Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Roxanna I. Soto Aguilú
2021 TSPR 162
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Roxanna I. Soto Aguilú
AB-2020-20 (TS-15,968)
Conducta Profesional: Suspensión inmediata del ejercicio de la notaría por el término de un año por violación a los Cánones 18, 19 y 38 del Código de Ética Profesional; los artículos 2, 14 y 15 de la Ley Notarial, y los artículos 58, 63 y 95 de la Ley Hipotecaria de 1979.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2021 TSPR 162
Roxanna I. Soto Aguilú
(TS-15,968)
Número del Caso:
Fecha:
208 DPR
AB-2020-20
30 de diciembre de 2021
Abogado de la promovida:
Por derecho propio
Oficina de Inspección de Notaría:
Lcdo. Manuel E. Ávila de Jesús
Director
Materia:
Conducta Profesional - Suspensión inmediata del
ejercicio de la notaría por el término de un año por violación a
los Cánones 18, 19 y 38 del Código de Ética Profesional; los
artículos 2, 14 y 15 de la Ley Notarial, y los artículos 58, 63 y
95 de la Ley Hipotecaria de 1979. La suspensión será efectiva 30
de diciembre 2021, fecha en que se le notificó a la abogada de su
suspensión inmediata de la notaría.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Roxanna I. Soto Aguilú
(TS-15,968)
Conducta
Profesional
AB-2020-0020
Opinión disidente emitida por la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez a
la que se unió el Juez Asociado señor Estrella Martínez y el Juez
Asociado señoón Pérez
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de diciembre de 2021.
Este Tribunal tiene la obligación de ejercer su
poder inherente para suspender a una notaria por
incumplir con los artículos 2, 14 y 15 de la Ley
Notarial,
4
LPRA
secs.
2002,
2032-2033;
los
artículos 58, 63 y 95 de la Ley Hipotecaria de 1979,
secs. 2261, 2266 & 2361; la Sección 3434 del Código
de Rentas Internas de 1994, así como los Cánones 18,
19 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap.
IX. Por los fundamentos que se exponen más adelante,
suspendemos
a
la
Lcda.
Roxanna
I.
Soto
Aguilú
(licenciada Soto Aguilú o la notaria) del ejercicio
de la notaría por un término de un año. Veamos los
hechos que originaron la queja.
2
AB-2020-0020
I
La licenciada Soto Aguilú fue admitida al ejercicio de
la abogacía el 29 de agosto de 2006 y a la práctica de la
notaría el 22 de septiembre del mismo año.
El
proceso
consecuencia
de
disciplinario
de
una
presentó
queja
que
epígrafe
surgió
la
Sra.
como
Maribel
Burgos Correa (señora Burgos Correa) el 13 de febrero de
2020 donde indicó que compareció como parte compradora, en
conjunto
con
su
esposo
Héctor
Germán
Rodríguez
y
el
matrimonio compuesto por Antonio Santiago Correa y Mildred
Raquel Rivera Santiago, en una escritura de compraventa que
la licenciada Soto Aguilú autorizó el 15 de marzo de 2007
(Escritura
Núm.
1
de
2007).
Sostuvo
que
en
el
2009
le
solicitó a la licenciada Soto Aguilú por vía de correo
electrónico una copia de la Escritura Núm. 1 de 2007 con la
intención de presentarla en el Registro de la Propiedad (en
adelante
“el
Registro”)
correspondiente.
notaria
mediante
Alegó
que
correos
para
reiteró
la
dicha
electrónicos
y
inscripción
petición
que
a
la
ella
no
respondió.
Añadió que, posteriormente, en el 2017 le requirió a
la
notaria
los
registral
del
de 2007.
Expresó
documentos
inmueble
que,
que
objeto
de
acreditaran
el
de
la
Escritura
acuerdo
con
una
tracto
Núm.
1
certificación
registral obtenida el 22 de enero de 2016, las personas que
comparecieron como integrantes de la parte vendedora1 no
Por la parte vendedora comparecieron Pilar María Martínez Rivera,
Antonio Torres Martínez, Iris Minerva Torres Martínez, María Magdalena
1
3
AB-2020-0020
constaban en los acervos del Registro como titulares, por
lo
que,
la
acreditaba
compraventa
el
tracto.
no
era
inscribible
Específicamente,
la
si
señora
no
se
Burgos
Correa solicitó el testamento o declaratoria de herederos
del Sr. Ramón Torres Santiago quien aparecía como titular
de la propiedad, el Relevo del Departamento de Hacienda y
la
instancia
registral.
Alegó
que
insistió
en
dicha
petición por medio de varios correos electrónicos y que la
licenciada Soto Aguilú no respondió.
Así las cosas, la señora Burgos Correa le imputó a la
licenciada
Soto
Aguilú
haberla
inducido
a
error
al
autorizar un instrumento público sin corroborar el trámite
registral
del
inmueble
objeto
de
la
compraventa.
En
particular, sin que los integrantes de la Sucesión Torres
Santiago
hubieran
correspondiente
hereditario
autorizado
derecho
instancia
sobre
el
presentado
el
para
de
la
el
Registro
inscribir
inmueble.
instrumento
hereditario
ante
Formuló
público
sin
Sucesión
su
que
la
derecho
al
haber
que
constara
el
Torres
Santiago,
la
licenciada Soto Aguilú indujo a los otorgantes a realizar
un
negocio
ilícito
donde
se
desembolsó
el
pago
de
$70,000.00 por la adquisición de un bien inmueble que no le
pertenecía
a
la
parte
vendedora.
Igualmente,
la
señora
Burgos Correa le imputó a la notaria haber autorizado la
escritura
sin
que
se
hubiese
presentado
la
Planilla
de
Torres Martínez, quien falleció el 4 de noviembre de 2005 y solo tuvo
un hijo de nombre Edgar Javier Fernández Torres (en adelante, “señor
Fernández Torres”), quien compareció en la Sucesión Torres Santiago por
alegado derecho de representación, Blanca Torres Martínez; y Nidra
Torres Martínez.
4
AB-2020-0020
Caudal
Relicto
en
el
Departamento
de
Hacienda,
lo
que
ocurrió el 15 de diciembre de 2008, un año después de que
se llevó a cabo el negocio.
Así las cosas, la señora Burgos Correa contrató a la
Lcda. Mabel Martínez Serrano (en adelante, la “licenciada
Martínez Serrano”) para solucionar la situación registral
que impedía la inscripción del bien inmueble a favor de la
parte
compradora.
La
licenciada
Martínez
Serrano
se
comunicó con la licenciada Soto Aguilú con el propósito de
atender la situación informada y viabilizar la inscripción
de la transacción recogida en la Escritura Núm. 1 de 2007.
En esa comunicación le expresó que del instrumento público
no surgía la información requerida para la inscripción en
el Registro.2 Igualmente, para el 2019 la señora
Burgos
Correa, por conducto de su representación legal, solicitó
nuevamente a la licenciada Soto Aguilú los documentos para
el trámite en el Registro.
La señora Burgos Correa aduce que como consecuencia de
las
fallas
Escritura
Núm.
cotitularidad
2
incurridas
1
del
por
la
notaria
al
autorizar
la
de
2007,
no
ha
podido
inscribir
su
bien
inmueble,
hacía
de
adquirido
más
En dicha comunicación se reclamaba y cuestionaba lo siguiente:
1. la titularidad de la Sucesión Torres Santiago, sea
declaratoria de herederos o testamento y certificación
sobre testamento de ODIN;
2. el Relevo del Caudal Relicto de Hacienda con número
de notificación y fecha;
3. si el derecho de representación que se expresaba en
la escritura surge a través de declaratoria de herederos
o en virtud de un testamento;
4. que no se identificaba la participación de los
herederos ni la liquidación de la sucesión.
Informe de la ODIN del 7 de junio de 2021, p. 3.
5
AB-2020-0020
catorce (14) años. Adicionalmente, manifestó que ha tenido
que incurrir en gastos para segregar e instalar agua y luz,
y, sobre todo, gastos legales para gestionar la inscripción
registral. Hizo hincapié en que la responsabilidad de la
situación es exclusivamente de la licenciada Soto Aguilú.
La licenciada Soto Aguilú contestó por medio de una
Moción
Solicitando
Desestimiento
[sic]
por
Prescripción
donde alegó que procedía la desestimación de la queja al
amparo del Artículo 1867 del Código Civil de 1930, 31 LPRA
sec. 5297(5). El 30 de junio de 2020 este Tribunal denegó
la moción de desestimación y refirió el asunto a la Oficina
de Inspección de Notarías (ODIN) para la investigación e
informe correspondiente.
En su informe la ODIN relata que para el 1996 el Sr.
Ramón Torres Santiago otorgó un testamento abierto donde
instituyó como herederos universales, por partes iguales, a
sus cinco (5) hijos: Ramón Antonio, Iris Minerva, Nidra,
María
Magdalena
y
Blanca,
todos
de
apellidos
Torres
Martínez. Además, mencionó que estaba casado con la Sra.
Pilar
María
Martínez
Rivera,
siendo
este
su
único
matrimonio.
Posteriormente,
mediante
sentencia
adjudicación
de
el
Torres
una
herencia,
señor
de
Santiago
adquirió con carácter privativo la propiedad inmueble que
es objeto de la Queja ante nuestra consideración. El señor
Torres Santiago falleció el 26 de junio de 1999.
El
15
de
marzo
de
2007
la
licenciada
Soto
Aguilú
autorizó la escritura de compraventa en controversia donde
la fedataria expresó que comparecían por la parte vendedora
6
AB-2020-0020
los
integrantes
de
la
Sucesión
del
Sr.
Ramón
Torres
Santiago y los dos matrimonios mencionados como la parte
compradora.
En la referida Escritura Núm. 1 de 2007 se consignó
que el dominio de la propiedad objeto del negocio constaba
inscrito a favor del Sr. Ramón Torres Santiago. La ODIN
señala que en el instrumento no se indicó la fecha del
fallecimiento del señor Torres Santiago ni se mencionó su
certificado de defunción. Tampoco se identificó o describió
el testamento o documento sobre declaratoria de herederos
que estableciera el derecho hereditario de los integrantes
de
su
sucesión
ni
el
testamento
o
documento
sobre
declaratoria de herederos que estableciera el derecho de
representación del señor Fernández Torres como hijo de la
finada María Magdalena Torres Martínez, integrante de la
Sucesión
Torres
Santiago.
Así,
notaria
omitió
establecer
el
la
ODIN
tracto
destaca
que
registral
la
que
acreditaba la titularidad del inmueble por los integrantes
de la parte vendedora.
De igual modo, la ODIN indica que la licenciada Soto
Aguilú instrumentó y autorizó el negocio jurídico sin que
la parte vendedora obtuviera el correspondiente certificado
de cancelación de gravamen que provee el Departamento de
Hacienda sobre el caudal relicto del finado Torres Santiago
y de la causante María Magdalena Torres Martínez.
A su
entender, dicha omisión provoca que el instrumento público
autorizado por la licenciada Soto Aguilú incumpla con los
requisitos dispuestos en la Ley Notarial, supra, y en las
7
AB-2020-0020
leyes que inciden en el negocio jurídico celebrado para que
este pueda ser presentado y gane acceso a los acervos que
custodia el Registro.
Agrega que por más de una década desde la autorización
de la Escritura Núm. 1 de 2007, la notaria desatendió las
comunicaciones y los reclamos de la señora Burgos Correa
para remediar la falta de inscripción en el Registro. En
consecuencia,
segregación
no
de
se
ha
terreno
podido
realizar
un
proceso
de
para
cual
se
obtuvo
la
el
ya
autorización de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe)
del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Por lo
anterior, la ODIN concluyó que la licenciada Soto Aguilú
violó el Canon 19 de los Cánones de Ética Profesional,
supra.
Igualmente, el informe de ODIN expone que no todos los
que comparecieron como vendedores eran parte de la Sucesión
de
Torres
Santiago
porque
en
dicha
escritura
pública
comparecieron personas integrantes de dos sucesiones: en
primer
lugar,
de
la
Sucesión
de
Torres
Santiago
y,
en
segundo lugar, de la Sucesión de María Magdalena Torres
Martínez. La licenciada Soto Aguilú, de acuerdo con ODIN,
no esbozó de manera clara y precisa la forma en que los
miembros
de
la
parte
vendedora
advinieron
titulares
del
bien inmueble objeto de la transacción. En particular, la
notaria afirmó que el señor Fernández Torres compareció al
acto
por
derecho
de
representación,
sin
documento alguno que acreditara tal aspecto.
que
obrara
8
AB-2020-0020
La
ODIN
explica
que
como
María
Magdalena
Torres
Martínez falleció con posterioridad a su padre, el señor
Torres Santiago, la notaria erró al expresar la existencia
de
un
derecho
de
representación
que
justificaba
la
comparecencia del señor Fernández Torres. Dado que en el
testamento abierto otorgado por el señor Torres Santiago no
se menciona a su nieto, el señor Fernández Torres, no hubo
ni
siquiera
derecho
de
sustitución.
Para
la
ODIN,
lo
anterior viola el artículo 15 de la Ley Notarial, supra.
Asimismo,
nos
señala
la
ODIN
que
al
no
haberse
acreditado los documentos que otorgaban la titularidad a
los vendedores y debido a que de la Escritura Núm. 1 de
2007 surge información que es contraria a la realidad sobre
la fuente de la titularidad de los vendedores con relación
al
derecho
hereditario
del
señor
Fernández
Torres,
se
desprende una falta al debido cuidado y diligencia que debe
procurar todo notario al autorizar instrumentos públicos.
La ODIN deduce que lo anterior viola el artículo 2 de la
Ley Notarial, supra, los artículos 58 y 95 de la derogada
Ley Hipotecaria, supra, así como los Cánones 18, 35 y 38
del Código de Ética Profesional, supra.
Añade
que
la
licenciada
Soto
Aguilú
infringió
la
prohibición establecida en la entonces vigente Sección 3434
del Código de Rentas Internas de 1994, supra, pues no podía
en aquel momento histórico autorizar el negocio jurídico
ante
la
ausencia
Departamento
de
de
los
Hacienda.
relevos
Por
si
que
debió
fuera
expedir
poco,
la
del
ODIN
enfatizó que la notaria aseveró que la propiedad objeto de
9
AB-2020-0020
la transacción se encontraba libre de cargas y gravámenes,
lo
cual
era
incompatible
con
la
realidad
fiscal
de
la
propiedad, de acuerdo con el CRIM.
Adiciona la ODIN que a pesar de que la notaria no se
obligó
a
presentar
la
copia
certificada
del
instrumento
autorizado ante el Registro para su oportuna calificación e
inscripción, no existía justificación para no cerciorarse
de que el título de la parte vendedora tendría acceso al
Registro y que no existiera impedimento para que el título
de la parte compradora quedara inscrito. Expone la ODIN que
el no hacer referencia a la necesidad de inscribir los
derechos
hereditarios
de
los
integrantes
de
la
parte
compradora y el hecho de que el negocio jurídico quedase en
suspenso
hasta
efectuaran
que
pudieron
los
trámites
inducir
a
correspondientes
error
y
afectar
se
el
consentimiento prestado por las partes otorgantes. Por lo
anterior,
la
ODIN
concluye
que
la
notaria
infringió
el
artículo 15(f) de la Ley Notarial, supra.
Al momento en que la licenciada Soto Aguilú autorizó
el instrumento público no se había presentado ni constaba
inscrito
en
hereditario
había
el
de
obtenido
Registro
la
en
de
Sucesión
el
la
Propiedad
el
Torres
Santiago.
Tampoco
se
Hacienda
el
Departamento
de
derecho
certificado de cancelación de gravamen o relevo del caudal
relicto
de
la
Sucesión
Torres
Santiago.
Menos
aún
se
consignó una advertencia a las partes otorgantes sobre la
conveniencia y necesidad de obtener una certificación sobre
deuda contributiva del CRIM.
10
AB-2020-0020
Igualmente,
instrumento
no
público
hubo
con
una
advertencia
relación
a
las
en
dicho
consecuencias
de
adquirir un terreno en comunidad de bienes pues la parte
compradora
estaba
compuesta
por
dos
matrimonios
que
adquirían el inmueble en común proindiviso. La ODIN hace
hincapié en que no existe expresión en la Escritura Núm. 1
de
2007
sobre
la
necesidad
de
inscribir
el
derecho
hereditario de los integrantes de la parte vendedora para
conferir
el
tracto
necesario
para
la
presentación
e
inscripción del negocio jurídico instrumentado.
De la escritura pública se desprende que la licenciada
Soto
Aguilú
referente
a
Escritura
en
advirtió
la
el
a
los
presentación
Registro
de
comparecientes
de
Copia
la
sobre
Certificada
Propiedad
de
lo
de
la
Arecibo,
Sección I, para la debida inscripción. No obstante, la ODIN
relata que en el 2016 –-casi 10 años después de que se
autorizó la compraventa-- la notaria otorgó el Instrumento
Público
Núm.
4,
constar
que,
a
sobre
pesar
Acta
de
de
haberle
Subsanación
donde
hecho
advertencias
las
hizo
verbalmente a las partes otorgantes de varios instrumentos
públicos que autorizó, no las incluyó de manera expresa.
Allí la licenciada Soto Aguilú enunció que advirtió a las
partes sobre la necesidad de realizar un Estudio de Título
para así conocer las cargas y gravámenes que afectan al
inmueble. La licenciada Soto Aguilú añadió que las partes
la
relevaban
de
toda
responsabilidad
ante
la
reguladora y disciplinaria del Tribunal Supremo.
autoridad
11
AB-2020-0020
A este tenor, la notaria también agregó en dicha Acta
de
Subsanación
las
siguientes
advertencias:
(1)
que
las
partes eran responsables de presentar la escritura en el
Registro;
(2)
que
era
responsabilidad
de
las
partes
presentar la Certificación de Deuda Contributiva ante el
CRIM; (3) la necesidad de producir una Certificación del
CRIM vigente que contenga el número de catastro; y (4) la
importancia
de
que
se
haga
constar
la
proporción
perteneciente a cada matrimonio al adquirir en capacidad de
comunero.
El informe de la ODIN agregó que la licenciada Soto
Aguilú consignó en la Escritura Núm. 1 de 2007 que contó
con un estudio de título realizado el 13 de marzo de 2007
por el investigador Daniel Muñiz Colón. Sin embargo, esta
luego admitió a la ODIN que en el día del otorgamiento las
personas otorgantes renunciaron voluntariamente a obtener
un estudio de título. Por tanto, según la ODIN, la notaria
violó el artículo 2 se la Ley Notarial, supra.
Por
todo
lo
anterior,
recomendó
la
separación
inmediata e indefinida del ejercicio de la notaría o, en la
alternativa,
decretar
su
separación
del
ejercicio
del
notariado por un término no menor de un año por violar la
fe pública notarial; los artículos 2, 14, y 15 de la Ley
Notarial,
supra,
los
artículos
58,
63
y
95
de
la
Ley
Hipotecaria, supra, la Sección 3434 del Código de Rentas
Internas, supra, y los Cánones 18, 19, 35 y 38 de Ética
Profesional.
12
AB-2020-0020
Ulteriormente,
la
licenciada
Soto
Aguilú
compareció
para reaccionar al Informe de la ODIN. Se allanó a todas
las
recomendaciones
indefinida
o
compareció
durante
con
temporal.
todo
excepción
Alegó
el
a
su
a
la
suspensión
favor
que
cooperó
proceso
disciplinario
y
porque
tiene interés en resolver el asunto. Informó que le ha dado
seguimiento a la Planilla de Caudal Relicto necesaria para
poder inscribir la compraventa. Añadió que sufragó todos
los
gastos
de
presentación
y
está
totalmente
disponible
para entregar y presentar en el Registro cualquier otro
documento necesario.
II.
A. La deontología de la notaría
Los notarios y notarias de Puerto Rico tienen el deber
de
“ejercer
una
puntillosa
seguridad y certeza
función
que
robustece
de
jurídica los hechos y actos que se
consignan bajo su fe notarial”. L. F. Estrella Martínez, El
notariado
latino
en
Puerto
Rico
como
exponente
de
las
aspiraciones del sistema jurídico iberoamericano, 60 Rev.
D. P. 547, 546 (2021). Como consecuencia de lo anterior,
debemos colegir que los miembros de la comunidad notarial
puertorriqueña
no
son
meros
autómatas
en
el
sentido
cartesiano de la palabra, pues su función no tan solo es la
de legalizar las firmas, sino que tienen una obligación
ética
de
comprobar
que
el
instrumento
público
ante
su
presencia cumpla con la totalidad de las formalidades que
exige
el
derecho
positivo
imperante
en
el
ordenamiento.
13
AB-2020-0020
In re Peña Osorio, 202 DPR 779, 789 (2019); In re Torres
Alicea, 175 DPR 456, 460 (2009).
Las personas que ejercen la función notarial siempre
deben
ser
mandato
conscientes
deontológico
que
y
son
juristas
jurídico,
un
que
deber
tienen,
por
ineludible
de
instruir a los otorgantes las consecuencias de sus actos
jurídicos. Deben, por ende, cerciorarse que la escritura
que presentan ante las partes cumple con los requisitos
necesarios para que la voluntad de los otorgantes se lleve
a cabo. In re Pagani Padró, 198 DPR 812, 821 (2017).
De esta manera, los notarios poseen el deber forzoso
de ejercer su función con excesivo cuidado, esmero y celo
profesional. Id.
pág.
820; In
re
Maldonado
Maldonado,
197 DPR 802, 809 (2017); In re Pacheco Pacheco, 192 DPR
553,
562
(2015).
Esto
responde
al
marco
deontológico
esbozado y a la Ley Notarial de Puerto Rico, Ley Núm. 75 de
2 de julio de 1987, 4 LPRA sec. 2001 et seq., el Reglamento
Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXIV, y los cánones del
Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. In re García
Cabrera,
201
DPR
902,
918
(2019); In
re
Palmer
Ramos,
195 DPR 245, 254–255 (2016); In re Vargas Velázquez [II],
193 DPR 681, 693 (2015).
En
particular,
el Artículo 2 de
la
Ley
Notarial
de
Puerto Rico, 4 LPRA sec. 2002, funda el principio de la fe
pública notarial:
El notario es el profesional del Derecho que
ejerce una función pública, autorizado para dar
fe y autenticidad conforme a las leyes, de los
negocios jurídicos y demás actos y hechos
extrajudiciales que ante él se realicen, sin
14
AB-2020-0020
perjuicio
de
lo
dispuesto
en
las
leyes
especiales. Es su función recibir e interpretar
la voluntad de las partes, dándole forma legal,
redactar las escrituras y documentos notariales a
tal fin y conferirle autoridad a los mismos. La
fe pública al notario es plena respecto a los
hechos que, en el ejercicio de su función
personalmente ejecute o compruebe y también
respecto a la forma, lugar, día y hora del
otorgamiento. Id.
Lo anterior obliga a los miembros de la profesión legal
juramentados como notarios o notarias a dar cumplimiento de
la función notarial que representa la fe pública y la ley
para todas las partes. In re Vázquez Margenat, 204 DPR 968
(2020). Al final de cuentas, el notario es un funcionario
público y un profesional del Derecho a la misma vez. In re
García Cabrera, 188 DPR 196, 207 (2013). Cabe destacar que
el notario, como funcionario público, “da fe de lo que ve,
oye
y
percibe
jurista,
por
autentica
sus
y
sentidos.
formula
Por
un
otro
juicio,
lado,
da
como
fuerza
probatoria a las declaraciones de voluntad de las partes en
instrumentos
y
documentos
públicos
que
debe
redactar
conforme a las leyes”. Id. págs. 207–208. Por tanto, “[e]s
evidente que el notario no
es un simple observador del
negocio jurídico que se realiza ante él”. In re González
Hernández, 190 DPR 164, 177 (2014).
Cuando un notario o notaria autoriza un instrumento
público
en
Puerto
Rico
tiene
cuatro
deberes
que
se
desprenden de nuestra jurisprudencia: primero, el notario o
notaria
debe
indagar
la
voluntad
de
los
otorgantes;
segundo, formular la voluntad indagada; tercero, investigar
ciertos hechos y datos de los que depende la eficacia o
15
AB-2020-0020
validez del negocio, y cuarto, darles a los otorgantes la
información,
que
aclaraciones
comprendan
el
y
advertencias
sentido,
así
como
necesarias
los
para
efectos
y
consecuencias, del negocio, y se den cuenta de los riesgos
que corren en celebrarlo. Chévere v. Cátala, 115 DPR 432,
438 (1984).
Como consecuencia de lo anterior, el Artículo 14 de la
Ley
Notarial,
4
LPRA
sec.
2032,
instituye
que
“[l]os
notarios redactarán las escrituras públicas de acuerdo con
la
voluntad
de
los
otorgantes
y
adaptándola
a
las
formalidades jurídicas necesarias para su eficacia”. A la
par, como parte de su función notarial, es necesario que
los
notarios
y
notarias
se
aseguren
de
obtener
el
consentimiento informado de los otorgantes, por medio de la
explicación, aclaración y advertencias necesarias.
In re
Torres Alicea, supra, pág. 461.
De
la
misma
manera,
el
Artículo
15(f)
de
la
Ley
Notarial, 4 LPRA sec. 2033, le indica al notario o notaria
el deber de consignar en la escritura, entre otras cosas,
“[h]aberles hecho de palabra a los otorgantes en el acto
del
otorgamiento
las
reservas
y
advertencias
legales
pertinentes. No obstante, se consignarán en el documento
aquellas
juicio
advertencias
prudente
del
que
por
notario,
su
importancia
detallarse
deban,
a
expresamente”.
Hemos hecho hincapié en que el notario “debe aplicar el
derecho
positivo
y
la
jurisprudencia
considerando,
a
su
vez, el contenido del negocio y las estipulaciones que se
16
AB-2020-0020
suscribirán
al
momento
de
decidir
qué
advertencias
debe
hacer constar”, y por lo tanto, “tiene la obligación ética
de
conocer
el
derecho
aplicable
al
asunto
ante
su
consideración”. In re Palmer Ramos, supra, pág. 256.
En vista de lo anterior, el encargo delegado a los
notarios y notarias va atado a unos deberes éticos que
debemos analizar.
B.
Incumplimiento
con
los
cánones
del
Código
de
Ética
Profesional,
supra,
Profesional
El Canon 18 del
Código
establece
el
deber
que
notarios
o
notarias
de
Ética
tienen
de
los
rendir
abogados
una
labor
y
abogadas
idónea
de
competencia y diligencia. In re Maldonado Maldonado, supra,
pág. 812. De esta manera, los notarios públicos demuestran
su
conocimiento
jurídico
por
medio
de
una
ejecución
correcta de sus funciones notariales. In re Torres Rivera,
204 DPR 1 (2020).
En múltiples instancias hemos repetido que el notario
y la notaria, con asepsia ética ejemplarizante, debe ser el
custodio
de
la
fe
pública
notarial
y,
como
tal,
debe
producir un instrumento público conforme a derecho. In re
Palmer
Ramos,
supra,
pág.
257.
Es
harto
conocido
en
la
comunidad notarial que el estudio de título no asegura que
hayan
sido
posterioridad
inscritas
a
la
fecha
otras
en
cargas
que
este
presentadas
se
con
realizó. In re
Torres Alicea, supra, pág. 461.
Los notarios y notarias tienen el deber de investigar
los
antecedentes
registrales
de
la
propiedad
antes
de
17
AB-2020-0020
otorgar la escritura pues si omitiese tal investigación o
si no la hiciese conforme a los más altos estándares de
diligencia
informar
y
competencia,
apropiadamente
incumpliría
a
los
con
su
deber
otorgantes. In
re
de
López
Maldonado, 130 DPR 863, 865–866 (1992). Por lo tanto, hemos
repetido
que
responsable
la
es,
falta
de
sí
misma,
en
investigación
una
apropiada
violación
a
la
y
Ley
Notarial de Puerto Rico. Id; In re Pagani Padró, supra, pág.
822; In re Aponte Berdecía, 161 DPR 94, 104 (2004).
De igual forma, hemos resuelto que un notario o una
notaria infringe el Canon 18 cuando autoriza un instrumento
sin corroborar las constancias registrales, pues con dicha
conducta incumple con su deber de verificar si la escritura
pública posee defectos que impidan su inscripción en el
Registro
de
la
Propiedad. In
págs. 925–926.
Esa
irrebatible
de
que
suficiente
con
conducta
el
re
activa
notario
relación
a
Cabrera,
García
supra,
una
presunción
no
tuvo
la
competencia
los
negocios
jurídicos
autorizados. In re Maldonado Maldonado, supra, pág. 813; In re
Vargas Velázquez, supra, pág. 694.
Además, los notarios están sujetos a lo dispuesto por
el Canon 19 del Código de Ética Profesional, supra, que
establece
que
“[e]l
abogado
debe
mantener
a
su
cliente
siempre informado de todo asunto importante que surja en el
desarrollo del caso que le ha sido encomendado”, lo que se
relaciona
con
información.
la
obligación
Es
decir,
de
que
todo
notario
constituye
un
de
prestar
elemento
“imprescindible en la relación fiduciaria que caracteriza
18
AB-2020-0020
el
vínculo
abogado-cliente”.
In
re
Pietri
Castellón,
185 DPR 982, 992 (2012). Por tanto, cuando un notario no
advierte
a
los
otorgantes
sobre
las
circunstancias
del
negocio jurídico y sus efectos, infringe también el Canon
19. Recordemos que en In re Maldonado Maldonado, supra,
pág.
