LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Derecho Constitucional y Derecho Electoral – El Presidente y la Presidenta Alterna de la Comisión Estatal de Elecciones pueden continuar desempeñando sus funciones, luego de culminar el término dispuesto en la ley, en virtud de la cláusula de continuidad indefinida establecida en el Código Electoral de 2020. Revocación de Nogueras v. Hernández Colón, 127 DPR 638 (1991).

2021 TSPR 160

Poder Judicial de Puerto Rico

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Derecho Constitucional y Derecho Electoral – El Presidente y la Presidenta Alterna de la Comisión Estatal de Elecciones pueden continuar desempeñando sus funciones, luego de culminar el término dispuesto en la ley, en virtud de la cláusula de continuidad indefinida establecida en el Código Electoral de 2020. Revocación de Nogueras v. Hernández Colón, 127 DPR 638 (1991).

CT-2021-14

Rosario Rodríguez v. Rosado Colomer

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Nelson Rosario Rodríguez, en su

carácter

oficial

de

Comisionado

Electoral

del

partido

Proyecto

Dignidad

Peticionario

v.

Hon. Francisco Rosado Colomer; Hon.

Jessika Padilla Rivera

Recurridos

Vanessa Santo Domingo, en su carácter

de Comisionada Electoral del Partido

Nuevo Progresista (PNP); Ramón A.

Torres Cruz, en su carácter de

Comisionado Electoral del Partido

Popular Democrático (PPD); Roberto

Iván Aponte Berríos, en su carácter

de Comisionado Electoral del Partido

Independentista

Puertorriqueño

(PIP); Lillian Aponte Dones, en su

carácter de Comisionada Electoral

del

Partido

Movimiento

Victoria

Ciudadana (MVC), y el Hon. Pedro

Pierluisi Urrutia, en su carácter de

Gobernador de Puerto Rico

Partes con Interés

Número del Caso:

CT-2021-14

Fecha: 27 de diciembre de 2021

Abogado del Comisionado Electoral

de Proyecto Dignidad:

Por derecho Propio

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Fernando Figueroa Santiago

Procurador General

Lcdo. Omar Andino Figueroa

Subprocurador General

Lcda. Mariola Abreu Acevedo

Procuradora General Auxiliar

2021 TSPR 160

208 DPR ____

CT-2021-14

2

Abogados de la parte Amicus Curiae:

Senado de Puerto Rico

Lcdo. Víctor Candelario Vega

Lcda. Alejandra M. Arnaldy Figueroa

Abogados de las Partes con Interés:

Comisionado Electoral del

Partido Independentista Puertorriqueño

Lcdo. Juan Manuel Mercado Nieves

Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista

Lcdo. Francisco J. González Magaz

Comisionada Electoral de

Movimiento Victoria Ciudadana

Lcdo. Manuel A. Rodríguez Banchs

Lcda. Yanisse P. Caudrado-Ruiz

Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático

Lcda. Naomy N. Ruiz Ruiz

Lcdo. José Efraín Hernández Acevedo

Materia: Derecho Constitucional y Derecho Electoral – El Presidente

y la Presidenta Alterna de la Comisión Estatal de Elecciones pueden

continuar desempeñando sus funciones, luego de culminar el término

dispuesto en la ley, en virtud de la cláusula de continuidad

indefinida establecida en el Código Electoral de 2020.

Revocación

de Nogueras v. Hernández Colón, 127 DPR 638 (1991).

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal.

Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Nelson Rosario Rodríguez, en su

carácter oficial de Comisionado

Electoral del partido Proyecto

Dignidad

Peticionario

v.

Hon. Francisco Rosado Colomer;

Hon. Jessika Padilla Rivera

Recurridos

Vanessa Santo Domingo, en su

carácter

de

Comisionada

Electoral del Partido Nuevo

Progresista (PNP); Ramón A.

Torres Cruz, en su carácter de

Comisionado

Electoral

del

Partido

Popular

Democrático

(PPD);

Roberto

Iván

Aponte

Berríos, en su carácter de

Comisionado

Electoral

del

Partido

Independentista

Puertorriqueño (PIP); Lillian

Aponte Dones, en su carácter de

Comisionada

Electoral

del

Partido

Movimiento

Victoria

Ciudadana (MVC), y el Hon. Pedro

Pierluisi

Urrutia,

en

su

carácter

de

Gobernador

de

Puerto Rico

CT-2021-14

Partes con Interés

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor

FELIBERTI CINTRÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de diciembre de 2021.

The doctrine of stare decisis “is at its weakest

when we interpret the Constitution because a

mistaken judicial interpretation of that supreme

law is often practically impossible to correct

through other means.”

(Cita depurada).

Ramos

v. Louisiana, 140 S. Ct. 1390, 1405 (2020).

CT-2021-14

La

2

controversia

circunscribe

a

planteada

determinar

si

en

este

recurso

se

los

funcionarios

que

actualmente ocupan los cargos de Presidente y Presidenta

Alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) pueden

continuar desempeñando sus funciones legalmente, luego de

culminar el término dispuesto en la ley, en virtud de una

cláusula de continuidad indefinida.

Esto, a la luz del

límite jurisprudencial impuesto en Nogueras v. Hernández

Colón,

127

DPR

638

(1991)

(Per

Curiam)

(en

adelante,

Nogueras II),1 sobre la duración máxima de este tipo de

cláusula.

Treinta (30) años después de haber sido resuelto,

y por los fundamentos que exponemos a continuación, tenemos

la oportunidad de rectificar dicho precedente y adelantamos

que revocamos el mismo resolviendo que una cláusula de

continuidad indefinida constituye un mecanismo legislativo

válido

para

Gobierno.

vindicar

los

institucionales

del

Como resultado, los funcionarios incumbentes en

cuestión

pueden

continuar

sucesores

sean

nombrados

dispone la ley.

1

intereses

en

y

sus

tomen

cargos

hasta

posesión,

tal

que

sus

y

como

Veamos.

La determinación en Nogueras v. Hernández Colón, 127 DPR 638 (1991)

(Per Curiam) (en adelante, Nogueras II) no sólo fue ampliamente

criticada por algunos de los miembros de este propio Tribunal, sino por

miembros de la Academia también. Véanse, por ejemplo: el Voto preliminar

emitido por el Juez Asociado señor Negrón García el 10 de septiembre de

1990, Nogueras II, supra, págs. 655-679; la Opinión disidente emitida

por el Juez Asociado señor Negrón García el 16 de enero de 1991, Nogueras

II, supra, págs. 679-688; la Opinión disidente emitida por el Juez

Asociado señor Rebollo López el 5 de febrero de 1991, Nogueras II,

supra, págs. 688-698, y J.J. Álvarez González, Derecho constitucional,

61 Rev. Jur. UPR 637, 680-719 (1992).

CT-2021-14

3

I

El 30 de junio de 2021 fue el último día de la primera

Sesión Ordinaria de la Asamblea Legislativa.

Al culminar

la misma, vencieron los términos del Hon. Francisco Rosado

Colomer

y

de

la

Hon.

Jessika

Padilla

Rivera

en

sus

respectivos cargos como Presidente y Presidenta Alterna de

la CEE (recurridos).

Posteriormente, el 16 de noviembre de 2021, se levantó

la segunda Sesión Ordinaria de la Asamblea Legislativa y el

Senado

de

Puerto

designaciones

a

Rico

los

(Senado)

cargos

de

no

actuó

Presidente

sobre

y

las

Presidente

Alterno de la CEE presentadas por el Gobernador de Puerto

Rico, el Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia (Gobernador).

El 23 de noviembre de 2021, el Lcdo. Nelson Rosario

Rodríguez, en su carácter oficial como Comisionado Electoral

del partido Proyecto Dignidad (peticionario o Comisionado

Electoral de Proyecto Dignidad), presentó una Demanda sobre

sentencia

declaratoria

ante

el

Tribunal

Instancia, Sala Superior de San Juan.

de

Primera

Según razonó, luego

de vencer el término de los recurridos y tras concluir la

Sesión

Ordinaria

nombramientos

en

posterior

a

cuestión,

los

la

expiración

cargos

de

de

los

Presidente

y

Presidente Alterno de la CEE quedaron vacantes.

En

ese

actuaciones

sentido,

el

de

[recurridos]

los

peticionario

a

sostiene

partir

del

que

“las

[16]

de

noviembre de 2021, por realizarse luego de expirado el

término

constitucionalmente

permitido,

dejan

de

ser

CT-2021-14

4

oficiales, las determinaciones son nulas y perjudican toda

la gestión de la CEE”.2

Así pues, aduce que después de esta

fecha, “la CEE no p[odía] celebrar sus reuniones presididas

por un [P]residente y la [A]gencia est[aba] acéfala de

dirección”.3

De esta forma, solicitó que el Tribunal de

Primera Instancia declarara vacantes los referidos cargos.

El 3 de diciembre de 2021, el Comisionado Electoral de

Proyecto Dignidad presentó un recurso de Certificación ante

este

Tribunal

en

el

cual

sostiene

que

el

periodo

de

continuidad de los incumbentes recurridos en sus cargos sólo

podía

extenderse

hasta

el

cierre

de

Ordinaria de la Asamblea Legislativa.

la

pasada

Sesión

Por ende, aduce que

los cargos de Presidente y Presidente Alterno de la CEE

quedaron vacantes el 16 de noviembre de 2021.

Así, arguye

que las actuaciones de estos funcionarios, luego de la fecha

señalada, son nulas por haber vencido sus nombramientos.

Luego, el 6 de diciembre de 2021, emitimos una Resolución

mediante

la

procedimientos

cual

ordenamos

ante

el

foro

la

de

paralización

instancia

y

de

los

concedimos

término a todas las partes para expresarse.

El 9 de diciembre de 2021, el Senado -representado por

su Presidente, el Hon. José Luis Dalmau Santiago- presentó

2

Véase Demanda ante el Tribunal de Primera Instancia, Caso Núm.

SJ2021CV07763, Apéndice del recurso de Certificación, pág. 4.

Valga

señalar que el Lcdo. Nelson Rosario Rodríguez (peticionario o

Comisionado Electoral de Proyecto Dignidad) aclaró que en la aseveración

12 de la Demanda se alegó erróneamente que “[la] sesión legislativa

concluyó el 18 de noviembre de 2021”. Véase recurso de Certificación,

pág. 3 esc. 1.

3

Demanda ante el Tribunal de Primera Instancia, Apéndice del recurso

de Certificación, pág. 4.

CT-2021-14

5

una Moción solicitando autorización para comparecer como

amicus

curiae.

Este

Tribunal

declaró

ha

lugar

dicha

solicitud el 13 de diciembre de 2021.4

Contando con la comparecencia de todas las partes, nos

encontramos en posición de resolver la controversia ante

nuestra consideración y atendemos el recurso de epígrafe sin

trámite

ulterior

en

conformidad

de

la

Regla

50

del

Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B.

II

A.

El recurso de certificación intrajurisdiccional

El recurso de certificación intrajurisdiccional es un

mecanismo procesal discrecional.

Véase Pierluisi et al. v.

CEE et al., 204 DPR 841, 853 (2020) (citando a Senado de PR

v. ELA, 203 DPR 62, 69 (2019)).

Éste puede ser expedido a

iniciativa propia o a solicitud de parte para elevar de

inmediato ante la consideración de este Foro todo asunto

pendiente

ante

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

o

el

Tribunal de Apelaciones cuando se plantean, entre otros

factores, “cuestiones de alto interés público que incluyen

un

asunto

constitucional

sustancial

al

amparo

Constitución de Puerto Rico o de Estados Unidos”.

depurada).

de

la

(Cita

Pierluisi et al. v. CEE et al., supra.5

4

En cuanto a la Urgente comparecencia especial presentada el 16 de

diciembre de 2021 por la Oficina del Procurador General de Puerto Rico,

en representación del Hon. Francisco Rosado Colomer y de la Hon. Jessika

Padilla Rivera como Presidente y Presidenta Alterna de la Comisión

Estatal de Elecciones respectivamente, proveemos No Ha Lugar a la misma.

5

Véanse, además: Art. 3.002 de la Ley Núm. 201-2003, conocida como

Ley de la Judicatura de 2003, 4 LPRA sec. 24s(f); Art. 13.1 del Código

Electoral de Puerto Rico de 2020, Ley Núm. 58-2020 (Código Electoral de

2020); Regla 52.2(d) de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V;

CT-2021-14

6

El auto de certificación intrajurisdiccional ha sido

utilizado

por

este

Tribunal

“‘para

atender

asuntos

que

requieren urgente solución, ya sea porque se afecta la

administración de la justicia o porque el asunto es de tal

importancia que exige una pronta atención’”.

Pierluisi

et al. v. CEE et al., supra, pág. 854 (citando a PIP v. ELA,

186 DPR 1, 9 (2012); UPR v. Laborde Torres y otros, 180 DPR

253, 272-273 (2010)).

En ese sentido, hemos expresado que

“este mecanismo es de vital importancia y utilidad cuando

se cuestiona la legitimidad de los procesos democráticos y

nuestras instituciones”.

(Negrillas suplidas).

Pierluisi

et al. v. CEE et al., supra, pág. 854.

Debido a la naturaleza excepcional de este mecanismo, se

requiere

que,

al

analizar

si

procede

su

expedición,

consideremos los factores siguientes: “(1) la urgencia,

(2) la etapa en que se encuentran los procedimientos, (3)

la necesidad que puede presentarse de recibir prueba, y (4)

la complejidad de la controversia”.

Rivera Schatz v. ELA y

C. Abo. PR II, 191 DPR 791, 849 (2014).

B.

La sentencia declaratoria

Hemos

definido

la

sentencia

declaratoria

como

un

“mecanismo remedial y profiláctico que permite anticipar la

dilucidación de los méritos de cualquier reclamación ante

los tribunales, siempre y cuando exista un peligro potencial

Regla 24 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B. Véase,

también, R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: derecho

procesal civil, 6ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2017, Sec. 5623, pág.

574.

CT-2021-14

7

contra quien la solicita”.

Senado de PR v. ELA, supra,

pág. 71 (citando a Alcalde de Guayama v. ELA, 192 DPR 329,

333 (2015)).

Este mecanismo está disponible aunque existan

otros remedios y tiene la eficacia de una sentencia o

resolución definitiva.

Senado de PR v. ELA, supra, pág. 71.

Así pues, “[l]a sentencia declaratoria es aquella que se

dicta en un proceso en el cual los hechos alegados demuestran

que existe una controversia sustancial entre partes que

tienen intereses legales adversos, sin que medie lesión

previa

de

los

mismos

con

incertidumbre

jurídica

y

R.

Colón,

Hernández

el

propósito

contribuir

Práctica

de

disipar

a

la

paz

Jurídica

de

Puerto

la

social”.

Rico:

derecho procesal civil, 6ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis,

2017, Sec. 6001, pág. 623.

C. El Código Electoral de Puerto Rico de 2020

La Ley Núm. 58-2020, conocida como el Código Electoral

de Puerto Rico de 2020 (Código Electoral de 2020), 16 LPRA

sec. 4501 et seq., fue aprobada el 20 de junio de 2020.

Ésta denomina al sistema electoral como “una inversión vital

para garantizar la democracia en Puerto Rico”.

de Motivos del

Código Electoral

de 2020,

Exposición

pág.

4.

De

conformidad con lo anterior, esta ley reconoce que la CEE

“tiene

que

continuo

y

ser

una

agencia

disponible

para

pública

en

funcionamiento

coordinar

cualquier

evento

electoral que se le ordene por ley en o fuera del año de

elecciones generales”.

(Negrillas suplidas).

Íd.

Así,

este estatuto procura garantizar “la continuidad operacional

CT-2021-14

8

de la CEE adoptando nuevas condiciones para modernizar a

esta agencia, hacerla menos costosa y más eficiente sin

sacrificar el derecho del pueblo soberano a ser convocado

en cualquier momento para ejercer su derecho al voto cuando

fuese necesario, según se desprende de la Constitución”.

Íd.

La CEE es el ente “responsable de planificar, organizar,

dirigir

y

supervisar

el

organismo

electoral

y

los

procedimientos de naturaleza electoral que, conforme [al

Código

Electoral

de

2020]

y

a

las

leyes

federales

aplicables, rijan en cualquier [v]otación a realizarse en

Puerto Rico”.

Art. 3.2 del Código Electoral de 2020, 16

LPRA sec. 4512.

El Código Electoral de 2020 cataloga a la

CEE

“organismo

como

un

colegiado,

deliberativo

y

adjudicativo”, y establece que “los miembros propietarios

de la Comisión con voz y voto serán un Presidente; un mínimo

de dos (2) y hasta un máximo de tres (3) Comisionados

Electorales propietarios en representación de cada partido

estatal principal con franquicia electoral después de la

elección general más reciente […]”.

Art. 3.1 (2)(a) del

Código Electoral de 2020, 16 LPRA sec. 4511.

Asimismo,

dispone que, como parte de los miembros ex officio de la

CEE, se encuentra el Presidente Alterno, quien tendrá voz,

pero no voto

representación.

2020, supra.

a

menos que

el

Presidente le

delegue su

Art. 3.1 (2)(b) del Código Electoral de

CT-2021-14

De

9

esta

forma,

administrativa

de

la

la

autoridad

CEE

es

su

máxima

ejecutiva

Presidente,

quien

y

es

“responsable de supervisar los servicios, los procesos y los

eventos electorales en un ambiente de absoluta pureza e

imparcialidad”.

Art. 3.8 del Código Electoral de 2020,

16 LPRA sec. 4518.

Entre los deberes y las facultades del

Presidente de la CEE se encuentran los siguientes:

(1) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y los

propósitos de este subtítulo, la Constitución de

Puerto Rico y de Estados Unidos de América, de las

leyes que ordenen o instrumenten cualquier tipo de

proceso electoral o [v]otación y de los reglamentos

electorales que, por virtud de ley, sean aprobados

por la Comisión y los acuerdos unánimes de los

Comisionados Electorales.

(2) Representar a la Comisión ante cualquier foro o

entidad pública y privada; y ser su principal

portavoz institucional.

(3) Aprobar las reglas, los reglamentos y los planes

que sean necesarios para la administración y las

oficinas administrativas de la Comisión. Estos

reglamentos administrativos deberán publicarse en

la página cibernética de la Comisión.

.

.

.

.

.

.

.

.

Art. 3.8 del Código Electoral de 2020, 16 LPRA sec.

4518.

De

otro

lado,

en

cuanto

a

los

nombramientos

del

Presidente y del Presidente Alterno de la CEE, el Art. 3.7

del Código Electoral de 2020, 16 LPRA sec. 4517, dispone

-en lo pertinente- lo siguiente:

(1) Los Comisionados Electorales propietarios

nombrarán un Presidente y un Alterno al Presidente

conforme a este subtítulo, quienes actuarán como

representantes del interés público en la Comisión.

Se requerirá la participación de todos los

Comisionados Electorales propietarios y el voto

unánime de estos para hacer los nombramientos de

los cargos de Presidente y Alterno al Presidente.

CT-2021-14

10

(2) El Presidente y el Alterno al Presidente serán

nombrados no más tarde del primero (1ro) de julio

del año siguiente a una elección general. El

término para los cargos antes mencionados será de

cuatro (4) años a partir de esa fecha, hasta que

los sucesores sean nombrados y tomen posesión del

cargo.

(3) Corresponderá al Comisionado Electoral del

Partido Estatal de Mayoría, cuyo partido hubiere

obtenido en la anterior elección general la mayor

cantidad de votos íntegros en la papeleta estatal

del total de votos válidos emitidos en esa

papeleta, proponer a los restantes Comisionados

propietarios el o los nombres de los candidatos a

los cargos de Presidente y de Alterno al

Presidente. Si al término de treinta (30) días

naturales de haber surgido una vacante en el cargo

de Presidente y/o del Alterno del Presidente no se

lograra

la

unanimidad

de

los

comisionados

electorales propietarios para cubrir la vacante,

entonces el Gobernador deberá hacer el nombramiento

del o los candidatos para cubrir el o los cargos

vacantes […]. (Subrayado y negrillas suplidos).

Entonces, vemos que el precitado artículo dispone una

cláusula de continuidad aplicable a los nombramientos del

Presidente y Presidente Alterno de la CEE.

Ciertamente, tal

precepto es cónsono con la finalidad de este estatuto de

mantener a la CEE en un funcionamiento continuo, de manera

que pueda estar disponible para coordinar cualquier evento

electoral ordenado por ley, ya sea en o fuera del año de

elecciones generales.

D.

La cláusula de continuidad indefinida

La

cláusula

de

continuidad

-también

conocida

como

cláusula de holding over- es un mecanismo que asegura que

un

funcionario

designado

por

un

término

fijo

de

años

continúe en el cargo al finalizar el periodo para el cual

fue

designado.

Actualmente,

estas

cláusulas

pueden

CT-2021-14

11

encontrarse en múltiples leyes vigentes e incluso en la

Constitución de Puerto Rico respecto a otros funcionarios.6

En

el

pasado,

importancia

que

hemos

sido

tiene

consistentes

este

tipo

de

al

reconocer

cláusula

para

la

la

continuidad de las funciones gubernamentales.

En el caso González v. Corte, 62 DPR 160 (1943), este

Tribunal tuvo la oportunidad de expresarse por primera vez

sobre la utilidad de la cláusula de continuidad en nuestra

6

A manera de ejemplo, citamos las disposiciones siguientes:

El Art. III, Sec. 22, Const. PR, LPRA, Tomo 1, establece que: ”[h]abrá

un Contralor que será nombrado por el Gobernador con el consejo y

consentimiento de la mayoría del número total de los miembros que

componen cada Cámara. El Contralor reunirá los requisitos que se

prescriban por ley; desempeñará su cargo por un término de diez años y

hasta que su sucesor sea nombrado y tome posesión”.

(Negrillas

suplidas).

Por su parte, el Art. 2.2 de la Ley de Ética Gubernamental de Puerto

Rico de 2011, Ley Núm. 1-2012, 3 LPRA sec. 1855a, dispone que “[l]a

Oficina es administrada por la Dirección Ejecutiva nombrada por el

Gobernador, sujeto al consejo y consentimiento del Senado y de la Cámara

de Representantes, por un término de diez (10) años o hasta que su

sucesor sea nombrado y tome posesión”. (Negrillas suplidas).

Mientras, el Art. 10(3) de la Ley de la Oficina del Panel sobre el

Fiscal Especial Independiente, Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988,

3 LPRA sec. 99q, expone que:

[l]os miembros del Panel servirán por un término de diez

(10) años al cabo del cual podrán ser nuevamente designados

por un término adicional de igual duración. Las personas

designadas no podrán ser nombradas por más de un término

consecutivo. En caso de que surja una vacante antes de

expirar el término de diez (10) años, el nuevo nombramiento

se extenderá por el término de diez (10) años. Los términos

que sirvan los miembros alternos no se contarán en su contra

en caso de que sean designados miembros en propiedad. Los

nombramientos cuyo término expire continuarán en función

hasta que su sucesor sea nombrado y tome posesión de su

cargo.

Este término de diez (10) años se extenderá a los

miembros del Panel que a la fecha de la aprobación de esta

ley estén en sus cargos, y se computará a partir de la fecha

en que éstos prestaron su juramento, una vez confirmados

por el Senado y la Cámara de Representantes.

(Negrillas

suplidas).

De igual manera, el Art. 4 de la Ley Núm. 20-2001, conocida como la

Ley de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, 1 LPRA sec. 312,

expresa que: “[l]a Procuradora de la Mujer será nombrada por un término

de diez (10) años hasta que su sucesora sea nombrada y tome posesión

del cargo”. (Negrillas suplidas).

CT-2021-14

12

jurisdicción.7

Allí

señalamos

que

las

cláusulas

de

continuidad tienen dos (2) propósitos, a saber:

(1) retener en todo momento en el cargo a

una persona que ha sido nombrada con el

consejo

y

consentimiento

del

Senado,

incluyendo el período después de que su

término ha expirado, hasta que el Senado

pueda reunirse y concurrir con el Gobernador

en volverlo a nombrar o elegir su sucesor;

(2) evitar vacantes que la ley aborrece, toda

vez que entorpecen la continuación de la

administración de los asuntos públicos.

González v. Corte, supra, pág. 165.

Bajo

ese

marco

legal,

determinamos

que

cuando

un

funcionario ocupa el cargo en virtud de una cláusula de

continuidad indefinida, luego de expirar su término fijo de

nombramiento,

no

pudiese

cubrir

González

v.

existe

una

mediante

Corte,

supra,

vacante

un

que

el

nombramiento

pág.

165.

Gobernador

de

receso.

Véase,

además,

J.J. Álvarez González, Derecho constitucional de Puerto Rico

y

relaciones

constitucionales

con

los

Estados

Unidos,

Bogotá, Ed. Temis, 2009, pág. 301.

Posteriormente, con relación a un miembro de la Comisión

Hípica,

reiteramos

que

“[b]ajo

un

estatuto

que

específicamente contenía una cláusula de ‘holding over’ como

7

En ese caso, luego de evaluar el trato que se había dado por otros

estados a las cláusulas de continuidad, reconocimos que “los casos en

otras jurisdicciones descansan tan fuertemente en peculiaridades locales

de estatutos y constitución y en la diferencia entre funcionarios

electivos y por nombramiento, que e[ra] difícil determinar cuán

persuasivos [eran] en nuestro caso”. González v. Corte, 62 DPR 160,

170 (1943). Sin embargo, por considerar que es a la Asamblea Legislativa

a quien le corresponde establecer este tipo de cláusulas “preferimos

seguir los [casos] de [estados] [como] Connecticut, Carolina del Sur y

Pensilvania”. González v. Corte, supra, pág. 175.

CT-2021-14

13

la a[ll]í envuelta, un funcionario cuyo término ha[bía]

expirado pero que contin[uaba] en el cargo porque su sucesor

todavía no ha[bía] sido nombrado, e[ra] un funcionario de

jure”.

(Negrillas suplidas).

López v. Tribunal Superior,

79 DPR 20, 23 (1956) (haciendo referencia a González v.

Corte, supra, págs. 164-165; Acosta v. Corte, 63 DPR 651

(1944)).

Por

ende,

concluimos

que

“[e]l

lenguaje

del

[estatuto] no requ[ería] un resultado tan funesto que dejara

a la comunidad durante cierto período sin una Comisión

legal”.

(Cita omitida).

pág. 24.

López v. Tribunal Superior, supra,

Luego, en J.R.T. v. Milares Realty, Inc., 90 DPR

844, 858-859 (1964), este Tribunal reafirmó que -en ausencia

de una cláusula de continuidad- el cargo de Presidente de

la Junta de Relaciones del Trabajo se encontraba vacante al

finalizar su término.

No obstante, este Foro sostuvo la

validez de sus actuaciones bajo la doctrina de funcionario

de facto.8

Íd.

Finalmente, y a pesar del desarrollo jurisprudencial

sobre las cláusulas de continuidad, en Nogueras II este

Tribunal expresó que “[l]a indefinición en el término de

duración de una incumbencia holding over atenta[ba] contra

8

Hemos definido la doctrina de funcionario de facto como “un principio

de derecho que imparte validez a los actos oficiales de personas que,

so color de autoridad, ejercen cargos que existen legalmente y en los

cuales el público o terceras personas están interesados, cuando el

cumplimiento de tales actos oficiales es para beneficio del público o

de terceras personas, y no para su beneficio personal”. Fernández v.

Corte, 71 DPR 161, 181 (1950).

Asimismo, hemos indicado que “[l]a

necesidad de esta doctrina es manifiesta: sería irrazonable exigirle al

público que investigue de antemano el título de los funcionarios con

quienes se propone tratar, con el fin de averiguar si se puede confiar

o no en la autoridad que asumen”. Íd.

CT-2021-14

14

el equilibrio que intenta mantener la Constitución en lo que

respecta al ejercicio de nombramiento compartido por la Rama

Ejecutiva y la Legislativa”.

En esa ocasión, alejándose del

marco jurisprudencial forjado hasta ese entonces, este Foro

señaló que “el término de duración del período posterior a

la expiración del término del incumbente (holding over) en

virtud

de

la

ilimitado”.

En

el

llamada

cláusula

de

continuidad

no

e[ra]

Íd., pág. 652.

referido

caso,

por

analogía,

este

Tribunal

descansó en Hernández Agosto v. López Nieves, 114 DPR 601

(1983) (donde establecimos un término máximo de duración a

los

nombramientos

nombramientos

permisible

de

interinos

receso)

respecto

a

para

las

fundamentado

fijar

el

cláusulas

Nogueras II, supra, pág. 677.

en

término

de

los

máximo

continuidad.

Véase, además, J.J. Álvarez

González, Derecho constitucional, 61 Rev. Jur. UPR 637, 705

(1992).

Al así actuar, no advertimos que la cláusula de

continuidad no es un ejercicio del poder de nombramiento,

sino un mecanismo diseñado para que sea un funcionario

debidamente nombrado el que permanezca en el cargo hasta

tanto

las

consenso.

Ramas

Ejecutiva

y

Legislativa

lleguen

a

un

Es decir, la cláusula de continuidad responde a

una elección de política pública alcanzada por las ramas

políticas de gobierno.

De esta forma, en el precitado caso

se determinó que el término de una cláusula de continuidad

“se

extendería

hasta

que

su

sucesor

tome

posesión

del

cargo[,] pero nunca después de finalizada la próxima sesión

CT-2021-14

15

legislativa

siguiente

a

dicha

expiración”.

suplidas).

Nogueras II, supra, págs. 652-653.

(Negrillas

Como mencionamos anteriormente, la decisión de Nogueras

II fue ciertamente objeto de múltiples críticas no sólo por

parte de varios miembros de este Tribunal,9 sino por la

Academia también.10

Sobre la fragilidad de sus fundamentos,

citamos in extenso al profesor José Julián Álvarez González:

No cabe duda de que Hamilton, correctamente,

explicó que el mecanismo de nombramiento de

receso es uno secundario, subordinado al

método

principal

que

requiere

la

participación del primer ejecutivo y el

9

En esa línea, por ejemplo, el Juez Asociado señor Negrón García

emitió una Opinión disidente en la cual expresó que:

[m]ediante esa avenida decisoria, inexplicablemente la

mayoría ignor[ó] y revoc[ó] toda la doctrina sobre la

cláusula de continuidad establecida desde González v. Corte,

62 D.P.R. 161 (1943); Acosta v. Corte, 63 D.P.R. 651 (1944);

Fernández v. Corte, 71 D.P.R. 161 (1950); López v. Tribunal

Superior, 79 D.P.R. 20 (1956); J.R.T. v. Milares Realty,

Inc., 90 D.P.R. 844 (1964), hasta Betancourt v. Gobernador,

119 D.P.R. 435 (1987). Véase Nogueras II, supra, págs. 680681.

(Opinión disidente del Juez Asociado señor Negrón

García).

Según señaló el Juez Asociado señor Negrón García, “el único

fundamento en que se fund[ó] la mayoría para la nueva visión sobre la

cláusula de continuidad [fue] el ‘poder compartido’ entre el Ejecutivo

y el Senado, expuesto en Hernández Agosto v. López Nieves, supra”.

Nogueras II, supra, págs. 686. (Opinión disidente del Juez Asociado

señor Negrón García).

Por consiguiente, según esbozó, “igualar los

efectos de la cláusula de continuidad judicial a la situación distinta

de interinato sobrepasa[ba] [toda] imaginación”. Íd.

10

En lo pertinente, el profesor José Julián Álvarez González comentó

lo siguiente:

Mediante la decisión en Nogueras II el Tribunal Supremo

prohibió a la Asamblea Legislativa cambiar de opinión,

liquidó todas las cláusulas de continuidad indefinida

existentes para todo cargo público que requiera confirmación

senatorial, legisló una cláusula de continuidad de término

variable, en ocasiones menor que el que dispuso la Ley 17,

y congeló su dictamen en la Constitución.

El poder real

del Gobernador en el proceso de nombramientos es hoy mucho

mayor que el del Senado. Y eso no se debe a consideraciones

de realpolitik, como fue el caso en la era de Muñoz Marín,

ni a un error legislativo corregible, como ocurrió con la

Ley 17.

El desbalance entre los poderes políticos,

favorable

al

Gobernador,

es

parte

del

designio

Constitucional. O al menos eso cree el Tribunal Supremo.

(Subrayado y negrillas suplidos). J.J. Álvarez González,

Derecho constitucional, 61 Rev. Jur. UPR 637, 719 (1992).

CT-2021-14

16

Senado.

Pero la aseveración sobre la

similaridad de la cláusula de continuidad

con el nombramiento de receso no es

atribuible a Hamilton. Se trata de un ipse

dixit11 del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

No conozco ninguna otra autoridad que haya

sugerido esto, y el Tribunal no presentó

ninguna.

El ipse dixit del Tribunal no sólo está

huérfano de apoyo, sino que es claramente

equivocado.

La incumbencia en un cargo

mediante una cláusula de continuidad no es,

contrario a lo que sostuvo el Tribunal, un

nombramiento o un ejercicio del poder de

nombramientos. Todo lo contrario. Se trata

de un mecanismo diseñado para evitar una

vacante y, por lo tanto, para evitar un

nombramiento de receso.

Mediante la

inclusión de una cláusula de continuidad[,]

el legislador se asegura de que el primer

ejecutivo tendrá que contar con el Senado

para hacer un nombramiento, es decir, tendrá

que

utilizar

“el

medio

primario”

de

nombramientos.

J.J. Álvarez González,

Derecho constitucional, supra, pág. 706

esc. 321.

El profesor Álvarez González razonó que era innecesario

que el Tribunal se adentrara en el pantano constitucional

al que se arrojó.

Véase J.J. Álvarez González, Derecho

constitucional, supra, pág. 685.

En contraste, “la solución

más apropiada de Nogueras II sólo requería reconocer que la

cláusula de continuidad no existía en protección de los

jueces, sino de la función del Senado en el proceso de

nombramientos y del funcionamiento eficiente del gobierno”.

(Negrillas suplidas).

11

Íd., pág. 694.

El término ipse dixit se refiere a “[s]omething asserted but not

proved”. B.A. Garner, Black’s Law Dictionary, 9na ed., St. Paul, Minn.,

West Pub. Co., 2009, pág. 905. Esta frase en latín se traduce al inglés

como “he himself said it”. Íd.

CT-2021-14

17

Coincidimos con sus expresiones.

Resulta imposible

construir una doctrina coherente en nuestra jurisprudencia

para el tratamiento de otros funcionarios cobijados por una

cláusula de continuidad a la luz de lo resuelto en dicho

precedente.

En ese sentido, opinamos que tal precedente es

inconsistente con las decisiones que irónicamente cita el

caso de Nogueras II con aprobación. En vista de lo expuesto,

el

caso

de

Nogueras

II

no

tiene

espacio

jurisprudencia y queda hoy revocado.

en

otras

ocasiones,

“[e]l

en

nuestra

Como hemos expresado

propósito

inspirador

de

la

doctrina de stare decisis es lograr [la] estabilidad y

certidumbre en la ley, mas nunca perpetuar errores”.

Rivera

Ruiz et al. v. Mun. de Ponce et al., 196 DPR 410, 429 (2016)

(citando a

Am. Railroad Co. v. Comisión Industrial, 61 DPR

314, 326 (1943)).

III

A

El Lcdo. Ramón A. Torres Cruz, en su capacidad oficial

como Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático,

la Sra. Lillian Aponte Dones, en su carácter oficial como

Comisionada Electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, así

como el Sr. Roberto Iván Aponte Berríos, en calidad de

Comisionado

Electoral

del

Partido

Independentista

Puertorriqueño (Comisionado Electoral del PIP), coinciden

en

sus

alegatos

peticionario.

calidad

de

con

la

posición

esbozada

por

el

De igual forma, el Senado de Puerto Rico -en

amicus

curiae-

está

de

acuerdo

con

los

CT-2021-14

18

planteamientos realizados por el peticionario.

De esta

manera, sostienen que, habiendo vencido el término de los

recurridos y transcurrida la Sesión Ordinaria posterior a

la expiración de los nombramientos de éstos, los cargos de

Presidente y Presidente Alterno de la CEE quedaron vacantes.

Ahora bien, en su Alegato, el Comisionado Electoral del

PIP reconoce que declarar vacantes dichos cargos crearía un

disloque

administrativo

en

la

CEE

y

colocaría

en

una

situación precaria los procedimientos electorales del País.

Por otro lado, la Oficina del Procurador General de

Puerto Rico, en representación del Gobernador y de los

recurridos,

solicita

la

desestimación

del

epígrafe por falta de legitimación activa.12

recurso

de

No obstante,

en la alternativa, argumenta que debe proveerse No Ha Lugar

al recurso de Certificación, pues la norma establecida en

Nogueras II es incorrecta como cuestión de derecho y amerita

ser

descartada

Lcda.

Vanessa

por

este

Tribunal.

Santo

Domingo,

Por

Comisionada

su

parte,

la

Electoral

del

Partido Nuevo Progresista, resalta el beneficio que proveen

las

cláusulas

de

continuidad

a

nuestro

ordenamiento

y

plantea que Nogueras II es distinguible del presente caso.

Así pues, solicita que declaremos No Ha Lugar el recurso de

Certificación presentado.

12

A dicha solicitud proveemos No Ha Lugar.

CT-2021-14

19

B

Al evaluar la procedencia de la expedición del presente

recurso notamos que, si bien es cierto que este caso se

encuentra en una etapa inicial, no existe la necesidad de

recibir prueba alguna, pues la controversia planteada es una

de estricto derecho. Además, no existe duda de que la

controversia planteada ante este Tribunal está enmarcada

dentro de un alto nivel de interés público que comprende la

legitimidad de los procesos democráticos y gubernamentales,

así como la validez de las actuaciones administrativas de

los funcionarios recurridos en la operación institucional

de la CEE.

Las circunstancias señaladas hacen necesario que

elevemos este asunto inmediatamente ante la consideración

de este Foro, de manera que pueda ser resuelto con la

urgencia que amerita.

C

Según

adelantamos,

la

consideración

se

funcionarios

que

ocupan

Presidenta

Alterna

de

controversia

circunscribe

la

los

a

determinar

cargos

CEE

ante

aquí

de

nuestra

si

Presidente

recurridos

los

y

pueden

continuar desempeñando sus funciones aun después de culminar

su

término,

al

indefinida

y

Ordinaria

sin

amparo

de

habiéndose

que

el

una

cláusula

levantado

Senado

hubiese

la

de

continuidad

segunda

actuado

Sesión

sobre

las

designaciones presentadas por el Gobernador a esos cargos.13

13

En el presente caso no existe controversia acerca de que los

funcionarios que ocupan los cargos de Presidente y Presidenta Alterna

de la CEE fueron nombrados en conformidad con el proceso establecido en

CT-2021-14

20

Fundamentados

en

un

análisis

integrado

del

Código

Electoral de 2020, la intención legislativa que sirvió de

base para el referido estatuto, así como la jurisprudencia

interpretativa

de

las

cláusulas

de

continuidad,

y

considerando el momento histórico que vivimos,14 el cual no

deja margen a dudas sobre la necesidad de mantener a la CEE

operando

de

manera

determinación

continua,

tomada

en

hoy

nos

Nogueras

II

apartamos

y

de

la

contestamos

la

interrogante sobre si los funcionarios en cuestión pueden

seguir

ocupando

sus

cargos

en

contestación no podría ser otra.

la

afirmativa.

La

La cláusula de continuidad

cumple una finalidad importante en el funcionamiento de

nuestras instituciones gubernamentales, pues permite que

funcionarios que han sido nombrados de acuerdo a la ley

continúen ejerciendo sus cargos luego de haber vencido el

término

establecido

para

éstos

hasta

tanto

el

Poder

Ejecutivo y el Legislativo se pongan de acuerdo en cuanto a

sus

sucesores.

mediante

la

continuidad,

No

podemos

perder

perspectiva

aprobación

de

las

constitucionales

ramas

la

de

referida

cláusula

de

que,

de

gobierno

manifestaron su deseo de preservar la continuidad de los

trabajos realizados por aquellos funcionarios seleccionados

el Código Electoral de 2020. Tampoco existe controversia acerca de que

el término establecido para los cargos mencionados venció el 30 de junio

de 2021, esto es, al cierre de la primera Sesión Ordinaria de la Asamblea

Legislativa.

Finalmente, no está en controversia que los referidos

cargos están sujetos a una cláusula de continuidad indefinida.

14

Tomamos conocimiento judicial de los diversos sucesos ocurridos

recientemente que harán necesario la celebración de, por lo menos, una

elección especial para el puesto de Alcalde del Municipio de Guaynabo.

CT-2021-14

21

-de acuerdo a la ley y con el aval legislativo- a los cargos

de Presidente y Presidente Alterno de la CEE.

De igual

forma, con la aprobación del Código Electoral de 2020, ambos

poderes constitucionales consignaron de manera expresa su

rechazo a la interrupción operacional de la CEE.

tiempo,

repudiaron

el

disloque que

ocasionarían

en

una

funcionamiento

continuo

entidad

es

los

Al mismo

cargos vacantes

gubernamental

necesario

para

cuyo

coordinar

cualquier evento electoral en o fuera del año de elecciones

generales.

Reiteramos que esto cobra mayor relevancia en

el momento histórico en el que nos encontramos.

El

precedente

establecido

en

Nogueras

II

que

hoy

revocamos deformó la doctrina jurisprudencial firmemente

establecida

continuidad.

hasta

ese

momento

sobre

las

cláusulas

de

En ese sentido, resulta imposible armonizar

el caso de Nogueras II con la doctrina desarrollada durante

los casi cincuenta (50) años de jurisprudencia anterior.

Ciertamente, las cláusulas de continuidad representan un

ejercicio de política pública a favor de la estabilidad de

nuestras

instituciones

gubernamentales.

Por

lo

tanto,

concluimos que el mandato legislativo dispuesto en el Código

Electoral de 2020 permite que un funcionario -que ya pasó

por un proceso de aprobación- permanezca de jure en el cargo

al expirar su término fijo de nombramiento hasta que sea

debidamente sustituido.

CT-2021-14

22

IV

Por los fundamentos anteriormente indicados, expedimos

el recurso de Certificación solicitado y concluimos que el

Hon. Francisco Rosado Colomer y la Hon. Jessika Padilla

Rivera continúan desempeñando legalmente sus respectivos

cargos como Presidente y Presidenta Alterna de la CEE por

operación de la cláusula de continuidad provista por ley aun

después de comenzar y concluir la sesión legislativa en

cuestión, hasta tanto sus sucesores sean nombrados y tomen

posesión de sus cargos.

Se dictará Sentencia de conformidad.

ROBERTO FELIBERTI CINTRÓN

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Nelson Rosario Rodríguez, en su

carácter oficial de Comisionado

Electoral del partido Proyecto

Dignidad

Peticionario

v.

Hon. Francisco Rosado Colomer;

Hon. Jessika Padilla Rivera

Recurridos

CT-2021-14

Vanessa Santo Domingo, en su

carácter

de

Comisionada

Electoral del Partido Nuevo

Progresista (PNP); Ramón A.

Torres Cruz, en su carácter de

Comisionado

Electoral

del

Partido

Popular

Democrático

(PPD);

Roberto

Iván

Aponte

Berríos, en su carácter de

Comisionado

Electoral

del

Partido

Independentista

Puertorriqueño (PIP); Lillian

Aponte Dones, en su carácter de

Comisionada

Electoral

del

Partido

Movimiento

Victoria

Ciudadana (MVC), y el Hon. Pedro

Pierluisi

Urrutia,

en

su

carácter

de

Gobernador

de

Puerto Rico

Partes con Interés

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de diciembre de 2021.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente

Sentencia, expedimos el recurso de Certificación solicitado

y concluimos que el Hon. Francisco Rosado Colomer y la

Hon.

Jessika

Padilla

Rivera

continúan

desempeñando

legalmente sus respectivos cargos como Presidente y

Presidenta Alterna de la Comisión Estatal de Elecciones por

operación de la cláusula de continuidad provista por ley aun

después de comenzar y concluir la sesión legislativa en

CT-2021-14

2

cuestión, hasta tanto sus sucesores sean nombrados y tomen

posesión de sus cargos.

Notifíquese

electrónico.

de

inmediato

por

teléfono

y

correo

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal. El Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió

una Opinión de conformidad, a la cual se unió el Juez

Asociado señor Martínez Torres.

El Juez Asociado señor

Martínez Torres está conforme con la determinación de la

mayoría y hace constar la siguiente expresión:

Hace diez semanas, en Senado v. Tribunal Supremo

y otros, 2021 TSPR 141, 208 DPR ___, ___ (2021),

dijimos respecto a los mismos puestos que nos

ocupan hoy y con el voto de los dos Jueces que

hoy disienten: “Mientras los Poderes Ejecutivo y

Legislativo no lleguen a un acuerdo, los

incumbentes permanecerán en el cargo hasta que

los sucesores sean nombrados y tomen posesión”.

Nada ha cambiado. Hoy reafirmamos esa expresión,

por los fundamentos que se expresan en la Opinión

del Tribunal. Para ello, revocamos un precedente

claramente erróneo, que crea problemas para la

continuidad de la gestión pública. Eso justifica

esa revocación. Véase:

Pueblo v. Camacho

Delgado, 175 DPR 1, 20 esc. 4 (2008). Véase,

además, González v. Merck, 166 DPR 659, 688

(2006).

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez disintió con una

opinión escrita.

El Juez Asociado señor Colón Pérez

disintió con una opinión escrita.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Nelson Rosario

Rodríguez, en su

carácter oficial de

Comisionado Electoral

del partido Proyecto

Dignidad

Peticionario

v.

Hon. Francisco Rosado

Colomer; Hon. Jessika

Padilla Rivera

Recurridos

Vanessa Santo Domingo,

en su carácter de

Comisionada Electoral

del Partido Nuevo

Progresista (PNP);

Ramón A. Torres Cruz,

en su carácter de

Comisionado Electoral

del Partido Popular

Democrático (PPD);

Roberto Iván Aponte

Berríos, en su carácter

de Comisionado

Electoral del Partido

Independentista

Puertorriqueño (PIP);

Lillian Aponte Dones,

en su carácter de

Comisionada Electoral

del Partido Movimiento

Victoria Ciudadana

(MVC), y el Hon. Pedro

Pierluisi Urrutia, en

su carácter de

Gobernador de Puerto

Rico

Partes con Interés

CT-2021-14 Certificación

intrajurisdiccional

CT-2021-14

2

Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado señor

ESTRELLA MARTÍNEZ a la cual se une el Juez Asociado señor

MARTÍNEZ TORRES.

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de diciembre de 2021.

Recientemente en Senado v. Tribunal Supremo de Puerto

Rico, infra, descartamos que este Tribunal Supremo tuviera

el poder desmesurado de nominar y confirmar la Presidencia

y

la

Presidencia

Alterna

de

la

Comisión

Estatal

de

Elecciones (CEE). Hoy, descartamos también la posibilidad

de

que

un

Gobernador

pueda

unilateral

y

desmedidamente

controlar ese organismo con nombramientos de receso, tal

como si fuera una mera oficina de su gabinete.

El Poder Ejecutivo no puede, sin el consentimiento del

Senado,

sustituir

la

presidencia

de

la

CEE

con

un

nombramiento de receso, pues ante la falta de consenso entre

los Poderes Políticos, los incumbentes deben permanecer en

el cargo hasta que los sucesores sean nombrados y tomen

posesión.

Lo

anterior,

en

virtud

de

la

cláusula

de

continuidad indefinida debidamente legislada previo a surgir

esta controversia.

Al avalar tal disposición, este Tribunal alcanza una

interpretación

responsable

que

rectifica

el

equilibrio

dinámico que debe existir entre los Poderes Ejecutivo y

Legislativo en cuanto a los nombramientos de cargos que

contienen cláusulas de continuidad indefinida.

Con el fin de materializar tal balance, tomamos como

premisa

Gobernador

base

la

de

Puerto

interrogante

Rico

el

siguiente:

poder

de

¿Tiene

el

realizar

un

CT-2021-14

3

nombramiento de receso con el propósito de sustituir al

Presidente y a la Presidenta Alterna de la CEE, a pesar de

que estos funcionarios están cobijados por una cláusula de

continuidad indefinida? Contestamos en la negativa.

De

impuesta

esta

forma,

dejamos

sin

efecto

la

limitación

jurisprudencialmente

en

Nogueras

v.

Hernández

Colón, infra, a las cláusulas de continuidad indefinida. En

su

lugar,

retomamos

jurisprudencial

emitida

la

firme

y

coherente

línea

por

este

Foro

previo

caso

al

precitado.

Es por ello que, ante el reconocimiento de que la

aprobación de una cláusula de continuidad por las Cámaras y

el Gobernador implica necesariamente una protección a la

estabilidad operacional, al interés público, al rol del

Senado en el proceso de nombramientos y al funcionamiento

eficiente del Gobierno, estoy conforme con la fundamentada

Opinión mayoritaria que hoy emite este Tribunal.

Con este proceder, reconocemos la preeminencia de uno

de los principios constitucionales cardinales de nuestro

sistema de gobierno republicano: la separación de poderes

en lo que atañe al proceso de nombramientos. Veamos.

I

Primeramente, muestro mi conformidad con la facultad

ejercida

por

este

Tribunal

al

certificar

intrajurisdiccionalmente la controversia aquí planteada.

CT-2021-14

4

A

la

luz

del

marco

estatutario

vigente,1

consecuentemente he favorecido la expedición de recursos de

certificación

con

oportunamente

controversias

público

requieren

que

el

propósito

de

atender

electorales

nuestra

eficaz

y

de

alto

interés

intervención

en

aras

de

brindar certeza a nuestro estado de Derecho. Véanse, Senado

v. Tribunal Supremo de Puerto Rico, 2021 TSPR 141, pág. 25

(Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado señor

Estrella Martínez); Com. Elect. PPD v. CEE et al., 205 DPR

724, 765 (2020) (Opinión de conformidad emitida por el Juez

Asociado señor Estrella Martínez); Pierluisi et al. v. CEE

et al., 204 DPR 841, 914 (2020) (Opinión de conformidad

emitida por el Juez Asociado señor Estrella Martínez); Com.

PNP v. CEE et al. I, 196 DPR 651, 654 (2016) (Voto particular

de conformidad emitido por el Juez Asociado señor Estrella

Martínez).

Ello,

cuestión

máxime,

cuando

constitucional

la

controversia

sustancial

al

implica

amparo

de

una

la

Constitución de Puerto Rico o Estados Unidos. Pierluisi et

al. v. CEE et al., supra, pág. 853 (citando a Senado de PR

v. ELA, 203 DPR 62, 69 (2019)).

Ciertamente, nos encontramos ante una controversia de

alto

interés

público

que

plantea

una

cuestión

constitucional sustancial. En ese sentido, la certificación

1Ley

de la Judicatura, Ley Núm. 201-2003, 24 LPRA

sec. 24s(f); Código Electoral de Puerto Rico de 2020,

infra. Véase, además, Regla 52.2(d) de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V.

CT-2021-14

5

aquí emitida provee un remedio adecuado, completo y oportuno

que

brindará

certeza

y

viabilizará

el

funcionamiento

ininterrumpido de la CEE.

II

A.

De entrada, no cabe duda de la importancia que tiene

la

continuidad

operacional

de

la

CEE

dada

la

función

constitucional que ejerce como la institución que regula uno

de los pilares de nuestra democracia: el sufragio.

En reconocimiento de ello, el Código Electoral de 2020,

Ley

Núm.

58-2020,

16

LPRA

sec.

4501,

et

seq.

(Código

Electoral), instaura su carácter como “una institución de

operación continua”2 con el propósito de que no se “limit[e]

al pueblo soberano a no poder votar cuando sea necesario, o

con la prontitud que requieran las circunstancias porque su

organismo electoral es uno intermitente, cuatrienal o porque

su limitada operación no provee el tiempo y los recursos

para coordinar un evento electoral”. Exposición de motivos,

Ley Núm. 58-2020, 2020 (parte 2) Leyes de Puerto Rico 1150,

1156.

La aprobación del Código Electoral responde al mandato

que se extiende a la Asamblea Legislativa de “facilitar el

sistema electoral de Puerto Rico con todas las garantías

posibles

de

continuidad,

accesibilidad

[y]

certeza”.

(Negrillas suplidas). Íd., págs. 1156-1157.

2(Negrillas

4511(5)(a).

suplidas). Art. 3.1(5)(a), 16 LPRA sec.

CT-2021-14

6

Así, en reconocimiento del carácter continuo que debe

imperar en la CEE, y en aras de evitar la interrupción de

sus servicios, el Gobernador y las Cámaras incluyeron una

cláusula de continuidad —también denominada cláusula holding

over— en los dos (2) cargos de la presidencia de la Comisión.

A tales efectos, el Artículo 3.7 del Código Electoral,

en lo pertinente, dispone que:

(2) El Presidente y el Alterno al

Presidente serán nombrados no más

tarde del primero (1ro) de julio del

año siguiente a una elección general.

El término para los cargos antes

mencionados será de cuatro (4) años a

partir de esa fecha, hasta que los

sucesores sean nombrados y tomen

posesión

del

cargo.

(Negrillas

suplidas). 16 LPRA sec. 4517(2).

El texto diáfano de la disposición precitada dispone

que la Presidencia y la Presidencia Alterna de la CEE: (1)

se nombrarán en una fecha cierta; (2) se desempeñarán por

un término definido, y (3) serán ocupadas hasta que los

sucesores sean nombrados y tomen posesión del cargo.

Es de particular importancia que la prolongación del

término hasta que sea ocupado por los sucesores es lo que

conocemos como una cláusula de continuidad indefinida.

B.

Las cláusulas de continuidad indefinida no son de nuevo

cuño, pues éstas están contenidas en nuestra Constitución,

así

como

jurídico.

en

En

diversas

esencia,

el

leyes de nuestro ordenamiento

propósito

de una

cláusula de

CT-2021-14

7

continuidad

indefinida

subyace

en

que

los

funcionarios

cobijados por ésta no puedan ser sustituidos hasta que el

Gobernador, con el consejo y consentimiento legislativo,

nombre a un sucesor y éste tome posesión del cargo.3

Desde antes de la aprobación de nuestra Constitución,

en González v. Corte, 62 DPR 160 (1943), este Tribunal

destacó que las cláusulas de continuidad tienen dos (2)

propósitos evidentes:

[1] retener en todo momento en el

cargo a una persona que ha sido

nombrada

con

el

consejo

y

consentimiento del Senado, incluyendo

el período después de que su término

ha expirado, hasta que el Senado pueda

reunirse y concurrir con el Gobernador

en volverlo a nombrar o elegir su

sucesor; [2] evitar vacantes que la

ley aborrece, toda vez que entorpecen

la continuación de la administración

de los asuntos públicos. Íd., pág.

165.

3Tal

y como el Lcdo. Christian E. Cortés Feliciano

correctamente sintetizó:

Las cláusulas de continuidad son

disposiciones

que

prorrogan

los

términos

de

efectividad

de

un

nombramiento. Este tipo de cláusulas

no

constituyen

un

método

de

nombramiento per se, sino que son un

mecanismo en virtud del cual un

funcionario que ocupa un cargo en

propiedad puede continuar ocupándolo

aun después de expirado su término

hasta tanto su sucesor sea nombrado y

tome posesión.(Negrillas suplidas).

C. E. Cortés Feliciano, Nombramientos de receso

sucesivos:

¿Despoje

de

la

facultad

de

consejo

y

consentimiento del Senado?, 86 Rev. Jur. UPR 192, 204

(2017).

CT-2021-14

8

Según se desprende del caso precitado, el principal

objetivo legislativo de una cláusula de continuidad es que,

“una

vez

que

una

persona

ha

sido

confirmada

bajo

tal

estatuto, continuará en el cargo […] hasta que el Senado

actúe sobre la nominación de su sucesor”. Íd., pág. 166.

Como fin secundario, “conlleva también el importante efecto

de evitar dificultades administrativas como resultado de

vacantes en los cargos”. Íd.

En ese sentido, cuando un funcionario está cobijado

bajo una cláusula de continuidad, “al expirar su término

fijo de nombramiento no se crea una vacante que legitime al

Gobernador a expedir un nombramiento de receso”.4 Véase,

además,

Acosta

v.

Corte,

63

DPR

651,

656-657

(1944);

Fernández v. Corte, 71 DPR 161, 179 esc. 4 (1950). Por

consiguiente, el mecanismo suplementario del nombramiento

de receso, que, por su naturaleza, presupone la existencia

de una vacante, no está disponible cuando el cargo en

cuestión contiene una cláusula de continuidad indefinida.

Estos precedentes continuaron en pleno vigor hasta

luego de la aprobación de nuestra Constitución. Véanse,

Betancourt v. Gobernador, 119 DPR 435, 436, 446-449 (1987)

(Sentencia) (Opiniones concurrentes de los Jueces Asociados

4J.J.

Álvarez González, Derecho constitucional, 61

Rev. Jur. UPR 637, 685 (1992) (citando a González v.

Corte, supra, pág. 165). Distinto es la conclusión cuando

determinado cargo no cuenta con una cláusula de

continuidad, pues, en ausencia de ésta, el funcionario

puede ser sustituido a partir del vencimiento del término,

inclusive, con un nombramiento de receso. J.R.T. v.

Mirales Realty, Inc., 90 DPR 844, 858 (1964).

CT-2021-14

9

señores Negrón García y Alonso Alonso); López v. Tribunal

Superior, 79 DPR 20, 23 (1956); J.R.T. v. Mirales Realty,

Inc., supra, pág. 858 (citando con aprobación a Gonzaléz v.

Corte, supra; Acosta v. Corte, supra; y Fernández v. Corte,

supra).

No obstante, posteriormente en Nogueras v. Hernández

Colón,

127

DPR

638

(1991)

(Per

Curiam),

este

Tribunal

revirtió y limitó erróneamente la duración de las cláusulas

de continuidad. A pesar de que Nogueras hace referencia a

toda la jurisprudencia precitada, este Tribunal determinó

que el término de duración de un cargo sujeto a una cláusula

de continuidad “se extendería hasta que su sucesor tome

posesión del cargo[,] pero nunca después de finalizada la

próxima sesión legislativa siguiente a dicha expiración”.

(Negrillas suplidas). Íd., págs. 652-653. En consecuencia,

concluyó que, de no confirmarse un nombramiento antes de que

tal término expire, “el cargo quedaría vacante hasta tanto

ambos poderes descarguen su obligación constitucional de

nombramiento”. Íd., pág. 653.

Esta interpretación estuvo guiada por el interés de

conservar

“el

equilibrio

Constitución

en

lo

que

nombramiento

compartido

que

intenta

respecta

por

la

al

Rama

mantener

la

ejercicio

de

Ejecutiva

y

la

CT-2021-14

10

Legislativa”.5 Íd., pág. 652. Nada más lejos de la realidad.

Veamos.

III

La

controversia

aquí

planteada

se

circunscribe

a

determinar si el Gobernador puede realizar nombramientos de

receso para cubrir los cargos de la presidencia de la CEE,

los cuales,

según adelanté,

están cobijados por una

cláusula de continuidad indefinida.

En

virtud

del

intrajurisdiccional,

el

recurso

Lcdo.

Nelson

de

certificación

Rosario

Rodríguez,

Comisionado Electoral del partido Proyecto Dignidad, nos

informa que el 30 de junio de 2021 vencieron los términos

del Presidente, Hon. Francisco Rosado Colomer, y de la

Presidenta Alterna, Hon. Jessika Padilla Rivera. Añade que,

el 18 de noviembre de 2021, se levantó la segunda Sesión

Ordinaria en la Legislatura sin que se hubiera nombrado a

sus

sucesores.

conformidad

con

Por

consiguiente,

Nogueras

v.

solicitó

Hernández

que,

Colón,

de

supra,

decretáramos vacantes tales cargos.

Según indiqué, el fundamento utilizado en Nogueras v.

Hernández

Colón,

supra,

para

justificar

la

limitación

impuesta a las cláusulas de continuidad es erróneo, por lo

que no se justifica que perpetuemos su uso. La indefinición

5Asimismo,

el fundamento para ello estuvo predicado en

la extrapolación a este contexto de la norma pautada en

Hernández Agosto v. López Nieves, 114 DPR 601 (1983),

donde se equiparó el límite impuesto a los interinatos

al dispuesto en la Constitución a los nombramientos de

receso.

CT-2021-14

11

en el término de duración de una incumbencia holding over,

contrario a lo aducido en Nogueras, no atenta contra el

equilibrio que intenta mantener nuestra Constitución en lo

que respecta al poder de nombramiento compartido entre los

Poderes Políticos. Es, precisamente, todo lo contrario.

Basados en esa premisa equivocada, el dictamen emitido

por el Tribunal en Nogueras tuvo dos (2) consecuencias

nocivas,

a

saber:

“[1]

aumentó

indebidamente,

y

como

cuestión de derecho constitucional, el poder del Gobernador

frente

al

Senado

en

el

ejercicio

de

la

facultad

de

nombramientos[,] y [2] modificó o revocó sub silentio los

principales precedentes que el propio tribunal citó”.6

No

podemos

prolongar

el

desbalance

surgido

tras

Nogueras y, mucho menos, volver a errar al interpretar las

prerrogativas de nombramiento que comparten los dos (2)

Poderes en cuanto a la continuidad de un cargo se refiere.

La

limitación

jurisprudencial

que

hoy

rectificamos

corrige la inclinación indebida de la balanza a favor del

Poder

Ejecutivo

y,

más

importante

aún,

vindica

la

disminución a las prerrogativas del Senado en cuanto al

poder de nombramientos se refiere. Ello, pues, la inclusión

de

una

cláusula

representa

una

“sostener

en

su

confirmó[,] pero

6Álvarez

de

continuidad

indefinida

en

una

ley

defensa

a

la

preferencia

del

Senado

cargo

a

una

persona

quien

una

a

a

vez

cuyo término ha expirado, hasta que pueda

González, supra, pág. 703.

CT-2021-14

12

pasar

[juicio]

nombramiento

sobre

su

su

sucesor

de

nuevo

y

nombramiento

evitar

con

o

sobre

ello

que

el

el

Gobernador lo sustituya haciendo un nombramiento de receso

provisional”.

(Negrillas

suplidas).

González

v.

Corte,

supra, págs. 167-168.

Así pues, reiteramos que el Poder Ejecutivo está vedado

de nombrar en receso al sucesor de un funcionario cuyo

término fijado en ley caducó, pero que está cobijado por el

periodo garantizado por la cláusula de continuidad. De lo

contrario, se vulnerarían los dos (2) principales propósitos

de las cláusulas de continuidad indefinida: (1) retener en

el cargo a la persona que ha sido nombrada con el consejo y

consentimiento del Senado hasta que los Poderes Políticos

puedan concurrir en volver a nombrar o elegir a su sucesor,

y (2) evitar las vacantes que la ley aborrece, toda vez que

entorpecen

la

administración

de

los

asuntos

públicos.

(Negrillas suplidas). González v. Corte, supra, pág. 165.

Con estas consideraciones en mente, nos parece claro

que ambos propósitos vindican intereses institucionales de

primer orden por parte del Senado y del Gobierno, quienes,

en conjunto, alteraron sus prerrogativas de nombramiento y

dotaron de un carácter continuo a la presidencia de la CEE

con

el

propósito

evitar

las

vacantes

pautado

hoy

hasta

tanto

sus

sucesores sean nombrados.

Precisamente,

salvaguarda

lo

por

este

Tribunal

esos intereses institucionales.No

menos

CT-2021-14

13

importante, garantiza que se retenga a los funcionarios que

fueron nombrados según el esquema de nuestro ordenamiento y

se evitan vacantes en una entidad gubernamental en la que

el vacío en la presidencia entorpecería la continuación de

la administración de los asuntos públicos de la CEE. Ello,

máxime ante la estructura de esta entidad, en la que la

Presidencia y Presidencia Alterna son los únicos componentes

principales que no son nombrados por los partidos políticos

que la componen.

Es evidente, entonces, que el equilibrio que pretende

mantener

la

Constitución

en

cuanto

a

nombramientos

se

refiere, favorece que un funcionario continúe ejerciendo un

cargo en virtud de una cláusula de continuidad indefinida

vis à vis el caso de un nombramiento de receso que, por su

naturaleza

suplementaria,

sólo

puede

ser

ejercido

unilateralmente por el Gobernador cuando existe una vacante

real

sobre

un

continuidad.7

puesto

que

Betancourt

no

contiene

una

v.

Gobernador,

cláusula

supra,

de

438,

(Sentencia) (Opinión concurrente del Juez Asociado señor

Alonso Alonso). Este favorecimiento, claro está, responde a

que, en esa primera instancia, el funcionario en cuestión

goza del sello de aprobación de los Poderes Políticos, lo

que no ocurre con el nombramiento de receso.8

7Álvarez

González, supra, págs. 703-704.

8A

tales efectos, el profesor José Julián Álvarez

González, expresa que:

Mediante la inclusión de una cláusula

de continuidad[,] el legislador se

CT-2021-14

14

De hecho, recientemente en Senado v. Tribunal Supremo

de Puerto Rico, supra, controversia en la cual decretamos

la

inconstitucionalidad

de

la

facultad

delegada

a

este

Tribunal en la selección y nombramiento de la presidencia

de la CEE, destacamos que:

Por último, esta decisión no crea

problema alguno en la administración

de la CEE. Nuestra intervención nunca

ha

sido

necesaria.

Mientras

los

Poderes Ejecutivo y Legislativo no

lleguen a un acuerdo, los incumbentes

permanecerán en el cargo hasta que los

sucesores sean nombrados y tomen

posesión.

(Negrillas

y

énfasis

suplido). Íd., pág. 24 (citando al

Art. 3.7(2) del Código Electoral de

2020, supra).

Allí, además de destacar el equilibrio dinámico que

debe imperar entre los Poderes del Gobierno durante el

proceso de nombramiento con el fin de evitar que alguna de

ellas

amplíe

su

autoridad

más

allá

de

sus

singularizamos que:

[U]na vez el Ejecutivo nomine a

ciertos candidatos y transcurra el

término que goza la Rama Legislativa

para actuar, el primero mant[iene] la

facultad de referir nuevos nominados

para la consideración de esta última.

De esta manera, se preserva el poder

constitucional

del

Gobernador

de

continuar nominando recurrentemente a

otros candidatos hasta alcanzar el

asegura de que el primer ejecutivo

tendrá que contar con el Senado para

hacer un nombramiento, es decir,

tendrá

que

utilizar

“el

medio

primario” de nombramientos.

Íd., pág. 706 esc. 321, 703-704.

límites,

CT-2021-14

15

consejo y consentimiento del Senado.

(Énfasis en el original). Íd., pág.

35. (Opinión de conformidad emitida

por el Juez Asociado señor Estrella

Martínez).

Véase cómo destacamos que el Gobernador mantendría el

poder

de

continuar

nominando

recurrentemente.

Ello,

evidentemente, subordinado al consejo y consentimiento del

Senado. Por tanto, la facultad y el deber del Ejecutivo de

enviar nombramientos recurrentemente para que el Senado le

imparta su consejo y consentimiento es un proceso paralelo

que no puede derogar el mandato legislativo previo de que

opere la cláusula de continuidad, hasta tanto el sucesor sea

confirmado y tome posesión de su cargo.

Como complemento de lo previamente pautado, el dictamen

de este Tribunal servirá para que cada Gobernante venidero,

al igual que los Poderes Legislativos futuros, tengan que

respetar la continuidad de la administración pública en

entidades cuya naturaleza obligó a legislar nombramientos a

término con cláusulas de continuidad indefinidas, en caso

de

que no

exista

la confluencia de voluntades para

realizar un nuevo nombramiento.

IV

Los

propósitos

de

una

cláusula

de

continuidad

indefinida tienen preeminencia sobre el deseo de cualquier

gobernante de nombrar en receso. Ello, en el caso de la CEE,

cobra aún más relevancia, ya que abona a la estabilidad y

al carácter continúo exigido a esta institución, lo cual se

logra

sólo

mediante

la

retención

en

sus

cargos

del

CT-2021-14

16

Presidente y la Presidenta Alterna, quienes, en virtud de

la

cláusula

de

continuidad

indefinida,

ostentarán

sus

puestos hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen

posesión del cargo.

Particularmente, la cláusula de continuidad contenida

en los cargos a la Presidencia y Presidencia Alterna de la

CEE le brinda estabilidad a la administración del sistema

electoral. Los Poderes Políticos tienen la llave para cerrar

esa puerta mediante el ejercicio sabio de sus respectivos

poderes. Ante la incertidumbre de si ese ejercicio bilateral

ocurrirá,

no

podemos

unilateralmente,

validar

que

recurrentemente

uno

de

nombre

los

en

Poderes,

receso

a

funcionarios a la presidencia de la CEE. Mucho menos se

deben

decretar

unilateralmente

dos

(2)

vacantes

en

la

Presidencia y la Presidencia Alterna de la CEE.

El sistema electoral de Puerto Rico y su administración

no deben ser rehenes de las negociaciones entre los Poderes

Políticos. Ante ello, la cláusula de continuidad otorga una

protección para evitar que cualquiera de los dos entes de

los

Poderes

disloquen

el

Políticos

balance

persiga

de

utilizar

poderes

estrategias

delineado

en

que

nuestro

ordenamiento.

En consecuencia, a la luz de los fundamentos expuestos,

estoy conforme con la Opinión mayoritaria.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Nelson Rosario Rodríguez, en su

carácter oficial de Comisionado

Electoral del partido Proyecto

Dignidad

Peticionario

v.

Hon. Francisco Rosado Colomer;

Hon. Jessika Padilla Rivera

CT-2021-14

Recurridos

Vanessa Santo Domingo, en su

carácter

de

Comisionada

Electoral

del

Partido

Nuevo

Progresista

(PNP);

Ramón

A.

Torres Cruz, en su carácter de

Comisionado

Electoral

del

Partido

Popular

Democrático

(PPD);

Roberto

Iván

Aponte

Berríos,

en

su

carácter

de

Comisionado

Electoral

del

Partido

Independentista

Puertorriqueño

(PIP);

Lillian

Aponte Dones, en su carácter de

Comisionada

Electoral

del

Partido

Movimiento

Victoria

Ciudadana (MVC), y el Hon. Pedro

Pierluisi Urrutia, en su carácter

de Gobernador de Puerto Rico

Partes con Interés

La Jueza Presidenta

disidente.

Oronoz

Rodríguez

emitió

una

Opinión

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de diciembre de 2021.

Una mayoría ignora los precedentes que rigen nuestro

ordenamiento jurídico en cuanto a la separación de poderes y,

sin

más,

da

al

traste

con

preceptos

cardinales

que

la

Convención Constituyente, con suma sabiduría, instituyó en

CT-2021-14

2

Puerto Rico. Apenas hace unos meses, en Senado v. Tribunal

Supremo

y

otros,

2021

de

manera

defendimos,

TSPR

141,

208

DPR

___

férrea,

el

mismo

(2021),

principio

constitucional que hoy la mayoría hace sal y agua. Tal

actuación

posiciona

cláusulas

de

-en

un

continuidad

rango

de

poder

estatutarias

insostenible-

ajenas

a

nuestro

sistema democrático y constitucional.

Lo expreso con respeto, pero con igual convencimiento,

la posición mayoritaria no tiene base en nuestro derecho

positivo y constitucional. De hecho, en ninguna parte se

identifica el anclaje legal que autoriza a que funcionarios

con términos vencidos se mantengan en sus cargos ―de forma

indefinida―

so

color

de

cláusulas

de

continuidad

estatutarias. Preocupa, pues tal actuación expone al pueblo

de Puerto Rico a un sistema que fomenta comportamientos

eminentemente antidemocráticos.

Desde hoy, si el gobernador o la gobernadora de turno

opta

por

no

amparándose

nombrar

en

una

a

una

cláusula

persona

de

que

ocupa

continuidad,

un

la

puesto

Asamblea

Legislativa está a su merced. Personas que ocupen puestos

gubernamentales, cuyos términos vencieron, podrán ejercer sus

funciones

a

espaldas

del

aval

democrático

del

máximo

representante del pueblo: la legislatura. Ello, sostengo con

respeto, parece avalar principios más afines con regímenes

absolutistas, que los baluartes democráticos que estamos

llamados a proteger.

CT-2021-14

3

El temor infundado de no afectar el flujo de los trabajos

administrativos en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) no

puede dar pie a trastocar el sistema de pesos y contrapesos

que estableció nuestra Constitución hace más de 70 años.

Tampoco puede ser la justificación para que ahora a una

persona pueda permanecer, ad infinitum, en un cargo cuyo

nombramiento nunca pasó, ni obtuvo, el aval de la Asamblea

Legislativa.

Preocupa

todavía

más

que

esta

decisión

trasciende el nombramiento actual de la cabeza de la CEE y

tiene

el

potencial

de

impactar

el

universo

de

los

nombramientos.

Ello no debió ocurrir. El Tribunal Supremo se instituyó

para

velar

por

que

todas

las

leyes

de

Puerto

Rico

se

subordinen a la constitución y, en consecuencia, al principio

de separación de poderes. Por todo lo anterior, disiento.

La

opinión

mayoritaria

narra

los

hechos

como

corresponde, por lo que, a continuación, explico las razones

de mi disenso.

I.

En

Puerto

Rico

existen

dos

tipos

de

cláusulas

de

continuidad: (1) las que son de rango constitucional y (2) las

que son de carácter estatutario.1 El objetivo de las cláusulas

Para un ejemplo de cláusula de continuidad de rango constitucional véase

el Art. III, Sec. 22, Const. PR, LPRA, Tomo 1, establece que: “[h]abrá un

Contralor que será nombrado por el Gobernador con el consejo y

consentimiento de la mayoría del número total de los miembros que componen

cada Cámara. El Contralor reunirá los requisitos que se prescriban por

ley; desempeñará su cargo por un término de diez años y hasta que su

sucesor sea nombrado y tome posesión”. Sin lugar a duda, la cláusula de

continuidad de carácter constitucional cumple con el objetivo de la

Asamblea Constituyente de autorizar que dichos funcionarios sigan

ejerciendo su cargo constitucional luego de que venciera el término

dispuesto constitucionalmente. Lo mismo no ocurre con las cláusulas de

1

CT-2021-14

4

de continuidad de rango constitucional es asegurarse que el

funcionario

que

ocupe

dicho

cargo

continúe

en

este

al

finiquitar el periodo para el cual fue designado. En ese

sentido, no se violenta la separación de poderes porque la

propia constitución, en su inmensa sabiduría, dispuso que una

persona que ocupa dicho cargo constitucional se mantenga en

funciones hasta que los demás poderes políticos decidan quién

será el sustituto.

Las cláusulas de continuidad estatutarias tienen un

alcance distinto. Este Tribunal las ha analizado a través de

los años y en distintos momentos históricos. Es importante

estudiar y distinguir los precedentes que citó la opinión de

la mayoría de este Tribunal en miras de revocar Nogueras v.

Hernández Colón, 127 DPR 638 (1991) (Per Curiam) (en adelante,

Nogueras II). De entrada, la opinión que emite el Tribunal

hoy resalta el caso de González v. Corte, 62 DPR 160 (1943),

para mencionar que las cláusulas de continuidad tienen dos

(2) propósitos, a saber:

(1) retener en todo momento en el cargo a una

persona que ha sido nombrada con el consejo y

consentimiento del Senado, incluyendo el período

después de que su término ha expirado, hasta que el

Senado pueda reunirse y concurrir con el Gobernador

en volverlo a nombrar o elegir su sucesor; (2)

evitar vacantes que la ley aborrece, toda vez que

entorpecen la continuación de la administración de

continuidad estatutarias que carecen del peso de la constitución y que

deben quedar subordinadas al principio rector y constitucional a la

separación de poderes. Para ejemplos de cláusulas estatutarias tenemos el

Art. 3.7 del Código Electoral de 2020, 16 LPRA sec. 4517; el Art. 2.2 de

la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico de 2011, Ley Núm. 1-2012, 3

LPRA sec. 1855a; el Art. 10(3) de la Ley de la Oficina del Panel sobre el

Fiscal Especial Independiente, Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, 3

LPRA sec. 99q ; el Art. 4 de la Ley Núm. 20-2001, conocida como la Ley de

la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, 1 LPRA sec. 31.

CT-2021-14

5

los asuntos públicos. González v. Corte, supra,

pág. 165.

Para comprender la fuerza de estas expresiones

es

necesario contextualizarlas. Este caso se dilucidó en el

1943, es decir, en una época preconstitucional. Allí, el

Tribunal tuvo que resolver si el Gobernador podía realizar un

nombramiento de receso a favor de una persona distinta para

el cargo de un juez municipal, cuyo término de cuatro años

venció mientras el Senado estaba en receso. En ese momento

histórico, en Puerto Rico regía la Ley Jones de 1917, Pub.L.

64–368,

39

Stat.

951,

y

no

la

Constitución

que

ahora

interpretamos. Este Tribunal, por medio de un recuento de los

orígenes históricos de la separación de poderes, dijo que a

pesar de que el Senado se creó en 1917 por el Acta JonesShafroth:

[E]l poder legislativo, en su totalidad, quedó

sujeto a tales cortapisas que no era razonable

pensar que éste pudiese podar las facultades del

gobernador nombrado por la metrópoli. Era una

asamblea legislativa trunca, sin el poder de frenar

eficazmente el del gobernador mediante la facultad

de aprobar legislación a pesar de su veto. La

decisión final en casos de tales choques entre el

poder legislativo y el ejecutivo se confiaba al

presidente. Tampoco puede afirmarse con rigor

histórico que nuestro ordenamiento constitucional

encarnaba en modo amplio la doctrina de la

separación de poderes. Hernández Agosto v. López

Nieves, supra, pág. 619. (Negrillas suplidas)

Todo lo anterior indica que el análisis de las cláusulas

de continuidad estatutarias surgidas con anterioridad a la

constitución de Puerto Rico debe de examinarse de manera

puntillosa. Sobre todo, cuando el ordenamiento vigente al

momento de hacerse dichas expresiones no es el mismo que el

actual. Debo señalar que en 1943 el gobernador no era electo

CT-2021-14

6

por los puertorriqueños, sino, nombrado por el Presidente de

los

Estados

Unidos,

y

el

Senado

de

Puerto

Rico

no

era

realmente una fuerza representativa del poder constituyente.2

Ello mina el análisis analógico que se pueda realizar, pues

mucho ha sucedido desde 1943 hasta 2021. Sobre todo cuando

dichas expresiones no se realizaron teniendo en mente el

actual sistema de separación de poderes.

Luego, la opinión mayoritaria se ampara en López v.

Tribunal Superior, 79 DPR 20, 23 (1956) (haciendo referencia

a González v. Corte, supra, págs. 164-165; Acosta v. Corte,

63 DPR 651 (1944)), para resaltar que las cláusulas de

continuidad estatutarias evitarían el resultado de que por un

periodo

de

necesario

tiempo

exista

destacar

ordenamiento

que

jurídico

una

dicho

vacante.

caso

se

Nuevamente,

resolvió

preconstitucional.

Los

es

bajo

un

hechos

que

provocaron la controversia ocurrieron en 1949, previo al

establecimiento

y

desarrollo

de

la

actual

doctrina

de

separación de poderes. Incluso, de una lectura de ese caso,

no surge que se invocase el principio de separación de poderes

constitucional

para

resolver

la

controversia.

Por

el

contrario, se citó jurisprudencia preconstitucional pues se

atendía

una

controversia

que

surgió

con

anterioridad

al

establecimiento de nuestra constitución.

La Carta Orgánica de 1900 (Acta Foraker), 31 Stat. 81 establecia que el

gobernador era un funcionario no electo nombrado por el Presidente de

Estados Unidos y confirmados por el Senado federal. Íd., Secs. 17 y 18.

El Acta Jones-Shafroth de 1917 mantuvo dicho sistema. No es hasta la

aprobación de la Ley del Gobernador Electivo, 61 Stat. 771, que el

Congreso de los Estados Unidos autorizó que Puerto Rico eligiese

democráticamente al primer mandatario del Poder Ejecutivo.

2

CT-2021-14

7

Ulteriormente, la mayoría cita J.R.T. v. Milares Realty,

Inc., 90 DPR 844, 858-859 (1964), para indicar que, en

ausencia de una cláusula de continuidad, el cargo de un

funcionario público se encontraba vacante al finalizar su

término. Sin embargo, esa no fue la controversia medular que

este Tribunal atendió en ese caso. Lo que se evaluó fue el

argumento de una de las partes en cuanto a que no existía

legalmente una Junta de Relaciones del Trabajo, por cuanto

uno de los cargos de la Junta estaba vacante y sin incumbente.

Resolvimos

dicha

controversia

acudiendo

a

la

Ley

de

Relaciones del Trabajo, que en su Art. 3, Ley Núm. 130 de

1945 según enmendada, disponía “una vacante en la Junta no

menoscaba el derecho de los miembros restantes a ejercer los

poderes de la misma, y que dos de sus miembros constituirán

quórum”. Íd. Lo mencionado sobre la cláusula de continuidad

en el caso no fue esencial para resolver la controversia, por

lo que se puede catalogar como obiter dictum.3 Es decir, no

En el pasado enunciamos que el término obiter dictum es de aplicación

“cuando un tribunal emite expresiones innecesarias en un caso o una

controversia ante sí, y acerca de interrogantes jurídicas que,

propiamente, no le han sido planteadas. Tratándose de expresiones no

directamente relacionadas con la controversia planteada, éstas no sientan

precedente jurídico alguno”. Ortiz v. Panel F. E. I., 155 DPR 219,

252(2001) (citas depuradas y Negrillas suplidas). Véanse, además,

Martínez v. Registrador, 54 DPR 7 (1938); P.G.R.R. Co. v. Antonetti et

al., 17 DPR 325 (1911). Asimismo, dijimos que:

[E]l concepto obiter dictum presupone, según definido, que el

tribunal ponente tiene ante sí un caso real y una controversia

justiciable; un obiter dictum sólo implica que, al resolver,

el tribunal incurre en pronunciamientos innecesarios sobre

otros asuntos que no están en controversia o que no le han

sido propiamente planteados en el caso. A diferencia de una

opinión consultiva, el obiter dictum emitido por un tribunal

simplemente se debe tener por no puesto, ya que no constituye

parte necesaria del fallo, sino que muchas veces son meras

expresiones judiciales excesivas e innecesarias. Ortiz v.

Panel F. E. I., supra, págs. 252–253. (Negrillas suplidas).

3

CT-2021-14

8

tiene el alcance que la opinión que se emite hoy pretende

otorgarle.

A base del marco jurisprudencial reseñado, la opinión

mayoritaria cuestiona la conclusión a la que este Tribunal

llegó en Nogueras II. Como vimos, los precedentes en los que

se

fundamenta

la

mayoría

del

Tribunal

para

afirmar

que

“Nogueras II no tiene espacio en nuestra jurisprudencia y

queda hoy revocado” no se enmarcaron en el mismo contexto

histórico de Nogueras II ni en el ordenamiento constitucional

vigente actualmente. Opinión mayoritaria, pág.17.

Distinto

a

los

precedentes

citados

por

la

mayoría,

Nogueras II se analizó al amparo de la doctrina de separación

de

poderes

elaborada

a

partir

de

la

interpretación

constitucional de los poderes de nombramiento del Ejecutivo

y de consejo y consentimiento del Legislativo. Después de

todo,

la

constitución

puertorriqueña

imprimió

un

sello

particular a la separación de poderes.

En Nogueras II enunciamos que el hecho de mantener a

determinados jueces y juezas con nombramientos vencidos en

sus cargos de manera indefinida al amparo de una cláusula de

continuidad estatutaria violaba el fino balance que intenta

mantener

nuestra

nombramiento

Constitución

compartido

por

sobre

la

Rama

el

ejercicio

Ejecutiva

y

de

la

Legislativa. Nogueras II, supra, pág. 651. Es decir, allí

resolvimos a la luz de la doctrina de separación de poderes

de nuestra constitución y no al amparo de la débil doctrina

esbozada bajo la Ley Jones.

CT-2021-14

9

En aquella ocasión examinamos la Ley de la Judicatura

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 11 de 24

de julio de 1952, 4 LPRA secs. 92 y 152(c), y la Ley sobre

Jueces Municipales, Ley Núm. 7 de 8 de agosto de 1974, 4 LPRA

sec. 211. Por una parte, la Ley de la Judicatura vigente en

ese

momento

disponía

que

“[t]odo

juez

será

nombrado

y

desempeñará su cargo por el término de doce (12) años y hasta

que su sucesor tome posesión de su cargo” mientras que la ley

sobre los jueces municipales decía que “[s]e crea el cargo de

Juez Municipal. […] Estos serán nombrados por el Gobernador,

con el consejo y consentimiento del Senado, por un término de

cinco (5) años hasta que su sucesor sea nombrado y tome

posesión de su cargo”. (Negrillas suplidas).4

En ambas legislaciones, el juez o la jueza podía estar

en el cargo hasta que su sucesor fuese nombrado y tomase

posesión. Lo anterior cambió con Nogueras II, supra, págs.

651–652, donde este Tribunal expresó que “[l]a indefinición

en el término de duración de una incumbencia holding over

atenta

contra

el

equilibrio

que

intenta

mantener

la

Constitución en lo que respecta al ejercicio de nombramiento

compartido por la Rama Ejecutiva y la Legislativa”.

II,

supra,

pág.

651.

Allí,

criticamos

Nogueras

seriamente

la

indefinición del término pues esta “abona el terreno para que

4

Cf. Art. 3.7 del Código Electoral de 2020, supra:

El Presidente y el Alterno al Presidente serán nombrados no

más tarde del primero (1ro) de julio del año siguiente a una

elección general. El término para los cargos antes

mencionados será de cuatro (4) años a partir de esa fecha,

hasta que los sucesores sean nombrados y tomen posesión del

cargo. (Negrillas suplidas).

CT-2021-14

10

se produzca una situación en la que se trastoque el firme

equilibrio deseado a la hora de extender nombramientos que

requieran consejo y consentimiento del Senado”. Íd.

El desequilibrio que advertimos en Nogueras II, impacta

tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo. Analizamos, por

ejemplo,

que

“[l]a

Rama

Legislativa

podría

imponerle

su

criterio al Ejecutivo con tan sólo rechazar, por acción o

inacción --cuando aquella esté en sesión-- la sustitución

hecha

por

expirado”

[e]ste

de

por

que

lo

un

incumbente

se

cuyo

violentaría

nombramiento

“el

poder

que

ha

le

corresponde al Ejecutivo en la función de nombrar”. Íd.

Dichas expresiones se encuentran fundamentadas en una sana

interpretación de la doctrina constitucional de la separación

de poderes.

Por otro lado, advertimos también que “[s]i el Ejecutivo

desea

que

un

incumbente

en

un

cargo

con

cláusula

de

continuidad permanezca en el mismo indefinidamente sin que la

Legislatura se exprese sobre su confirmación para un nuevo

término,

lo

único

que

tiene

que

hacer

es

no

enviar

nombramiento alguno a la Legislatura”. Íd. Tampoco avalamos

tal proceder porque lo anterior produciría una burla a “la

función constitucional del Senado en la participación de los

procesos de nombramiento y confirmación”. Íd.

Todo

lo

anterior,

se

fundamentó

en

el

principio

constitucional de separación de poderes. Mismo principio que

tan reciente como en Senado v. Tribunal Supremo y otros, 2021

TSPR 141, 208 DPR ___ (2021) defendimos vehementemente. En

CT-2021-14

11

dicho caso dijimos que la aspiración de la separación de

poderes es enunciar las responsabilidades de las tres ramas

constitucionales que componen el Estado Libre Asociado de

Puerto Rico. Es decir, nuestra Asamblea Constituyente se

aseguró de que ninguno de los tres poderes constitucionales

se sobreponga y domine indebidamente a otro.

La razón de ser de la separación de poderes es proteger

la libertad de los ciudadanos y salvaguardar la independencia

de cada poder del Gobierno. Acevedo Vilá v. Meléndez Ortiz,

164 DPR 875, 882-883 (2005). Hemos expresado que:

La relación entre los poderes del Gobierno debe ser

una dinámica y armoniosa. Su éxito depende de que

cada una acepte y respete la autoridad de las otras

y entienda la interrelación de sus funciones. Su

perdurabilidad

requiere

que

cuando

haya

un

conflicto sobre el alcance de los poderes

constitucionales de cualquiera de ellas, los

tribunales intervengan con prudencia y deferencia

para aclarar los contornos de la Constitución y

facilitar la resolución de las diferencias. Sánchez

et al. v. Srio. de Justicia et al., 157 DPR 360,

386 (2002), citando a Silva v. Hernández Agosto,

118 DPR 45, 57 (1986).

En Senado v. Tribunal Supremo y otros, supra, señalamos

que, al momento de atender una controversia bajo la doctrina

de separación de poderes, es necesario determinar si “en la

operación

real

del

sistema

y

en

un

contexto

histórico

determinado el poder delegado tiende a desembocar en una

concentración de poder indebida en una de las ramas o en una

disminución

incompatible

indeseable

con

el

de

la

independencia

ordenamiento

político

que

sea

de

la

Constitución”. Citando a Nogueras v. Hernández Colón I, 127

DPR 405, 426 (1990).

CT-2021-14

12

La misma composición de Nogueras v. Hernández Colón I,

supra, resolvió Nogueras II al amparo de la doctrina de

separación de poderes. La conclusión de Nogueras II tuvo el

objetivo de evitar la acumulación de poder indebida en los

poderes

constitucionales

resultado

incompatible

y

al

mismo

tiempo

impedir

un

con

el

ordenamiento

político

de

nuestra Constitución. El malestar social y constitucional que

Nogueras II evitó es el que de ahora en adelante viviremos

como comunidad política

En Nogueras II, el Tribunal razonó que era imperativo,

bajo nuestra constitución y su doctrina de separación de

poderes, limitar el término de duración del período posterior

a la expiración del término del incumbente (holding over).

Por ello, decidió que el mismo se extiende “hasta que [el]

sucesor

tome

posesión

del

cargo,

pero

nunca

después

de

finalizada la próxima sesión legislativa siguiente a dicha

expiración”. Íd. pág. 653. Por consiguiente, se resolvió que,

si el Poder Ejecutivo y Legislativo “no logran llegar a un

acuerdo sobre la renominación del incumbente o su sucesor

antes de finalizada la sesión ordinaria señalada, el cargo

quedaría vacante hasta tanto ambos poderes descarguen su

obligación

constitucional

de

nombramiento”.

Íd.

Dicha

conclusión es la más razonable si tenemos como norte el

estatus que tiene la doctrina republicana de separación de

poderes en nuestro país. Resolver lo contrario, como hace la

opinión mayoritaria, es sobreponer la continuidad y el status

CT-2021-14

13

quo frente a la lógica inescapable de un sistema de pesos y

contrapesos.

La

opinión

Nogueras

II

que

porque,

se

certifica

entre

otras

hoy

pretende

razones,

hubo

descartar

opiniones

disidentes. Ahora bien, el disenso del Juez Asociado señor

Negrón García, citado en la opinión mayoritaria, reconoce

“que el único fundamento en que se funda la mayoría para la

nueva visión sobre la cláusula de continuidad es el ‘poder

compartido’ entre el Ejecutivo y el Senado, expuesto en

Hernández

Agosto

v.

López

Nieves,

supra”.

Opinión

mayoritaria, pág. 15 citando a Nogueras II, supra, pág. 686.

(Negrillas suplidas). ¿Qué indica que el fundamento principal

de Nogueras II sea el poder compartido entre los dos poderes

políticos? A primera instancia, parecería que el fundamento,

reconocido

mayoría,

por

es

el

la

propia

poder

de

opinión

disidente

nombramiento

del

que

cita

la

gobernador

o

gobernadora y el consejo y consentimiento que emana de la

legislatura. Lo anterior no nos puede distraer del verdadero

fundamento: la separación de poderes. Hace dos meses dijimos

que

“[l]a

cláusula

de

nombramientos

está

estrechamente

vinculada a la doctrina de separación de poderes”. Senado v.

Tribunal Supremo y otros, supra, pág. 9.

¿Cómo no va a

estarlo? El balance de poderes es la razón de ser de tan

protegida doctrina constitucional.5 La interpretación del

5

Raúl Serrano Geyls explica que:

[l]a distribución entre el Congreso y el Ejecutivo del poder

para efectuar nombramientos es uno de los ejemplos más claros

de los esfuerzos de los forjadores de la Constitución por

incorporar a ese documento un delicado sistema de frenos y

contrapesos consecuente con su particular visión de la teoría

CT-2021-14

14

balance de poderes que se realiza en Nogueras II es el

fundamento que altera la visión preconstitucional de las

cláusulas de continuidad estatutarias.

Cabe

resaltar

que

en

múltiples

instancias

hemos

reafirmado el precedente de Nogueras II.6 Sobre todo, debemos

destacar Bomberos Unidos v. Cuerpo Bomberos, 180 DPR 723, 765

(2011)

donde

una

mayoría

del

actual

Tribunal,

cuya

composición apenas ha cambiado desde ese momento, reafirmó la

doctrina de Nogueras II. Allí, la misma mayoría que hoy

rechaza Nogueras II, lo citó con autoridad y dijo:

Cuando un empleado de carrera rinde servicios

temporeros en calidad de interinato, asume el cargo

superior

con

todas

las

obligaciones,

responsabilidades y facultades que dicho cargo

conlleva. Ahora, en cargos que requieran el consejo

y consentimiento del Senado, el interinato queda

sin efecto “‘al levantarse la sesión ordinaria de

la Asamblea Legislativa en curso o, en su defecto,

la siguiente, al comienzo del interinato, a menos

que se efectúe antes del nombramiento en propiedad’

.... Esa y no más es la expectativa de continuidad

que puede tener un funcionario incumbente bajo una

cláusula de continuidad”. Nogueras v. Hernández

Colón, 127 DPR 638, 652 (1991). Bomberos Unidos v.

Cuerpo Bomberos, supra, págs. 764–765. (Negrillas

suplidas).

A diferencia de los casos que cita hoy la opinión

dictada, que son preconstitucionales u obiter dictum, en

Bomberos Unidos v. Cuerpo de Bomberos, supra, este Tribunal

abrazó Nogueras II como un precedente vital para la resolución

de dicho caso.7 Además, en Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR

de separación de poderes. Raúl Serrano Geyls, Derecho

Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, San Juan, Ed.

C. Abo. P.R., 1986, Vol. I, pág. 605.

6 Véase Senado v. Tribunal Supremo, supra, pág. 22; Nieves Huertas v. ELA

I, 189 DPR 611, 620, (2013) (sentencia).

7 La mayoría dijo en Bomberos Unidos, supra, como parte de la aplicación

de Nogueras II, lo siguiente:

CT-2021-14

15

64, 92 (1998) reafirmamos la doctrina de Nogueras II y dijimos

que las cláusulas de continuidad estatutarias e indefinidas

“violaba[n]

“el

equilibrio

que

intenta

mantener

la

Constitución en lo que respecta al ejercicio de nombramiento

compartido entre la Rama Ejecutiva y la Legislativa”. Igual

pronunciamiento hicimos en In re Vargas Soto, 146 DPR 55, 92

(1998). En Brunet Justiniano v. Hernández Colón, 130 DPR 248,

257 (1992) explicamos que Nogueras II “limitó el término de

la “cláusula de continuidad” a la finalización de la próxima

sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa siguiente a la

expiración del nombramiento”.

Borrar de un plumazo una jurisprudencia sostenida en el

principio

constitucional

a

la

separación

de

poderes

con

jurisprudencia anterior y preconstitucional es un error. Más

aún, cuando no se realiza un análisis sosegado de la doctrina

de stare decisis ni de la doctrina de separación de poderes.8

Como mencionamos anteriormente, todo empleado público de

carrera en un puesto cuya clasificación es superior a la del

puesto para el cual tiene nombramiento oficial ejerce ese

puesto superior en calidad de interinato. Así, cuando el

empleado asume el cargo en calidad de interinato, también

asume todas las obligaciones, responsabilidades y facultades

que dicho cargo conlleva. Este interinato no podrá subsistir

más allá del final de la sesión legislativa siguiente a la

fecha en que se produjo la vacante que se llenó mediante el

interinato. Nogueras v. Hernández Colón, supra. Bomberos

Unidos v. Cuerpo Bomberos, supra, págs. 772–773. (Negrillas

suplidas).

8 La doctrina de stare decisis dispone que, como norma general, un tribunal

debe acatar sus decisiones anteriores en los casos que resuelva

posteriormente. Su objetivo es “lograr estabilidad y certidumbre legal”.

Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 921 (2009). La Corte Suprema de los

Estados Unidos dijo en Payne v. Tennessee, 501 US 808, 827 (1991) que

“[s]tare decisis is the preferred course because it promotes the

evenhanded, predictable, and consistent development of legal principles,

fosters reliance on judicial decisions, and contributes to the actual and

perceived integrity of the judicial process”. Hemos identificado tres

circunstancias excepcionales que justifican revocar un precedente: “(1)

si la decisión anterior es claramente errónea; (2) si sus efectos sobre

el resto del ordenamiento son adversos, y (3) si la cantidad de personas

que confiaron en ésta es limitada”. Pueblo v. Díaz De León, supra, pág.

CT-2021-14

La

opinión

16

mayoritaria

no

tan

solo

revoca

Nogueras

II

incorrectamente, sino que lo hace sin realizar un análisis

sustantivo

y

concienzudo

de

los

fundamentos

jurídicos

constitucionales que se expresaron y consideraron en dicho

caso.9

Independientemente de lo que unos académicos puedan

pensar sobre la corrección de la decisión, Nogueras II brinda

una confianza enorme y razonable al momento de interpretar la

doctrina de separación de poderes. Por supuesto que hay

circunstancias

que

ameritan

y

exigen

revocar

decisiones

pasadas. No obstante, existe una presunción de que debemos

seguir los precedentes y que dicha presunción se debe rebatir

mediante un razonamiento jurídico claro y coherente.

Cuando

se quiere derogar un precedente con evidente impacto en el

922 (citando a Pueblo v. Camacho Delgado, 175 DPR 1, 20 esc. 4 (2008)).

Sin lugar a duda, como veremos más adelante, la decisión anterior no es

claramente errónea dado que se sustenta en una interpretación

constitucional de la doctrina de separación de poderes. El efecto de

Nogueras II no es adverso, por el contrario, garantiza que el pueblo de

Puerto Rico tenga un sistema de pesos y contrapesos donde los poderes

políticos, representantes del pueblo, tienen que negociar por el mejor

bienestar del país. Revocar Nogueras II incentiva conductas perversas

como describimos anteriormente. Por último, la cantidad de personas que

confían en Nogueras II no es limitada, al contrario, es vasta porque como

muy bien indica la opinión mayoritaria, múltiples funcionarios tienen

cláusulas de continuidad estatutarias.

9

Vale resaltar, además, que la Mayoría no atendió detenidamente

cuestionamientos válidos que presentaron las partes con relación a la

jurisdicción del Tribunal. Específicamente, y de vital importancia,

omitió discutir las alegaciones del Procurador General en cuanto a la

legitimación activa del demandante y la insuficiencia en el emplazamiento

del Presidente y Presidenta Alterna de la CEE.

Según el Procurador

General, para que ese emplazamiento fuera válido, el demandante tenía que

emplazar al Secretario de Justicia, lo que no ocurrió en este caso.

Asimismo, cuestionó que una persona en su carácter oficial como

Comisionado Electoral tuviera legitimación activa para impugnar la

permanencia del Presidente y la Presidenta Alterna de la CEE en sus

cargos. Particularmente, no se discutió si el Comisionado Electoral del

Proyecto Dignidad sufrió un daño claro y palpable que le confería tal

legitimación; o que este estuviera facultado para vindicar los derechos

y prerrogativas de la Asamblea Legislativa. La Mayoría se limitó a atender

estos argumentos con un mero no ha lugar. Op. Mayoritaria, pág. 18, esc.

12.

CT-2021-14

17

sistema político y democrático de Puerto Rico, se tiene la

obligación de brindar una explicación razonable.

III

Por

ende,

interpretación

es

prudente

literal

de

y

forzoso

colegir

la

cláusula

de

que

una

continuidad

estatutaria del art. 3.7 del Código Electoral de Puerto Rico

no puede prevalecer pues:

Tal interpretación choca abiertamente con la

doctrina de separación de poderes ínsita en la

cláusula de nombramientos de nuestra Constitución.

Admitir

que

un

funcionario

público

--cuyo

nombramiento a un cargo sea con cláusula de

continuidad-- pueda permanecer indefinidamente en

el

puesto

por

todo

el

tiempo

que

pueda

concebiblemente tomarle a los mencionados poderes

ponerse

de

acuerdo

en

cuanto

a

un

nuevo

nombramiento tendría el efecto de dar rienda suelta

a cualquiera de dichos dos (2) poderes para

perpetuar en su puesto a un incumbente cuyo término

ha expirado, en contravención al criterio del otro

respecto a las cualidades o ejecutorias de dicho

incumbente. Nogueras v. Hernández Colón II, supra,

pág. 651. (Negrillas suplidas).

No puedo suscribir que se avale que un funcionario pueda

estar en un cargo cuyo término venció, sin pasar por el

consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico.

Nuestro

esquema constitucional no lo autoriza. Mucho menos, cuando la

base

para

ello

es

evitar

un

disloque

administrativo

especulativo e inexistente.

Sostengo y alerto que la opinión mayoritaria genera unos

incentivos antidemocráticos. La controversia en este caso es

sencilla:

¿las

personas

que

hoy

ocupan

los

cargos

de

Presidente y Presidenta Alterna de la CEE, cuyo término

venció, pueden continuar ejerciendo sus funciones al amparo

de una cláusula de continuidad indefinida? La respuesta que

CT-2021-14

18

proviene de la doctrina de separación de poderes, como hemos

visto, es diáfana: no.10

La opinión mayoritaria peca de reduccionismo jurídico.

Pretende circunscribir la presente controversia a si Nogueras

II es un precedente correcto y si debe regir en este caso.

Ello es un error pues no vislumbra que dicha conclusión

provocará un desequilibrio entre los Poderes Ejecutivo y

Legislativo.

Y

es

que

un

funcionario

que

se

mantiene

ejerciendo una posición sin que se sujete al escrutinio del

consejo y consentimiento del Senado, “ciertamente resultaría

en un sinsentido con visos dictatoriales, completamente ajeno

a

nuestro

Sistema

Democrático

de

Gobierno”.

Senado

v.

Gobierno de Puerto Rico, 203 DPR 62, 170 (2019) (Opinión de

conformidad del Juez Asociado señor Feliberti Cintrón).

Del mismo modo, revocar Nogueras II bajo el fundamento

de mantener la continuidad operacional de la CEE y evitar un

disloque administrativo no es sostenible. En primer lugar, el

principio

constitucional

superior

a

la

administrativos

de

la

separación

de

logística

o

ritmo

de

los

trabajos

agencia.

De

hecho,

aun

de

cualquier

poderes

es

si

diéramos por cierto que tales circunstancias sostienen el

razonamiento de la mayoría, la actuación mayoritaria no hacía

falta.

Se

sabe

que

ya

hemos

tenido

que

intervenir

anteriormente con los disloques administrativos de la CEE

Cabe preguntarse, si ambos poderes políticos coordinaran entre sí para

procurar que una persona se mantuviera en un puesto público de manera

vitalicia y con los consabidos efectos al pueblo de Puerto Rico, ¿sería

constitucional? Inclusive, si ambas ramas constitucionales desearan una

monarquía en Puerto Rico, ¿sería constitucional?

10

CT-2021-14

19

bajo el liderato de un Presidente. Véase Pierluisi Urrutia v.

CEE, 204 DPR 841, 848 (2020) (La situación precaria de los

procedimientos electorales del país fueron causa “de los

atrasos y las complicaciones administrativas producto de la

crasa negligencia de los directivos de la Comisión Estatal de

Elecciones

(CEE)

y

(Negrillas

suplidas).

de

las

Comisiones

Es

decir,

con

o

de

Primarias”)

sin

Presidente

y

Presidente Alterno los disloques se han dado; esto es, el que

los

puestos

estén

ocupados

no

garantiza

la

continuidad

exitosa, pues ya tuvimos “una administración deficiente [de

un]

evento

electoral

programado

[que]

dejó

a

miles

de

electores sin la oportunidad de expresar su voluntad en las

urnas respecto a las primarias. Íd. pág. 863.

De igual forma, la opinión que se dicta hoy confunde la

continuidad administrativa de la CEE con la necesidad de

mantener

una

cláusula

de

continuidad

sin

límites

constitucionales. Cuando la Asamblea Legislativa dispuso en

la exposición de motivos del Código Electoral de 2020 que

dicha agencia tiene que ser una en funcionamiento continuo,

lo hizo bajo el contexto de que operaría todos los años para

coordinar las elecciones que el país necesitase. La vacante

de un Presidente y Presidente Alterno no crea una interrupción

operacional. ¿Desde cuándo ciertos funcionarios públicos en

particular son indispensables en una democracia?11

11

Es irónico que subrepticiamente se plantee la indispensabilidad de

unos funcionarios públicos cuando en todo sistema público, estatal y

federal, existen múltiples ejemplos de sucesiones administrativas en los

poderes que componen al Estado. Véase, e.g. Senado v. Gobierno de Puerto

Rico, supra; Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Regla 8, 4

LPRA App. XXI-B, sec. 8; Presidential Succession Act of 1947, 61 Stat.

CT-2021-14

20

Proteger a Nogueras II no conllevaba el fin de la CEE.

Había

y

hay

presidencial

alternativas

de

dicha

que

agencia.

fomentan

Por

la

ejemplo,

continuidad

los

poderes

políticos podían y deben cumplir con su deber constitucional

y nombrar y confirmar, de una vez, a los sustitutos del actual

Presidente y Presidente Alterno. Otra alternativa es nombrar

en receso al Presidente y Presidente Alterno de la CEE.12 Otra

opción, también disponible, surge del propio Código Electoral

y la organización administrativa existente a través de otras

figuras como, por ejemplo, el Secretario de la Comisión

Estatal.13

380. Cabe señalar que la cláusula de continuidad del Código Electoral de

2020 es de naturaleza distinta a la que se examinó en los casos

preconstitucionales. Los nombramientos del Hon. Francisco Rosado Colomer

y la Hon. Jessika Padilla Rivera se hicieron al amparo de la primera

modalidad para seleccionar al Presidente y Presidente Alterno. Es decir,

fueron los Comisionados Electorales los que eligieron a dichos

funcionarios y no el gobernador con el consejo y consentimiento del

senado. Por lo tanto, no cabe interpretar que la cláusula de continuidad

estatutaria del Código Electoral de 2020 mantiene un nombramiento validado

por el Senado, cuando aquí no ocurrió dicho aval.

12 Sobre el temor de la mayoría de que existirá una vacante, la propia

constitución provee una solución:

El Gobernador podrá hacer nombramientos cuando la Asamblea

Legislativa no esté en sesión. Todo nombramiento que requiera

el consejo y consentimiento del Senado o de ambas cámaras

quedará sin efecto al levantarse la siguiente sesión

ordinaria. Const. PR, Art. IV, Sec. 4, LPRA, Tomo 1.

13 Aunque fueron, precisamente, modificaciones al Código Electoral como

la eliminación de los puestos de carrera las que nos traen hasta aquí,

hoy existen alternativas dentro de la estructura organizacional que no

conlleva este golpe constitucional. La problemática que este caso

desatiende, entre tantas otras, es qué ocurriría si, por razones fuera de

la voluntad de los funcionarios que ocupasen el cargo de Presidente y

Presidente Alterno, estos dejasen su cargo de manera repentina y

simultánea. Bajo la premisa de la mayoría, tal cese de operaciones

conllevaría

que

la

CEE

entre

--automáticamente-en

un

caos

administrativo. Nada más lejos de la realidad. La omisión deliberada de

la Asamblea Legislativa sobre quienes sustituirán dichos cargos, no impide

que el derecho, y nosotros como los intérpretes últimos de la legislación,

suplamos las deficiencias. Véase cf. art. 3.008, 16 LPRA sec. 4018, del

Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI, Ley Núm. 78-2011

(derogado 2020). Así, la propia ley nos autoriza a resolver cuando existe

un vacío legal: “[l]os principios generales del Derecho aplican en

ausencia de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del

ordenamiento jurídico”. Código Civil de 2020, art. 5, 31 LPRA sec. 5315.

La equidad, como parte de los principios generales del derecho, podría

utilizarse como instrumento para resolver las controversias donde no

CT-2021-14

Respaldar

21

poderes

ilimitados

que

autorizan

que

un

funcionario –que nunca fue confirmado- permanezca en un cargo

que venció lastima, de forma peligrosa y demasiado cerca del

absolutismo, el orden democrático que juramos defender.

Maite D. Oronoz Rodríguez

Jueza Presidenta

existe una clara línea sucesoria. Véase Defendini Collazo et al. v. ELA,

134 DPR 28, 50 (1993); Silva v. Comisión Indus. PR, 91 DPR 891, 896

(1965).

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Nelson Rosario Rodríguez,

en su carácter oficial de

Comisionado Electoral del

Partido Proyecto Dignidad

Peticionario

v.

Francisco Rosado Colomer;

Jessika Padilla Rivera

CT-2021-0014

Recurridos

Vanessa Santo Domingo, en

su carácter de Comisionada

Electoral del Partido Nuevo

Progresista (PNP); Ramón A.

Torres Cruz, en su carácter

de Comisionado Electoral del

Partido Popular Democrático

PPD); Roberto Iván Aponte

Berríos, en su carácter de

Comisionado Electoral del

Partido Independentista

Puertorriqueño (PIP); Lillian

Aponte Dones, en su carácter

de Comisionada Electoral del

Partido Movimiento Victoria

Ciudadana (MVC), y el Hon.

Pedro Pierluisi Urrutia, en

su carácter de Gobernador de

Puerto Rico

Partes con Interés

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN

PÉREZ.

En San Juan, Puerto Rico a 27 de diciembre de 2021.

Hoy, una mayoría de mis compañeros y compañera de

estrado, en una actuación en extremo lamentable, deciden

revocar expresamente

lo sentenciado hace varias décadas

atrás por este Tribunal en

el

normativo caso

Nogueras v.

CT-2021-0014

2

Hernández Colón (2), infra. Al así hacerlo, abandonan los

pronunciamientos -- bien pensados, investigados y analizados

-- que allí se recogen para acomodaticiamente concluir que el

Presidente

y

la

Presidenta

Alterna,

en

funciones,

de

la

Comisión Estatal de Elecciones pueden continuar ocupando sus

cargos a la luz de cierta cláusula de continuidad dispuesta

en el Art. 3.7(2) del Código Electoral de Puerto Rico de 2020,

infra.

De

tan

errado

curso

de

acción,

enérgicamente

disentimos.

Y es que no albergamos duda alguna de que -- en virtud

de lo ya resuelto por este Tribunal en Nogueras v. Hernández

Colón

(2),

infra,

un

caso

anclado

en

una

correcta

interpretación de los más nobles principios que se recogen en

la doctrina constitucional de separación de poderes --, el

Presidente y la Presidenta Alterna de la Comisión Estatal de

Elecciones, Hon. Francisco J. Rosado Colomer y Hon. Jessika

D. Padilla Rivera, desde el pasado 17 de noviembre de 2021,

ocupan sus cargos de forma ilegal; lo que pone en tela de

juicio todas las actuaciones que, desde ese momento, éste y

ésta han realizado al frente del referido organismo electoral.

Flaco servicio el que se le hace al País. Veamos.

I.

Los

hechos

medulares

que

dieron

margen

al

presente

litigio no están en controversia. Allá para el 20 de junio de

2020, la entonces gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda

Vázquez Garced, firmó la Ley Núm. 58-2020, conocida como

CT-2021-0014

3

Código Electoral de Puerto Rico de 2020, 16 LPRA sec. 4501 et

seq.

(en

adelante,

aprobación

de

este

“Código

Electoral

de

2020”).

último

--

pertinente

controversia

que

nos

ocupa

jurisdicción

el

andamiaje

y

en

lo

--,

se

instauró

legal

que

en

gobierna

Con

a

la

la

nuestra

todo

lo

relacionado a los nombramientos del Presidente y Presidente

Alterno de la Comisión Estatal de Elecciones (en adelante,

“C.E.E.”).

Al respecto, y como cuestión de umbral, el Art. 3.7(2)

del Código Electoral de 2020, 16 LPRA sec. 4517, dispone que

los nombramientos a los cargos de referencia deben realizarse

“no más tarde del primero (1ro) de julio del año siguiente a

una elección general”. En cuanto al término de duración para

tales cargos, el precitado artículo dispone que será de cuatro

(4) años a partir del primero (1ro) de julio del año siguiente

a una elección general, hasta que los sucesores sean nombrados

y tomen posesión del cargo. Íd.

En esa dirección, el Art. 3.7(3) del Código Electoral de

2020, supra, contempla tres (3) mecanismos para el proceso de

nombramiento del Presidente y Presidente Alterno de la C.E.E.

En apretado resumen, el primer mecanismo para la selección de

la Presidencia y Presidencia Alterna de la C.E.E. establece

que los Comisionados Electorales de los distintos partidos

políticos (o partidos propietarios), mediante el voto unánime,

serán quienes nombren a las personas llamadas a ocupar los

mencionados

puestos.

Ello,

luego

de

que

el

Comisionado

CT-2021-0014

4

Electoral del Partido Estatal de Mayoría -- que, para efectos

de esta ley, será el partido político que en la Elección

General anterior haya obtenido la mayor cantidad de votos

íntegros válidos en la Papeleta Estatal --, le proponga a los

restantes Comisionados Electorales el o los nombres de la o

las

personas

mecanismo

candidatas

del

proceso

de

a

dichos

puestos.

nombramiento

del

Este

primer

Presidente

y

Presidente Alterno de la C.E.E. deberá ocurrir dentro del

término de treinta (30) días naturales contados a partir de

la vacante en uno u otro de los mencionados cargos ejecutivos.

No obstante, y si el voto de los Comisionados Electorales no

logra un consenso -- la unanimidad -- respecto a uno o varios

de los candidatos propuestos por el Comisionado Electoral del

Partido

Estatal

de

Mayoría,

según

definido

en

esta

ley,

entonces deberá activarse el próximo mecanismo.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 3.7(3) del

Código Electoral de 2020, supra, el segundo mecanismo para

la selección de la Presidencia y Presidencia Alterna de la

C.E.E. establece que le corresponderá al Gobernador de turno

someter a la consideración, tanto del Senado como de la Cámara

de Representantes de Puerto Rico, los nombres de las personas

que a su juicio cumplen con los requisitos para ocupar los

mencionados cargos. Lo anterior, deberá realizarse no más

tarde de quince (15) días naturales siguientes al vencimiento

del término establecido en el primer mecanismo. Una vez

sometido el o los nombres de la o de las personas nominadas

CT-2021-0014

5

por el Gobernador ante ambos cuerpos legislativos, éstos

deberán actuar en el término de quince (15) días para,

mediante una votación de dos terceras partes (2/3) del total

de sus miembros, brindar o no el consejo y consentimiento

requerido para tales designaciones.

Por último, el tercer mecanismo dispuesto en el Art.

3.7(3) del Código Electoral de 2020, supra, expresa que el

Pleno del Tribunal Supremo elegirá por mayoría de votos a las

personas para ocupar el cargo de Presidente o Presidente

Alterno

de

la

C.E.E.

Además,

establece

que

la

referida

votación debe ser realizada no más tarde del término de quince

(15) días naturales contados a partir de la ausencia de los

nombramientos que corresponden al Gobernador o de la ausencia

del consejo y consentimiento de la Asamblea Legislativa al

cierre

de

la

sesión

ordinaria

o

extraordinaria

en

que

recibieron el o los nombramientos. Este último mecanismo fue

declarado inconstitucional por este Tribunal en Senado de

Puerto Rico v. Tribunal Supremo de Puerto Rico, 2021 TSPR 141,

208 DPR __ (2021).

Por otra parte, el Art. 3.7(4) del Código Electoral de

2020, supra, establece los requisitos que deben cumplir las

personas que, en su momento, ocupen los cargos de Presidente

y Presidente Alterno de la C.E.E.1 De igual forma, el Art.

En esencia, cada uno de estos cargos debe ser ocupado por una persona

que: 1) sea mayor de edad; 2) sea juez o jueza del Tribunal de Primera

Instancia del Tribunal General de Justicia; 3) esté domiciliada en Puerto

Rico a la fecha de su nombramiento; 4) sea una electora calificada; 5)

sea de reconocida capacidad profesional; 6) tenga probidad moral; y 7)

posea conocimiento en los asuntos de naturaleza electoral. Íd.

1

CT-2021-0014

6

3.7(9) del mismo cuerpo legal, supra, dispone el proceder para

sustituir a la persona que ocupe el cargo de Presidente o

Presidente Alterno de la C.E.E ante la ausencia temporera o

definitiva de uno de éstos, así como el término de duración

que tendrá el nombramiento del sustituto -- para cualquiera

de los cargos mencionados --, el cual será para completar el

término del antecesor.

Así las cosas, y como muchos y muchas recordarán, el

pasado 3 de septiembre de 2020 el entonces Presidente de la

C.E.E., Hon. Juan E. Dávila Rivera, renunció a su puesto a

raíz del atropellado proceso primarista que se vivió en el

País en ese mismo año. Ante ello, y en consideración al

andamiaje electoral previamente reseñado, el 7 de septiembre

de 2020 los Comisionados Electorales de los cinco (5) partidos

inscritos en la C.E.E.2 seleccionaron unánimemente al Hon.

Francisco J. Rosado Colomer, para ese entonces Juez Superior

adscrito a la Región Judicial de Ponce, como nuevo Presidente

de la C.E.E. Así también, en igual fecha, la Hon. Jessika D.

Padilla Rivera, Jueza Superior asignada a la Región Judicial

de Arecibo, fue seleccionada como Presidenta Alterna de la

C.E.E.

Desde

entonces,

éstos

ejercieron

los

cargos

de

Presidente y Presidenta Alterna de la mencionada agencia. No

obstante, luego de celebradas las elecciones generales el 4

A saber: Partido Nuevo Progresista, Partido Popular Democrático,

Partido Independentista Puertorriqueño, Movimiento Victoria Ciudadana y

Proyecto Dignidad.

2

CT-2021-0014

7

de noviembre de 2020, y de conformidad con lo establecido en

el Art. 3.7 del Código Electoral de 2020, supra, los referidos

nombramientos vencieron el 30 de junio de 2021.

En consecuencia, durante el mes de agosto de este año

comenzó el proceso para nombrar a los nuevos Presidente y

Presidente Alterno de la C.E.E., según establecido en el

artículo de referencia del Código Electoral de 2020, supra.

En atención a ello, la Lcda. Vanessa Santo Domingo Cruz,

Comisionada Electoral del Partido Nuevo Progresista, nominó a

cuatro

(4)

personas

para

ocupar

los

mencionados

cargos.

Empero, tras la disconformidad de los Comisionados Electorales

con las cuatro (4) personas nominadas por ésta, el 7 de

septiembre de 2021 el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro

R.

Pierluisi

Urrutia,

sometió

a

la

consideración

de

la

Asamblea Legislativa los nombramientos de dos (2) personas

para

que

ocupasen

los

cargos

de

Presidente

y

Presidenta

Alterna de la C.E.E., a saber: el Hon. Jorge R. Rivera Ruedo

y el Hon. Edgardo S. Figueroa Vázquez.

Sin embargo, y debido a la inacción de la Asamblea

Legislativa en pasar juicio sobre los nombramientos ante su

consideración durante el término dispuesto por el Art. 3.7(3)

del Código Electoral de 2020, supra, -- y toda vez que se

entendía que correspondía a los miembros de este Tribunal

realizar los referidos nombramientos --, el 23 de septiembre

de

2021

el

Senado

de

Puerto

Rico,

representado

por

su

Presidente, Hon. José L. Dalmau Santiago, incoó una demanda

CT-2021-0014

8

ante el Tribunal de Primera Instancia en contra de esta Curia

y del Gobierno de Puerto Rico. Mediante dicho recurso, éste

cuestionó

la

validez

constitucional

de

la

precitada

disposición estatutaria por, específicamente, considerar que

el tercer mecanismo de nombramiento allí dispuesto violentaba

la doctrina de separación de poderes consagrada en nuestra

Constitución.

Ello,

al

concentrar

el

poder

de

nominar

a

determinados puestos ejecutivos -- y el de brindar consejo y

consentimiento a los mismos --, en un solo poder de gobierno,

a saber, el Judicial.

Al respecto, y como ya adelantamos, el 15 de octubre de

2021 este Foro emitió una Opinión mediante la cual declaramos

la inconstitucionalidad de dicha disposición -- en específico,

aquello relacionado a que este Tribunal debía nombrar al

Presidente

y

al

Presidente

Alterno

de

la

C.E.E.

--

por

infringir la doctrina de separación de poderes. Véase, Senado

de Puerto Rico v. Tribunal Supremo de Puerto Rico, supra.3

En el referido caso, emitimos una Opinión de conformidad por entender

que la concentración de la facultad de nominar y brindar consejo y

consentimiento a los nuevos Presidente y Presidente Alterno de la C.E.E.

en una sola rama de gobierno -- entiéndase, el Poder Judicial -contraviene la doctrina de separación de poderes y diluye el delicado

equilibrio que procura el sistema de pesos y contrapesos en que se funda

nuestra Constitución. Véase, Senado de Puerto Rico v. Tribunal Supremo

de Puerto Rico, supra, (Colón Pérez, opinión de conformidad).

3

Ahora bien, resulta necesario dejar meridianamente claro que

nuestro proceder respondió, en esa ocasión, a disponer de una

controversia sobre la inconstitucionalidad del Art. 3.7(3) del Código

Electoral de 2020, supra, -- específicamente, en cuanto al tercer

mecanismo de nombramiento para los cargos antes mencionados -- suscitada

en el escenario de una sesión legislativa en curso. En ningún momento,

la discusión en el precitado caso giró en torno al término de duración

de los incumbentes en sus respectivos cargos, controversia que, hoy sí

tenemos la oportunidad de atender.

CT-2021-0014

9

Así pues, y sin que mediara actuación alguna con relación

a los aludidos nombramientos luego de nuestro pronunciamiento,

el 23 de noviembre de 2021 el Comisionado Electoral del Partido

Proyecto

Dignidad,

Lcdo.

Nelson

Rosario

Rodríguez

(en

adelante, “licenciado Rosario Rodríguez”), instó una demanda

sobre sentencia declaratoria ante el Tribunal de Primera

Instancia. En esencia, en el referido documento, éste adujo

que

los

términos

de

los

nombramientos

de

los

actuales

Presidente y Presidenta Alterna de la C.E.E., entiéndase el

Hon. Francisco J. Rosado Colomer y la Hon. Jessika D. Padilla

Rivera, vencieron el 30 de junio de 2021. Principalmente,

alegó que, habiendo vencido el término de éstos y concluido

la sesión legislativa -- la cual comenzó el 16 de agosto de

2021 y finalizó el 16 de noviembre de 2021 --, ambos puestos

quedaron vacantes a tenor con lo resuelto por esta Curia en

Nogueras v. Hernández Colón (2), infra. Manifestó, además,

que las actuaciones realizadas por los referidos funcionarios

luego del pasado 16 de noviembre de 2021 dejaron de ser

oficiales

y

deben

declararse

nulas

toda

vez

que

fueron

realizadas tras vencer el término de sus nombramientos.

Trabada la controversia ante el Tribunal de Primera

Instancia, y tras varios incidentes procesales no necesarios

aquí

pormenorizar,

el

pasado

3

de

diciembre

de

2021

el

licenciado Rosario Rodríguez acudió ante nos mediante el

recurso de Certificación. En su escrito, en síntesis, éste

solicitó que se expidiese el caso de autos toda vez que el

CT-2021-0014

10

mismo planteaba una controversia de alto interés público que

requería atención inmediata por parte de este Tribunal.

Ante ello, el 6 de diciembre de 2021 notificamos una

Resolución mediante la cual certificamos el presente caso y,

entre otras cosas, le concedimos a todas las partes con

interés en este litigio hasta las 4:00 p.m. del lunes, 20 de

diciembre

de

2021

para

que

presentaran

sus

respectivos

alegatos.

Así las cosas, y en cumplimiento con lo ordenado, el

pasado 20 de diciembre de 2021 este Tribunal recibió los

alegatos de las partes con interés en el caso de autos. En

específico, el Lcdo. Ramón A. Torres Cruz, en su capacidad

oficial

como

Democrático;

Comisionado

el

Sr.

Electoral

Roberto

Iván

del

Partido

Aponte

Berríos,

Popular

en

su

capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido

Independentista Puertorriqueño; y la Sra. Lillian Aponte

Dones, en su capacidad oficial como Comisionada Electoral del

Movimiento Victoria Ciudadana, coinciden con los argumentos

esbozados

por

el

licenciado

Rosario

Rodríguez.

En

consecuencia, éstos solicitan que decretemos vacantes los

puestos de Presidente y Presidente Alterno de la C.E.E. Esto

último, al amparo de lo resuelto por este Tribunal en Nogueras

v. Hernández Colón (2), infra.4

Nótese que el Comisionado Electoral del Partido Independentista

Puertorriqueño se suma a la solicitud del licenciado Rosario Rodríguez

de declarar vacantes los cargos de Presidente y Presidente Alterno de la

C.E.E. Así, sostiene que, ante la ausencia de acción de los Poderes

Ejecutivo y Legislativo, y habiendo quedado vacantes los puestos de

referencia, es necesaria la intervención de este Tribunal para conferir

4

CT-2021-0014

11

Por su parte, y en igual fecha, el Senado de Puerto Rico

compareció a este pleito en calidad de Amigo de la Corte.

Particularmente, en su escrito, éste se une a la solicitud

del licenciado Rosario Rodríguez y suplica que declaremos

vacantes los puestos de Presidente y Presidente Alterno de

la C.E.E., así como nulos aquellos actos realizados por los

funcionarios

en

cuestión

luego

de

la

expiración

de

sus

términos.

De otro lado, la Lcda. Vanessa Santo Domingo Cruz, en

su capacidad oficial como Comisionada Electoral del Partido

Nuevo Progresista, y la Oficina del Procurador General, en

representación del Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro R.

Pierluisi Urrutia, así como del Hon. Francisco J. Rosado

Colomer y de la Hon. Jessika D. Padilla Rivera, presentaron

sus respectivos alegatos. Particularmente, la Comisionada

Electoral

del

Partido

Nuevo

Progresista

arguye

que

la

controversia del caso de marras fue atendida por esta Curia

en Senado de Puerto Rico v. Tribunal Supremo de Puerto Rico,

supra. Lo anterior, pues entiende que este Tribunal tomó en

consideración la cláusula de continuidad contenida en el

Código Electoral de 2020, supra, al momento de decretar la

inconstitucionalidad del tercer mecanismo para la selección

de la Presidencia y Presidencia Alterna de la C.E.E. En esa

dirección,

ésta

solicita

que

declaremos

no

ha

lugar

el

algún tipo de dirección y legitimidad institucional a la función de

administrar el andamiaje electoral.

CT-2021-0014

12

recurso de Certificación presentado por el licenciado Rosario

Rodríguez.

En tono similar, la Oficina del Procurador General

solicita la desestimación del presente recurso por ausencia

de legitimación activa. Sin embargo, en la alternativa, ésta

solicita que declaremos no ha lugar el recurso de epígrafe

para mantener a los actuales Presidente y Presidenta Alterna

de la C.E.E. en sus puestos hasta tanto las ramas políticas

nombren a sus sustitutos y éstos tomen posesión de sus cargos.

Trabada así la controversia, y con el beneficio de la

comparecencia de ambas partes en el litigio, así como de otras

partes

interesadas,

procedemos

a

exponer

la

normativa

aplicable a ésta.

II.

Como es sabido, nuestra Carta Magna, en su Art. I, Sec.

2, claramente establece que “[e]l gobierno del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico tendrá forma republicana y sus Poderes

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, según se establecen por

esta

Constitución,

estarán

igualmente

subordinados

a

la

soberanía del pueblo de Puerto Rico”. Art. I, Sec. 2, Const.

ELA, LPRA, Tomo 1. Así pues, desde el 25 de julio de 1952 -fecha en que se proclamó la vigencia del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico -- adoptamos en nuestra jurisdicción un sistema

republicano de gobierno sustentado en la separación de poderes

entre

los

mencionados

Carrasquillo

v.

García

poderes

de

gobierno.

Padilla,

191

DPR

97,

Véase,

109

Díaz

(2014);

CT-2021-0014

13

Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 458 (1994); Hernández

Agosto v. López Nieves, 114 DPR 601, 619 (1983).5

Con relación al alcance de la aludida doctrina, -- y como

hemos reiteradamente destacado --, el Lcdo. Víctor Gutiérrez

Franqui,

entonces

miembro

de

la

Asamblea

Constituyente,

expresó que ella significa “que cada [poder] del gobierno se

ajuste a bregar con aquellos aspectos de la organización

política que son de su incumbencia”. 1 Diario de Sesiones de

la Convención Constituyente de Puerto Rico 591 (1961). Cónsono

con ello, el también delegado a la Asamblea Constituyente,

Virgilio Brunet Maldonado, añadió que, al separar los poderes,

debíamos rodear a cada uno de éstos de las protecciones que

permitieran

su

ejercicio

y

funcionamiento

sin

que

se

supeditara a la intromisión de las otras ramas de gobierno. 3

Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, 1800-1801

(1961).

Fue así como en nuestra Constitución se evitó, desde un

principio, la concentración del poder en una sola rama de

gobierno. Véase, Senado de Puerto Rico v. Tribunal Supremo de

Puerto Rico, supra; Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 88

(1998); Noriega v. Hernández Colón, supra, págs. 458-459. Lo

anterior,

claro

está,

sin

ignorar

que

la

doctrina

de

separación de poderes nunca se concibió como una estructura

Para una discusión amplia y detenida sobre la doctrina de separación de

poderes, véase, A. Acevedo Vilá, Separación de Poderes en Puerto Rico:

Entre la teoría y la práctica, Puerto Rico, Ed. SITUM, 2018.

5

CT-2021-0014

de

naturaleza

14

inmutable

en

que

cada

poder

del

gobierno

funcionaría en un vacío e independiente de los otros. Véase,

Acevedo Vilá v. Meléndez, 164 DPR 875, 883 (2005); Noriega v.

Hernández Colón, supra, pág. 459; Nogueras v. Hernández Colón

(1), 127 DPR 405, 426 (1990). Ello, pues se trata, más bien,

de que la interacción entre los tres (3) poderes de gobierno

promueva un sistema de pesos y contrapesos con el propósito

de “generar un equilibrio dinámico entre poderes coordinados

y de igual rango, [para] evitar así que ninguno de éstos

amplíe su autoridad a expensas de otro”. Misión Ind. P.R. v.

J.P.,

supra,

pág.

89.

Véase,

también,

Acevedo

Vilá

v.

Meléndez, supra; Nogueras v. Hernández Colón (1), supra.

En otras palabras, se trata de mantener la colaboración

entre los tres (3) poderes de gobierno sin que uno domine o

interfiera de manera indebida con el otro. Senado de Puerto

Rico

v.

Tribunal

Carrasquillo

v.

Supremo

García

de

Puerto

Padilla,

Rico,

supra;

supra;

Colón

Díaz

Cortés

v.

Pesquera, 150 DPR 724, 750 (2000). De modo que la importancia

de la referida doctrina recayó “en la separación, más no en

la independencia absoluta de los poderes entre sí”. Hernández

Agosto v. López Nieves, supra.

III.

Así pues, y con el fin de lograr el equilibrio dinámico

que presupone la doctrina de separación de poderes, nuestra

Carta Magna está apoyada de cláusulas que establecen funciones

compartidas entre los distintos poderes de gobierno. Véase,

CT-2021-0014

15

Senado de Puerto Rico v. Tribunal Supremo de Puerto Rico,

supra; Nogueras v. Hernández Colón (2), 127 DPR 638, 650

(1991); Hernández Agosto v. López Nieves, supra, pág. 620. En

esa dirección, y para dar vida a esos principios, en nuestro

sistema de gobierno la facultad de nombramiento es compartida

entre

el

Poder

Ejecutivo

y

el

Poder

Legislativo.

En

específico, el Art. IV., Sec. 4, de la Constitución del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico dispone de manera expresa que

será facultad y deber del Gobernador:

Nombrar, en la forma que se disponga por esta

Constitución o por ley, a todos los funcionarios para

cuyo nombramiento esté facultado. El Gobernador podrá

hacer nombramientos cuando la Asamblea Legislativa

no esté en sesión. Todo nombramiento que requiera el

consejo y consentimiento del Senado o de ambas

cámaras quedará sin efecto al levantarse la siguiente

sesión ordinaria. Art. IV, Sec. 4, Const. ELA, LPRA,

Tomo 1.

Como se puede apreciar, en la precitada cláusula, queda

recogido el imperativo constitucional de colaboración entre

los poderes políticos de gobierno al requerirse el consejo y

consentimiento del Poder Legislativo para el nombramiento de

ciertos funcionarios cuya responsabilidad recae sobre el Poder

Ejecutivo. Véase, A. Acevedo Vilá, Separación de Poderes en

Puerto Rico: Entre la teoría y la práctica, Puerto Rico, Ed.

SITUM, 2018, pág. 111. A eso, precisamente, nos referimos

cuando hablamos de separación de poderes.

En cuanto a esta función compartida, hace varias décadas

este Tribunal, en Hernández Agosto v. López Nieves, supra,

sentenció lo siguiente:

CT-2021-0014

16

La

doctrina

de separación de poderes y

el

sistema democrático mismo de gobierno presuponen, en

lo que atañe a las facultades compartidas como es la

de nombramiento, la búsqueda del consenso, el logro

del equilibrio necesario para realizar las tareas del

gobierno. En lo que atañe a nombramientos, la Rama

Ejecutiva no puede despojar a la Rama Legislativa del

poder

de

confirmación

que

le

confieren

la

Constitución y las leyes. Tampoco puede el Senado o

la Rama Legislativa usurpar el poder de nominación

del

señor

Gobernador

mediante

afirmaciones

indicativas

de

que

confirmará

únicamente

a

determinado candidato. Íd.

En esa dirección, y por estar intrínsecamente vinculado

con lo anterior, es preciso repasar -- en el contexto de los

nombramientos realizados por el Poder Ejecutivo, que requieren

el consejo y consentimiento del Poder Legislativo -- todo lo

relacionado con la cláusula de continuidad o holding over. En

cuanto a ésta, se ha explicado que se trata de “un mecanismo

en virtud del cual un funcionario que ocupa un cargo en

propiedad pued[a] continuar ocupándolo aun después de expirado

su término hasta tanto su sucesor sea nombrado y tome posesión”

de éste. C. E. Cortés Feliciano, Nombramientos de receso

sucesivos: ¿despoje de la facultad de consejo y consentimiento

del Senado?, 86 Rev. Jur. UPR 192, 204 (2017). En palabras

más sencillas, la mencionada cláusula permite “prorrogar los

términos de efectividad de un nombramiento”. Íd.

En

realizó

las

primeras

sobre

el

interpretaciones

alcance

de

la

que

este

referida

Tribunal

cláusula

de

continuidad o holding over, mencionamos que los propósitos de

este tipo de cláusula eran dos (2): 1) mantener en el cargo a

una

persona

que

ha

sido

nombrada

con

el

consejo

y

CT-2021-0014

17

consentimiento del Senado, incluyendo el periodo después del

vencimiento de su término, hasta que éste pueda concurrir con

el Gobernador en volverlo a nombrar o elegir un sucesor; y 2)

evitar vacantes que aborrece la ley por éstas entorpecer la

continuación de la administración de los asuntos públicos.

Véase, González v. Corte, 62 DPR 161, 165 (1943). Véase,

además, Brunet Justiniano v. Gobernador, 130 DPR 248, 258

(1992); Nogueras v. Hernández Colón (2), supra, pág. 647;

Betancourt Morales v. Gobernador de P.R., 118 DPR 149 (1986);

J.R.T. v. Milares Realty, Inc., 90 DPR 844 (1964); Fernández

v. Corte, 71 DPR 161, 178 (1950). Ello, con el paso del tiempo,

varió un poco.

Y es que, en Nogueras v. Hernández Colón (2), supra, este

Tribunal tuvo que resolver si la cláusula de continuidad debía

tener el efecto de mantener indefinidamente en sus cargos a

ciertos jueces cuyos términos habían vencido. Íd., pág. 648.

En particular, esta Curia debía determinar si la expectativa

de continuidad tenía algún límite y, de ello responderse en

la afirmativa, cuál era el término máximo permisible. Íd.

Así pues, al realizar el análisis de rigor, desde aquel

entonces, dispusimos que la indefinición en el término de

duración de un nombramiento por virtud de la cláusula de

continuidad

de

la

legislación

en

cuestión

infringía

“el

equilibrio que intenta[ba] mantener la Constitución en lo que

respecta al ejercicio de nombramiento compartido por la Rama

Ejecutiva y la Legislativa”. (Énfasis suplido). Íd., pág.

CT-2021-0014

18

651.6 Y, lo que es más, expresamos que “[t]al indefinición

abona[ba] el terreno para que se produ[jera] una situación en

la que se trasto[caría] el firme equilibrio deseado a la hora

de extender nombramientos que requi[ri]eran [el] consejo y

consentimiento del Senado”. (Énfasis suplido). Íd.

Es

por

todo

lo

anterior,

que

en

aquella

ocasión

entendimos que en nuestro ordenamiento jurídico no había

cabida para que los términos de las cláusulas de continuidad

fuesen indefinidos. Por eso, en el precitado caso -- tras

adoptar la norma establecida previamente en Hernández Agosto

v. López Nieves, supra -- resolvimos, sin ambages, que:

[E]l término de duración del incumbente (holding

over) en virtud de la llamada cláusula de continuidad

no es ilimitado. El mismo se extendería hasta que su

sucesor tome posesión del cargo pero nunca después

de finalizada la próxima sesión legislativa siguiente

a dicha expiración. Si los Poderes Ejecutivo y

Legislativo no logran llegar a un acuerdo sobre la

renominación del incumbente o su sucesor antes de

finalizada la sesión ordinaria señalada, el cargo

quedaría vacante hasta tanto ambos poderes descarguen

su obligación constitucional de nombramiento. Este

resultado está acorde con la doctrina de separación

de poderes y con las razones estatutarias que

Si bien somos conscientes de que las cláusulas de continuidad se

establecen para evitar vacantes que la ley aborrece, y que lo deseable

en estas circunstancias es que aquella persona que fue nombrada por el

Primer Ejecutivo con el consejo y consentimiento del Senado -- método

primario de nombramiento -- continúe ejerciendo su cargo hasta que su

sucesor sea nombrado y tome posesión de éste, no menos cierto es que esa

no es la realidad de los funcionarios en cuestión en el caso de autos.

Y es que, como sabemos, estos últimos fueron seleccionados mediante el

voto unánime de los Comisionados Electorales de los cinco (5) partidos

políticos de conformidad con el primer mecanismo contemplado en el Art.

3.7(3) del Código Electoral de 2020, supra, y no bajo la cláusula de

nombramiento a la que hemos aludido. En ese sentido, una mayoría de este

Tribunal extrapola y descansa erróneamente en la crítica que realiza el

profesor José Julián Álvarez González a lo pautado en Nogueras v.

Hernández Colón (2), supra, la cual parte de la premisa de que los

nombramientos en cuestión se efectuaron bajo el método primario dispuesto

para ello en nuestra Constitución. Véase, además, J.J. Álvarez González,

Derecho constitucional, 61 Rev. Jur. UPR 637 (1992).

6

CT-2021-0014

19

inspiraron la cláusula de continuidad.

suplido). Íd., págs. 652-653.

(Énfasis

Dicho de otro modo, el término de un cargo al amparo de

una cláusula de continuidad no puede ser ad infinitum, sino

que su extensión será hasta que finalice la sesión legislativa

siguiente a la fecha de vencimiento de éste. Lo anterior, ha

sido

un

precedente

firmemente

establecido

en

nuestra

jurisdicción.

IV.

Así las cosas, tal como lo hemos hecho en el pasado, no

podemos obviar, en nuestro análisis, lo concerniente al valor

del precedente y la doctrina del stare decisis que rige en el

ordenamiento jurídico puertorriqueño. Este concepto proviene

del

latín

stare

decisis

et

non

quieta

movere,

lo

cual

significa mantenerse con lo decidido y no perturbar la calma.

Véase, Ramos v. Louisiana, 140 S. Ct. 1390, 590 US ___ (2020)

(Sotomayor, opinión concurrente); Townsend v. Jemison, 50 US

407 (1850). El propósito de esa doctrina es que un tribunal,

en aras de proveer certidumbre y estabilidad en las relaciones

jurídicas en el país, siga sus dictámenes previos. Rivera Ruiz

v. Mun. de Ponce, 196 DPR 410, 429 (2016). Véase, además, Am.

Railroad Co. v. Comisión Industrial, 61 DPR 314, 326 (1943).

Ello, como elemento esencial para generar la confianza de los

ciudadanos y ciudadanas en su sistema de justicia. Asoc. de

Maestros v. Dpto. de Educación, 200 DPR 974, 1110 (2018)

(Colón Pérez, opinión disidente).

CT-2021-0014

20

Ahora bien, esta doctrina admite excepciones, por lo que

los tribunales no están llamados a seguir un precedente cuando

esté presente alguna de las siguientes circunstancias: 1) el

precedente establecido fue claramente erróneo; 2) sus efectos

sobre el ordenamiento sean adversos; o 3) la cantidad de

personas que confiaron en éste fuese limitada. Pueblo v.

Camacho Delgado, 175 DPR 1, 20 esc. 4 (2008). Véase, además,

González v. Merck, 166 DPR 659, 688 (2006). Sin lugar a duda,

dichas excepciones no están presentes en el caso de autos.

Es, pues, a la luz de la normativa antes expuesta, y no de

otra, que procedía disponer de la controversia ante nuestra

consideración. Como una mayoría de este Tribunal no lo hizo,

procedemos -- desde el disenso -- a así hacerlo.

V.

Conforme mencionamos anteriormente, en el presente caso

el licenciado Rosario Rodríguez arguye que los puestos de

Presidente y Presidenta Alterna de la C.E.E. debieron quedar

vacantes luego del 16 de noviembre de 2021, fecha en que

culminó la sesión legislativa. Como consecuencia de ello, éste

señala

que

los

actos

realizados

por

los

mencionados

funcionarios con posterioridad a dicha fecha son nulos por

haber vencido el término de sus nombramientos. Le asiste la

razón.

Al así sentenciarlo, si bien reconocemos que el Art.

3.7(2) del Código Electoral de 2020, supra, contiene una

cláusula de continuidad, -- la cual establece que el término

CT-2021-0014

21

de duración de los nombramientos de referencia será de cuatro

(4) años a partir del primero (1ro) de julio del año siguiente

a una elección general, hasta que los sucesores sean nombrados

y tomen posesión del cargo --, también somos conscientes de

que lo anterior no puede interpretarse de manera contraria a

nuestros pronunciamientos en Nogueras v. Hernández Colón (2),

supra. Así lo requería un correcto ejercicio de interpretación

judicial.

A tenor con ello, de haberse realizado ese correcto

ejercicio

de

interpretación

judicial

al

que

hemos

hecho

referencia, forzoso era concluir que el término de duración

de los nombramientos de los actuales Presidente y Presidenta

Alterna de la C.E.E. -- entiéndase, el Hon. Francisco J. Rosado

Colomer y la Hon. Jessika D. Padilla Rivera -- en virtud de

la llamada cláusula de continuidad no es ilimitado. El mismo

podría ser extendido hasta que sus sucesores tomaran posesión

de sus cargos, pero nunca después de finalizada la sesión

legislativa

siguiente

a

dicha

expiración.

Disponer

lo

contrario, a todas luces, atentaría contra el equilibrio de

poder sobre el que está cimentada nuestra Constitución y, por

ende,

contra

la

doctrina

de

separación

de

poderes.

En

particular, con la tarea de brindar consejo y consentimiento

del Poder Legislativo, en escenarios donde el Poder Ejecutivo

decida cruzarse de brazos y no realizar nombramiento alguno.

No

podemos

pues,

so

color

de

solucionar

un

caos

administrativo, crear un caos constitucional. Una vez más, en

CT-2021-0014

22

un País que se hace llamar democrático, ello no debe tener

espacio.

En

consecuencia,

--

como

bien

señala

el

licenciado

Rosario Rodríguez -- el Hon. Francisco J. Rosado Colomer y la

Hon. Jessika D. Padilla Rivera ocupan sus cargos ilegalmente.

Por

lo

cual,

todos

los

actos

llevados

a

cabo

por

los

mencionados funcionarios luego del 16 de noviembre de 2021

son patentemente nulos, y continúan minando la confianza y

credibilidad que históricamente nuestro País había tenido en

la C.E.E.

Expuesto lo anterior, y ante la desacertada opinión

emitida por una mayoría de esta Curia, insistimos nuevamente

en que urge que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo

ejerzan

sus

funciones

constitucionales

para

llenar

las

vacantes a los cargos de Presidencia y Presidencia Alterna de

una agencia tan medular para el funcionamiento del esquema

político de nuestro Pueblo.

En fin, como quedó en extremo evidenciado -- y según

señalamos en nuestra Opinión de conformidad en Senado de

Puerto Rico v. Tribunal Supremo de Puerto Rico, supra, -“[e]l hecho de que la falta de dirección en un departamento

del gobierno pued[a] resultar altamente perjudicial para el

[P]aís, no es sino razón para el ejercicio responsable de los

deberes que la Constitución impone a los poderes políticos

con relación a estos nombramientos”. Hernández Agosto v. López

Nieves, supra, pág. 622.

CT-2021-0014

23

VI.

Es,

pues,

por

los

fundamentos

expuestos,

que

enérgicamente disentimos del curso de acción seguido por una

mayoría de este Tribunal.

Ángel Colón Pérez

Juez Asociado