LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Kilómetro 0, Inc. v. Pesquera López y otros

2021 TSPR 72

Poder Judicial de Puerto Rico

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Kilómetro 0, Inc. v. Pesquera López y otros

CC-2020-4

Derecho constitucional – Derecho de acceso a la información pública. En ausencia de un interés apremiante que justifique infringir incondicionalmente el derecho al acceso a la información pública, el Estado está obligado a entregar los Informes sobre el Uso de Fuerza del Negociado de la Policía de Puerto Rico, sujeto a los parámetros establecidos en la Opinión.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Kilómetro O, Inc.

Peticionaria

v.

Héctor M. Pesquera López,

en su capacidad oficial

como Secretario del Departamento de

Seguridad Pública de Puerto Rico;

Henry Escalera en su capacidad oficial

como Comisionado del Negociado de la

Policía y otros

Certiorari

2021 TSPR 72

207 DPR ____

Recurridos

Número del Caso:

CC-2020-4

Fecha: 28 de mayo de 2021

Tribunal de Apelaciones:

Panel III

Abogados de la parte peticionaria:

Lcdo. Luis José Torres Asencio

Lcdo. Steven P. Lausell Recurt

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Isaías Sánchez Báez

Procurador General

Materia: Derecho constitucional - Derecho de acceso a la información

pública. En ausencia de un interés apremiante que justifique infringir

incondicionalmente el derecho al acceso a la información pública, el

Estado está obligado a entregar los Informes sobre el Uso de Fuerza

del Negociado de la Policía de Puerto Rico, sujeto a los parámetros

establecidos en la Opinión.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Kilómetro 0, Inc.

Peticionaria

v.

Héctor M. Pesquera López,

en su capacidad oficial

como Secretario del

Departamento de Seguridad

Pública de Puerto Rico;

Henry Escalera en su

capacidad oficial como

Comisionado del Negociado

de la Policía y otros

CC-2020-0004

Certiorari

Recurridos

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor

ESTRELLA MARTÍNEZ.1

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021.

Desde Soto v. Secretario de Justicia, infra, este

Tribunal ha destacado la importancia de que la ciudadanía

tenga acceso a aquella información pública que obra en manos

del Gobierno, no sólo como corolario del ejercicio de un

derecho fundamental, sino también como una parte vital de la

1Esta

controversia se adjudicó mediante una Sentencia

emitida el 12 de abril de 2021. Sin embargo, el 4 de mayo

de 2021, Kilómetro 0, Inc. presentó una Moción solicitando

que se certifique sentencia como opinión del Tribunal. En

consideración a la importancia del asunto constitucional

discutido en la ponencia y el valor educativo de la misma,

este Tribunal declara con lugar la moción y procede a

certificar la Sentencia como Opinión.

CC-2020-0004

2

fiscalización de la función pública. Sin embargo, también

hemos reconocido que tal derecho no es absoluto, pues el

Estado puede imponer restricciones al acceso a la información

en servicio de un interés público superior.

En

esta

ocasión,

nos

corresponde

examinar

una

restricción a tal derecho por la vía de un reclamo de

confidencialidad por parte del Estado. En específico, debemos

determinar si ciertos informes relacionados a la política

pública

promovida

por

la

Reforma

de

la

Policía

son

susceptibles a la revisión pública o si, por el contrario,

el Estado tiene un interés apremiante en no divulgar tal

documentación. Procedemos, entonces, a relatar el trasfondo

fáctico

y

procesal

de

la

controversia

ante

nuestra

consideración.

I

El 18 de marzo de 2019, Kilómetro 0, Inc. (KM0)

presentó una petición de mandamus en contra del Secretario

del Departamento de Seguridad Pública, el Comisionado del

Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), la Directora

del

Registro

Demográfico

y

el

Gobierno

de

Puerto

Rico

(Estado)2. En lo pertinente, solicitó la entrega de: (1) la

base datos del NPPR sobre el uso de fuerza por parte de sus

miembros

2En

desde

el

2014

al

presente,

actualizada,

en

un

aquel entonces, el Secretario del Departamento de

Seguridad Pública era el Sr. Héctor M. Pesquera López; el

Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico era

el Sr. Henry Escalera y la Directora del Registro

Demográfico era la Sra. Wanda Llovet Díaz.

CC-2020-0004

3

formato procesable tipo Excel y sin datos agrupados; (2) las

estadísticas

de

muertes,

heridas

graves

y

mutilaciones

causadas por el uso de fuerza en el NPPR desde el 2014 al

presente; y (3) las copias de todos los Informes de Uso de

Fuerza

o

Formularios

PPR-854

emitidos

desde

el

2014

al

presente.3 Argumentó que se trata de información pública cuya

divulgación no está protegida.

En

respuesta,

el

Estado

presentó

una

moción

de

desestimación.4 En lo que nos concierne, arguyó que los

Informes de Uso de Fuerza no son documentos públicos, pues

constituyen una comunicación interna entre el miembro del

NPPR y su supervisor. En la alternativa, planteó que éstos

recogen

información

de

testigos

e

informantes

que,

de

revelarse, desmotivarían su participación en el proceso.

Planteó que el Informe de Uso de Fuerza es de carácter

privilegiado, pues contiene información sensitiva. A su vez,

añadió que KM0 carecía de legitimación activa. Por último,

razonó que la expedición del mandamus tendría un impacto

3Con

respecto al Registro Demográfico, KM0 solicitó

copia de los certificados de defunción de veintiún (21)

personas identificadas en los Informes de Uso de Fuerza,

como también copia actualizada de la base de datos sobre

causas de muerte. Eventualmente, fueron entregados los

certificados de defunción disponibles y KM0 desistió de

este reclamo. El Tribunal de Primera Instancia acogió el

desistimiento en una sentencia parcial.

4El

Estado acompañó su solicitud de desestimación con

una copia de la base de datos sobre el uso de fuerza y

afirmó su cumplimiento con la petición de las estadísticas

sobre el uso de fuerza.

CC-2020-0004

adverso

en

4

los

intereses

públicos

y

constituiría

una

intromisión indebida en el poder ejecutivo.

Por su parte, KM0 se opuso a la desestimación.5 Argumentó

que los Informes de Uso de Fuerza son documentos públicos,

así originados, expedidos y conservados por el NPPR. Planteó

que la Orden General Capítulo 600, Sección 605 (OG 600-605)

del NPPR, firmada por el Superintendente de la Policía, sólo

cataloga como confidenciales los informes que involucran a

menores de edad. Adujo que ello tampoco supera el crisol del

escrutinio

estricto

confidencial

podría

y

sugirió

tacharse

que

o

cualquier

ennegrecerse.

información

Afirmó

su

legitimación activa al amparo del derecho constitucional al

acceso a la información.

En una réplica, el Estado indicó que, aún si los

Informes de Uso de Fuerza fueran documentos públicos, existe

un interés apremiante que justifica su confidencialidad.

Reiteró que KM0 no tiene legitimación activa y afirmó que la

controversia se tornó académica cuando entregó lo relacionado

a las bases de datos, las estadísticas y los certificados de

defunción.

Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia emitió

una sentencia en la cual reconoció, en primer lugar, que KM0

tiene legitimación activa para instar su reclamo. Concluyó,

además, que el Informe de Uso de Fuerza es un documento

5Por

otro lado, KM0 también sostuvo que el Estado no

entregó la totalidad de la información estadística que

solicitó y que la base de datos de uso de fuerza se entregó

con los datos agrupados.

CC-2020-0004

5

público, pues es creado, expedido y conservado en el NPPR,

como también redactado por un funcionario público en el

desempeño de sus funciones. Determinó que documentos que

narran hechos acontecidos no son confidenciales. Asimismo,

infirió que el que un documento pueda utilizarse para la

implementación de políticas institucionales no lo exime de

ser publicado. Razonó que el Estado no presentó prueba o

fundamento que evidenciara que la divulgación de los Informes

de Uso de Fuerza afectaría o perjudicaría el interés público

o el funcionamiento del Gobierno.

En

desacuerdo,

el

Estado

presentó

un

recurso

de

apelación y una solicitud de auxilio de jurisdicción ante el

foro

apelativo

intermedio.

Adujo

que

no

tiene

un

deber

ministerial de proveer acceso a los Informes de Uso de

Fuerza,

pues

se

departamentales

trata

con

de

fines

un

escrito

internos.

sobre

Afirmó

actuaciones

que

existen

razones de orden público que impiden su divulgación, a saber,

que

éstos

contienen

información

personal

de

testigos

y

afectados, y que la divulgación inhibiría a los funcionarios

públicos de prepararlos sin temor. Indicó que su interés en

proteger las investigaciones de uso de fuerza es superior al

interés de KM0 en el acceso a tal información.

Con

este

planteamiento

ante

su

consideración,

el

Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia y revocó el

dictamen del foro primario. Determinó que el derecho al

acceso a la información pública cede ante el interés de

salvaguardar

los

derechos

de

terceros.

Esto,

pues,

los

CC-2020-0004

6

Informes de Uso de Fuerza contienen información personal de

los testigos y los afectados. Añadió que su divulgación podía

impactar las investigaciones en curso o la Reforma de la

Policía ante el foro federal.

Inconforme, KM0 presentó una solicitud de certiorari

ante este Foro. Expedimos el recurso solicitado el 6 de marzo

de 2020. En suma, KM0 señaló que los informes sólo contienen

una narración de hechos, no evaluaciones sobre los mismos o

recomendaciones de política pública. Rechazó, además, que

éstos se utilizaran únicamente para fines investigativos

internos. Argumentó que limitar el acceso a este tipo de

documento imposibilitaría la fiscalización pública. Reiteró

que nada impide que se divulgue toda la información que no

sea confidencial.6

Por su parte, el Estado argumentó que el derecho al

acceso a la información no es absoluto y cede ante intereses

públicos, como lo son el proteger información confidencial y

prevenir un impacto sobre investigaciones o sobre la Reforma

de la Policía.

Con

el

beneficio

de

los

escritos

de

ambas

partes,

procedemos a resolver si, en primer lugar, los Informes de

Uso de Fuerza constituyen documentos públicos susceptibles a

ser divulgados y revisados por la ciudadanía. En segundo

lugar, este Tribunal debe determinar si el Estado probó el

6Además,

KM0 indicó que el NPPR todavía no había

provisto la base de datos actualizada en un formato

procesable y sin datos agrupados.

CC-2020-0004

7

interés apremiante que justifica la denegación del acceso a

los mismos. Veamos.

II

A.

Como

pilar

de

toda

sociedad

democrática,

los

ciudadanos y ciudadanas de Puerto Rico poseen un derecho

fundamental al acceso a la información pública, el cual está

estrechamente vinculado con los derechos a la libertad de

palabra, prensa y asociación. Art. II, Sec. 4, Const. ELA,

LPRA, Tomo 1; Trans Ad de P.R. v. Junta de Subastas, 174 DPR

56, 67 (2008); Ortiz v. Dir. Adm. de los Tribunales, 152 DPR

161 (2000); Soto v. Srio. de Justicia, 112 DPR 477, 485-486

(1982).

Este

derecho

garantiza

examinar

el

contenido

de

los

que

toda

persona

expedientes,

pueda

informes

y

documentos que hayan sido recopilados por el Estado durante

sus gestiones gubernamentales. Ortiz v. Dir. Adm. de los

Tribunales, supra. Este mandato constitucional también ha

sido avalado en nuestro ordenamiento por la vía estatutaria,

la cual reconoce que “[t]odo ciudadano tiene derecho a

inspeccionar y sacar copia de cualquier documento público

de Puerto Rico, salvo lo expresamente dispuesto en contrario

por la ley”. Art. 409 del Código de Enjuiciamiento Civil de

Puerto Rico, 32 LPRA sec. 1781.

El derecho al acceso a la información pública se ancla

en la idea de que todas las personas están legitimadas a

saber y a conocer de los asuntos gubernamentales. E. Rivera

Ramos,

La

libertad

de

información:

Necesidad

de

su

CC-2020-0004

8

reglamentación en Puerto Rico, 44 Rev. Jur. UPR 67, 67-68

(1975). Esto, pues, en una sociedad democrática, “resulta

imperativo reconocer al ciudadano común el derecho legal de

examinar e investigar cómo se conducen sus asuntos”. Ortiz

v. Dir. Adm. de los Tribunales, supra (citando a Soto v.

Srio de Justicia, supra, pág. 485). Su importancia está

enraizada

en

la

noción

gestiones

públicas

de

que

el

conocimiento

facilita

la

libre

discusión

de

las

de

los

asuntos gubernamentales y, por ende, el ejercicio pleno de

la libre expresión. Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum,

170 DPR 582, 590 (2007).

Asimismo,

tal

conocimiento

permite

evaluar

y

fiscalizar la función pública de forma más adecuada, como

también cataliza una participación ciudadana más efectiva e

inteligente en los procesos gubernamentales. Esto, a su vez,

promueve

la

transparencia

en

la

función

gubernamental,

estimulando, así, la sana administración pública. Bhatia

Gautier v. Gobernador, 199 DPR 59, 80–81 (2017). Dicho de

otro modo, como herramienta fiscalizadora, el derecho al

acceso a la información faculta a las personas a emitir

juicios informados sobre los actos de su gobierno. Colón

Cabrera

v.

Caribbean

Petroleum,

supra.

Como

se

sabe,

nuestros principios democráticos “garantizan el derecho del

pueblo

a

pasar

un

juicio

fiscalizador

sobre

todas

las

acciones y determinaciones del Gobierno”. Trans Ad de P.R.

v. Junta de Subastas, supra, pág. 67. De lo contrario,

“[p]ermitir que el gobierno maneje los asuntos públicos bajo

CC-2020-0004

9

el manto de la secretividad es invitar a la arbitrariedad,

la mala administración, la indiferencia gubernamental, la

irresponsabilidad pública y la corrupción”. Rivera Ramos,

op. cit., pág. 69. Por lo cual, “[h]oy día la secretividad

en los asuntos públicos es excepción y no norma”. Santiago

v. Bobb y El Mundo, Inc., 117 DPR 153, 159 (1986).

Ahora bien, el derecho al acceso a la información

requiere, como precursor, que la información que se solicita

sea, en efecto, de naturaleza pública. Bhatia Gautier v.

Gobernador, supra, pág. 81. A esos fines, el Artículo 1(b)

de la Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto

Rico, Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, según enmendada,

3 LPRA sec. 1001, define documento público como:

[T]odo documento que se origine, conserve o

reciba en cualquier dependencia del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico de acuerdo con la

ley o en relación con el manejo de los asuntos

públicos y que de conformidad con lo dispuesto

en la sec. 1002 de este título se haga conservar

que se requiera conservar permanentemente o

temporalmente como prueba de las transacciones

o por su valor legal. Incluye aquellos

producidos de forma electrónica que cumplan con

los requisitos establecidos por las leyes y

reglamentos.

Es decir, “un documento público es el que un organismo

estatal recibe en el curso de sus procedimientos y que está

obligado

a

preservar.”

Trans

Ad

de

P.R.

v.

Junta

de

Subastas, supra, pág. 69. Así, “[u]na vez un documento cae

bajo alguna de estas definiciones, el ciudadano común tiene

derecho

a

solicitar

acceso

a

la

información

y,

como

veremos, el Estado sólo podrá negar válidamente el acceso

CC-2020-0004

10

a un ciudadano interesado en un número determinado de

supuestos.” Ortiz v. Dir. Adm. De Los Tribunales, supra,

pág. 176. Entiéndase, una vez el documento es catalogado

como público, todo ciudadano y ciudadana tiene legitimación

activa para solicitar y acceder a tal información. Colón

Cabrera v. Caribbean Petroleum, supra, pág. 589. Esto, pues

“[e]n la medida en que todo ciudadano tiene el derecho a

inspeccionar

cualquier

documento

público,

el

acto

de

denegar el acceso, por sí mismo, causa al solicitante un

daño claro, palpable y real”. Ortiz v. Dir. Adm. de los

Tribunales, supra, pág. 177. En fin, este derecho requiere

que el Estado divulgue toda información pública con el fin

de “expeditar el camino de los ciudadanos interesados -inclusive críticos y adversarios-- en averiguar la verdad

y no sembrar el camino de obstáculos”. Soto v. Srio de

Justicia, supra, pág. 504.

No obstante, en ocasiones previas hemos reconocido

circunstancias particulares en las que el Estado puede

reclamar que se preserve la confidencialidad de cierta

información

pública.

Para

que

un

reclamo

de

confidencialidad triunfe, el Estado debe probar de forma

precisa e inequívoca la aplicabilidad de alguna de las

siguientes excepciones: (1) que una ley así lo declara;

(2) que la comunicación está protegida por algún privilegio

evidenciario; (3) que la divulgación de la información

puede lesionar derechos fundamentales de terceros; (4) que

se trate de un confidente, según la Regla 515 de Evidencia

CC-2020-0004

11

de 2009, 32 LPRA Ap. VI, o (5) que sea información oficial

conforme a la Regla 514 de Evidencia de 2009, 32 LPRA Ap.

VI. Santiago v. Bobb y El Mundo, Inc., supra.

Sin embargo, aquellas restricciones que el Estado

impone en el acceso a la información deben satisfacer los

criterios de un escrutinio estricto. Véase, Bhatia Gautier

v. Gobernador, supra, pág. 82; Ortiz v. Dir. Adm. de los

Tribunales, supra, pág. 178; Colón Cabrera v. Caribbean

Petroleum, supra, pág. 593. Es decir, al momento de invocar

alguna de las excepciones precitadas, el Estado no puede

negar

el

acceso

caprichosa

o

a

la

información

arbitraria.

Colón

pública

Cabrera

v.

de

forma

Caribbean

Petroleum, supra, pág. 590. Cuando el Estado reclama la

confidencialidad de algún documento público, éste “tiene

la

carga

de

probar

que

satisface

excepciones

antes

enumeradas”. I

́d.,

consiguiente,

la

por

negación

parte

cualquiera

pág.

del

de

las

591.

Por

Estado

a

la

divulgación de información pública debe estar fundamentada

y justificada, pues “[n]o bastan meras generalizaciones”.

Santiago v. Bobb y El Mundo, Inc., supra.

Por tal razón, los tribunales debemos ser “cautelosos

en

conceder

livianamente

cualquier

pedido

de

confidencialidad del Estado”. Santiago v. Bobb y El Mundo,

Inc., supra. Así, “[a]nte la hermética resistencia del

Estado a viabilizar el derecho de acceso a la información,

corresponde a los tribunales franquear el camino”. Soto v.

Srio de Justicia, supra, pág. 504. De lo contrario, se

CC-2020-0004

12

avalaría el retroceder en los avances a favor del derecho

al acceso a la información gubernamental y a la igualdad

entre el Estado y los ciudadanos. Eng'g Servs. Int'l, Inc.

v. Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, 2020 TSPR

103 (citando a Santiago v. Bobb y El Mundo, Inc., supra,

pág. 160.)

B.

En el 2008, el Departamento de Justicia de los Estados

Unidos

(DOJ

por

sus

siglas

en

inglés)

comenzó

una

investigación sobre unos alegados patrones de uso de fuerza

excesivo, registros y allanamientos inconstitucionales, y

ciertas prácticas policiacas discriminatorias en la entonces

llamada Policía de Puerto Rico (PPR). En respuesta, la PPR se

comprometió a una reforma mediante la publicación de su Plan

de Excelencia en el 2011. En ese mismo año, el DOJ publicó un

informe en el cual identificó ciertas deficiencias que debían

ser atendidas de forma sistemática en la PPR, entre éstas: el

uso de fuerza, la supervisión externa y rendición de cuentas,

y la interacción con la comunidad.

Luego de ciertos años de cooperación entre la PPR y el

DOJ, el 17 de julio de 2013, el Gobierno de Puerto Rico y los

Estados

Unidos

suscribieron

el

Acuerdo

para

la

Reforma

Sostenible de la Policía de Puerto Rico (Acuerdo).7 Éste se

7Policía

de Puerto Rico, Acuerdo para la Reforma

Sostenible

de

la

Policía

de

Puerto

Rico,

https://docs.google.com/file/d/0BztrH26ENotOUdvR2hzajdVM0E/view (última visita, 19 de febrero

de 2021).

CC-2020-0004

13

presentó ante el Tribunal de Distrito de Puerto Rico con el

propósito de afirmar el compromiso de la PPR con ofrecer

servicios

policiacos

al

margen

de

los

derechos

constitucionalmente garantizados a la ciudadanía. Asimismo,

el Acuerdo consignó el reconocimiento de que la seguridad

pública, las actuaciones policiacas constitucionales y la

confianza de la comunidad operan de forma interdependiente.

En el esfuerzo de reformar las prácticas de la PPR, el

Acuerdo destacó las siguientes áreas para desarrollo: (1)

profesionalización;

(2)

allanamientos;

igual

(4)

uso

de

fuerza8;

protección

y

(3)

no

registros

discrimen;

y

(5)

reclutamiento, selección y nombramiento; (6) políticas y

procedimientos;

administración;

(7)

adiestramiento;

(9)

(8)

querellas

supervisión

y

administrativas,

investigaciones internas y disciplina; (10) interacción con

la

comunidad

información

e

y

información

tecnología.

pública,

En

lo

y

(11)

pertinente,

sistemas

el

de

Acuerdo

estableció un procedimiento para la notificación de cualquier

uso de fuerza por parte de un miembro de la PPR:

36. La PPR desarrollará una política de

elaboración de informes sobre uso de fuerza y un

formulario de Informe de Uso de Fuerza que cumplan

con las leyes aplicables y estén acordes con las

prácticas policiacas generalmente aceptadas. La

política de Informes de Uso de Fuerza obligará a

los miembros de la PPR a notificar a su supervisor

inmediato luego de cualquier uso de fuerza, lesión

8Según

las definiciones del Acuerdo, el uso de fuerza

se refiere a “cualquier coacción física utilizada para

afectar, influenciar o persuadir a una persona para que

cumpla con una orden de un miembro de la PPR, más allá de

ser esposado sin oponer resistencia, incluyendo desenfundar

un arma de fuego y apuntarla.”

CC-2020-0004

14

a un arrestado o alegación de uso de fuerza

excesiva. En los casos que involucren el uso fuerza

grave, la notificación será dentro de una (1) hora,

a menos que existan circunstancias apremiantes.

37. La política de Informes de Uso de Fuerza

requerirá que todos los miembros de la PPR informen

por escrito todo uso de fuerza usando un formulario

de Informe de Uso de Fuerza antes de finalizar su

turno. Dicho Informe incluirá: (a) una descripción

detallada del incidente desde la perspectiva del

miembro de la PPR; (b) el motivo de la presencia

inicial de la policía; (c) una descripción

específica de los actos que motivaron el uso de

fuerza, incluyendo el comportamiento de el o los

individuos;

(d)

el

nivel

de

resistencia

enfrentado; y (e) una descripción de cada tipo de

fuerza utilizado. La política de Informes de Uso

de Fuerza prohibirá explícitamente el uso de

lenguaje repetitivo o concluyente en todos los

informes de uso de fuerza. El hecho de no reportar

un uso de fuerza o lesión a un arrestado por parte

de un miembro de la PPR será causa para someter a

dicho

miembro

de

la

PPR,

incluidos

sus

supervisores y oficiales de alto rango, a medidas

disciplinarias.

[…]

39. La política de Informes de Uso de Fuerza

dispondrá que los miembros de la PPR presenten copias

de dicho Informe a su supervisor inmediato y a la SARP

para su seguimiento y análisis. La SARP conservará

las copias originales de estos Informes en un lugar

central.

A su vez, el Acuerdo instauró un procedimiento escalonado

para la revisión, investigación y análisis de tales informes

con el fin de determinar si la conducta estuvo justificada y

ajustada a la política de la PPR. También impuso a la PPR la

responsabilidad de, por lo menos una (1) vez al año, analizar

la

data

“para

determinar

las

tendencias

significativas,

identificar y corregir las deficiencias detectadas por este

análisis,

público.”

y

documentar

sus

conclusiones

en

un

informe

CC-2020-0004

15

A raíz de esta política, se crearon la Orden General

Capítulo 600, Sección 601, intitulada “Reglas para el Uso de

la Fuerza” (OG-600-601)9, y la Orden General Capítulo 600,

Sección 605, titulada “Informe e Investigación de Incidentes

de Uso de Fuerza de Miembros de la Policía de Puerto Rico”

(OG 600-605)10. La OG 600-601 fija los límites que rigen el

uso de fuerza por parte de los miembros del ahora llamado

NPPR, el cual debe amoldarse a los derechos de la ciudadanía

así

reconocidos

en

nuestro

ordenamiento.

En

suma,

ésta

instruye a los miembros del NPPR a utilizar un nivel de fuerza

mínimo, razonable y proporcional a la amenaza. Además, ordena

a todos los miembros del NPPR involucrados en un incidente de

uso de fuerza a notificarlo a su supervisor inmediato y a

cumplir con el procedimiento implantado por la OG 600-605.

Por su parte, la OG 600-605 decreta la política pública

de que todos los incidentes de uso de fuerza tienen que ser

reportados por los miembros del NPPR de forma oportuna,

completa y precisa. A su vez, asienta las normas y los

procedimientos

para

reportar

e

investigar

todos

los

incidentes de uso de fuerza. En esencia, todo miembro del

NPPR que utilice la fuerza contra más de una (1) persona o

animal tiene que completar un Informe de Uso de Fuerza,

9Policía

de Puerto Rico, Orden General 600-601,

https://docs.google.com/file/d/1yVPFAatDYvSnQpoON6z403Lmd

3sM--Zh/view (última visita, 19 de febrero de 2021).

10Policía

de Puerto Rico, Orden General 600-605,

https://docs.google.com/file/d/0BztrH26ENotSU14aUs5U1B2Nnc/view (última visita, 19 de febrero

de 2021).

CC-2020-0004

16

también conocido como el Formulario PPR-854. Cada informe

debe incluir una descripción detallada del incidente desde la

perspectiva del miembro del NPPR, sin lenguaje estereotipado

o concluyente, y, además: el motivo de la presencia inicial

del NPPR en el lugar; una descripción específica de los actos

que motivaron el uso de fuerza, incluyendo el comportamiento

de la persona contra quien se utilizó la fuerza; el nivel de

resistencia enfrentado; una descripción de cada tipo de fuerza

utilizado, y toda aquella información relacionada a lesiones

y tratamiento médico recibido o rechazado por el miembro del

NPPR o la persona contra quien se utilizó la fuerza.

C.

El

mandamus

es

un

recurso

altamente

privilegiado

y

discrecional mediante el cual se exige a una persona natural

o jurídica el cumplimiento de un deber ministerial dentro de

las atribuciones o deberes del cargo que ocupa. Art. 649 del

Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3421. Un deber

ministerial se refiere a un mandato específico que no admite

ejercicio de discreción en su cumplimiento. Romero Lugo v.

Cruz Soto, 2020 TSPR 143; AMPR v. Srio. Educación, ELA, 178

DPR 253, 264 (2010); Báez Galib y otros v. C.E.E. II, 152 DPR

382 (2000). Debido a su naturaleza extraordinaria, el mandamus

está disponible únicamente cuando “el peticionario carece de

un recurso adecuado y eficaz en el curso ordinario de la ley”.

Art. 651 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec.

3423;

Aponte

Rosario

v.

Elecciones, 2020 TSPR 119.

Presidente

Comisión

Estatal

de

CC-2020-0004

17

Ahora bien, al momento de considerar si procede o no

conceder el mandamus, los tribunales tienen la obligación de

considerar el impacto del recurso en los intereses públicos

involucrados,

la

posible

intromisión

indebida

en

las

gestiones de la Rama Ejecutiva y el efecto sobre los derechos

de terceros. Romero Lugo v. Cruz Soto, supra (citando a

Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 448 (1994)); Bhatia

Gautier v. Gobernador, supra, pág. 75. En lo que concierne al

caso ante nuestra consideración, este Tribunal ha determinado

que el recurso de mandamus es el indicado para “lograr la

inspección y para obtener copia de documentos públicos.”

Bhatia Gautier v. Gobernador, supra (citando a Ortiz v. Panel

F.E.I., 155 DPR 219 (2001)).

Expuesto el derecho aplicable, procedemos a discutir su

aplicación a esta controversia.

III

En su petición ante este Tribunal, KM0 afirma que los

Informes de Uso de Fuerza son documentos públicos y mantiene

que su divulgación facilitaría la fiscalización del NPPR por

parte de la ciudadanía.

exclusivamente

para

Niega

que los

informes se usen

propósitos

internos

investigativos

y

aduce que, aún si estos incluyeran información confidencial,

nada impide el acceso a aquella que no goce de tal condición.

Añade que el Estado no ha demostrado el interés apremiante

que supera su derecho al acceso a la información.

Por su parte, el Estado reitera que la divulgación no

procede ante el interés público de proteger información

CC-2020-0004

18

confidencial y prevenir un impacto en sus investigaciones.

A su vez, reafirma que los Informes de Uso de Fuerza no son

de naturaleza pública, pues se producen como parte de las

funciones

del

miembro

del

NPPR

para

fines

internos

administrativos e investigativos.

Conforme

discutimos,

toda

controversia

sobre

el

derecho al acceso a la información requiere que, en primer

lugar, determinemos si el documento o la información que se

solicita es de carácter público. Precisa, pues, examinar si

los

Informes

de

Uso

de

Fuerza

solicitados

por

KM0

constituyen información pública sujeta a la revisión de la

ciudadanía. Según indicamos, nuestro ordenamiento considera

como documento público todo aquel que se origina, conserva

o reciba en cualquier dependencia de Estado y que esté

relacionado con el manejo de asuntos públicos. Ley de

Administración

de

Documentos

Públicos

de

Puerto

Rico,

supra, 3 LPRA sec. 1001(b). Asimismo, este Tribunal ha

reconocido que el término “documentos públicos” incluye

aquella gama de escritos oficiales que son preparados por

funcionarios públicos en el desempeño de un deber público.

Pueblo v. Millán Meléndez, 110 DPR 171, 176 (1980) (citando

a Cirino v. Fuentes Fluviales, 91 DPR 608, 614-616 (1964)).

En el caso que nos ocupa, el Acuerdo decreta que el

Informe de Uso de Fuerza se refiere a un informe escrito en

el cual los miembros del NPPR documentan todos los usos de

fuerza por encima de la colocación de esposas sin oposición.

Como es sabido, el NPPR es una dependencia del Departamento

CC-2020-0004

19

de Seguridad Pública, así adscrita al poder ejecutivo. Los

informes en controversia se producen en el NPPR y, en virtud

del

Acuerdo

y

la

OG

600-605,

son

completados

por

los

miembros del NPPR y se conservan en la Superintendencia

Auxiliar de Responsabilidad Profesional (SARP), división

del NPPR que realiza las investigaciones internas de los

miembros y empleados del NPPR. Es decir, los Informes de

Uso de Fuerza se originan, reciben y conservan en una

dependencia del Estado. Asimismo, se trata de documentos

que recopilan información sobre incidentes específicos que

ocurren durante el desempeño del deber público y que deben

prepararse como parte de las funciones del cargo que ocupan

los miembros del NPPR. En consecuencia, debemos concluir

que los Informes sobre el Uso de la Fuerza son, en efecto,

documentos públicos.

Así determinado que la información que solicita KM0

emana de un documento público, nace el derecho de todo

ciudadano o ciudadana a accederla. Como hemos expresado,

toda persona tiene derecho a acceder a la información

pública que se recopila en la gestión gubernamental. Eng'g

Servs. Int'l, Inc. v. Autoridad de Energía Eléctrica de

Puerto Rico, supra. Sin embargo, tal derecho no es absoluto,

pues puede estar sujeto a limitaciones por parte del Estado

siempre y cuando estas no sean caprichosas o arbitrarias.

Es decir, tales obstáculos al ejercicio del derecho a

acceder la información pública deben servir un interés

CC-2020-0004

20

apremiante del Estado. Bhatia Gautier v. Gobernador, supra,

pág. 61.

Por consiguiente, ahora debemos escudriñar la negación

del Estado a divulgar los Informes de Uso de Fuerza. En

ocasiones

previas,

este

Tribunal

ha

reconocido

circunstancias excepcionales en las que el derecho al acceso

a

la

información

pública

se

ve

forzado

a

ceder

ante

consideraciones de política pública y, en consecuencia, la

información se mantiene confidencial. Trans Ad de P.R. v.

Junta de Subastas, supra, pág. 68. Estas circunstancias se

limitan a: (1) cuando una ley así lo declara; (2) cuando la

comunicación

está

protegida

por

algún

privilegio

evidenciario que pueda ser invocado por los ciudadanos,

Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554 (1959); (3) si

revelar

la

información

puede

lesionar

los

derechos

fundamentales de terceros, E.L.A. v. P.R. Tel. Co., 114 DPR

394 (1983); (4) si se trata de un confidente, según la Regla

515 de Evidencia de 2009, y (5) si es información oficial,

según la Regla 514 de Evidencia de 2009. Véase Colón Cabrera

v. Caribbean Petroleum, supra, pág. 591. Cónsono con esto,

el Estado es quien tiene el peso de demostrar que la

confidencialidad

de

un

documento

público

se

justifica

mediante un interés apremiante. En este contexto, no bastan

las meras generalizaciones ni los fundamentos arbitrarios.

Santiago v. Bobb y El Mundo, Inc., supra.

Ahora bien, el análisis judicial de un reclamo de

confidencialidad “dependerá de la excepción que invoque el

CC-2020-0004

21

Estado vis-à-vis el

pedido

de

información”. Nieves

v.

Junta, 160 DPR 97, 104 (2003). Sin embargo, es importante

enfatizar que nuestra jurisprudencia ha reconocido que,

entre esos dos (2) derechos, la balanza debe inclinarse a

favor

del

reclamante

de

la

solicitud

y

en

contra

del

privilegio. Nieves v. Junta, supra; López Vives v. Policía

de P.R., 118 DPR 219, 233 (1987). Entiéndase, “[l]a balanza

debe inclinarse hacia un reconocimiento mayor del derecho

a

la

información”.

A.M.

López

Pérez, El

privilegio

ejecutivo frente al derecho a la información pública, 34

(Núms. 2–3) Rev. Der. Pur. 345, 359 (1994).

En suma, el reclamo de confidencialidad del Estado en

el

caso

de

autos

se

fundamenta

en

tres

(3)

razones

principales: (1) que los Informes de Uso de Fuerza se

recopilan para fines investigativos y su divulgación podría

afectar las investigaciones en curso; (2) que los informes

contienen información sensitiva de terceros, y (3) que su

divulgación

representaría

un

disuasivo

para

que

los

miembros del NPPR o los testigos completen el Formulario

PPR-854 con la sinceridad y franqueza requerida.

En cuanto al primer fundamento, este Tribunal coincide

con que la protección de investigaciones en curso constituye

un

interés

descargue

gubernamental

adecuado

de

la

apremiante.

función

de

En

efecto,

seguridad

el

pública

requiere que el Estado tenga a su disposición un aparato

investigativo capaz. Soto v. Srio. de Justicia, supra, pág.

494. No obstante, no se puede perder de vista que el interés

CC-2020-0004

22

en proteger las investigaciones en curso concluye de forma

simultánea con el fin de la investigación. Es decir, una

vez termina la indagación oficial, cesa el riesgo de que la

divulgación de los Informes de Uso de Fuerza tenga un

impacto sobre la misma. En consecuencia, si bien este

interés puede excusar que se limite el acceso a aquellos

Informes de Uso de Fuerza que están bajo investigación,

éste no justifica la restricción del acceso a los informes

cuya pesquisa arribó a su fin.11

11Cabe

mencionar que algunas cortes en jurisdicciones

estatales han explorado y rechazado aserciones similares a

las que el Estado presenta en este caso. A modo de ejemplo,

la Corte Suprema de Nueva Jersey concluyó que, en contraste

con declaraciones de testigos y reportes investigativos con

detalles narrativos, la divulgación de los Informes de Uso

de Fuerza “presents far less of a risk of taint to an

ongoing investigation”, en especial ante una falta de

evidencia sobre su efecto adverso en el interés público. N.

Jersey Media Grp., Inc. v. Twp. of Lyndhurst, 229 N.J. 541,

577–78, 163 A.3d 887, 908 (2017). Asimismo, ciertos

tribunales estatales parecen descartar la contención de que

estos informes no pueden divulgarse por tratarse de

documentos internos que velan por el cumplimiento con la

política pública de la agencia y la conducta de sus

miembros. Entre éstos, una corte en Nueva Jersey determinó

que no considera “the possible, speculative use of a UFR in

an internal affairs investigation to provide the necessary

basis for precluding access under [the Open Public Records

Act].” O'Shea v. Twp. of W. Milford, 410 N.J. Super. 371,

386, 982 A.2d 459, 468 (App. Div. 2009). Análogamente, la

Corte Suprema de Arkansas denegó que informes de esta

naturaleza constituyeran un tipo de evaluación del empleado

público o que generara récords internos sobre su empleo, de

modo que estuvieran exentos de ser divulgados. Thomas v.

Hall, 2012 Ark. 66, 15, 399 S.W.3d 387, 395 (2012). También,

una corte en Nueva York rechazó que los Informes de Uso de

Fuerza cualificaran como récords personales y que, por ende,

estuviera prohibida su divulgación, pues razonó que, aun si

estos pudieran usarse para evaluar el desempeño de un

oficial, ese no sería su único uso. Prisoners' Legal Servs.

of New York v. New York State Dep't of Corr. & Cmty.

Supervision, 173 A.D.3d 8, 13, 98 N.Y.S.3d 677, 681 (2019).

De forma similar, una corte en Texas refutó que los Informes

CC-2020-0004

23

Por otra parte, ante el planteamiento de que existe

una clasificación categórica de confidencialidad para los

Informes de Uso de Fuerza, es necesario señalar que el

Acuerdo no establece que toda la información recopilada

como parte de sus iniciativas está cobijada por manto alguno

de confidencialidad. De hecho, el Acuerdo se

limita a

establecer que el Asesor de Cumplimiento Técnico (también

llamado el Monitor Federal) y el DOJ

“mantendrán la confidencialidad de toda la

información que no sea de naturaleza pública

provista por la PPR, el CUJC, o cualquier otra

agencia del ELA, conforme a este Acuerdo. Salvo

en lo provisto expresamente en el Acuerdo, este

Acuerdo no se considerará una renuncia a ningún

derecho o privilegio que la PPR, el CUJC, o

cualquiera otra agencia del ELA pueda ejercer,

incluidos aquellos reconocidos por el derecho

común

o

establecidos

por

ley,

reglas

o

reglamentos, contra cualquier otra persona o

entidad respecto a la divulgación de cualquier

documento.” (Énfasis suplido).

Como cuestión de hecho, la única protección expresa

que fija el Acuerdo con respecto a la información recopilada

se

extiende

a

aquella

información

de

identificación

personal.

En esta línea, el segundo fundamento del Estado está

relacionado con la protección de los derechos de terceros

a preservar la confidencialidad su información personal o

sensitiva. Sobre el particular, según ha establecido este

de Uso de Fuerza no pudieran divulgarse “because they are

not any more reasonably related to an individual officer's

employment relationship with the department than an

‘offense report’ completed by the same officer detailing

the same incident.” City of San Antonio v. San Antonio Exp.News, 47 S.W.3d 556, 565 (Tex. App. 2000).

CC-2020-0004

24

Tribunal en ocasiones reiteradas, cuando una ley o un

reglamento niega a un ciudadano el acceso a la información

pública,

la

regulación

debe

satisfacer

un

escrutinio

judicial estricto. Ortiz v. Dir. Adm. de los Tribunales,

supra, pág. 178. Tal estándar se mide con los siguientes

requisitos: (i) que el ejercicio regulatorio esté dentro

del

poder

constitucional

del

gobierno;

(ii)

que

éste

propulse un interés gubernamental apremiante; (iii) que tal

interés no esté directamente relacionado con la supresión

de la libertad de expresión; y (iv) que la restricción a la

libertad de expresión no sea mayor de lo necesario para

propulsar dicho interés. Íd.

Al aplicar los lineamientos jurídicos antes citados

a la negación cabal del Estado de divulgar los informes,

resulta meridianamente claro que obstaculizar el acceso a

la totalidad de la información meramente porque contiene

información personal constituye una restricción mayor de lo

necesario para proteger su interés. Dicho de otro modo,

salvaguardar el derecho de terceros a que la información

que los identifique no se revele no impide permitir el

acceso a aquella parte del documento que no infringe tal

protección.

Ante

ese

cuadro,

la

OG

600-605

cataloga

como

confidencial una única categoría de Informes de Uso de

Fuerza

y

ordena

independiente,

a

la

separada

SARP

y

a

“[m]antener

confidencial

los

de

manera

expedientes

sobre incidentes de uso de fuerza que involucren menores de

CC-2020-0004

25

edad, incluyendo los originales de los Informes de Uso de

Fuerza. Estos expedientes no serán accesibles sin mediar

orden

judicial,

aun

cuando

la

investigación

haya

concluido.” Sin embargo, esa imposición de confidencialidad

no está respaldada por un interés apremiante que justifique

mantenerla.

Entiéndase,

ni

la

OG

600-605

ni

las

comparecencias del Estado durante este trámite judicial

acreditan

un

interés

particular

e

imperioso

sobre

la

confidencialidad de los Informes de Uso de Fuerza que

involucran a menores de edad.12

Si, como fue el caso con el resto de los Informes de

Uso de Fuerza, el interés del Estado yace en proteger la

información de identificación personal del menor, como ya

se discutió, ello no requiere la denegación tajante del

acceso

al

12De

informe.

En

efecto,

nuestro

ordenamiento

ha

forma similar, el Estado apunta al Artículo XV del

Reglamento para el Recibo, Trámite, Investigación y

Adjudicación de Querellas Administrativas contra Empleados

de la Policía de Puerto Rico, Reglamento Núm. 8841 de 31 de

octubre de 2016, como fundamento para argumentar que existe

un mandato expreso que prohíbe el acceso a la información

recopilada en los expedientes de investigación que se

albergan en el SARP, salvo a ciertas instancias específicas.

Cabe mencionar que este artículo no hace referencia alguna

a los Informes de Uso de Fuerza, sino que versa sobre las

investigaciones de las querellas administrativas contra los

miembros del NPPR. Además, conforme ya discutimos, un

reglamento que prohíbe plenamente el acceso a la información

pública debe, entre otros requisitos, proteger un interés

apremiante y no ser más excesivo de lo necesario para

proteger tal interés. El artículo precitado no hace mención

de un interés apremiante, pero, presumiendo que el interés

descansa en proteger las investigaciones en curso o la

información de identificación personal, aplica el mismo

razonamiento ya expuesto.

CC-2020-0004

26

reconocido como política pública el proteger la información

personal de víctimas y testigos, incluyendo a menores de

edad, dentro de un contexto judicial o investigativo.13 No

obstante, como ya indicamos, esto no obtura la divulgación

del

resto

del

información

informe,

representa

más

aún

cuando

este

tipo

de

una

herramienta

clave

en

la

vindicación de los derechos de las víctimas. Ello es todavía

más imperante en los casos de menores de edad, quienes se

encuentran

en

una

posición

incluso

más

vulnerable

en

circunstancias de esta índole.

En definitiva, el interés en proteger la información

de identificación de las víctimas, testigos y menores no es

incompatible con la divulgación del resto del Informe. Negar

el

acceso

a

la

totalidad

de

esta

información

es,

inequívocamente, una restricción mayor de lo necesario para

proteger

tal

interés.

La

garantía

de

salvaguardar

la

información de identificación personal puede asegurarse sin

atrancar el acceso al resto de la información a la que tiene

derecho la ciudadanía y cuya reserva el Estado aún no ha

podido justificar.

Como

argumento

final,

el

Estado

sostiene

que

la

divulgación de los Informes de Uso de Fuerza tendría un

efecto disuasivo sobre los miembros del NPPR, quienes se

sentirían

inhibidos

13Véase,

de

completar

los

informes

con

la

la Ley Núm. 22 del 22 de abril de 1988, según

enmendada, conocida como la Ley para Establecer la Carta de

Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito, 25 LPRA sec.

973 et seq.

CC-2020-0004

27

sinceridad, franqueza y honestidad que requiere el proceso.

Avalar la confidencialidad de estos informes usando como

escudo la idea de que, de ser revelados a la ciudadanía, el

Estado no podría asegurar la responsabilidad y honestidad

de los miembros del NPPR, obra en contra de la propia

política pública que persiguen el Acuerdo y la OG 600-605.

En consecuencia, es una paradoja invocar el interés de

promover que los miembros de la Policía sean más honestos

reportando los incidentes de uso de la fuerza condicionando

tal deber a que sea ejercido bajo un manto de secretismo.

Esa pretensión no constituye un interés apremiante, sino un

interés preocupante y contrario a la Reforma de la Policía.

Siendo la transparencia y la rendición de cuentas

principios rectores de la Reforma de la Policía, el Acuerdo

reconoce que, “[p]ara garantizar la responsabilidad pública

de la PPR”, es necesaria “la recopilación y la difusión

pública de información sobre los esfuerzos realizados a la

reforma y sus resultados”, publicados de “manera oportuna

y

confiable

para

así

fortalecer

la

confianza

de

la

ciudadanía en la PPR.” A su vez, el Acuerdo ordena al NPPR

a desarrollar “una política de intercambio de información

con

el

público

sobre

el

uso

de

fuerza

grave

y

la

diseminación de información a los miembros de las familias

de los civiles involucrados en un incidente donde se haga

uso de fuerza.” Conforme lo reconoció el Monitor Federal en

su Primer Informe, “[l]a rendición de cuentas pública del

uso policial de la fuerza letal es una piedra angular de la

CC-2020-0004

28

confianza entre el NPPR y la comunidad a la que protegen.

Cualquier falta de transparencia en estos asuntos de interés

público

significativo

solo

resultará

en

un

impacto

perjudicial en la confianza del pueblo en su Policía. Lo

anterior es claramente antagónico con los objetivos del

Acuerdo.”14

Queda

diáfanamente

claro,

pues,

que

la

fiscalización ciudadana no solo es fomentada por el Acuerdo,

sino que también es parte esencial de la implementación

efectiva de la Reforma de la Policía.15

14Policía

de Puerto Rico, Primer Informe del Monitor

Federal Marzo 2020, cubriendo de octubre 2018 a junio 2019;

Estado del Negociado de la Policía de Puerto Rico de

conformidad con el Acuerdo entre el Departamento de Justicia

de los Estados Unidos y el Estado Libre Asociado de Puerto

Rico

aprobado

por

la

Corte

Federal,

https://policia.pr.gov/wp-content/uploads/2020/06/PrimerInforme-del-Monitor-Federal-espanol.pdf (última visita, 19

de febrero de 2021).

15En el Primer Informe antes citado, el cual se presentó

en el caso United States of America v. Commonwealth of

Puerto Rico and Police Department of Puerto Rico, Civil No.

3:12-cv-2039, el Monitor Federal expresó sus preocupaciones

sobre la rigurosidad de las investigaciones y las

conclusiones sobre los incidentes de uso de fuerza: “[e]l

hecho que tantos casos carecen tanto de declaraciones de

testigos como de evidencia forense, y a pesar de ello,

fueron cerrados por la [División de Investigación de Uso de

Fuerza] y confirmados por la [Junta de Revisión de Uso de

Fuerza del Superintendente] como usos justificados de

fuerza en conformidad con la política, es inverosímil y

probablemente no sobreviviría un escrutinio público

intenso.” (Énfasis suplido). Asimismo, pronunció que “el

público merece un nivel de transparencia por parte de

aquellos que tienen la capacidad única y devastadora de

quitarle la vida a otro mientras actúan bajo el palio de la

ley. Una responsabilidad tan significativa conlleva el

deber de ser transparente y actuar de conformidad con la

ley en todo momento, sin excepciones.” En su Segundo

Informe, el Monitor Federal encontró discrepancias en la

documentación y el reporte de los incidentes de uso de la

fuerza por parte de los miembros del NPPR, concluyendo que

tales deficiencias “1) failed to hold PRPB accountable for

CC-2020-0004

29

Por ende, en ausencia de un interés apremiante que

justifique infringir incondicionalmente sobre el derecho al

acceso a la información de la ciudadanía, el Estado no puede

ocultar los Informes de Uso de Fuerza de investigaciones

que

ya

concluyeron.

confidencialidad

se

Asimismo,

puede

extender

su

reclamo

únicamente

de

a

la

the greater number of force incidents that actually occurred

and 2) failed to provide PRPB’s management with the

necessary information to make informed decisions.” De igual

forma, reiteró que “[t]he significance of establishing

“Real Time” accurate information on use of force incidents

occurring Bureau-wide cannot be overstated. As previously

noted, for the Puerto Rico Police Bureau to effectively

monitor its members’ use of force, it must have accurate

and timely information and must also be transparent and

provide that information to the residents of Puerto Rico

upon request.” (Énfasis suplido). Policía de Puerto Rico,

Second Report of the Federal Monitor – December 2020 (July

2019 to March 2020); Compliance status of the Puerto Rico

Police Bureau in accordance with the Federal Court approved

Settlement Agreement between the United States Department

of

Justice

and

the

Commonwealth

of

Puerto

Rico,

https://noticiasmicrojuris.files.wordpress.com/2020/12/164

9-1.pdf (última visita, 19 de febrero de 2021). Por otro

lado, en su reporte de diciembre de 2014 a junio de 2015,

el

Monitor

Federal

notó

discrepancias

y

anomalías

estadísticas en los reportes del uso de la fuerza. Policía

de Puerto Rico, Six-Month Report of the Technical Compliance

Advisor

December

7,

2014

June

7,

2015,

https://docs.google.com/file/d/0BztrH26ENotblVWWXpjVFg5ZkU/view (última visita, 19 de febrero

de 2021). En otro reporte, enfatizó su preocupación sobre

la habilidad del NPPR para auditar sus propias estadísticas

sobre el uso de la fuerza. Policía de Puerto Rico, SixMonth Report of the Technical Compliance Advisor December

9,

2015

–

June

9,

20169,

2016,

https://docs.google.com/file/d/0BztrH26ENotdVFCQ3EwTnlNNms/view (última visita, 19 de febrero

de 2021). Recientemente, también reiteró la existencia de

inconsistencias en la documentación y el reporte de

incidentes de uso de la fuerza. Policía de Puerto Rico,

Seventh Six-Month Report of the Technical Advisor June 10,

2017 – March 31, 2018, https://docs.google.com/file/d/1iNE61EgOjgdyJUns3PY0L6x1DP5yHgt/view (última visita, 19 de

febrero de 2021).

CC-2020-0004

30

información de identificación personal de las víctimas,

testigos y menores de edad, por lo que, fuera de esto, el

resto del Informe de Uso de Fuerza es susceptible a ser

divulgado.

IV

Por los fundamentos antes expresados, se modifica la

sentencia del Tribunal de Apelaciones. Por consiguiente, se

ordena a la parte recurrida a entregar la documentación

solicitada, según los parámetros aquí establecidos. Es decir,

a

entregar

los

informes

o

documentos

relacionados

con

investigaciones ya concluidas y protegiendo la divulgación

de información personal de las víctimas, testigos y menores

de edad. En consecuencia, se devuelve el caso al Tribunal de

Primera

Instancia

para

los

procedimientos

ulteriores

dirigidos a cumplir con lo aquí dictaminado y se dispone que

tal foro ejercerá todos los mecanismos disponibles para

garantizar

que

la

parte

recurrida

cumpla

con

lo

aquí

ordenado.16

Se dictará sentencia de conformidad.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado

16Como

consecuencia de la certificación de esta

ponencia como una Opinión, se dejan sin efecto los términos

para solicitar reconsideración que se activaron al momento

de certificarse la Sentencia original. Por consiguiente,

éstos comenzarán a decursar nuevamente con la certificación

y notificación de esta Opinión.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Kilómetro 0, Inc.

Peticionaria

v.

Héctor M. Pesquera López,

en su capacidad oficial

como Secretario del

Departamento de Seguridad

Pública de Puerto Rico;

Henry Escalera en su

capacidad oficial como

Comisionado del Negociado

de la Policía y otros

CC-2020-0004

Certiorari

Recurridos

Sentencia

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente

Sentencia, se modifica la sentencia del Tribunal de

Apelaciones. Por consiguiente, se ordena a la parte recurrida

a entregar la documentación solicitada, según los parámetros

aquí establecidos. Es decir, a entregar los informes o

documentos relacionados con investigaciones ya concluidas y

protegiendo la divulgación de información personal de las

víctimas, testigos y menores de edad. En consecuencia, se

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para los

procedimientos ulteriores dirigidos a cumplir con lo aquí

dictaminado y se dispone que tal foro ejercerá todos los

mecanismos disponibles para garantizar que la parte recurrida

cumpla con lo aquí ordenado.17

17Como

consecuencia de la certificación de esta

ponencia como una Opinión, se dejan sin efecto los términos

para solicitar reconsideración que se activaron al momento

de certificarse la Sentencia original. Por consiguiente, éstos

CC-2020-0004

2

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rivera García

concurre en parte y disiente en parte, con la siguiente

expresión, a la cual se une la Jueza Asociada señora Pabón

Charneco:

“No hay duda de que el acceso a la

información pública es un pilar fundamental en

toda sociedad democrática.

Es por esto, que

reconocimos que el derecho de la prensa y de los

ciudadanos a tener acceso a la información

pública como uno fundamental.

Véase Soto v.

Secretario de Justicia, 112 DPR 477(1982). Es una

garantía constitucional firmemente ligada al

ejercicio de los derechos de libertad de palabra,

prensa y asociación consagrados en nuestra

constitución. Art. II, Sec. 4, Const. ELA, LPRA,

Tomo I. En armonía con lo anterior, concurrimos

con la presente opinión al considerar que los

Informes sobre el Uso de Fuerza son documentos

públicos, según el Art. 3(b) de la Ley Núm. 5 de

8 de diciembre de 1955, conocida como la Ley de

Administración de Documentos Públicos de Puerto

Rico, según enmendada. No obstante, disentimos

que estos Informes se deban divulgar, por

entender

que

el

Estado

tiene

un

interés

apremiante

de

proteger

la

información

confidencial que se desprende de los mismos.

Veamos.

Es menester puntualizar que este Tribunal

ha expresado que el derecho a la información no

es absoluto y está sujeto a aquellas limitaciones

que, por necesidad imperiosa, el Estado imponga.

Bhatía Gautier v. Gobernador, 199 DPR 59, 84

(2017). Sin embargo, estas restricciones deben

estar debidamente justificadas, puesto que no

puede negarse el acceso a la información pública

de manera caprichosa y arbitraria. Colón Cabrera

v. Caribbean Petroleum, 170 DPR 582, 589 (2007).

Dado que el acceso a la información pública es un

derecho

fundamental,

para

prevalecer,

las

restricciones

impuestas

por

el

aparato

gubernamental deben responder a un interés

apremiante del Estado. Colón Cabrera v. Caribbean

Petroleum, supra. Así, hemos establecido que

existen situaciones en que este derecho debe

comenzarán a decursar nuevamente con la certificación y

notificación de esta Opinión.

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ceder en atención a otros imperativos de interés

público.

En ese sentido, a través de nuestra

jurisprudencia hemos establecido los supuestos en

los cuales el Estado puede reclamar válidamente

la confidencialidad de información que obra en su

poder, a saber: (1) cuando una ley así lo declara;

(2) cuando la comunicación está protegida por

alguno de los privilegios evidenciarios que

pueden invocar los ciudadanos; (3) cuando revelar

la

información

puede

lesionar

derechos

fundamentales de terceros; (4) cuando se trate de

la identidad de un confidente; o (5) cuando se

trate de "información oficial”, conforme a la

Regla 514 de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. IV.

Bhatía Gautier v. Gobernador, supra.

Cónsono con lo anterior, la Regla 514 define

“información oficial” como “aquélla adquirida en

confidencia por una persona que es funcionaria o

empleada pública en el desempeño de su deber y

que no ha sido oficialmente revelada ni está

accesible al público hasta el momento en que se

invoca el privilegio”. Regla 514(a) de las de

Evidencia, supra. Por otro lado, este privilegio

se activa “si el tribunal concluye que la materia

es información oficial y su divulgación está

prohibida por ley, o que divulgar la información

en la acción sería perjudicial a los intereses

del gobierno”. Regla 514(b) de Evidencia, supra.16

Por lo tanto, un reclamo de confidencialidad por

parte del gobierno puede prosperar cuando se

trate de información oficial que perjudique los

intereses del gobierno.

Tal y como nos expresa el tratadista Chiesa

Aponte, este privilegio surge de la necesidad del

gobierno

de

mantener

confidencial

cierta

información para la buena marcha del gobierno,

particularmente en relación con la franca

discusión de las alternativas gubernamentales o

posibles cursos de acción para atender los

múltiples problemas sociales, económicos —y de

otra índole— del Estado [...].E.L. Chiesa Aponte,

Tratado

de

derecho

probatorio,

República

Dominicana, Ed. Corripio, [s. año], T. I, pág.

292. Así pues, al evaluar un reclamo de

confidencialidad, hay que sopesar, por un lado,

la necesidad de que el gobierno mantenga como

confidencial cierta información sensitiva y el

perjuicio que pueda invocar el gobierno, y, por

otro lado, la necesidad de la parte que solicita

la información y su derecho a obtenerla. E.L.

3

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Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia comentadas,

San Juan, Ed. Situm, 2016, pág. 164.

En el presente caso, el Gobierno sostiene

que los referidos Informes sobre Uso de Fuerza se

preparan para fines internos de investigación.

Además, arguye que bajo el Acuerdo para la Reforma

Sostenible de la Policía de Puerto Rico (Acuerdo)

se obliga a los miembros de la Policía a notificar

a sus supervisores inmediatos sobre cualquier

incidente de uso de fuerza, de lesión a un

arrestado o de alegación de uso de fuerza

excesiva, con el objetivo de mantener controles

internos. Estos Informes sirven el propósito

específico de que el Negociado de la Policía pueda

mantener

los

controles

internos

que

son

requeridos como parte del Acuerdo. En ellos, los

policías esbozan sus interpretaciones acerca de

los incidentes en los cuales hicieron uso de la

fuerza,

hechos

ocurridos

y

plasman

sus

impresiones mentales y conclusiones subjetivas en

cuanto a éstos.

En

consecuencia,

a

la

luz

de

estos

planteamientos, entendemos que le asiste la razón

al Estado. Ciertamente, existe un interés

apremiante

en

cuanto

a

mantener

la

confidencialidad de dichos documentos que resulta

muy superior al interés de la parte que desea

acceder a tales informes. Es decir, proveer

acceso a estos Informes tendría consecuencias

adversas sobre el interés público que se busca

proteger, pues podría disuadir a los funcionarios

obligados a cumplimentarlos a actuar con la

libertad y entereza necesaria para cumplir con el

deber de reportar los incidentes de uso de fuerza.

Somos del criterio, que ello podría aumentar

exponencialmente las probabilidades de que estos

opten por ocultar o alterar información sobre

tales eventos. En consecuencia, el interés

público se vería severamente afectado y se

perjudicaría

la

efectividad

de

las

investigaciones de incidentes de uso de la fuerza

que tiene que realizar el Negociado de la Policía

de Puerto Rico.

Es menester que los miembros de la Policía

de Puerto Rico puedan cumplimentar dichos

informes con la mayor libertad y franqueza, ya

que esto promueve la mejor y más efectiva

identificación y prevención de conducta impropia.

Así se desarrollan controles internos que

facilitan

la

imposición

de

las

medidas

correctivas y disciplinarias correspondientes

4

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5

para atacar los eventos de abuso de autoridad en

la uniformada.

En consecuencia, razonamos que existe un

interés apremiante por parte del Estado en

limitar la divulgación de los señalados Informes

sobre Uso de la Fuerza, cual responde a proteger

la efectividad del funcionamiento del gobierno.

Un curso de acción en contrario resultaría

perjudicial a las gestiones investigativas de la

principal agencia de seguridad en Puerto Rico.

Precisamente,

obstaculizaría

el

efectivo

cumplimiento de los acuerdos otorgados con el

Departamento de Justicia de los Estados Unidos

para la Reforma de la Policía de Puerto Rico.”

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo