titular por un alegado

derecho de representación. Sin embargo, la notaria omitió

reconocer o describir en la escritura documento alguno que

acreditara

la

cualidad

Torres.

Particularmente,

señor

Fernández

de

Torres

heredero

fue

un

del

error

comparecía

señor

Fernández

consignar

por

que

el

derecho

de

representación cuando ese derecho no operaba en la sucesión

testamentaria al momento de los hechos.

Con base a lo

anterior, podemos decir con certeza que no comparecieron

como parte vendedora todos los integrantes de la Sucesión

Torres

Santiago,

sino,

personas

integrantes

de

dos

sucesiones.

Asimismo, la licenciada Soto Aguilú tenía el deber de

consignar el derecho hereditario de todos los miembros de

la

Sucesión

en

la

escritura.

Particularmente,

porque

el

inmueble estaba inscrito a nombre del causante, el señor

Torres Santiago, y no a nombre de la sucesión. Recordemos

que

la

escritura

pública

tiene

que

contener

el

negocio

23

AB-2020-0020

jurídico

que

motiva

su

otorgamiento

y

sus

antecedentes.

Artículo 15 de la Ley Notarial, supra. Lo anterior denota

falta de preparación e investigación al momento de otorgar

el

instrumento

público.

Además,

ante

la

omisión

de

acreditar los documentos que otorgaban la titularidad a los

vendedores y dado a la realidad contraria a lo dispuesto en

la Escritura Núm. 1 de 2007 podemos deducir con seguridad

una falta de cuidado y diligencia por parte de la notaria

al momento de autorizar la compraventa.

Por si fuera poco, la licenciada Soto Aguilú omitió

incluir

en

el

instrumento

público

la

fecha

del

fallecimiento del señor Torres Santiago; la descripción de

la copia certificada del certificado de defunción expedida

por

el

Registro

Demográfico

utilizado

para

constatar

la

información; los datos del testamento otorgado en vida por

el

señor

Torres

Santiago

así

como

los

pormenores

relacionados en la Certificación expedida por el Registro

de

Testamentos

de

la

ODIN;

las

particularidades

con

la

Declaración de Herederos o Testamento de María Magdalena

Torres Martínez, hija del señor Torres Santiago, así como

la información que certificara el hecho de que el señor

Fernández Torres era el único y universal heredero de ella;

y

los

datos

Registro.

de

Todo

inscripción

lo

anterior

de

ambas

constituye

instancias

una

Canon 18 del Código de Ética Profesional,

en

el

violación

al

supra, y los

artículos 2 y 15 de la Ley Notarial, supra.

Además,

la

licenciada

Soto

Aguilú

autorizó

el

instrumento público en controversia sin la correspondiente

24

AB-2020-0020

certificación de gravamen sobre el caudal relicto del señor

Torres Santiago y de María Magdalena Torres Martínez. Al

autorizar

dicha

escritura

sin

obtener

ambos

relevos

o

certificaciones, la

notaria

incumplió con la prohibición

establecida

Sección

3434

en

la

del

Código

de

Rentas

Internas de 1994, supra, vigente en ese entonces.

Asimismo, la notaria omitió seguir lo que ordenamos en

Feliciano

v.

Ross,

supra,

advertencias

sobre

la

es

decir,

prescindió

conveniencia

de

de

las

obtener

una

certificación sobre deuda contributiva del CRIM. Peor aún,

aseveró

en

la

escritura

que

la

propiedad

se

encontraba

libre de cargas y gravámenes lo que no era correcto pues,

surge

de

la

investigación

de

la

ODIN

que

el

inmueble

mantenía un gravamen o deuda contributiva con el CRIM. De

esta

manera,

la

licenciada

Soto

Aguilú

mancilló

la

fe

pública notarial al dar fe de un hecho que no es verdadero.

Es

por

ello

que

dicha

conducta

también

infringió

los

artículos 2 y 14 de la Ley Notarial, supra, y los cánones

18 y 38 del Código de Ética Profesional, supra.

Igualmente,

resaltamos

que

a

pesar

de

que

en

años

recientes la notaria realizó un acta de subsanación sobre

la referida escritura pública, no fue hasta que transcurrió

un

poco

más

instrumento

de

una

público

década

que

la

desde

la

licenciada

autorización

Soto

Aguilú

del

actuó

afirmativamente para atender el asunto. Desde el 2007 la

señora Burgos Correa le indicó a la licenciada Soto Aguilú

que no había podido inscribir su escritura de segregación

debido a que no se había podido inscribir la compraventa

25

AB-2020-0020

donde fungió como notaria. La notaria refirió a la señora

Burgos

Correa

atendieran

a

el

los

miembros

asunto.

No

de

fue

la

sucesión

hasta

el

para

que

que

la

2019

licenciada Soto Aguilú realizó gestiones afirmativas ante

el Departamento de Hacienda para atender este asunto. Como

consecuencia

de

infrigió

canon

el

lo

anterior,

19

del

la

Código

licenciada

Soto

de

Profesional,

Ética

Aguilú

supra.

IV.

Al determinar la sanción disciplinaria que se impondrá a

un abogado, abogada, notario o notaria, podemos considerar

los

siguientes

factores:

(1)

la

buena

reputación

del

abogado en la comunidad; (2) su historial previo; (3) si

esta constituye su primera falta y si ninguna

parte ha

resultado perjudicada; (4) la aceptación de la falta y su

sincero arrepentimiento; (5) si se trata de una conducta

aislada; (6) el ánimo de lucro que medió en su actuación;

(7)

resarcimiento

consideraciones,

al

ya

cliente,

bien

y

(8)

atenuantes

cualesquiera

o

agravantes,

otras

que

medien en relación con los hechos. In re Stacholy Ramos,

2021

TSPR

102

(2021).

Para

determinar

la

sanción

correspondiente es imprescindible velar por el principio de

proporcionalidad.

Del

expediente

ante

nos

surge

que

la

licenciada

Soto

Aguilú no había sido imputada de violación alguna a la Ley

Notarial

o

al

Reglamento

Notarial

en

un

proceso

disciplinario previo. No obstante, en el año 2019 se le

sancionó por incumplir los Cánones 21 y 38 del Código de

26

AB-2020-0020

Ética Profesional, supra. In re Soto Aguilú, 202 DPR 137

(2019). Ahora bien, es importante destacar que hasta el

momento el negocio jurídico celebrado todavía no ha ganado

acceso al Registro Inmobiliario Digital por los errores de

la

escritura.

Ello

constituye

un

perjuicio

a

terceros,

particularmente a la señora Burgos Correa.

V.

Por

los

fundamentos

expuestos,

se

decreta

la

suspensión inmediata de la Lcda. Roxanna I. Soto Aguilú del

ejercicio de la notaría por un término de un año. De igual

forma,

se

le

apercibe

de

su

deber

de

observar

de

forma

escrupulosa los principios deontológicos que se recogen en el

Código

de

Ética

Profesional.

También

le

apercibimos

que,

de

incurrir en otro acto que contravenga las normas antes señaladas,

estará sujeta a sanciones disciplinarias mucho más severas.

Se le ordena, además, a realizar a sus expensas todos los

trámites necesarios para viabilizar la inscripción de la

Escritura Núm. 1 de 2007.

Le ordenamos notificar a todas las personas que han

procurado

de

sus

servicios

notariales

de

su

inhabilidad

para atender los trabajos que tenía pendiente y devolverles

tanto

los

recibidos

expedientes

por

como

trabajos

no

los

honorarios

rendidos.

notariales

Además,

deberá

acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento

con lo anterior dentro del término de treinta (30) días, a

partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam y

Sentencia.

No

hacerlo

pudiera

conllevar

que

no

se

le

27

AB-2020-0020

reinstale al ejercicio de la profesión de la notaría al

solicitarlo en el futuro.

Asimismo,

se

le

ordena

al

Alguacil

de

este

Foro

incautar inmediatamente la totalidad de la obra y el sello

notarial

de

la

licenciada

Soto

Aguilú

y

entregarlos

al

Director de la Oficina de Inspección de Notarías para el

examen

e

informe

correspondiente.

En

virtud

de

su

suspensión inmediata del ejercicio de la notaría, la fianza

que garantiza las funciones notariales, de haber prestado

la

misma,

queda

automáticamente

cancelada.

La

fianza

se

considerará buena y válida por tres años después de su

terminación en cuanto a los actos realizados durante el

periodo en que ésta estuvo vigente.

Notifíquese.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Roxanna I. Soto Aguilú

(TS-15,568)

AB-2020-0020

Conducta

Profesional

Opinión disidente emitida por la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez a

la que se unió el Juez Asociado señor Estrella Martínez y el Juez

Asociado señoón Pérez

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de diciembre de 2021.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

Per Curiam que antecede, la cual se hace formar

parte de la presente Sentencia, decretamos la

suspensión inmediata de la Lcda. Roxanna I. Soto

Aguilú del ejercicio de la notaría por un término de

un año.

De igual forma, se le apercibe de su deber de

observar

de

forma

escrupulosa

los

principios

deontológicos que se recogen en el Código de Ética

Profesional. También le apercibimos que, de incurrir

en otro acto que contravenga las normas antes

señaladas, estará sujeta a sanciones disciplinarias

mucho más severas. Se le ordena, además, a realizar

a sus expensas todos los trámites necesarios para

viabilizar la inscripción de la Escritura Núm. 1

de 2007 que autorizó el 15 de marzo de 2007.

Le ordenamos notificar a todas las personas que

han procurado de sus servicios notariales de su

inhabilidad para atender los trabajos que tenía

pendiente y devolverles tanto los expedientes como

los honorarios notariales recibidos por trabajos no

AB-2020-0020

2

rendidos. Además, deberá acreditar y certificar ante este

Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término

de treinta (30) días, a partir de la notificación de esta

Opinión Per Curiam y Sentencia. No hacerlo pudiera

conllevar que no se le reinstale al ejercicio de la notaría

de solicitarlo en el futuro.

Asimismo, se le ordena al Alguacil de este Foro

incautar inmediatamente la totalidad de la obra y el sello

notarial de la licenciada Soto Aguilú y entregarlos al

Director de la Oficina de Inspección de Notarías para el

examen

e

informe

correspondiente.

En

virtud

de

su

suspensión inmediata del ejercicio de la notaría, la fianza

que garantiza las funciones notariales, de haber prestado

la misma, queda automáticamente cancelada. La fianza se

considerará buena y válida por tres años después de su

terminación en cuanto a los actos realizados durante el

periodo en que ésta estuvo vigente.

Notifíquese esta Opinión Per Curiam y Sentencia a la

Lcda. Roxanna I. Soto Aguilú.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo