LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Pérez Hernández y otros v. Lares Medical Center, Inc. y otros

2021 TSPR 123

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

Pérez Hernández y otros v. Lares Medical Center, Inc. y otros

CC-2018-438

Daños y Perjuicios-Entre un patrono y su empleado existe una relación de solidaridad propia que se distingue de la solidaridad impropia que de ordinario existe entre los cocausantes de un daño. Por consiguiente, no procede reducir la indemnización imputada a un patrono bajo el Art. 1803 del Código Civil por los actos negligentes de un empleado que no fue traído al pleito.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Yadira Pérez Hernández,

Melissa Román Pérez;

Suehaze Román Pérez;

Robert E. Román Pérez

Peticionarios

Certiorari

v.

2021 TSPR 123

Lares Medical Center, Inc;

Dra. Fulana de Tal;

Aseguradora A, B, C;

Hospital John Doe

207 DPR ____

Recurridos

Número del Caso:

CC-2018-438

Fecha: 11 de agosto de 2021

Tribunal de Apelaciones:

Panel XI

Abogado de la parte peticionaria:

Lcdo. Richard Schell-Asad

Abogado de la parte recurrida:

Lcdo. José R. Miranda Daleccio

Materia: Daños y Perjuicios-Entre un patrono y su empleado existe una

relación de solidaridad propia que se distingue de la solidaridad

impropia que de ordinario existe entre los cocausantes de un daño. Por

consiguiente, no procede reducir la indemnización imputada a un patrono

bajo el Art. 1803 del Código Civil por los actos negligentes de un

empleado que no fue traído al pleito.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Yadira Pérez Hernández,

Melissa Román Pérez;

Suehaze Román Pérez;

Robert E. Román Pérez

Peticionarios

v.

Certiorari

CC-2018-0438

Lares Medical Center,

Inc.; Dra. Fulana de Tal;

Aseguradora A, B, C;

Hospital John Doe

Recurridos

El Juez Asociado señor RIVERA GARCÍA emitió la Opinión del

Tribunal.

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de agosto de 2021.

El presente caso nos permite abundar sobre la doctrina

de solidaridad impropia adoptada en Fraguada Bonilla v.

Hosp. Aux. Mutuo, infra, y reiterada en Maldonado Rivera v.

Suárez y otros, infra, ahora por primera vez en el contexto

de una relación obrero-patronal. Específicamente, debemos

precisar si la doctrina de solidaridad impropia es aplicable

al régimen de responsabilidad presunta por hechos ajenos

establecido por los Arts. 1803 y 1804 del Código Civil,

infra.1 Así, nos corresponde resolver si procede reducir la

indemnización imputada a un patrono por la porción de culpa

correspondiente a un empleado que no fue traído al pleito.

Por

los

fundamentos

expuestos

a

continuación,

adelantamos que entre un patrono y su empleado existe una

Comúnmente conocido como “responsabilidad vicaria”. No obstante, como

veremos más adelante, no son lo mismo.

1

CC-2018-0438

relación

2

de

solidaridad

propia

que

se

distingue

de

la

solidaridad impropia ⎯adoptada en Fraguada Bonilla v. Hosp.

Aux. Mutuo, infra, y reiterada en Maldonado Rivera v. Suárez

y

otros,

infra

⎯que

de

ordinario

existe

entre

los

cocausantes de un daño. Por lo tanto, no procede reducir la

indemnización imputada a un patrono bajo el Art. 1803 del

Código

Civil,

infra,

por

los

actos

negligentes

de

su

empleado que no fue traído al pleito. De esta forma, se

promueve la función del Art. 1803 para que un demandante

agraviado por los actos negligentes de un empleado en el

ejercicio de sus funciones pueda cobrar la totalidad de la

indemnización del patrono. A su vez, se armoniza con la

función del Art. 1804 de permitir que un patrono repita

contra el empleado “lo que hubiese satisfecho”.

Veamos el trasfondo fáctico y procesal que dio lugar a

la presente controversia. Es oportuno puntualizar que los

hechos medulares no están en controversia.

I.

La controversia ante nos se originó como una demanda de

daños y perjuicios bajo el Art. 1802 del Código Civil, infra,

incoada el 5 de noviembre de 2013 en el Tribunal de Primera

Instancia (TPI) por la Sra. Yadira Pérez Hernández y sus dos

hijos,

Melisa

(peticionarios),

Román

Pérez,

contra

Lares

Robert

E.

Medical

Román

Pérez

Center,

Inc.

CC-2018-0438

(recurrida

3

o

LMC).2

En

su

demanda,

los

peticionarios

reclamaron el resarcimiento de los daños sufridos por la

desafortunada muerte del Sr. Roberto Román Camacho (señor

Román Camacho) ⎯esposo y padre de los peticionarios⎯ como

resultado de la impericia médica cometida por LMC a través

de su empleada, la Dra. Santos L. Caraballo Rosario (doctora

Caraballo Rosario). Específicamente, adujeron que, en la

madrugada del 26 de noviembre de 2012, el señor Román Camacho

falleció en su hogar luego de ser atendido y dado de alta,

negligentemente, por la doctora Caraballo Rosario en la Sala

de

Emergencias

del

recurrido

centro

de

diagnóstico

y

tratamiento. Dicha intervención médica resultó luego de que

el señor Román Camacho manifestara dolores de pecho y una

presión

arterial

elevada.

Cabe

resaltar

que

los

peticionarios no demandaron a la doctora Caraballo Rosario.

El 3 de febrero de 2014, LMC contestó la demanda.3 Por

su parte, arguyó que no se aducía una reclamación contra

ella que ameritara la concesión de un remedio e invocó la

defensa afirmativa de prescripción. Razonó que no actuó

negligentemente con relación al difunto señor Román Camacho

y que tampoco debía responder por los actos de la doctora

Caraballo Rosario.

Demanda, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 112-117.

Contestación a Demanda, Apéndice de la Petición de certiorari,

págs. 118-122.

2

3

CC-2018-0438

4

El 4 de noviembre de 2015, y a casi tres años de la

muerte del señor Román Camacho, LMC presentó una Demanda

Contra Tercero contra la doctora Caraballo Rosario, para

ejercer

una

acción

de

nivelación

contingente.4

Es

precisamente durante esta etapa procesal que el 28 de marzo

de 2016 esta Curia emitió su Opinión en el caso de Maldonado

Rivera

v.

Suárez

y

otros,

infra.

Amparándose

en

esta

jurisprudencia, la doctora Caraballo Rosario presentó una

moción

solicitando

la

desestimación

de

la

Demanda

de

nivelación contingente que entabló su patrono contra ella.5

Arguyó que cualquier causa de acción de daños y perjuicios

en su contra había prescrito, razonando que había pasado más

de un año del momento de los hechos sin que dicho término

fuera interrumpido, pues no le habían dirigido reclamación

alguna. Convencido, el foro primario desestimó la acción en

su contra.6

Celebrado el juicio en su fondo entre los peticionarios

y la recurrida, el 22 de febrero de 2017 el foro de instancia

condenó a LMC a pagar la totalidad de los daños sufridos por

los peticionarios.7 Así, determinó que los daños sufridos

por

los

peticionarios

se

debieron

a

un

proceso

de

diagnóstico insuficiente por parte de la doctora Caraballo

Rosario. Además, concluyó, como cuestión de derecho, que al

Sentencia, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 193.

Sentencia, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 194.

6 Sentencia, Apéndice de la petición de certiorari, págs. 147-155.

7 Sentencia, Apéndice de la petición de certiorari, págs. 54-71.

4

5

CC-2018-0438

5

momento de los hechos la galena era empleada de LMC, por lo

que este último respondía por los daños causados a los

peticionarios bajo el Art. 1803 del Código Civil, infra.

Inconforme, el 27 de marzo de 2017, LMC acudió al

Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de apelación.8

En este la recurrida le imputó error al foro de instancia

al imponerle responsabilidad en ausencia de prueba en su

contra. Además, adujo que el foro primario erró al no aplicar

Maldonado, infra, para descontar de la totalidad de los

daños la porción correspondiente a la doctora Caraballo

Rosario, por haber prescrito la demanda contra esta.9

El 3 de abril de 2018 el Tribunal de Apelaciones emitió

una Sentencia.10 Primero, determinó que no era necesario

probar la negligencia de LMC ya que, siendo la doctora

Caraballo Rosario su empleada, su culpa como patrono se

presume.

Al

no

haberse

rebatido

dicha

presunción,

LMC

respondía a la parte demandante conforme al Art. 1803 del

Código Civil, infra. Sin embargo, por haber prescrito la

acción

contra

celebración

de

la

galena,

una

vista

el

foro

ante

el

intermedio

foro

ordenó

inferior

la

para

determinar el porciento de responsabilidad de la doctora y

descontarlo de la totalidad de la compensación otorgada.

Ello basado en Maldonado, infra. 11

Apelación, Apéndice de la petición de certiorari, págs. 26-52.

Íd, en la pág. 33.

10 Sentencia, Apéndice de la petición de certiorari, págs. 2-25.

11 Íd, en la pág. 24-25.

8

9

CC-2018-0438

6

Es precisamente sobre esta última parte del dictamen

apelativo que los peticionarios recurren ante nos y mediante

el recurso de autos solicitan que revisemos y revoquemos

parcialmente la sentencia del Tribunal de Apelaciones.

En su escrito, los peticionarios le imputan error al

foro intermedio “al resolver que un patrono demandado puede

deducir

de

la

compensación

otorgada

al

damnificado

el

porcentaje de negligencia en que incurrió su empleado”.12 En

síntesis, sostuvieron que el Art. 1803 tipifica un régimen

especial de responsabilidad solidaria entre un patrono y su

empleado

cual

quedaría

desvirtuado

de

prevalecer

la

interpretación del foro apelativo.13

Por su lado, LMC defendió el dictamen recurrido que

ordenó la reducción de la totalidad de los daños la porción

correspondiente a la doctora Caraballo Rosario, por entender

que es la aplicación correcta de la norma de Maldonado,

infra.14

Expedido el auto y con el beneficio de la comparecencia

de todas las partes, procedemos a exponer el marco jurídico

aplicable a la controversia ante nuestra atención.

II.

El Art. 1815 del actual Código Civil de 2020 dispone

que la responsabilidad extracontractual “se determina por

Petición de certiorari, pág. 6.

Petición de certiorari, pág. 2.

14 Alegato del Recurrido, págs. 255-270.

12

13

CC-2018-0438

7

la ley vigente en el momento en que ocurrió el acto u omisión

que da lugar a dicha responsabilidad”.15 En este caso, la

muerte del señor Román Camacho, suceso que dio lugar a la

reclamación de autos, aconteció previo a entrar en vigor el

Código mediante la Ley Núm. 55-2020.16 Por lo tanto, no hay

controversia en cuanto a la aplicación de los preceptos del

anterior Código Civil de 1930 (Código Civil) al caso de

marras.17

A.

Responsabilidad

Civil

Extracontractual

por

Hechos

Propios bajo el Art. 1802.

Sabido es que en nuestro ordenamiento jurídico los

actos y omisiones en que intervenga cualquier género de

culpa o negligencia son fuentes de obligaciones que generan

responsabilidad civil extracontractual.18 Específicamente,

respecto a las obligaciones que se derivan de actos culposos

o negligentes son de particular aplicación los artículos

1802 y subsiguientes del Código Civil.

Primero, el Art. 1802 preceptúa de forma general que

“[e]l

que

por

acción

u

omisión

causa

daño

a

otro,

interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar

el daño causado”.19 Para reclamar bajo el Art. 1802 el

resarcimiento de daños y perjuicios sufridos, un demandante

31 LPRA sec. 11720.

Cabe destacar que dicha ley entró en vigor el 28 de noviembre de

2020, 30 días a de partir de su publicación.

17 31 LPRA sec. 1, et seq.

18 Art. 1042 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2992 (derogado).

19 31 LPRA sec. 5141.

15

16

CC-2018-0438

8

debe establecer: (1) la existencia de un daño real; (2) el

nexo

causal

entre

el

daño

y

la

acción

u

omisión

del

demandado; y (3) el acto u omisión cual tiene que ser culposo

o

negligente.20

Al

examinar

estos

requisitos,

hemos

establecido que la culpa o negligencia consiste en “la falta

del debido cuidado, que a la vez consiste en no anticipar y

prever las consecuencias racionales de un acto, o de la

omisión de un acto, que una persona prudente habría de prever

en las mismas circunstancias”.21 Más aun, entre dicho acto

culposo o negligente y el daño sufrido debe existir un nexo

causal adecuado. Es decir, “no es causa toda condición sin

la cual no se hubiera producido el resultado, sino la que

ordinariamente lo produce según la experiencia general”.22

En el supuesto de que los actos u omisiones culposos

de varias personas sean causa adecuada de un daño, todos los

cocausantes responden solidariamente al demandante por la

totalidad de los daños sufridos por él.23 En ese contexto,

en Fraguada, infra, este Tribunal pautó la normativa sobre

los

efectos

de

la

solidaridad

cuando

concurren

varios

cocausantes a la obligación de resarcir un daño. Por su

pertinencia,

repasemos

las

doctrinas

que

subyacen

este

precedente.

B.

Concurrencia de Pluralidad de Codeudores

López y otros v. Porrata Doria y otros, 169 DPR 135, 150 (2006).

López y otros v. Porrata Doria y otros, supra, pág. 151.

22 Íd.

23 Szendrey v. Hospicare, 158 DPR 648, 654 (2003).

20

21

CC-2018-0438

9

Cuando

obligación

concurre

una

nuestro

Código

obligaciones

pluralidad

mancomunadas

de

deudores

a

una

entre

las

Civil

distingue

y

solidarias.

las

En

las

obligaciones mancomunadas, cada deudor solamente tendrá que

cumplir la parte de la prestación que le corresponda.24 En

cambio, en una obligación solidaria cada acreedor tiene el

derecho

a

reclamarle

a

cualquiera

de

los

deudores

la

totalidad de la prestación y cada uno de los deudores está

obligado a realizarla íntegramente.25

En las obligaciones solidarias existe una relación

entre los acreedores y los deudores, llamada la relación

externa, y otra relación entre los deudores solidarios,

llamada la relación interna. En la relación interna, al

pagar

uno

de

correspondía,

los

deudores

procede

más

de

la

porción

que

realizar

una

redistribución

le

del

gravamen entre todos ellos.26 Por lo tanto, una vez un deudor

solidario paga más de la proporción que le corresponde, este

tiene una acción de nivelación o de regreso contra los demás

codeudores al amparo del Art. 1098 del Código Civil.27 Este

derecho, también llamado de contribución o de reembolso, “es

el que tiene un deudor solidario que ha pagado, para recobrar

lo

que

ha

pagado

en

exceso,

en

relación

con

la

J. Puig Brutau, Compendio de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona,

Ed. Bosch, 1994, Vol. II, pág. 34.

25 J. Puig Brutau, op. cit., pág. 36.

26 J. Puig Brutau, op. cit., pág. 42.

27 31 LPRA sec. 3109 (derogado).

24

CC-2018-0438

10

responsabilidad

de

los

codeudores

entre

sí”.28

Esta

característica es distintiva de las obligaciones solidarias

ya que en las obligaciones mancomunadas, los deudores solo

responden hasta la porción que les corresponde. Igualmente

distintivo

de

las

obligaciones

solidarias

es que

“[l]a

interrupción de la prescripción aprovecha o perjudica por

igual a todos los acreedores y deudores”.29

Como

norma

general,

en

nuestro

ordenamiento

las

obligaciones se presumen mancomunadas cuando concurren una

pluralidad de deudores. A modo de excepción, una relación

solidaria únicamente existe cuando las partes lo pactan

expresamente o cuando la ley así lo establezca.30

C.

Solidaridad en las Obligaciones Extracontractuales

En cuanto a las obligaciones civiles extracontractuales

que surgen de la culpa o la negligencia, nuestro Código

Civil no dispone expresamente si ha de regir la solidaridad

o la mancomunidad. Nuestro Código Civil ⎯al igual que el

Código Español⎯ no señala expresamente esta distinción a

diferencia

de

la

mayor

parte

de

los

Códigos

Civiles

extranjeros.31 Ante esa laguna, en García v. Gobierno de la

C. Irizarry Yunqué, Responsabilidad Civil Extracontractual, 7ma

ed., Puerto Rico, 2009, pág. 354.

29 Art. 1874 del Código Civil, 31 LPRA 5304 (derogado).

30 Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 380.

31

Para una relación sucinta, véanse, J. Santos Briz, La

Responsabilidad por Hecho de Otro Derivada de Acto Ilícito No Penal, en

Tratado de Responsabilidad Civil (I. Sierra Gil de la Cuesta, cord.)

Bosch, T. II, 2008, p. 670; J.J. Álvarez González, Responsabilidad Civil

Extracontractual, 78 (Núm. 2) Rev. Jur. U.P.R. 457, 478 (2009).

28

CC-2018-0438

Capital,32

11

establecimos

que

los

cocausantes

de

un

daño

responden solidariamente ante la persona agraviada al amparo

del Art. 1802 cuando dos (2) o más personas causan un daño

único e indivisible. Posteriormente nuestra jurisprudencia

reiteró y expandió esta normativa.

En Arroyo v. Hospital La Concepción,33 aclaramos que la

no presunción de la solidaridad que dispone el Art. 1090 no

aplica en materia de responsabilidad civil extracontractual.

Más recientemente en García Pérez v. Corp. Serv. Mujer,34

expresamos que la doctrina se inclinaba a reconocer que la

solidaridad en el ámbito extracontractual se derivaba de la

propia ley.35 De esta forma, y apoyada por la doctrina

prevaleciente

en

el

derecho

jurisprudencia

prácticamente

comparado,

invirtió

y

nuestra

estableció

la

presunción de solidaridad en el ámbito extracontractual. 36

Esta

interpretación

Fraguada,

infra,

judicial

este

prevaleció

Tribunal

adoptó

hasta

que

en

parcialmente

la

doctrina francesa de la solidaridad, cual distingue entre

la solidaridad propia (perfecta) y la impropia (imperfecta).

Veamos.

72 DPR 138, 148-149 (1951).

130 DPR 596, 604-605 (1992).

34 174 DPR 138 (2008).

35 García v. Corp. Serv. Mujer, supra, pág. 150.

36

M. Martín-Casals y J. Solé, Multiple Tortfeasors under Spanish

Law en: W.V.H. Rogers, Unification of Tort Law: Multiple Tortfeasors, The

Hague, Ed. Kluwer Law International, 2004, pág. 189.

32

33

CC-2018-0438

12

En Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo,37 la parte

demandante no incluyó a un doctor cocausante de su daño en

su demanda original sino hasta seis años después. Esto, pues

según la normativa jurídica vigente, la presentación de su

demanda original contra el hospital interrumpió el término

prescriptivo contra los demás cocausantes. Sin embargo, la

dejadez y abandono que promueve esa norma nos movió a

apartarnos de ella y en vez adoptar la tendencia moderna de

la solidaridad impropia. Así, resolvimos que el demandante

debió reclamarle individualmente al doctor como alegado

cocausante solidario dentro del término prescriptivo de un

año dispuesto en el Art. 1868 de nuestro Código Civil, el

cual comenzó a transcurrir tan pronto conoció el daño, la

identidad

del

autor

y

los

elementos

necesarios

para

ejercitar su causa de acción.

Bajo la teoría de la solidaridad impropia adoptada en

Fraguada, supra, en el ámbito extracontractual, los efectos

principales o primarios de la solidaridad se mantienen: un

demandante puede exigir el resarcimiento de la totalidad del

daño a cualquiera de los cocausantes del daño, pues estos

vienen obligados a responder solidariamente. Sin embargo,

en la solidaridad impropia no aplican las disposiciones del

Art. 1874 del Código Civil sobre la interrupción de la

prescripción.38 Es decir, la persona perjudicada tendrá que

37

38

Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365 (2012).

31 LPRA sec. 5304 (derogado).

CC-2018-0438

13

interrumpir

el

término

prescriptivo

individualmente

respecto a cada cocausante, pues la interrupción de la

prescripción

perjudica

en

por

justificación

la

solidaridad

igual

de

a

esta

todos

impropia

los

doctrina

no

aprovecha

deudores.39

francesa

o

Sobre

la

expresamos

lo

siguiente:

Debido a que la solidaridad puede nacer de la ley

o de la voluntad de las partes, en Francia se hace una

distinción entre los casos de solidaridad perfecta y

aquellos en los cuales la solidaridad es imperfecta.

La solidaridad es considerada perfecta cuando es “entre

varias personas unidas por un interés común, que tienen

entre sí relaciones frecuentes o se conocen. En cambio,

es imperfecta cuando es establecida mediante ley entre

personas que no se conocen, que no son sino codeudores

accidentales o cuando sus relaciones son esporádicas.

(........)

La exclusión de los efectos secundarios de la

solidaridad

de

varios

cocausantes

de

un

daño

extracontractual se justifica por la ausencia de una

comunidad de intereses entre los coobligados. (Énfasis

suplido).40

Esta

doctrina

francesa

también

fue

adoptada

en

el

ámbito extracontractual por el Tribunal Supremo de España.41

De igual forma, al aprobar el nuevo Código Civil de 2020,

nuestra Asamblea Legislativa codificó en su Art. 1095 los

efectos secundarios de la solidaridad impropia entre los

cocausantes de un daño, adoptada judicialmente en Fraguada,

supra.42

39 Véase, H.M. Brau, El término Prescriptivo y su Interrupción en

Acciones en Daños por Responsabilidad Extracontractual Solidaria en el

Derecho Puertorriqueño, 44 (Núm. 2) Rev. C. Abo. P.R. 203, 204-205 (1983).

40 Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, págs. 380-381 (Citas

omitidas) (Énfasis suplido).

41 Sentencia del 14 de marzo del 2003 de la Sala Primera de lo Civil.

42 31 LPRA sec. 9054.

CC-2018-0438

14

Siguiendo

esta

nueva

normativa,

cual

requiere

interrumpir los términos prescriptivos de las causas de

acción

de

daños

contra

cada

cocausante

de

un

daño

individualmente, en Maldonado Rivera v. Suárez y otros,43

resolvimos las implicaciones de cuando prescribe la acción

de daños contra uno de sus cocausantes. Primero, que un

presunto cocausante de un daño no puede acumular al pleito

a otro presunto cocausante contra quien la causa de acción

del demandante prescribió. No obstante, la inacción del

demandante

le

impediría

demandado

la

porción

a

ese

recuperar

correspondiente

al

del

cocausante

cocausante

no-

demandado. De forma que habría que descontar la porción de

responsabilidad atribuible al cocausante no-demandado, de

la

indemnización

total,

en

perjuicio

del

demandante

y

producto de su incuria.

D. Responsabilidad

Civil

Extracontractual

por

Hechos

Ajenos bajo el Art. 1803.

Aunque la obligación de reparar daños generalmente

surge de un hecho propio,44 de manera excepcional nuestro

Código Civil establece varias situaciones en las que ciertas

personas están llamadas a responder por hechos ajenos a sí,

comúnmente conocido como responsabilidad vicaria.45 En lo

pertinente a esta controversia, el Art. 1803 dispone que

195 DPR 182 (2016).

Hernández Vélez v. Televicentro, 168 DPR 803, 814 (2006).

45 Por ejemplo, el Art. 1803 dispone que los padres son responsables

de los perjuicios causados por los hijos menores de edad que viven en su

43

44

CC-2018-0438

15

[l]a obligación que impone [el Art. 1802] es exigible,

no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los

de aquellas personas de quienes se debe responder.

(........)

Lo son igualmente los dueños o directores de un

establecimiento o empresa respecto de los perjuicios

causados por sus dependientes en el servicio de los

ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de

sus funciones.

(........)

La responsabilidad de que trata esta sección

cesará cuando las personas en ella mencionadas prueben

que emplearon toda la diligencia de un buen padre de

familia para prevenir el daño. (Énfasis suplido).46

De esta forma el Código Civil responsabiliza a los

patronos por los daños que ocasionen sus empleados en el

ejercicio de su trabajo.47 Sin embargo, el referido artículo

permite al patrono liberarse de esta responsabilidad si

demuestra que empleó toda la diligencia de un buen padre de

familia. Por lo tanto, el Art. 1803 establece una presunción

legal—de que la culpa o negligencia es del patrono por no

ejercer la debida diligencia para evitar el daño ocasionado

por su empleado, salvo se pruebe lo contrario.

Así, la culpa que el Art. 1803 presume tradicionalmente

consiste en la culpa in vigilando, in instruendo o in

eligiendo del patrono.48 Es decir, que, de haber sido el

compañía; los tutores lo son de los perjuicios causados por los menores

o incapacitados que están bajo su autoridad y habitan en su compañía; y

los maestros o directores de artes y oficios lo son respecto a los

perjuicios causados por sus alumnos o aprendices, mientras permanezcan

bajo su custodia. No obstante, en esta ocasión nos limitamos a examinar

el llamado de los patronos a responder por sus empleados.

46 31 LPRA sec. 5142 (derogado).

47 Por ejemplo, en Roses v. Julia, 67 DPR 518, 527–28 (1947), bajo

la doctrina sentada en Carrasquillo v. American Missionary Association

(citas omitidas), establecimos la regla de que cuando un hospital se

dedica al cuidado de pacientes, con fines pecuniarios, su dueño es

responsable de los daños causados a sus pacientes como consecuencia de

la negligencia de sus empleados.

48 Maderas Tratadas v. Sun Alliance, 185 DPR 880, 907 (2012).

CC-2018-0438

16

patrono diligente en vigilar, instruir o escoger a sus

empleados, el daño no hubiese ocurrido. Para activar esta

presunción

de

culpa

del

patrono,

un

demandante

debe

establecer prima facie (1) una relación de dependencia entre

el patrono y el empleado, (2) que el empleado actuó en el

desempeño de los ramos de su oficio con el propósito de

servir y proteger los intereses del patrono, y que (3) el

empleado tuvo culpa en el desempeño de esas funciones.49 Por

lo tanto, en las reclamaciones bajo el Art. 1803 en teoría

existen al menos dos responsabilidades independientes: la

del empleado, por su culpa in operando, bajo el Art. 1802,

y la del patrono por su culpa in eligiendo, in instruendo o

in vigilando, bajo el Art. 1803.50

Al ser autónomos los fundamentos de la responsabilidad

del patrono y la de su empleado, el demandante tiene la

opción

de

presentar

su

reclamación

solamente

contra

el

patrono, contra el empleado, o contra ambos.51 Después de

todo, el Código Civil faculta a la persona perjudicada a

exigirle el resarcimiento de sus daños no solamente a quien

causa el daño (en este caso, un empleado, bajo el Art. 1802),

49 Hernández Vélez v. Televicentro, supra. Parrilla Báez v. Airport

Catering Services, 133 DPR 263 (1993).

50 C. Zeno Santiago, La responsabilidad civil extracontractual de

los empresarios: Estudio comparado entre España y Puerto Rico, 1ra ed.,

Madrid, Ed. Dykinson, 2015, págs. 67-68.

51 J. Solé Feliu, La responsabilidad extracontractual del principal

por hechos de sus auxiliares: principios y tendencias, 1ra ed., Madrid,

Ed. Reus, 2012, pág. 137.

CC-2018-0438

17

sino además a las personas llamadas a responder por él (en

este caso, un patrono, bajo el Art. 1803).

Aunque a la responsabilidad del patrono que se deriva

del Art. 1803 comúnmente se le refiere como responsabilidad

vicaria,52

como

mencionamos

anteriormente,

varios

tratadistas expresan que no es propio referirse así a la

responsabilidad por hechos ajenos, también conocida como

responsabilidad presunta.53

El régimen de responsabilidad presunta, como el del

Art. 1803, se distingue pues retiene la culpa del principal

como fundamento de su responsabilidad. De esta forma, crea

una presunción iuris tantum de la culpa del patrono. Esta

presunción es rebatible mediante prueba de que el patrono

empleó toda la diligencia de un buen padre de familia para

prevenir el daño.

En cambio, bajo el modelo de responsabilidad vicaria

el patrono es llamado a responder de forma absoluta aun

cuando demuestre que no ha incurrido en culpa o negligencia

propia. Por esto se le refiere como un régimen puro de

responsabilidad de hecho ajeno sin necesidad de que el

Véase Núñez v. Cintrón, 115 DPR 598, 613 (1984) (“En virtud del

Art. 1803 del Código Civil, equivalente a la responsabilidad vicaria, el

incumplimiento de ese deber por el personal del hospital conlleva

responsabilidad extracontractual de la institución hospitalaria frente

al perjudicado. Roses v. Juliá, 67 D.P.R. 518 (1947).”) (Énfasis

suplido). No obstante, esta fugaz mención de la equivalencia de estas

figuras jurídicas carece de un análisis jurídico que sustente esa

conclusión.

53 C. Moreno de Toro, La responsabilidad civil del empresario por

actos de sus empleados, 1ra ed., Madrid, Ed. CES, 1999, págs. 108-109.

Véase además C. Irizarry Yunqué, op. cit., págs. 363-364.

52

CC-2018-0438

18

principal haya sido negligente.54 Este modelo se desarrolló

en el derecho común o consuetudinario, sobre la concepción

de que los actos de los auxiliares son, por extensión, los

actos del principal. Por lo tanto, es justo que se le imponga

responsabilidad

al

patrono

por

los

actos

culposos

o

negligentes de sus auxiliares.55 Hoy día, la mayoría de los

estados en los Estados Unidos han creado normas jurídicas

codificando estos supuestos.56 Siguiendo esa tendencia, cabe

puntualizar que el Art. 1540 del nuevo Código Civil de 2020

(análogo al Art. 1803 del Código anterior) adopta este

modelo de responsabilidad vicaria.57

No obstante las diferencias entre ambos modelos, la

justificación de su existencia es sustancialmente igual. En

el derecho civil, además de reconocer la culpa propia del

principal, se reconoce que quien recibe los beneficios debe

soportar los inconvenientes—concepto recogido en la máxima

cuius commoda eius incommoda.58 Mientras, en el derecho

consuetudinario el modelo de responsabilidad vicaria se

justifica al entender que la empresa es quien tiene la

capacidad económica y es quien debe responder por los daños

que causan sus agentes.59

J. Solé Feliu, op. cit., pág. 22.

Restatement (Second) of Agency: When Master is Liable for Torts

of His Servants sec. 219 (1958).

56 C. Zeno Santiago, op. cit., pág. 102.

57 31 LPRA sec. 10805.

58

C. Moreno de Toro, La responsabilidad civil del empresario por

actos de sus empleados, 1ra ed., Madrid, Ed. CES, 1999, pág. 166.

59 Restatement (Third) of Torts: Apportionment of Liability sec. 13

(2000).

54

55

CC-2018-0438

E.

19

El Derecho de Repetición bajo el Art. 1804.

Ahora bien, el patrono que haya respondido bajo el Art.

1803 por los actos culposos o negligentes de su empleado

cuenta con un remedio particular conforme al Código Civil.

Así, el Art. 1804 dispone que “[e]l que paga el daño causado

por sus dependientes puede repetir de estos lo que hubiese

satisfecho”.60

Es

decir,

el

Código

Civil

expresamente

contempla una causa de acción contingente posterior para

recuperar del empleado lo que por culpa de ese respondió.

Dicha acción es análoga a la de nivelación que se le reconoce

a los deudores solidarios para recobrar lo que han pagado

en exceso a su cuota.61

El derecho de nivelación no surge hasta que un codeudor

haya

efectuado

un

pago

mayor

a

la

proporción

que

le

corresponde.62 Sin embargo, el codeudor sujeto al pago puede

presentar

una

demanda

contra

tercero

como

reclamación

contingente.63 Es decir, presentada la reclamación de la

parte demandante contra un deudor solidario, este último

puede presentar una reclamación contra los demás codeudores

⎯contingente a que responde ante los demandantes en mayor

proporción a su propia culpa.64 De esta forma, el derecho de

31 LPRA sec. 5143 (derogado).

C. Zeno Santiago, op. cit., pág. 71.

62 Íd.

63 Íd.

64 Por ejemplo, en Nuñez v. Cintrón, 115 DPR 598, 620 (1984), este

Tribunal le impuso responsabilidad solidaria al hospital y al médico

demandado por su negligencia combinada, haciendo la salvedad que “[e]ste

dictamen es sin menoscabo de cualquier acción en nivelación que pudieran

los demandados deducir entre sí una vez satisfecha la sentencia.”

60

61

CC-2018-0438

20

nivelación busca evitar el enriquecimiento injusto, pues

resultaría injusto que “siendo dos (2) o más personas las

causantes de un daño se le permita al demandante, por razón

de parentesco, amistad, colusión, o por cualquier motivo,

que releve a éstas de responsabilidad y dirija la acción

exclusivamente contra otros”.65

En cuanto al término prescriptivo aplicable a esta

acción de repetición, la doctrina se inclina a reconocer que

debe

estar

sujeto

al

término

general

de

acciones

personales.66 Y es que esta acción no reclama el cumplimiento

de una obligación que surge de un acto u omisión en que

interviene culpa o negligencia. Por lo tanto, no le es de

aplicación

el

obligaciones

término

prescriptivo

extracontractuales.67

dispuesto

Así,

para

el

las

término

prescriptivo aplicable de acciones personales dependerá de

la ley vigente

al momento en

que surge el

derecho de

repetición. Es decir, bajo el Art. 1864 del Código Civil

anterior, prescribirán con el transcurso del plazo de quince

(15) años desde que se efectúa el pago en mayor proporción

a la culpa propia. Mientras, bajo el nuevo Código Civil de

2020 el plazo de prescripción general para el reclamo de

acciones personales es de cuatro (4) años.68

Szendrey v. Hospicare, supra, pág. 654.

31 LPRA sec. 5294 (derogado).

67 C. Zeno Santiago, op. cit., pág. 74.

68 Art. 1203 del Código Civil de 2020, 31 LPRA 9495.

65

66

CC-2018-0438

21

F. La Solidaridad dentro del régimen de Responsabilidad

Civil Extracontractual por Hechos Ajenos bajo el Art.

1803.

Nuestro

Código

Civil

no

dispone

expresamente

si

aquellos llamados a responder por hechos ajenos bajo el Art.

1803 guardan una relación de solidaridad con aquellos por

quienes han

de

responder.

Por

lo tanto,

y

en

lo aquí

pertinente, de nuestro ordenamiento jurídico no surge con

claridad si un patrono y un empleado son, en virtud de su

relación

contractual

preexistente,

solidariamente

responsables frente a un tercero bajo el Art. 1803, de la

misma manera que lo serían dos cocausantes independientes

bajo el Art. 1802. Esta es precisamente la controversia

novel

que

hoy

atendemos.

Más

no

somos

la

primera

jurisdicción en abundar este debate jurídico.

Varios

tribunales

estatales

y

federales

se

han

enfrentado a esta controversia. Aun en jurisdicciones donde

las

legislaturas

han

eliminado

o

modificado

la

responsabilidad solidaria (joint and several liability) en

el ámbito extracontractual sin expresar el impacto que esto

tendría en la responsabilidad vicaria de un patrono por los

actos

de

sus

empleados,69

concluir

que

existe

los

tribunales

solidaridad

entre

un

han

tendido

patrono

y

a

su

empleado. Esto pues no se trata de cocausantes que actúan

69

Íd.

CC-2018-0438

22

independientemente sino de una responsabilidad impuesta al

principal a base de la relación que tiene con el causante

del daño.70 El Restatement of Torts lo expresa claramente

cuando resume la norma de responsabilidad vicaria de la

manera siguiente:

”A person whose liability is imputed based on the

tortious acts of another is liable for the entire share

of comparative responsibility assigned to the other,

regardless of whether joint and several liability or

several liability is the governing rule for independent

tortfeasors who cause an indivisible injury.” (Énfasis

suplido).71

Al

aprobar

Asamblea

el

nuevo

Legislativa

Código

expresamente

Civil

de

adoptó

2020

el

nuestra

modelo

de

responsabilidad vicaria concebido por el derecho común.72 De

esta forma, la situación jurídica actual en Puerto Rico se

encuentra igualmente apta para favorecer la solidaridad

dentro de su responsabilidad vicaria. Mientras, aclaramos

el

lugar

de

la

solidaridad

dentro

del

régimen

de

responsabilidad presunta por hechos ajenos bajo el Art.

1803. En todo caso, debemos seguir remando en la corriente

de la modernidad jurídica.

70 Íd. Véase además The Nonparty Tortfeasor, 23 Mem. St. U. L. Rev.

105, 107 (1992). Rashtian v. BRAC-BH, Inc., 12 Cal.Rptr.2d 411 (Ct.App.

1992); Sieben v. Sieben, 646 P.2d 1036 (Kan. 1982); Clark v. Associates

Commercial Corp., 149 F.R.D. 629, 634 (D.Kan. 1993); Kragel v. Wal-Mart

Stores, Inc., 537 N.W.2d 699 (Iowa 1995).

71 Restatement (Third) of Torts: Apportionment Liab. § 13 (2000).

72 Artículo 1541, 31 LPRA sec. 10805.

CC-2018-0438

23

III.

Del

análisis

que

antecede

resulta

evidente

que

la

doctrina de solidaridad, en su vertiente impropia según

adoptada en Fraguada, supra, es inaplicable al régimen de

responsabilidad presunta de los patronos por los actos de

sus

empleados

bajo

el

Art.

1803.

Por

consiguiente,

no

procede aplicar su corolario de Maldonado, supra, según

pretende el foro apelativo, para reducir la indemnización

imputada a LMC por la porción correspondiente a la doctora

Caraballo Rosario.

El

régimen

de

responsabilidad

presunta

por

hechos

ajenos se fundamenta en la existencia de una relación de

dependencia previa entre el patrono y su empleado donde el

empleado, en el desempeño de su oficio, actúa para adelantar

los intereses de su patrono. Es decir, ambos cocausantes

están inexorablemente atados por un interés común y tienen

entre sí relaciones frecuentes. No existe, por lo tanto, la

ausencia de comunidad de intereses que justificó la adopción

de

la

doctrina

de

solidaridad

impropia

en

el

ámbito

extracontractual en Fraguada, supra, bajo el Art. 1802. Por

el contrario, al interpretar conjuntamente los Arts. 1803 y

1804 del Código Civil, la conclusión más lógica es que la

responsabilidad que surja entre el patrono y el empleado es

una solidaria, más en su vertiente propia. Veamos.

CC-2018-0438

24

Primero, es forzoso concluir que los Arts. 1803 y 1804

del

Código

primarios

Civil

de

la

necesariamente

solidaridad.

implican

Esto,

pues

los

efectos

la

persona

perjudicada puede exigir el resarcimiento de los daños tanto

al patrono, bajo el Art. 1803, como al empleado, bajo el

Art. 1802, o a ambos. En particular, a pesar de que el Art.

1803 fundamenta la obligación de responder del patrono sobre

su presunta culpa, el Código Civil a su vez no limita la

porción que se le puede exigir a este. Por el contrario, el

Art. 1803 llama al patrono a responder por la totalidad de

los daños ocasionados por su empleado y así contempla la

posibilidad del patrono repetir contra ese la cantidad que

hubiese

satisfecho

repetición

al

necesariamente

perjudicado.

implica

la

Este

derecho

existencia

de

de

una

relación interna que únicamente existe en las obligaciones

solidarias. De lo contrario, una persona perjudicada que

decida ejercer su acción únicamente contra el patrono solo

podrá recibir una indemnización parcial, correspondiente a

la porción de culpa del patrono. Es decir, el patrono

solamente respondería en proporción a su propia culpa y de

ninguna forma estaría respondiendo por los actos de su

empleado. No obstante, esta conclusión daría al traste con

el texto claramente establecido en el Art. 1803. Peor aún,

cuando consideramos las disposiciones del Art. 1804, el

derecho de repetición con el que cuenta el patrono no

serviría fin alguno si bajo el Art. 1803 el patrono nunca

pagaría en exceso a la porción correspondiente a su propia

CC-2018-0438

culpa.

25

No cabe duda, entonces, que el Art. 1803 del Código

Civil instituye, lógicamente, una relación solidaria entre

un patrono y sus empleados.

Segundo,

es

menester

recordar

que

el

Código

Civil

solamente clasifica las obligaciones como mancomunadas o

solidarias de forma que la categorización de la solidaridad

como propia o impropia responde al llamado jurisprudencial

de

llenar

resolver

las

que

lagunas

los

Arts.

jurídicas.

1803

y

En

esta

ocasión,

1804

del

Código

al

Civil

establecen una relación solidaria entre un patrono y su

empleado, dicha norma de solidaridad en realidad es una

impuesta

por

ley.

Por

consiguiente,

también

rigen

los

efectos secundarios de la solidaridad propia codificados en

el Art. 1091, supra. Es decir, “[l]a interrupción de la

prescripción aprovecha o perjudica por igual a todos los

acreedores

y

controversia,

deudores”.73

los

En

actos

lo

pertinente

interruptivos

a

nuestra

del

término

prescriptivo realizados contra el patrono o el empleado

perjudican al otro por igual.

Cónsono con lo anterior, cabe acentuar que la Corte

Federal para el Distrito de Puerto Rico ha concluido, en

varias ocasiones, que nuestra decisión en Fraguada, supra,

respecto

73

a

la

solidaridad

impropia,

no

se

extiende

Art. 1874 del Código Civil, 31 LPRA 5304 (derogado).

al

CC-2018-0438

26

régimen de responsabilidad presunta establecido en los Arts.

1803 y 1804 del Código Civil.74

De acuerdo a lo relatado, los peticionarios demandaron

a LMC reclamando el resarcimiento de los daños causados por

los actos negligentes de su empleada, la doctora Caraballo

Rosario. Así, el término prescriptivo contra LMC comenzó a

transcurrir luego de la muerte del señor Román Camacho el

26 de noviembre de 2012. Conforme a esto, los peticionarios

oportunamente presentaron su demanda contra LMC el 5 de

noviembre de 2013, es decir, dentro del término prescriptivo

de un año establecido en el Código Civil. Al estar presentes

los

elementos

obrero-patronal

de

la

solidaridad

preexistente

propia

entre

LMC

en

la

relación

y

la

doctora

Caraballo Rosario ⎯dentro de la cual como empleada la galena

causó un daño a un tercero en el desempeño de su oficio75

⎯los

acción

peticionarios

estaban

individualmente

solidariamente

obligados

facultados

contra

o

ambos

para

dirigir

su

de

los

contra

la

cualquiera

⎯es

decir,

doctora Caraballo Rosario, contra LMC, o ambos. De esta

forma, la presentación de la demanda contra LMC a su vez

interrumpió

el

término

prescriptivo

contra

la

doctora

Caraballo Rosario.

Véanse Ramírez Ortiz v. Corporación del Centro Cardiovascular de

Puerto Rico y del Caribe, 994 F.Supp.2d 218 (D.P.R. 2014); Kenyon v.

González del Río, 115 F.Supp.3d 268 (D.P.R. 2015).

75 Según lo concluyó el Tribunal de Primera Instancia y no vemos

razón para pasar juicio sobre esta determinación.

74

CC-2018-0438

27

Ulteriormente, LMC presentó una reclamación contingente

contra

la

doctora

Caraballo

solidaria.

Aplicando

nuestros

solidaridad

impropia

en

Rosario

como

pronunciamientos

Maldonado,

supra,

el

codeudora

sobre

la

foro

de

instancia erróneamente desestimó esta demanda contra tercero

por entender que la acción que tenían los peticionarios

contra la doctora Caraballo Rosario había prescrito. Claro,

esto

en

ausencia

de

una

expresión

previa

del

Tribunal

Supremo clarificando que la responsabilidad solidaria entre

un patrono y su empleado es propia. Esta aplicación errónea

de la doctrina de solidaridad impropia privó a LMC de su

claro derecho estatutario de repetición del Art. 1804 del

Código Civil, cual pudiera tener el efecto de permitir un

enriquecimiento injusto a favor de la doctora Caraballo

Rosario y que no hay duda tendría un efecto perjudicial

sobre LMC. No obstante, el derecho de LMC de repetir contra

la doctora Caraballo-Rosario bajo el Art. 1804 surgiría a

partir

del

momento

en

que

LMC

pague

la

indemnización

imputada bajo el Art. 1803. Anterior a eso, y en aras de

fomentar la economía procesal, solo procedería una acción

de nivelación contingente.

Igualmente

errada resulta

la determinación del foro

apelativo de ordenar reducir el monto que tendría que pagar

LMC a los peticionarios. Esto, pues, en la relación externa

cada deudor solidario responde por la totalidad de la deuda,

y en este caso, el patrono por su empleado, según dispone

CC-2018-0438

28

el Art. 1803. La proporción en que cada cocausante solidario

contribuyó a los daños es solamente relevante en la relación

interna entre los cocausantes para propósitos de nivelación

o repetición posterior y, por tanto, es irrelevante para los

peticionarios hacer valer su derecho estatutario a cobrar

de un patrono la totalidad del daño ocasionado por su

empleado. Por lo tanto, en la presente acción, resulta

improcedente celebrar una vista para determinar la porción

de los daños atribuibles a la doctora Caraballo Rosario para

que estos sean descontados de la indemnización impuesta a

LMC.

Por

el

contrario,

tal

determinación

cobraría

importancia únicamente para determinar la cuantía por la que

LMC podría repetir contra la doctora Caraballo Rosario. No

obstante, no es hasta que LMC responda por la totalidad de

los daños que entonces podrá repetir contra la doctora

Caraballo Rosario por la cantidad que pagó en exceso a su

propia culpa, según le faculta el Art. 1804. Al surgir

durante la vigencia del actual Código Civil de 2020, la

acción de repetición estaría sujeta al término prescriptivo

de cuatro (4) años contemplado en el Art. 1203. No es hasta

tal procedimiento que los tribunales deberán determinar la

porción de daños atribuible a cada cocausante, claro está,

si el patrono ejerce esta acción de repetir posteriormente.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, procede revocar la

determinación del Tribunal de Apelaciones en cuanto ordena

CC-2018-0438

29

una vista a los fines de determinar la porción de culpa

correspondiente a la Dra. Santos L. Caraballo Rosario ya que

no procede descontar esa porción de la totalidad de la

compensación. Consecuentemente se confirma la sentencia del

Tribunal de Primera Instancia ordenando a la recurrida el

pago de la totalidad de los daños.

Se dictará sentencia de conformidad.

Edgardo Rivera García

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Yadira Pérez Hernández,

Melissa Román Pérez;

Suehaze Román Pérez;

Robert E. Román Pérez

Peticionarios

Certiorari

v.

CC-2018-0438

Lares Medical Center,

Inc.; Dra. Fulana de Tal;

Aseguradora A, B, C;

Hospital John Doe

Recurridos

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de agosto de 2021.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la que se hace formar parte íntegra de la presente

Sentencia, se revoca la determinación del Tribunal de

Apelaciones en cuanto ordena una vista a los fines de

determinar la porción de culpa correspondiente a la Dra.

Santos L. Caraballo Rosario ya que no procede descontar esa

porción de la totalidad de la compensación. Consecuentemente

se confirma la sentencia del Tribunal de Primera Instancia

ordenando a la recurrida el pago de la totalidad de los daños.

Notifíquese de inmediato.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal Supremo Interina. La Jueza Asociada señora Pabón

Charneco hace constar la expresión siguiente:

“A casi una década de resuelto Fraguada

Bonilla u. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365 (2012),

aún continuamos patinando sobre el camino turbio

trazado por la Mayoría al adoptar parcialmente la

doctrina de obligaciones in solidum. En aquel caso

se concretó un acuerdo transaccional entre la parte

demandante y el Hospital demandado, mediante el

cual se convino el desistimiento y relevo de la

reclamación contra el Hospital. La acción continuó

contra los médicos codemandados. Ese tracto

conllevó a que se discutiera el efecto interruptor

que tenía la presentación de una reclamación al

amparo del Art. 1802 del Código Civil, 31 LPRA ant.

sec. 5141, sobre el término prescriptivo que corría

CC-2018-0438

2

a beneficio de los cocausantes que no fueron

demandados dentro del plazo de un (1) año. Empero,

no se consideró las implicaciones que tenía lo

establecido en el Art. 1803 del Código Civil, 31

LPRA ant. sec. 5142, sobre la interrupción de la

prescripción.

Reitero que estoy en desacuerdo con que en

Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, la

solidaridad extracontractual de los cocausantes de

un daño se hubiera bifurcado en propia (perfecta)

e impropia (imperfecta). Sin embargo, estoy

conforme con la Opinión emitida hoy por el Tribunal

pues, a pesar de que su razonamiento se amolda al

precedente sentado en el precitado caso, el

resultado alcanzado es el correcto. La Demanda

presentada contra un patrono por los actos dañosos

cometidos por su empleado en el ejercicio de

funciones laborales también interrumpe el término

prescriptivo para reclamar contra el empleado".

El Juez Asociado señor Estrella

siguiente expresión de conformidad:

Martínez

emite

“Estoy conforme con la determinación de este

Tribunal por entender que ésta complementa de forma

armoniosa el estado de derecho que instauramos en

Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365

(2012). Mediante el dictamen precitado, tomamos el

camino de la modernidad y el ejercicio responsable

del derecho en los asuntos prescriptivos de

responsabilidad

extracontractual.

Hoy,

este

Tribunal cumple similar cometido con respecto a un

ámbito

jurídico

distinto,

a

saber:

la

responsabilidad de un patrono por los actos de sus

empleados,

en

el

que

median

importantes

consideraciones de política pública y que es

regulado separadamente en nuestro Código Civil”.

Bettina Zeno González

Secretaria del Tribunal Supremo Interina

la