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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Oscar J. Santamaria Torres

2021 TSPR 154

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Oscar J. Santamaria Torres

TS-16,552

Conducta Profesional: Suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2021 TSPR 154

Oscar J. Santamaría Torres

Número del Caso:

Fecha:

208 DPR _____

TS-16,552

13 de diciembre de 2021

Abogado del Sr. Oscar J. Santamaría Torres:

Por derecho propio

Materia: Conducta Profesional- Suspensión inmediata e indefinida

del ejercicio de la abogacía y la notaría.

La suspensión será

efectiva el 13 de diciembre de 2021, fecha en que se le notificó al

abogado de su suspensión inmediata.

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

TS – 16,552

Oscar J. Santamaría Torres

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 13 de diciembre de 2021.

Ejercemos nuestra facultad disciplinaria y ordenamos la

suspensión

inmediata

e

indefinida

del

Lcdo.

Oscar

J.

Santamaría Torres de la profesión legal por distanciarse de

los principios de honradez y moral que deben distinguir a

quienes pertenecemos a esta noble profesión.

I

El

Lcdo.

Oscar

J.

Santamaría

Torres

(licenciado

Santamaría Torres) fue admitido al ejercicio de la abogacía

el 20 de agosto de 2007 y prestó juramento como notario el

8 de enero de 2008.1 Así las cosas, el 1 de diciembre de

2021, presentó ante nos una Solicitud de Cambio a Estatus de

Mediante comunicación de 9 de diciembre de 2021, el Director de la Oficina

de Inspección de Notarías (ODIN), Lcdo. Manuel E. Ávila De Jesús, nos

informó que el Lcdo. Oscar J. Santamaría Torres solicitó mediante carta de

26 de octubre de 2021 la cesación voluntaria al ejercicio de la notaría,

entregó su obra, así como, tres sellos notariales. Asimismo, indicó que la

obra fue inspeccionada, aprobada y depositada en el Archivo Notarial del

Distrito Notarial de San Juan. En vista de ello, la ODIN solicitó la

cancelación de la fianza notarial.

1

TS-16,552

2

Abogado Inactivo en el Registro Único de Abogados y Abogadas.

Asimismo,

compareció

nuevamente

para

suplementar

su

solicitud el 10 de diciembre de 2021.2

En su comparecencia, el licenciado Santamaría Torres

expresó que:

3. [S]uscribí un acuerdo con Fiscalía Federal para

declararme culpable por la comisión de los

delitos de conspiracy, federal funds bribery and

kickbacks bajo el 18 USC 371.3

4. Al momento no he resultado convicto por el foro

federal, no obstante, es mi deber informar al

Honorable Tribunal que estoy incapacitado para

desempeñar éticamente los deberes y obligaciones

que como miembro de la profesión me corresponden.

Siendo ello así, muy respetuosamente, solicito

que se me inactive del Registro de Abogados y

El 10 de diciembre de 2021 compareció la Oficina del Procurador General

para informar a este Tribunal sobre el Acuerdo de Culpabilidad suscrito

por el licenciado Santamaría Torres.

2

Mediante el Acuerdo de Culpabilidad (Plea and Forteiture Agreement)

suscrito el 30 de noviembre de 2021 en el caso Crim. No. 21-464 (RAM),

el licenciado Santamaría Torres se declaró culpable del cargo presentado

en su contra por los delitos de conspiración y soborno (Conspiracy,

Federal Funds Bribery and Kickbacks). En lo pertinente al cargo

presentado en contra del licenciado Santamaría Torres, el Acuerdo de

Culpabilidad expresa que:

3

Defendant agrees to waive his right to be indicted by a Grand

Jury and plead guilty to a one-count Information charging the

following:

Count One: Conspiracy, Federal Funds Bribery and

Kickbacks. From in or about June 2017, until in or about

February 2021 in the District of Puerto Rico, defendant OSCAR

SANTAMARIA-TORRES did knowingly and willfully combine,

conspire, and agree with others known and unknown to the

government to commit offenses against the United States,

including Federal Program Bribery, that is, to corruptly

give, offer, and agree to give things of value to Individual

A, a public official and agent of Cataño, with the intent of

influencing and rewarding Individual A in connection with any

business, transaction, and series of transactions of Cataño

valued at $5,000 or more as opportunities arose, that is,

municipal contracts. In each of the years 2017, 2018, 2019,

2020, and 2021, the municipality of Cataño received benefits

in excess of $10,000.00 under federal programs involving

grants, subsidies, loans, guarantees, insurance, and other

forms of assistance, in violation of 18 U.S.C. §§ 371 and

666(a)(2).

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3

Abogadas o que proceda con lo dispuesto en

Sección 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909.

5. Debido a la gravedad de los cargos por los cuáles

me declar[é] culpable, quiero aclarar que no

estoy solicitando una suspensión provisional en

lo que se dicte una sentencia condenatoria y que

ésta advenga final y firme.

6. Mi intención es que este Honorable Tribunal

decrete mi inactividad del Registro de Abogados

o lo que proceda en derecho de forma sumaria

renunciando expresa y voluntariamente al derecho

de ser escuchado conforme a lo pautado en In re

Peluzzo, 195 DPR 323 (2016).

7. Es mi deseo hacer un reconocimiento público que

mi conducta deshonró el honor y dignidad de mi

profesión y que le he fallado a este Honorable

Tribunal. Finalmente, como funcionario de los

tribunales, le pido mis genuinas disculpas a los

jueces y juezas del Tribunal Supremo.

POR

TODO

LO

ANTERIORMENTE

EXPUESTO,

muy

respetuosamente le ofrezco mis sinceras disculpas

al Honorable Tribunal Supremo y le solicito que

declare HA LUGAR el presente escrito procediendo

con la suspensión inmediata y sumaria del

suscribiente.

II

Este

Tribunal

reglamentar

la

tiene

práctica

la

de

facultad

la

inherente

abogacía

en

de

nuestra

jurisdicción. In re Velilla Reyes, 200 DPR 248 (2018). En el

ejercicio de esa autoridad, podemos desaforar o suspender a

los

miembros

de

la

profesión

que

no

estén

aptos

para

desempeñar tan delicado ministerio. Íd.; In re Ortiz Abrams,

194 DPR 492, 495 (2016).

Como hemos expresado en repetidas

ocasiones, los motivos para ejercer esta facultad no están

condicionados a estatuto alguno, sino que comprenden toda

conducta del abogado que afecte su condición moral y lo haga

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4

indigno de pertenecer a este Foro. Esto, siempre que se le

conceda la oportunidad al letrado de ser oído en su defensa.

In re Velilla Reyes, supra; In re Peluzzo Perotín, 195 DPR

323 (2016); In re Ortiz Abrams, supra.

Por ello, “hemos sido enfáticos en afirmar que toda

conducta

delictiva

evidencie

su

de

un

miembro

quebrantamiento

de

moral,

la

aun

profesión

que

cuando

sea

no

producto o en conexión con el ejercicio de su profesión es

motivo para desaforarlo o suspenderlo”. In re Ortiz Abrams,

supra,

pág.

496.

Al

respecto,

hemos

resuelto

que

la

depravación moral consiste en actuar contrario a la ética,

la justicia, la honradez, los buenos principios o la moral.

Íd.; In re Martínez Maldonado, 185 DPR 1085 (2012).

III

El Lcdo. Oscar J. Santamaría Torres ha reconocido su

culpabilidad por graves actos que lo incapacitan para ejercer

la

abogacía

en

nuestra

jurisdicción.

Asimismo,

se

ha

allanado a que se le suspenda inmediata y sumariamente del

ejercicio

de

la

provisionalmente

condenatoria.

De

profesión

en

lo

igual

en

que

vez

se

forma,

de

ser

suspendido

dicte

una

sentencia

renuncia

expresa

y

voluntariamente a ser escuchado. Por lo tanto, en virtud de

nuestro poder inherente de reglamentar el ejercicio de la

abogacía en nuestra jurisdicción y luego de renunciar a la

oportunidad de ser oído en su defensa, procede suspenderle

inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía y

de la notaría.

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5

IV

Por

los

fundamentos

que

anteceden,

se

suspende

inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía y

de la notaría al Lcdo. Oscar J. Santamaría Torres.

Se le impone el deber de notificar a todos sus clientes

sobre

su

inhabilidad

para

continuar

representándolos

y

devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos

no realizados. Deberá además informar inmediatamente de su

suspensión a los foros judiciales y administrativos en los

que tenga asuntos pendientes. Por último, deberá acreditar

a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del

término de treinta (30) días a partir de la notificación de

esta Per Curiam y Sentencia. No hacerlo pudiere conllevar

que no se le reinstale cuando lo solicite.

En virtud de esta suspensión inmediata e indefinida

del ejercicio de la notaría, la fianza que garantiza las

funciones

notariales

queda

automáticamente

cancelada.

Asimismo, la fianza se considerará buena y válida por tres

(3) años después de su terminación, en cuanto a los actos

realizados durante el periodo en que esta estuvo vigente.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

TS – 16,552

Oscar J. Santamaría Torres

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 13 de diciembre de 2021.

Por los fundamentos que anteceden, se suspende

inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía y

de la notaría al Lcdo. Oscar J. Santamaría Torres.

Se le impone el deber de notificar a todos sus clientes

sobre su inhabilidad para continuar representándolos y

devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos

no realizados. Deberá además informar inmediatamente de su

suspensión a los foros judiciales y administrativos en los

que tenga asuntos pendientes. Por último, deberá acreditar

a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del

término de treinta (30) días a partir de la notificación de

esta Per Curiam y Sentencia. No hacerlo pudiere conllevar

que no se le reinstale cuando lo solicite.

En virtud de esta suspensión inmediata e indefinida

del ejercicio de la notaría, la fianza que garantiza las

funciones notariales queda automáticamente cancelada.

Asimismo, la fianza se considerará buena y válida por tres

años después de su terminación, en cuanto a los actos

realizados durante el periodo en que esta estuvo vigente.

Notifíquese.

Lo acordó y manda el Tribunal

Secretario del Tribunal Supremo.

y

lo

certifica

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo

el