Tribunal Supremo de Puerto Rico
Pérez Hernández y otros v. Lares Medical Center, Inc. y otros
2021 TSPR 123
Poder Judicial de Puerto Rico
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Pérez Hernández y otros v. Lares Medical Center, Inc. y otros
CC-2018-438
Daños y Perjuicios-Entre un patrono y su empleado existe una relación de solidaridad propia que se distingue de la solidaridad impropia que de ordinario existe entre los cocausantes de un daño. Por consiguiente, no procede reducir la indemnización imputada a un patrono bajo el Art. 1803 del Código Civil por los actos negligentes de un empleado que no fue traído al pleito.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Yadira Pérez Hernández,
Melissa Román Pérez;
Suehaze Román Pérez;
Robert E. Román Pérez
Peticionarios
Certiorari
v.
2021 TSPR 123
Lares Medical Center, Inc;
Dra. Fulana de Tal;
Aseguradora A, B, C;
Hospital John Doe
207 DPR ____
Recurridos
Número del Caso:
CC-2018-438
Fecha: 11 de agosto de 2021
Tribunal de Apelaciones:
Panel XI
Abogado de la parte peticionaria:
Lcdo. Richard Schell-Asad
Abogado de la parte recurrida:
Lcdo. José R. Miranda Daleccio
Materia: Daños y Perjuicios-Entre un patrono y su empleado existe una
relación de solidaridad propia que se distingue de la solidaridad
impropia que de ordinario existe entre los cocausantes de un daño. Por
consiguiente, no procede reducir la indemnización imputada a un patrono
bajo el Art. 1803 del Código Civil por los actos negligentes de un
empleado que no fue traído al pleito.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
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distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Yadira Pérez Hernández,
Melissa Román Pérez;
Suehaze Román Pérez;
Robert E. Román Pérez
Peticionarios
v.
Certiorari
CC-2018-0438
Lares Medical Center,
Inc.; Dra. Fulana de Tal;
Aseguradora A, B, C;
Hospital John Doe
Recurridos
El Juez Asociado señor RIVERA GARCÍA emitió la Opinión del
Tribunal.
En San Juan, Puerto Rico, a 11 de agosto de 2021.
El presente caso nos permite abundar sobre la doctrina
de solidaridad impropia adoptada en Fraguada Bonilla v.
Hosp. Aux. Mutuo, infra, y reiterada en Maldonado Rivera v.
Suárez y otros, infra, ahora por primera vez en el contexto
de una relación obrero-patronal. Específicamente, debemos
precisar si la doctrina de solidaridad impropia es aplicable
al régimen de responsabilidad presunta por hechos ajenos
establecido por los Arts. 1803 y 1804 del Código Civil,
infra.1 Así, nos corresponde resolver si procede reducir la
indemnización imputada a un patrono por la porción de culpa
correspondiente a un empleado que no fue traído al pleito.
Por
los
fundamentos
expuestos
a
continuación,
adelantamos que entre un patrono y su empleado existe una
Comúnmente conocido como “responsabilidad vicaria”. No obstante, como
veremos más adelante, no son lo mismo.
1
CC-2018-0438
relación
2
de
solidaridad
propia
que
se
distingue
de
la
solidaridad impropia ⎯adoptada en Fraguada Bonilla v. Hosp.
Aux. Mutuo, infra, y reiterada en Maldonado Rivera v. Suárez
y
otros,
infra
⎯que
de
ordinario
existe
entre
los
cocausantes de un daño. Por lo tanto, no procede reducir la
indemnización imputada a un patrono bajo el Art. 1803 del
Código
Civil,
infra,
por
los
actos
negligentes
de
su
empleado que no fue traído al pleito. De esta forma, se
promueve la función del Art. 1803 para que un demandante
agraviado por los actos negligentes de un empleado en el
ejercicio de sus funciones pueda cobrar la totalidad de la
indemnización del patrono. A su vez, se armoniza con la
función del Art. 1804 de permitir que un patrono repita
contra el empleado “lo que hubiese satisfecho”.
Veamos el trasfondo fáctico y procesal que dio lugar a
la presente controversia. Es oportuno puntualizar que los
hechos medulares no están en controversia.
I.
La controversia ante nos se originó como una demanda de
daños y perjuicios bajo el Art. 1802 del Código Civil, infra,
incoada el 5 de noviembre de 2013 en el Tribunal de Primera
Instancia (TPI) por la Sra. Yadira Pérez Hernández y sus dos
hijos,
Melisa
(peticionarios),
Román
Pérez,
contra
Lares
Robert
E.
Medical
Román
Pérez
Center,
Inc.
CC-2018-0438
(recurrida
3
o
LMC).2
En
su
demanda,
los
peticionarios
reclamaron el resarcimiento de los daños sufridos por la
desafortunada muerte del Sr. Roberto Román Camacho (señor
Román Camacho) ⎯esposo y padre de los peticionarios⎯ como
resultado de la impericia médica cometida por LMC a través
de su empleada, la Dra. Santos L. Caraballo Rosario (doctora
Caraballo Rosario). Específicamente, adujeron que, en la
madrugada del 26 de noviembre de 2012, el señor Román Camacho
falleció en su hogar luego de ser atendido y dado de alta,
negligentemente, por la doctora Caraballo Rosario en la Sala
de
Emergencias
del
recurrido
centro
de
diagnóstico
y
tratamiento. Dicha intervención médica resultó luego de que
el señor Román Camacho manifestara dolores de pecho y una
presión
arterial
elevada.
Cabe
resaltar
que
los
peticionarios no demandaron a la doctora Caraballo Rosario.
El 3 de febrero de 2014, LMC contestó la demanda.3 Por
su parte, arguyó que no se aducía una reclamación contra
ella que ameritara la concesión de un remedio e invocó la
defensa afirmativa de prescripción. Razonó que no actuó
negligentemente con relación al difunto señor Román Camacho
y que tampoco debía responder por los actos de la doctora
Caraballo Rosario.
Demanda, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 112-117.
Contestación a Demanda, Apéndice de la Petición de certiorari,
págs. 118-122.
2
3
CC-2018-0438
4
El 4 de noviembre de 2015, y a casi tres años de la
muerte del señor Román Camacho, LMC presentó una Demanda
Contra Tercero contra la doctora Caraballo Rosario, para
ejercer
una
acción
de
nivelación
contingente.4
Es
precisamente durante esta etapa procesal que el 28 de marzo
de 2016 esta Curia emitió su Opinión en el caso de Maldonado
Rivera
v.
Suárez
y
otros,
infra.
Amparándose
en
esta
jurisprudencia, la doctora Caraballo Rosario presentó una
moción
solicitando
la
desestimación
de
la
Demanda
de
nivelación contingente que entabló su patrono contra ella.5
Arguyó que cualquier causa de acción de daños y perjuicios
en su contra había prescrito, razonando que había pasado más
de un año del momento de los hechos sin que dicho término
fuera interrumpido, pues no le habían dirigido reclamación
alguna. Convencido, el foro primario desestimó la acción en
su contra.6
Celebrado el juicio en su fondo entre los peticionarios
y la recurrida, el 22 de febrero de 2017 el foro de instancia
condenó a LMC a pagar la totalidad de los daños sufridos por
los peticionarios.7 Así, determinó que los daños sufridos
por
los
peticionarios
se
debieron
a
un
proceso
de
diagnóstico insuficiente por parte de la doctora Caraballo
Rosario. Además, concluyó, como cuestión de derecho, que al
Sentencia, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 193.
Sentencia, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 194.
6 Sentencia, Apéndice de la petición de certiorari, págs. 147-155.
7 Sentencia, Apéndice de la petición de certiorari, págs. 54-71.
4
5
CC-2018-0438
5
momento de los hechos la galena era empleada de LMC, por lo
que este último respondía por los daños causados a los
peticionarios bajo el Art. 1803 del Código Civil, infra.
Inconforme, el 27 de marzo de 2017, LMC acudió al
Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de apelación.8
En este la recurrida le imputó error al foro de instancia
al imponerle responsabilidad en ausencia de prueba en su
contra. Además, adujo que el foro primario erró al no aplicar
Maldonado, infra, para descontar de la totalidad de los
daños la porción correspondiente a la doctora Caraballo
Rosario, por haber prescrito la demanda contra esta.9
El 3 de abril de 2018 el Tribunal de Apelaciones emitió
una Sentencia.10 Primero, determinó que no era necesario
probar la negligencia de LMC ya que, siendo la doctora
Caraballo Rosario su empleada, su culpa como patrono se
presume.
Al
no
haberse
rebatido
dicha
presunción,
LMC
respondía a la parte demandante conforme al Art. 1803 del
Código Civil, infra. Sin embargo, por haber prescrito la
acción
contra
celebración
de
la
galena,
una
vista
el
foro
ante
el
intermedio
foro
ordenó
inferior
la
para
determinar el porciento de responsabilidad de la doctora y
descontarlo de la totalidad de la compensación otorgada.
Ello basado en Maldonado, infra. 11
Apelación, Apéndice de la petición de certiorari, págs. 26-52.
Íd, en la pág. 33.
10 Sentencia, Apéndice de la petición de certiorari, págs. 2-25.
11 Íd, en la pág. 24-25.
8
9
CC-2018-0438
6
Es precisamente sobre esta última parte del dictamen
apelativo que los peticionarios recurren ante nos y mediante
el recurso de autos solicitan que revisemos y revoquemos
parcialmente la sentencia del Tribunal de Apelaciones.
En su escrito, los peticionarios le imputan error al
foro intermedio “al resolver que un patrono demandado puede
deducir
de
la
compensación
otorgada
al
damnificado
el
porcentaje de negligencia en que incurrió su empleado”.12 En
síntesis, sostuvieron que el Art. 1803 tipifica un régimen
especial de responsabilidad solidaria entre un patrono y su
empleado
cual
quedaría
desvirtuado
de
prevalecer
la
interpretación del foro apelativo.13
Por su lado, LMC defendió el dictamen recurrido que
ordenó la reducción de la totalidad de los daños la porción
correspondiente a la doctora Caraballo Rosario, por entender
que es la aplicación correcta de la norma de Maldonado,
infra.14
Expedido el auto y con el beneficio de la comparecencia
de todas las partes, procedemos a exponer el marco jurídico
aplicable a la controversia ante nuestra atención.
II.
El Art. 1815 del actual Código Civil de 2020 dispone
que la responsabilidad extracontractual “se determina por
Petición de certiorari, pág. 6.
Petición de certiorari, pág. 2.
14 Alegato del Recurrido, págs. 255-270.
12
13
CC-2018-0438
7
la ley vigente en el momento en que ocurrió el acto u omisión
que da lugar a dicha responsabilidad”.15 En este caso, la
muerte del señor Román Camacho, suceso que dio lugar a la
reclamación de autos, aconteció previo a entrar en vigor el
Código mediante la Ley Núm. 55-2020.16 Por lo tanto, no hay
controversia en cuanto a la aplicación de los preceptos del
anterior Código Civil de 1930 (Código Civil) al caso de
marras.17
A.
Responsabilidad
Civil
Extracontractual
por
Hechos
Propios bajo el Art. 1802.
Sabido es que en nuestro ordenamiento jurídico los
actos y omisiones en que intervenga cualquier género de
culpa o negligencia son fuentes de obligaciones que generan
responsabilidad civil extracontractual.18 Específicamente,
respecto a las obligaciones que se derivan de actos culposos
o negligentes son de particular aplicación los artículos
1802 y subsiguientes del Código Civil.
Primero, el Art. 1802 preceptúa de forma general que
“[e]l
que
por
acción
u
omisión
causa
daño
a
otro,
interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar
el daño causado”.19 Para reclamar bajo el Art. 1802 el
resarcimiento de daños y perjuicios sufridos, un demandante
31 LPRA sec. 11720.
Cabe destacar que dicha ley entró en vigor el 28 de noviembre de
2020, 30 días a de partir de su publicación.
17 31 LPRA sec. 1, et seq.
18 Art. 1042 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2992 (derogado).
19 31 LPRA sec. 5141.
15
16
CC-2018-0438
8
debe establecer: (1) la existencia de un daño real; (2) el
nexo
causal
entre
el
daño
y
la
acción
u
omisión
del
demandado; y (3) el acto u omisión cual tiene que ser culposo
o
negligente.20
Al
examinar
estos
requisitos,
hemos
establecido que la culpa o negligencia consiste en “la falta
del debido cuidado, que a la vez consiste en no anticipar y
prever las consecuencias racionales de un acto, o de la
omisión de un acto, que una persona prudente habría de prever
en las mismas circunstancias”.21 Más aun, entre dicho acto
culposo o negligente y el daño sufrido debe existir un nexo
causal adecuado. Es decir, “no es causa toda condición sin
la cual no se hubiera producido el resultado, sino la que
ordinariamente lo produce según la experiencia general”.22
En el supuesto de que los actos u omisiones culposos
de varias personas sean causa adecuada de un daño, todos los
cocausantes responden solidariamente al demandante por la
totalidad de los daños sufridos por él.23 En ese contexto,
en Fraguada, infra, este Tribunal pautó la normativa sobre
los
efectos
de
la
solidaridad
cuando
concurren
varios
cocausantes a la obligación de resarcir un daño. Por su
pertinencia,
repasemos
las
doctrinas
que
subyacen
este
precedente.
B.
Concurrencia de Pluralidad de Codeudores
López y otros v. Porrata Doria y otros, 169 DPR 135, 150 (2006).
López y otros v. Porrata Doria y otros, supra, pág. 151.
22 Íd.
23 Szendrey v. Hospicare, 158 DPR 648, 654 (2003).
20
21
CC-2018-0438
9
Cuando
obligación
concurre
una
nuestro
Código
obligaciones
pluralidad
mancomunadas
de
deudores
a
una
entre
las
Civil
distingue
y
solidarias.
las
En
las
obligaciones mancomunadas, cada deudor solamente tendrá que
cumplir la parte de la prestación que le corresponda.24 En
cambio, en una obligación solidaria cada acreedor tiene el
derecho
a
reclamarle
a
cualquiera
de
los
deudores
la
totalidad de la prestación y cada uno de los deudores está
obligado a realizarla íntegramente.25
En las obligaciones solidarias existe una relación
entre los acreedores y los deudores, llamada la relación
externa, y otra relación entre los deudores solidarios,
llamada la relación interna. En la relación interna, al
pagar
uno
de
correspondía,
los
deudores
procede
más
de
la
porción
que
realizar
una
redistribución
le
del
gravamen entre todos ellos.26 Por lo tanto, una vez un deudor
solidario paga más de la proporción que le corresponde, este
tiene una acción de nivelación o de regreso contra los demás
codeudores al amparo del Art. 1098 del Código Civil.27 Este
derecho, también llamado de contribución o de reembolso, “es
el que tiene un deudor solidario que ha pagado, para recobrar
lo
que
ha
pagado
en
exceso,
en
relación
con
la
J. Puig Brutau, Compendio de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona,
Ed. Bosch, 1994, Vol. II, pág. 34.
25 J. Puig Brutau, op. cit., pág. 36.
26 J. Puig Brutau, op. cit., pág. 42.
27 31 LPRA sec. 3109 (derogado).
24
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10
responsabilidad
de
los
codeudores
entre
sí”.28
Esta
característica es distintiva de las obligaciones solidarias
ya que en las obligaciones mancomunadas, los deudores solo
responden hasta la porción que les corresponde. Igualmente
distintivo
de
las
obligaciones
solidarias
es que
“[l]a
interrupción de la prescripción aprovecha o perjudica por
igual a todos los acreedores y deudores”.29
Como
norma
general,
en
nuestro
ordenamiento
las
obligaciones se presumen mancomunadas cuando concurren una
pluralidad de deudores. A modo de excepción, una relación
solidaria únicamente existe cuando las partes lo pactan
expresamente o cuando la ley así lo establezca.30
C.
Solidaridad en las Obligaciones Extracontractuales
En cuanto a las obligaciones civiles extracontractuales
que surgen de la culpa o la negligencia, nuestro Código
Civil no dispone expresamente si ha de regir la solidaridad
o la mancomunidad. Nuestro Código Civil ⎯al igual que el
Código Español⎯ no señala expresamente esta distinción a
diferencia
de
la
mayor
parte
de
los
Códigos
Civiles
extranjeros.31 Ante esa laguna, en García v. Gobierno de la
C. Irizarry Yunqué, Responsabilidad Civil Extracontractual, 7ma
ed., Puerto Rico, 2009, pág. 354.
29 Art. 1874 del Código Civil, 31 LPRA 5304 (derogado).
30 Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 380.
31
Para una relación sucinta, véanse, J. Santos Briz, La
Responsabilidad por Hecho de Otro Derivada de Acto Ilícito No Penal, en
Tratado de Responsabilidad Civil (I. Sierra Gil de la Cuesta, cord.)
Bosch, T. II, 2008, p. 670; J.J. Álvarez González, Responsabilidad Civil
Extracontractual, 78 (Núm. 2) Rev. Jur. U.P.R. 457, 478 (2009).
28
CC-2018-0438
Capital,32
11
establecimos
que
los
cocausantes
de
un
daño
responden solidariamente ante la persona agraviada al amparo
del Art. 1802 cuando dos (2) o más personas causan un daño
único e indivisible. Posteriormente nuestra jurisprudencia
reiteró y expandió esta normativa.
En Arroyo v. Hospital La Concepción,33 aclaramos que la
no presunción de la solidaridad que dispone el Art. 1090 no
aplica en materia de responsabilidad civil extracontractual.
Más recientemente en García Pérez v. Corp. Serv. Mujer,34
expresamos que la doctrina se inclinaba a reconocer que la
solidaridad en el ámbito extracontractual se derivaba de la
propia ley.35 De esta forma, y apoyada por la doctrina
prevaleciente
en
el
derecho
jurisprudencia
prácticamente
comparado,
invirtió
y
nuestra
estableció
la
presunción de solidaridad en el ámbito extracontractual. 36
Esta
interpretación
Fraguada,
infra,
judicial
este
prevaleció
Tribunal
adoptó
hasta
que
en
parcialmente
la
doctrina francesa de la solidaridad, cual distingue entre
la solidaridad propia (perfecta) y la impropia (imperfecta).
Veamos.
72 DPR 138, 148-149 (1951).
130 DPR 596, 604-605 (1992).
34 174 DPR 138 (2008).
35 García v. Corp. Serv. Mujer, supra, pág. 150.
36
M. Martín-Casals y J. Solé, Multiple Tortfeasors under Spanish
Law en: W.V.H. Rogers, Unification of Tort Law: Multiple Tortfeasors, The
Hague, Ed. Kluwer Law International, 2004, pág. 189.
32
33
CC-2018-0438
12
En Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo,37 la parte
demandante no incluyó a un doctor cocausante de su daño en
su demanda original sino hasta seis años después. Esto, pues
según la normativa jurídica vigente, la presentación de su
demanda original contra el hospital interrumpió el término
prescriptivo contra los demás cocausantes. Sin embargo, la
dejadez y abandono que promueve esa norma nos movió a
apartarnos de ella y en vez adoptar la tendencia moderna de
la solidaridad impropia. Así, resolvimos que el demandante
debió reclamarle individualmente al doctor como alegado
cocausante solidario dentro del término prescriptivo de un
año dispuesto en el Art. 1868 de nuestro Código Civil, el
cual comenzó a transcurrir tan pronto conoció el daño, la
identidad
del
autor
y
los
elementos
necesarios
para
ejercitar su causa de acción.
Bajo la teoría de la solidaridad impropia adoptada en
Fraguada, supra, en el ámbito extracontractual, los efectos
principales o primarios de la solidaridad se mantienen: un
demandante puede exigir el resarcimiento de la totalidad del
daño a cualquiera de los cocausantes del daño, pues estos
vienen obligados a responder solidariamente. Sin embargo,
en la solidaridad impropia no aplican las disposiciones del
Art. 1874 del Código Civil sobre la interrupción de la
prescripción.38 Es decir, la persona perjudicada tendrá que
37
38
Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365 (2012).
31 LPRA sec. 5304 (derogado).
CC-2018-0438
13
interrumpir
el
término
prescriptivo
individualmente
respecto a cada cocausante, pues la interrupción de la
prescripción
perjudica
en
por
justificación
la
solidaridad
igual
de
a
esta
todos
impropia
los
doctrina
no
aprovecha
deudores.39
francesa
o
Sobre
la
expresamos
lo
siguiente:
Debido a que la solidaridad puede nacer de la ley
o de la voluntad de las partes, en Francia se hace una
distinción entre los casos de solidaridad perfecta y
aquellos en los cuales la solidaridad es imperfecta.
La solidaridad es considerada perfecta cuando es “entre
varias personas unidas por un interés común, que tienen
entre sí relaciones frecuentes o se conocen. En cambio,
es imperfecta cuando es establecida mediante ley entre
personas que no se conocen, que no son sino codeudores
accidentales o cuando sus relaciones son esporádicas.
(........)
La exclusión de los efectos secundarios de la
solidaridad
de
varios
cocausantes
de
un
daño
extracontractual se justifica por la ausencia de una
comunidad de intereses entre los coobligados. (Énfasis
suplido).40
Esta
doctrina
francesa
también
fue
adoptada
en
el
ámbito extracontractual por el Tribunal Supremo de España.41
De igual forma, al aprobar el nuevo Código Civil de 2020,
nuestra Asamblea Legislativa codificó en su Art. 1095 los
efectos secundarios de la solidaridad impropia entre los
cocausantes de un daño, adoptada judicialmente en Fraguada,
supra.42
39 Véase, H.M. Brau, El término Prescriptivo y su Interrupción en
Acciones en Daños por Responsabilidad Extracontractual Solidaria en el
Derecho Puertorriqueño, 44 (Núm. 2) Rev. C. Abo. P.R. 203, 204-205 (1983).
40 Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, págs. 380-381 (Citas
omitidas) (Énfasis suplido).
41 Sentencia del 14 de marzo del 2003 de la Sala Primera de lo Civil.
42 31 LPRA sec. 9054.
CC-2018-0438
14
Siguiendo
esta
nueva
normativa,
cual
requiere
interrumpir los términos prescriptivos de las causas de
acción
de
daños
contra
cada
cocausante
de
un
daño
individualmente, en Maldonado Rivera v. Suárez y otros,43
resolvimos las implicaciones de cuando prescribe la acción
de daños contra uno de sus cocausantes. Primero, que un
presunto cocausante de un daño no puede acumular al pleito
a otro presunto cocausante contra quien la causa de acción
del demandante prescribió. No obstante, la inacción del
demandante
le
impediría
demandado
la
porción
a
ese
recuperar
correspondiente
al
del
cocausante
cocausante
no-
demandado. De forma que habría que descontar la porción de
responsabilidad atribuible al cocausante no-demandado, de
la
indemnización
total,
en
perjuicio
del
demandante
y
producto de su incuria.
D. Responsabilidad
Civil
Extracontractual
por
Hechos
Ajenos bajo el Art. 1803.
Aunque la obligación de reparar daños generalmente
surge de un hecho propio,44 de manera excepcional nuestro
Código Civil establece varias situaciones en las que ciertas
personas están llamadas a responder por hechos ajenos a sí,
comúnmente conocido como responsabilidad vicaria.45 En lo
pertinente a esta controversia, el Art. 1803 dispone que
195 DPR 182 (2016).
Hernández Vélez v. Televicentro, 168 DPR 803, 814 (2006).
45 Por ejemplo, el Art. 1803 dispone que los padres son responsables
de los perjuicios causados por los hijos menores de edad que viven en su
43
44
CC-2018-0438
15
[l]a obligación que impone [el Art. 1802] es exigible,
no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los
de aquellas personas de quienes se debe responder.
(........)
Lo son igualmente los dueños o directores de un
establecimiento o empresa respecto de los perjuicios
causados por sus dependientes en el servicio de los
ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de
sus funciones.
(........)
La responsabilidad de que trata esta sección
cesará cuando las personas en ella mencionadas prueben
que emplearon toda la diligencia de un buen padre de
familia para prevenir el daño. (Énfasis suplido).46
De esta forma el Código Civil responsabiliza a los
patronos por los daños que ocasionen sus empleados en el
ejercicio de su trabajo.47 Sin embargo, el referido artículo
permite al patrono liberarse de esta responsabilidad si
demuestra que empleó toda la diligencia de un buen padre de
familia. Por lo tanto, el Art. 1803 establece una presunción
legal—de que la culpa o negligencia es del patrono por no
ejercer la debida diligencia para evitar el daño ocasionado
por su empleado, salvo se pruebe lo contrario.
Así, la culpa que el Art. 1803 presume tradicionalmente
consiste en la culpa in vigilando, in instruendo o in
eligiendo del patrono.48 Es decir, que, de haber sido el
compañía; los tutores lo son de los perjuicios causados por los menores
o incapacitados que están bajo su autoridad y habitan en su compañía; y
los maestros o directores de artes y oficios lo son respecto a los
perjuicios causados por sus alumnos o aprendices, mientras permanezcan
bajo su custodia. No obstante, en esta ocasión nos limitamos a examinar
el llamado de los patronos a responder por sus empleados.
46 31 LPRA sec. 5142 (derogado).
47 Por ejemplo, en Roses v. Julia, 67 DPR 518, 527–28 (1947), bajo
la doctrina sentada en Carrasquillo v. American Missionary Association
(citas omitidas), establecimos la regla de que cuando un hospital se
dedica al cuidado de pacientes, con fines pecuniarios, su dueño es
responsable de los daños causados a sus pacientes como consecuencia de
la negligencia de sus empleados.
48 Maderas Tratadas v. Sun Alliance, 185 DPR 880, 907 (2012).
CC-2018-0438
16
patrono diligente en vigilar, instruir o escoger a sus
empleados, el daño no hubiese ocurrido. Para activar esta
presunción
de
culpa
del
patrono,
un
demandante
debe
establecer prima facie (1) una relación de dependencia entre
el patrono y el empleado, (2) que el empleado actuó en el
desempeño de los ramos de su oficio con el propósito de
servir y proteger los intereses del patrono, y que (3) el
empleado tuvo culpa en el desempeño de esas funciones.49 Por
lo tanto, en las reclamaciones bajo el Art. 1803 en teoría
existen al menos dos responsabilidades independientes: la
del empleado, por su culpa in operando, bajo el Art. 1802,
y la del patrono por su culpa in eligiendo, in instruendo o
in vigilando, bajo el Art. 1803.50
Al ser autónomos los fundamentos de la responsabilidad
del patrono y la de su empleado, el demandante tiene la
opción
de
presentar
su
reclamación
solamente
contra
el
patrono, contra el empleado, o contra ambos.51 Después de
todo, el Código Civil faculta a la persona perjudicada a
exigirle el resarcimiento de sus daños no solamente a quien
causa el daño (en este caso, un empleado, bajo el Art. 1802),
49 Hernández Vélez v. Televicentro, supra. Parrilla Báez v. Airport
Catering Services, 133 DPR 263 (1993).
50 C. Zeno Santiago, La responsabilidad civil extracontractual de
los empresarios: Estudio comparado entre España y Puerto Rico, 1ra ed.,
Madrid, Ed. Dykinson, 2015, págs. 67-68.
51 J. Solé Feliu, La responsabilidad extracontractual del principal
por hechos de sus auxiliares: principios y tendencias, 1ra ed., Madrid,
Ed. Reus, 2012, pág. 137.
CC-2018-0438
17
sino además a las personas llamadas a responder por él (en
este caso, un patrono, bajo el Art. 1803).
Aunque a la responsabilidad del patrono que se deriva
del Art. 1803 comúnmente se le refiere como responsabilidad
vicaria,52
como
mencionamos
anteriormente,
varios
tratadistas expresan que no es propio referirse así a la
responsabilidad por hechos ajenos, también conocida como
responsabilidad presunta.53
El régimen de responsabilidad presunta, como el del
Art. 1803, se distingue pues retiene la culpa del principal
como fundamento de su responsabilidad. De esta forma, crea
una presunción iuris tantum de la culpa del patrono. Esta
presunción es rebatible mediante prueba de que el patrono
empleó toda la diligencia de un buen padre de familia para
prevenir el daño.
En cambio, bajo el modelo de responsabilidad vicaria
el patrono es llamado a responder de forma absoluta aun
cuando demuestre que no ha incurrido en culpa o negligencia
propia. Por esto se le refiere como un régimen puro de
responsabilidad de hecho ajeno sin necesidad de que el
Véase Núñez v. Cintrón, 115 DPR 598, 613 (1984) (“En virtud del
Art. 1803 del Código Civil, equivalente a la responsabilidad vicaria, el
incumplimiento de ese deber por el personal del hospital conlleva
responsabilidad extracontractual de la institución hospitalaria frente
al perjudicado. Roses v. Juliá, 67 D.P.R. 518 (1947).”) (Énfasis
suplido). No obstante, esta fugaz mención de la equivalencia de estas
figuras jurídicas carece de un análisis jurídico que sustente esa
conclusión.
53 C. Moreno de Toro, La responsabilidad civil del empresario por
actos de sus empleados, 1ra ed., Madrid, Ed. CES, 1999, págs. 108-109.
Véase además C. Irizarry Yunqué, op. cit., págs. 363-364.
52
CC-2018-0438
18
principal haya sido negligente.54 Este modelo se desarrolló
en el derecho común o consuetudinario, sobre la concepción
de que los actos de los auxiliares son, por extensión, los
actos del principal. Por lo tanto, es justo que se le imponga
responsabilidad
al
patrono
por
los
actos
culposos
o
negligentes de sus auxiliares.55 Hoy día, la mayoría de los
estados en los Estados Unidos han creado normas jurídicas
codificando estos supuestos.56 Siguiendo esa tendencia, cabe
puntualizar que el Art. 1540 del nuevo Código Civil de 2020
(análogo al Art. 1803 del Código anterior) adopta este
modelo de responsabilidad vicaria.57
No obstante las diferencias entre ambos modelos, la
justificación de su existencia es sustancialmente igual. En
el derecho civil, además de reconocer la culpa propia del
principal, se reconoce que quien recibe los beneficios debe
soportar los inconvenientes—concepto recogido en la máxima
cuius commoda eius incommoda.58 Mientras, en el derecho
consuetudinario el modelo de responsabilidad vicaria se
justifica al entender que la empresa es quien tiene la
capacidad económica y es quien debe responder por los daños
que causan sus agentes.59
J. Solé Feliu, op. cit., pág. 22.
Restatement (Second) of Agency: When Master is Liable for Torts
of His Servants sec. 219 (1958).
56 C. Zeno Santiago, op. cit., pág. 102.
57 31 LPRA sec. 10805.
58
C. Moreno de Toro, La responsabilidad civil del empresario por
actos de sus empleados, 1ra ed., Madrid, Ed. CES, 1999, pág. 166.
59 Restatement (Third) of Torts: Apportionment of Liability sec. 13
(2000).
54
55
CC-2018-0438
E.
19
El Derecho de Repetición bajo el Art. 1804.
Ahora bien, el patrono que haya respondido bajo el Art.
1803 por los actos culposos o negligentes de su empleado
cuenta con un remedio particular conforme al Código Civil.
Así, el Art. 1804 dispone que “[e]l que paga el daño causado
por sus dependientes puede repetir de estos lo que hubiese
satisfecho”.60
Es
decir,
el
Código
Civil
expresamente
contempla una causa de acción contingente posterior para
recuperar del empleado lo que por culpa de ese respondió.
Dicha acción es análoga a la de nivelación que se le reconoce
a los deudores solidarios para recobrar lo que han pagado
en exceso a su cuota.61
El derecho de nivelación no surge hasta que un codeudor
haya
efectuado
un
pago
mayor
a
la
proporción
que
le
corresponde.62 Sin embargo, el codeudor sujeto al pago puede
presentar
una
demanda
contra
tercero
como
reclamación
contingente.63 Es decir, presentada la reclamación de la
parte demandante contra un deudor solidario, este último
puede presentar una reclamación contra los demás codeudores
⎯contingente a que responde ante los demandantes en mayor
proporción a su propia culpa.64 De esta forma, el derecho de
31 LPRA sec. 5143 (derogado).
C. Zeno Santiago, op. cit., pág. 71.
62 Íd.
63 Íd.
64 Por ejemplo, en Nuñez v. Cintrón, 115 DPR 598, 620 (1984), este
Tribunal le impuso responsabilidad solidaria al hospital y al médico
demandado por su negligencia combinada, haciendo la salvedad que “[e]ste
dictamen es sin menoscabo de cualquier acción en nivelación que pudieran
los demandados deducir entre sí una vez satisfecha la sentencia.”
60
61
CC-2018-0438
20
nivelación busca evitar el enriquecimiento injusto, pues
resultaría injusto que “siendo dos (2) o más personas las
causantes de un daño se le permita al demandante, por razón
de parentesco, amistad, colusión, o por cualquier motivo,
que releve a éstas de responsabilidad y dirija la acción
exclusivamente contra otros”.65
En cuanto al término prescriptivo aplicable a esta
acción de repetición, la doctrina se inclina a reconocer que
debe
estar
sujeto
al
término
general
de
acciones
personales.66 Y es que esta acción no reclama el cumplimiento
de una obligación que surge de un acto u omisión en que
interviene culpa o negligencia. Por lo tanto, no le es de
aplicación
el
obligaciones
término
prescriptivo
extracontractuales.67
dispuesto
Así,
para
el
las
término
prescriptivo aplicable de acciones personales dependerá de
la ley vigente
al momento en
que surge el
derecho de
repetición. Es decir, bajo el Art. 1864 del Código Civil
anterior, prescribirán con el transcurso del plazo de quince
(15) años desde que se efectúa el pago en mayor proporción
a la culpa propia. Mientras, bajo el nuevo Código Civil de
2020 el plazo de prescripción general para el reclamo de
acciones personales es de cuatro (4) años.68
Szendrey v. Hospicare, supra, pág. 654.
31 LPRA sec. 5294 (derogado).
67 C. Zeno Santiago, op. cit., pág. 74.
68 Art. 1203 del Código Civil de 2020, 31 LPRA 9495.
65
66
CC-2018-0438
21
F. La Solidaridad dentro del régimen de Responsabilidad
Civil Extracontractual por Hechos Ajenos bajo el Art.
1803.
Nuestro
Código
Civil
no
dispone
expresamente
si
aquellos llamados a responder por hechos ajenos bajo el Art.
1803 guardan una relación de solidaridad con aquellos por
quienes han
de
responder.
Por
lo tanto,
y
en
lo aquí
pertinente, de nuestro ordenamiento jurídico no surge con
claridad si un patrono y un empleado son, en virtud de su
relación
contractual
preexistente,
solidariamente
responsables frente a un tercero bajo el Art. 1803, de la
misma manera que lo serían dos cocausantes independientes
bajo el Art. 1802. Esta es precisamente la controversia
novel
que
hoy
atendemos.
Más
no
somos
la
primera
jurisdicción en abundar este debate jurídico.
Varios
tribunales
estatales
y
federales
se
han
enfrentado a esta controversia. Aun en jurisdicciones donde
las
legislaturas
han
eliminado
o
modificado
la
responsabilidad solidaria (joint and several liability) en
el ámbito extracontractual sin expresar el impacto que esto
tendría en la responsabilidad vicaria de un patrono por los
actos
de
sus
empleados,69
concluir
que
existe
los
tribunales
solidaridad
entre
un
han
tendido
patrono
y
a
su
empleado. Esto pues no se trata de cocausantes que actúan
69
Íd.
CC-2018-0438
22
independientemente sino de una responsabilidad impuesta al
principal a base de la relación que tiene con el causante
del daño.70 El Restatement of Torts lo expresa claramente
cuando resume la norma de responsabilidad vicaria de la
manera siguiente:
”A person whose liability is imputed based on the
tortious acts of another is liable for the entire share
of comparative responsibility assigned to the other,
regardless of whether joint and several liability or
several liability is the governing rule for independent
tortfeasors who cause an indivisible injury.” (Énfasis
suplido).71
Al
aprobar
Asamblea
el
nuevo
Legislativa
Código
expresamente
Civil
de
adoptó
2020
el
nuestra
modelo
de
responsabilidad vicaria concebido por el derecho común.72 De
esta forma, la situación jurídica actual en Puerto Rico se
encuentra igualmente apta para favorecer la solidaridad
dentro de su responsabilidad vicaria. Mientras, aclaramos
el
lugar
de
la
solidaridad
dentro
del
régimen
de
responsabilidad presunta por hechos ajenos bajo el Art.
1803. En todo caso, debemos seguir remando en la corriente
de la modernidad jurídica.
70 Íd. Véase además The Nonparty Tortfeasor, 23 Mem. St. U. L. Rev.
105, 107 (1992). Rashtian v. BRAC-BH, Inc., 12 Cal.Rptr.2d 411 (Ct.App.
1992); Sieben v. Sieben, 646 P.2d 1036 (Kan. 1982); Clark v. Associates
Commercial Corp., 149 F.R.D. 629, 634 (D.Kan. 1993); Kragel v. Wal-Mart
Stores, Inc., 537 N.W.2d 699 (Iowa 1995).
71 Restatement (Third) of Torts: Apportionment Liab. § 13 (2000).
72 Artículo 1541, 31 LPRA sec. 10805.
CC-2018-0438
23
III.
Del
análisis
que
antecede
resulta
evidente
que
la
doctrina de solidaridad, en su vertiente impropia según
adoptada en Fraguada, supra, es inaplicable al régimen de
responsabilidad presunta de los patronos por los actos de
sus
empleados
bajo
el
Art.
1803.
Por
consiguiente,
no
procede aplicar su corolario de Maldonado, supra, según
pretende el foro apelativo, para reducir la indemnización
imputada a LMC por la porción correspondiente a la doctora
Caraballo Rosario.
El
régimen
de
responsabilidad
presunta
por
hechos
ajenos se fundamenta en la existencia de una relación de
dependencia previa entre el patrono y su empleado donde el
empleado, en el desempeño de su oficio, actúa para adelantar
los intereses de su patrono. Es decir, ambos cocausantes
están inexorablemente atados por un interés común y tienen
entre sí relaciones frecuentes. No existe, por lo tanto, la
ausencia de comunidad de intereses que justificó la adopción
de
la
doctrina
de
solidaridad
impropia
en
el
ámbito
extracontractual en Fraguada, supra, bajo el Art. 1802. Por
el contrario, al interpretar conjuntamente los Arts. 1803 y
1804 del Código Civil, la conclusión más lógica es que la
responsabilidad que surja entre el patrono y el empleado es
una solidaria, más en su vertiente propia. Veamos.
CC-2018-0438
24
Primero, es forzoso concluir que los Arts. 1803 y 1804
del
Código
primarios
Civil
de
la
necesariamente
solidaridad.
implican
Esto,
pues
los
efectos
la
persona
perjudicada puede exigir el resarcimiento de los daños tanto
al patrono, bajo el Art. 1803, como al empleado, bajo el
Art. 1802, o a ambos. En particular, a pesar de que el Art.
1803 fundamenta la obligación de responder del patrono sobre
su presunta culpa, el Código Civil a su vez no limita la
porción que se le puede exigir a este. Por el contrario, el
Art. 1803 llama al patrono a responder por la totalidad de
los daños ocasionados por su empleado y así contempla la
posibilidad del patrono repetir contra ese la cantidad que
hubiese
satisfecho
repetición
al
necesariamente
perjudicado.
implica
la
Este
derecho
existencia
de
de
una
relación interna que únicamente existe en las obligaciones
solidarias. De lo contrario, una persona perjudicada que
decida ejercer su acción únicamente contra el patrono solo
podrá recibir una indemnización parcial, correspondiente a
la porción de culpa del patrono. Es decir, el patrono
solamente respondería en proporción a su propia culpa y de
ninguna forma estaría respondiendo por los actos de su
empleado. No obstante, esta conclusión daría al traste con
el texto claramente establecido en el Art. 1803. Peor aún,
cuando consideramos las disposiciones del Art. 1804, el
derecho de repetición con el que cuenta el patrono no
serviría fin alguno si bajo el Art. 1803 el patrono nunca
pagaría en exceso a la porción correspondiente a su propia
CC-2018-0438
culpa.
25
No cabe duda, entonces, que el Art. 1803 del Código
Civil instituye, lógicamente, una relación solidaria entre
un patrono y sus empleados.
Segundo,
es
menester
recordar
que
el
Código
Civil
solamente clasifica las obligaciones como mancomunadas o
solidarias de forma que la categorización de la solidaridad
como propia o impropia responde al llamado jurisprudencial
de
llenar
resolver
las
que
lagunas
los
Arts.
jurídicas.
1803
y
En
esta
ocasión,
1804
del
Código
al
Civil
establecen una relación solidaria entre un patrono y su
empleado, dicha norma de solidaridad en realidad es una
impuesta
por
ley.
Por
consiguiente,
también
rigen
los
efectos secundarios de la solidaridad propia codificados en
el Art. 1091, supra. Es decir, “[l]a interrupción de la
prescripción aprovecha o perjudica por igual a todos los
acreedores
y
controversia,
deudores”.73
los
En
actos
lo
pertinente
interruptivos
a
nuestra
del
término
prescriptivo realizados contra el patrono o el empleado
perjudican al otro por igual.
Cónsono con lo anterior, cabe acentuar que la Corte
Federal para el Distrito de Puerto Rico ha concluido, en
varias ocasiones, que nuestra decisión en Fraguada, supra,
respecto
73
a
la
solidaridad
impropia,
no
se
extiende
Art. 1874 del Código Civil, 31 LPRA 5304 (derogado).
al
CC-2018-0438
26
régimen de responsabilidad presunta establecido en los Arts.
1803 y 1804 del Código Civil.74
De acuerdo a lo relatado, los peticionarios demandaron
a LMC reclamando el resarcimiento de los daños causados por
los actos negligentes de su empleada, la doctora Caraballo
Rosario. Así, el término prescriptivo contra LMC comenzó a
transcurrir luego de la muerte del señor Román Camacho el
26 de noviembre de 2012. Conforme a esto, los peticionarios
oportunamente presentaron su demanda contra LMC el 5 de
noviembre de 2013, es decir, dentro del término prescriptivo
de un año establecido en el Código Civil. Al estar presentes
los
elementos
obrero-patronal
de
la
solidaridad
preexistente
propia
entre
LMC
en
la
relación
y
la
doctora
Caraballo Rosario ⎯dentro de la cual como empleada la galena
causó un daño a un tercero en el desempeño de su oficio75
⎯los
acción
peticionarios
estaban
individualmente
solidariamente
obligados
facultados
contra
o
ambos
para
dirigir
su
de
los
contra
la
cualquiera
⎯es
decir,
doctora Caraballo Rosario, contra LMC, o ambos. De esta
forma, la presentación de la demanda contra LMC a su vez
interrumpió
el
término
prescriptivo
contra
la
doctora
Caraballo Rosario.
Véanse Ramírez Ortiz v. Corporación del Centro Cardiovascular de
Puerto Rico y del Caribe, 994 F.Supp.2d 218 (D.P.R. 2014); Kenyon v.
González del Río, 115 F.Supp.3d 268 (D.P.R. 2015).
75 Según lo concluyó el Tribunal de Primera Instancia y no vemos
razón para pasar juicio sobre esta determinación.
74
CC-2018-0438
27
Ulteriormente, LMC presentó una reclamación contingente
contra
la
doctora
Caraballo
solidaria.
Aplicando
nuestros
solidaridad
impropia
en
Rosario
como
pronunciamientos
Maldonado,
supra,
el
codeudora
sobre
la
foro
de
instancia erróneamente desestimó esta demanda contra tercero
por entender que la acción que tenían los peticionarios
contra la doctora Caraballo Rosario había prescrito. Claro,
esto
en
ausencia
de
una
expresión
previa
del
Tribunal
Supremo clarificando que la responsabilidad solidaria entre
un patrono y su empleado es propia. Esta aplicación errónea
de la doctrina de solidaridad impropia privó a LMC de su
claro derecho estatutario de repetición del Art. 1804 del
Código Civil, cual pudiera tener el efecto de permitir un
enriquecimiento injusto a favor de la doctora Caraballo
Rosario y que no hay duda tendría un efecto perjudicial
sobre LMC. No obstante, el derecho de LMC de repetir contra
la doctora Caraballo-Rosario bajo el Art. 1804 surgiría a
partir
del
momento
en
que
LMC
pague
la
indemnización
imputada bajo el Art. 1803. Anterior a eso, y en aras de
fomentar la economía procesal, solo procedería una acción
de nivelación contingente.
Igualmente
errada resulta
la determinación del foro
apelativo de ordenar reducir el monto que tendría que pagar
LMC a los peticionarios. Esto, pues, en la relación externa
cada deudor solidario responde por la totalidad de la deuda,
y en este caso, el patrono por su empleado, según dispone
CC-2018-0438
28
el Art. 1803. La proporción en que cada cocausante solidario
contribuyó a los daños es solamente relevante en la relación
interna entre los cocausantes para propósitos de nivelación
o repetición posterior y, por tanto, es irrelevante para los
peticionarios hacer valer su derecho estatutario a cobrar
de un patrono la totalidad del daño ocasionado por su
empleado. Por lo tanto, en la presente acción, resulta
improcedente celebrar una vista para determinar la porción
de los daños atribuibles a la doctora Caraballo Rosario para
que estos sean descontados de la indemnización impuesta a
LMC.
Por
el
contrario,
tal
determinación
cobraría
importancia únicamente para determinar la cuantía por la que
LMC podría repetir contra la doctora Caraballo Rosario. No
obstante, no es hasta que LMC responda por la totalidad de
los daños que entonces podrá repetir contra la doctora
Caraballo Rosario por la cantidad que pagó en exceso a su
propia culpa, según le faculta el Art. 1804. Al surgir
durante la vigencia del actual Código Civil de 2020, la
acción de repetición estaría sujeta al término prescriptivo
de cuatro (4) años contemplado en el Art. 1203. No es hasta
tal procedimiento que los tribunales deberán determinar la
porción de daños atribuible a cada cocausante, claro está,
si el patrono ejerce esta acción de repetir posteriormente.
IV.
Por los fundamentos antes expuestos, procede revocar la
determinación del Tribunal de Apelaciones en cuanto ordena
CC-2018-0438
29
una vista a los fines de determinar la porción de culpa
correspondiente a la Dra. Santos L. Caraballo Rosario ya que
no procede descontar esa porción de la totalidad de la
compensación. Consecuentemente se confirma la sentencia del
Tribunal de Primera Instancia ordenando a la recurrida el
pago de la totalidad de los daños.
Se dictará sentencia de conformidad.
Edgardo Rivera García
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Yadira Pérez Hernández,
Melissa Román Pérez;
Suehaze Román Pérez;
Robert E. Román Pérez
Peticionarios
Certiorari
v.
CC-2018-0438
Lares Medical Center,
Inc.; Dra. Fulana de Tal;
Aseguradora A, B, C;
Hospital John Doe
Recurridos
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 11 de agosto de 2021.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la que se hace formar parte íntegra de la presente
Sentencia, se revoca la determinación del Tribunal de
Apelaciones en cuanto ordena una vista a los fines de
determinar la porción de culpa correspondiente a la Dra.
Santos L. Caraballo Rosario ya que no procede descontar esa
porción de la totalidad de la compensación. Consecuentemente
se confirma la sentencia del Tribunal de Primera Instancia
ordenando a la recurrida el pago de la totalidad de los daños.
Notifíquese de inmediato.
Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del
Tribunal Supremo Interina. La Jueza Asociada señora Pabón
Charneco hace constar la expresión siguiente:
“A casi una década de resuelto Fraguada
Bonilla u. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365 (2012),
aún continuamos patinando sobre el camino turbio
trazado por la Mayoría al adoptar parcialmente la
doctrina de obligaciones in solidum. En aquel caso
se concretó un acuerdo transaccional entre la parte
demandante y el Hospital demandado, mediante el
cual se convino el desistimiento y relevo de la
reclamación contra el Hospital. La acción continuó
contra los médicos codemandados. Ese tracto
conllevó a que se discutiera el efecto interruptor
que tenía la presentación de una reclamación al
amparo del Art. 1802 del Código Civil, 31 LPRA ant.
sec. 5141, sobre el término prescriptivo que corría
CC-2018-0438
2
a beneficio de los cocausantes que no fueron
demandados dentro del plazo de un (1) año. Empero,
no se consideró las implicaciones que tenía lo
establecido en el Art. 1803 del Código Civil, 31
LPRA ant. sec. 5142, sobre la interrupción de la
prescripción.
Reitero que estoy en desacuerdo con que en
Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, la
solidaridad extracontractual de los cocausantes de
un daño se hubiera bifurcado en propia (perfecta)
e impropia (imperfecta). Sin embargo, estoy
conforme con la Opinión emitida hoy por el Tribunal
pues, a pesar de que su razonamiento se amolda al
precedente sentado en el precitado caso, el
resultado alcanzado es el correcto. La Demanda
presentada contra un patrono por los actos dañosos
cometidos por su empleado en el ejercicio de
funciones laborales también interrumpe el término
prescriptivo para reclamar contra el empleado".
El Juez Asociado señor Estrella
siguiente expresión de conformidad:
Martínez
emite
“Estoy conforme con la determinación de este
Tribunal por entender que ésta complementa de forma
armoniosa el estado de derecho que instauramos en
Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365
(2012). Mediante el dictamen precitado, tomamos el
camino de la modernidad y el ejercicio responsable
del derecho en los asuntos prescriptivos de
responsabilidad
extracontractual.
Hoy,
este
Tribunal cumple similar cometido con respecto a un
ámbito
jurídico
distinto,
a
saber:
la
responsabilidad de un patrono por los actos de sus
empleados,
en
el
que
median
importantes
consideraciones de política pública y que es
regulado separadamente en nuestro Código Civil”.
Bettina Zeno González
Secretaria del Tribunal Supremo Interina
la