818,
expresamos
que
un
notario
incumplió
con
este
canon al no mantener informada a la quejosa sobre el estado
de la presentación de una escritura. El notario tiene el
deber de “mantener a su cliente siempre informado de todo
asunto importante que surja en el desarrollo del caso que
le
ha
sido
encomendado”.
In
re
García
Cabrera,
supra,
pág. 928.
Asimismo, el Canon 38 del Código de Ética Profesional,
4 LPRA Ap. IX aplica a los notarios y notarias en Puerto
Rico. En lo pertinente, el canon dispone lo siguiente:
El abogado deberá esforzarse, al máximo de su
capacidad, en la exaltación del honor y dignidad
de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve
sacrificios personales y debe evitar hasta la
apariencia de conducta profesional impropia. En
su conducta como funcionario del tribunal, deberá
interesarse en hacer su propia y cabal aportación
hacia la consecución de una mejor administración
de la justicia. [...]
Por razón de la confianza en él depositada como
miembro de la ilustre profesión legal, todo
abogado, tanto en su vida privada como en el
desempeño de su profesión, debe conducirse en
forma digna y honorable. En observancia de tal
conducta, el abogado debe abstenerse en absoluto
de aconsejar y asesorar a sus clientes en otra
forma que no sea el fiel cumplimiento de la ley y
el respeto al poder judicial y a los organismos
administrativos.
Por
tanto,
si
la
controversia
versa
sobre
la
falta
de
competencia y diligencia por parte de un notario o notaria
19
AB-2020-0020
y al mismo tiempo, se maltrecha la fe pública notarial, se
viola también el canon 38. Hemos decretado que la violación
a
dicho
canon
“puede
ser
el
resultado
de
un
desempeño
profesional carente de la cautela y el celo que demanda la
función
pública
del
notario”.
In
re
Sepúlveda
Girón,
155 DPR 345, 363 (2001), In re Gordon Menéndez I, 171 DPR
210, 216 (2007).
C. Competencia aplicable
Para determinar el grado de competencia aplicable, es
necesario discutir cuál era el derecho que regía al momento
que
la
público
licenciada
Soto
objeto
controversia.
de
Aguilú
autorizó
En
el
instrumento
particular,
debemos
tener presente las disposiciones hipotecarias aplicables.
El artículo 63 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la
Propiedad de 1979, 30 LPRA sec. 2266 (derogada), vigente al
momento de la autorización de la Escritura Núm. 1 de 2007,
explica
la
responsabilidad
del
notario
por
omisiones
o
defectos en los instrumentos públicos del modo siguiente:
El notario o funcionario que por su falta
cometiere alguna omisión que impida inscribir el
acto o contrato, conforme a lo dispuesto en la
ley, subsanará prontamente, al ser requerido,
extendiendo a su costo un nuevo documento, si
fuere posible e indemnizando en todo caso a los
interesados de los perjuicios que les ocasion[e]
su falta.
Además, el artículo 58 de la referida legislación, en lo
pertinente, disponía que “[n]o se inscribirá el documento
de partición de bienes hereditarios o de transferencia o
gravamen
del
derecho
hereditario
si
antes
no
apareciere
previamente inscrito el derecho hereditario a nombre de los
20
AB-2020-0020
herederos”.
30
LPRA
sec.
2261.
Conjuntamente,
el
artículo 95 de dicho cuerpo legal disponía en parte que
“[e]l documento de la sucesión hereditaria, a los efectos
del Registro, es aquel que contiene el testamento o la
declaración de herederos abintestados, ya sea judicial o de
conformidad con la Ley Núm. 282 de 21 de agosto de 1999,
conocidas
como
la
“Ley
de
Asuntos
No
Contenciosos
Ante
Notario”. 30 LPRA sec. 2316.
Por añadidura, el Art. 887 del Código Civil de 1930,
31 LPRA sec. 2621 (derogado), disponía que el derecho de
representación es “el que tienen los parientes legítimos o
naturales
legalmente
reconocidos
de
una
persona
para
sucederle en todos los derechos que tendría si viviera o
hubiera podido heredar”. Id. Sin embargo, en Calimano v.
Calimano, 103 DPR 123 (1974), negamos aplicar la corriente
expansionista y no permitimos el derecho de representación
en la sucesión testada. En otras palabras, en la sucesión
testada, al no existir el derecho de representación, opera
la figura jurídica de la sustitución. Dado que el testador
solamente tiene la figura de la sustitución testamentaria
en los casos que puedan ocurrir potenciales vacantes de la
herencia, no procede, por ser innecesaria e inaplicable la
figura
de
la
representación.
Véase
Carrillo
Vázquez
v.
Rodríguez Cintrón, 202 DPR 714, 722 (2019).
Recordemos que el artículo 703 del Código Civil de
1930 establecía que “[p]uede el testador substituir una o
más personas al heredero o herederos instituidos para el
caso en que mueran antes que él, o no quieran, o no puedan
21
AB-2020-0020
aceptar la herencia”. 31 LPRA sec. 2301 (derogado). Además,
el propio artículo 875 en su inciso tres disponía que la
sucesión intestada tenía lugar “[c]uando falta la condición
puesta a la institución de heredero, o éste muere antes que
el testador, o repudia la herencia sin tener substituto y
sin
que
haya
lugar
al
derecho
de
acrecer”.
31
LPRA
sec. 2591 (derogado). En consecuencia, es un craso error
por parte de un notario dar fe de que una persona comparece
por
derecho
de
representación
en
una
sucesión
testamentaria.
Por otro lado, la Sección 3434 del Código de Rentas
Internas de 1994, que se encontraba vigente al momento de
los hechos, prohibía a los notarios autorizar escrituras
públicas de enajenación o venta de inmuebles del caudal
relicto
bruto
sin
que
se
hubiese
antes
obtenido
el
certificado de relevo de gravamen. Asimismo, a partir de
Feliciano v. Ross, 165 DPR 649, 664 (2005), establecimos
que “los notarios que otorguen una escritura de compraventa
sobre una propiedad inmueble deberán, como parte de las
advertencias que tienen el deber de hacer a los otorgantes,
informarles a éstos sobre la conveniencia de obtener una
certificación sobre deuda contributiva del CRIM”.
III.
Nos
Aguilú
corresponde
incumplió
Notarial,
supra,
determinar
si
la
licenciada
Soto
los
artículos
2,
14
y
15
de
la
Ley
los
artículos
58,
63
y
95
de
la
Ley
Hipotecaria de 1979, supra, la Sección 3434 del Código de
Rentas Internas de 1994, así como los Cánones 18, 19 y 38
22
AB-2020-0020
del Código de Ética Profesional, supra. Del expediente ante
nuestra consideración se desprende que la licenciada Soto
Aguilú infringió todos los artículos y cánones mencionados.
Veamos.
La notaria hizo constar en la escritura de compraventa
objeto de la queja que una de las herederas que componía la
parte vendedora, María Magdalena Torres Martínez, falleció
el
4
de
noviembre
de
2005,
luego
de
que
falleciera
el
titular de la propiedad. Por tal razón, consignó en la
escritura
que
al
acto
comparecía
su
hijo,
el
señor
Fernández Torres, como heredero del titular por un alegado
derecho de representación. Sin embargo, la notaria omitió
reconocer o describir en la escritura documento alguno que
acreditara
la
cualidad
Torres.
Particularmente,
señor
Fernández
de
Torres
heredero
fue
un
del
error
comparecía
señor
Fernández
consignar
por
que
el
derecho
de
representación cuando ese derecho no operaba en la sucesión
testamentaria al momento de los hechos.
Con base a lo
anterior, podemos decir con certeza que no comparecieron
como parte vendedora todos los integrantes de la Sucesión
Torres
Santiago,
sino,
personas
integrantes
de
dos
sucesiones.
Asimismo, la licenciada Soto Aguilú tenía el deber de
consignar el derecho hereditario de todos los miembros de
la
Sucesión
en
la
escritura.
Particularmente,
porque
el
inmueble estaba inscrito a nombre del causante, el señor
Torres Santiago, y no a nombre de la sucesión. Recordemos
que
la
escritura
pública
tiene
que
contener
el
negocio
23
AB-2020-0020
jurídico
que
motiva
su
otorgamiento
y
sus
antecedentes.
Artículo 15 de la Ley Notarial, supra. Lo anterior denota
falta de preparación e investigación al momento de otorgar
el
instrumento
público.
Además,
ante
la
omisión
de
acreditar los documentos que otorgaban la titularidad a los
vendedores y dado a la realidad contraria a lo dispuesto en
la Escritura Núm. 1 de 2007 podemos deducir con seguridad
una falta de cuidado y diligencia por parte de la notaria
al momento de autorizar la compraventa.
Por si fuera poco, la licenciada Soto Aguilú omitió
incluir
en
el
instrumento
público
la
fecha
del
fallecimiento del señor Torres Santiago; la descripción de
la copia certificada del certificado de defunción expedida
por
el
Registro
Demográfico
utilizado
para
constatar
la
información; los datos del testamento otorgado en vida por
el
señor
Torres
Santiago
así
como
los
pormenores
relacionados en la Certificación expedida por el Registro
de
Testamentos
de
la
ODIN;
las
particularidades
con
la
Declaración de Herederos o Testamento de María Magdalena
Torres Martínez, hija del señor Torres Santiago, así como
la información que certificara el hecho de que el señor
Fernández Torres era el único y universal heredero de ella;
y
los
datos
Registro.
de
Todo
inscripción
lo
anterior
de
ambas
constituye
instancias
una
Canon 18 del Código de Ética Profesional,
en
el
violación
al
supra, y los
artículos 2 y 15 de la Ley Notarial, supra.
Además,
la
licenciada
Soto
Aguilú
autorizó
el
instrumento público en controversia sin la correspondiente
24
AB-2020-0020
certificación de gravamen sobre el caudal relicto del señor
Torres Santiago y de María Magdalena Torres Martínez. Al
autorizar
dicha
escritura
sin
obtener
ambos
relevos
o
certificaciones, la
notaria
incumplió con la prohibición
establecida
Sección
3434
en
la
del
Código
de
Rentas
Internas de 1994, supra, vigente en ese entonces.
Asimismo, la notaria omitió seguir lo que ordenamos en
Feliciano
v.
Ross,
supra,
advertencias
sobre
la
es
decir,
prescindió
conveniencia
de
de
las
obtener
una
certificación sobre deuda contributiva del CRIM. Peor aún,
aseveró
en
la
escritura
que
la
propiedad
se
encontraba
libre de cargas y gravámenes lo que no era correcto pues,
surge
de
la
investigación
de
la
ODIN
que
el
inmueble
mantenía un gravamen o deuda contributiva con el CRIM. De
esta
manera,
la
licenciada
Soto
Aguilú
mancilló
la
fe
pública notarial al dar fe de un hecho que no es verdadero.
Es
por
ello
que
dicha
conducta
también
infringió
los
artículos 2 y 14 de la Ley Notarial, supra, y los cánones
18 y 38 del Código de Ética Profesional, supra.
Igualmente,
resaltamos
que
a
pesar
de
que
en
años
recientes la notaria realizó un acta de subsanación sobre
la referida escritura pública, no fue hasta que transcurrió
un
poco
más
instrumento
de
una
público
década
que
la
desde
la
licenciada
autorización
Soto
Aguilú
del
actuó
afirmativamente para atender el asunto. Desde el 2007 la
señora Burgos Correa le indicó a la licenciada Soto Aguilú
que no había podido inscribir su escritura de segregación
debido a que no se había podido inscribir la compraventa
25
AB-2020-0020
donde fungió como notaria. La notaria refirió a la señora
Burgos
Correa
atendieran
a
el
los
miembros
asunto.
No
de
fue
la
sucesión
hasta
el
para
que
que
la
2019
licenciada Soto Aguilú realizó gestiones afirmativas ante
el Departamento de Hacienda para atender este asunto. Como
consecuencia
de
infrigió
canon
el
lo
anterior,
19
del
la
Código
licenciada
Soto
de
Profesional,
Ética
Aguilú
supra.
IV.
Al determinar la sanción disciplinaria que se impondrá a
un abogado, abogada, notario o notaria, podemos considerar
los
siguientes
factores:
(1)
la
buena
reputación
del
abogado en la comunidad; (2) su historial previo; (3) si
esta constituye su primera falta y si ninguna
parte ha
resultado perjudicada; (4) la aceptación de la falta y su
sincero arrepentimiento; (5) si se trata de una conducta
aislada; (6) el ánimo de lucro que medió en su actuación;
(7)
resarcimiento
consideraciones,
al
ya
cliente,
bien
y
(8)
atenuantes
cualesquiera
o
agravantes,
otras
que
medien en relación con los hechos. In re Stacholy Ramos,
2021
TSPR
102
(2021).
Para
determinar
la
sanción
correspondiente es imprescindible velar por el principio de
proporcionalidad.
Del
expediente
ante
nos
surge
que
la
licenciada
Soto
Aguilú no había sido imputada de violación alguna a la Ley
Notarial
o
al
Reglamento
Notarial
en
un
proceso
disciplinario previo. No obstante, en el año 2019 se le
sancionó por incumplir los Cánones 21 y 38 del Código de
26
AB-2020-0020
Ética Profesional, supra. In re Soto Aguilú, 202 DPR 137
(2019). Ahora bien, es importante destacar que hasta el
momento el negocio jurídico celebrado todavía no ha ganado
acceso al Registro Inmobiliario Digital por los errores de
la
escritura.
Ello
constituye
un
perjuicio
a
terceros,
particularmente a la señora Burgos Correa.
V.
Por
los
fundamentos
expuestos,
se
decreta
la
suspensión inmediata de la Lcda. Roxanna I. Soto Aguilú del
ejercicio de la notaría por un término de un año. De igual
forma,
se
le
apercibe
de
su
deber
de
observar
de
forma
escrupulosa los principios deontológicos que se recogen en el
Código
de
Ética
Profesional.
También
le
apercibimos
que,
de
incurrir en otro acto que contravenga las normas antes señaladas,
estará sujeta a sanciones disciplinarias mucho más severas.
Se le ordena, además, a realizar a sus expensas todos los
trámites necesarios para viabilizar la inscripción de la
Escritura Núm. 1 de 2007.
Le ordenamos notificar a todas las personas que han
procurado
de
sus
servicios
notariales
de
su
inhabilidad
para atender los trabajos que tenía pendiente y devolverles
tanto
los
recibidos
expedientes
por
como
trabajos
no
los
honorarios
rendidos.
notariales
Además,
deberá
acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento
con lo anterior dentro del término de treinta (30) días, a
partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam y
Sentencia.
No
hacerlo
pudiera
conllevar
que
no
se
le
27
AB-2020-0020
reinstale al ejercicio de la profesión de la notaría al
solicitarlo en el futuro.
Asimismo,
se
le
ordena
al
Alguacil
de
este
Foro
incautar inmediatamente la totalidad de la obra y el sello
notarial
de
la
licenciada
Soto
Aguilú
y
entregarlos
al
Director de la Oficina de Inspección de Notarías para el
examen
e
informe
correspondiente.
En
virtud
de
su
suspensión inmediata del ejercicio de la notaría, la fianza
que garantiza las funciones notariales, de haber prestado
la
misma,
queda
automáticamente
cancelada.
La
fianza
se
considerará buena y válida por tres años después de su
terminación en cuanto a los actos realizados durante el
periodo en que ésta estuvo vigente.
Notifíquese.
Se dictará Sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Roxanna I. Soto Aguilú
(TS-15,568)
AB-2020-0020
Conducta
Profesional
Opinión disidente emitida por la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez a
la que se unió el Juez Asociado señor Estrella Martínez y el Juez
Asociado señoón Pérez
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de diciembre de 2021.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
Per Curiam que antecede, la cual se hace formar
parte de la presente Sentencia, decretamos la
suspensión inmediata de la Lcda. Roxanna I. Soto
Aguilú del ejercicio de la notaría por un término de
un año.
De igual forma, se le apercibe de su deber de
observar
de
forma
escrupulosa
los
principios
deontológicos que se recogen en el Código de Ética
Profesional. También le apercibimos que, de incurrir
en otro acto que contravenga las normas antes
señaladas, estará sujeta a sanciones disciplinarias
mucho más severas. Se le ordena, además, a realizar
a sus expensas todos los trámites necesarios para
viabilizar la inscripción de la Escritura Núm. 1
de 2007 que autorizó el 15 de marzo de 2007.
Le ordenamos notificar a todas las personas que
han procurado de sus servicios notariales de su
inhabilidad para atender los trabajos que tenía
pendiente y devolverles tanto los expedientes como
los honorarios notariales recibidos por trabajos no
AB-2020-0020
2
rendidos. Además, deberá acreditar y certificar ante este
Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término
de treinta (30) días, a partir de la notificación de esta
Opinión Per Curiam y Sentencia. No hacerlo pudiera
conllevar que no se le reinstale al ejercicio de la notaría
de solicitarlo en el futuro.
Asimismo, se le ordena al Alguacil de este Foro
incautar inmediatamente la totalidad de la obra y el sello
notarial de la licenciada Soto Aguilú y entregarlos al
Director de la Oficina de Inspección de Notarías para el
examen
e
informe
correspondiente.
En
virtud
de
su
suspensión inmediata del ejercicio de la notaría, la fianza
que garantiza las funciones notariales, de haber prestado
la misma, queda automáticamente cancelada. La fianza se
considerará buena y válida por tres años después de su
terminación en cuanto a los actos realizados durante el
periodo en que ésta estuvo vigente.
Notifíquese esta Opinión Per Curiam y Sentencia a la
Lcda. Roxanna I. Soto Aguilú.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo.
Javier O. Sepúlveda Rodríguez
Secretario del Tribunal Supremo