Tribunal Supremo de Puerto Rico
Equipo de Sanjuaneras de la Capital v. Federación Puertorriqueña de Voleibol
2021 TSPR 143
Poder Judicial de Puerto Rico
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Equipo de Sanjuaneras de la Capital v. Federación Puertorriqueña de Voleibol
CT-2021-13
Resolución del Tribunal con Voto particular de conformidad y Votos particulares disidentes
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Equipo Sanjuaneras de la
Capital, representado por su
apoderado Sr. Marcos M. Martínez
Peticionario
2021 TSPR 143
v.
208 DPR ____
Federación Puertorriqueña de
Voleibol, representada por su
Presidente, Dr. Cesar Trabanco y
otros
Recurrido
Número del Caso:
CT-2021-13
Fecha: 19 de octubre de 2021
Abogados de la parte peticionaria:
Lcda. Tatiana Vallescorbo Cuevas
Lcdo. Dennis Seilhamer Anadon
Materia:
Resolución
del
Tribunal
con
Voto
conformidad y Votos particulares disidentes.
particular
de
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Equipo
Sanjuaneras
de
la
Capital, representado por su
Apoderado Sr. Marcos M. Martínez
Peticionario
CT-2021-0013
v.
Certificación
Intrajurisdiccional
Federación
Puertorriqueña
de
Voleibol, representada por su
Presidente, Dr. Cesar Trabanco
y otros
Recurridos
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2021.
Examinada
la
Urgente
petición
de
auto
certificación intrajurisdiccional que presentó la
parte peticionaria, se provee no ha lugar.
Notifíquese inmediatamente.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario
del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez
Torres emitió un voto particular de conformidad al
que se unen los Jueces Asociados señores Rivera
García y Feliberti Cintrón. La Jueza Asociada señora
Pabón Charneco está conforme y hace constar las
expresiones siguientes, a las que se une el Juez
Asociado señor Rivera García:
“De forma excepcional, el recurso de
certificación intrajurisdiccional permite
elevar
inmediatamente
ante
nuestra
consideración asuntos pendientes en los
foros
inferiores
que
requieren
una
urgente
solución.
Consistentemente
he
favorecido certificar aquellos casos que
requieran preterir este trámite procesal.
Sin embargo, tras examinar el expediente
del
recurso
presentado
con
sumo
detenimiento, considero que este debe
continuar el trámite ordinario. Así,
CT-2021-0013
2
luego de considerado el caso por el foro
apelativo intermedio y de su determinación
ser desfavorable para la parte, esta contará
con la oportunidad de presentar su caso ante
este Tribunal”.
La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió un voto
particular disidente. El Juez Asociado señor Colón Pérez
emitió un voto particular disidente. El Juez Asociado
señor Estrella Martínez disiente y hace constar las
expresiones siguientes:
“El recurso de certificación, aunque de
naturaleza
excepcional,
no
debería
restringirse en la práctica a casos de
Derecho
Electoral.
Existen
otras
controversias de alto interés público en
otras
esferas
de
nuestra
sociedad
que
justifican
nuestra
intervención
oportuna.
Precisamente, la certificación solicitada por
el equipo Sanjuaneras de la Capital nos
brindaba la oportunidad de considerar una
controversia novel en Derecho cuya génesis
fue el embarazo de alto riesgo de la jugadora
refuerzo
Destinee
Hooker-Washington.
Se
trata, no sólo de una disputa nunca antes
atendida en este Foro, sino también de un
evento que desató un debate sobre el choque
entre reclamos de derechos constitucionales y
la autonomía deportiva. Esas consideraciones,
por sí solas, están enmarcadas en un alto
interés
público
que
amerita
nuestra
intervención, pero, por demás, controversias
de esta índole han logrado eludir por décadas
el ámbito judicial. En esta ocasión, urgía
que delimitáramos los linderos entre la
autonomía deportiva y la capacidad del Poder
Judicial para revisar actuaciones de los
organismos deportivos reguladores. Máxime,
cuando
el
suceso
que
desembocó
en
la
controversia
ante
nos
está
rodeado
de
cuestionamientos en torno a la inobservancia
de
garantías
constitucionales.
En
fin,
consecuente con mi postura de certificar
casos de alto interés público, unido a los
planteamientos
constitucionales
y
la
onerosidad atada al trámite de revisión ante
los
organismos
deportivos,
hubiera
certificado la controversia y atendido el
caso en sus méritos. Por estas razones,
disiento”.
Javier O. Sepúlveda Rodríguez
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Equipo Sanjuaneras de la
Capital, representado por
su Apoderado Sr. Marcos M.
Martínez
CT-2021-0013
Peticionario
v.
Federación
Puertorriqueña
de Voleibol, representada
por su Presidente Dr. César
Trabanco y otros
Recurrido
Voto particular de conformidad emitido por el Juez Asociado señor
MARTÍNEZ TORRES al cual se unieron los Jueces Asociados señor RIVERA
GARCÍA y señor FELIBERTI CINTRÓN.
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2021.
Estoy conforme con proveer no ha lugar a la
petición
de
certificación
intrajurisdiccional
que
tenemos ante nuestra consideración.
Este caso trata sobre dos partes privadas que
acordaron,
conforme
a
derecho,
ventilar
todas
sus
controversias mediante un proceso arbitral. Una de
las
partes,
luego
de
no
salir
favorecida
en
el
proceso arbitral, presentó un recurso en los foros
judiciales, pretiriendo el procedimiento de arbitraje
acordado
entre
continuación,
básicos
de
las
basta
partes.
leer
arbitraje
y
Como
veremos
y
entender
los
de
derecho
apelativo
a
conceptos
para
CT-2021-013
concluir
2
que
el
caso
fue
bien
resuelto
por
el
foro
primario y no cumple con los requisitos para certificarlo,
abortando así trámite ordinario.
I
El
debía
equipo
Sanjuaneras
participar
embargo,
el
de
la
equipo,
a
de
la
serie
través
Capital
(Sanjuaneras)
final
de
de
apoderado,
su
voleibol.
Sin
el
Sr.
Marcos M. Martínez, cursó una notificación al director del
torneo
de
la
Liga
Superior
Femenina
de
la
Federación
Puertorriqueña de Voleibol (Federación), para sustituir a
una jugadora por un embarazo de alto riesgo. El director
del
torneo
declaró
“No
Ha
Lugar”
la
sustitución.
El
apoderado solicitó una reconsideración que se declaró “No
Ha Lugar”. Inconforme, el apoderado apeló la determinación
ante el Presidente de la Federación, quien determinó “No
Ha
Lugar”.
Luego,
el
apoderado
presentó
una
Moción
en
Auxilio de Jurisdicción; Apelación y Solicitud de Vista
Argumentativa ante el Tribunal Apelativo y de Arbitraje
Deportivo del Comité Olímpico. Ese mismo día los árbitros
declararon “No Ha Lugar” el escrito. Sentencia del TPI,
pág. 19.
Por eso, el apoderado le notificó a la Federación que
el
equipo
no
se
presentaría
a
la
serie
final.
Como
consecuencia, la Federación canceló la serie final de la
temporada 2021 y proclamó a las Criollas de Caguas como
las
campeonas
del
torneo.
Tras
esa
determinación,
el
equipo de las Sanjuaneras, por conducto de su apoderado,
CT-2021-013
3
presentó
una
Demanda
contra
Olímpico
de
Puerto
Rico
solicitaron
al
determinación
Federación
(COPUR).
Entre
y
el
Comité
otras
cosas,
foro
primario
que
declarara
la
Federación
no
se
de
interpretación
la
lógica
de
lo
que
que
la
a
una
ajustaba
constituyen
lesiones
incapacitantes, por lo que debía autorizar la sustitución.
Además, solicitaron que se revirtiera la cancelación de la
serie final y la proclamación de las Criollas de Caguas
como campeonas del torneo.
Al evaluar la controversia de referencia, el Tribunal
de
Primera
Instancia
concluyó
que
estaba
"impedido
de
intervenir en el asunto y quien tiene jurisdicción, según
lo acordaron las partes, es la CAS [Court of Arbitration
of Sports]”. Véase: Sentencia del TPI, pág. 26. Añadió que
“ya
que
para
la
existe
un
solución
organismo
adjudicativo
de
disputas
constituciones,
incumplimiento
de
las
procedimientos
de
las
independiente
relacionadas
federaciones
con
el
reglamentos
o
afiliadas,
a
cuya
autoridad el demandante se sometió contractualmente, es la
CAS quien tiene la jurisdicción exclusiva para dilucidar
las
controversias
trabadas
entre
el
COPUR
y
la
Federación”. Íd. Al no prevalecer en el foro primario y
pendiente
una
reconsideración
ante
ese
foro,
la
parte
peticionaria presentó ante nos un recurso de certificación
intrajurisdiccional.
CT-2021-013
4
II
La certificación intrajurisdiccional es un mecanismo
procesal discrecional, que podemos expedir por iniciativa
propia o a solicitud de parte, para elevar inmediatamente
a
la
consideración
pendiente
ante
de
los
este
foros
Tribunal
cualquier
asunto
inferiores
cuando
existe
conflicto entre decisiones previas del foro intermedio, o
se
plantean
interés
cuestiones
público
que
noveles
incluyen
de
un
derecho
asunto
o
de
alto
constitucional
sustancial al amparo de la Constitución de Puerto Rico o
de Estados Unidos. Regla 52.2(d) de Procedimiento Civil,
32 LPRA Ap. V; Art. 3.002 de la Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA
sec. 24s(f), conocida como la Ley de la Judicatura de
Puerto Rico de 2003. Véase, además: Senado de PR v. ELA,
203 DPR 62, 69 (2019). La controversia de referencia no
cumple con ninguno de estos criterios.
En
primer
lugar,
no
estamos
ante
decisiones
conflictivas del foro intermedio. Segundo, distinto a lo
planteado
por
la
parte
demandante-peticionaria,
la
controversia es jurisdiccional. ¿Puede una parte preterir
el
procedimiento
arbitral
acordado
contractualmente?
Evidentemente no estamos ante un asunto novel de derecho.
Está
resuelto
que
“una
vez
acordado
el
arbitraje,
los
tribunales carecen de discreción respecto a su eficacia y
tienen que dar cumplimiento al arbitraje acordado”. VDE
Corporation v. F & R Contractors, 180 DPR 1, 36 (2010).
Los foros de jerarquía inferior están más que capacitados
CT-2021-013
para
5
atender
la
controversia
y
resolverla
conforme
a
derecho.
Por último, no nos encontramos ante una controversia
de
alto
interés
público
de
carácter
constitucional
sustancial que pueda evadir nuestro pronunciamiento.
Al
respecto, hay que tener claro que el trato a las jugadoras
no
es
lo
que
consideración
nos
es
ocupa.
sobre
La
la
controversia
primacía
de
ante
un
nuestra
pacto
de
arbitraje entre partes privadas: la Federación y el equipo
Sanjuaneras. Por esa razón, tampoco hay acción estatal que
active la cláusula de igual protección de las leyes. Para
que proceda plantear judicialmente una alegada violación a
un derecho constitucional, de ordinario, es necesario que
haya
mediado
una
actuación
del
Estado.
González
v.
Hospital Pavía, 168 DPR 127 (2006). “El proceso debido en
virtud
de
un
garantizado
contrato
no
es
el
constitucionalmente
debido
y
cuyo
proceso
de
ley
quebrantamiento
implica violación a derechos fundamentales.” Íd. pág. 36.
Por lo tanto, no basta que la controversia haya generado
un alto interés entre los ciudadanos. Si esta no está
revestida
de
implicaciones
constitucionales
sustanciales
no podemos verla mediante el procedimiento extraordinario
de certificación.
Como vemos, el recurso de referencia no cumple con
ninguno de los criterios por los que debamos abortar el
procedimiento ordinario. La única controversia que tenemos
ante nuestra consideración es si las partes podían usar un
CT-2021-013
6
injunction para preterir el proceso de arbitraje ante el
CAS.
El
Tribunal
de
Apelaciones
está
capacitado
para
atender la controversia y resolver conforme a derecho, si
así
se
le
solicita.
Para
eso
existe
y,
por
respeto
institucional, no podemos tratar a ese foro como si no
sirviera para nada. Si la parte aquí peticionaria no está
conforme con la determinación del foro primario tiene a su
disposición
los
procedimientos
de
revisión
que
proveen
nuestras Reglas de Procedimiento Civil. Por lo tanto, si
en
su
momento
este
asunto
llega
ante
nosotros,
la
controversia no evadirá nuestra atención.
Por último, me veo en la obligación de expresar que
nuestra
función
controversias
institucional
que
cumplan
es
resolver
con
las
casos
normas
y
de
justiciabilidad y las reglas apelativas. En ausencia de un
caso o controversia justiciable, no tenemos autoridad para
decirle
al
directivo
de
una
empresa
o
asociación
administrarla. ¡Zapatero a su zapato!
RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES
Juez Asociado
cómo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Equipo
Sanjuaneras
de
la
Capital, representado por su
Apoderado Sr. Marcos M. Martínez
Peticionario
CT-2021-0013
v.
Federación
Puertorriqueña
de
Voleibol, representada por su
Presidente, Dr. Cesar Trabanco
y otros
Recurridos
La Jueza Presidenta ORONOZ RODRÍGUEZ emitió un Voto particular
disidente
“[R]epensar
el
derecho
y
su
función social, es un desafío que
va más allá de contar con “buenas
leyes” o con “buenas resoluciones
judiciales”
para
las
mujeres.
Significa hacer de esta disciplina
un instrumento transformador que
desplace
los
actuales
modelos
sexuales, sociales, económicos y
políticos hacia una convivencia
humana basada en la aceptación de
la otra persona como una legítima
otra y en la colaboración como
resultante de dicho respeto a la
diversidad”1
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2021.
Los derechos logrados por los movimientos del
pasado y la universalización de los derechos humanos
proveniente
del
reconocimiento
de
la
dignidad
Alda Facio & Lorena Fries, Feminismo, género y patriarcado,
3 ACADEMIA REVISTA SOBRE ENSEÑANZA DEL DERECHO DE BUENOS
AIRES 259,
280
(2005),
http://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/jspui/handle/123456789/122.
1
CT-2021-0013
2
inherente a todas las personas, han propiciado que hoy las
niñas y las mujeres subviertan los estereotipos de género
tradicionales.
Asimismo,
tales
derechos
propulsan
el
avance en el ejercicio de sus libertades más allá de las
expectativas
culturales
contra viento y marea,
que
se
les
han
las mujeres
impuesto.
Así,
se han insertado a
espacios de la sociedad que antes les eran vedados por
considerarse reservados o privilegiados para los hombres.
Al incorporarse en disciplinas como el deporte, muestran
que cuentan con las mismas capacidades y destrezas que los
varones. Sin embargo, como en todos los ámbitos de la
vida,
las
mujeres
siguen
enfrentando
dificultades
y
la
desigualdad es una constante que hay que combatir.
Históricamente las mujeres han sido discriminadas en
sus espacios laborales por embarazarse y el mundo deportivo
no ha sido la excepción. Es un hecho que en el deporte la
discriminación contra la mujer y la penalización por maternidad
es
una
problemática
que
enfrentan
muchas
deportistas
profesionales en Puerto Rico y alrededor del mundo. En
este caso, se cuestionaba si no autorizar la sustitución
de una jugadora en la serie postemporada por tener un
embarazo
de
alto
riesgo,
constituyó
una
interpretación
errónea y discriminatoria de lo que constituye una lesión
que
le
incapacita
para
participar
en
los
juegos
de
voleibol femenino. Dicha controversia se exacerba ante el
hecho de que se da en el contexto de la actuación
de una
organización
deportiva
privada
que invoca
CT-2021-0013
3
la autonomía deportiva.
Es lamentable que, a pesar de que en este caso se
levantan
cuestionamientos
jurídicos
de
tangencia
constitucional que impactan el deporte puertorriqueño y,
en
particular,
declinemos
los
derechos
intervenir.
Ello
de
las
mujeres
se
aparta
de
atletas,
expresiones
pasadas en la que reconocimos que las reclamaciones de
discrimen
generan
por
a
razón
raíz
de
de
género,
incluyendo
la
condición
de
las
que
embarazo,
se
están
revestidas de un alto interés público. Hoy el mensaje es
otro: suena a que no hay problema con esperar a ver si más
tarde
en
el
camino
alguien
decide
traerlo
ante
la
consideración de otros foros o en una segunda vuelta, ante
este Tribunal. En ese vaivén, permitimos que se evada la
revisión judicial de asuntos tales como si: 1) el Tribunal
General de Justicia de Puerto Rico tiene jurisdicción para
atender casos donde se levante la autonomía deportiva; 2)
si se violó el debido proceso de ley contractual y si fue
discriminatorio no proveerle al Equipo de las Sanjuaneras
un facultativo médico que determinara si un embarazo de
alto riesgo es una lesión a los fines de la aplicar la
excepción de sustitución al amparo del Reglamento de la
Liga; y 3) si la peticionaria no venía obligada a recurrir
a la Corte de Arbitraje Deportivo sita en Suiza por tratarse de
una controversia sobre una violación de las políticas de discrimen.
Además, era imperativo aclarar en nuestro ordenamiento si el debido
proceso de ley y, en concreto, el principio de
igualdad,
CT-2021-0013
4
condiciona las relaciones entre el poder del Estado y el
individuo
y,
a
su
vez,
es
una
garantía
que
irradia
plenamente a las relaciones entre particulares, pues allí
también
está
presente
la
fuerza
vinculante
de
la
Constitución como un escudo para la persona frente a la
arbitrariedad.
Ante
certificar
estas
controversias,
el
para
caso
evaluar
el
si
Tribunal
la
debió
intervención
en
materia de jurisdicción y de interpretación constitucional
era procedente y si había cabida para un estudio a fondo,
determinar
si
los
derechos
fundamentales
a
la
dignidad
humana, a la igualdad y a la no discriminación por razón
de género debían protegerse.
Por haber rehusado ejercer
su función judicial, disiento.
I
El
Equipo
de
las
Sanjuaneras
de
la
Capital,
representado por su Apoderado el Sr. Marcos M. Martínez
presentó ante este Tribunal una Urgente petición de auto
certificación
intrajurisdiccional.
En
solicitó
determinemos
Tribunal
que
que
el
primer
lugar,
General
de
Justicia de Puerto Rico tiene jurisdicción para atender
casos donde se levante la autonomía deportiva. En segundo
lugar, requirió que establezcamos si se violó el debido
proceso de ley contractual y si fue discriminatorio no
proveerle
al
Equipo
de
las
Sanjuaneras
un
facultativo
médico que determinara si un embarazo de alto riesgo es
una
lesión
a
los
fines
de
la
aplicar
la
excepción
de
CT-2021-0013
5
sustitución al amparo del Reglamento de la Liga. En tercer
lugar, pidió que concluyamos que la peticionaria no venía
obligada
a
recurrir
a
la
Corte
de
Arbitraje
Deportivo
localizada en Suiza por tratarse de una controversia sobre
una violación de las políticas de discrimen. En cuarto
lugar, solicitó que declaremos nula la suspensión por un
año de todos los miembros del Equipo de las Sanjuaneras
que impuso la Federación Puertorriqueña de Voleibol sin la
celebración
de
la
vista
compulsoria
que
exige
el
Reglamento de la Liga. Por último, pidió que se declare
nulo
el
campeonato
de
las
Criollas
de
Caguas
y
que
revoquemos la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia.
En
su
solicitud
de
certificación
la
parte
peticionaria señaló que el caso se encontraba pendiente
ante
el
informó
Tribunal
que
de
había
Primera
Instancia.
presentado
una
En
particular,
Solicitud
de
Reconsideración que el foro primario no había resuelto.
Posteriormente,
el
mismo
día
de
la
presentación
del
recurso, con hora distinta, la parte peticionara presentó
una Moción Informativa donde nos comunicó que el Tribunal
de Primera Instancia notificó la denegatoria de la moción
de reconsideración.
En síntesis, los hechos que dieron origen a este caso
controversia son los siguientes. El Equipo Sanjuaneras de
la Capital tenían que participar en la temporada final que
de voleibol el 4 de septiembre de 2021 organizada por la
CT-2021-0013
Federación
6
Puertorriqueña
de
Voleibol.2
Asimismo,
una
jugadora de las Sanjuaneras, Destinee Hooker-Washington,
informó que estaba en estado de embarazo y que el mismo
era
uno
de
alto
riesgo.
En
consecuencia,
el
Equipo
Sanjuaneras de la Capital, por conducto de su apoderado,
notificó al Lcdo. José Servera, director de torneo de la
Liga Superior Femenina de la Federación Puertorriqueña de
Voleibol, su intención de sustituir a su jugadora refuerzo
su situación de salud. El Director de Torneo declaró “No
Ha Lugar” la solicitud de sustitución mediante Resolución,
por
lo
que
el
1
de
septiembre
el
Equipo
solicitó
Reconsideración donde expuso la incapacidad de la jugadora
para participar de la serie final. Anejó un Certificado
Médico donde acreditó que la atleta tenía un embarazo de
alto riesgo por lo que no podía participar de la Serie
Final
sin
exponer
su
salud.
Con
ello
ante
su
consideración, el licenciado Servera declaró “No Ha Lugar”
la Reconsideración presentada. Ese mismo día, el apoderado
de las Sanjuaneras de la Capital apeló la determinación
ante el Presidente de la FPV, el Dr. Cesar Trabanco. El
Presidente de la FPV determinó “No Ha Lugar” por lo que el 2
de septiembre de 2021, el señor Martínez, presentó Moción en Auxilio
de Jurisdicción; Apelación y Solicitud de Vista Argumentativa para
el 3 de septiembre de 2021, ante el Tribunal Apelativo y de
Arbitraje
Deportivo
del
Comité Olímpico (TAAD). TAAD emitió
Compareció Metro V.C., LLC que se encuentra reconocido por la FPV
como “Equipo Sanjuaneras de la Capital”.
2
CT-2021-0013
7
una Resolución de “No Ha Lugar”.
Posteriormente, el 6 de septiembre de 2021, el Equipo
Sanjuaneras de la Capital, por conducto de su apoderado,
presentó una Demanda enmendada contra la FPV y el Comité
Olímpico
de
Puerto
Rico
(COPUR)
ante
el
Tribunal
de
Primera Instancia (TPI). Ante el foro primario el equipo
argumentó que el hecho de no autorizar la sustitución de
la jugadora de refuerzo en la serie postemporada por tener
un embarazo del alto riesgo, certificado por un galeno, se
basó en una interpretación errónea de lo que constituye
una lesión en los juegos de voleibol femenino. Solicitaron
que
concluyese
que
la
FPV
no
actuó
conforme
a
su
reglamento por no designar a un médico que confirmase el
embarazo de alto riesgo de la jugadora, según lo dispuesto
en
el
Reglamento
legitimó
el
de
la
discrimen
contravención
a
la
Liga,
contra
y,
una
por
consiguiente,
atleta
Constitución
del
embarazada
COPUR.
se
en
Además,
solicitaron que se restituya la serie final y se declare
nula la declaración del equipo de las Criollas de Caguas
como
campeonas
del
torneo.
Luego
de
varios
trámites
procesales y comparecencias, el TPI desestimó el caso por
falta
de
jurisdicción
y
concluyó
organismo
adjudicativo
independiente
que
el
CAS
al
cual
el
es
el
Equipo
Sanjuaneras de la Capital se sometió contractualmente.
II
A. Mecanismo de certificación intrajurisdiccional
CT-2021-0013
8
La Mayoría se equivoca al concluir que no estamos
ante
un
caso
judicial.
que
amerite
El
nuestra
mecanismo
intrajurisdiccional
hubiera
pronta
intervención
de
certificación
permitido
determinar
si
teníamos o no jurisdicción y, de concluir que la teníamos,
considerar si hubo o no un trato discriminatorio al amparo
de
nuestra
Constitución.
Los
siguientes
fundamentos
autorizaban y aconsejaban certificar la Urgente petición
de auto certificación intrajurisdiccional.
El Art. 3.002(f) de la Ley de la Judicatura de 2003,
Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 24s, establece que:
Mediante auto de certificación, a ser expedido
discrecionalmente, motu proprio o a solicitud de
parte,
[el
Tribunal
Supremo]
podrá
traer
inmediatamente
ante
sí
para
considerar
y
resolver cualquier asunto pendiente ante el
Tribunal de Primera Instancia cuando se plantee
la existencia de un conflicto entre decisiones
previas del Tribunal de Apelaciones, se planteen
cuestiones noveles de derecho, o se planteen
cuestiones de alto interés público que incluyan
cualquier cuestión constitucional sustancial al
amparo de la Constitución de Puerto Rico o de la
Constitución
de
Estados
Unidos.
(Énfasis
suplido).
Véase,
además,
Regla
52.2(d)
de
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.
Anteriormente, hemos expresado que “[s]e puede afirmar que el
auto
de
certificación
es
un
recurso
que
la
ciudadanía
tiene a su alcance para tener acceso a la justicia en
casos de alto interés público” Alvarado Pacheco Y Otros v.
E.L.A., 188 DPR 594, 617 (2013). Igualmente, enunciamos
que
la
expedición
intrajurisdiccional
del
autoriza
recurso
que
este
de
certificación
Tribunal
atienda
CT-2021-0013
9
controversias que puedan evadir nuestro pronunciamiento.
Alvarado Pacheco y otros v. ELA, supra, pág. 623.
Cabe
destacar
que
el
recurso
de
certificación
intrajurisdiccional es uno de naturaleza excepcional ante
la política pública del ordenamiento jurídico de esperar a
que los casos maduren por medio del trámite ordinario para
impedir que este foro lo atienda a destiempo. Alvarado
Pacheco y otros v. ELA, supra; U.P.R. v. Laborde Torres y
otros I, 180 DPR 253 (2010); Rivera v. J.C.A., supra. No
obstante, ya hemos resuelto que:
El
mecanismo
de
certificación
cumple
el
propósito de adelantar el trámite judicial
ordinario
para
que
este
Tribunal
atienda
cuestiones que por su gran importancia y
envergadura ameritan ser resueltas prontamente.
Rivera v. J.C.A., 164 D.P.R. 1 (2005); Suárez v.
C.E.E. I, 163 D.P.R. 347 (2004). Nótese que sólo
basta con que el caso esté pendiente ante el
tribunal de instancia para que se nos pueda
presentar la controversia mediante este recurso.
Incluso,
motu
proprio,
podemos
traer
inmediatamente la controversia ante nosotros
para considerarla y resolverla. En fin, la
existencia del recurso de certificación elimina
prácticamente la posibilidad de que este tipo de
casos evada nuestro pronunciamiento sobre el
asunto. Presidente de la Cámara v. Gobernador,
167 DPR 149, 160–161 (2006) (Énfasis suplido).
El presente caso cumple con los criterios necesarios
para
ser
certificado
por
ser
uno
novel
y
de
carácter
constitucional. Al momento de ejercer nuestra discreción
de evaluar una certificación intrajurisdiccional, debemos
considerar los siguientes factores: “(1) la urgencia, (2)
la etapa en que se encuentran los procedimientos, (3) la
necesidad que puede presentarse de recibir prueba y (4) la
complejidad de la controversia”. Pueblo v. Santiago Cruz,
CT-2021-0013
10
205 DPR 7, 61 (2020) citando a Rivera Schatz v. ELA y C.
Abo. PR II, 191 DPR 791, 849 (2014).
Estamos ante una controversia de alto interés público
que
puede
ocasión
evadir
en
la
nuestros
que
nos
pronunciamientos.
La
expresamos
prácticas
sobre
última
arbitrarias y discriminatorias en eventos federativos fue
hace
aproximadamente
cuarenta
y
seis
años,
en
Peña
v.
Federación de Esgrima de P.R., 108 DPR 147 (1978). En esta
ocasión, se le escapa al Tribunal la ocasión para realizar
una expresión sobre el alcance de la autonomía deportiva
en la revisión judicial a pesar de que ello es un asunto
novel
y
de
importancia
vital
para
el
deporte
puertorriqueño.
Específicamente,
se
trata
de
una
controversia
compleja que requería la intervención de este foro para
dictaminar cuál sería la norma que regiría el alcance de
nuestra jurisdicción ante controversias de autonomía deportiva vis á
vis el debido proceso de ley privado y su impacto ante reclamaciones
de discrimen de mujeres atletas embarazadas.
Adicional al elemento novel, este caso atañe a cuestiones de
alto interés público de carácter constitucional sustancial al amparo
de la Constitución de Puerto Rico. Recordemos que “[e]n Puerto Rico
las reclamaciones de discrimen por condición de género, incluyendo
aquel que se genera a raíz de la condición de embarazo, están
revestidas
González
de
un
v. Mun.
alto
de
(2009) (énfasis suplido).
San
interés
Juan,
público”.
177
DPR
Santiago,
43,
55
CT-2021-0013
11
La controversia de autos se encuentra cobijada por el
más
alto
interés
cuestionamiento
de
público
porque
discrimen
e
estamos
implica
ante
una
un
posible
violación al principio constitucional que exige la igual
protección
de
las
leyes
para
todas
las
personas.
Como
sabemos, el principio fundamental sobre la inviolabilidad
de la dignidad humana impone como consecuencia necesaria
el trato igualitario ante la ley. Const. P.R., Art. II,
Sec. 1, LPRA, Tomo 1. Asimismo, el recurso se encuentra en
una etapa de fácil disposición y se tenía que resolver de
forma urgente debido a la posibilidad de que se cree un
precedente
aciago
para
la
protección
de
los
derechos
constitucionales de las mujeres atletas de Puerto Rico.
Al
mismo
tiempo,
la
presente
controversia
es
de
estricta hermenéutica constitucional e iusprivatista.3 Es
decir, se nos presenta un asunto de derecho que se puede
resolver sin la necesidad de evaluar prueba. Es nuestro
deber determinar de una vez y por todas si la autonomía
deportiva
—en
el
caso
específico
contractualmente
pactan
impide
Tribunal
que
el
acudir
donde
unas
partes
al
CAS
sito
en
Suiza—
General
de
Justicia
tenga
jurisdicción para atender el caso controversia. Sobre todo,
cuando se plantea que no adjudicar la controversia implicaría
confirmar un acto de discrimen contra una atleta embarazada.
Por otra parte, aunque en el pasado dijimos que “una
Véase J. Farinacci Fernós, Hermenéutica Puertorriqueña. Cánones de
Interpretación Jurídica, Interjuris, 2019.
3
CT-2021-0013
vez
12
acordado
discreción
el
arbitraje,
respecto
a
su
los
tribunales
eficacia
y
carecen
tienen
que
de
dar
cumplimiento al arbitraje acordado”, dichas expresiones se
realizaron en una disputa entre contratistas dedicados a
la construcción de viviendas y no en controversias sobre
discrimen
por
embarazo.
VDE
Corporation
v.
F&R
Contractors, 180 DPR 1, 36 (2010). Además, aun para tales
disputas
existen
excepciones
al
arbitraje
entre
las
partes: “en aquellos escenarios en que una unión falta a
su
deber
de
proveer
representación, […];
a
cuando
sus
representados
recurrir
al
justa
arbitraje
constituya un gesto fútil y vacío […] y en reclamaciones
por hostigamiento sexual al amparo de la Ley Núm. 17 de 22
de abril de 1988 (29 L.P.R.A. sec. 155 et seq.) (Ley Núm.
17). Quiñones v. Asociación, 161 DPR 668, 673, 2004 TSPR
58
(2004).
Asimismo,
hemos
preterido
el
proceso
de
arbitraje en casos donde “(1) se trate de una acción por
despido discriminatorio y (2) que las partes hayan acordado
que sus disputas se resolverían exclusivamente ante un árbitro del
Negociado”. Íd. pág. 674.
Definitivamente, un organismo independiente sito en
Suiza carece de la capacidad para atender controversias
donde se plantea discrimen por razón de embarazo o si la
FPV o el COPUR es o no un actor del Estado. Después de
todo, la prudencia de abstención judicial ante cláusulas
de arbitraje no nos puede convertir en jueces sonámbulos
sin consciencia del contexto y del desarrollo jurídico de las
CT-2021-0013
13
instituciones de nuestro país. El juez sonámbulo que, al
aplicar
mecánicamente
la
ley,
sin
tomar
las
particularidades de cada caso siempre “camina por terreno
minado”. Trías Monge, Teoría de la Adjudicación, Ed. UPR,
San Juan, 2000, pág. 3.
B. Adjudicación con perspectiva de género
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad
y
derechos
y,
dotados
como
están
de
razón
y
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con
los otros.” Artículo 1 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. El equivalente a dicha máxima en nuestra
Constitución se encuentra en la Sección 1, Artículo II,
que
dispone
que
“[l]a
dignidad
del
ser
humano
es
inviolable.” Const. PR, Art. II, Sec. 1, LPRA, Tomo 1.
De allí la necesidad de examinar las controversias en
consideración con la perspectiva de género. Desde 1997, el
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas explicó
que la perspectiva de género es:
[e]l proceso de evaluación de las consecuencias
para las mujeres y los hombres de cualquier
actividad planificada, inclusive las leyes,
políticas o programas, en todos los sectores y a
todos los niveles. Es una estrategia destinada a
hacer que las preocupaciones y experiencias de
las mujeres, así como de los hombres, sean un
elemento
integrante
de
la
elaboración,
la
aplicación, la supervisión y la evaluación de
las políticas y los programas en todas las
esferas políticas, económicas y sociales, a fin
de que las mujeres y los hombres se beneficien
por igual y se impida que se perpetúe la
desigualdad. El objetivo final es lograr la
igualdad [sustantiva] entre los géneros.
Oficina del Asesor Especial en Cuestio nes
de Género y Adelanto de la Mujer, La
CT-2021-0013
14
incorporación de la perspectiva de género, pág. 2
(2002).
Por su parte, juzgar con perspectiva de género puede
definirse como una “metodología judicial de resolución del
conflicto
jurídico,
contextualizada
y
conforme
al
principio pro persona en la búsqueda de soluciones justas
ante
situaciones
sexual
será
distinción,
Según
jurídicamente
exclusión
explica
“[h]acer
desiguales
real
o
de
género.
relevante,
restricción
La
cuando
lesiva
la
Magistrada
española
el
principio
de
diferencia
exista
de
género.”4
Glòria
Poyatos,
igualdad
no
permite
neutralidad, hay que adoptar un enfoque constitucional,
removiendo los obstáculos que lo dificulten, e integrando
la perspectiva de género, como criterio de referencia en
todos los casos que involucren relaciones asimétricas y
patrones estereotípicos de género.”5
En la misma línea, en base a las teorías de derecho y
género,
el
otrora
Juez
Presidente,
José
Trías
Monge
explica que el derecho ha sido instrumento de opresión “a
la par que campo de combate para que deje serlo”. Trías
Monge, supra,
pág.338. Por mandato constitucional, este
Tribunal tiene el deber de reivindicar el derecho a la dignidad
humana y erradicar toda teoría que fomente la desigualdad
Glòria Poyatos i Matas, Juzgar con Perspectiva de Género: Una
Metodología Vinculante de Justicia Equitativa, 2 IQUAL. REV. DE GÉNERO
E IGUALDAD [IQUAL.] 19 (2019) (España).
5 Id.
4
CT-2021-0013
15
jurídica entre los géneros.6
La perspectiva de género es de importancia vital para
entender las distinciones de, por ejemplo, los equipos de
voleibol que están compuestos solo por hombres y aquellos
que
están
compuestos
solo
por
mujeres.
La
máxima
de
igualdad es jurídica y no es –-ni puede ser-- biológica,
por lo que “las diferencias fisiológicas que se dan entre
los
sexos
pueden
justificar
legítimamente
en
algunas
situaciones concretas el trato diferencial de la mujer y el
varón”. Pueblo v. Rivera Morales, 133 DPR 444, 448 (1993).
Encasillar
la
controversia
a
una
mera
disputa
contractual arbitral es invisibilizar la realidad de que
se trata de un equipo compuesto, únicamente, por mujeres
atletas con derecho a reproducirse. Es notable que, en este
caso, fueron hombres quienes --desde sus esferas del poder
gerencial
que
ostentan--
efectuaron
una
interpretación
restrictiva sobre el concepto “lesión” en un reglamento de
voleibol femenino con los consabidos potenciales efectos
discriminatorios.
“Hay dos formas de impartir justicia, hacerlo formal y
mecánicamente
y
hacerlo
con
equidad
y
perspectiva
de
género. La primera perpetúa las sistémicas asimetrías
sociales entre sexos, la segunda, en cambio, camina hacia
Véanse A. Colón Warren, Asuntos de género en la discusión pública a
través del siglo veinte en Puerto Rico, 36 Rev. Jur. UIPR 401 (2002);
Z.T.
Dávila
Roldán,
El
Discrimen
Interseccional:
Contexto
y
Acercamiento a la Realidad Puertorriqueña, 83 Rev. Jur. UPR 407
(2014); M.D.
Fernós, Ex Parte A.A.R.: Implicaciones para la Igual
Protección de las Leyes, 47 Rev. Jur. UIPR 231 (2013); L. Fiol Matta,
On Teaching Feminist Jurisprudence, 57 Rev. Jur. UPR 253 (1988).
6
CT-2021-0013
16
una sociedad (realmente) igualitaria.”7
III
A
pesar
de
que
este
caso
contaba
con
todos
los
criterios para certificarse, una Mayoría de este Tribunal
declinó
resolverlo.
dilucidar:
(a)
si
Puertorriqueña
de
discriminatorios
por
Tribunal
General
Con
ello,
perdió
la
oportunidad
las
actuaciones
de
la
de
Voleibol
razón
de
Justicia
Federación
constituyen
embarazo;
de
de
actos
y
(b)
si
el
Puerto
Rico
tiene
jurisdicción para atender aquellos casos donde se levante
la autonomía deportiva, entre otros.
Pero más allá, al decirle a la parte que viaje a
través de dos foros, uno de instancia y otro apelativo,
que si quiere luego regrese a nosotros, pero entre medio,
o quizás antes, vaya a la Corte de Arbitraje Deportivo en
Suiza, es igual que cerrarle la puerta en la cara. Las
controversias sobre el discrimen por razón de embarazo no
se despachan con frases provenientes de refraneros; estas
se estudian y, cuando el ordenamiento lo aconseja como
ocurre en este caso, se resuelven en los méritos -en una
dirección o la otra- sin dilación ni regodeos. Disiento.
Maite D. Oronoz Rodríguez
Jueza Presidenta
7
Poyatos, supra, pág. 20.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Equipo Sanjuaneras de la Capital,
representado por su Apoderado
Sr. Marcos M. Martínez
Peticionario
CT-2021-013
v.
Federación Puertorriqueña de
Voleibol, representada por su
Presidente, Dr. César Trabanco
y otros
Recurridos
Voto Particular Disidente
señor COLÓN PÉREZ.
emitido
por
el
Juez
Asociado
En San Juan, Puerto Rico a 19 de octubre de 2021.
El deporte tiene el poder de
transformar el mundo. Tiene
el poder de inspirar, de unir
a la gente como pocas otras
cosas. Tiene más capacidad
que los gobiernos de derribar
barreras
raciales[,
de
derrumbar los
vestigios del
discrimen y de exaltar la
dignidad humana].1
Nelson Mandela
Por entender que tenemos ante nuestra consideración
noveles controversias que pudiesen incidir sobre el derecho
a la dignidad del ser humano, consagrado en la Constitución
del
Estado
Libre
Asociado
de
Puerto
Rico,
el
Juez
que
Nelson Mandela fue abogado, activista contra el Apartheid, político y
filántropo sudafricano que presidió su País de 1994 al 1999. En el año
1993, recibió el Premio Nobel de la Paz.
1
CT-2021-013
2
suscribe
hubiese
certificado
anterior,
a
fines
los
de
la
que
causa
este
de
epígrafe.2
Tribunal
tuviese
Lo
la
oportunidad de decidir -- con la urgencia que lo ameritaba
--
si
debíamos
rectificar,
o
no,
el
aparente
trato
discriminatorio y de ataque a la dignidad humana del que
presuntamente fue víctima la joven voleibolista Destinee
Hooker-Washington.
Ello,
a
manos
de
la
Federación
Puertorriqueña de Voleibol y de su Presidente, el doctor
César Trabanco, como consecuencia de ésta jugadora haber
notificado su estado de embarazo; lo que a su vez generó la
imposición de apresuradas y extremas sanciones al equipo de
voleibol superior femenino las Sanjuaneras de la Capital.3
Y es que, a nuestro juicio, estamos ante un caso que
nunca debió haber evadido la revisión judicial.4 Eso es así,
No nos cabe duda de que el presente caso poseía los requisitos
necesarios para ser certificado por este Tribunal, toda vez que se
trata aquí de controversias de alto interés público, que involucra
cuestiones noveles de derecho, según lo requiere el Art. 3.002(f) de la
Ley de la Judicatura de 2003, Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 24s(f) y
la Regla 52.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R 52.2.
2
Sobre el particular, basta con señalar que esta Curia ha
reconocido que en “Puerto Rico las reclamaciones de discrimen por
condición de género, incluyendo aquel que se genera a raíz de la
condición de embarazo, están revestidas de un alto interés público.
Además, existe una clara política pública de condenar tales acciones
discriminatorias”. Santiago León v. Municipio de San Juan, 177 DPR 43,
55 (2009).
3 Entre las referidas sanciones, se encuentran, la suspensión por
un (1) año de todo el componente del equipo de las Sanjuaneras y la
cancelación de la Serie Final de Voleibol Superior Femenino a
celebrarse el pasado mes de septiembre entre el referido sexteto y las
Criollas de Caguas.
4 Al respecto, huelga señalar aquí que han sido variados los escenarios en los
que, aún cuando exista una cláusula contractual de arbitraje convenida para la
resolución de disputas entre las partes involucradas -- similar a como ocurre en el
caso de autos --, este Foro ha pautado que la parte que alega determinada modalidad de
discrimen podrá elegir presentar su causa de acción ante el foro de arbitraje pactado
o ante los foros de justicia. Quiñones v. Asociación, 161 DPR 668, (2004); Medina
v. Cruz Azul de PR, 155 DPR 735 (2001); Vélez v. Serv. Legales de P.R.,
Inc., 144 DPR 673 (1998).
CT-2021-013
3
pues las acciones discriminatorias
y de atropello a la
dignidad humana en el ámbito deportivo -- de las cuales al
parecer fue víctima Destinee Hooker-Washington, por razón
de su embarazo --, de en su día probarse ante un Tribunal,
deben ser sancionadas por ser contrarias a lo dispuesto en
nuestra Carta Magna, inclusive en escenarios como éstos, en
donde los actores principales son personas o entidades privadas.5
Si bien somos conscientes, como acabamos de señalar, que las
controversias que originan el presente litigio se dan en el ámbito
de
personas
particulares
automáticamente
las
donde
--
de
ordinario
protecciones
--
no
operan
constitucionales
que se tienen ante el Estado, igual de cons cientes
estamos
de
que
--
de
probarse
lo
que
aquí
se
Es decir, es norma reiterada que los foros judiciales tienen
jurisdicción original en aquellas causas de acción donde una persona
alega haber sido discriminada por diversas razones; así, por ejemplo,
las disputas obrero-patronal donde un obrero u obrera denuncia haber
sido discriminada por razón de edad, sexo, hostigamiento, entre otros.
Véase, Quiñones v. Asociación, supra; Medina v. Cruz Azul de PR, supra,
pág. 738 (Puede obviarse el arbitraje en una acción en la que un obrero
u
obrera
reclame
que
su
despido
obedeció
a
una
actuación
discriminatoria del patrono por razón de edad o de sexo (embarazo), a
la luz de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, 29
LPRA sec. 149 et seq.); Vélez v. Serv. Legales de P.R., Inc., supra,
pág. 683 (La persona unionada que reclame ser víctima de hostigamiento
sexual al amparo de la Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988, 29 LPRA sec.
155 et seq., no estará obligada a agotar los procedimientos de
arbitraje establecidos en el convenio colectivo antes de recurrir al
foro judicial). Consecuentemente, en circunstancias como éstas, la
intervención judicial no tiene y no debe esperar.
5
Nos comenta el licenciado Jean René Santiago Cruz que la
interpretación de los oficiales deportivos de que un embarazo de alto
riesgo no cualifica como una lesión es un enfoque estrechamente
legalista y carente de perspectiva de género a pesar de la apariencia
neutral de la medida. Esto pues “[l]a interpretación supuestamente
neutral de una regla se hace distendida de la realidad social de su
aplicación, en este caso la realidad de las mujeres”. Jean René
Santiago Cruz, Destinee Hooker-Washington: hace falta perspectiva de
género en la Liga de Voleibol Superior Femenino, El Nuevo Día, 5 de
septiembre
de
2021,
https://www.elnuevodia.com/opinion/punto-devista/destinee-washington-hace-falta-perspectiva-de-genero-en-la-ligade-voleibol-superior-femenino/#(última visita, 13 de octubre de 2021).
CT-2021-013
4
alega -- este pudo haber sido el escenario ideal para, tal
como lo hicimos décadas atrás en lo relacionado al derecho
a
la
intimidad,
privadas
la
extender
protección
al
ámbito
de
las
constitucional
a
relaciones
la
dignidad
humana.6 Ésta vez como un derecho independiente. Adviértase
que,
la
inviolabilidad
de
ante
todas.
protegida
todos
y
la
dignidad
Véase,
humana
Art.
II,
debe
ser
Sec.
1,
Const. ELA, LPRA, Tomo 1.
Al
respecto,
González que la
nos
comenta
el
profesor
Carlos
dignidad humana “pertenece a
Ramos
una misma
especie donde cada uno de nosotros [y nosotras] la sostiene
sin
que
afectar
pueda
a
los
entregarse,
demás”.
renunciarse
Véase,
C.
o
negociarse
sin
Ramos
González,
La
inviolabilidad de la dignidad humana: lo indigno de la
búsqueda
de
expectativas
razonables
de
intimidad
en
el
Derecho constitucional puertorriqueño, Vol. X, Rev. Acad.
Puer. de Juris. y Leg., 1 (2010). Ésta última, es un valor
inherente a la condición de ser persona que contempla el
6 Sobre ello, precisa señalar aquí que esta Curia ha reconocido la
aplicabilidad de ciertas disposiciones constitucionales a la esfera
privada. En particular, en Arroyo v. Rattan Specialist, Inc., 117 DPR
35, 64 (1986), reiteramos que el derecho a la intimidad opera ex propio
vigore y se puede hacer valer ante personas privadas. También, -- y
crucial para el asunto de epígrafe -- expresamos que “[a] igual
conclusión tenemos que llegar en lo que respecta al derecho
constitucional que propugna la inviolabilidad de la dignidad del ser
humano y aquel que protege a todo trabajador contra riesgo a su
integridad personal en el trabajo”. (Énfasis y subrayado suplido). Íd.,
pág. 64.
Por otra parte, nos indica el profesor Farinacci Fernós que a
medida que la inviolabilidad de la dignidad del ser humano está
estrechamente relacionada con el derecho constitucional a la intimidad
e integridad personal, el mismo no puede ser violentado por el Estado
ni tampoco por particulares. J.M. Farinacci Fernós, La Carta de
Derechos, San Juan, 1ra ed., San Juan, Ed. Universidad Interamericana
de Puerto Rico, 2021, pág. 36.
CT-2021-013
5
respeto y trato adecuado que merece cada individuo. J.M.
Farinacci Fernós, La Carta de Derechos, San Juan, 1ra ed.,
San Juan, Ed. Universidad Interamericana de Puerto Rico,
2021, pág. 29.
Específicamente, se desprende del Art. II, Sec. 1, de
nuestra
Constitución,
supra,
así
como
de
la
discusión
habida entre los delegados de la Convención Constituyente,
que el derecho a la inviolabilidad de la dignidad humana se
incorporó
con
un
propósito
dual.
Farinacci
Fernós,
op.
cit., pág. 31. En primer lugar, para que fuese reconocido
como
fuente
contenido
independiente
normativo.
posicionarlo
Carta
de
como
la
Derechos,
de
Íd.
derecho
En
segundo
arquitectura
ya
que
con
“[t]al
su
propio
lugar,
para
ideológica
vez
toda
de
nuestra
ella
está
resumida en la primera oración de su primer postulado: la
dignidad
del
ser
humano
es
inviolable”.
2
Diario
de
Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico,
págs. 1103
(ed.
1961);
citado
en
Farinacci Fernós,
op.
cit., pág. 31.7
Sobre el particular, conviene repasar las expresiones del entonces
Presidente de la Comisión de la Carta de Derechos, el delegado Benítez
Rexach, en su turno para explicar el alcance de la Carta de Derechos a
la Convención Constituyente:
7
Quiero ahora, brevemente, señalar la arquitectura ideológica dentro de
la cual se monta esta proposición. Tal vez toda ella está resumida
en la primera oración de su primer postulado: la dignidad
del ser humano es inviolable. Esta es la piedra angular y básica
de la democracia. En ella radica su profunda fuerza y vitalidad moral.
Porque antes que ninguna otra cosa, es la democracia una fuerza moral, y
su moral radica precisamente en el reconocimiento que hace de
la dignidad del ser humano, del alto respeto que esa dignidad merita y
la responsabilidad en consecuencia que tiene todo el orden
constitucional de descansar en ella, protegerla y defenderla. Por eso en
nuestra primera disposición además de sentar inicialmente esta base de
la igualdad profunda del ser humano—igualdad que trasciende cualquier
CT-2021-013
Es
6
decir,
ésta
cláusula
constitucional
sirve
como
piedra angular de nuestro ordenamiento constitucional, el
cual debe “descansar en ella, protegerla y defenderla”. Íd.
Por
eso,
--
necesariamente
--
la
inviolabilidad
de
la
dignidad humana debe permear a través de toda la estructura
jurídica y debe utilizarse para interpretar y construir la
normativa del resto de las cláusulas de nuestra Carta de
Derechos.
Farinacci
Fernós,
op.
cit.,
pág.
31.
Esto
incluye, -- muy particularmente por su proximidad -- el
remanente del Art. II, Sec. 1, de nuestra Máxima, supra,
donde
de
forma
diáfana
se
establece
que,
“[no]
podrá
establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color,
sexo,
nacimiento,
origen
o
condición
social,
ni
ideas
políticas o religiosas”. Véase, también, Farinacci Fernós,
op. cit., pág. 35. En ese sentido, es forzoso concluir que
el discrimen violenta la dignidad de la persona. Íd.
Sin embargo, y muy a pesar de lo anterior, esta Curia no ha
dilucidado el potencial de la inviolabilidad de la dignidad humana
como un derecho independiente. Ramos González, supra; J.J.
Álvarez González,
Contestación
Carlos
E.
Ramos González,
Juris.
y
Leg.,
31-45
a
derecho
reducido
un
Vol.
(2010).
al
X,
Por
discurso
Rev.
el
complementario
del
Acad.
profesor
Puer.
de
contrario,
la
de
derechos
otros
diferencia, bien sea diferencia biológica, bien sea diferencia
ideológica, religiosa, política o cultural—por encima de tales
diferencias está el ser humano en su profunda dignidad
trascendente. Y por eso decimos que el sistema de leyes y el
sistema de instrucción pública habrán ambos de encarnar
estos principios válidos y eternos. (Énfasis suplido). 2
Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto
Rico, págs. 1103 (ed. 1961).
ha
CT-2021-013
7
fundamentales y tiende a aplicar en su lugar -- en ocasiones,
forzadamente -- el derecho a la intimidad. Íd. Con esto,
hemos relegado la oportunidad de desarrollar y aplicar en
nuestra jurisdicción el derecho autóctono a la dignidad
humana
como
un
derecho
independiente,
abarcador,
irrenunciable, no canjeable, que opere ex propio vigore y
oponible ante el Estado y la sociedad. Íd.
Entendemos, como mencionamos anteriormente, que este
caso al parecer gozaba de todas las características para
rectificar el mencionado error. Lamentablemente, ese no fue
el curso de acción que decidió seguir una mayoría de mis
compañeros de estrado. Por ello, enérgicamente disentimos.
En
fin,
no
albergamos
duda
alguna
de
que
estamos
frente a un escenario más -- de los muchos que podemos
identificar -- donde aparentemente las leyes, reglamentos,
ordenanzas
y/o
costumbres
que
rigen
nuestra
vida
como
Pueblo no toman en cuenta la dignidad del ser humano.8 Es
momento, pues, que la Federación Puertorriqueña de Voleibol
y su Presidente, el doctor César Trabanco, tomen nota de lo
anterior.
Ángel Colón Pérez
Juez Asociado
8
Véase de manera análoga, Santiago Cruz, op. cit.