LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Equipo de Sanjuaneras de la Capital v. Federación Puertorriqueña de Voleibol

2021 TSPR 143

Poder Judicial de Puerto Rico

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Equipo de Sanjuaneras de la Capital v. Federación Puertorriqueña de Voleibol

CT-2021-13

Resolución del Tribunal con Voto particular de conformidad y Votos particulares disidentes

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Equipo Sanjuaneras de la

Capital, representado por su

apoderado Sr. Marcos M. Martínez

Peticionario

2021 TSPR 143

v.

208 DPR ____

Federación Puertorriqueña de

Voleibol, representada por su

Presidente, Dr. Cesar Trabanco y

otros

Recurrido

Número del Caso:

CT-2021-13

Fecha: 19 de octubre de 2021

Abogados de la parte peticionaria:

Lcda. Tatiana Vallescorbo Cuevas

Lcdo. Dennis Seilhamer Anadon

Materia:

Resolución

del

Tribunal

con

Voto

conformidad y Votos particulares disidentes.

particular

de

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Equipo

Sanjuaneras

de

la

Capital, representado por su

Apoderado Sr. Marcos M. Martínez

Peticionario

CT-2021-0013

v.

Certificación

Intrajurisdiccional

Federación

Puertorriqueña

de

Voleibol, representada por su

Presidente, Dr. Cesar Trabanco

y otros

Recurridos

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2021.

Examinada

la

Urgente

petición

de

auto

certificación intrajurisdiccional que presentó la

parte peticionaria, se provee no ha lugar.

Notifíquese inmediatamente.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario

del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez

Torres emitió un voto particular de conformidad al

que se unen los Jueces Asociados señores Rivera

García y Feliberti Cintrón. La Jueza Asociada señora

Pabón Charneco está conforme y hace constar las

expresiones siguientes, a las que se une el Juez

Asociado señor Rivera García:

“De forma excepcional, el recurso de

certificación intrajurisdiccional permite

elevar

inmediatamente

ante

nuestra

consideración asuntos pendientes en los

foros

inferiores

que

requieren

una

urgente

solución.

Consistentemente

he

favorecido certificar aquellos casos que

requieran preterir este trámite procesal.

Sin embargo, tras examinar el expediente

del

recurso

presentado

con

sumo

detenimiento, considero que este debe

continuar el trámite ordinario. Así,

CT-2021-0013

2

luego de considerado el caso por el foro

apelativo intermedio y de su determinación

ser desfavorable para la parte, esta contará

con la oportunidad de presentar su caso ante

este Tribunal”.

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió un voto

particular disidente. El Juez Asociado señor Colón Pérez

emitió un voto particular disidente. El Juez Asociado

señor Estrella Martínez disiente y hace constar las

expresiones siguientes:

“El recurso de certificación, aunque de

naturaleza

excepcional,

no

debería

restringirse en la práctica a casos de

Derecho

Electoral.

Existen

otras

controversias de alto interés público en

otras

esferas

de

nuestra

sociedad

que

justifican

nuestra

intervención

oportuna.

Precisamente, la certificación solicitada por

el equipo Sanjuaneras de la Capital nos

brindaba la oportunidad de considerar una

controversia novel en Derecho cuya génesis

fue el embarazo de alto riesgo de la jugadora

refuerzo

Destinee

Hooker-Washington.

Se

trata, no sólo de una disputa nunca antes

atendida en este Foro, sino también de un

evento que desató un debate sobre el choque

entre reclamos de derechos constitucionales y

la autonomía deportiva. Esas consideraciones,

por sí solas, están enmarcadas en un alto

interés

público

que

amerita

nuestra

intervención, pero, por demás, controversias

de esta índole han logrado eludir por décadas

el ámbito judicial. En esta ocasión, urgía

que delimitáramos los linderos entre la

autonomía deportiva y la capacidad del Poder

Judicial para revisar actuaciones de los

organismos deportivos reguladores. Máxime,

cuando

el

suceso

que

desembocó

en

la

controversia

ante

nos

está

rodeado

de

cuestionamientos en torno a la inobservancia

de

garantías

constitucionales.

En

fin,

consecuente con mi postura de certificar

casos de alto interés público, unido a los

planteamientos

constitucionales

y

la

onerosidad atada al trámite de revisión ante

los

organismos

deportivos,

hubiera

certificado la controversia y atendido el

caso en sus méritos. Por estas razones,

disiento”.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Equipo Sanjuaneras de la

Capital, representado por

su Apoderado Sr. Marcos M.

Martínez

CT-2021-0013

Peticionario

v.

Federación

Puertorriqueña

de Voleibol, representada

por su Presidente Dr. César

Trabanco y otros

Recurrido

Voto particular de conformidad emitido por el Juez Asociado señor

MARTÍNEZ TORRES al cual se unieron los Jueces Asociados señor RIVERA

GARCÍA y señor FELIBERTI CINTRÓN.

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2021.

Estoy conforme con proveer no ha lugar a la

petición

de

certificación

intrajurisdiccional

que

tenemos ante nuestra consideración.

Este caso trata sobre dos partes privadas que

acordaron,

conforme

a

derecho,

ventilar

todas

sus

controversias mediante un proceso arbitral. Una de

las

partes,

luego

de

no

salir

favorecida

en

el

proceso arbitral, presentó un recurso en los foros

judiciales, pretiriendo el procedimiento de arbitraje

acordado

entre

continuación,

básicos

de

las

basta

partes.

leer

arbitraje

y

Como

veremos

y

entender

los

de

derecho

apelativo

a

conceptos

para

CT-2021-013

concluir

2

que

el

caso

fue

bien

resuelto

por

el

foro

primario y no cumple con los requisitos para certificarlo,

abortando así trámite ordinario.

I

El

debía

equipo

Sanjuaneras

participar

embargo,

el

de

la

equipo,

a

de

la

serie

través

Capital

(Sanjuaneras)

final

de

de

apoderado,

su

voleibol.

Sin

el

Sr.

Marcos M. Martínez, cursó una notificación al director del

torneo

de

la

Liga

Superior

Femenina

de

la

Federación

Puertorriqueña de Voleibol (Federación), para sustituir a

una jugadora por un embarazo de alto riesgo. El director

del

torneo

declaró

“No

Ha

Lugar”

la

sustitución.

El

apoderado solicitó una reconsideración que se declaró “No

Ha Lugar”. Inconforme, el apoderado apeló la determinación

ante el Presidente de la Federación, quien determinó “No

Ha

Lugar”.

Luego,

el

apoderado

presentó

una

Moción

en

Auxilio de Jurisdicción; Apelación y Solicitud de Vista

Argumentativa ante el Tribunal Apelativo y de Arbitraje

Deportivo del Comité Olímpico. Ese mismo día los árbitros

declararon “No Ha Lugar” el escrito. Sentencia del TPI,

pág. 19.

Por eso, el apoderado le notificó a la Federación que

el

equipo

no

se

presentaría

a

la

serie

final.

Como

consecuencia, la Federación canceló la serie final de la

temporada 2021 y proclamó a las Criollas de Caguas como

las

campeonas

del

torneo.

Tras

esa

determinación,

el

equipo de las Sanjuaneras, por conducto de su apoderado,

CT-2021-013

3

presentó

una

Demanda

contra

Olímpico

de

Puerto

Rico

solicitaron

al

determinación

Federación

(COPUR).

Entre

y

el

Comité

otras

cosas,

foro

primario

que

declarara

la

Federación

no

se

de

interpretación

la

lógica

de

lo

que

que

la

a

una

ajustaba

constituyen

lesiones

incapacitantes, por lo que debía autorizar la sustitución.

Además, solicitaron que se revirtiera la cancelación de la

serie final y la proclamación de las Criollas de Caguas

como campeonas del torneo.

Al evaluar la controversia de referencia, el Tribunal

de

Primera

Instancia

concluyó

que

estaba

"impedido

de

intervenir en el asunto y quien tiene jurisdicción, según

lo acordaron las partes, es la CAS [Court of Arbitration

of Sports]”. Véase: Sentencia del TPI, pág. 26. Añadió que

“ya

que

para

la

existe

un

solución

organismo

adjudicativo

de

disputas

constituciones,

incumplimiento

de

las

procedimientos

de

las

independiente

relacionadas

federaciones

con

el

reglamentos

o

afiliadas,

a

cuya

autoridad el demandante se sometió contractualmente, es la

CAS quien tiene la jurisdicción exclusiva para dilucidar

las

controversias

trabadas

entre

el

COPUR

y

la

Federación”. Íd. Al no prevalecer en el foro primario y

pendiente

una

reconsideración

ante

ese

foro,

la

parte

peticionaria presentó ante nos un recurso de certificación

intrajurisdiccional.

CT-2021-013

4

II

La certificación intrajurisdiccional es un mecanismo

procesal discrecional, que podemos expedir por iniciativa

propia o a solicitud de parte, para elevar inmediatamente

a

la

consideración

pendiente

ante

de

los

este

foros

Tribunal

cualquier

asunto

inferiores

cuando

existe

conflicto entre decisiones previas del foro intermedio, o

se

plantean

interés

cuestiones

público

que

noveles

incluyen

de

un

derecho

asunto

o

de

alto

constitucional

sustancial al amparo de la Constitución de Puerto Rico o

de Estados Unidos. Regla 52.2(d) de Procedimiento Civil,

32 LPRA Ap. V; Art. 3.002 de la Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA

sec. 24s(f), conocida como la Ley de la Judicatura de

Puerto Rico de 2003. Véase, además: Senado de PR v. ELA,

203 DPR 62, 69 (2019). La controversia de referencia no

cumple con ninguno de estos criterios.

En

primer

lugar,

no

estamos

ante

decisiones

conflictivas del foro intermedio. Segundo, distinto a lo

planteado

por

la

parte

demandante-peticionaria,

la

controversia es jurisdiccional. ¿Puede una parte preterir

el

procedimiento

arbitral

acordado

contractualmente?

Evidentemente no estamos ante un asunto novel de derecho.

Está

resuelto

que

“una

vez

acordado

el

arbitraje,

los

tribunales carecen de discreción respecto a su eficacia y

tienen que dar cumplimiento al arbitraje acordado”. VDE

Corporation v. F & R Contractors, 180 DPR 1, 36 (2010).

Los foros de jerarquía inferior están más que capacitados

CT-2021-013

para

5

atender

la

controversia

y

resolverla

conforme

a

derecho.

Por último, no nos encontramos ante una controversia

de

alto

interés

público

de

carácter

constitucional

sustancial que pueda evadir nuestro pronunciamiento.

Al

respecto, hay que tener claro que el trato a las jugadoras

no

es

lo

que

consideración

nos

es

ocupa.

sobre

La

la

controversia

primacía

de

ante

un

nuestra

pacto

de

arbitraje entre partes privadas: la Federación y el equipo

Sanjuaneras. Por esa razón, tampoco hay acción estatal que

active la cláusula de igual protección de las leyes. Para

que proceda plantear judicialmente una alegada violación a

un derecho constitucional, de ordinario, es necesario que

haya

mediado

una

actuación

del

Estado.

González

v.

Hospital Pavía, 168 DPR 127 (2006). “El proceso debido en

virtud

de

un

garantizado

contrato

no

es

el

constitucionalmente

debido

y

cuyo

proceso

de

ley

quebrantamiento

implica violación a derechos fundamentales.” Íd. pág. 36.

Por lo tanto, no basta que la controversia haya generado

un alto interés entre los ciudadanos. Si esta no está

revestida

de

implicaciones

constitucionales

sustanciales

no podemos verla mediante el procedimiento extraordinario

de certificación.

Como vemos, el recurso de referencia no cumple con

ninguno de los criterios por los que debamos abortar el

procedimiento ordinario. La única controversia que tenemos

ante nuestra consideración es si las partes podían usar un

CT-2021-013

6

injunction para preterir el proceso de arbitraje ante el

CAS.

El

Tribunal

de

Apelaciones

está

capacitado

para

atender la controversia y resolver conforme a derecho, si

así

se

le

solicita.

Para

eso

existe

y,

por

respeto

institucional, no podemos tratar a ese foro como si no

sirviera para nada. Si la parte aquí peticionaria no está

conforme con la determinación del foro primario tiene a su

disposición

los

procedimientos

de

revisión

que

proveen

nuestras Reglas de Procedimiento Civil. Por lo tanto, si

en

su

momento

este

asunto

llega

ante

nosotros,

la

controversia no evadirá nuestra atención.

Por último, me veo en la obligación de expresar que

nuestra

función

controversias

institucional

que

cumplan

es

resolver

con

las

casos

normas

y

de

justiciabilidad y las reglas apelativas. En ausencia de un

caso o controversia justiciable, no tenemos autoridad para

decirle

al

directivo

de

una

empresa

o

asociación

administrarla. ¡Zapatero a su zapato!

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES

Juez Asociado

cómo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Equipo

Sanjuaneras

de

la

Capital, representado por su

Apoderado Sr. Marcos M. Martínez

Peticionario

CT-2021-0013

v.

Federación

Puertorriqueña

de

Voleibol, representada por su

Presidente, Dr. Cesar Trabanco

y otros

Recurridos

La Jueza Presidenta ORONOZ RODRÍGUEZ emitió un Voto particular

disidente

“[R]epensar

el

derecho

y

su

función social, es un desafío que

va más allá de contar con “buenas

leyes” o con “buenas resoluciones

judiciales”

para

las

mujeres.

Significa hacer de esta disciplina

un instrumento transformador que

desplace

los

actuales

modelos

sexuales, sociales, económicos y

políticos hacia una convivencia

humana basada en la aceptación de

la otra persona como una legítima

otra y en la colaboración como

resultante de dicho respeto a la

diversidad”1

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2021.

Los derechos logrados por los movimientos del

pasado y la universalización de los derechos humanos

proveniente

del

reconocimiento

de

la

dignidad

Alda Facio & Lorena Fries, Feminismo, género y patriarcado,

3 ACADEMIA REVISTA SOBRE ENSEÑANZA DEL DERECHO DE BUENOS

AIRES 259,

280

(2005),

http://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/jspui/handle/123456789/122.

1

CT-2021-0013

2

inherente a todas las personas, han propiciado que hoy las

niñas y las mujeres subviertan los estereotipos de género

tradicionales.

Asimismo,

tales

derechos

propulsan

el

avance en el ejercicio de sus libertades más allá de las

expectativas

culturales

contra viento y marea,

que

se

les

han

las mujeres

impuesto.

Así,

se han insertado a

espacios de la sociedad que antes les eran vedados por

considerarse reservados o privilegiados para los hombres.

Al incorporarse en disciplinas como el deporte, muestran

que cuentan con las mismas capacidades y destrezas que los

varones. Sin embargo, como en todos los ámbitos de la

vida,

las

mujeres

siguen

enfrentando

dificultades

y

la

desigualdad es una constante que hay que combatir.

Históricamente las mujeres han sido discriminadas en

sus espacios laborales por embarazarse y el mundo deportivo

no ha sido la excepción. Es un hecho que en el deporte la

discriminación contra la mujer y la penalización por maternidad

es

una

problemática

que

enfrentan

muchas

deportistas

profesionales en Puerto Rico y alrededor del mundo. En

este caso, se cuestionaba si no autorizar la sustitución

de una jugadora en la serie postemporada por tener un

embarazo

de

alto

riesgo,

constituyó

una

interpretación

errónea y discriminatoria de lo que constituye una lesión

que

le

incapacita

para

participar

en

los

juegos

de

voleibol femenino. Dicha controversia se exacerba ante el

hecho de que se da en el contexto de la actuación

de una

organización

deportiva

privada

que invoca

CT-2021-0013

3

la autonomía deportiva.

Es lamentable que, a pesar de que en este caso se

levantan

cuestionamientos

jurídicos

de

tangencia

constitucional que impactan el deporte puertorriqueño y,

en

particular,

declinemos

los

derechos

intervenir.

Ello

de

las

mujeres

se

aparta

de

atletas,

expresiones

pasadas en la que reconocimos que las reclamaciones de

discrimen

generan

por

a

razón

raíz

de

de

género,

incluyendo

la

condición

de

las

que

embarazo,

se

están

revestidas de un alto interés público. Hoy el mensaje es

otro: suena a que no hay problema con esperar a ver si más

tarde

en

el

camino

alguien

decide

traerlo

ante

la

consideración de otros foros o en una segunda vuelta, ante

este Tribunal. En ese vaivén, permitimos que se evada la

revisión judicial de asuntos tales como si: 1) el Tribunal

General de Justicia de Puerto Rico tiene jurisdicción para

atender casos donde se levante la autonomía deportiva; 2)

si se violó el debido proceso de ley contractual y si fue

discriminatorio no proveerle al Equipo de las Sanjuaneras

un facultativo médico que determinara si un embarazo de

alto riesgo es una lesión a los fines de la aplicar la

excepción de sustitución al amparo del Reglamento de la

Liga; y 3) si la peticionaria no venía obligada a recurrir

a la Corte de Arbitraje Deportivo sita en Suiza por tratarse de

una controversia sobre una violación de las políticas de discrimen.

Además, era imperativo aclarar en nuestro ordenamiento si el debido

proceso de ley y, en concreto, el principio de

igualdad,

CT-2021-0013

4

condiciona las relaciones entre el poder del Estado y el

individuo

y,

a

su

vez,

es

una

garantía

que

irradia

plenamente a las relaciones entre particulares, pues allí

también

está

presente

la

fuerza

vinculante

de

la

Constitución como un escudo para la persona frente a la

arbitrariedad.

Ante

certificar

estas

controversias,

el

para

caso

evaluar

el

si

Tribunal

la

debió

intervención

en

materia de jurisdicción y de interpretación constitucional

era procedente y si había cabida para un estudio a fondo,

determinar

si

los

derechos

fundamentales

a

la

dignidad

humana, a la igualdad y a la no discriminación por razón

de género debían protegerse.

Por haber rehusado ejercer

su función judicial, disiento.

I

El

Equipo

de

las

Sanjuaneras

de

la

Capital,

representado por su Apoderado el Sr. Marcos M. Martínez

presentó ante este Tribunal una Urgente petición de auto

certificación

intrajurisdiccional.

En

solicitó

determinemos

Tribunal

que

que

el

primer

lugar,

General

de

Justicia de Puerto Rico tiene jurisdicción para atender

casos donde se levante la autonomía deportiva. En segundo

lugar, requirió que establezcamos si se violó el debido

proceso de ley contractual y si fue discriminatorio no

proveerle

al

Equipo

de

las

Sanjuaneras

un

facultativo

médico que determinara si un embarazo de alto riesgo es

una

lesión

a

los

fines

de

la

aplicar

la

excepción

de

CT-2021-0013

5

sustitución al amparo del Reglamento de la Liga. En tercer

lugar, pidió que concluyamos que la peticionaria no venía

obligada

a

recurrir

a

la

Corte

de

Arbitraje

Deportivo

localizada en Suiza por tratarse de una controversia sobre

una violación de las políticas de discrimen. En cuarto

lugar, solicitó que declaremos nula la suspensión por un

año de todos los miembros del Equipo de las Sanjuaneras

que impuso la Federación Puertorriqueña de Voleibol sin la

celebración

de

la

vista

compulsoria

que

exige

el

Reglamento de la Liga. Por último, pidió que se declare

nulo

el

campeonato

de

las

Criollas

de

Caguas

y

que

revoquemos la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

En

su

solicitud

de

certificación

la

parte

peticionaria señaló que el caso se encontraba pendiente

ante

el

informó

Tribunal

que

de

había

Primera

Instancia.

presentado

una

En

particular,

Solicitud

de

Reconsideración que el foro primario no había resuelto.

Posteriormente,

el

mismo

día

de

la

presentación

del

recurso, con hora distinta, la parte peticionara presentó

una Moción Informativa donde nos comunicó que el Tribunal

de Primera Instancia notificó la denegatoria de la moción

de reconsideración.

En síntesis, los hechos que dieron origen a este caso

controversia son los siguientes. El Equipo Sanjuaneras de

la Capital tenían que participar en la temporada final que

de voleibol el 4 de septiembre de 2021 organizada por la

CT-2021-0013

Federación

6

Puertorriqueña

de

Voleibol.2

Asimismo,

una

jugadora de las Sanjuaneras, Destinee Hooker-Washington,

informó que estaba en estado de embarazo y que el mismo

era

uno

de

alto

riesgo.

En

consecuencia,

el

Equipo

Sanjuaneras de la Capital, por conducto de su apoderado,

notificó al Lcdo. José Servera, director de torneo de la

Liga Superior Femenina de la Federación Puertorriqueña de

Voleibol, su intención de sustituir a su jugadora refuerzo

su situación de salud. El Director de Torneo declaró “No

Ha Lugar” la solicitud de sustitución mediante Resolución,

por

lo

que

el

1

de

septiembre

el

Equipo

solicitó

Reconsideración donde expuso la incapacidad de la jugadora

para participar de la serie final. Anejó un Certificado

Médico donde acreditó que la atleta tenía un embarazo de

alto riesgo por lo que no podía participar de la Serie

Final

sin

exponer

su

salud.

Con

ello

ante

su

consideración, el licenciado Servera declaró “No Ha Lugar”

la Reconsideración presentada. Ese mismo día, el apoderado

de las Sanjuaneras de la Capital apeló la determinación

ante el Presidente de la FPV, el Dr. Cesar Trabanco. El

Presidente de la FPV determinó “No Ha Lugar” por lo que el 2

de septiembre de 2021, el señor Martínez, presentó Moción en Auxilio

de Jurisdicción; Apelación y Solicitud de Vista Argumentativa para

el 3 de septiembre de 2021, ante el Tribunal Apelativo y de

Arbitraje

Deportivo

del

Comité Olímpico (TAAD). TAAD emitió

Compareció Metro V.C., LLC que se encuentra reconocido por la FPV

como “Equipo Sanjuaneras de la Capital”.

2

CT-2021-0013

7

una Resolución de “No Ha Lugar”.

Posteriormente, el 6 de septiembre de 2021, el Equipo

Sanjuaneras de la Capital, por conducto de su apoderado,

presentó una Demanda enmendada contra la FPV y el Comité

Olímpico

de

Puerto

Rico

(COPUR)

ante

el

Tribunal

de

Primera Instancia (TPI). Ante el foro primario el equipo

argumentó que el hecho de no autorizar la sustitución de

la jugadora de refuerzo en la serie postemporada por tener

un embarazo del alto riesgo, certificado por un galeno, se

basó en una interpretación errónea de lo que constituye

una lesión en los juegos de voleibol femenino. Solicitaron

que

concluyese

que

la

FPV

no

actuó

conforme

a

su

reglamento por no designar a un médico que confirmase el

embarazo de alto riesgo de la jugadora, según lo dispuesto

en

el

Reglamento

legitimó

el

de

la

discrimen

contravención

a

la

Liga,

contra

y,

una

por

consiguiente,

atleta

Constitución

del

embarazada

COPUR.

se

en

Además,

solicitaron que se restituya la serie final y se declare

nula la declaración del equipo de las Criollas de Caguas

como

campeonas

del

torneo.

Luego

de

varios

trámites

procesales y comparecencias, el TPI desestimó el caso por

falta

de

jurisdicción

y

concluyó

organismo

adjudicativo

independiente

que

el

CAS

al

cual

el

es

el

Equipo

Sanjuaneras de la Capital se sometió contractualmente.

II

A. Mecanismo de certificación intrajurisdiccional

CT-2021-0013

8

La Mayoría se equivoca al concluir que no estamos

ante

un

caso

judicial.

que

amerite

El

nuestra

mecanismo

intrajurisdiccional

hubiera

pronta

intervención

de

certificación

permitido

determinar

si

teníamos o no jurisdicción y, de concluir que la teníamos,

considerar si hubo o no un trato discriminatorio al amparo

de

nuestra

Constitución.

Los

siguientes

fundamentos

autorizaban y aconsejaban certificar la Urgente petición

de auto certificación intrajurisdiccional.

El Art. 3.002(f) de la Ley de la Judicatura de 2003,

Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 24s, establece que:

Mediante auto de certificación, a ser expedido

discrecionalmente, motu proprio o a solicitud de

parte,

[el

Tribunal

Supremo]

podrá

traer

inmediatamente

ante

sí

para

considerar

y

resolver cualquier asunto pendiente ante el

Tribunal de Primera Instancia cuando se plantee

la existencia de un conflicto entre decisiones

previas del Tribunal de Apelaciones, se planteen

cuestiones noveles de derecho, o se planteen

cuestiones de alto interés público que incluyan

cualquier cuestión constitucional sustancial al

amparo de la Constitución de Puerto Rico o de la

Constitución

de

Estados

Unidos.

(Énfasis

suplido).

Véase,

además,

Regla

52.2(d)

de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.

Anteriormente, hemos expresado que “[s]e puede afirmar que el

auto

de

certificación

es

un

recurso

que

la

ciudadanía

tiene a su alcance para tener acceso a la justicia en

casos de alto interés público” Alvarado Pacheco Y Otros v.

E.L.A., 188 DPR 594, 617 (2013). Igualmente, enunciamos

que

la

expedición

intrajurisdiccional

del

autoriza

recurso

que

este

de

certificación

Tribunal

atienda

CT-2021-0013

9

controversias que puedan evadir nuestro pronunciamiento.

Alvarado Pacheco y otros v. ELA, supra, pág. 623.

Cabe

destacar

que

el

recurso

de

certificación

intrajurisdiccional es uno de naturaleza excepcional ante

la política pública del ordenamiento jurídico de esperar a

que los casos maduren por medio del trámite ordinario para

impedir que este foro lo atienda a destiempo. Alvarado

Pacheco y otros v. ELA, supra; U.P.R. v. Laborde Torres y

otros I, 180 DPR 253 (2010); Rivera v. J.C.A., supra. No

obstante, ya hemos resuelto que:

El

mecanismo

de

certificación

cumple

el

propósito de adelantar el trámite judicial

ordinario

para

que

este

Tribunal

atienda

cuestiones que por su gran importancia y

envergadura ameritan ser resueltas prontamente.

Rivera v. J.C.A., 164 D.P.R. 1 (2005); Suárez v.

C.E.E. I, 163 D.P.R. 347 (2004). Nótese que sólo

basta con que el caso esté pendiente ante el

tribunal de instancia para que se nos pueda

presentar la controversia mediante este recurso.

Incluso,

motu

proprio,

podemos

traer

inmediatamente la controversia ante nosotros

para considerarla y resolverla. En fin, la

existencia del recurso de certificación elimina

prácticamente la posibilidad de que este tipo de

casos evada nuestro pronunciamiento sobre el

asunto. Presidente de la Cámara v. Gobernador,

167 DPR 149, 160–161 (2006) (Énfasis suplido).

El presente caso cumple con los criterios necesarios

para

ser

certificado

por

ser

uno

novel

y

de

carácter

constitucional. Al momento de ejercer nuestra discreción

de evaluar una certificación intrajurisdiccional, debemos

considerar los siguientes factores: “(1) la urgencia, (2)

la etapa en que se encuentran los procedimientos, (3) la

necesidad que puede presentarse de recibir prueba y (4) la

complejidad de la controversia”. Pueblo v. Santiago Cruz,

CT-2021-0013

10

205 DPR 7, 61 (2020) citando a Rivera Schatz v. ELA y C.

Abo. PR II, 191 DPR 791, 849 (2014).

Estamos ante una controversia de alto interés público

que

puede

ocasión

evadir

en

la

nuestros

que

nos

pronunciamientos.

La

expresamos

prácticas

sobre

última

arbitrarias y discriminatorias en eventos federativos fue

hace

aproximadamente

cuarenta

y

seis

años,

en

Peña

v.

Federación de Esgrima de P.R., 108 DPR 147 (1978). En esta

ocasión, se le escapa al Tribunal la ocasión para realizar

una expresión sobre el alcance de la autonomía deportiva

en la revisión judicial a pesar de que ello es un asunto

novel

y

de

importancia

vital

para

el

deporte

puertorriqueño.

Específicamente,

se

trata

de

una

controversia

compleja que requería la intervención de este foro para

dictaminar cuál sería la norma que regiría el alcance de

nuestra jurisdicción ante controversias de autonomía deportiva vis á

vis el debido proceso de ley privado y su impacto ante reclamaciones

de discrimen de mujeres atletas embarazadas.

Adicional al elemento novel, este caso atañe a cuestiones de

alto interés público de carácter constitucional sustancial al amparo

de la Constitución de Puerto Rico. Recordemos que “[e]n Puerto Rico

las reclamaciones de discrimen por condición de género, incluyendo

aquel que se genera a raíz de la condición de embarazo, están

revestidas

González

de

un

v. Mun.

alto

de

(2009) (énfasis suplido).

San

interés

Juan,

público”.

177

DPR

Santiago,

43,

55

CT-2021-0013

11

La controversia de autos se encuentra cobijada por el

más

alto

interés

cuestionamiento

de

público

porque

discrimen

e

estamos

implica

ante

una

un

posible

violación al principio constitucional que exige la igual

protección

de

las

leyes

para

todas

las

personas.

Como

sabemos, el principio fundamental sobre la inviolabilidad

de la dignidad humana impone como consecuencia necesaria

el trato igualitario ante la ley. Const. P.R., Art. II,

Sec. 1, LPRA, Tomo 1. Asimismo, el recurso se encuentra en

una etapa de fácil disposición y se tenía que resolver de

forma urgente debido a la posibilidad de que se cree un

precedente

aciago

para

la

protección

de

los

derechos

constitucionales de las mujeres atletas de Puerto Rico.

Al

mismo

tiempo,

la

presente

controversia

es

de

estricta hermenéutica constitucional e iusprivatista.3 Es

decir, se nos presenta un asunto de derecho que se puede

resolver sin la necesidad de evaluar prueba. Es nuestro

deber determinar de una vez y por todas si la autonomía

deportiva

—en

el

caso

específico

contractualmente

pactan

impide

Tribunal

que

el

acudir

donde

unas

partes

al

CAS

sito

en

Suiza—

General

de

Justicia

tenga

jurisdicción para atender el caso controversia. Sobre todo,

cuando se plantea que no adjudicar la controversia implicaría

confirmar un acto de discrimen contra una atleta embarazada.

Por otra parte, aunque en el pasado dijimos que “una

Véase J. Farinacci Fernós, Hermenéutica Puertorriqueña. Cánones de

Interpretación Jurídica, Interjuris, 2019.

3

CT-2021-0013

vez

12

acordado

discreción

el

arbitraje,

respecto

a

su

los

tribunales

eficacia

y

carecen

tienen

que

de

dar

cumplimiento al arbitraje acordado”, dichas expresiones se

realizaron en una disputa entre contratistas dedicados a

la construcción de viviendas y no en controversias sobre

discrimen

por

embarazo.

VDE

Corporation

v.

F&R

Contractors, 180 DPR 1, 36 (2010). Además, aun para tales

disputas

existen

excepciones

al

arbitraje

entre

las

partes: “en aquellos escenarios en que una unión falta a

su

deber

de

proveer

representación, […];

a

cuando

sus

representados

recurrir

al

justa

arbitraje

constituya un gesto fútil y vacío […] y en reclamaciones

por hostigamiento sexual al amparo de la Ley Núm. 17 de 22

de abril de 1988 (29 L.P.R.A. sec. 155 et seq.) (Ley Núm.

17). Quiñones v. Asociación, 161 DPR 668, 673, 2004 TSPR

58

(2004).

Asimismo,

hemos

preterido

el

proceso

de

arbitraje en casos donde “(1) se trate de una acción por

despido discriminatorio y (2) que las partes hayan acordado

que sus disputas se resolverían exclusivamente ante un árbitro del

Negociado”. Íd. pág. 674.

Definitivamente, un organismo independiente sito en

Suiza carece de la capacidad para atender controversias

donde se plantea discrimen por razón de embarazo o si la

FPV o el COPUR es o no un actor del Estado. Después de

todo, la prudencia de abstención judicial ante cláusulas

de arbitraje no nos puede convertir en jueces sonámbulos

sin consciencia del contexto y del desarrollo jurídico de las

CT-2021-0013

13

instituciones de nuestro país. El juez sonámbulo que, al

aplicar

mecánicamente

la

ley,

sin

tomar

las

particularidades de cada caso siempre “camina por terreno

minado”. Trías Monge, Teoría de la Adjudicación, Ed. UPR,

San Juan, 2000, pág. 3.

B. Adjudicación con perspectiva de género

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en

dignidad

y

derechos

y,

dotados

como

están

de

razón

y

conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con

los otros.” Artículo 1 de la Declaración Universal de los

Derechos Humanos. El equivalente a dicha máxima en nuestra

Constitución se encuentra en la Sección 1, Artículo II,

que

dispone

que

“[l]a

dignidad

del

ser

humano

es

inviolable.” Const. PR, Art. II, Sec. 1, LPRA, Tomo 1.

De allí la necesidad de examinar las controversias en

consideración con la perspectiva de género. Desde 1997, el

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas explicó

que la perspectiva de género es:

[e]l proceso de evaluación de las consecuencias

para las mujeres y los hombres de cualquier

actividad planificada, inclusive las leyes,

políticas o programas, en todos los sectores y a

todos los niveles. Es una estrategia destinada a

hacer que las preocupaciones y experiencias de

las mujeres, así como de los hombres, sean un

elemento

integrante

de

la

elaboración,

la

aplicación, la supervisión y la evaluación de

las políticas y los programas en todas las

esferas políticas, económicas y sociales, a fin

de que las mujeres y los hombres se beneficien

por igual y se impida que se perpetúe la

desigualdad. El objetivo final es lograr la

igualdad [sustantiva] entre los géneros.

Oficina del Asesor Especial en Cuestio nes

de Género y Adelanto de la Mujer, La

CT-2021-0013

14

incorporación de la perspectiva de género, pág. 2

(2002).

Por su parte, juzgar con perspectiva de género puede

definirse como una “metodología judicial de resolución del

conflicto

jurídico,

contextualizada

y

conforme

al

principio pro persona en la búsqueda de soluciones justas

ante

situaciones

sexual

será

distinción,

Según

jurídicamente

exclusión

explica

“[h]acer

desiguales

real

o

de

género.

relevante,

restricción

La

cuando

lesiva

la

Magistrada

española

el

principio

de

diferencia

exista

de

género.”4

Glòria

Poyatos,

igualdad

no

permite

neutralidad, hay que adoptar un enfoque constitucional,

removiendo los obstáculos que lo dificulten, e integrando

la perspectiva de género, como criterio de referencia en

todos los casos que involucren relaciones asimétricas y

patrones estereotípicos de género.”5

En la misma línea, en base a las teorías de derecho y

género,

el

otrora

Juez

Presidente,

José

Trías

Monge

explica que el derecho ha sido instrumento de opresión “a

la par que campo de combate para que deje serlo”. Trías

Monge, supra,

pág.338. Por mandato constitucional, este

Tribunal tiene el deber de reivindicar el derecho a la dignidad

humana y erradicar toda teoría que fomente la desigualdad

Glòria Poyatos i Matas, Juzgar con Perspectiva de Género: Una

Metodología Vinculante de Justicia Equitativa, 2 IQUAL. REV. DE GÉNERO

E IGUALDAD [IQUAL.] 19 (2019) (España).

5 Id.

4

CT-2021-0013

15

jurídica entre los géneros.6

La perspectiva de género es de importancia vital para

entender las distinciones de, por ejemplo, los equipos de

voleibol que están compuestos solo por hombres y aquellos

que

están

compuestos

solo

por

mujeres.

La

máxima

de

igualdad es jurídica y no es –-ni puede ser-- biológica,

por lo que “las diferencias fisiológicas que se dan entre

los

sexos

pueden

justificar

legítimamente

en

algunas

situaciones concretas el trato diferencial de la mujer y el

varón”. Pueblo v. Rivera Morales, 133 DPR 444, 448 (1993).

Encasillar

la

controversia

a

una

mera

disputa

contractual arbitral es invisibilizar la realidad de que

se trata de un equipo compuesto, únicamente, por mujeres

atletas con derecho a reproducirse. Es notable que, en este

caso, fueron hombres quienes --desde sus esferas del poder

gerencial

que

ostentan--

efectuaron

una

interpretación

restrictiva sobre el concepto “lesión” en un reglamento de

voleibol femenino con los consabidos potenciales efectos

discriminatorios.

“Hay dos formas de impartir justicia, hacerlo formal y

mecánicamente

y

hacerlo

con

equidad

y

perspectiva

de

género. La primera perpetúa las sistémicas asimetrías

sociales entre sexos, la segunda, en cambio, camina hacia

Véanse A. Colón Warren, Asuntos de género en la discusión pública a

través del siglo veinte en Puerto Rico, 36 Rev. Jur. UIPR 401 (2002);

Z.T.

Dávila

Roldán,

El

Discrimen

Interseccional:

Contexto

y

Acercamiento a la Realidad Puertorriqueña, 83 Rev. Jur. UPR 407

(2014); M.D.

Fernós, Ex Parte A.A.R.: Implicaciones para la Igual

Protección de las Leyes, 47 Rev. Jur. UIPR 231 (2013); L. Fiol Matta,

On Teaching Feminist Jurisprudence, 57 Rev. Jur. UPR 253 (1988).

6

CT-2021-0013

16

una sociedad (realmente) igualitaria.”7

III

A

pesar

de

que

este

caso

contaba

con

todos

los

criterios para certificarse, una Mayoría de este Tribunal

declinó

resolverlo.

dilucidar:

(a)

si

Puertorriqueña

de

discriminatorios

por

Tribunal

General

Con

ello,

perdió

la

oportunidad

las

actuaciones

de

la

de

Voleibol

razón

de

Justicia

Federación

constituyen

embarazo;

de

de

actos

y

(b)

si

el

Puerto

Rico

tiene

jurisdicción para atender aquellos casos donde se levante

la autonomía deportiva, entre otros.

Pero más allá, al decirle a la parte que viaje a

través de dos foros, uno de instancia y otro apelativo,

que si quiere luego regrese a nosotros, pero entre medio,

o quizás antes, vaya a la Corte de Arbitraje Deportivo en

Suiza, es igual que cerrarle la puerta en la cara. Las

controversias sobre el discrimen por razón de embarazo no

se despachan con frases provenientes de refraneros; estas

se estudian y, cuando el ordenamiento lo aconseja como

ocurre en este caso, se resuelven en los méritos -en una

dirección o la otra- sin dilación ni regodeos. Disiento.

Maite D. Oronoz Rodríguez

Jueza Presidenta

7

Poyatos, supra, pág. 20.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Equipo Sanjuaneras de la Capital,

representado por su Apoderado

Sr. Marcos M. Martínez

Peticionario

CT-2021-013

v.

Federación Puertorriqueña de

Voleibol, representada por su

Presidente, Dr. César Trabanco

y otros

Recurridos

Voto Particular Disidente

señor COLÓN PÉREZ.

emitido

por

el

Juez

Asociado

En San Juan, Puerto Rico a 19 de octubre de 2021.

El deporte tiene el poder de

transformar el mundo. Tiene

el poder de inspirar, de unir

a la gente como pocas otras

cosas. Tiene más capacidad

que los gobiernos de derribar

barreras

raciales[,

de

derrumbar los

vestigios del

discrimen y de exaltar la

dignidad humana].1

Nelson Mandela

Por entender que tenemos ante nuestra consideración

noveles controversias que pudiesen incidir sobre el derecho

a la dignidad del ser humano, consagrado en la Constitución

del

Estado

Libre

Asociado

de

Puerto

Rico,

el

Juez

que

Nelson Mandela fue abogado, activista contra el Apartheid, político y

filántropo sudafricano que presidió su País de 1994 al 1999. En el año

1993, recibió el Premio Nobel de la Paz.

1

CT-2021-013

2

suscribe

hubiese

certificado

anterior,

a

fines

los

de

la

que

causa

este

de

epígrafe.2

Tribunal

tuviese

Lo

la

oportunidad de decidir -- con la urgencia que lo ameritaba

--

si

debíamos

rectificar,

o

no,

el

aparente

trato

discriminatorio y de ataque a la dignidad humana del que

presuntamente fue víctima la joven voleibolista Destinee

Hooker-Washington.

Ello,

a

manos

de

la

Federación

Puertorriqueña de Voleibol y de su Presidente, el doctor

César Trabanco, como consecuencia de ésta jugadora haber

notificado su estado de embarazo; lo que a su vez generó la

imposición de apresuradas y extremas sanciones al equipo de

voleibol superior femenino las Sanjuaneras de la Capital.3

Y es que, a nuestro juicio, estamos ante un caso que

nunca debió haber evadido la revisión judicial.4 Eso es así,

No nos cabe duda de que el presente caso poseía los requisitos

necesarios para ser certificado por este Tribunal, toda vez que se

trata aquí de controversias de alto interés público, que involucra

cuestiones noveles de derecho, según lo requiere el Art. 3.002(f) de la

Ley de la Judicatura de 2003, Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 24s(f) y

la Regla 52.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R 52.2.

2

Sobre el particular, basta con señalar que esta Curia ha

reconocido que en “Puerto Rico las reclamaciones de discrimen por

condición de género, incluyendo aquel que se genera a raíz de la

condición de embarazo, están revestidas de un alto interés público.

Además, existe una clara política pública de condenar tales acciones

discriminatorias”. Santiago León v. Municipio de San Juan, 177 DPR 43,

55 (2009).

3 Entre las referidas sanciones, se encuentran, la suspensión por

un (1) año de todo el componente del equipo de las Sanjuaneras y la

cancelación de la Serie Final de Voleibol Superior Femenino a

celebrarse el pasado mes de septiembre entre el referido sexteto y las

Criollas de Caguas.

4 Al respecto, huelga señalar aquí que han sido variados los escenarios en los

que, aún cuando exista una cláusula contractual de arbitraje convenida para la

resolución de disputas entre las partes involucradas -- similar a como ocurre en el

caso de autos --, este Foro ha pautado que la parte que alega determinada modalidad de

discrimen podrá elegir presentar su causa de acción ante el foro de arbitraje pactado

o ante los foros de justicia. Quiñones v. Asociación, 161 DPR 668, (2004); Medina

v. Cruz Azul de PR, 155 DPR 735 (2001); Vélez v. Serv. Legales de P.R.,

Inc., 144 DPR 673 (1998).

CT-2021-013

3

pues las acciones discriminatorias

y de atropello a la

dignidad humana en el ámbito deportivo -- de las cuales al

parecer fue víctima Destinee Hooker-Washington, por razón

de su embarazo --, de en su día probarse ante un Tribunal,

deben ser sancionadas por ser contrarias a lo dispuesto en

nuestra Carta Magna, inclusive en escenarios como éstos, en

donde los actores principales son personas o entidades privadas.5

Si bien somos conscientes, como acabamos de señalar, que las

controversias que originan el presente litigio se dan en el ámbito

de

personas

particulares

automáticamente

las

donde

--

de

ordinario

protecciones

--

no

operan

constitucionales

que se tienen ante el Estado, igual de cons cientes

estamos

de

que

--

de

probarse

lo

que

aquí

se

Es decir, es norma reiterada que los foros judiciales tienen

jurisdicción original en aquellas causas de acción donde una persona

alega haber sido discriminada por diversas razones; así, por ejemplo,

las disputas obrero-patronal donde un obrero u obrera denuncia haber

sido discriminada por razón de edad, sexo, hostigamiento, entre otros.

Véase, Quiñones v. Asociación, supra; Medina v. Cruz Azul de PR, supra,

pág. 738 (Puede obviarse el arbitraje en una acción en la que un obrero

u

obrera

reclame

que

su

despido

obedeció

a

una

actuación

discriminatoria del patrono por razón de edad o de sexo (embarazo), a

la luz de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, 29

LPRA sec. 149 et seq.); Vélez v. Serv. Legales de P.R., Inc., supra,

pág. 683 (La persona unionada que reclame ser víctima de hostigamiento

sexual al amparo de la Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988, 29 LPRA sec.

155 et seq., no estará obligada a agotar los procedimientos de

arbitraje establecidos en el convenio colectivo antes de recurrir al

foro judicial). Consecuentemente, en circunstancias como éstas, la

intervención judicial no tiene y no debe esperar.

5

Nos comenta el licenciado Jean René Santiago Cruz que la

interpretación de los oficiales deportivos de que un embarazo de alto

riesgo no cualifica como una lesión es un enfoque estrechamente

legalista y carente de perspectiva de género a pesar de la apariencia

neutral de la medida. Esto pues “[l]a interpretación supuestamente

neutral de una regla se hace distendida de la realidad social de su

aplicación, en este caso la realidad de las mujeres”. Jean René

Santiago Cruz, Destinee Hooker-Washington: hace falta perspectiva de

género en la Liga de Voleibol Superior Femenino, El Nuevo Día, 5 de

septiembre

de

2021,

https://www.elnuevodia.com/opinion/punto-devista/destinee-washington-hace-falta-perspectiva-de-genero-en-la-ligade-voleibol-superior-femenino/#(última visita, 13 de octubre de 2021).

CT-2021-013

4

alega -- este pudo haber sido el escenario ideal para, tal

como lo hicimos décadas atrás en lo relacionado al derecho

a

la

intimidad,

privadas

la

extender

protección

al

ámbito

de

las

constitucional

a

relaciones

la

dignidad

humana.6 Ésta vez como un derecho independiente. Adviértase

que,

la

inviolabilidad

de

ante

todas.

protegida

todos

y

la

dignidad

Véase,

humana

Art.

II,

debe

ser

Sec.

1,

Const. ELA, LPRA, Tomo 1.

Al

respecto,

González que la

nos

comenta

el

profesor

Carlos

dignidad humana “pertenece a

Ramos

una misma

especie donde cada uno de nosotros [y nosotras] la sostiene

sin

que

afectar

pueda

a

los

entregarse,

demás”.

renunciarse

Véase,

C.

o

negociarse

sin

Ramos

González,

La

inviolabilidad de la dignidad humana: lo indigno de la

búsqueda

de

expectativas

razonables

de

intimidad

en

el

Derecho constitucional puertorriqueño, Vol. X, Rev. Acad.

Puer. de Juris. y Leg., 1 (2010). Ésta última, es un valor

inherente a la condición de ser persona que contempla el

6 Sobre ello, precisa señalar aquí que esta Curia ha reconocido la

aplicabilidad de ciertas disposiciones constitucionales a la esfera

privada. En particular, en Arroyo v. Rattan Specialist, Inc., 117 DPR

35, 64 (1986), reiteramos que el derecho a la intimidad opera ex propio

vigore y se puede hacer valer ante personas privadas. También, -- y

crucial para el asunto de epígrafe -- expresamos que “[a] igual

conclusión tenemos que llegar en lo que respecta al derecho

constitucional que propugna la inviolabilidad de la dignidad del ser

humano y aquel que protege a todo trabajador contra riesgo a su

integridad personal en el trabajo”. (Énfasis y subrayado suplido). Íd.,

pág. 64.

Por otra parte, nos indica el profesor Farinacci Fernós que a

medida que la inviolabilidad de la dignidad del ser humano está

estrechamente relacionada con el derecho constitucional a la intimidad

e integridad personal, el mismo no puede ser violentado por el Estado

ni tampoco por particulares. J.M. Farinacci Fernós, La Carta de

Derechos, San Juan, 1ra ed., San Juan, Ed. Universidad Interamericana

de Puerto Rico, 2021, pág. 36.

CT-2021-013

5

respeto y trato adecuado que merece cada individuo. J.M.

Farinacci Fernós, La Carta de Derechos, San Juan, 1ra ed.,

San Juan, Ed. Universidad Interamericana de Puerto Rico,

2021, pág. 29.

Específicamente, se desprende del Art. II, Sec. 1, de

nuestra

Constitución,

supra,

así

como

de

la

discusión

habida entre los delegados de la Convención Constituyente,

que el derecho a la inviolabilidad de la dignidad humana se

incorporó

con

un

propósito

dual.

Farinacci

Fernós,

op.

cit., pág. 31. En primer lugar, para que fuese reconocido

como

fuente

contenido

independiente

normativo.

posicionarlo

Carta

de

como

la

Derechos,

de

Íd.

derecho

En

segundo

arquitectura

ya

que

con

“[t]al

su

propio

lugar,

para

ideológica

vez

toda

de

nuestra

ella

está

resumida en la primera oración de su primer postulado: la

dignidad

del

ser

humano

es

inviolable”.

2

Diario

de

Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico,

págs. 1103

(ed.

1961);

citado

en

Farinacci Fernós,

op.

cit., pág. 31.7

Sobre el particular, conviene repasar las expresiones del entonces

Presidente de la Comisión de la Carta de Derechos, el delegado Benítez

Rexach, en su turno para explicar el alcance de la Carta de Derechos a

la Convención Constituyente:

7

Quiero ahora, brevemente, señalar la arquitectura ideológica dentro de

la cual se monta esta proposición. Tal vez toda ella está resumida

en la primera oración de su primer postulado: la dignidad

del ser humano es inviolable. Esta es la piedra angular y básica

de la democracia. En ella radica su profunda fuerza y vitalidad moral.

Porque antes que ninguna otra cosa, es la democracia una fuerza moral, y

su moral radica precisamente en el reconocimiento que hace de

la dignidad del ser humano, del alto respeto que esa dignidad merita y

la responsabilidad en consecuencia que tiene todo el orden

constitucional de descansar en ella, protegerla y defenderla. Por eso en

nuestra primera disposición además de sentar inicialmente esta base de

la igualdad profunda del ser humano—igualdad que trasciende cualquier

CT-2021-013

Es

6

decir,

ésta

cláusula

constitucional

sirve

como

piedra angular de nuestro ordenamiento constitucional, el

cual debe “descansar en ella, protegerla y defenderla”. Íd.

Por

eso,

--

necesariamente

--

la

inviolabilidad

de

la

dignidad humana debe permear a través de toda la estructura

jurídica y debe utilizarse para interpretar y construir la

normativa del resto de las cláusulas de nuestra Carta de

Derechos.

Farinacci

Fernós,

op.

cit.,

pág.

31.

Esto

incluye, -- muy particularmente por su proximidad -- el

remanente del Art. II, Sec. 1, de nuestra Máxima, supra,

donde

de

forma

diáfana

se

establece

que,

“[no]

podrá

establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color,

sexo,

nacimiento,

origen

o

condición

social,

ni

ideas

políticas o religiosas”. Véase, también, Farinacci Fernós,

op. cit., pág. 35. En ese sentido, es forzoso concluir que

el discrimen violenta la dignidad de la persona. Íd.

Sin embargo, y muy a pesar de lo anterior, esta Curia no ha

dilucidado el potencial de la inviolabilidad de la dignidad humana

como un derecho independiente. Ramos González, supra; J.J.

Álvarez González,

Contestación

Carlos

E.

Ramos González,

Juris.

y

Leg.,

31-45

a

derecho

reducido

un

Vol.

(2010).

al

X,

Por

discurso

Rev.

el

complementario

del

Acad.

profesor

Puer.

de

contrario,

la

de

derechos

otros

diferencia, bien sea diferencia biológica, bien sea diferencia

ideológica, religiosa, política o cultural—por encima de tales

diferencias está el ser humano en su profunda dignidad

trascendente. Y por eso decimos que el sistema de leyes y el

sistema de instrucción pública habrán ambos de encarnar

estos principios válidos y eternos. (Énfasis suplido). 2

Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto

Rico, págs. 1103 (ed. 1961).

ha

CT-2021-013

7

fundamentales y tiende a aplicar en su lugar -- en ocasiones,

forzadamente -- el derecho a la intimidad. Íd. Con esto,

hemos relegado la oportunidad de desarrollar y aplicar en

nuestra jurisdicción el derecho autóctono a la dignidad

humana

como

un

derecho

independiente,

abarcador,

irrenunciable, no canjeable, que opere ex propio vigore y

oponible ante el Estado y la sociedad. Íd.

Entendemos, como mencionamos anteriormente, que este

caso al parecer gozaba de todas las características para

rectificar el mencionado error. Lamentablemente, ese no fue

el curso de acción que decidió seguir una mayoría de mis

compañeros de estrado. Por ello, enérgicamente disentimos.

En

fin,

no

albergamos

duda

alguna

de

que

estamos

frente a un escenario más -- de los muchos que podemos

identificar -- donde aparentemente las leyes, reglamentos,

ordenanzas

y/o

costumbres

que

rigen

nuestra

vida

como

Pueblo no toman en cuenta la dignidad del ser humano.8 Es

momento, pues, que la Federación Puertorriqueña de Voleibol

y su Presidente, el doctor César Trabanco, tomen nota de lo

anterior.

Ángel Colón Pérez

Juez Asociado

8

Véase de manera análoga, Santiago Cruz, op. cit.