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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Marie Liz Vargas Martínez

2021 TSPR 156

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Marie Liz Vargas Martínez

AB-2021-83 (TS-20,558)

Conducta Profesional- Suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría por craso incumplimiento al Canon 9 del Código de Ética Profesional.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2021 TSPR 156

Marie Liz Vargas Martínez

(TS-20,558)

Número del Caso:

Fecha:

208 DPR

AB-2021-83

17 de diciembre de 2021

Materia:

Conducta Profesional- Suspensión inmediata e indefinida

del ejercicio de la abogacía y la notaría por craso incumplimiento

al Canon 9 de Ética Profesional. La suspensión es efectiva el 20 de

diciembre 2021, fecha en que se le notificó a la abogada de su suspensión

inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Marie Liz Vargas Martínez

(TS, 20,558)

AB-2021-83

Queja

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de diciembre de 2021.

Nos

corresponde

ejercer

nuestro

poder

disciplinario y ordenar la suspensión inmediata e

indefinida de la Lcda. Marie Liz Vargas Martínez por

no acatar las órdenes de este Tribunal.

I

La licenciada Vargas Martínez fue admitida al

ejercicio de la abogacía el 17 de febrero de 2016 y

prestó juramento como notaria el 20 de julio de 2016.

El 25 de mayo de 2021 el Sr. Edwin Hernández De

León presentó una queja contra la licenciada Vargas

Martínez.

Según

expuso,

la

Lcda.

Winette

Cortés

Sinigaglia le notificó al quejoso que por razones

personales no

podía continuar representándolo en la

AB-2021-83

2

demanda sobre difamación y daños y perjuicios que presentó

y

que,

por

tal motivo,

le

entregó

el

expediente

a

la

licenciada Vargas Martínez para la continuación de la causa

de acción. El señor Hernández De León alegó que –desde el

inicio- la comunicación que sostuvo con la letrada se limitó

al Whatsapp, a correos electrónicos y a una que otra llamada

telefónica. Enfatizó que, a pesar de sus intentos, la abogada

no era responsiva. Nos informó que dado el hecho de que el

quejoso recibía las notificaciones del tribunal supo que el

foro

de

instancia

desestimó

la

demanda

por

falta

de

representación legal y diligencia. A raíz de lo anterior,

logró comunicarse con la licenciada Vargas Martínez quien,

según

alegó,

le

indicó

que

no

estaba

recibiendo

las

notificaciones del tribunal y que, en ese momento, sufría

de COVID-19. Por último, el señor Hernández De León aseguró

que la inacción de la licenciada Vargas Martínez provocó que

perdiera el derecho de continuar con la causa de acción.

El 21 de junio de 2021, la Lcda. Bettina Zeno González,

Subsecretaria de este Tribunal, remitió una comunicación a

la licenciada Vargas Martínez concediéndole diez días para

contestar la queja. Ante la incomparecencia de la letrada,

el 28 de julio de 2021, nuevamente la Subsecretaria le

concedió un término final de diez días para contestar la

queja. Sin embargo, la abogada no contestó. Así el trámite,

la Subsecretaria remitió el asunto al Pleno del Tribunal y,

mediante Resolución de 7 de septiembre de 2021, le concedimos

diez días a la licenciada Vargas Martínez para que mostrara

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3

causa por la cual no debía ser suspendida del ejercicio de

la abogacía por incumplimiento con nuestras órdenes.

Al no

comparecer, le concedimos un término final de diez días por

el fundamento anterior, mediante Resolución notificada el 6

de octubre de 2021.

II

El Tribunal posee la facultad inherente de regular la

profesión legal en Puerto Rico. En consecuencia, tenemos que

asegurarnos que los miembros admitidos a la práctica de la

abogacía

y

la

notaría

ejerzan

sus

funciones

responsable, competente y diligente.1 Por ello,

de

manera

el Código

de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, postula los principios

mínimos de conducta que deben emular los profesionales del

derecho.2

Ahora

bien,

el

Canon

9

del

Código

de

Ética

Profesional, supra, exige que todo letrado debe “observar

para con los tribunales una conducta que se caracterice por

el mayor respeto”. El respeto aludido se despliega y se

alcanza en la medida en que un abogado atiende y obedece las

órdenes de este Tribunal o de cualquier foro al que se

encuentre obligado a comparecer.3 Sin embargo, cuando los

In re Cardona Estelritz, 201 DPR 607, 612 (2018)(citando In re Marín

Serrano, 197 DPR 535 (2017); In re Montalvo Delgado, 196 DPR 541 (2016);

In re Sepúlveda Torres, 196 DPR 50 (2016); In re Oyola Torres, 195 DPR

437,440 (2016); In re Vera Vélez, 192 DPR 216, 226 (2015)).

1

In re Cardona Estelritz, supra (citando In re Marín Serrano, supra; In

re Sepúlveda Torres, supra. Véanse, además: In re Guemárez Santiago, 191

DPR 611, 617–618 (2014); In re Falcón López, 189 DPR 689, 695 (2013)).

2

In re Cardona Estelritz, supra, pág. 613 (citando In re Marín Serrano,

supra; In re Rodríguez Quesada, 195 DPR 967 (2016); In re Stacholy Ramos,

195 DPR 858 (2016)).

3

AB-2021-83

4

requerimientos y las órdenes se relacionan a procedimientos

disciplinarios, los miembros de la profesión legal deben

prestar

atención

especial.4

El

incumplimiento

con

esta

obligación es un claro menosprecio a la autoridad de este

Tribunal.5 Además, la actitud de indiferencia a nuestras

advertencias

sobre

incumplirlas

es

las

causa

sanciones

suficiente

disciplinarias

para

una

e

suspensión

inmediata e indefinida de la práctica de la profesión legal.6

En otras palabras, como tal conducta no es compatible con

la práctica de la profesión, constituye una violación al

Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra.7

III

A la licenciada Vargas Martínez se le apercibió de la

obligación de comparecer y de las consecuencias que acarrea

el

incumplimiento

con

nuestras

órdenes.

La

letrada

menospreció las oportunidades ofrecidas al incumplir con

nuestros requerimientos para contestar los señalamientos

imputados en su contra.

Con su proceder, la licenciada

Vargas Martínez demostró que tuvo en poco nuestra autoridad

de

regular

a

los

miembros

de

la

profesión

legal.

Ciertamente, la conducta de desdén de la licenciada Vargas

Íd. (citando In re Marín Serrano, supra; In re Vera Vélez, supra, pág.

226)).

4

Íd. (citando In re Marín Serrano, supra; In re Rodríguez Quesada,

supra. Véase, además: In re De León Rodríguez, 190 DPR 378, 390–391

(2014); In re Irizarry Irizarry, 190 DPR 368, 374 (2014)).

5

Íd. (citando In re Marín Serrano, supra; In re Vera Vélez, supra, págs.

226–227; In re Toro Soto, 181 DPR 654, 660 (2011); In re Martínez

Sotomayor I, 181 DPR 1, 3 (2011)).

6

Íd. (citando In re Marín Serrano, supra; In re Figueroa Cortés, 196

DPR 1 (2016)).

7

AB-2021-83

5

Martínez constituye por sí sola un craso incumplimiento al

Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra, y revela que

no posee el interés de practicar la profesión jurídica en

esta jurisdicción.

IV

Por

los

fundamentos

expuestos,

decretamos

la

suspensión inmediata e indefinida de la licenciada Vargas

Martínez del ejercicio de la abogacía y la notaría.

La señora Vargas Martínez deberá notificar de forma

inmediata a sus clientes que, por motivo de su suspensión,

no

podrá

continuar

proveyéndoles

consultoría

ni

representación legal, y debe devolverles los expedientes de

cualquier caso ya atendido o pendiente de resolución y los

honorarios

que haya

percibido

por

cualquier

trabajo

no

realizado. De igual manera, tendrá la responsabilidad de

informar inmediatamente la suspensión a todos los foros

judiciales y administrativos en los que tenga algún caso

pendiente. Deberá acreditar y certificar ante este Tribunal

el cumplimiento con todo lo anterior, dentro del término de

30 días, contado a partir de la notificación de la presente

Opinión Per Curiam y Sentencia.

Se ordena al Alguacil de este Tribunal que incaute

inmediatamente la obra y el sello notarial de la señora

Vargas Martínez y los entregue al Director de la Oficina de

Inspección de Notarías para la correspondiente investigación

e

informe.

Consecuentemente,

la

fianza

notarial

queda

automáticamente cancelada. La fianza se considerará buena y

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6

válida por 3 años después de su terminación en cuanto a los

actos realizados por la señora Vargas Martínez durante el

periodo en que la fianza estuvo vigente.

Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y

Sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Marie Liz Vargas Martínez

(TS, 20,558)

AB-2021-83

Queja

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de diciembre de 2021.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per

Curiam que antecede, la cual se hace formar parte

íntegra de la presente Sentencia, decretamos la

suspensión inmediata e indefinida de la Lcda. Marie

Liz Vargas Martínez del ejercicio de la abogacía y la

notaría.

La señora Vargas Martínez deberá notificar de

forma inmediata a sus clientes que, por motivo de su

suspensión,

no

podrá

continuar

proveyéndoles

consultoría

ni

representación

legal,

y

debe

devolverles los expedientes de cualquier caso ya

atendido o pendiente de resolución y los honorarios

que haya percibido por cualquier trabajo no realizado.

De igual manera, tendrá la responsabilidad de informar

inmediatamente la suspensión a todos los foros

judiciales y administrativos en los que tenga algún

caso pendiente. Deberá acreditar y certificar ante

este Tribunal el cumplimiento con todo lo anterior,

dentro del término de 30 días, contado a partir de la

notificación de la presente Opinión Per Curiam y

Sentencia.

Se ordena al Alguacil de este Tribunal que

incaute inmediatamente la obra y el sello notarial de

la señora Vargas Martínez y los entregue al Director

AB-2021-83

2

de la Oficina de Inspección de Notarías para la

correspondiente investigación e informe. Consecuentemente,

la fianza notarial queda automáticamente cancelada. La

fianza se considerará buena y válida por 3 años después de

su terminación en cuanto a los actos realizados por la señora

Vargas Martínez durante el periodo en que la fianza estuvo

vigente.

Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y

Sentencia.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el

Secretario del Tribunal Supremo.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo