LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Torres Rivera v. Econo Rial, Inc .

2021 TSPR 150

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

Torres Rivera v. Econo Rial, Inc .

CC-2020-128

Derecho laboral: Cálculo matemático para determinar la cuantía por concepto de salarios dejados de percibir a los que tiene derecho una empleada que fue despedida de forma discriminatoria y que devengó ingresos de otros medios durante el periodo en que el despido estuvo vigente.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Irma Torres Rivera

Recurrida

v.

Econo Rial, Inc.

Certiorari

2021 TSPR 150

208 DPR ____

Peticionaria

Número del Caso:

CC-2020-128

Fecha: 18 de noviembre de 2021

Tribunal de Apelaciones:

Panel Especial

Abogados de la parte peticionaria:

Lcdo. Ricardo Pizarro

Lcda. Viviana M. Mejías Díaz

Abogados de la parte recurrida:

Lcdo. Carlos Mondríguez Torres

Lcda. Denise G. Dubocq Berdeguez

Materia: Derecho laboral: Cálculo matemático para determinar la

cuantía por concepto de salarios dejados de percibir a los que tiene

derecho una empleada que fue despedida de forma discriminatoria y

que devengó ingresos de otros medios durante el periodo en que el

despido estuvo vigente.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que

está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y

publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución

electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Irma Torres Rivera

Recurrida

v.

CC-2020-128

Certiorari

Econo Rial, Inc.

Peticionaria

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR

FELIBERTI CINTRÓN.

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de noviembre de 2021.

El

presente

matemático

caso

realizado

requiere

por

los

que

evaluemos

foros

el

cálculo

recurridos

para

determinar la cuantía por concepto de salarios dejados de

percibir1 a los que tiene derecho una empleada que fue

despedida de forma discriminatoria y que devengó ingresos

de otros medios durante el periodo en que el despido estuvo

vigente.

Particularmente, debemos resolver en qué momento

se

descontar

deben

dichos

ingresos

de

la

cuantía

por

concepto de salarios dejados de percibir a la que tiene

derecho la empleada perjudicada.

Esto es, ¿antes o después

de aplicar la doble penalidad dispuesta por ley?

1

Para fines de la argumentación y discusión en el presente caso, se

utilizarán indistintamente los términos “salarios dejados de percibir”,

“salarios dejados de devengar”, “haberes dejados de percibir” y “haberes

dejados de devengar”.

CC-2020-128

2

Adelantamos que, en atención al carácter reparador y no

punitivo de los estatutos laborales aplicables, resolvemos

que los ingresos obtenidos por la recurrida por otros medios

deberán

ser

descontados

haberes

dejados

de

de

la

percibir

cuantía

previo

a

por

concepto

imponer

la

de

doble

penalidad dispuesta por ley.

Pasemos

a

delinear

los

hechos

pertinentes

a

la

controversia planteada.

I.

El 18 de noviembre de 2013, la Sra. Irma Torres Rivera

(señora Torres Rivera o recurrida) presentó una Querella

sobre

despido

injustificado

en

su

modalidad

de

despido

constructivo, discrimen por razón de edad, discrimen por

razón de impedimento y represalias en el empleo en contra

de Econo Rial, Inc. (Econo o peticionaria).

Ello, al amparo

de las siguientes leyes: la Ley Núm. 80 de 30 de mayo

de

1976,

según

enmendada,

conocida

como

la

Ley

de

indemnización por despido sin justa causa, 29 LPRA sec. 185a

et seq. (Ley Núm. 80); la Ley Núm. 100 de 30 de junio de

1959,

según

enmendada,

conocida

como

la

Ley

contra

el

discrimen en el empleo, 29 LPRA sec. 146 et seq. (Ley Núm.

100); la Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985, según enmendada,

conocida como la Ley para prohibir el discrimen contra las

personas con impedimentos físicos, mentales o sensoriales,

1 LPRA sec. 501 et seq. (Ley Núm. 44), y la Ley Núm. 115 de

20 de diciembre de 1991, según enmendada, conocida como la

Ley contra el despido injusto o represalias a todo empleado

CC-2020-128

por

ofrecer

3

testimonio

ante

un

foro

legislativo,

administrativo o judicial, 29 LPRA sec. 194 et seq. (Ley

Núm. 115).

La recurrida se acogió al trámite sumario

dispuesto por la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según

enmendada, conocida como la Ley de procedimiento sumario de

reclamaciones laborales, 32 LPRA sec. 3118 et seq. (Ley

Núm. 2).2

Luego de varias incidencias procesales - que incluyeron

el desfile de prueba testifical, pericial y documental -,

el 5 de octubre de 2018 el Tribunal de Primera Instancia

emitió una Sentencia en la cual resolvió lo siguiente:

[...] se declara Con Lugar la causa de acción de

despido injustificado en su modalidad de despido

implícito o constructivo; se declaran Con Lugar

la causa de acción de discrimen por razón de edad

bajo la Ley [Núm.] 100 y discrimen por razón de

impedimento bajo la Ley [Núm.] 44.

Por otro

lado, desestimamos la causa de acción por

represalias al amparo de la Ley [Núm.] 115.

Se ordena la reinstalación inmediata de la

Sra. Irma Torres Rivera como repostera en el

Departamento de Bakery de Econo Rial de Fajardo

y

se

conceden

las

siguientes

cuantías:

$100,456.00 más la doble penalidad por salarios

dejados de devengar a razón de $290.00 semanales

desde el 8 de febrero de 2012 hasta el presente

para un total de $200,912.00 en salarios dejados

de devengar; $10,000.00 en angustias mentales

más la doble penalidad para un total de

$20,000.00 en daños por angustias mentales y

$27,614.00 en honorarios de abogados a ser

pagados directamente a su representación legal.3

(Énfasis suplido).

2

El 7 de marzo de 2014 fue presentada una Querella enmendada.

Querella enmendada, Apéndice del Certiorari, págs. 10-18.

3

Véase Sentencia, Apéndice del Certiorari, págs. 1634-1635.

Véase

CC-2020-128

4

En desacuerdo, Econo acudió al Tribunal de Apelaciones

en donde planteó, entre otros señalamientos, que el Tribunal

de Primera Instancia erró al no descontar de los haberes

dejados de percibir el ingreso recibido por la recurrida

durante el periodo en que el despido estuvo vigente.

Con relación a este error, el Tribunal de Apelaciones,

mediante una Sentencia emitida el 6 de febrero de 2020,

puntualizó que de la prueba testifical presentada surgía

que, luego de su despido, la recurrida recibió ingresos que

totalizaban

la

cantidad

de

$53,307.00,4

los

cuales

se

desglosaban de la siguiente manera:

•

Beneficios por desempleo - $3,458.00

•

Ingreso por trabajo - $45,049.00

año 2014- $10,140.00

año 2015- $10,920.00

año 2016- $8,372.00

año 2017- $8,372.00

año 2018- $7,245.00_

Total=

$45,049.00

•

Confección

$4,800.00

.

Con

de

.

respecto

.

a

bizcochos

años

.

.

.

.5

extremo,

el

foro

este

.

2013-2018

-

apelativo

intermedio razonó que:

Según el derecho antes esbozado, un empleado

que sea despedido ilegalmente y que haya recibido

ingresos, por concepto de trabajos obtenidos y

realizados durante el periodo [en el] que estuvo

cesanteado, el patrono podrá deducir dichos

ingresos de la cuantía a otorgarse por concepto

de

salarios

dejados

de

percibir

4

Véase Sentencia, Apéndice del Certiorari, págs. 1795-1796. Véase,

además, Transcripción [de la] vista de juicio en su fondo, Apéndice del

Certiorari, págs. 614-616.

5

Véase Sentencia, Apéndice del Certiorari, págs. 1795-1796.

CC-2020-128

5

independientemente de cuál [sea] la fuente de

donde provienen los mismos.6

.

.

.

.

.

.

.

.

Cónsono con lo anterior, habiendo el TPI

concedido la cantidad de $200,912.00 por

concepto de salarios dejados de devengar,

procede que se descuente de la misma la cantidad

de

$53,307.00,

por

concepto

de

salarios

devengado[s] en otros empleos.

En consecuencia, la cantidad por concepto de

salarios dejados de devengar que se adjudica a

la Sra. Irma Torres Rivera, [es de] $147,605.00.

(Énfasis suplido).7

Así las cosas, el Tribunal de Apelaciones modificó la

cuantía otorgada a la recurrida por concepto de salarios

de

devengar

a

$147,605.00.8

Ante

ello,

la

peticionaria

solicitó

al

foro

intermedio

una

dejados

apelativo

enmienda nunc pro tunc de dicha Sentencia, por entender que

la cantidad de $53,307.00 por concepto de los ingresos

devengados por la recurrida en otros empleos debía ser

descontada del número base de $100,456.00 por concepto de

salarios dejados de devengar, en lugar de los $200,912.00,

ya que en esta última cifra se había impuesto la doble

penalidad dispuesta por la Ley Núm. 44 y la Ley Núm. 100.9

Sin

embargo,

el

Tribunal

de

Apelaciones

denegó

dicha

solicitud mediante una Resolución emitida el 24 de febrero

de 2020.10

6

Íd., pág. 1795.

7

Íd., pág. 1796.

8

Íd., pág. 1800.

9

Véase Urgente moción en solicitud de

Apéndice del Certiorari, págs. 1801-1803.

10

enmienda

nunc

Véase Resolución, Apéndice del Certiorari, pág. 1811.

pro

tunc,

CC-2020-128

6

Aún en desacuerdo, Econo recurrió ante este Tribunal por

medio

de

un

recurso

de

certiorari.

Entre

otros

señalamientos de error, alegó que:

A. Erró el Tribunal de Apelaciones al descontar,

contrario a derecho, la cantidad de $53,307.00

correspondiente a salarios devengados por la

Querellante en otros empleos, de la partida de

$200,912.00, suma que incluye la penalidad

estatutaria, en lugar de la partida de

$100,456.00 concedid[a] por el Tribunal de

Primera Instancia por concepto de salarios

dejados de devengar. Ello resulta en una

Sentencia contraria a derecho por la suma de

$53,307.00. El Tribunal de Apelaciones tuvo la

oportunidad de corregir dicho error mediante

una enmienda [nunc pro tunc], solicitada por

la Peticionaria y determin[ó] no hacerlo, aun

cuando expresamente emitió una Resolución que

declar[ó] No Ha Lugar la Oposición a Urgente

Moción en Solicitud de Enmienda [Nunc Pro

Tunc] presentada por la recurrida el día 19 de

febrero de 2020.11

11

Véase Certiorari, pág. 7.

fueron los siguientes:

Los restantes señalamientos de error

B. Erró el Tribunal de Apelaciones al concluir que

la oferta de trabajo hecha por la QuerelladaPeticionaria a la Querellante-Recurrida no fue

incondicional. Ello resulta en una Sentencia

contraria a derecho al conceder salarios dejados

de devengar para un período posterior a la fecha

en que la Querellante rechazó una oferta

incondicional de reinstalación.

C. Erró el Tribunal de Apelaciones al resolver que

el Tribunal de Primera Instancia no erró al

declarar Con Lugar la causa de acción de

discrimen por razón de impedimento bajo la Ley

Núm. 44 de 2 de julio de 1985, según enmendada.

D. Erró el Tribunal de Apelaciones al concluir que

la Querellante fue víctima de actuaciones

discriminatorias e injustificadas por razón de

su edad.

E. Erró el Tribunal de Apelaciones al resolver que

en el caso de autos se cumplen todos los

elementos que configuran un despido tácito. Íd.

CC-2020-128

7

Luego de varios trámites procesales,12 el 4 de diciembre

de 2020, emitimos una Resolución en reconsideración mediante

la cual concedimos a la recurrida un término de veinte (20)

días,

contado

a

partir

de

la

notificación

de

dicha

Resolución, para que mostrara causa por la cual no debíamos

modificar

la

Sentencia

dictada

por

el

Tribunal

de

Apelaciones, únicamente en cuanto al primer señalamiento de

error.

Es decir, el asunto relacionado con el cálculo

aritmético de los salarios dejados de devengar otorgados a

la recurrida.

Contando

procedemos

con

a

la

comparecencia

consignar

el

de

derecho

ambas

pertinente

partes,

a

la

controversia ante nosotros.

II.

La Sección 1 de la Carta de Derechos de la Constitución

de Puerto Rico dispone que:

La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los

hombres son iguales ante la Ley.

No podrá

establecerse discrimen alguno por motivo de raza

color, sexo, nacimiento, origen o condición social,

ni ideas políticas o religiosas.

Tanto las leyes

como el sistema de instrucción pública encarnarán

estos principios de esencial igualdad humana. Art.

II, Sec. 1, Const. PR, LPRA, Tomo 1, ed. 2016,

pág. 275.

La

Ley

Núm.

100

fue

aprobada

con

el

propósito

de

instrumentar el mandato constitucional de esencial igualdad

12

El 1 de mayo de 2020 emitimos una Resolución en la que declaramos

no ha lugar la Petición de Certiorari. Más adelante, el 25 de septiembre

de 2020 emitimos una Resolución en la que declaramos no ha lugar la

Primera moción de reconsideración presentada por Econo Rial, Inc.

(Econo o peticionaria).

CC-2020-128

8

humana en el contexto obrero-patronal.

Mestres Dosal v.

Dosal Escandón, 173 DPR 62, 69 (2008).

Esta legislación

protege a los empleados y candidatos a empleo contra el

discrimen por parte de patronos u organizaciones obreras.

Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 100, pág. 300.

La

Ley

protegidas

Núm.

100

amplió

el

constitucionalmente

reconociéndole

determinados

listado

de

las

contra

el

discrimen,

remedios

a

todo

clases

empleado

o

candidato a empleo que hubiese sufrido un acto adverso en

el empleo, por razón de:

[…] edad, según ésta se define más adelante,

raza,

color,

sexo,

orientación

sexual,

identidad

de

género,

origen

social

o

nacional,

condición

social,

afiliación

política, o ideas políticas o religiosas, o

por ser víctima o ser percibida como víctima

de violencia doméstica, agresión sexual o

acecho, o por ser militar, ex-militar, servir

o haber servido en las Fuerzas Armadas de los

Estados Unidos o por ostentar la condición de

veterano del empleado o solicitante de

empleo. Art. 1 de la Ley Núm. 100, 29 LPRA

sec. 146.

Para

garantizar

su

cumplimiento,

la

Ley

Núm.

100

establece una acción civil y una penal en contra de todo

patrono que incurra en la conducta discriminatoria.

Véanse:

Art. 1 de la Ley Núm. 100, 29 LPRA sec. 146; García Pagán

v. Shiley Caribbean, etc., 122 DPR 193, 199-200 (1988).

En lo que respecta a la acción civil, la Ley Núm. 100

establece que el patrono que violente lo dispuesto en dicha

ley incurrirá en responsabilidad civil “[p]or una suma igual

al doble del importe de los daños que el acto haya causado

al empleado o solicitante de empleo”.

Art. 1(a)(1) de la

CC-2020-128

9

Ley Núm. 100,

29

LPRA sec.

146(a)(1).

Por

tanto,

la

compensación dispuesta por el artículo precedente incluye:

el pago de todos los daños ocasionados por el acto ilegal

y, como penalidad, el pago de una suma de igual cantidad.

A esta última partida se le conoce como la doble penalidad

y “abarca tanto los daños económicos como los sufrimientos

y angustias mentales que pruebe el promovente”.

Santiago

Ortiz v. Real Legacy et al., 2021 TSPR 12, 205 DPR ___

(2021).

Véase, además, S.L.G. Afanador v. Roger Electric

Co., Inc., 156 DPR 651, 667 (2002).

Asimismo, el estatuto

permite que el tribunal ordene la reposición del trabajador

en

su

empleo

y,

discriminatorio.

además,

el

cese

y

desista

del

acto

Art. 1 de la Ley Núm. 100, supra.

Por su parte, la Ley Núm. 44 fue aprobada en atención a

la necesidad de “erradicar toda actitud discriminatoria en

la conciencia social puertorriqueña en [lo que] respecta a

los derechos de las personas con impedimentos físicos o

mentales”, reconociendo – a su vez – que “[u]na de las áreas

en donde se hace notar con mayor fuerza el discrimen contra

las personas con impedimentos es el área de empleo”.

Véase

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 44, pág. 167.

Este

estatuto prohíbe a las instituciones públicas y privadas

ejercer,

poner

en

vigor

prácticas

discriminatorias

o

en

utilizar

el

procedimientos

empleo

en

contra

o

de

personas con algún tipo de impedimento físico, mental o

sensorial por el solo hecho de tal impedimento.

la Ley Núm. 44, 1 LPRA sec. 505.

Art. 5 de

Dicha prohibición se

CC-2020-128

extiende

10

al

marginales,

“reclutamiento,

facilidades

compensación,

de

acomodo

beneficios

razonable

y

accesibilidad, antigüedad, participación en programas de

adiestramiento,

promoción

y

cualquier

condición o privilegio en el empleo”.

otro

término,

Íd.

De otra parte, en lo concerniente a los remedios que

provee dicha legislación, el Art. 13 de la Ley Núm. 44,

1 LPRA sec. 511, dispone que:

[l]os remedios, facultades, autoridad y

procedimientos establecidos en [la Ley Núm.

100] estarán disponibles para el Secretario

del Trabajo y Recursos Humanos y para

cualquier persona que entienda que ha sufrido

discrimen

en

el

empleo

por

razón

de

impedimento en violación a las disposiciones

de [este estatuto]. Íd.

Por

otro

lado,

la

Ley

Núm.

44

requiere

que

sus

disposiciones sean interpretadas de una forma liberal y no

restrictiva, de manera que la interpretación sea la más

beneficiosa para las personas con impedimentos.

Art. 14 de

la Ley Núm. 44, 1 LPRA sec. 511a.

Vemos, entonces, que todo empleado o candidato a empleo

que haya sido discriminado en el empleo y presente una

reclamación al amparo de la Ley Núm. 100, la Ley Núm. 44, o

ambas,

tendrá

derecho

–

entre

otros

remedios

–

a

una

compensación igual al doble de todos los daños sufridos como

consecuencia de la actuación discriminatoria por parte del

patrono, así como a la reposición en el empleo.

Reiteradamente hemos señalado que la Ley Núm. 100 no

establece limitación alguna con relación al tipo de daño que

CC-2020-128

11

habrá de resarcirse, por lo que el empleado tiene derecho a

ser compensado tanto por los daños emocionales como los

económicos,

ingresos.

incluyendo

una

partida

por

la

pérdida

de

Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799,

816 (2009); Mestres Dosal v. Dosal Escandón et als., supra,

págs. 69-70; S.L.G. Afanador v. Roger Electric Co., Inc.,

supra, pág. 667; García Pagán v. Shiley Caribbean, etc.,

supra, pág. 122.

Se trata – según hemos descrito - de un

esquema reparador que procura “proveer a las víctimas de

discrimen en el empleo de los instrumentos necesarios para

que se le reparen los daños causados”.

Conagra Foods PR, supra, pág. 817.

Ramírez Ferrer v.

En ese contexto, hemos

expresado que “nuestro ordenamiento jurídico fomenta un

sistema completo de reparación en el área de daños”, con el

cual “se persigue llevar al perjudicado por una acción ilegal

a su estado anterior, según sea posible”. Íd., pág. 817.

Valga puntualizar que aun cuando hemos indicado que la

reposición en el empleo es el remedio preferente en casos

de despidos discriminatorios, por tratarse del remedio más

completo, este Tribunal ha reconocido que ese remedio no

siempre es posible y que su imposibilidad tiene un efecto

sobre la compensación por daños económicos a los que tendría

derecho el perjudicado.

Íd., pág. 818; S.L.G. Afanador v.

Roger Electric Co., Inc., supra, págs. 668-669.

Los

daños

económicos

que

pueden

ser

compensados

en

virtud de una causa de acción al amparo de la Ley Núm. 100

incluyen: los haberes dejados de percibir, también conocidos

CC-2020-128

12

como “paga atrasada” o “back pay”, y - en aquellos casos en

los que no sea posible la reposición en el empleo - el pago

por pérdida de ingresos futuros o “front pay”.

Ramírez

Ferrer v. Conagra Foods PR, supra, págs. 817-818; S.L.G.

Afanador v. Roger Electric Co., Inc., supra, págs. 668-669.

Hemos

indicado

que

“[e]stos

dos

remedios,

junto

a

la

concesión de una compensación en concepto de daños morales,

tienen como fin colocar al perjudicado en una situación

similar a la que se encontraba justo antes de la acción

ilegal”.

Ramírez

Ferrer

v.

Conagra

Foods

PR,

supra,

pág. 819.

De otro lado, este Tribunal ha señalado que “[l]a paga

atrasada es la compensación por los haberes dejados de

percibir desde el despido hasta la fecha de la sentencia,

descontando los ingresos que durante ese per[i]odo obtuvo

la parte demandante”.

(Énfasis suplido).

Íd.

El propósito

de realizar el referido descuento a la cuantía por concepto

de salarios dejados de percibir es poner en vigor el carácter

reparador y no punitivo de los estatutos laborales que

establecen dicho remedio.

Whittenburg v. Col. Ntra. Sra.

Del Carmen, 182 DPR 937, 979 (2011); Rivera v. Ins. Wire

Prods., Corp., 158 DPR 110, 128 (2002).

Y es que, según

hemos expresado consistentemente, siendo el propósito del

pago de los salarios dejados de percibir el colocar al

empleado

despedido

ilegalmente

en

el

estado

en

que

se

encontraba previo al despido ilegal - entiéndase, como si

el

perjudicado

hubiera

continuado

trabajando

y,

por

CC-2020-128

13

consiguiente, devengando tales ingresos – es necesario que

se descuenten los salarios devengados por el empleado luego

del despido y antes de que se dicte sentencia.

Whittenburg

v. Col. Ntra. Sra. Del Carmen, supra, pág. 979; Rivera v.

Ins. Wire Prods., Corp., supra, pág. 129.

Lo contrario

tendría el efecto de alterar la naturaleza reparadora de los

estatutos

que

punitivo.

Íd.

proveen

este

remedio

a

una

con

carácter

A tono con lo expuesto, recientemente este Tribunal tuvo

ante su consideración controversias cuyas causas de acción

estuvieron fundamentadas en la Ley Núm. 100 y otras leyes

protectoras, así como en disposiciones análogas en el sector

público, las cuales requirieron el desarrollo de fórmulas

aritméticas con el propósito de despejar dudas y poner en

vigor el carácter reparador de dichas leyes.

De esta forma, en Zambrana García v. ELA et al., 204

DPR 328 (2020), caso resuelto al amparo de la derogada

Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada,

conocida como la Ley de Personal del Servicio Público de

Puerto Rico, 3 LPRA ant. sec. 1301 et seq., este Tribunal

tuvo la oportunidad de definir y desarrollar la fórmula

matemática para determinar cuál es el ingreso neto que debe

ser deducido de la compensación por concepto de haberes

dejados de percibir a los que tiene derecho un empleado

público que ha sido cesanteado ilegalmente.

Allí, definimos

el ingreso neto como “el salario que devengó el empleado

despedido por trabajos obtenidos y realizados durante la

CC-2020-128

14

cesantía correspondiente a la cantidad de horas que habría

trabajado para el patrono si no hubiera sido cesanteado,

menos los gastos en que incurrió para devengarlo”.

Zambrana

García

hacerlo,

v.

ELA

et

al.,

supra,

pág.

331.

Al

expresamos que “[e]l propósito de calcular el ingreso neto

es cumplir con que el remedio no sea punitivo, sino reparador

al empleado cesanteado”.

que

“s[ó]lo

ingresos

que

percibido

de

se

Íd., pág. 338.

descuentan

de

la

sustituyeron

los

que

su

empleo

antiguo

Además, explicamos

compensación

el

si

aquellos

empleado

no

hubiese

habría

sido

cesanteado”. Íd.

Ahora

bien,

en

cuanto

a

la

fórmula

matemática,

determinamos que al momento de calcular la partida que el

patrono deberá pagar a un empleado público por concepto de

salarios

dejados

de

devengar,

se

deberá

considerar

siguiente:

[...] [el ingreso] que el empleado devengó en

su otro empleo, durante las horas que habría

trabajado para el patrono que lo cesanteó (I).

A esa suma se le resta los gastos incurridos

para devengar ese ingreso (G). El resultado

de ese cálculo es el ingreso neto (I-G=IN)

[...]

Entonces, al salario total que el

empleado dejó de devengar mientras estuvo

cesanteado (S) se le resta el ingreso neto

(IN). El remanente de este cálculo, si alguno,

es la cantidad que el patrono pagará al

empleado restituido por concepto de salario

dejado de devengar, que identificamos como

cantidad total (CT) en la siguiente fórmula:

lo

CC-2020-128

15

S-IN=CT. (Énfasis suplido). Zambrana García

v. ELA, et al., supra, pág. 339.13

De otro lado, Santiago Ortiz v. Real Legacy et al.,

supra, es un caso en el cual fueron acumuladas las causas

de acción sobre despido injustificado y discriminatorio al

amparo de la Ley Núm. 80 y la Ley Núm. 100 y, además,

tramitado en conformidad con las disposiciones de la Ley

Núm. 2.

En éste, el foro de instancia dictó una sentencia

parcial en rebeldía en la que declaró con lugar la causa de

acción sobre despido injustificado, concedió el remedio de

la mesada y señaló una vista en rebeldía para dilucidar los

daños

relacionados

Celebrada

la

con

vista,

la

el

reclamación

foro

sobre

primario

discrimen.

determinó

las

cantidades procedentes por concepto de daños económicos y

angustias mentales, las cuales sumó y luego les restó la

cantidad inicialmente concedida por concepto de la mesada.

Posteriormente, el foro apelativo intermedio modificó las

sumas concedidas por el foro de instancia.

Solicitada

oportunamente nuestra revisión, y ante las discrepancias en

los

cálculos

Tribunal

realizados

tuvo

ante

por

su

los

foros

recurridos,

consideración

la

este

siguiente

controversia:

¿[C]uál es la fórmula matemática que los

tribunales utilizarán cuando, ante un caso por

13

En Zambrana García v. ELA et als., 204 DPR 328, 329 (2020),

resolvimos, además, que “en caso de que el empleado cesanteado tenga un

segundo empleo al momento de la cesantía y continúe desempeñándose en

[é]ste, s[ó]lo se descontará la cantidad de horas adicionales —si

alguna— que el empleado dedicó a su segundo empleo luego de la cesantía

y que correspondan a la cantidad de horas que dedicaba a su empleo, del

cual fue cesanteado”.

CC-2020-128

16

despido injustificado y discriminatorio, la

mayor cuantía proviene de una legislación

laboral que impone la doble penalidad? Es decir,

[…] ¿cuándo restamos la mesada que resultó de

menor cantidad de la adjudicada por [la] Ley

[Núm.] 100, supra, antes o después de la

imposición de la doble penalidad? Santiago Ortiz

v. Real Legacy et al., supra.

Allí resolvimos que “ante una reclamación por la Ley

[Núm.] 80, supra, y por [la] Ley [Núm.] 100, supra, o una

medida obrero-patronal que incluya la doble penalidad como

resarcimiento y proceda la deducción de la mesada, ésta se

hará

luego

de

implementar

legislación social”.

la

doble

penalidad

de

la

Íd.

Para arribar a dicha conclusión, consideramos, no sólo

la

política

pública

que

rige

en

nuestro

ordenamiento

laboral, la cual busca proteger al empleado o candidato a

empleo de acciones ilegales por parte de los patronos, sino

también

–

entre

otras

particularidades

–

que

la

responsabilidad civil en la que incurre un patrono que lleva

a cabo acciones discriminatorias acarrea una responsabilidad

civil igual al doble de los daños sufridos por el empleado.

Íd.

Es decir, que siendo la doble penalidad parte de ese

remedio, el deducir la mesada antes de la aplicación de la

doble penalidad hubiera resultado en un remedio incompleto,

entiéndase, uno inferior al provisto por la Ley Núm. 100.

Íd.

Cabe señalar que en ninguno de estos dos casos fue

necesario expresarnos sobre en qué momento - si antes o

después de la aplicación de la doble penalidad - debe

CC-2020-128

17

deducirse el ingreso obtenido por un empleado luego del

despido ilegal de la cuantía por concepto de haberes dejados

de percibir a la que tiene derecho.14

En cambio, el caso

ante nuestra consideración nos brinda esa oportunidad.

Expuesto el derecho aplicable, resolvemos.

III.

Según

adelantamos,

el

único

asunto

ante

nuestra

consideración es aquel esbozado por la peticionaria en su

primer señalamiento de error.

En síntesis, Econo sostiene

que el Tribunal de Apelaciones erró en el cálculo matemático

realizado para computar la partida que debe ser concedida a

la recurrida por concepto de salarios dejados de devengar.

En específico, plantea que el foro apelativo intermedio

actuó

contrario

a

derecho

al

descontar

los

ingresos

obtenidos por la recurrida en otros empleos de la cantidad

otorgada por el foro primario por concepto de salarios

14

En Zambrana García v. ELA et al., supra, la reclamación fue

presentada al amparo de la derogada Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975,

conocida como la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico,

3 LPRA ant. secs. 1301 et seq., la cual no incluye como parte de sus

remedios la doble penalidad de los daños ocasionados por la actuación

discriminatoria. En específico, la Sección 7.17 del derogado estatuto

disponía lo siguiente:

(1) En los casos en que la Junta resuelva a favor

querellante, dictará las órdenes remediales pertinentes.

del

(2) En casos de destitución, si la decisión de la Junta es

favorable al empleado, ésta deberá ordenar su restitución a su

puesto, o a un puesto similar. Asimismo deberá ordenar el pago

total o parcial de los salarios dejados de percibir por éste

desde la fecha de la efectividad de la destitución, y la

concesión de todos los beneficios marginales a que éste hubiese

tenido derecho. Sección 7.17 de la Ley de Personal del Servicio

Público de Puerto Rico, 3 LPRA ant. sec. 3197.

Por su parte, en Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., 2021 TSPR

12, 205 DPR ___ (2021), si bien las cantidades utilizadas en la fórmula

matemática incluyeron la deducción del ingreso obtenido en el nuevo

empleo, no fue necesario – por no estar en controversia – expresarnos

sobre el particular.

CC-2020-128

dejados

de

18

percibir

luego

de

haber

aplicado

la

doble

penalidad dispuesta por ley.

Por su parte, la recurrida argumenta, en esencia, que el

cálculo matemático realizado por el Tribunal de Apelaciones

fue el correcto.

Asegura que el cálculo propuesto por Econo

conduce a una interpretación restrictiva de los remedios a

ser concedidos por la Ley Núm. 100 y la Ley Núm. 44, lo que

está vedado por esta última.

En el presente caso, el Tribunal de Primera Instancia

declaró

con

lugar

las

causas

de

acción

sobre

despido

injustificado en la modalidad de despido constructivo, así

como las causas de acción sobre discrimen por razón de edad

y por razón de impedimento.

No obstante, desestimó la causa

de acción sobre represalias.

Conforme a ello, ordenó la

reinstalación inmediata de la señora Torres Rivera a su

antiguo empleo, así como el pago de las siguientes cuantías

a su favor:

$100,456.00 más la doble penalidad por salarios

dejados de devengar a razón de $290.00 semanales

desde el 8 de febrero de 2012 hasta el presente

para un total de $200,912.00 en salarios dejados de

devengar; $10,000.00 en angustias mentales más la

doble penalidad para un total de $20,000.00 en

daños por angustias mentales y $27,614.00 en

honorarios de abogados a ser pagados directamente

a su representación legal.15 (Énfasis suplido).

De lo anterior se puede colegir que el foro primario no

descontó

partida

alguna

relacionada

con

los

ingresos

obtenidos por la señora Torres Rivera en otros empleos

15

Véase Sentencia, Apéndice del Certiorari, págs. 1634-1635.

CC-2020-128

19

mientras se encontraba cesanteada, aun cuando se presentó

prueba de ello.

Por su parte, el Tribunal de Apelaciones modificó la

cuantía concedida a la recurrida por concepto de salarios

dejados

de

devengar

a

$147,605.00

y,

así

modificada,

confirmó la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera

Instancia.

Para obtener dicha cifra, el foro apelativo

intermedio computó los ingresos obtenidos por la recurrida

en otros empleos, ascendentes a $53,307.00, y los descontó

de la partida total por concepto de los salarios dejados de

devengar adeudados por Econo ($200,912.00), la cual, por

mandato de ley, incluía la doble penalidad.

Es en este

último extremo - al haber aplicado la doble penalidad previo

a restar el monto de los ingresos devengados por la recurrida

por otros medios - donde radica el error en el cálculo.

Veamos.

Conforme

a

la

discusión

del

derecho

aplicable

que

antecede, entre los remedios civiles dispuestos por la Ley

Núm. 100 se encuentra el pago de una suma igual al doble de

todos los daños ocasionados al empleado por motivo de la

actuación discriminatoria, lo que incluye el pago de los

haberes dejados de percibir.

Al hacer alusión a una suma

igual al doble de los daños, el estatuto se refiere al pago

de dos (2) partidas, a saber: (1) aquella por concepto de

los daños, en este caso, los salarios dejados de percibir,

y (2) una partida de igual cantidad por concepto de la doble

penalidad.

CC-2020-128

20

Como explicáramos, este Tribunal ha sido consistente al

reconocer

la

necesidad

de

deducir

aquellos

ingresos

obtenidos por el empleado luego del despido ilegal de la

cuantía por concepto de los haberes dejados de percibir a

los que tiene derecho el perjudicado.

Ramírez Ferrer v.

Conagra Foods, PR, supra, pág. 823; Whittenburg v. Col.

Ntra. Sra. Del Carmen, supra, pág. 979; Rivera v. Ins. Wire

Prods., Corp., supra, pág. 128.

Esa deducción tiene el

propósito de poner en vigor el carácter reparador y no

punitivo de las leyes que proveen dicho remedio.

Íd.

De

esta forma, siendo la Ley Núm. 100 y la Ley Núm. 44 estatutos

reparadores, no vemos razón por la cual debamos alejarnos

de ese proceder y en su lugar concluir, como plantea la

recurrida, que en casos tramitados al amparo de dichos

estatutos, se deben deducir los ingresos obtenidos por el

perjudicado en otros empleos una vez aplicada la doble

penalidad.

Nótese que realizar el cálculo de esa forma

tendría el efecto de evitar que se deduzcan los ingresos

obtenidos por otras fuentes de la partida por concepto de

salarios dejados de percibir.

Si bien la Ley Núm. 44

requiere que la interpretación que se realice sobre la misma

se lleve a cabo de la manera más favorable al empleado

perjudicado, tal interpretación no puede tener el efecto de

cambiar la naturaleza reparadora del estatuto en cuestión.

De esta forma, concluimos que el cálculo realizado por el

foro apelativo intermedio fue errado en tanto y en cuanto

dedujo los ingresos obtenidos por la recurrida por otros

CC-2020-128

21

medios luego de aplicar la doble penalidad dispuesta por

ley.

A tenor con lo expuesto, resolvemos que al calcular la

partida de haberes dejados de percibir a los que tiene

derecho

un

empleado

que

ha

sido

despedido

de

manera

discriminatoria, será necesario deducir de dicha partida los

ingresos obtenidos por el empleado perjudicado por otros

medios – desde el despido hasta la fecha en que se dictó la

sentencia – antes de aplicar la doble penalidad dispuesta

por ley.

Reiteramos que proceder de otra manera tornaría

en punitiva la aplicación de la doble penalidad dispuesta

tanto por la Ley Núm. 100 como por la Ley Núm. 44, lo que

derrotaría el carácter reparador con el cual se formularon

dichos estatutos.

Por consiguiente, para fines de la controversia que hoy

atendemos, el cálculo correcto consiste en descontar de los

salarios dejados de devengar (S) los ingresos generados por

otros medios desde la fecha del despido hasta la fecha en

que se dicte la sentencia (I), lo que resultará en la

cantidad total a pagar por concepto de haberes dejados de

percibir (CT); es a esta última cantidad a la que se le

aplicará la doble penalidad dispuesta por ley.

Así, la

fórmula matemática que deberá ser utilizada para calcular

la cuantía por concepto de haberes dejados de percibir en

reclamaciones laborales presentadas al amparo de estatutos

que

incluyan

el

remedio

siguiente: S – I = CT x 2.

de

la

doble

penalidad

es

la

CC-2020-128

Al

22

realizar

considerar

los

este

cálculo,

salarios

el

dejados

foro

de

primario

devengar

deberá

por

la

recurrida, así como los ingresos generados por ésta por

otros medios, desde el despido hasta la fecha en que se

dicte sentencia.

IV.

Por los fundamentos que anteceden, se expide el auto de

certiorari

parcialmente

solicitado

la

en

Sentencia

reconsideración

dictada

por

el

y

se

revoca

Tribunal

de

Apelaciones el 6 de febrero de 2020 en cuanto al cálculo

matemático de los salarios dejados de devengar a los que

tiene derecho la recurrida.

Así modificada, se confirma

dicha Sentencia en sus demás partes y se devuelve el caso

al Tribunal de Primera Instancia para que determine - en

conformidad con lo resuelto en esta Opinión - la cuantía por

concepto de salarios dejados de percibir que Econo deberá

pagar

a

la

señora

Torres

Rivera.

Al

hacerlo,

deberá

considerar los haberes dejados de percibir por la recurrida

hasta la fecha de dictada la sentencia, así como los ingresos

generados por la recurrida por otros medios durante ese

periodo.

Se dictará Sentencia de conformidad.

ROBERTO FELIBERTI CINTRÓN

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Irma Torres Rivera

Recurrida

v.

CC-2020-128

Certiorari

Econo Rial, Inc.

Peticionaria

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de noviembre de 2021.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente

Sentencia, se expide el auto de certiorari solicitado en

reconsideración y se revoca parcialmente la Sentencia

dictada por el Tribunal de Apelaciones el 6 de febrero de

2020 en cuanto al cálculo matemático de los salarios dejados

de devengar a los que tiene derecho la recurrida.

Así

modificada, se confirma dicha Sentencia en sus demás partes

y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para

que determine - en conformidad con lo resuelto en esta

Opinión - la cuantía por concepto de salarios dejados de

percibir que Econo deberá pagar a la señora Torres Rivera.

Al hacerlo, deberá considerar los haberes dejados de

percibir por la recurrida hasta la fecha de dictada la

sentencia, así como los ingresos generados por la recurrida

por otros medios durante ese periodo.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo.

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez

concurre en parte y disiente en parte y emite la expresión

siguiente:

Estoy de acuerdo con que procede descontar la

cantidad de salarios dejados de percibir durante el

tiempo de su cesantía antes de imputar la doble

penalidad. Hernández v. Mun. de Aguadilla, 154 DPR

199 (2001). De esta manera, el empleado obtiene una

reparación real y no una doble compensación. Íd.

pág. 209, citando a J.R.T. v. Ceide, 89 DPR 674,

686 (1963).

CC-2020-128

Destaco que la doble penalidad de la Ley Núm. 100

de 30 de junio de 1959, 29 LPRA sec. 146 et seq, y

de la Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985, 1 LPRA sec.

511, es de naturaleza reparadora porque va dirigida

hacia

el

trabajador

discriminado.

Por

ello

expresamos que “[e]l esquema reparador de este

articulado —en protección de los trabajadores—

pretende proveer a las víctimas de discrimen en el

empleo de los instrumentos necesarios para que se

le reparen los daños causados”. Ramírez Ferrer v.

Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 816 (2009). Ello no

significa que la doble penalidad no sea de carácter

punitivo en contra del patrono. De hecho, por su

naturaleza punitiva es que se duplica el salario

dejado de percibir en beneficio del empleado.

Además, cabe distinguir la controversia que hoy

atendemos de la que resolvimos recientemente en

Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., 2021 TSPR 12,

205 DPR __ (2021). Allí pautamos que procede

descontar la mesada que provee la Ley Núm. 80 de 30

de mayo de 1976, 29 LPRA sec. 185(a) et seq., luego

de imponer la doble penalidad. Hoy determinamos

restar los ingresos generados por otros empleos

previo a imponer la doble penalidad. Ambas normas

son compatibles. A diferencia de lo que ocurrió en

Santiago Ortiz v. Real Legacy, supra, aquí no se

trata de dos remedios otorgados por dos leyes

distintas, sino un único remedio bajo la Ley Núm.

100, supra.

Ahora bien, disiento del proceder mayoritario

porque no dispone de manera diáfana que la cantidad

que obtuvo la Sra. Irma Torres Rivera por desempleo

no se puede imputar como salario devengado por su

esfuerzo laboral. Recordemos que en Wittenburg v.

Col. Ntra. Sra. Del Carmen, 182 DPR 937, 979 (2011),

se interpretó la reserva provista por la Ley ACAA

y se mencionó que: “el dinero que un trabajador

ilegalmente despedido devengue de un trabajo

realizado después del despido, pero antes de que

recaiga sentencia a su favor en el pleito por

violación de la reserva, se debe restar del monto

del salario que dejó de percibir en el puesto

original” (énfasis suplido). Asimismo, en Rivera v.

Ins. Wire Prods., Corp., 158 DPR 110, 129 (2002)

dijimos que “procede descontar los salarios que el

recurrido devengó de los empleos posteriores al

despido” (énfasis suplido). En Zambrana García v.

ELA et al., 204 DPR 328, 338 (2020) enunciamos que

“solo se descuentan de la compensación aquellos

ingresos que sustituyeron los que el empleado habría

2

CC-2020-128

3

percibido de su antiguo empleo si no hubiese sido

cesanteado”. Igualmente, se definió “ingreso neto”

como “el salario que el empleado despedido devengó

en otro trabajo y que correspondería a las horas

que habría laborado con el patrono que lo cesanteó,

menos lo que gastó para realizar ese trabajo”. Íd.

Conforme a lo anterior, por la naturaleza del

beneficio, no se puede imputar la cantidad que el

empleado obtuvo como parte de los beneficios de

desempleo al cálculo de salarios percibidos. Tal

beneficio no es un ingreso devengado por trabajo

realizado ni esfuerzo laboral. Dado que la Opinión

no lo expresa de manera tajante, me veo obligada a

disentir en parte.

El Juez Asociado señor Estrella Martínez disiente con

Opinión escrita.

El Juez Asociado señor Colón Pérez

disiente y hace constar las siguientes expresiones:

Similar a como lo hicimos en Zambrana García v.

ELA, 204 DPR 328 (2020) (Colón Pérez, Expresiones

disidentes), disentimos del curso de acción seguido

por una mayoría de este Tribunal en el presente

caso. Ello, por entender que -- al igual que en el

contexto del empleado público -- en el escenario

del empleado de la empresa privada, que es despedido

ilegalmente, no procede descontar de los salarios

adeudados aquellos ingresos que éste haya recibido

de otras fuentes mientras se encontraba cesanteado

del cargo de forma ilegal. Cónsono con lo anterior,

huelga señalar que, en la causa de epígrafe, no

procedía dilucidar en qué momento se debían

descontar los ingresos devengados de otras fuentes

por una empleada que fue despedida de forma

discriminatoria.

No obstante, una vez más, una mayoría de esta

Curia opta por socavar injustificadamente los

derechos de las personas trabajadoras y penalizar

a aquel o aquella que no se cruza de brazos y busca

remediar la situación económica en la que le colocó

un despido ilegal. Con ello, no podemos estar de

acuerdo.

El Juez Asociado señor Rivera García no intervino.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Irma Torres Rivera

Recurrida

v.

CC-2020-128

Certiorari

Econo Rial, Inc.

Peticionaria

Opinión disidente

ESTRELLA MARTÍNEZ.

emitida

por

el

Juez

Asociado

señor

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de noviembre de 2021.

Nuestro ordenamiento jurídico laboral está predicado

en la apertura del Poder Judicial como ente reparador para

beneficio de los trabajadores y las trabajadoras que sean

víctimas de discrimen o acciones ilegales en el ámbito del

trabajo.

Hoy

se

ignoran

varias

normas

y

propósitos

legislativos con el efecto de seguir cerrando esa vía y, en

su lugar, se establecen tres (3) salvoconductos adicionales

para aminorar la responsabilidad de los patronos del sector

privado.

En primer término, el dictamen mayoritario establece

que deben descontarse de la indemnización judicial todos

los ingresos que hubiera recibido una obrera despedida

ilegalmente durante el periodo de tiempo que duró el pleito.

En segundo término, en dicho cómputo, desacertadamente se

incluyen los beneficios por desempleo que ésta obtuviera a

consecuencia de la acción ilegal de su empleador.

Por

último, como agravante, se establece que dicha deducción

CC-2020-128

2

deberá efectuarse antes de imponer la doble compensación

requerida por los estatutos antidiscrimen en el empleo.

Bajo la premisa de no querer imponerle un carácter

punitivo a los estatutos protectores laborales —a pesar de

que ese es el claro propósito legislativo—, el efecto neto

de la interpretación restrictiva que articula la norma

mayoritaria es la reducción de la compensación a la que

tiene derecho la víctima de un despido ilegal. Con ello, se

premia desmedidamente al patrono que incurre en prácticas

discriminatorias

diversos

en

el

salvoconductos

entorno

laboral,

concediéndole

que

permiten

aminorar

le

su

responsabilidad civil.

Por considerar que el propósito legislativo de los

estatutos

antidiscrimen,

en

unión

con

las

normas

de

hermenéutica en el ámbito laboral vigente, conducen a una

conclusión contraria a la que arriba la Mayoría, disiento

del

dictamen

mayoritario.

A

continuación,

expongo

los

fundamentos que orientan mi disenso.

I

Del

tracto

fáctico

de

la

controversia

que

hoy

resolvemos surge que, tras la celebración de un juicio al

amparo del proceso sumario de reclamaciones laborales, el

Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia y concluyó

que Econo Rial, Inc. (Econo) incurrió en prácticas laborales

ilícitas y discriminatorias en contra de la Sra. Irma Torres

Rivera (señora Torres Rivera). Dado lo anterior, a Econo se

le impuso responsabilidad por infringir la Ley contra el

CC-2020-128

3

discrimen en el empleo, Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959,

según enmendada, 29 LPRA sec. 146 et seq. (Ley Núm. 100), y

la Ley para prohibir el discrimen contra las personas con

impedimentos físicos, mentales o sensoriales, Ley Núm. 44

de 2 de julio de 1985, según enmendada, 1 LPRA sec. 501 et

seq. (Ley Núm. 44).

Como remedio, el foro primario ordenó que la señora

Torres Rivera fuese reinstalada inmediatamente a su empleo.

Además, concedió las cuantías siguientes:

$100,456.00 más la doble penalidad por

salarios dejados de devengar a razón de

$290.00 semanales desde el 8 de febrero

de 2012 hasta el presente para un total

de $200,912.00 en salarios dejados de

devengar;

$10,000.00

en

angustias

mentales más la doble penalidad para un

total de $20,000.00 en daños por

angustias mentales y $27,614.00 en

honorarios de abogados a ser pagados

directamente

a

su

representación

legal.16

Como vemos, el Tribunal de Primera Instancia no realizó

descuento alguno a la compensación de la señora Torres

Rivera.

No

obstante,

tras

recurrir

al

Tribunal

de

Apelaciones, Econo logró que dicho foro descontara de la

partida concedida por ingresos dejados de devengar todos

los ingresos recibidos por la señora Torres Rivera durante

el tiempo en que el despido estuvo vigente. Sin embargo, el

foro apelativo intermedio realizó tal descuento luego de

aplicada la doble penalidad contemplada en ambos estatutos

laborales. Aún inconforme, Econo recurrió ante nos y arguyó

16Apéndice

de certiorari, págs. 1634-1635.

CC-2020-128

4

que el descuento

aludido debió

efectuarse antes de la

imposición de la doble penalidad.

La Opinión Mayoritaria acoge el planteamiento de Econo

y

resuelve

generados

que

por

procede

descontar

señora

Torres

la

todos

Rivera

los

salarios

mientras

estuvo

vigente su despido. Para ello, centró su análisis en pautar

cuál debe ser el cálculo matemático que deben realizar los

tribunales

para

determinar

la

cuantía

por

concepto

de

salarios dejados de devengar a los que tiene derecho la

persona despedida ilegalmente y en qué momento, si antes o

después de la imposición de la doble penalidad, debe ser

realizado el descuento.

Disiento

del

dictamen

mayoritario

por

tres

(3)

fundamentos. En primer lugar, considero que no debemos

penalizar a un obrero u obrera que, ante un despido ilegal,

no se cruza de brazos y obtiene otros ingresos para paliar

y mitigar los efectos de la súbita pérdida de su sustento

económico.

Es

decir,

soy

del

criterio

que

no

procede

efectuar ese descuento por afectar la compensación de una

víctima de discrimen laboral.

En segundo lugar, constituye un grave error que el

dictamen mayoritario catalogue como salarios deducibles de

la compensación los beneficios por desempleo.

Por último, disiento de la fórmula matemática diseñada

en la Opinión mayoritaria, ya que establece que se deben

efectuar las referidas deducciones antes de imponer la doble

penalidad requerida por ley.

CC-2020-128

5

Así pues, considero que el dictamen mayoritario le

otorga al patrono tres (3) salvoconductos que permiten

aminorar su responsabilidad civil tras un tribunal concluir

que incurrió en prácticas discriminatorias en el contexto

laboral.

A continuación, procedo a explicarlos en detalle.

II

A.

Como cuestión de umbral, estimo necesario establecer

que, en casos de despidos ilegales entre los cuales se

incluya una compensación por ingresos dejados de devengar,

no se debe efectuar descuento alguno por los ingresos que

obtuvo el empleado o la empleada agraviada por otros medios

mientras duró su cesantía. En mis disensos Zambrana García

v. ELA et al., 204 DPR 328, 343 (2020) (Opinión disidente

del

Juez

Asociado

señor

Estrella

Martínez)

y

Acevedo

Sepúlveda v. Depto. Salud, 191 DPR 28, 53 (2014) (Opinión

de conformidad en parte y disidente en parte del Juez

Asociado señor Estrella Martínez), ya había adelantado esta

postura. Allí, catalogué como una injusticia que un empleado

cesanteado ilegalmente que no se cruzó de brazos y obtuvo

ingresos privados para remediar los embates del despido,

fuese castigado nuevamente al ordenar que se descuente lo

devengado en ese ámbito.

Ciertamente, tales expresiones fueron emitidas en el

contexto del despido ilegal de un empleado público que

obtuvo ingresos en la empresa privada. Sin embargo, dicho

CC-2020-128

6

raciocinio no se limita al empleo público, sino que también

debe extenderse al trabajador o trabajadora de la empresa

privada. Cuando un empleado es despedido ilegalmente por su

patrono, con frecuencia éste tiene que obtener otro trabajo

para paliar los daños que supone la pérdida inesperada de

su empleo. Siendo ese el caso:

Entonces, ¿por qué deducir unos salarios

que son el medio por el cual el empleado

cesanteado

ilegalmente

tiene

la

posibilidad

de

cumplir

con

sus

responsabilidades

(personales

y

familiares) y aminorar los perjuicios

causados por una acción ilegal de su

patrono? ¿Por qué ensañarse con el

empleado que actúa diligentemente y hace

un esfuerzo razonable por remediar su

situación? ¿Acaso la normativa vigente

no fomenta que el empleado cesanteado se

cruce de brazos y no busque atemperar

los menoscabos sufridos? ¿Acaso esta

actitud de falta de diligencia en

mitigar los daños no ha sido rechazada

constantemente por esta Curia? (Énfasis

suplido). Acevedo Sepúlveda v. Depto.

Salud, supra, pág. 75.

Hoy reitero dichos planteamientos. Soy del criterio

que

no

debe

proceder

descuento

alguno

en

aquellas

situaciones en las que un empleado despedido ilícitamente

por un patrono en la empresa privada obtiene, por otros

medios,

ingresos

para

remediar

los

embates

de

esa

ilegalidad. No albergo duda de que esta es la alternativa

más adecuada y justiciera, puesto que aplicar esa deducción

al “pago de los haberes dejados de percibir por razón de la

cesantía ilegal a la que fueron expuestos los empleados,

constituye penalizar a quien evita un daño mayor. Así, se

CC-2020-128

7

premia al que actúa ilegalmente y, peor aún, se atropella a

quien vindica su derecho”. Íd. Por esa razón, el proceder

mayoritario tiene un efecto nocivo debido a que la persona

despedida ilegalmente que obtiene otro empleo mientras se

tramita

su

causa

de

acción,

tendrá

derecho

a

una

compensación menor en comparación con una que no lo haga.

Zambrana García v. ELA et al., supra, pág. 344 (citando a

Hernández v. Mun. de Aguadilla, 154 DPR 199, 209 (2001)).

Por consiguiente, disiento de la premisa conceptual en

la que se ancla la Opinión mayoritaria. Reafirmo que dicha

situación resulta en una injusticia contra la trabajadora

que ya sufrió el vejamen del despido ilegal. Ahora, la norma

mayoritaria la castiga por ser proactiva y obtener un nuevo

trabajo luego de una cesantía

patrono

que

incumplió

con

ilegal,

la

ley

mientras

ve

que el

reducida

su

responsabilidad civil. Ello socava un importante disuasivo

para que los patronos cumplan y respeten las leyes que

proscriben el discrimen en el empleo. En ese sentido, la

postura mayoritaria premia al patrono que actúa ilícitamente

y le concede un primer salvoconducto que le permite reducir

su

responsabilidad

civil

tras

incurrir

en

prácticas

discriminatorias.

B.

Según adelanté, la Opinión mayoritaria avala el cómputo

que realizó el Tribunal de Apelaciones sobre los ingresos

devengados por la señora Torres Rivera por concepto

CC-2020-128

de

8

salario en otros empleos. Esta cantidad asciende a

$53,307.00 y se desglosa de la manera siguiente:

● Beneficios por desempleo - $3,458.00

● Ingreso por trabajo - $45,049.00

año 2014- $10,140.00

año 2015- $10,920.00

año 2016- $8,372.00

año 2017- $8,372.00

año 2018- $7,245.00

Total= $45,049.00

● Confección de bizcochos años 2013-2018

$4,800.0017

Al validar este cómputo, la Mayoría no advierte que en

él

se

incluyeron

los

beneficios

por

desempleo.

Este

proceder, más allá de que abre la puerta para que se

catalogue dicho beneficio como un salario devengado, atenta

contra el carácter reparador que ostenta el beneficio por

desempleo en nuestro ordenamiento jurídico. Veamos.

La Ley de seguridad de empleo de Puerto Rico, Ley Núm.

74 de 21 de junio de 1956, según enmendada, 24 LPRA sec.

701 et seq. (Ley de Desempleo), establece que el desempleo

no constituye un salario, sino un beneficio. En ese sentido,

la Exposición de Motivos del estatuto precitado establece

que:

El desempleo es, por lo tanto, materia

de interés e incumbencia general que

requiere la adopción por la Asamblea

Legislativa

de

medidas

adecuadas

tendientes a evitar su desarrollo y a

aliviar la carga que el mismo produce y

que

recae

sobre

el

trabajador

desempleado y su familia.[…] [É]ste

objetivo puede obtenerse mediante el

funcionamiento de oficinas públicas y

gratuitas de empleo, adoptando métodos

17Íd.,

págs. 1795-1796.

CC-2020-128

9

apropiados para reducir al mínimo el

auge del desempleo, y mediante la

acumulación

sistemática

de

fondos

durante períodos de empleo que permitan

el pago de beneficios durante períodos

de desempleo, manteniendo así el poder

adquisitivo, promoviendo la movilidad y

aprovechamiento

de

las

mejores

destrezas

de

aquellos

trabajadores

desempleados, y limitando las serias

consecuencias sociales del desempleo.

(Énfasis suplido).

Queda

beneficio

claro

que

otorgado

el

por

programa

el

de

Estado

desempleo

es

un

producto

de

la

implementación de una política pública dirigida a reducir

la pesada carga que supone la pérdida del empleo. Así lo

hemos reconocido consistentemente. Castillo v. Depto. del

Trabajo, 152 DPR 91, 98 (2000); Acevedo v. Western Digital

Caribe, Inc., 140 DPR 452, 466 (1996). A fin de cuentas, el

programa de desempleo se trata de un beneficio colateral

que forma parte de la política social del Estado.

Asimismo, la postura que hoy defiendo es cónsona con

la jurisprudencia interpretativa de las leyes antidiscrimen

en el Derecho Laboral federal.

Al respecto, en Marshall Field & Co. v. N.L.R.B, 318

US

253

(1943)

(Per

Curiam),

un

trabajador

discriminatoriamente

recibió

beneficios

de

cesanteado

desempleo

durante la pendencia del pleito. Posteriormente, el patrono

alegó que dichos ingresos debían ser descontados de la

penalidad impuesta en su contra. Sin embargo, el Tribunal

Supremo federal, interpretando la ley de compensación por

desempleo

del

Estado

de

Illinois,

concluyó

que

los

CC-2020-128

beneficios

10

de

desempleo

obtenidos

por

el

trabajador

cesanteado no constituían ingresos para efectos de las

definiciones establecidas por la National Labor Relations

Board. Por tanto, determinó que no procedía tal deducción.18

Posteriormente, en N.L.R.B. v. Gullett Gin Co., 340 US

361 (1951), el Tribunal Supremo federal, amparado en el

precedente de Marshall Field & Co. v. N.L.R.B, supra, validó

que no se caracterizaran como salario los beneficios de

desempleo para propósitos de la compensación a ser pagada

por un patrono que incurrió en prácticas discriminatorias.

De este modo, determinó que:

[T]he payments to the employees were not

made to discharge any liability or

obligation of respondent, but to carry

out a policy of social betterment for

the benefit of the entire state. We

think these facts plainly show the

benefits to be collateral. It is thus

apparent from what we have already said

that failure to take them into account

in ordering back pay does not make the

employees more than ‘whole’ as that

phrase has been understood and applied.

(Énfasis suplido). Íd., págs. 364-365

(citas internas omitidas).

Ahora bien, a pesar de ambos dictámenes, las cortes

apelativas federales están divididas en cuanto a si debe

ser mandatorio o discrecional que se tomen en consideración

18Así,

el Tribunal Supremo federal concluyó que:

We agree with the court below that

the benefits received under the state

compensation act were plainly not

‘earnings' which, under the terms of the

Board's order, could be deducted from

the back pay awarded. Marshall Field &

Co. v. N.L.R.B, supra, pág. 255.

CC-2020-128

11

los beneficios por desempleo al momento de computar la

compensación

por

ingresos

dejados

de

devengar.19

Sin

embargo, la norma mayoritaria es tajante en cuanto a que no

procede catalogar como salario los beneficios de desempleo

obtenidos por el trabajador víctima de discrimen por razón

de edad. Véanse, Gaworski v. ITT Commercial Fin. Corp., 17

F.3d 1104 (8th Cir. 1994); Brown v. A.J. Gerrard Mfg. Co.,

715 F.2d 1549 (11th Cir. 1983) (Per Curiam); Rasimas v.

Michigan Dept. of Mental Health, 714 F.2d 614 (6th Cir.

1983); Kauffman v. Sidereal Corp., 695 F.2d 343, (9th Cir.

1982) (Per Curiam).20

Sobre el particular, considero persuasivo lo resuelto

por la Corte de Distrito Federal de Puerto Rico en Toro v.

Sánchez, 141 F. Supp.2d 195 (2001). En dicho caso, el

patrono pretendió que se le descontara del monto que tendría

que compensar al trabajador ilegalmente cesanteado lo que

éste

había

devengado

por

concepto

de

seguro

social,

beneficios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y

el

seguro

por

desempleo.

En

lo

pertinente,

luego

de

interpretar el propósito y la naturaleza de la Ley de

19Véase,

I. Torres Canales, ¿Procede el descuento del

beneficio por desempleo a un back pay?, 88 Rev. Jur. UPR

586, 592-594 (2019); T. Lee, Deducting Unemployment

Compensation

and

Ending

Employment

Discrimination:

Continuing Conflict, 43 Emory L.J. 325 (1994).

20Véase,

además, U.S. Equal Employment Opportunity

Comm'n v. Consol Energy, Inc., 860 F.3d 131 (4th Cir. 2017);

Dailey v. Societe Generale, 108 F.3d 451 (2d Cir. 1997);

Thurman v. Yellow Freight Sys., Inc., 90 F.3d 1160 (6th Cir.

1996); Craig v. Y & Y Snacks, Inc., 721 F.2d 77 (3d Cir.

1983).

CC-2020-128

12

Desempleo, supra, el tribunal resolvió que, de la exposición

de motivos del estatuto, quedaba claro que no procedía dicho

descuento.

Fundamentó

su

dictamen

en

que

éstos

eran

beneficios producto de una política pública del Estado.

Además, resaltó el hecho de que los fondos del desempleo

son administrados por una agencia gubernamental que tiene

la discreción de decidir cómo distribuir los fondos, a quién

otorgárselos y en qué condiciones. 29 LPRA secs. 703-704.

Por ello, concluyó que:

[T]hese payments are not made to

discharge any liability or obligation of

the defendant, but to carry out an

independent policy of social betterment

for the benefit of the entire state.

In view of the above, we conclude

that

deducting

unemployment

compensation will actually make the

defendant-employer more than whole. “If

an employer who violates the law is

allowed to use payments of unemployment

compensation to offset its liability, it

is put in a better position than an

employer who does not violate the law

but still pays its unemployment tax to

the state”. (Énfasis suplido). Toro v.

Sánchez,

supra,

pág.

199

(citas

omitidas).

Dicho raciocinio lo debimos aplicar a la controversia

que hoy adjudicamos. Resulta evidente que la otorgación del

beneficio de desempleo a la señora Torres Rivera no es

producto de una obligación indemnizatoria del patrono; más

bien, es el resultado de una política pública dirigida a

paliar

los

efectos

nocivos

del

desempleo

en

nuestra

sociedad. Por tal razón, hubiese aplicado la doctrina de la

CC-2020-128

13

fuente colateral de ingresos.21 Es decir, hubiese resuelto,

además de lo explicado en el acápite anterior, que un

patrono que incurre en prácticas discriminatorias en el

entorno laboral no podrá aprovecharse de que el empleado

perjudicado haya recibido los beneficios por desempleo que

la comunidad extiende a los necesitados.

De hecho, recientemente en Santiago Ortiz v. Real

Legacy Assurance Company, Inc. y otros, 2021 TSPR 12, 205

DPR

__

(2021),

un

caso

sobre

despido

discriminatorio,

aplicamos la doctrina de fuente colateral de ingresos para

evitar que se catalogaran como salarios el pago efectuado

por el patrono por concepto de liquidación de vacaciones,

el plan de ahorros y el pago de la pensión prematura. Basado

en lo anterior, reiteramos la interpretación restrictiva

que hemos establecido del concepto “salario” al enfrentarnos

a situaciones en donde se pretende catalogar como tal otros

tipos de ingresos recibidos por un empleado ilegalmente

cesanteado para efectos de cuantificar el monto de una

indemnización al amparo de las leyes laborales. A

21La

doctrina de la fuente colateral de ingresos

establece que, como regla general, el causante de un daño

estará impedido de deducir del importe de la indemnización

que se le ha impuesto la compensación o beneficios que el

perjudicado haya recibido de una tercera persona o entidad.

Futurama Import Corp. v. Trans Caribbean, 104 DPR 609, 612613 (1976). Ello se fundamenta en que la relación del

tercero

que

concede

beneficios

al

perjudicado

es

completamente distinta a la que tiene éste con el causante

de sus daños. Íd. De este modo, el que causa el daño está

obligado a indemnizar mientras que lo concedido por el

tercero está abonado por otro título. Nieves Cruz v. U.P.R.,

151 DPR 150, 165 (2000).

CC-2020-128

14

esos efectos, enfatizamos que “sólo el trabajo realizado

mediante el esfuerzo físico o intelectual es compensable

con la indemnización o penalidad adicional. Esta norma no

queda afectada por la amplitud retórica que pueda atribuirse

al vocablo ‘salarios’”. (Énfasis suplido). Íd., pág. 23

(citando a J.R.T. v. Ventanas Yagüez, Inc., 103 DPR 933,

938 (1975)). En tal análisis, citamos con aprobación el caso

de Toro v. Sánchez, supra, y establecimos que

nuestro

dictamen era “similar a las expresiones que el Tribunal

Federal para el Distrito de Puerto Rico ha esbozado en torno

a las deducciones realizadas en escenarios que involucran

un despido”. Íd., pág. 25. Ésto, pues, no podemos convertir

una legislación llamada a favorecer al empleado en un

privilegio para el patrono. Íd., págs. 24-25 (citando a

García Pagán v. Shiley Caribbean, 122 DPR 193, 212 (1988)).

Por

ello,

discrepo

del

análisis

efectuado

por

el

Tribunal de Apelaciones y validado por la Mayoría. El

precedente

que

hoy

se

establece

nuestros pronunciamientos

es

inconsistente

con

previos. Además, desvirtúa el

propósito de la política pública establecida en la Ley de

Desempleo, supra.

Por consiguiente, procedía eliminar de la ecuación

matemática creada por la Opinión mayoritaria los $3,458.00

que

recibió

la

señora

Torres

Rivera

por

concepto

del

desempleo. No lo hicimos. Por tanto, disiento y expreso mi

preocupación por las consecuencias nocivas que tendrá el

dictamen

sobre

las

reclamaciones

de

ésta

y

los

demás

CC-2020-128

15

empleados en similar situación. Con este proceder, queda

configurado el segundo salvoconducto otorgado al patrono

que

le

permite

aminorar

su

responsabilidad

civil

tras

incurrir en prácticas discriminatorias.

C.

Finalmente, disiento de la fórmula establecida en la

ponencia mayoritaria, ya que establece que los salarios

devengados por la empleada discriminada, mientras estuvo

cesanteada, serán descontados antes de la imposición de la

doble penalidad requerida por ley. Ello, bajo el pretexto

de no querer alterar la naturaleza reparadora de las leyes

antidiscrimen en el empleo. Discrepo de tal aseveración. Me

explico.

Los

estatutos

antidiscrimen

en

cuestión

conceden

remedios similares a la víctima de discrimen y contemplan

iguales

penalidades

contra

el

patrono

que

discrimina.

Véanse, Art. 13, Ley Núm. 44, supra, 1 LPRA sec. 511; Art.

1, Ley Núm. 100, supra, 29 LPRA sec. 146. El principal

remedio

es

la

reposición

en

el

empleo.

Además,

ambos

estatutos contemplan la concesión de daños más “una suma

igual al doble del importe de los daños que el acto haya

causado al empleado o solicitante de empleo”. Íd. Ésto es

lo que denominamos la doble penalidad. Como Curia, hemos

sido

diáfanos

en

que

la

imposición

doble

de

dicha

compensación es un elemento punitivo contra el patrono para

disuadirlo de cometer actos discriminatorios. Maldonado v.

Banco Central Corp., 138 DPR 268, 274 (1995); Guardiola

CC-2020-128

16

Álvarez v. Depto. de la Familia, 175 DPR 668, 681-683

(2009).

En ese sentido, reiteramos que la imposición de la

doble penalidad no tiene como objetivo exclusivo reparar un

daño. Más bien, se trata de una medida punitiva dirigida al

patrono cuyo objetivo es disuadirle de cometer otros actos

discriminatorios en el futuro. Nótese que la intención

legislativa con la aprobación de la doble penalidad fue

castigar al patrono que discrimina. Por tal razón, la hemos

denominado la doble penalidad. Si el objetivo hubiese sido

meramente reparar un daño, la doble penalidad no tendría

sentido jurídico.

Sin embargo, la Opinión avalada por una mayoría de esta

Curia

debilita

beneficiarse

este

de

objetivo

los

al

referidos

permitirle

al

patrono

descuentos

que

se

le

realizarán a la empleada ilegalmente cesanteada, antes de

la imposición de la doble penalidad. Con ello, diluye el

componente punitivo de ambos estatutos y crea una fórmula

que

le

permite

al

patrono

beneficiarse

del

diligente

proceder de un empleado agraviado. De este modo, queda

establecido

un

tercer

salvoconducto

cuyo

efecto

es

la

reducción de la responsabilidad civil de un patrono que

incurre en acciones discriminatorias.

En esa faena, este Tribunal hilvana una interpretación

restrictiva de las leyes protectoras laborales, lo cual es

contrario a nuestro deber hermenéutico de interpretarlas

liberalmente

cuando

favorecen

al

empleado

y

CC-2020-128

17

restrictivamente cuando le afectan. Romero et als. v. Cabrer

Roig

et

als.,

mayoritaria

191

invierte

DPR

643,

estas

653

(2014).

premisas

La

postura

interpretativas

desacertadamente.

Asimismo, debo resaltar que nada en el texto de los

estatutos en cuestión nos llevaban a resolver de la forma

en que lo hizo la Mayoría. De hecho, el lenguaje del Artículo

15 de la Ley Núm. 44, supra, nos debió conducir a la

conclusión contraria. Esto, pues, el artículo precitado

establece textualmente que debemos interpretar la ley de

forma liberal y amplia cuando ello fomente el fin social de

proteger, defender y vindicar los derechos de las personas

con impedimentos. 1 LPRA sec. 511b; Guardiola Álvarez v.

Depto. de la Familia, supra, pág. 687; Morales Bengochea v.

Banco Popular, 173 DPR 742, 760 (2008) (Sentencia).

Esta norma hermenéutica no nos es ajena, ya que hemos

construido una norma interpretativa similar en el contexto

laboral en general. Cordero Jiménez v. UPR, 188 DPR 129,

139 (2013). Así, por ejemplo, en Santiago Ortiz v. Real

Legacy Assurance Company, Inc. y otros, supra, pautamos que,

en aras de otorgar un remedio completo al empleado agraviado

y en armonía con nuestras normas hermenéuticas laborales,

debíamos efectuar ciertas deducciones luego de imponer la

doble penalidad. Nada nos impedía invocar ese precedente

para resolver similarmente la controversia ante nos.

CC-2020-128

Por

aceptamos

18

tanto,

que

aun

si

para

correspondía

propósitos

efectuar

argumentativos

deducciones

a

la

compensación por ingresos dejados de devengar, lo cual

rechazo,

una

interpretación

liberal

de

ambos

estatutos

hubiese forzado a concluir que éstas deberían efectuarse

luego de calcular la doble penalidad requerida por ley.

Resolver de otra forma, no sólo va en contra de nuestra

hermenéutica laboral, sino que resulta en una injusticia

contra la empleada que ya sufrió el vejamen del despido

ilegal. Además, socava el objetivo de la doble penalidad

como un importante disuasivo para que los patronos respeten

las leyes que proscriben el discrimen laboral. Hernández v.

Mun. de Aguadilla, supra, pág. 217 (Opinión disidente del

Juez Asociado señor Fuster Berlingeri).

En definitiva, la norma que hoy se establece difumina

los

objetivos

de

nuestro

ordenamiento

laboral,

en

específico, los de aquellas normas relacionadas al discrimen

en

el

empleo.

Ello

tiene

el

efecto

de

convertir

una

legislación llamada a proteger y favorecer al empleado en

un privilegio para el patrono que discrimina al concederle

distintos

salvoconductos

responsabilidad

civil

que

tras

le

permiten

incurrir

en

reducir

su

actuaciones

discriminatorias en el empleo. Ante ello, respetuosamente

disiento.

III

De conformidad con los fundamentos expuestos, reafirmo

que no procedía efectuar descuento alguno a la compensación

CC-2020-128

19

otorgada a la señora Torres Rivera. Por lo tanto, debimos

reafirmar los remedios concedidos por el Tribunal de Primera

Instancia. Ello constituía la alternativa más justiciera y

cónsona con el Derecho Laboral aplicable para los empleados

y las empleadas que acuden al Poder Judicial en búsqueda de

la completa reparación del agravio que supone ser despedido

ilícitamente a consecuencia de un acto discriminatorio. Sin

embargo,

el

dictamen

avalado

por

una

Mayoría

de

este

Tribunal hace lo contrario y premia al patrono que incurre

en prácticas discriminatorias en el empleo. Lo anterior, no

obstante, se efectúa sobre las espaldas de los sujetos de

derecho

que

estamos

llamados

a

proteger

y

vindicar

jurídicamente: las víctimas de discrimen en el empleo.

Por consiguiente, no me queda más que distanciarme de

la postura acogida por la Mayoría y disentir.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado