LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Rio Mar Community Association, Inc. v. Jaime Mayol Bianchi

2021 TSPR 138

Poder Judicial de Puerto Rico

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Rio Mar Community Association, Inc. v. Jaime Mayol Bianchi

AC-2019-144

Derecho Procesal Civil: El procedimiento sumario sobre cobro de dinero instado al amparo de la Regla 60 de Procedimiento Civil se puede convertir en ordinario si, como parte de las defensas afirmativas formuladas, la parte demandada impugna la liquidez y exigibilidad de la deuda reclamada.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Rio Mar Community Association, Inc.

Recurrida

v.

2021 TSPR 138

208 DPR ____

Jaime Mayol Bianchi

Peticionario

Número del Caso:

AC-2019-144

Fecha: 24 de septiembre de 2021

Abogados de la parte peticionaria:

Lcdo. Omar Saadé Yordán

Lcda. María I. Soler Agostini

Abogados de la parte recurrida:

Lcdo. Pedro Rosario Urdaz

Lcdo. Arturo Negrón Vargas

Materia: Derecho Procesal Civil: El procedimiento sumario sobre

cobro de dinero instado al amparo de la Regla 60 de Procedimiento

Civil se puede convertir en ordinario si, como parte de las defensas

afirmativas formuladas, la parte demandada impugna la liquidez y

exigibilidad de la deuda reclamada.

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Río Mar

Inc.

Community

Association,

Recurrida

AC-2019-144

v.

Jaime Mayol Bianchi

Peticionario

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff

Caraballo

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de septiembre de 2021.

En esta ocasión dilucidamos si procede convertir

un procedimiento sumario sobre cobro de dinero a uno

ordinario al amparo de la Regla 60 de Procedimiento

Civil.1

Ello

como

consecuencia

de

las

defensas

afirmativas claras y sustanciales levantadas por la

parte demandada dirigidas a impugnar la liquidez de la

deuda

reclamada

por

concepto

de

cuotas

de

mantenimiento. Por los fundamentos que expondremos,

respondemos en la afirmativa, aunque tales defensas

afirmativas coincidan con las alegaciones presentadas

en la reconvención desestimada que impugnaba el cálculo

de esas cuotas.

1

32 LPRA Ap. V., R. 60.

AC-2019-144

2

I.

La

asociación

de

residentes

Río

Mar

Community

Association, Inc. (RMCA) presentó una demanda sobre cobro de

dinero al amparo de la Regla 60 en contra del Sr. Jaime Mayol

Bianchi

(señor

Mayol

Bianchi

o

peticionario)

dueño

del

apartamiento 8B en el proyecto Rio Mar Condominium II ubicado

en el complejo residencial y turístico Río Mar Resort en Río

Grande. En ésta RMCA alegó que el peticionario adeudaba

$4,995.92 por concepto de cuotas de mantenimiento vencidas;

suma que continuaba aumentando a razón de $115.62 mensuales,

más intereses y penalidades. Además del pago de la deuda,

solicitó las costas, gastos y honorarios de abogado.

El señor Mayol Bianchi contestó la demanda y reconvino.2

En cuanto a la alegación responsiva y las defensas afirmativas

formuladas adujo, en lo que nos es pertinente, que desde 1993

RMCA ha calculado las cuotas de mantenimiento en contravención

con las condiciones restrictivas, que tal proceder ha resultado

en la sobrefacturación a todos los titulares y, para efectos

de la causa de acción, la deuda no era líquida ni exigible.

Por lo tanto, aseguró que RMCA debía volver a computar desde

1993 todas las cuotas de mantenimiento cobradas para reembolsar

a los titulares el dinero pagado en exceso.

Por

otro

lado,

a

través

de

la

reconvención,

el

peticionario reiteró que RMCA estaba actuando en contravención

con las condiciones restrictivas de la Escritura Núm. 2

intitulada “Declaration of Protective Convenants”, autorizada

2

Apéndice de la Apelación, en las págs. 411-414.

AC-2019-144

3

por la notaria, Lcda. Laura T. Rozas, el 13 de abril de 1994.

Además, el señor Mayol Bianchi argumentó que, contrario a los

titulares que poseen un 49% de participación en RMCA, ésta ha

permitido

que

el

desarrollador

-quien

posee

el

51%

de

participación- pague una cuota menor de la debida. Según

aseveró el peticionario, esto impone una carga mayor a los

titulares en la medida que RMCA no ha computado las cuotas y

las

derramas

conforme

al

presupuesto

que

se

supone

que

anualmente la asociación apruebe y, una vez aprobado, éstas se

dividan entre todos los titulares mediante el sistema de

unidades básicas de viviendas o “Basic Dwelling Units”. Con

estas alegaciones el peticionario insistió que RMCA tenía que

volver

a

computar

reembolsarlas.

las

Asimismo,

cuotas

exigió

cobradas

una

orden

en

exceso

para

que

y

RMCA

recaudara las cantidades dejadas de cobrar al desarrollador.

El mismo día que presentó su contestación a la demanda y

reconvención

el

peticionario

tramitó

un

Interrogatorio

y

solicitud de producción de documentos. En vista de esto, RMCA

peticionó la conversión del pleito a civil ordinario “para

realizar un descubrimiento de prueba más exhaustivo”.3 Así,

conforme a lo dispuesto en la Regla 60, el foro primario

convirtió el pleito al procedimiento civil ordinario.

Ahora bien, posteriormente RMCA presentó una moción de

desestimación en contra de la reconvención presentada por el

peticionario Mayol Bianchi, fundamentada en que la jurisdicción

para atender lo alegado en ésta correspondía al Departamento

3

Apéndice, pág. 317.

AC-2019-144

de

Asuntos

4

del

Consumidor

(DACO).

Además,

solicitó

la

paralización del procedimiento hasta tanto el foro de instancia

resolviera la moción dispositiva y que, de ser concedida, se

revirtiera el litigio al trámite de la Regla 60. Por su parte,

el señor Mayol Bianchi se opuso y argumentó que, si el tribunal

de instancia conservaba la jurisdicción sobre la demanda de

cobro de dinero, debía también retener la jurisdicción sobre

la reconvención. Además, adujo que formuló defensas afirmativas

respecto a la liquidez de la deuda, la consecuente obligación

de volver a computar las cuotas de mantenimiento impuestas,

más el reembolso de las cantidades cobradas en exceso a los

titulares.

Luego

de

otros

trámites

que

son

innecesarios

pormenorizar, el tribunal de instancia notificó dos dictámenes.

Por un lado, emitió una Sentencia parcial en la que desestimó

la reconvención, fundamentada en que el foro con jurisdicción

para atender la disputa sobre la fórmula para el cómputo de

las cuotas de mantenimiento era el DACO y, por el otro, emitió

una Resolución en la que determinó que el tribunal de instancia

tenía jurisdicción sobre la causa de acción por cobro de

dinero.

Inconforme,

el

señor Mayol Bianchi

acudió ante el

Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, éste confirmó ambos

dictámenes

mediante

una

sentencia

en

Rio

Mar

Community

Association, Inc. v. Jaime Mayol Bianchi y otros, Caso Núm.

KLAN201601115 (Sentencia KLAN201601115). Una vez devuelto el

caso

al

foro

primario,

el

peticionario

reiteró

el

incumplimiento de RMCA de contestar el descubrimiento de

AC-2019-144

5

prueba. En oposición, RMCA alegó que el peticionario pretendía

descubrir prueba pertinente a la reconvención desestimada, que

ésta advino final y firme y, por esto, solicitó la reconversión

del pleito al trámite sumario. Por su parte, el señor Mayol

Bianchi

expuso

que

la

conversión

del

procedimiento

era

improcedente, porque el descubrimiento de prueba se relacionaba

con las defensas afirmativas formuladas. Por otro lado, RMCA

replicó argumentando, en síntesis, que había entregado toda la

prueba solicitada en relación con la causa de acción de cobro

de dinero y que la desestimación de la reconvención hacía

impertinente

descubrir

cualquier

otra

prueba.

Luego

de

escuchadas las partes, el foro primario ordenó la culminación

del descubrimiento de prueba.

Debido a que RMCA incumplió la orden, el señor Mayol

Bianchi solicitó la paralización de los procedimientos. Sin

embargo, esta vez, el foro de instancia declaró con lugar las

objeciones de RMCA para no descubrir prueba y esgrimió que

permitirlo constituiría un ataque colateral a la Sentencia

KLAN201601115 del foro apelativo intermedio.4

Por último,

revirtió el litigio al procedimiento sumario. Al peticionar la

reconsideración de tal determinación, el señor Mayol Bianchi

argumentó,

entre

otras

información

relacionada

cosas,

la

necesidad

específicamente

con

la

de

obtener

mencionada

Escritura Núm. 2 y la certeza del cómputo que RCMA había

realizado para cobrar las cuotas. Sin embargo, el foro primario

sostuvo su determinación. Inconforme, el señor Mayol Bianchi

4

Apéndice, págs. 346-347.

AC-2019-144

6

recurrió al Tribunal de Apelaciones en Certiorari, pero éste

denegó expedir el recurso por entender que no estaba ante una

situación

excepcional

donde

esperar

hasta

la

apelación

constituyera una grave injusticia.

Devuelto el caso al foro de instancia y concluido el

juicio, el tribunal emitió una Sentencia a favor de RMCA y

condenó al señor Mayol Bianchi al pago de $9,537.03 por

concepto de las cuotas adeudadas y gastos del litigio, más le

impuso $1,000 por temeridad. Nuevamente en desacuerdo, el señor

Mayol Bianchi acudió esta vez en apelación ante el foro

apelativo

intermedio.

En

esencia,

señaló

que

el

foro

sentenciador cometió el error de (1) prejuzgar como correctas

las cantidades reclamadas sin atender las defensas afirmativas

formuladas; (2) al eximir a RMCA de contestar el descubrimiento

de

prueba;

y,

por

último,

(3)

al

revertir

el

caso

al

procedimiento sumario.

Sin embargo, el foro apelativo intermedio confirmó la

Sentencia apelada. En lo pertinente, el Tribunal de Apelaciones

precisó aclarar que el caso se trataba de una demanda de cobro

de

dinero

y

no

de

una

impugnación

de

las

cuotas

de

mantenimiento. Así, esgrimió que la prueba demostró un atraso

en el pago de las cuotas, lo que establecía que la deuda estaba

vencida, líquida y exigible.5

Finalmente,

el Tribunal de

Apelaciones recalcó como fundamento para su sentencia el

Además, el Tribunal de Apelaciones entendió innecesario considerar las

cuantías impuestas por RMCA en cuotas de mantenimiento porque otro panel

del foro apelativo intermedio consignó que el DACO es el foro con

jurisdicción para atender esa controversia, por lo que la Sentencia

KLAN201601115 constituía la ley del caso. Véase Apéndice, págs. 22-23.

5

AC-2019-144

7

propósito de la Regla 60 para concluir que el tribunal de

instancia actuó correctamente al no permitir el descubrimiento

de prueba.

Inconforme, el peticionario acudió ante este Tribunal

mediante un recurso de Apelación y señaló, en lo que nos atañe,

que el foro apelativo intermedio había errado al eximir a RMCA

de contestar el descubrimiento de prueba cursado por el

peticionario y confirmar la sentencia del foro de instancia

violentando así su derecho a un debido proceso de ley.

Luego de acoger el recurso de Apelación y que las partes

presentaran los alegatos correspondientes, nos encontramos

listos para resolver.

II

A. Regla 60 de Procedimiento Civil.

La Regla 60 de Procedimiento Civil (Regla 60) establece

un procedimiento sumario de cobro de dinero donde las reglas

de procedimiento civil para trámites ordinarios aplicarán de

manera supletoria, siempre y cuando sean compatibles con el

mecanismo sumario establecido en la regla.6 Por esto, “el

emplazamiento por edicto, la contestación a la demanda, el

descubrimiento de prueba, las reconvenciones, la demanda contra

terceros, entre otros, son preceptos incompatibles con esta

herramienta sumaria”.7

No

obstante,

la

propia

Regla

60

establece

varias

instancias en las que se puede convertir una causa de acción

Cooperativa v. Hernández Hernández, 2020 TSPR 127, en la pág. 2 (citando

Asoc. Res. Colinas Metro, 156 DPR en la pág. 98).

6

Íd., pág. 3 (citando Asoc. Res. Colinas Metro, 156 DPR en las págs.

99-100)(Énfasis suplido).

7

AC-2019-144

8

presentada bajo esta regla, en un procedimiento ordinario,

entre las cuales se encuentra: “(1) si la parte demandada

demuestra que tiene una reclamación sustancial; (2) cuando, en

el interés de la justicia, las partes ejercen su derecho de

solicitar que el pleito se continúe ventilando por el trámite

civil ordinario; (3) partiendo de ese mismo interés, el

tribunal

motu

proprio

tiene

la

discreción

para

así

ordenarlo;[…]”.8

Por otro lado, ya antes hemos dicho que únicamente se

pueden reclamar por vía judicial las deudas vencidas, líquidas

y exigibles.9 Respecto a los últimos dos conceptos hemos

expresado que:

El vocablo ‘líquida’ en relación con una cuenta,

en lenguaje corriente significa el saldo ‘o residuo

de cuantía cierta que resulta de la comparación

del cargo con la data’. Y la voz ‘exigible’

refiriéndose a una obligación, significa que puede

demandarse su cumplimiento.10

La deuda es líquida por ser cierta y determinada11 y es

exigible porque puede demandarse su cumplimiento.12 Así que,

“al alegarse que la cuenta es ‘líquida y exigible’ se están

exponiendo hechos, a saber: que el residuo de la cuantía ha

sido aceptado como correcto por el deudor y que está vencido”.13

8

Cooperativa, 2020 TSPR 127, en la pág. 8.

9

Ramos y otros v. Colón y otros, 153 DPR 534, 546 (2001).

10

Guadalupe v. Rodríguez, 70 DPR 958, 966 (1950).

Ramos y otros, 153 DPR en la pág. 546 (citando M.A. Del Arco Torres y

M. Pons González, Diccionario de Derecho Civil, Navarra, Ed. Aranzadi, 1984,

T. II, pág. 16; Freeman v. Tribunal Superior, 92 DPR 1, 25 (1965)).

11

12

Guadalupe, 70 DPR en la pág. 966.

13

Íd. (Énfasis suplido).

AC-2019-144

9

En el ámbito procesal, el hecho de que la deuda sea

líquida y exigible en una demanda de cobro de dinero atendida

conforme a la Regla 60 es un elemento que, además de la

notificación-citación,

debe

ser

superada

por

la

parte

promovente para que el tribunal pueda atender todas las

cuestiones litigiosas y dictar sentencia inmediatamente.14

Sobre ese particular, el Prof. Rafael Hernández Colón comentó

que la reclamación sustancial que pueda tener el demandado que

requiera la conversión del procedimiento puede ser “porque el

derecho

de

cobro

no

surge

claro,

se

necesita

hacer

descubrimiento de prueba, se tiene una reconvención compulsoria

o se necesita añadir un tercero demandado, entre otras cosas”.15

B. Defensas afirmativas

La Regla 6.3 de Procedimiento Civil,16 establece una

lista no taxativa de defensas que una parte deberá expresar

afirmativamente al momento de responder una alegación.17 De

acuerdo

con

el

tratadista

Hernández

Colón,

las

defensas

afirmativas son “las que presentan planteamientos sustentados

por cuestiones de hecho o de derecho que no consisten en

Cooperativa, 2020 TSPR 127, en la pág. 6 (citando Asoc. Res. Colinas

Metro, 156 DPR en la pág. 100).

14

R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico. Derecho Procesal

Civil, 6ta ed., San Juan, LEXISNEXIS PUERTO RICO, 2017, sec. 2404, pág. 629.

15

16

32 LPRA Ap. V, R. 6.3.

La Regla 6.3 de Procedimiento Civil enumera las defensas afirmativas

siguientes: (a) transacción; (b) aceptación como finiquito; (c) laudo y

adjudicación; (d) asunción de riesgo; (e) negligencia; (f) exoneración por

quiebra; (g) coacción; (h) impedimento; (i) falta de causa; (j) fraude; (k)

ilegalidad; (l) falta de diligencia; (m) autorización; (n) pago; (o)

exoneración; (p) cosa juzgada; (q) prescripción adquisitiva o extintiva;

(r) renuncia y cualquier otra materia constitutiva de excusa o de defensa

afirmativa. Por este último inciso, es indudable de que las defensas

afirmativas son numerus apertus. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho

Procesal Civil, 2da ed., JTS, 2011, T. II, pág. 405.

17

AC-2019-144

10

negaciones de los hechos alegados en la reclamación contra la

cual se formulan[…][y que], de ser ciertos, derrotan el reclamo

del demandante, incluso si todas las alegaciones del demandante

fueran aceptadas como correctas”.18 Comprenden “materia de

naturaleza sustantiva y/o materia constitutiva de excusa, por

la

cual

la

parte

demandada

reclamaciones en su contra”.19

no

debe

responder

a

las

Las defensas afirmativas “solo

tiene[n] un propósito defensivo, entiéndase, impedir que el

reclamo [en contra de la parte demandada] prospere”.20

Conforme a las exigencias de la Regla 6.3, las defensas

“deberán plantearse en forma clara, expresa y específica al

responder a una alegación o se tendrán por renunciadas, salvo

la parte advenga en conocimiento de la existencia de la misma

durante el descubrimiento de prueba, en cuyo caso deberá hacer

la enmienda a la alegación pertinente”.21 Es decir, las defensas

afirmativas sin suficiente especificidad, incoando las mismas

de manera general y sin fundamentos, tiene el efecto de una

renuncia, lo cual impide que puedan formularse posteriormente

o sustituirse por una defensa similar.22

Finalmente,

Hernández

Colón

coincidimos

de

que

plenamente

las

con

defensas

el

no

18

Hernández Colón, supra nota 15, págs. 289-290.

19

Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 280 (2012).

20

Bacardí Corp. v. Torres Arroyo, 202 DPR 1014, 1023 (2019).

21

Presidential, 186 DPR en la pág. 280.

22

Íd., en las págs. 284-286.

profesor

constituyen

AC-2019-144

11

contrarreclamaciones y que su fin es meramente derrotar la

reclamación contra la cual se formulan.23

C. Las alegaciones como defensas afirmativas en contraste con

su uso en una reconvención.

Recientemente, en Bacardí Corporation v. Torres Arroyo,

en el contexto de un pleito sumario laboral al amparo de la

Ley Núm. 2 la cual no permite la reconvención de un patrono,

implicamos que una parte puede utilizar las mismas alegaciones

con un propósito defensivo o de forma ofensiva.24

Y es que, como expusimos, la parte que presenta una

alegación como defensa afirmativa, solo busca eso, defenderse

para derrotar la reclamación presentada en su contra. Así, el

resultado, de tener éxito, es solo uno: lograr librarse de la

responsabilidad que se le atribuye o se alega en su contra.

En cambio, cuando una parte presenta la misma alegación como

parte de una reconvención o en una demanda en un pleito

independiente, está buscando que su causa de acción prevalezca,

haciendo responsable a la parte demandada o contra quien ha

reconvencionado, y buscando a su vez algún remedio a su favor.

Es claro entonces que, en este contexto, una misma alegación

puede presentarse con fines o propósitos distintos con el

interés de producir un resultado diferente en cada una de sus

manifestaciones. De hecho, la Regla 6.3 deja ver que lo

importante no es siquiera la manera en que la parte denomine

la alegación, sino el propósito de ésta. Así, el texto de la

regla establece que “[c]uando la parte denomine equivocadamente

23

Hernández Colón, supra nota 15, pág. 290.

24

Bacardí Corporation, 202 DPR en la pág. 1023.

AC-2019-144

12

una defensa como una reconvención, o una reconvención como una

defensa, el tribunal, cuando así lo requiera la justicia y bajo

los términos que estime apropiados, considerará la alegación

como si se hubiese denominado correctamente”.25

D. Descubrimiento de Prueba en el contexto del debido proceso

En general, el debido proceso de ley se refiere al

derecho de toda persona a tener un proceso justo y con todas

las garantías que ofrece la ley. En nuestro ordenamiento, este

principio se recoge en la Sec. 7 del Art. II de la Constitución

de Puerto Rico y en la Quinta y Decimocuarta Enmienda de la

Constitución

de

Estados

descubrimiento

de

prueba

Unidos.26

en

Los

nuestro

mecanismos

sistema

de

adversativo

responden a esta garantía constitucional y, como tal, deben

estar disponibles en todo pleito que pueda privar a una persona

de

su

propiedad

descubrimiento

de

o

libertad.

prueba

es

Así,

el

garantizarles

propósito

a

las

del

partes

litigantes el que tengan la oportunidad de estar adecuadamente

preparadas en el momento que el caso se vea en sus méritos.27

Además,

un

efectivo

descubrimiento

de

prueba

evita

los

inconvenientes, sorpresas e injusticias que surgen cuando las

partes

en

un

litigio

ignoran

los

hechos

que

controversia.28

25

32 LPRA Ap. V., R.6.3.

26

CONST. PR art. II, § 7 (2016); CONST. EE. UU. enm. V y XIV.

27

Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729 (1986).

28

Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., 155 DPR 158, 167 (2001).

están

en

AC-2019-144

13

Por otro lado, en el pasado hemos resuelto que limitar

innecesariamente el acceso al descubrimiento de prueba puede

dar lugar a que se transgreda el debido proceso de ley.29 Esto,

porque las reglas que rigen el descubrimiento de prueba “se

basan en el concepto básico de que antes del juicio toda parte

en la litigación tiene el derecho a obtener el descubrimiento

de toda la información que esté en posesión de cualquier

persona”.30 Por último, en el pasado adoptamos la tendencia

surgida en el ámbito del procedimiento civil de “facilitar el

descubrimiento de prueba de forma tal que se coloque al

juzgador

en

la

mejor

posición

posible

para

resolver

justamente”.31

III

El argumento central del peticionario es que se violentó

su derecho a un debido proceso de ley cuando el Tribunal de

Primera Instancia revirtió el litigio al mecanismo sumario de

la Regla 60 sin considerar las defensas afirmativas que éste

formuló y al no permitir el descubrimiento de prueba que

solicitó. Tiene razón. De hecho, en este caso el Tribunal de

Primera Instancia tuvo ante sí todos los escenarios por los

cuales el litigio no debía tramitarse al amparo de la Regla

60. Veamos.

Surge

con

claridad

que

existía

una

reclamación

sustancial del señor Mayol Bianchi, a saber: que la causa de

Ramírez v. Policía de P.R., 158 DPR 320 (2002); Ríos v. F.S.E, 139 DPR

167 (1995).

29

30

Cuevas Segarra, supra nota 17, pág. 835.

E.L.A. v. Casta, 162 DPR 1, 9 (2004); Ward v. Tribunal Superior, 101 DPR

865, 867 (1974).

31

AC-2019-144

14

acción no cumplía con los elementos de liquidez y exigibilidad

de la deuda para adjudicar la demanda de cobro de dinero de

RMCA. Esa defensa afirmativa se formuló de manera clara,

expresa y específica y tuvo un propósito defensivo, entiéndase,

impedir que el cobro pretendido por RMCA prosperara.

El

expediente revela que el peticionario no negó el hecho de la

existencia de la deuda reclamada, solo que, como deudor, éste

nunca aceptó como correcta la cuantía que RMCA pretende cobrar.

El señor Mayol Bianchi es acreedor del derecho a descubrir

prueba conducente a conocer si la cantidad adeudada es cierta

y determinada para que RMCA pueda exigir su cumplimiento y, de

este modo, se considere vencida.

Ciertamente, desde inicio del pleito el señor Mayol

Bianchi planteó la iliquidez y la carencia de exigibilidad de

la

deuda

de

forma

ofensiva.

Es

decir,

la

reconvención

presentada por éste procuraba exigir que RMCA cumpliera con

las condiciones restrictivas consignadas en la servidumbre de

equidad y requería, además, que el desarrollador pagase por

las cuotas conforme al porcentaje correspondiente. Aunque esa

reconvención se desestimó por falta de jurisdicción, las

defensas que formuló el señor Mayol Bianchi en su contestación

a la demanda subsistieron. Entre otras razones, porque el

tribunal nunca adjudicó la procedencia de las cuotas ni si se

estaban cobrando correctamente. Por lo tanto, fue un error de

los foros a quo interpretar que la intención del peticionario

de descubrir información relacionada específicamente con la

Escritura Núm. 2 y de la certeza del cómputo que RCMA había

realizado para cobrar las cuotas era un intento de revivir la

AC-2019-144

15

reconvención que había sido desestimada de manera final y

firme. Es claro que los foros a quo violentaron el derecho del

peticionario a defenderse al impedir que éste descubriera la

prueba solicitada. Como mencionáramos, la reconvención se

desestimó por falta de jurisdicción sobre la materia, por lo

que el foro primario no atendió los méritos de la alegación

del peticionario.32 En ese contexto, el tribunal de instancia

no tenía impedimento alguno para atender el planteamiento de

la iliquidez y la inexigibilidad de la deuda que se presentó

claramente

como

procedimiento

defensa

como

uno

afirmativa

ordinario

y

debió

mantener

el

para

permitir

un

descubrimiento de prueba justo en tales circunstancias.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se revocan las

Sentencias de los foros a quo y se devuelve el caso al Tribunal

de Primera Instancia para que los procedimientos continúen de

manera compatible con lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

Erick V. Kolthoff Caraballo

Juez Asociado

Cuevas Segarra, supra nota 17, pág. 410. Por otro lado, el análisis en

esta Opinión no considera la corrección o no de la Sentencia parcial que

desestimó la reconvención por falta de jurisdicción sobre la materia para

atender el reclamo del peticionario en contra de la asociación de residentes.

32

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Río Mar

Inc.

Community

Association,

Recurrida

AC-2019-144

v.

Jaime Mayol Bianchi

Peticionario

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de septiembre de 2021.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede la cual se hace formar parte íntegra de la

presente, se revocan las Sentencias de los foros a quo y

se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para

que los procedimientos continúen de manera compatible con

lo aquí resuelto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica

el Secretario del Tribunal Supremo.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo