Tribunal Supremo de Puerto Rico
Kilómetro 0, Inc. v. Pesquera López y otros
2021 TSPR 72
Poder Judicial de Puerto Rico
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Kilómetro 0, Inc. v. Pesquera López y otros
CC-2020-4
Derecho constitucional – Derecho de acceso a la información pública. En ausencia de un interés apremiante que justifique infringir incondicionalmente el derecho al acceso a la información pública, el Estado está obligado a entregar los Informes sobre el Uso de Fuerza del Negociado de la Policía de Puerto Rico, sujeto a los parámetros establecidos en la Opinión.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Kilómetro O, Inc.
Peticionaria
v.
Héctor M. Pesquera López,
en su capacidad oficial
como Secretario del Departamento de
Seguridad Pública de Puerto Rico;
Henry Escalera en su capacidad oficial
como Comisionado del Negociado de la
Policía y otros
Certiorari
2021 TSPR 72
207 DPR ____
Recurridos
Número del Caso:
CC-2020-4
Fecha: 28 de mayo de 2021
Tribunal de Apelaciones:
Panel III
Abogados de la parte peticionaria:
Lcdo. Luis José Torres Asencio
Lcdo. Steven P. Lausell Recurt
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Isaías Sánchez Báez
Procurador General
Materia: Derecho constitucional - Derecho de acceso a la información
pública. En ausencia de un interés apremiante que justifique infringir
incondicionalmente el derecho al acceso a la información pública, el
Estado está obligado a entregar los Informes sobre el Uso de Fuerza
del Negociado de la Policía de Puerto Rico, sujeto a los parámetros
establecidos en la Opinión.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Kilómetro 0, Inc.
Peticionaria
v.
Héctor M. Pesquera López,
en su capacidad oficial
como Secretario del
Departamento de Seguridad
Pública de Puerto Rico;
Henry Escalera en su
capacidad oficial como
Comisionado del Negociado
de la Policía y otros
CC-2020-0004
Certiorari
Recurridos
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor
ESTRELLA MARTÍNEZ.1
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021.
Desde Soto v. Secretario de Justicia, infra, este
Tribunal ha destacado la importancia de que la ciudadanía
tenga acceso a aquella información pública que obra en manos
del Gobierno, no sólo como corolario del ejercicio de un
derecho fundamental, sino también como una parte vital de la
1Esta
controversia se adjudicó mediante una Sentencia
emitida el 12 de abril de 2021. Sin embargo, el 4 de mayo
de 2021, Kilómetro 0, Inc. presentó una Moción solicitando
que se certifique sentencia como opinión del Tribunal. En
consideración a la importancia del asunto constitucional
discutido en la ponencia y el valor educativo de la misma,
este Tribunal declara con lugar la moción y procede a
certificar la Sentencia como Opinión.
CC-2020-0004
2
fiscalización de la función pública. Sin embargo, también
hemos reconocido que tal derecho no es absoluto, pues el
Estado puede imponer restricciones al acceso a la información
en servicio de un interés público superior.
En
esta
ocasión,
nos
corresponde
examinar
una
restricción a tal derecho por la vía de un reclamo de
confidencialidad por parte del Estado. En específico, debemos
determinar si ciertos informes relacionados a la política
pública
promovida
por
la
Reforma
de
la
Policía
son
susceptibles a la revisión pública o si, por el contrario,
el Estado tiene un interés apremiante en no divulgar tal
documentación. Procedemos, entonces, a relatar el trasfondo
fáctico
y
procesal
de
la
controversia
ante
nuestra
consideración.
I
El 18 de marzo de 2019, Kilómetro 0, Inc. (KM0)
presentó una petición de mandamus en contra del Secretario
del Departamento de Seguridad Pública, el Comisionado del
Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), la Directora
del
Registro
Demográfico
y
el
Gobierno
de
Puerto
Rico
(Estado)2. En lo pertinente, solicitó la entrega de: (1) la
base datos del NPPR sobre el uso de fuerza por parte de sus
miembros
2En
desde
el
2014
al
presente,
actualizada,
en
un
aquel entonces, el Secretario del Departamento de
Seguridad Pública era el Sr. Héctor M. Pesquera López; el
Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico era
el Sr. Henry Escalera y la Directora del Registro
Demográfico era la Sra. Wanda Llovet Díaz.
CC-2020-0004
3
formato procesable tipo Excel y sin datos agrupados; (2) las
estadísticas
de
muertes,
heridas
graves
y
mutilaciones
causadas por el uso de fuerza en el NPPR desde el 2014 al
presente; y (3) las copias de todos los Informes de Uso de
Fuerza
o
Formularios
PPR-854
emitidos
desde
el
2014
al
presente.3 Argumentó que se trata de información pública cuya
divulgación no está protegida.
En
respuesta,
el
Estado
presentó
una
moción
de
desestimación.4 En lo que nos concierne, arguyó que los
Informes de Uso de Fuerza no son documentos públicos, pues
constituyen una comunicación interna entre el miembro del
NPPR y su supervisor. En la alternativa, planteó que éstos
recogen
información
de
testigos
e
informantes
que,
de
revelarse, desmotivarían su participación en el proceso.
Planteó que el Informe de Uso de Fuerza es de carácter
privilegiado, pues contiene información sensitiva. A su vez,
añadió que KM0 carecía de legitimación activa. Por último,
razonó que la expedición del mandamus tendría un impacto
3Con
respecto al Registro Demográfico, KM0 solicitó
copia de los certificados de defunción de veintiún (21)
personas identificadas en los Informes de Uso de Fuerza,
como también copia actualizada de la base de datos sobre
causas de muerte. Eventualmente, fueron entregados los
certificados de defunción disponibles y KM0 desistió de
este reclamo. El Tribunal de Primera Instancia acogió el
desistimiento en una sentencia parcial.
4El
Estado acompañó su solicitud de desestimación con
una copia de la base de datos sobre el uso de fuerza y
afirmó su cumplimiento con la petición de las estadísticas
sobre el uso de fuerza.
CC-2020-0004
adverso
en
4
los
intereses
públicos
y
constituiría
una
intromisión indebida en el poder ejecutivo.
Por su parte, KM0 se opuso a la desestimación.5 Argumentó
que los Informes de Uso de Fuerza son documentos públicos,
así originados, expedidos y conservados por el NPPR. Planteó
que la Orden General Capítulo 600, Sección 605 (OG 600-605)
del NPPR, firmada por el Superintendente de la Policía, sólo
cataloga como confidenciales los informes que involucran a
menores de edad. Adujo que ello tampoco supera el crisol del
escrutinio
estricto
confidencial
podría
y
sugirió
tacharse
que
o
cualquier
ennegrecerse.
información
Afirmó
su
legitimación activa al amparo del derecho constitucional al
acceso a la información.
En una réplica, el Estado indicó que, aún si los
Informes de Uso de Fuerza fueran documentos públicos, existe
un interés apremiante que justifica su confidencialidad.
Reiteró que KM0 no tiene legitimación activa y afirmó que la
controversia se tornó académica cuando entregó lo relacionado
a las bases de datos, las estadísticas y los certificados de
defunción.
Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia emitió
una sentencia en la cual reconoció, en primer lugar, que KM0
tiene legitimación activa para instar su reclamo. Concluyó,
además, que el Informe de Uso de Fuerza es un documento
5Por
otro lado, KM0 también sostuvo que el Estado no
entregó la totalidad de la información estadística que
solicitó y que la base de datos de uso de fuerza se entregó
con los datos agrupados.
CC-2020-0004
5
público, pues es creado, expedido y conservado en el NPPR,
como también redactado por un funcionario público en el
desempeño de sus funciones. Determinó que documentos que
narran hechos acontecidos no son confidenciales. Asimismo,
infirió que el que un documento pueda utilizarse para la
implementación de políticas institucionales no lo exime de
ser publicado. Razonó que el Estado no presentó prueba o
fundamento que evidenciara que la divulgación de los Informes
de Uso de Fuerza afectaría o perjudicaría el interés público
o el funcionamiento del Gobierno.
En
desacuerdo,
el
Estado
presentó
un
recurso
de
apelación y una solicitud de auxilio de jurisdicción ante el
foro
apelativo
intermedio.
Adujo
que
no
tiene
un
deber
ministerial de proveer acceso a los Informes de Uso de
Fuerza,
pues
se
departamentales
trata
con
de
fines
un
escrito
internos.
sobre
Afirmó
actuaciones
que
existen
razones de orden público que impiden su divulgación, a saber,
que
éstos
contienen
información
personal
de
testigos
y
afectados, y que la divulgación inhibiría a los funcionarios
públicos de prepararlos sin temor. Indicó que su interés en
proteger las investigaciones de uso de fuerza es superior al
interés de KM0 en el acceso a tal información.
Con
este
planteamiento
ante
su
consideración,
el
Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia y revocó el
dictamen del foro primario. Determinó que el derecho al
acceso a la información pública cede ante el interés de
salvaguardar
los
derechos
de
terceros.
Esto,
pues,
los
CC-2020-0004
6
Informes de Uso de Fuerza contienen información personal de
los testigos y los afectados. Añadió que su divulgación podía
impactar las investigaciones en curso o la Reforma de la
Policía ante el foro federal.
Inconforme, KM0 presentó una solicitud de certiorari
ante este Foro. Expedimos el recurso solicitado el 6 de marzo
de 2020. En suma, KM0 señaló que los informes sólo contienen
una narración de hechos, no evaluaciones sobre los mismos o
recomendaciones de política pública. Rechazó, además, que
éstos se utilizaran únicamente para fines investigativos
internos. Argumentó que limitar el acceso a este tipo de
documento imposibilitaría la fiscalización pública. Reiteró
que nada impide que se divulgue toda la información que no
sea confidencial.6
Por su parte, el Estado argumentó que el derecho al
acceso a la información no es absoluto y cede ante intereses
públicos, como lo son el proteger información confidencial y
prevenir un impacto sobre investigaciones o sobre la Reforma
de la Policía.
Con
el
beneficio
de
los
escritos
de
ambas
partes,
procedemos a resolver si, en primer lugar, los Informes de
Uso de Fuerza constituyen documentos públicos susceptibles a
ser divulgados y revisados por la ciudadanía. En segundo
lugar, este Tribunal debe determinar si el Estado probó el
6Además,
KM0 indicó que el NPPR todavía no había
provisto la base de datos actualizada en un formato
procesable y sin datos agrupados.
CC-2020-0004
7
interés apremiante que justifica la denegación del acceso a
los mismos. Veamos.
II
A.
Como
pilar
de
toda
sociedad
democrática,
los
ciudadanos y ciudadanas de Puerto Rico poseen un derecho
fundamental al acceso a la información pública, el cual está
estrechamente vinculado con los derechos a la libertad de
palabra, prensa y asociación. Art. II, Sec. 4, Const. ELA,
LPRA, Tomo 1; Trans Ad de P.R. v. Junta de Subastas, 174 DPR
56, 67 (2008); Ortiz v. Dir. Adm. de los Tribunales, 152 DPR
161 (2000); Soto v. Srio. de Justicia, 112 DPR 477, 485-486
(1982).
Este
derecho
garantiza
examinar
el
contenido
de
los
que
toda
persona
expedientes,
pueda
informes
y
documentos que hayan sido recopilados por el Estado durante
sus gestiones gubernamentales. Ortiz v. Dir. Adm. de los
Tribunales, supra. Este mandato constitucional también ha
sido avalado en nuestro ordenamiento por la vía estatutaria,
la cual reconoce que “[t]odo ciudadano tiene derecho a
inspeccionar y sacar copia de cualquier documento público
de Puerto Rico, salvo lo expresamente dispuesto en contrario
por la ley”. Art. 409 del Código de Enjuiciamiento Civil de
Puerto Rico, 32 LPRA sec. 1781.
El derecho al acceso a la información pública se ancla
en la idea de que todas las personas están legitimadas a
saber y a conocer de los asuntos gubernamentales. E. Rivera
Ramos,
La
libertad
de
información:
Necesidad
de
su
CC-2020-0004
8
reglamentación en Puerto Rico, 44 Rev. Jur. UPR 67, 67-68
(1975). Esto, pues, en una sociedad democrática, “resulta
imperativo reconocer al ciudadano común el derecho legal de
examinar e investigar cómo se conducen sus asuntos”. Ortiz
v. Dir. Adm. de los Tribunales, supra (citando a Soto v.
Srio de Justicia, supra, pág. 485). Su importancia está
enraizada
en
la
noción
gestiones
públicas
de
que
el
conocimiento
facilita
la
libre
discusión
de
las
de
los
asuntos gubernamentales y, por ende, el ejercicio pleno de
la libre expresión. Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum,
170 DPR 582, 590 (2007).
Asimismo,
tal
conocimiento
permite
evaluar
y
fiscalizar la función pública de forma más adecuada, como
también cataliza una participación ciudadana más efectiva e
inteligente en los procesos gubernamentales. Esto, a su vez,
promueve
la
transparencia
en
la
función
gubernamental,
estimulando, así, la sana administración pública. Bhatia
Gautier v. Gobernador, 199 DPR 59, 80–81 (2017). Dicho de
otro modo, como herramienta fiscalizadora, el derecho al
acceso a la información faculta a las personas a emitir
juicios informados sobre los actos de su gobierno. Colón
Cabrera
v.
Caribbean
Petroleum,
supra.
Como
se
sabe,
nuestros principios democráticos “garantizan el derecho del
pueblo
a
pasar
un
juicio
fiscalizador
sobre
todas
las
acciones y determinaciones del Gobierno”. Trans Ad de P.R.
v. Junta de Subastas, supra, pág. 67. De lo contrario,
“[p]ermitir que el gobierno maneje los asuntos públicos bajo
CC-2020-0004
9
el manto de la secretividad es invitar a la arbitrariedad,
la mala administración, la indiferencia gubernamental, la
irresponsabilidad pública y la corrupción”. Rivera Ramos,
op. cit., pág. 69. Por lo cual, “[h]oy día la secretividad
en los asuntos públicos es excepción y no norma”. Santiago
v. Bobb y El Mundo, Inc., 117 DPR 153, 159 (1986).
Ahora bien, el derecho al acceso a la información
requiere, como precursor, que la información que se solicita
sea, en efecto, de naturaleza pública. Bhatia Gautier v.
Gobernador, supra, pág. 81. A esos fines, el Artículo 1(b)
de la Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto
Rico, Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, según enmendada,
3 LPRA sec. 1001, define documento público como:
[T]odo documento que se origine, conserve o
reciba en cualquier dependencia del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico de acuerdo con la
ley o en relación con el manejo de los asuntos
públicos y que de conformidad con lo dispuesto
en la sec. 1002 de este título se haga conservar
que se requiera conservar permanentemente o
temporalmente como prueba de las transacciones
o por su valor legal. Incluye aquellos
producidos de forma electrónica que cumplan con
los requisitos establecidos por las leyes y
reglamentos.
Es decir, “un documento público es el que un organismo
estatal recibe en el curso de sus procedimientos y que está
obligado
a
preservar.”
Trans
Ad
de
P.R.
v.
Junta
de
Subastas, supra, pág. 69. Así, “[u]na vez un documento cae
bajo alguna de estas definiciones, el ciudadano común tiene
derecho
a
solicitar
acceso
a
la
información
y,
como
veremos, el Estado sólo podrá negar válidamente el acceso
CC-2020-0004
10
a un ciudadano interesado en un número determinado de
supuestos.” Ortiz v. Dir. Adm. De Los Tribunales, supra,
pág. 176. Entiéndase, una vez el documento es catalogado
como público, todo ciudadano y ciudadana tiene legitimación
activa para solicitar y acceder a tal información. Colón
Cabrera v. Caribbean Petroleum, supra, pág. 589. Esto, pues
“[e]n la medida en que todo ciudadano tiene el derecho a
inspeccionar
cualquier
documento
público,
el
acto
de
denegar el acceso, por sí mismo, causa al solicitante un
daño claro, palpable y real”. Ortiz v. Dir. Adm. de los
Tribunales, supra, pág. 177. En fin, este derecho requiere
que el Estado divulgue toda información pública con el fin
de “expeditar el camino de los ciudadanos interesados -inclusive críticos y adversarios-- en averiguar la verdad
y no sembrar el camino de obstáculos”. Soto v. Srio de
Justicia, supra, pág. 504.
No obstante, en ocasiones previas hemos reconocido
circunstancias particulares en las que el Estado puede
reclamar que se preserve la confidencialidad de cierta
información
pública.
Para
que
un
reclamo
de
confidencialidad triunfe, el Estado debe probar de forma
precisa e inequívoca la aplicabilidad de alguna de las
siguientes excepciones: (1) que una ley así lo declara;
(2) que la comunicación está protegida por algún privilegio
evidenciario; (3) que la divulgación de la información
puede lesionar derechos fundamentales de terceros; (4) que
se trate de un confidente, según la Regla 515 de Evidencia
CC-2020-0004
11
de 2009, 32 LPRA Ap. VI, o (5) que sea información oficial
conforme a la Regla 514 de Evidencia de 2009, 32 LPRA Ap.
VI. Santiago v. Bobb y El Mundo, Inc., supra.
Sin embargo, aquellas restricciones que el Estado
impone en el acceso a la información deben satisfacer los
criterios de un escrutinio estricto. Véase, Bhatia Gautier
v. Gobernador, supra, pág. 82; Ortiz v. Dir. Adm. de los
Tribunales, supra, pág. 178; Colón Cabrera v. Caribbean
Petroleum, supra, pág. 593. Es decir, al momento de invocar
alguna de las excepciones precitadas, el Estado no puede
negar
el
acceso
caprichosa
o
a
la
información
arbitraria.
Colón
pública
Cabrera
v.
de
forma
Caribbean
Petroleum, supra, pág. 590. Cuando el Estado reclama la
confidencialidad de algún documento público, éste “tiene
la
carga
de
probar
que
satisface
excepciones
antes
enumeradas”. I
́d.,
consiguiente,
la
por
negación
parte
cualquiera
pág.
del
de
las
591.
Por
Estado
a
la
divulgación de información pública debe estar fundamentada
y justificada, pues “[n]o bastan meras generalizaciones”.
Santiago v. Bobb y El Mundo, Inc., supra.
Por tal razón, los tribunales debemos ser “cautelosos
en
conceder
livianamente
cualquier
pedido
de
confidencialidad del Estado”. Santiago v. Bobb y El Mundo,
Inc., supra. Así, “[a]nte la hermética resistencia del
Estado a viabilizar el derecho de acceso a la información,
corresponde a los tribunales franquear el camino”. Soto v.
Srio de Justicia, supra, pág. 504. De lo contrario, se
CC-2020-0004
12
avalaría el retroceder en los avances a favor del derecho
al acceso a la información gubernamental y a la igualdad
entre el Estado y los ciudadanos. Eng'g Servs. Int'l, Inc.
v. Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, 2020 TSPR
103 (citando a Santiago v. Bobb y El Mundo, Inc., supra,
pág. 160.)
B.
En el 2008, el Departamento de Justicia de los Estados
Unidos
(DOJ
por
sus
siglas
en
inglés)
comenzó
una
investigación sobre unos alegados patrones de uso de fuerza
excesivo, registros y allanamientos inconstitucionales, y
ciertas prácticas policiacas discriminatorias en la entonces
llamada Policía de Puerto Rico (PPR). En respuesta, la PPR se
comprometió a una reforma mediante la publicación de su Plan
de Excelencia en el 2011. En ese mismo año, el DOJ publicó un
informe en el cual identificó ciertas deficiencias que debían
ser atendidas de forma sistemática en la PPR, entre éstas: el
uso de fuerza, la supervisión externa y rendición de cuentas,
y la interacción con la comunidad.
Luego de ciertos años de cooperación entre la PPR y el
DOJ, el 17 de julio de 2013, el Gobierno de Puerto Rico y los
Estados
Unidos
suscribieron
el
Acuerdo
para
la
Reforma
Sostenible de la Policía de Puerto Rico (Acuerdo).7 Éste se
7Policía
de Puerto Rico, Acuerdo para la Reforma
Sostenible
de
la
Policía
de
Puerto
Rico,
https://docs.google.com/file/d/0BztrH26ENotOUdvR2hzajdVM0E/view (última visita, 19 de febrero
de 2021).
CC-2020-0004
13
presentó ante el Tribunal de Distrito de Puerto Rico con el
propósito de afirmar el compromiso de la PPR con ofrecer
servicios
policiacos
al
margen
de
los
derechos
constitucionalmente garantizados a la ciudadanía. Asimismo,
el Acuerdo consignó el reconocimiento de que la seguridad
pública, las actuaciones policiacas constitucionales y la
confianza de la comunidad operan de forma interdependiente.
En el esfuerzo de reformar las prácticas de la PPR, el
Acuerdo destacó las siguientes áreas para desarrollo: (1)
profesionalización;
(2)
allanamientos;
igual
(4)
uso
de
fuerza8;
protección
y
(3)
no
registros
discrimen;
y
(5)
reclutamiento, selección y nombramiento; (6) políticas y
procedimientos;
administración;
(7)
adiestramiento;
(9)
(8)
querellas
supervisión
y
administrativas,
investigaciones internas y disciplina; (10) interacción con
la
comunidad
información
e
y
información
tecnología.
pública,
En
lo
y
(11)
pertinente,
sistemas
el
de
Acuerdo
estableció un procedimiento para la notificación de cualquier
uso de fuerza por parte de un miembro de la PPR:
36. La PPR desarrollará una política de
elaboración de informes sobre uso de fuerza y un
formulario de Informe de Uso de Fuerza que cumplan
con las leyes aplicables y estén acordes con las
prácticas policiacas generalmente aceptadas. La
política de Informes de Uso de Fuerza obligará a
los miembros de la PPR a notificar a su supervisor
inmediato luego de cualquier uso de fuerza, lesión
8Según
las definiciones del Acuerdo, el uso de fuerza
se refiere a “cualquier coacción física utilizada para
afectar, influenciar o persuadir a una persona para que
cumpla con una orden de un miembro de la PPR, más allá de
ser esposado sin oponer resistencia, incluyendo desenfundar
un arma de fuego y apuntarla.”
CC-2020-0004
14
a un arrestado o alegación de uso de fuerza
excesiva. En los casos que involucren el uso fuerza
grave, la notificación será dentro de una (1) hora,
a menos que existan circunstancias apremiantes.
37. La política de Informes de Uso de Fuerza
requerirá que todos los miembros de la PPR informen
por escrito todo uso de fuerza usando un formulario
de Informe de Uso de Fuerza antes de finalizar su
turno. Dicho Informe incluirá: (a) una descripción
detallada del incidente desde la perspectiva del
miembro de la PPR; (b) el motivo de la presencia
inicial de la policía; (c) una descripción
específica de los actos que motivaron el uso de
fuerza, incluyendo el comportamiento de el o los
individuos;
(d)
el
nivel
de
resistencia
enfrentado; y (e) una descripción de cada tipo de
fuerza utilizado. La política de Informes de Uso
de Fuerza prohibirá explícitamente el uso de
lenguaje repetitivo o concluyente en todos los
informes de uso de fuerza. El hecho de no reportar
un uso de fuerza o lesión a un arrestado por parte
de un miembro de la PPR será causa para someter a
dicho
miembro
de
la
PPR,
incluidos
sus
supervisores y oficiales de alto rango, a medidas
disciplinarias.
[…]
39. La política de Informes de Uso de Fuerza
dispondrá que los miembros de la PPR presenten copias
de dicho Informe a su supervisor inmediato y a la SARP
para su seguimiento y análisis. La SARP conservará
las copias originales de estos Informes en un lugar
central.
A su vez, el Acuerdo instauró un procedimiento escalonado
para la revisión, investigación y análisis de tales informes
con el fin de determinar si la conducta estuvo justificada y
ajustada a la política de la PPR. También impuso a la PPR la
responsabilidad de, por lo menos una (1) vez al año, analizar
la
data
“para
determinar
las
tendencias
significativas,
identificar y corregir las deficiencias detectadas por este
análisis,
público.”
y
documentar
sus
conclusiones
en
un
informe
CC-2020-0004
15
A raíz de esta política, se crearon la Orden General
Capítulo 600, Sección 601, intitulada “Reglas para el Uso de
la Fuerza” (OG-600-601)9, y la Orden General Capítulo 600,
Sección 605, titulada “Informe e Investigación de Incidentes
de Uso de Fuerza de Miembros de la Policía de Puerto Rico”
(OG 600-605)10. La OG 600-601 fija los límites que rigen el
uso de fuerza por parte de los miembros del ahora llamado
NPPR, el cual debe amoldarse a los derechos de la ciudadanía
así
reconocidos
en
nuestro
ordenamiento.
En
suma,
ésta
instruye a los miembros del NPPR a utilizar un nivel de fuerza
mínimo, razonable y proporcional a la amenaza. Además, ordena
a todos los miembros del NPPR involucrados en un incidente de
uso de fuerza a notificarlo a su supervisor inmediato y a
cumplir con el procedimiento implantado por la OG 600-605.
Por su parte, la OG 600-605 decreta la política pública
de que todos los incidentes de uso de fuerza tienen que ser
reportados por los miembros del NPPR de forma oportuna,
completa y precisa. A su vez, asienta las normas y los
procedimientos
para
reportar
e
investigar
todos
los
incidentes de uso de fuerza. En esencia, todo miembro del
NPPR que utilice la fuerza contra más de una (1) persona o
animal tiene que completar un Informe de Uso de Fuerza,
9Policía
de Puerto Rico, Orden General 600-601,
https://docs.google.com/file/d/1yVPFAatDYvSnQpoON6z403Lmd
3sM--Zh/view (última visita, 19 de febrero de 2021).
10Policía
de Puerto Rico, Orden General 600-605,
https://docs.google.com/file/d/0BztrH26ENotSU14aUs5U1B2Nnc/view (última visita, 19 de febrero
de 2021).
CC-2020-0004
16
también conocido como el Formulario PPR-854. Cada informe
debe incluir una descripción detallada del incidente desde la
perspectiva del miembro del NPPR, sin lenguaje estereotipado
o concluyente, y, además: el motivo de la presencia inicial
del NPPR en el lugar; una descripción específica de los actos
que motivaron el uso de fuerza, incluyendo el comportamiento
de la persona contra quien se utilizó la fuerza; el nivel de
resistencia enfrentado; una descripción de cada tipo de fuerza
utilizado, y toda aquella información relacionada a lesiones
y tratamiento médico recibido o rechazado por el miembro del
NPPR o la persona contra quien se utilizó la fuerza.
C.
El
mandamus
es
un
recurso
altamente
privilegiado
y
discrecional mediante el cual se exige a una persona natural
o jurídica el cumplimiento de un deber ministerial dentro de
las atribuciones o deberes del cargo que ocupa. Art. 649 del
Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3421. Un deber
ministerial se refiere a un mandato específico que no admite
ejercicio de discreción en su cumplimiento. Romero Lugo v.
Cruz Soto, 2020 TSPR 143; AMPR v. Srio. Educación, ELA, 178
DPR 253, 264 (2010); Báez Galib y otros v. C.E.E. II, 152 DPR
382 (2000). Debido a su naturaleza extraordinaria, el mandamus
está disponible únicamente cuando “el peticionario carece de
un recurso adecuado y eficaz en el curso ordinario de la ley”.
Art. 651 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec.
3423;
Aponte
Rosario
v.
Elecciones, 2020 TSPR 119.
Presidente
Comisión
Estatal
de
CC-2020-0004
17
Ahora bien, al momento de considerar si procede o no
conceder el mandamus, los tribunales tienen la obligación de
considerar el impacto del recurso en los intereses públicos
involucrados,
la
posible
intromisión
indebida
en
las
gestiones de la Rama Ejecutiva y el efecto sobre los derechos
de terceros. Romero Lugo v. Cruz Soto, supra (citando a
Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 448 (1994)); Bhatia
Gautier v. Gobernador, supra, pág. 75. En lo que concierne al
caso ante nuestra consideración, este Tribunal ha determinado
que el recurso de mandamus es el indicado para “lograr la
inspección y para obtener copia de documentos públicos.”
Bhatia Gautier v. Gobernador, supra (citando a Ortiz v. Panel
F.E.I., 155 DPR 219 (2001)).
Expuesto el derecho aplicable, procedemos a discutir su
aplicación a esta controversia.
III
En su petición ante este Tribunal, KM0 afirma que los
Informes de Uso de Fuerza son documentos públicos y mantiene
que su divulgación facilitaría la fiscalización del NPPR por
parte de la ciudadanía.
exclusivamente
para
Niega
que los
informes se usen
propósitos
internos
investigativos
y
aduce que, aún si estos incluyeran información confidencial,
nada impide el acceso a aquella que no goce de tal condición.
Añade que el Estado no ha demostrado el interés apremiante
que supera su derecho al acceso a la información.
Por su parte, el Estado reitera que la divulgación no
procede ante el interés público de proteger información
CC-2020-0004
18
confidencial y prevenir un impacto en sus investigaciones.
A su vez, reafirma que los Informes de Uso de Fuerza no son
de naturaleza pública, pues se producen como parte de las
funciones
del
miembro
del
NPPR
para
fines
internos
administrativos e investigativos.
Conforme
discutimos,
toda
controversia
sobre
el
derecho al acceso a la información requiere que, en primer
lugar, determinemos si el documento o la información que se
solicita es de carácter público. Precisa, pues, examinar si
los
Informes
de
Uso
de
Fuerza
solicitados
por
KM0
constituyen información pública sujeta a la revisión de la
ciudadanía. Según indicamos, nuestro ordenamiento considera
como documento público todo aquel que se origina, conserva
o reciba en cualquier dependencia de Estado y que esté
relacionado con el manejo de asuntos públicos. Ley de
Administración
de
Documentos
Públicos
de
Puerto
Rico,
supra, 3 LPRA sec. 1001(b). Asimismo, este Tribunal ha
reconocido que el término “documentos públicos” incluye
aquella gama de escritos oficiales que son preparados por
funcionarios públicos en el desempeño de un deber público.
Pueblo v. Millán Meléndez, 110 DPR 171, 176 (1980) (citando
a Cirino v. Fuentes Fluviales, 91 DPR 608, 614-616 (1964)).
En el caso que nos ocupa, el Acuerdo decreta que el
Informe de Uso de Fuerza se refiere a un informe escrito en
el cual los miembros del NPPR documentan todos los usos de
fuerza por encima de la colocación de esposas sin oposición.
Como es sabido, el NPPR es una dependencia del Departamento
CC-2020-0004
19
de Seguridad Pública, así adscrita al poder ejecutivo. Los
informes en controversia se producen en el NPPR y, en virtud
del
Acuerdo
y
la
OG
600-605,
son
completados
por
los
miembros del NPPR y se conservan en la Superintendencia
Auxiliar de Responsabilidad Profesional (SARP), división
del NPPR que realiza las investigaciones internas de los
miembros y empleados del NPPR. Es decir, los Informes de
Uso de Fuerza se originan, reciben y conservan en una
dependencia del Estado. Asimismo, se trata de documentos
que recopilan información sobre incidentes específicos que
ocurren durante el desempeño del deber público y que deben
prepararse como parte de las funciones del cargo que ocupan
los miembros del NPPR. En consecuencia, debemos concluir
que los Informes sobre el Uso de la Fuerza son, en efecto,
documentos públicos.
Así determinado que la información que solicita KM0
emana de un documento público, nace el derecho de todo
ciudadano o ciudadana a accederla. Como hemos expresado,
toda persona tiene derecho a acceder a la información
pública que se recopila en la gestión gubernamental. Eng'g
Servs. Int'l, Inc. v. Autoridad de Energía Eléctrica de
Puerto Rico, supra. Sin embargo, tal derecho no es absoluto,
pues puede estar sujeto a limitaciones por parte del Estado
siempre y cuando estas no sean caprichosas o arbitrarias.
Es decir, tales obstáculos al ejercicio del derecho a
acceder la información pública deben servir un interés
CC-2020-0004
20
apremiante del Estado. Bhatia Gautier v. Gobernador, supra,
pág. 61.
Por consiguiente, ahora debemos escudriñar la negación
del Estado a divulgar los Informes de Uso de Fuerza. En
ocasiones
previas,
este
Tribunal
ha
reconocido
circunstancias excepcionales en las que el derecho al acceso
a
la
información
pública
se
ve
forzado
a
ceder
ante
consideraciones de política pública y, en consecuencia, la
información se mantiene confidencial. Trans Ad de P.R. v.
Junta de Subastas, supra, pág. 68. Estas circunstancias se
limitan a: (1) cuando una ley así lo declara; (2) cuando la
comunicación
está
protegida
por
algún
privilegio
evidenciario que pueda ser invocado por los ciudadanos,
Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554 (1959); (3) si
revelar
la
información
puede
lesionar
los
derechos
fundamentales de terceros, E.L.A. v. P.R. Tel. Co., 114 DPR
394 (1983); (4) si se trata de un confidente, según la Regla
515 de Evidencia de 2009, y (5) si es información oficial,
según la Regla 514 de Evidencia de 2009. Véase Colón Cabrera
v. Caribbean Petroleum, supra, pág. 591. Cónsono con esto,
el Estado es quien tiene el peso de demostrar que la
confidencialidad
de
un
documento
público
se
justifica
mediante un interés apremiante. En este contexto, no bastan
las meras generalizaciones ni los fundamentos arbitrarios.
Santiago v. Bobb y El Mundo, Inc., supra.
Ahora bien, el análisis judicial de un reclamo de
confidencialidad “dependerá de la excepción que invoque el
CC-2020-0004
21
Estado vis-à-vis el
pedido
de
información”. Nieves
v.
Junta, 160 DPR 97, 104 (2003). Sin embargo, es importante
enfatizar que nuestra jurisprudencia ha reconocido que,
entre esos dos (2) derechos, la balanza debe inclinarse a
favor
del
reclamante
de
la
solicitud
y
en
contra
del
privilegio. Nieves v. Junta, supra; López Vives v. Policía
de P.R., 118 DPR 219, 233 (1987). Entiéndase, “[l]a balanza
debe inclinarse hacia un reconocimiento mayor del derecho
a
la
información”.
A.M.
López
Pérez, El
privilegio
ejecutivo frente al derecho a la información pública, 34
(Núms. 2–3) Rev. Der. Pur. 345, 359 (1994).
En suma, el reclamo de confidencialidad del Estado en
el
caso
de
autos
se
fundamenta
en
tres
(3)
razones
principales: (1) que los Informes de Uso de Fuerza se
recopilan para fines investigativos y su divulgación podría
afectar las investigaciones en curso; (2) que los informes
contienen información sensitiva de terceros, y (3) que su
divulgación
representaría
un
disuasivo
para
que
los
miembros del NPPR o los testigos completen el Formulario
PPR-854 con la sinceridad y franqueza requerida.
En cuanto al primer fundamento, este Tribunal coincide
con que la protección de investigaciones en curso constituye
un
interés
descargue
gubernamental
adecuado
de
la
apremiante.
función
de
En
efecto,
seguridad
el
pública
requiere que el Estado tenga a su disposición un aparato
investigativo capaz. Soto v. Srio. de Justicia, supra, pág.
494. No obstante, no se puede perder de vista que el interés
CC-2020-0004
22
en proteger las investigaciones en curso concluye de forma
simultánea con el fin de la investigación. Es decir, una
vez termina la indagación oficial, cesa el riesgo de que la
divulgación de los Informes de Uso de Fuerza tenga un
impacto sobre la misma. En consecuencia, si bien este
interés puede excusar que se limite el acceso a aquellos
Informes de Uso de Fuerza que están bajo investigación,
éste no justifica la restricción del acceso a los informes
cuya pesquisa arribó a su fin.11
11Cabe
mencionar que algunas cortes en jurisdicciones
estatales han explorado y rechazado aserciones similares a
las que el Estado presenta en este caso. A modo de ejemplo,
la Corte Suprema de Nueva Jersey concluyó que, en contraste
con declaraciones de testigos y reportes investigativos con
detalles narrativos, la divulgación de los Informes de Uso
de Fuerza “presents far less of a risk of taint to an
ongoing investigation”, en especial ante una falta de
evidencia sobre su efecto adverso en el interés público. N.
Jersey Media Grp., Inc. v. Twp. of Lyndhurst, 229 N.J. 541,
577–78, 163 A.3d 887, 908 (2017). Asimismo, ciertos
tribunales estatales parecen descartar la contención de que
estos informes no pueden divulgarse por tratarse de
documentos internos que velan por el cumplimiento con la
política pública de la agencia y la conducta de sus
miembros. Entre éstos, una corte en Nueva Jersey determinó
que no considera “the possible, speculative use of a UFR in
an internal affairs investigation to provide the necessary
basis for precluding access under [the Open Public Records
Act].” O'Shea v. Twp. of W. Milford, 410 N.J. Super. 371,
386, 982 A.2d 459, 468 (App. Div. 2009). Análogamente, la
Corte Suprema de Arkansas denegó que informes de esta
naturaleza constituyeran un tipo de evaluación del empleado
público o que generara récords internos sobre su empleo, de
modo que estuvieran exentos de ser divulgados. Thomas v.
Hall, 2012 Ark. 66, 15, 399 S.W.3d 387, 395 (2012). También,
una corte en Nueva York rechazó que los Informes de Uso de
Fuerza cualificaran como récords personales y que, por ende,
estuviera prohibida su divulgación, pues razonó que, aun si
estos pudieran usarse para evaluar el desempeño de un
oficial, ese no sería su único uso. Prisoners' Legal Servs.
of New York v. New York State Dep't of Corr. & Cmty.
Supervision, 173 A.D.3d 8, 13, 98 N.Y.S.3d 677, 681 (2019).
De forma similar, una corte en Texas refutó que los Informes
CC-2020-0004
23
Por otra parte, ante el planteamiento de que existe
una clasificación categórica de confidencialidad para los
Informes de Uso de Fuerza, es necesario señalar que el
Acuerdo no establece que toda la información recopilada
como parte de sus iniciativas está cobijada por manto alguno
de confidencialidad. De hecho, el Acuerdo se
limita a
establecer que el Asesor de Cumplimiento Técnico (también
llamado el Monitor Federal) y el DOJ
“mantendrán la confidencialidad de toda la
información que no sea de naturaleza pública
provista por la PPR, el CUJC, o cualquier otra
agencia del ELA, conforme a este Acuerdo. Salvo
en lo provisto expresamente en el Acuerdo, este
Acuerdo no se considerará una renuncia a ningún
derecho o privilegio que la PPR, el CUJC, o
cualquiera otra agencia del ELA pueda ejercer,
incluidos aquellos reconocidos por el derecho
común
o
establecidos
por
ley,
reglas
o
reglamentos, contra cualquier otra persona o
entidad respecto a la divulgación de cualquier
documento.” (Énfasis suplido).
Como cuestión de hecho, la única protección expresa
que fija el Acuerdo con respecto a la información recopilada
se
extiende
a
aquella
información
de
identificación
personal.
En esta línea, el segundo fundamento del Estado está
relacionado con la protección de los derechos de terceros
a preservar la confidencialidad su información personal o
sensitiva. Sobre el particular, según ha establecido este
de Uso de Fuerza no pudieran divulgarse “because they are
not any more reasonably related to an individual officer's
employment relationship with the department than an
‘offense report’ completed by the same officer detailing
the same incident.” City of San Antonio v. San Antonio Exp.News, 47 S.W.3d 556, 565 (Tex. App. 2000).
CC-2020-0004
24
Tribunal en ocasiones reiteradas, cuando una ley o un
reglamento niega a un ciudadano el acceso a la información
pública,
la
regulación
debe
satisfacer
un
escrutinio
judicial estricto. Ortiz v. Dir. Adm. de los Tribunales,
supra, pág. 178. Tal estándar se mide con los siguientes
requisitos: (i) que el ejercicio regulatorio esté dentro
del
poder
constitucional
del
gobierno;
(ii)
que
éste
propulse un interés gubernamental apremiante; (iii) que tal
interés no esté directamente relacionado con la supresión
de la libertad de expresión; y (iv) que la restricción a la
libertad de expresión no sea mayor de lo necesario para
propulsar dicho interés. Íd.
Al aplicar los lineamientos jurídicos antes citados
a la negación cabal del Estado de divulgar los informes,
resulta meridianamente claro que obstaculizar el acceso a
la totalidad de la información meramente porque contiene
información personal constituye una restricción mayor de lo
necesario para proteger su interés. Dicho de otro modo,
salvaguardar el derecho de terceros a que la información
que los identifique no se revele no impide permitir el
acceso a aquella parte del documento que no infringe tal
protección.
Ante
ese
cuadro,
la
OG
600-605
cataloga
como
confidencial una única categoría de Informes de Uso de
Fuerza
y
ordena
independiente,
a
la
separada
SARP
y
a
“[m]antener
confidencial
los
de
manera
expedientes
sobre incidentes de uso de fuerza que involucren menores de
CC-2020-0004
25
edad, incluyendo los originales de los Informes de Uso de
Fuerza. Estos expedientes no serán accesibles sin mediar
orden
judicial,
aun
cuando
la
investigación
haya
concluido.” Sin embargo, esa imposición de confidencialidad
no está respaldada por un interés apremiante que justifique
mantenerla.
Entiéndase,
ni
la
OG
600-605
ni
las
comparecencias del Estado durante este trámite judicial
acreditan
un
interés
particular
e
imperioso
sobre
la
confidencialidad de los Informes de Uso de Fuerza que
involucran a menores de edad.12
Si, como fue el caso con el resto de los Informes de
Uso de Fuerza, el interés del Estado yace en proteger la
información de identificación personal del menor, como ya
se discutió, ello no requiere la denegación tajante del
acceso
al
12De
informe.
En
efecto,
nuestro
ordenamiento
ha
forma similar, el Estado apunta al Artículo XV del
Reglamento para el Recibo, Trámite, Investigación y
Adjudicación de Querellas Administrativas contra Empleados
de la Policía de Puerto Rico, Reglamento Núm. 8841 de 31 de
octubre de 2016, como fundamento para argumentar que existe
un mandato expreso que prohíbe el acceso a la información
recopilada en los expedientes de investigación que se
albergan en el SARP, salvo a ciertas instancias específicas.
Cabe mencionar que este artículo no hace referencia alguna
a los Informes de Uso de Fuerza, sino que versa sobre las
investigaciones de las querellas administrativas contra los
miembros del NPPR. Además, conforme ya discutimos, un
reglamento que prohíbe plenamente el acceso a la información
pública debe, entre otros requisitos, proteger un interés
apremiante y no ser más excesivo de lo necesario para
proteger tal interés. El artículo precitado no hace mención
de un interés apremiante, pero, presumiendo que el interés
descansa en proteger las investigaciones en curso o la
información de identificación personal, aplica el mismo
razonamiento ya expuesto.
CC-2020-0004
26
reconocido como política pública el proteger la información
personal de víctimas y testigos, incluyendo a menores de
edad, dentro de un contexto judicial o investigativo.13 No
obstante, como ya indicamos, esto no obtura la divulgación
del
resto
del
información
informe,
representa
más
aún
cuando
este
tipo
de
una
herramienta
clave
en
la
vindicación de los derechos de las víctimas. Ello es todavía
más imperante en los casos de menores de edad, quienes se
encuentran
en
una
posición
incluso
más
vulnerable
en
circunstancias de esta índole.
En definitiva, el interés en proteger la información
de identificación de las víctimas, testigos y menores no es
incompatible con la divulgación del resto del Informe. Negar
el
acceso
a
la
totalidad
de
esta
información
es,
inequívocamente, una restricción mayor de lo necesario para
proteger
tal
interés.
La
garantía
de
salvaguardar
la
información de identificación personal puede asegurarse sin
atrancar el acceso al resto de la información a la que tiene
derecho la ciudadanía y cuya reserva el Estado aún no ha
podido justificar.
Como
argumento
final,
el
Estado
sostiene
que
la
divulgación de los Informes de Uso de Fuerza tendría un
efecto disuasivo sobre los miembros del NPPR, quienes se
sentirían
inhibidos
13Véase,
de
completar
los
informes
con
la
la Ley Núm. 22 del 22 de abril de 1988, según
enmendada, conocida como la Ley para Establecer la Carta de
Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito, 25 LPRA sec.
973 et seq.
CC-2020-0004
27
sinceridad, franqueza y honestidad que requiere el proceso.
Avalar la confidencialidad de estos informes usando como
escudo la idea de que, de ser revelados a la ciudadanía, el
Estado no podría asegurar la responsabilidad y honestidad
de los miembros del NPPR, obra en contra de la propia
política pública que persiguen el Acuerdo y la OG 600-605.
En consecuencia, es una paradoja invocar el interés de
promover que los miembros de la Policía sean más honestos
reportando los incidentes de uso de la fuerza condicionando
tal deber a que sea ejercido bajo un manto de secretismo.
Esa pretensión no constituye un interés apremiante, sino un
interés preocupante y contrario a la Reforma de la Policía.
Siendo la transparencia y la rendición de cuentas
principios rectores de la Reforma de la Policía, el Acuerdo
reconoce que, “[p]ara garantizar la responsabilidad pública
de la PPR”, es necesaria “la recopilación y la difusión
pública de información sobre los esfuerzos realizados a la
reforma y sus resultados”, publicados de “manera oportuna
y
confiable
para
así
fortalecer
la
confianza
de
la
ciudadanía en la PPR.” A su vez, el Acuerdo ordena al NPPR
a desarrollar “una política de intercambio de información
con
el
público
sobre
el
uso
de
fuerza
grave
y
la
diseminación de información a los miembros de las familias
de los civiles involucrados en un incidente donde se haga
uso de fuerza.” Conforme lo reconoció el Monitor Federal en
su Primer Informe, “[l]a rendición de cuentas pública del
uso policial de la fuerza letal es una piedra angular de la
CC-2020-0004
28
confianza entre el NPPR y la comunidad a la que protegen.
Cualquier falta de transparencia en estos asuntos de interés
público
significativo
solo
resultará
en
un
impacto
perjudicial en la confianza del pueblo en su Policía. Lo
anterior es claramente antagónico con los objetivos del
Acuerdo.”14
Queda
diáfanamente
claro,
pues,
que
la
fiscalización ciudadana no solo es fomentada por el Acuerdo,
sino que también es parte esencial de la implementación
efectiva de la Reforma de la Policía.15
14Policía
de Puerto Rico, Primer Informe del Monitor
Federal Marzo 2020, cubriendo de octubre 2018 a junio 2019;
Estado del Negociado de la Policía de Puerto Rico de
conformidad con el Acuerdo entre el Departamento de Justicia
de los Estados Unidos y el Estado Libre Asociado de Puerto
Rico
aprobado
por
la
Corte
Federal,
https://policia.pr.gov/wp-content/uploads/2020/06/PrimerInforme-del-Monitor-Federal-espanol.pdf (última visita, 19
de febrero de 2021).
15En el Primer Informe antes citado, el cual se presentó
en el caso United States of America v. Commonwealth of
Puerto Rico and Police Department of Puerto Rico, Civil No.
3:12-cv-2039, el Monitor Federal expresó sus preocupaciones
sobre la rigurosidad de las investigaciones y las
conclusiones sobre los incidentes de uso de fuerza: “[e]l
hecho que tantos casos carecen tanto de declaraciones de
testigos como de evidencia forense, y a pesar de ello,
fueron cerrados por la [División de Investigación de Uso de
Fuerza] y confirmados por la [Junta de Revisión de Uso de
Fuerza del Superintendente] como usos justificados de
fuerza en conformidad con la política, es inverosímil y
probablemente no sobreviviría un escrutinio público
intenso.” (Énfasis suplido). Asimismo, pronunció que “el
público merece un nivel de transparencia por parte de
aquellos que tienen la capacidad única y devastadora de
quitarle la vida a otro mientras actúan bajo el palio de la
ley. Una responsabilidad tan significativa conlleva el
deber de ser transparente y actuar de conformidad con la
ley en todo momento, sin excepciones.” En su Segundo
Informe, el Monitor Federal encontró discrepancias en la
documentación y el reporte de los incidentes de uso de la
fuerza por parte de los miembros del NPPR, concluyendo que
tales deficiencias “1) failed to hold PRPB accountable for
CC-2020-0004
29
Por ende, en ausencia de un interés apremiante que
justifique infringir incondicionalmente sobre el derecho al
acceso a la información de la ciudadanía, el Estado no puede
ocultar los Informes de Uso de Fuerza de investigaciones
que
ya
concluyeron.
confidencialidad
se
Asimismo,
puede
extender
su
reclamo
únicamente
de
a
la
the greater number of force incidents that actually occurred
and 2) failed to provide PRPB’s management with the
necessary information to make informed decisions.” De igual
forma, reiteró que “[t]he significance of establishing
“Real Time” accurate information on use of force incidents
occurring Bureau-wide cannot be overstated. As previously
noted, for the Puerto Rico Police Bureau to effectively
monitor its members’ use of force, it must have accurate
and timely information and must also be transparent and
provide that information to the residents of Puerto Rico
upon request.” (Énfasis suplido). Policía de Puerto Rico,
Second Report of the Federal Monitor – December 2020 (July
2019 to March 2020); Compliance status of the Puerto Rico
Police Bureau in accordance with the Federal Court approved
Settlement Agreement between the United States Department
of
Justice
and
the
Commonwealth
of
Puerto
Rico,
https://noticiasmicrojuris.files.wordpress.com/2020/12/164
9-1.pdf (última visita, 19 de febrero de 2021). Por otro
lado, en su reporte de diciembre de 2014 a junio de 2015,
el
Monitor
Federal
notó
discrepancias
y
anomalías
estadísticas en los reportes del uso de la fuerza. Policía
de Puerto Rico, Six-Month Report of the Technical Compliance
Advisor
December
7,
2014
June
7,
2015,
https://docs.google.com/file/d/0BztrH26ENotblVWWXpjVFg5ZkU/view (última visita, 19 de febrero
de 2021). En otro reporte, enfatizó su preocupación sobre
la habilidad del NPPR para auditar sus propias estadísticas
sobre el uso de la fuerza. Policía de Puerto Rico, SixMonth Report of the Technical Compliance Advisor December
9,
2015
–
June
9,
20169,
2016,
https://docs.google.com/file/d/0BztrH26ENotdVFCQ3EwTnlNNms/view (última visita, 19 de febrero
de 2021). Recientemente, también reiteró la existencia de
inconsistencias en la documentación y el reporte de
incidentes de uso de la fuerza. Policía de Puerto Rico,
Seventh Six-Month Report of the Technical Advisor June 10,
2017 – March 31, 2018, https://docs.google.com/file/d/1iNE61EgOjgdyJUns3PY0L6x1DP5yHgt/view (última visita, 19 de
febrero de 2021).
CC-2020-0004
30
información de identificación personal de las víctimas,
testigos y menores de edad, por lo que, fuera de esto, el
resto del Informe de Uso de Fuerza es susceptible a ser
divulgado.
IV
Por los fundamentos antes expresados, se modifica la
sentencia del Tribunal de Apelaciones. Por consiguiente, se
ordena a la parte recurrida a entregar la documentación
solicitada, según los parámetros aquí establecidos. Es decir,
a
entregar
los
informes
o
documentos
relacionados
con
investigaciones ya concluidas y protegiendo la divulgación
de información personal de las víctimas, testigos y menores
de edad. En consecuencia, se devuelve el caso al Tribunal de
Primera
Instancia
para
los
procedimientos
ulteriores
dirigidos a cumplir con lo aquí dictaminado y se dispone que
tal foro ejercerá todos los mecanismos disponibles para
garantizar
que
la
parte
recurrida
cumpla
con
lo
aquí
ordenado.16
Se dictará sentencia de conformidad.
Luis F. Estrella Martínez
Juez Asociado
16Como
consecuencia de la certificación de esta
ponencia como una Opinión, se dejan sin efecto los términos
para solicitar reconsideración que se activaron al momento
de certificarse la Sentencia original. Por consiguiente,
éstos comenzarán a decursar nuevamente con la certificación
y notificación de esta Opinión.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Kilómetro 0, Inc.
Peticionaria
v.
Héctor M. Pesquera López,
en su capacidad oficial
como Secretario del
Departamento de Seguridad
Pública de Puerto Rico;
Henry Escalera en su
capacidad oficial como
Comisionado del Negociado
de la Policía y otros
CC-2020-0004
Certiorari
Recurridos
Sentencia
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente
Sentencia, se modifica la sentencia del Tribunal de
Apelaciones. Por consiguiente, se ordena a la parte recurrida
a entregar la documentación solicitada, según los parámetros
aquí establecidos. Es decir, a entregar los informes o
documentos relacionados con investigaciones ya concluidas y
protegiendo la divulgación de información personal de las
víctimas, testigos y menores de edad. En consecuencia, se
devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para los
procedimientos ulteriores dirigidos a cumplir con lo aquí
dictaminado y se dispone que tal foro ejercerá todos los
mecanismos disponibles para garantizar que la parte recurrida
cumpla con lo aquí ordenado.17
17Como
consecuencia de la certificación de esta
ponencia como una Opinión, se dejan sin efecto los términos
para solicitar reconsideración que se activaron al momento
de certificarse la Sentencia original. Por consiguiente, éstos
CC-2020-0004
2
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rivera García
concurre en parte y disiente en parte, con la siguiente
expresión, a la cual se une la Jueza Asociada señora Pabón
Charneco:
“No hay duda de que el acceso a la
información pública es un pilar fundamental en
toda sociedad democrática.
Es por esto, que
reconocimos que el derecho de la prensa y de los
ciudadanos a tener acceso a la información
pública como uno fundamental.
Véase Soto v.
Secretario de Justicia, 112 DPR 477(1982). Es una
garantía constitucional firmemente ligada al
ejercicio de los derechos de libertad de palabra,
prensa y asociación consagrados en nuestra
constitución. Art. II, Sec. 4, Const. ELA, LPRA,
Tomo I. En armonía con lo anterior, concurrimos
con la presente opinión al considerar que los
Informes sobre el Uso de Fuerza son documentos
públicos, según el Art. 3(b) de la Ley Núm. 5 de
8 de diciembre de 1955, conocida como la Ley de
Administración de Documentos Públicos de Puerto
Rico, según enmendada. No obstante, disentimos
que estos Informes se deban divulgar, por
entender
que
el
Estado
tiene
un
interés
apremiante
de
proteger
la
información
confidencial que se desprende de los mismos.
Veamos.
Es menester puntualizar que este Tribunal
ha expresado que el derecho a la información no
es absoluto y está sujeto a aquellas limitaciones
que, por necesidad imperiosa, el Estado imponga.
Bhatía Gautier v. Gobernador, 199 DPR 59, 84
(2017). Sin embargo, estas restricciones deben
estar debidamente justificadas, puesto que no
puede negarse el acceso a la información pública
de manera caprichosa y arbitraria. Colón Cabrera
v. Caribbean Petroleum, 170 DPR 582, 589 (2007).
Dado que el acceso a la información pública es un
derecho
fundamental,
para
prevalecer,
las
restricciones
impuestas
por
el
aparato
gubernamental deben responder a un interés
apremiante del Estado. Colón Cabrera v. Caribbean
Petroleum, supra. Así, hemos establecido que
existen situaciones en que este derecho debe
comenzarán a decursar nuevamente con la certificación y
notificación de esta Opinión.
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ceder en atención a otros imperativos de interés
público.
En ese sentido, a través de nuestra
jurisprudencia hemos establecido los supuestos en
los cuales el Estado puede reclamar válidamente
la confidencialidad de información que obra en su
poder, a saber: (1) cuando una ley así lo declara;
(2) cuando la comunicación está protegida por
alguno de los privilegios evidenciarios que
pueden invocar los ciudadanos; (3) cuando revelar
la
información
puede
lesionar
derechos
fundamentales de terceros; (4) cuando se trate de
la identidad de un confidente; o (5) cuando se
trate de "información oficial”, conforme a la
Regla 514 de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. IV.
Bhatía Gautier v. Gobernador, supra.
Cónsono con lo anterior, la Regla 514 define
“información oficial” como “aquélla adquirida en
confidencia por una persona que es funcionaria o
empleada pública en el desempeño de su deber y
que no ha sido oficialmente revelada ni está
accesible al público hasta el momento en que se
invoca el privilegio”. Regla 514(a) de las de
Evidencia, supra. Por otro lado, este privilegio
se activa “si el tribunal concluye que la materia
es información oficial y su divulgación está
prohibida por ley, o que divulgar la información
en la acción sería perjudicial a los intereses
del gobierno”. Regla 514(b) de Evidencia, supra.16
Por lo tanto, un reclamo de confidencialidad por
parte del gobierno puede prosperar cuando se
trate de información oficial que perjudique los
intereses del gobierno.
Tal y como nos expresa el tratadista Chiesa
Aponte, este privilegio surge de la necesidad del
gobierno
de
mantener
confidencial
cierta
información para la buena marcha del gobierno,
particularmente en relación con la franca
discusión de las alternativas gubernamentales o
posibles cursos de acción para atender los
múltiples problemas sociales, económicos —y de
otra índole— del Estado [...].E.L. Chiesa Aponte,
Tratado
de
derecho
probatorio,
República
Dominicana, Ed. Corripio, [s. año], T. I, pág.
292. Así pues, al evaluar un reclamo de
confidencialidad, hay que sopesar, por un lado,
la necesidad de que el gobierno mantenga como
confidencial cierta información sensitiva y el
perjuicio que pueda invocar el gobierno, y, por
otro lado, la necesidad de la parte que solicita
la información y su derecho a obtenerla. E.L.
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Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia comentadas,
San Juan, Ed. Situm, 2016, pág. 164.
En el presente caso, el Gobierno sostiene
que los referidos Informes sobre Uso de Fuerza se
preparan para fines internos de investigación.
Además, arguye que bajo el Acuerdo para la Reforma
Sostenible de la Policía de Puerto Rico (Acuerdo)
se obliga a los miembros de la Policía a notificar
a sus supervisores inmediatos sobre cualquier
incidente de uso de fuerza, de lesión a un
arrestado o de alegación de uso de fuerza
excesiva, con el objetivo de mantener controles
internos. Estos Informes sirven el propósito
específico de que el Negociado de la Policía pueda
mantener
los
controles
internos
que
son
requeridos como parte del Acuerdo. En ellos, los
policías esbozan sus interpretaciones acerca de
los incidentes en los cuales hicieron uso de la
fuerza,
hechos
ocurridos
y
plasman
sus
impresiones mentales y conclusiones subjetivas en
cuanto a éstos.
En
consecuencia,
a
la
luz
de
estos
planteamientos, entendemos que le asiste la razón
al Estado. Ciertamente, existe un interés
apremiante
en
cuanto
a
mantener
la
confidencialidad de dichos documentos que resulta
muy superior al interés de la parte que desea
acceder a tales informes. Es decir, proveer
acceso a estos Informes tendría consecuencias
adversas sobre el interés público que se busca
proteger, pues podría disuadir a los funcionarios
obligados a cumplimentarlos a actuar con la
libertad y entereza necesaria para cumplir con el
deber de reportar los incidentes de uso de fuerza.
Somos del criterio, que ello podría aumentar
exponencialmente las probabilidades de que estos
opten por ocultar o alterar información sobre
tales eventos. En consecuencia, el interés
público se vería severamente afectado y se
perjudicaría
la
efectividad
de
las
investigaciones de incidentes de uso de la fuerza
que tiene que realizar el Negociado de la Policía
de Puerto Rico.
Es menester que los miembros de la Policía
de Puerto Rico puedan cumplimentar dichos
informes con la mayor libertad y franqueza, ya
que esto promueve la mejor y más efectiva
identificación y prevención de conducta impropia.
Así se desarrollan controles internos que
facilitan
la
imposición
de
las
medidas
correctivas y disciplinarias correspondientes
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para atacar los eventos de abuso de autoridad en
la uniformada.
En consecuencia, razonamos que existe un
interés apremiante por parte del Estado en
limitar la divulgación de los señalados Informes
sobre Uso de la Fuerza, cual responde a proteger
la efectividad del funcionamiento del gobierno.
Un curso de acción en contrario resultaría
perjudicial a las gestiones investigativas de la
principal agencia de seguridad en Puerto Rico.
Precisamente,
obstaculizaría
el
efectivo
cumplimiento de los acuerdos otorgados con el
Departamento de Justicia de los Estados Unidos
para la Reforma de la Policía de Puerto Rico.”
José Ignacio Campos Pérez
Secretario del Tribunal Supremo