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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Indulac v. Central General de Trabajadores

2021 TSPR 78

Poder Judicial de Puerto Rico

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Indulac v. Central General de Trabajadores

CC-2019-887

Derecho Constitucional y Derecho Laboral-La violación al derecho a la intimidad por parte de un empleado a otro en el contexto laboral es razón suficiente para su despido como primera falta grave al amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976. · Hon. Rivera García

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Indulac

Peticionaria

Certiorari

v.

2021 TSPR 78

Central General de Trabajadores

207 DPR ____

Recurrida

Número del Caso:

CC-2019-887

Fecha: 4 de junio de 2021

Tribunal de Apelaciones:

Panel X

Abogado de la parte peticionaria:

Lcdo. Fernando A. Baerga Ibáñez

Abogado de la parte recurrida:

Lcdo. Luis A. Zayas Monge

Abogados de la parte Amicus Curiae:

Oficina de la Procuradora de la Mujer

Lcda. Lersy G. Boria Vizcarrondo

Lcda. Madeline Bermúdez Zanabria

Lcda. Mariamelia Sueiro Álvarez

Lcda. Natalie Díaz Rodríguez

Lcdo. Harold Díaz Toribio

Materia: Derecho Constitucional y Derecho Laboral - La violación al

derecho a la intimidad por parte de un empleado a otro en el contexto

laboral es razón suficiente para su despido como primera falta grave

al amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

INDULAC

Peticionaria

CC-2019-887

v.

Certiorari

CENTRAL GENERAL DE

TRABAJADORES

Recurrida

El Juez Asociado señor RIVERA GARCÍA emitió la opinión del

Tribunal.

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de junio de 2021.

En esta ocasión tenemos la oportunidad de reiterar y

ampliar los contornos de la protección constitucional al

derecho

a

la

intimidad

en

el

contexto

laboral.

Específicamente, nos corresponde determinar si el despido

de un empleado fue justificado o no, por instalar dentro de

la oficina de otra empleada una cámara de video escondida

para observarla subrepticiamente. Por los fundamentos que

esbozamos a continuación, reiteramos y reconocemos esta

protección constitucional en el ámbito laboral y pautamos

que la violación a este principio constitucional, mediante

este tipo de conducta, es razón suficiente para el despido

como primera falta grave en el empleo al amparo de la Ley

Sobre Despidos Injustificados (Ley Núm. 80), Ley Núm. 80 de

30 de mayo de 1976, 29 LPRA sec. 185 (a) et seq.

CC-2019-887

2

I

El 29 de junio de 2015 Indulac (Indulac o peticionaria)

despidió al Sr. Víctor Vargas Taveras (señor Vargas Taveras

o recurrido), quien se desempeñaba como Operador del área

de empaque. Según la carta de despido, Indulac prescindió

de sus servicios como empleado con base en una querella que

presentó en su contra la Sra. Carmen Rivera Meléndez (señora

Rivera Meléndez), Auditora de calidad, “por invasión a la

privacidad, acecho y hostigamiento”. (Énfasis suplido).1

Inconforme con la decisión del patrono, la Central

General de Trabajadores (Unión), presentó una Querella por

despido injustificado a tenor con la Ley Núm. 80, supra, a

través del procedimiento de quejas y agravios establecido

en el Convenio Colectivo. El 14 de agosto de 2017, el

Negociado de Conciliación y Arbitraje (Negociado), celebró

una vista de arbitraje en la cual las partes tuvieron amplio

espacio para someter sus respectivas alegaciones.

De

la

transcripción

de

la

vista

de

arbitraje

se

desprende que la señora Rivera Meléndez comenzó a trabajar

en Indulac desde marzo 2010, hasta diciembre 2015.2 En

síntesis,

su

trabajo

consistía

en

auditar

toda

la

documentación que se generaba durante la elaboración de

leche, queso, mantequilla entre otros productos, con el

Carta de Terminación de Empleo, Apéndice de la Petición de

certiorari, pág. 103.

2 Vista de Arbitraje, Apéndice de la Petición de certiorari, pág.

192.

1

CC-2019-887

3

propósito de cumplir con todos los parámetros establecidos

por la agencia reguladora. Como parte de esta labor, la

señora Rivera Meléndez se aseguraba que toda la información

generada durante este procedimiento estuviese correcta y,

de no ser así, corroboraba con los operadores de empaque

para corregir esta información.

La señora Rivera Meléndez declaró que conocía al señor

Vargas Taveras como uno de los operadores de empaque con

los cuales trabajaba y que sostenía con él una relación

cordial, igual a la que mantenía con los demás operadores.3

Sin embargo, esbozó que debido al quehacer diario del

trabajo llegó un momento en el que el recurrido frecuentaba

con regularidad su oficina. Además de hablar de asuntos

relacionados al trabajo, conversaban de otros temas y en

algunas ocasiones el señor Vargas Taveras se quedaba dormido

en un mueble de la oficina sin que a ella le molestara esa

conducta.4

Sin embargo, el 14 de mayo de 2015, al regresar del

receso del almuerzo, la señora Rivera Meléndez se percató

de

que

el

señor

Vargas

Taveras

esperaba

dentro

de

su

oficina. Además, notó que un gabinete que estaba detrás de

su

escritorio

estaba

fuera

de

lugar

y

le

preguntó

al

recurrido si él sabía por qué estaba de esa forma. El señor

Vargas Taveras replicó que lo había tenido que mover porque

3

4

Íd., pág. 193.

Íd., pág. 194.

CC-2019-887

4

se le había caído un bolígrafo, pero que no lo devolvió a

su posición original porque era muy pesado. Acto seguido,

abandonó la oficina de la señora Rivera Meléndez.5 Luego,

la señora Rivera Meléndez trató de colocar el gabinete

nuevamente en su posición. En ese momento se percató que

había un cable que llegaba hasta una planta ornamental que

estaba

al

lado

del

gabinete.

Entonces,

al

sacar

la

extensión, se cayó una cámara de video que estaba oculta en

la planta ornamental. Cuando el señor Vargas Taveras regresó

a la oficina de la señora Rivera Meléndez, esta le preguntó

sobre el cable. El recurrido le respondió que era para poner

un radio, a lo que la señora Rivera Meléndez contestó

sorprendida que ya tenía un radio en su oficina, por lo

cual no necesitaba otro. A preguntas de la señora Rivera

Meléndez por la cámara, el señor Vargas Taveras dijo que se

trataba de una broma.6 En ese momento, el recurrido se le

acercó a la señora Rivera Meléndez e intentó tomar la cámara

de sus manos. Sin embargo, esta última retuvo la cámara y

le indicó que, de ser así, sería una broma de muy mal gusto.7

Así las cosas, la señora Rivera Meléndez le preguntó

nuevamente la razón por la cual había colocado la cámara.

En esta ocasión, el recurrido le contestó que la había

instalado para saber si ella era la que estaba diciendo por

la

planta,

que

ella

Íd., pág. 197.

Íd., pág. 198.

7 Íd.

5

6

y

José

Miranda,

otro

empleado

de

CC-2019-887

5

Indulac, eran “chillos”.8 A raíz de ello, la señora Rivera

Meléndez le expresó al recurrido sentirse dolida y frustrada

ya que es una mujer casada. Entonces, el señor Vargas

Taveras se le acercó e intentó quitarle la cámara por

segunda ocasión. La señora Rivera Meléndez nuevamente le

preguntó la razón por la cual había colocado la cámara. En

una tercera versión, el recurrido respondió que era porque

en la planta estaban diciendo que él ⎯el señor Vargas

Taveras⎯

y

ella

⎯la

señora

Rivera

Meléndez⎯

eran

“chillos”.9 La señora Rivera Meléndez le comentó que eso no

era cierto y le pidió que se retirara de su oficina porque

estaba muy dolida. En ese momento, el señor Vargas Taveras

se disculpó y le preguntó si lo perdonaba, a lo cual ella

le respondió que sí, presuntamente para que este abandonara

su

oficina.

Posteriormente,

la

señora

Rivera

Meléndez

dialogó con el supervisor del recurrido sobre el incidente

ocurrido.

La señora Rivera Meléndez narró que, al día siguiente,

el 15 de mayo de 2015, al llegar a su trabajo escuchó a

otros empleados comentar que el señor Vargas Taveras estaba

bien perturbado y que había dicho que si cogía una pistola

se iba a matar.10 Ese mismo día, la Directora de Recursos

Humanos se comunicó con la señora Rivera Meléndez para

Íd.

Íd., pág. 199.

10 Íd., pág. 201.

8

9

CC-2019-887

6

investigar lo sucedido y le orientó sobre el procedimiento

a seguir en este tipo de situaciones. Por ello, la señora

Rivera Meléndez solicitó una orden de acecho en contra del

recurrido ante el Tribunal de Primera Instancia, la cual

posteriormente

fue

denegada

por

tratarse

de

un

primer

incidente.

Así las cosas, el 24 de junio de 2015, la señora Rivera

Meléndez

suscribió

una

declaración

jurada

sobre

el

incidente acontecido como parte de la investigación en curso

por la Oficina de Recursos Humanos de Indulac.11 En esa

declaración jurada, la señora Rivera Meléndez reiteró los

hechos ocurridos el 14 de mayo de 2015 y sostuvo que se

sentía nerviosa, dolida, frustrada, asustada, y que temía

por su seguridad y bienestar.12 Además, indicó que sintió

que su intimidad fue violada al señor Vargas Taveras colocar

una cámara de vídeo en su oficina.13

Luego de celebrada la vista de arbitraje, el 6 de

noviembre

de

2017,

el

Negociado

notificó

su

Laudo

de

Arbitraje mediante el cual declaró ha lugar la querella

presentada por el señor Vargas Taveras y concluyó que su

despido

fue

injustificado.14

En

apretada

síntesis,

el

Negociado razonó que, la prueba presentada por Indulac no

fue

suficientemente

11

12

convincente

para

demostrar

que

el

Íd., pág. 202.

Declaración Jurada, Apéndice de la Petición de certiorari, pág.

105.

Íd., pág. 106.

de Arbitraje, Apéndice de la Petición de certiorari,

pág. 144.

13

14 Laudo

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7

recurrido incurrió en una conducta de hostigamiento sexual

que infringiera la Ley Núm. 17 del 22 de abril de 1988,

sobre la prohibición del hostigamiento sexual en el empleo.

Como remedio, ordenó la reposición al empleo del señor

Vargas Taveras, así como la paga retroactiva de todos los

haberes dejados de percibir desde la fecha de su despido

hasta su reposición en el empleo.

En desacuerdo, el 6 de diciembre de 2017, Indulac

presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una Petición

de revisión de laudo. En esencia, la peticionaria alegó que

el laudo era improcedente de conformidad con los argumentos

siguientes: (1) el Negociado omitió las determinaciones de

hechos y, por consiguiente, quebrantó las garantías mínimas

del debido proceso de ley; (2) el Negociado descartó sin

justificación

alguna

la

prueba

documental

y

testifical

desfilada en la vista de arbitraje, pues la misma fue

suficiente y no fue controvertida en forma alguna por la

Unión; y (3) a la luz del estándar de preponderancia de la

prueba y los precedentes judiciales establecidos por el

Tribunal Supremo, el despido del señor Vargas Taveras fue

justificado.

El 25 de enero de 2018, la Unión presentó una Oposición

a petición de revisión de laudo arbitral. Solicitó que el

tribunal de instancia confirmara el laudo emitido por el

Negociado. La Unión indicó que no procedía revisar las

determinaciones

de

hecho

del

laudo

porque

estaban

CC-2019-887

8

sustentadas por la evidencia en el expediente. Adujo que no

era correcto el planteamiento de Indulac con relación a que

no fueron resueltas todas las controversias sometidas. En

efecto, arguyó que, al no ponerse de acuerdo las partes en

sus respectivos proyectos de sumisión, el Árbitro determinó

que el asunto a resolverse era si el despido del señor

Vargas Taveras estuvo o no justificado y, de no estarlo,

proveería el remedio adecuado. Así las cosas, la Unión

arguyó que la controversia fue resuelta conforme a derecho.

El 4 de enero de 2019, el Tribunal de Primera Instancia

dictó una sentencia en la cual dispuso que no existía razón

en derecho para alterar el laudo emitido.15 Concluyó que la

determinación del Árbitro estaba sustentada por evidencia

sustancial en el expediente y era conforme a derecho y a lo

pactado entre las partes en el convenio colectivo. A su

vez, determinó que, aunque el Laudo de Arbitraje indicaba

que el estándar de prueba era el de más allá de duda

razonable y prueba robusta y convincente, se colegía de las

conclusiones de derecho que el Árbitro sí aplicó el estándar

de prueba correcto. Además, concluyó que, aunque el Laudo

de Arbitraje no tenía enumeradas las determinaciones de

hecho, el Árbitro resumió los hechos sustentados por la

prueba para emitir sus conclusiones de derecho. El foro de

15 Sentencia SJ2017CV02706, Apéndice de la Petición de

certiorari, pág. 250.

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9

instancia determinó que esos hechos basados en la prueba se

podían reducir a nueve determinaciones de hechos.16

A continuación, se presentan las nueve (9) determinaciones de

hechos mencionadas por el Tribunal de Primera Instancia:

1. Las partes suscribieron un Convenio Colectivo con fecha

de vigencia del 16 de diciembre de 2013 hasta el 16 de

diciembre de 2016.

16

2. La Sra. Carmen Rivera Meléndez, auditora de calidad a

la fecha de los hechos, declaró que había trabajado en

INDULAC del 2010 al 2015. Conocía al Sr. Vargas y su

relación era “normal”, al igual que con los otros

empleados del Área de Producción.

3. El 14 de mayo de 2015, luego de que la Sra. Rivera

Meléndez regresó a su oficina y vio un gabinete fuera

de sitio. Intentó arreglar el gabinete, pero no pudo.

Observó una extensión y se percató de una cámara.

4. Le preguntó al Sr. Vargas y éste le indicó que era para

un radio, pero luego de que la Sra. Rivera Meléndez

indagara sobre la cámara, éste le expresó que se trataba

de una broma y que él la había puesto para ver si ella

y Miranda eran chillos.

5. La Sra. Rivera Meléndez declaró que se puso muy nerviosa

e inmediatamente el Sr. Vargas le pidió perdón. Ella le

dijo que no había problema, pero que se fuera de su

oficina y procedió a informarlo a su supervisor.

6. La Sra. Nancy Santiago se desempeñaba al momento de los

hechos como Directora de Recursos Humanos de INDULAC

donde trabajaba desde el 1984. Declaró que conoce al

empleado Víctor Vargas y que el 15 de mayo de 2015, se

reunió con la Sra. Rivera Meléndez, quien le informó que

había encontrado una cámara en su oficina, que se sintió

asustada; que se había reunido con el Sr. Vargas y éste

le pidió perdón.

7. La Sra. Santiago le recomendó a la Sra. Rivera que fuera

a la Policía. La Sra. Rivera siguió su recomendación y

acudió al Tribunal.

8. La Sra. Rivera no presentó una Querella contra el Sr.

Vargas. En su declaración jurada no habla de que fue

hostigada sexualmente. En la misma, y en su testimonio

ante el árbitro, tampoco expresó que el Sr. Vargas la

agrediera, le gritara o le hiciera gestos inadecuados.

9. Luego de una investigación, la Sra. Nancy Santiago envió

una carta de despido al Sr. Vargas con fecha del 29 de

junio de 2015.

Sentencia SJ2017CV02706, Apéndice de la Petición de certiorari,

págs. 252-253.

CC-2019-887

10

Inconforme con esa determinación, el 31 de enero de

2019, Indulac presentó un recurso de certiorari ante el

Tribunal de Apelaciones en el cual reiteró los errores

señalados ante el tribunal de instancia. Luego, el 14 de

junio de 2019, el foro apelativo intermedio notificó una

resolución

en

la

cual

denegó

expedir

el

recurso

de

certiorari.17 Concluyó que no existía razón que justificara

su

intervención

en

sustitución

de

la

determinación

realizada por el Tribunal de Primera Instancia. Además,

determinó que Indulac no demostró que el foro recurrido

actuó con prejuicio, parcialidad, craso abuso de discreción

o error manifiesto.

El

28

de

junio

de

2019,

Indulac

solicitó

reconsideración del dictamen del Tribunal de Apelaciones.

Sin embargo, este último denegó la reconsideración mediante

resolución notificada el 29 de octubre de 2019.

Oportunamente,

Indulac

presentó

un

recurso

de

certiorari ante este Tribunal y expuso los señalamientos de

error siguientes:

Erró el Tribunal de Apelaciones, así como el

Tribunal de Primera Instancia al determinar que

el Laudo de Arbitraje se emitió conforme a

derecho.

Erró el Tribunal de Primera Instancia, así

como el Negociado de Conciliación y Arbitraje, al

determinar que el Patrono no presentó evidencia

suficientemente convincente para justificar el

despido del Sr. Vargas.

17

Resolución, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 272.

CC-2019-887

11

Erró el Tribunal de Primera Instancia, así

como el Negociado de Conciliación y Arbitraje, al

determinar que el despido del Sr. Vargas fue

injustificado y, consecuentemente, ordenar la

reposición inmediata, así como el pago de todos

los haberes dejados de percibir desde la fecha de

su despido.

Erró el Tribunal de Primera Instancia al

determinar que el laudo no es nulo, y que no se

quebrantaron los requisitos mínimos del debido

proceso de ley consagrados en la Constitución del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Erró el Tribunal de Primera Instancia al

determinar que el Árbitro pronunció o emitió

nueve (9) determinaciones de hechos en el Laudo

de Arbitraje.

Erró el Tribunal de Primera Instancia al

determinar que el Negociado de Conciliación y

Arbitraje utilizó el estándar de revisión

adecuado.18

El 31 de enero de 2020 expedimos el auto solicitado.

Cabe destacar que el 9 de diciembre de 2019 la Oficina de

la

Procuradora

de

las

Mujeres

(Procuradora)

solicitó

comparecer como amicus curiae. En esencia, argumentó que

este caso es uno de alto interés público y que los foros

recurridos

actuaron

en

contravención

con

la

política

pública. En ese sentido, expresó que ubicar una cámara

oculta en el área de trabajo de la perjudicada no es tan

solo un acto de acecho y hostigamiento sexual sino una

violación a la intimidad y dignidad humana. El 4 de marzo

de 2020 emitimos una resolución mediante la cual declaramos

ha lugar la referida solicitud.

18

Petición de certiorari, pág. 11.

CC-2019-887

12

Tras examinar los alegatos de las partes, así como el

escrito

presentado

por

la

Procuradora,

procedemos

a

resolver.

II

A. La revisión judicial de los laudos de arbitraje

El arbitraje es el método alternativo de solución de

disputas más formal que existe como alternativa al litigio

tradicional.19

En

el

arbitraje

“las

partes

en

disputa

someten y presentan su caso ante un tercero neutral que

está investido con la facultad de rendir una decisión”.20

Así, este proceso le impone un carácter excluyente al

proceso judicial, ya que una cláusula de arbitraje es un

contrato que impide a los jueces y tribunales conocer en

primera instancia de los conflictos o cuestiones litigiosas

sometidas a arbitraje.21

Por otro lado, el arbitraje en el ámbito laboral surge

como parte del proceso de negociación colectiva.22 En ese

sentido, cuando en un convenio colectivo se pacta someter

a arbitraje las controversias que puedan surgir entre el

patrono y sus empleados, se crea un foro alterno a los

tribunales que tiene el efecto de sustituir a los jueces

por

los

árbitros.23

Cabe

destacar

que

en

nuestro

Aut. Puertos v. HEO, 186 DPR 417, 424 (2012).

D. Fernández Quiñones, El arbitraje obrero-patronal, Colombia,

Ed. Forum, 2000, pág. 9.

21 Íd., pág. 10.

22 Aut. Puertos v. HEO, supra, pág. 424.

23 Íd.; HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 456 (2011); Condado Plaza v.

Asoc. Emp. Casinos P.R., 149 DPR 347, 352 (1999).

19

20

CC-2019-887

13

ordenamiento se favorece el arbitraje, especialmente en el

entorno

obrero-patronal

pues,

es

menos

técnico,

más

flexible y menos oneroso que los tribunales de justicia.24

Como indicamos, la sustitución de foros que presume la

figura del arbitraje solo se puede exigir cuando lo hayan

acordado las partes.25 En el ámbito obrero-patronal “[d]ebe

entenderse que el mismo surge como resultado de la voluntad

de las partes de establecer en el convenio colectivo un

mecanismo

o

procedimiento

eficiente,

que

garantice

la

solución de disputas de forma justa”.26 Así, como parte de

las negociaciones y prestaciones efectuadas por las partes,

se logra un mecanismo que presenta una ventaja considerable

para las partes en comparación con el litigio tradicional.27

Ello, pues ese mecanismo no está revestido de la formalidad

que aplica ante los tribunales de justicia.28

En cuanto a la revisión judicial de los laudos de

arbitraje, hemos dispuesto que las determinaciones de los

árbitros

gozarán

de

gran

deferencia.29

Esta

norma

de

autolimitación conlleva que los tribunales no lleguen a

“considerar los méritos de un laudo, independientemente de

que, de haber sido la controversia inicialmente resuelta a

Aut. Puertos v. HEO, supra, págs. 424-425; HIETel v. PRTC,

supra, pág. 456.

25 Aut. Puertos v. HEO, supra, pág. 425.

26

A. Acevedo Colom, Legislación de relaciones del trabajo

comentada, San Juan, [s. ed.], 2007, pág. 227.

27 Íd., pág. 228.

28 Íd.

29 Aut. Puertos v. HEO, supra, págs. 426-427; Condado Plaza v.

Asoc. Emp. Casinos P.R., supra, pág. 352; J.R.T. v. Junta Adm. Muelle

Mun. de Ponce, 122 DPR 318, 325 (1988).

24

CC-2019-887

14

nivel judicial, la determinación final hubiese sido otra”.30

A esos efectos, hemos establecido que la revisión judicial

de los laudos emitidos en un procedimiento de arbitraje se

“limitará a las instancias en las cuales quede demostrada

la existencia de fraude, conducta impropia del árbitro,

falta del debido proceso de ley, ausencia de jurisdicción,

omisión de resolver todas las cuestiones en disputa o que

el laudo sea contrario a la política pública”.31

Ahora bien, esta norma de autolimitación encuentra una

excepción

cuando

las

partes

pactan

que

los

laudos

de

arbitraje se emitirán conforme a derecho.32 Entonces, los

árbitros están obligados a resolver las controversias según

las

doctrinas

legales

prevalecientes

y

aceptadas.33

En

aquellas instancias en las que los laudos se deban emitir

conforme a derecho, la revisión judicial será más incisiva,

por lo cual los tribunales podrán enmendar errores jurídicos

relacionados al derecho aplicable.34

Entre los escenarios que permiten la revisión judicial

incisiva se encuentra la falta de debido proceso de ley en

el procedimiento de arbitraje. En cuanto al debido proceso

de ley, hemos reconocido que se refiere al “derecho de toda

persona a tener un proceso justo y con todas las debidas

Acevedo Colom, op. cit., pág. 271.

C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299, 328 (2011).

32 Aut. Puertos v. HEO, supra, pág. 427.

33 Aut. Puertos v. HEO, supra, pág. 427; C.O.P.R. v. S.P.U.,

supra, pág. 329.

34 Aut. Puertos v. HEO, supra, pág. 427; Condado Plaza v. Asoc.

Emp. Casinos P.R., supra, pág. 353.

30

31

CC-2019-887

15

garantías que ofrece la ley, tanto en el ámbito judicial

como en el administrativo”.35 Este principio esencial de

nuestro sistema democrático se recoge en el Art. II de la

Sec. 7 de la Constitución de Puerto Rico y en la Quinta y

Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

En su sustrato, este derecho garantiza que los ciudadanos

no perderán su libertad o su propiedad sin la oportunidad

básica de ser oídos.

Este

derecho

fundamental

se

manifiesta

en

dos

dimensiones: la sustantiva y la procesal.36 En su vertiente

sustantiva, el debido proceso de ley representa una barrera

para

acciones

estatales

arbitrarias

o

caprichosas

que

afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos.37 Por

su parte, en su vertiente propiamente procesal, el debido

proceso de ley requiere que, de verse afectado algún derecho

de propiedad o libertad de un ciudadano, este tendrá acceso

a un proceso que se adherirá a los principios de justicia

e

imparcialidad.38

Así

pues,

en

un

procedimiento

de

arbitraje en el que un ciudadano está expuesto a perder su

empleo, es necesario que se cumpla con algún tipo de debido

proceso de ley.39 En un procedimiento de arbitraje “pueden

estar implicados derechos de rango constitucional y de

35

Marrero Caratini v. Rodríguez Rodríguez, 138 DPR 215, 220

(1995).

36

37

Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 DPR 1, 35 (2010).

Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 DPR 881, 887

(1993).

Íd., págs. 887–888.

Aut. Puertos v. HEO, supra, págs. 428-429; HIETel v. PRTC,

supra, pág. 460.

38

39

CC-2019-887

16

carácter estatutario. Ello de suyo reclama la presencia

ineludible de unos requisitos procesales que garanticen el

respeto y cumplimiento de esos derechos”.40

Ahora bien, ¿cuál es el debido proceso que se debe

sostener en el arbitraje obrero-patronal? A esos fines, el

profesor Fernández Quiñones dispone lo siguiente:

Si se toman en consideración las características

básicas

del

procedimiento

de

arbitraje

—

flexibilidad, rapidez e informalidad—, puede

inferirse que el debido procedimiento de ley que

se exige es uno que no puede estar matizado de la

rigidez que particulariza una vista judicial. Por

consiguiente,

la

vista

no

se

gobierna

estrictamente por las reglas de evidencia. [...]

En la medida en que se proporcione a las partes

la oportunidad de prepararse para hacer frente a

lo que es objeto de controversia, de estar

presente en las vistas que se celebran, de

escuchar los testimonios en su contra y de

contrainterrogar a los testigos contrarios y de

que el laudo se funde en la evidencia que ha

desfilado ante el árbitro se ha respetado el

debido procedimiento de ley.41

Por ello, se ha establecido que el debido proceso de ley

que se exige en un procedimiento de arbitraje es el mínimo

necesario

que

acredite

una

resolución

justa

de

la

controversia.42 Es decir, las normas del debido proceso de

ley que deben regir los procesos de arbitraje son paralelas

a las existentes en el ámbito del Derecho Administrativo.43

Cónsono con lo anterior, en todo proceso de arbitraje

se debe cumplir con los elementos básicos de la justicia,

Fernández Quiñones, op. cit., pág. 544.

Fernández Quiñones, op. cit., págs. 545–546.

42 Aut. Puertos v. HEO, supra, pág. 429.

43 Íd. Véase Fernández Quiñones, op. cit., pág. 546.

40

41

CC-2019-887

17

lo cual incluye un trato justo e imparcial.44 En ese sentido,

hemos establecido que se cumple con el debido proceso de

ley en el ámbito del arbitraje obrero-patronal si se le

notifica e informa al agraviado de los cargos en su contra,

se celebra una vista y se le da oportunidad al agraviado de

someter evidencia.45

B. Despido injustificado

La Ley Núm. 80, supra, protege a aquellos empleados

remunerados,

contratados

por

tiempo

indeterminado

y

despedidos injustificadamente de su trabajo.46 Conforme a

este estatuto, el patrono tiene que pagarle al empleado

cesanteado una indemnización conocida como “mesada”, además

del sueldo devengado hasta la fecha del despido.47 El pago

de la mesada sirve un doble propósito, pues desalienta la

práctica de despedir empleados sin que exista justa causa

para ello. Además, le proporciona una ayuda económica al

empleado que no cuenta con los ingresos de su antiguo

puesto.48

De otra parte, según provisto en la Ley Núm. 80, supra,

la mesada representa el remedio exclusivo disponible a un

empleado

cesanteado

injustificadamente

frente

a

su

Aut. Puertos v. HEO, supra, págs. 429-430.

Íd.; S.I.U. de P.R. v. Otis Elevator Co., 105 DPR 832, 837

(1977). Véase, también, Fernández Quiñones, op. cit., pág. 544.

46 León Torres v. Rivera Lebrón, 2020 TSPR 21, 204 DPR __ (2020).

47 Íd.; González Méndez v. Acción Social et al., 196 DPR 213, 230

(2016); Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 232 (2015);

SLG Torres-Matundan v. Centro Patología, 193 DPR 920, 929 (2015).

48 León Torres v. Rivera Lebrón, supra; González Méndez v. Acción

Social et al., supra; SLG Torres-Matundan v. Centro Patología, supra;

Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586, 597-598 (2013).

44

45

CC-2019-887

18

expatrono. Esto es así a no ser que existan otras causas de

acción independientes al despido.49

Ahora

bien,

la

Ley

Núm.

80,

supra,

no

establece

específicamente qué constituye un despido injustificado.

Sin embargo, menciona varios escenarios que liberan al

patrono

de

responsabilidad.

Algunos

de

estos

supuestos

están basados en conducta atribuible al empleado, mientras

que otros responden al cierre, reorganización o reducción

de la empresa.50

En cuanto a la conducta del empleado, se ha dispuesto

que se considerarán como justa causa para el despido las

acciones siguientes: (1) ha exhibido un patrón de conducta

impropia o desordenada;(2) no ha cumplido con sus labores

de

manera

eficiente,

ha

realizado

su

trabajo

tarde

o

negligentemente o en violación a las normas aplicables, o

(3) ha violado reiteradamente aquellas reglas y reglamentos

razonablemente

establecidos

para

la

operación

del

establecimiento y los cuales le han sido suministrados

oportunamente.51 Sin embargo, la Ley Núm. 80, supra, dispone

que “[n]o se considerará despido por justa causa aquel que

se

hace

por

mero

capricho

del

patrono

o

sin

razón

León Torres v. Rivera Lebrón, supra; González Méndez v. Acción

Social et al., supra; Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, supra; SLG

Torres-Matundan v. Centro Patología, supra.

50 Véase Art. 2 de la Ley Núm. 80, 29 LPRA sec. 185b (2017).

Véanse, también: Roldán Flores v. M. Cuebas, 199 DPR 664, 682 (2018);

González Méndez v. Acción Social et al., supra; SLG Torres-Matundan v.

Centro Patología, supra; Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, supra; SLG

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 427 (2013).

51 Art. 2 de la Ley Núm. 80, supra. Véase, además, González Méndez

v. Acción Social et al., supra.

49

CC-2019-887

relacionada

19

con

el

buen

y

normal

funcionamiento

del

establecimiento”.52

Cabe destacar que hemos aclarado que las circunstancias

constitutivas de justa causa, según enumeradas en el Art.

2 de la Ley Núm. 80, supra, constituyen meros ejemplos de

circunstancias asociadas a un despido.53 Por lo tanto, el

estatuto no prevé el universo de incidencias que puedan

surgir

en

un

entorno

laboral

y

que

desemboquen

en

la

cesantía de un empleado.54

En ese sentido, el Art. 2 de la Ley Núm. 80, supra, no

dispone una lista taxativa de las circunstancias que pueden

dar lugar a un despido por justa causa. Esta realidad

obedece a que la Ley Núm. 80, supra, “no favorece el despido

como sanción a la primera falta cometida por un empleado”.55

Sin embargo, aunque la Ley no favorece el despido como

sanción a la primera falta, esta no es una norma absoluta.

Este Tribunal ha resuelto que existen circunstancias en las

que una sola ofensa o primera falta pudieran justificar un

despido. Así pues, este curso de acción podría considerarse

justificado si dicha acción u omisión, por su gravedad y

potencial de agravio, pone en riesgo la seguridad, el orden

Art. 2 de la Ley Núm. 80, supra. Véase, además, González Méndez

v. Acción Social et al., supra.

53 León Torres v. Rivera Lebrón, supra.

54 Íd.; SLG Torres-Matundan v. Centro Patología, supra.

55 Secretario del Trabajo v. I.T.T., 108 DPR 536, 543 (1979).

52

CC-2019-887

20

y la eficiencia que constituye el funcionamiento de la

empresa.56 En específico, hemos expresado lo siguiente:

Toda vez que la falta única se sanciona con

despido sólo por excepción […] La falta o acto

aislado que dé lugar a despido del empleado en

primera ofensa ha de ser de tal seriedad o

naturaleza que revele una actitud o un detalle de

su carácter, tan lesivo a la paz y al buen orden

de la empresa, que constituiría imprudencia

esperar su reiteración para separarlo del

establecimiento”. (Énfasis suplido).57

Es decir, al amparo de la Ley Núm. 80, supra, se ha

reconocido que una sola ofensa puede constituir justa causa

para el despido. Ahora bien, dicha falta debe ser de tal

seriedad o naturaleza que revele una actitud o un detalle

del carácter del empleado, tan lesivo a la paz y al buen

orden de la empresa, que constituiría imprudencia esperar

su reiteración para separarlo del establecimiento.58 De

modo, que lo esencial es que del agravio perpetrado por el

empleado ponga de manifiesto una condición, que dentro del

contexto

del

empleo

sea

inaceptable

o

intolerable,

independientemente de que se trate de una primera falta.59

A manera de ejemplo, en Delgado Zayas v. Hosp. Int.

Med. Avanzada, 137 DPR 643 (1994), el Patrono despidió a un

empleado por un solo acto de hostigamiento sexual. Allí, un

empleado le impidió la salida del baño a una empleada

Véase Rivera v. Pan Pepín Inc., 161 DPR 681, 690 (2004); Delgado

Zayas v. Hosp. Int. Med. Avanzada, 137 DPR 643, 649-650(1994).

57 Secretario del Trabajo v. I.T.T., supra, págs. 543-544.

58 Rivera Torres v. Pan Pepín Inc., supra; Jusino Figueroa v.

Walgreens, supra; Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med. Avanzada, supra;

Aut. De Edificios Públicos v. Unión Independiente, 130 DPR 983, 994

(1992); Secretario del Trabajo v. I.T.T., supra.

59 Véase Torres Solano v. P.R.T.C., 127 DPR 499, 516 (1990);

Autoridad de Edificios Públicos v. Unión Independiente, supra.

56

CC-2019-887

21

mientras le requería que aceptara su invitación de salir

con él fuera del trabajo. La empleada expresó sentirse

humillada ya que su libertad fue restringida. En nuestro

análisis,

este

Tribunal

expresó

que

la

actuación

del

empleado era de tal naturaleza que el patrono debía tomar

acción inmediata para conservar la paz y el funcionamiento

normal del lugar de empleo. En ese sentido, determinamos

que, se configuró el hostigamiento sexual en su modalidad

de

ambiente

hostil.

Confirmamos

que,

hubiese

sido

una

imprudencia del hospital no tomar acción contra el empleado

y, además, estaría incumpliendo con la responsabilidad que

la Ley de Hostigamiento Sexual les impone a los patronos.

Finalmente, concluimos que el despido fue justificado.

C. Derecho a la Intimidad

El derecho a la intimidad y a la dignidad del ser

humano, ocupan el sitial de mayor jerarquía entre los

valores

más

transcendentales

reconocidos

por

nuestra

Constitución. La protección constitucional a estos derechos

está plasmada, en el Art. II, Secs. 1 y 8 de nuestra Carta

Magna.60

60 En lo pertinente, estas disposiciones de la Constitución de

Puerto Rico establecen lo siguiente:

Sec. 1--La dignidad del ser humano es inviolable.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sec. 8--Toda persona tiene derecho a protección de ley

contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su

vida privada o familiar.

Art. II, Sec. 1 y 8, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2016,

págs. 275 y 354.

CC-2019-887

22

Conforme hemos expresado, la dignidad del ser humano

“se fundamenta en el entendido universal de que todas las

personas tienen un valor intrínseco, el cual ‘existe en

idéntica magnitud en cada uno de ellos’”.61 Este derecho

fundamental constituye el principio más básico que inspiró

a los otros derechos reconocidos en nuestra Constitución.62

Por otra parte, el derecho a la intimidad es uno de los

llamados derechos de la personalidad de índole innata y

privada.63 A diferencia de la Constitución federal, nuestra

Constitución

lo

reconoce

expresamente.64

En

nuestro

ordenamiento jurídico hemos reconocido que el derecho a la

vida privada y familiar puede hacerse valer tanto frente al

Estado (acción estatal), como frente a personas privadas.

Ello, pues “[e]ste derecho constitucional impone a toda

persona el deber de no inmiscuirse en la vida privada o

familiar de los demás seres humanos”.65

Así lo razonó nuestra Asamblea Constituyente cuando

formuló una Carta de Derechos de factura más ancha que la

tradicional.66 Bajo ese crisol amplio y diverso de derechos,

la Comisión sobre la Carta de Derechos en su informe para

61 Garib Bazain v. Hosp. Español Auxilio Mutuo de Puerto Rico,

2020 TSPR 69, 204 DPR __ (2020) citando a C. E. Ramos González, La

inviolabilidad de la dignidad humana: Lo indigno de la búsqueda de

expectativas razonables de intimidad en el Derecho Constitucional

Puertorriqueño, 45 Rev. Jur. UIPR 185, 186 (2010).

62 Véase Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584, 602 (2002).

63 J. Castán Tobeñas, Derecho civil español, común y foral, 11ma

ed., Madrid, Ed. Reus, 1971, T. I, Vol. II, pág. 325.

64 El Vocero de P.R. v. E.L.A., 131 DPR 356, 428 (1992); Arroyo

v. Rattan Specialties, Inc., 117 DPR 35, 75 (1986); Figueroa Ferrer v.

E.L.A., 107 DPR 250, 258 (1978).

65 Colón v. Romero Barceló, 112 DPR 573, 576 (1982).

66 P.R. Tel. Co. v. Martínez, supra, págs. 338–40.

CC-2019-887

23

la Convención Constituyente enfatizó con relación a la Sec.

8 del Art. II de la Constitución de Puerto Rico que:

La protección contra ataques a la honra, reputación, y

vida privada constituye también un principio que

complementa el concepto de la dignidad humana mantenido

en esta constitución. Se trata de la inviolabilidad

personal en su forma más completa y amplia. El honor y

la intimidad son valores del individuo que merecen

protección cabal, no sólo frente atentados provenientes

de otros particulares, sino también contra injerencias

abusivas de las autoridades[...]. (Énfasis suplido).67

En

reconocimiento

a

lo

expuesto,

este

Tribunal

ha

establecido patentemente que el derecho a la intimidad es

un derecho fundamental, “que goza de la más alta protección

bajo nuestra Constitución y constituye un ámbito exento

capaz de impedir o limitar la intervención de terceros—sean

particulares o poderes públicos— contra la voluntad del

titular".68

Además

hemos

indicado

que

el derecho a la intimidad opera ex proprio vigore, por lo

que

no

se

requiere

cumplimiento.69 Ahora

legislación

bien,

a

pesar

para

de

exigir

su

considerarse

un

derecho de alta jerarquía, este no es de carácter absoluto,

ni “vence a todo valor en conflicto bajo todo supuesto

posible”.70 Por lo tanto, esta protección contra ataques

abusivos a la honra y a la intimidad de las personas tiene

4 Diario de sesiones de la Convención Constituyente, pág. 2566.

López Tristant v. Maldonado, 168 DPR 838, 849 (2006); Castro

v. Tiendas Pitusa, 159 DPR 650, 659 (2003). Véase, además, R. De Ángel

Yagüez, La protección de la personalidad en el derecho privado, 83 Rev.

Der. Not. 1, 42 (enero-marzo 1974).

69 Roig Pou v. Registro Demográfico de Puerto Rico, 203 DPR 346,

352 (2019), citando a P.R. Tel. Co. v. Martínez, supra.

70 Vega et al. v. Telefónica, supra, pág. 602 citando a E.L.A. v.

P.R. Tel. Co., 114 DPR 398, 401 (1983).

67

68

CC-2019-887

24

que examinarse caso a caso, tomando en consideración las

variables de tiempo y lugar en la controversia ante nuestra

consideración.71

Ante

una

reclamación

de

violación

a

este

derecho

constitucional, "la cuestión central es si la persona tiene

derecho a abrigar, donde sea, dentro de las circunstancias

del caso específico, la expectativa de que su intimidad se

respete".72 Además, para que se cumpla con el criterio de

la expectativa

razonable de intimidad deben concurrir los

dos elementos siguientes: “(1) que el reclamante, dentro de

las circunstancias de su caso, tenga una expectativa real

de que su intimidad se respete (criterio subjetivo), y (2)

que la sociedad esté dispuesta a reconocer esa expectativa

como legítima o razonable (criterio objetivo)”.73

Cabe señalar que, si bien estos criterios han sido

evaluados y aplicados generalmente en casos de naturaleza

criminal, eso no es óbice para su evaluación y aplicación

en

el

ámbito

laboral.74

De

hecho,

así

reconocimos

la

protección del derecho a la intimidad de los empleados en

su lugar de trabajo.75 En Puerto Rico un patrono privado

viene obligado a respetar el derecho a la intimidad de sus

Íd.

Íd.

73 Íd.

74 Íd., pág. 603; Pueblo v. Santiago Feliciano, supra; P.R. Tel.

Co. v. Martínez, supra; Pueblo v. Yip Berríos, 142 DPR 386, 398-399

(1997).

75 Vega et al. v. Telefónica, supra; Soc. de Gananciales v. Royal

Bank de P.R., 145 DPR 178, 202 (1998); Arroyo v. Rattan Specialties,

Inc., supra, pág. 75.

71

72

CC-2019-887

25

empleados de la misma forma en la cual el patrono público

le

corresponde

hacerlo.76

Asimismo,

al

interpretar

la

dignidad, intimidad e integridad personal de un empleado

dentro del contexto laboral, indicamos que la protección al

derecho a la intimidad

es necesaria para que se pueda lograr una adecuada paz

social o colectiva. Una persona respetada en su

intimidad y dignidad —que no es otra cosa que el amplio

y, en ocasiones, complejo mundo interior individual—

sentirá

y

vivirá

la

paz,

el

respeto

y

la

consideración merecida por todo ser humano en una

sociedad. Es de esperarse, pues, que esos mismos

sentimientos, vitales para una ordenada, racional y

pacífica convivencia social, sean proyectados de manera

efectiva a nuestro orden social.77

En vista de lo anterior, nos hemos expresado en dos

ocasiones sobre la protección constitucional del derecho de

la intimidad en el contexto laboral. Sin embargo, en ambas

ocasiones

las

controversias

planteadas

surgían

de

una

presunta violación al derecho a la intimidad por parte del

patrono al empleado. Este tribunal nunca ha atendido una

controversia en cual la presunta violación al derecho a la

intimidad haya ocurrido por parte de un empleado a otro.

En el primer caso, Arroyo v. Rattan Specialties, Inc.,

117 DPR 35, 43 (1986), resolvimos que la Regla 41 del

Reglamento de una empresa era inconstitucional debido a que

violentaba el derecho constitucional a la intimidad que

albergaban los empleados en su lugar de trabajo. Allí, la

76

77

Vega et al. v. Telefónica, supra, pág. 602.

Arroyo v. Rattan Specialties, Inc, supra, pág. 62.

CC-2019-887

26

empresa despidió a un empleado por negarse a tomar un examen

de polígrafo, el cual presuntamente tenía como propósito

proteger y garantizar el uso y disfrute de la propiedad

privada de la empresa.

A la luz de los hechos aquí planteados, razonamos que

“independientemente del grado de confiabilidad que llegue

a alcanzar la prueba del polígrafo, su intrusión con la

mente del ser humano, [y] con su intimidad, es tal, que

éste pierde la libertad de controlar la divulgación de sus

propios pensamientos”.78 Asimismo, añadimos que “[n]uestra

Constitución garantiza que podamos acotar una parte de

nosotros mismos libre de la intromisión tanto del Estado

como de los ciudadanos privados”.79 De esa forma, resolvimos

que:

En ausencia de circunstancias especiales que

configuren intereses apremiantes del Estado,

nuestra sociedad requiere que inclinemos la

balanza en favor de la protección de los derechos

del obrero a la intimidad, dignidad y a estar

protegido contra riesgos para su integridad

personal en el trabajo, frente al derecho del

patrono al disfrute de su propiedad privada.

(Énfasis suplido).80

Por otro lado, en Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR

584 (2002), analizamos si la práctica de un patrono privado

de observar y grabar de forma ininterrumpida en cinta de

video a sus empleados en un área de trabajo abierta, pero

Arroyo v. Rattan Specialties, Inc, supra, pág. 61.

Íd., pág. 62.

80 Íd., pág. 63.

78

79

CC-2019-887

27

no accesible al público, viola el derecho a la intimidad.

En

esta

ocasión,

el

patrono

⎯una

empresa

privada⎯

estableció un sistema de vigilancia electrónica, creada con

el propósito de proteger equipo de vital importancia para

el área de las telecomunicaciones en Puerto Rico.81 En este

caso, reconocimos que el patrono tiene el derecho a proteger

de

forma

razonable

su

propiedad

privada

y

que

“[l]a

vigilancia electrónica razonable en el lugar de trabajo es

una forma legítima para el patrono proteger su propiedad”.

(Énfasis

suplido).82

Determinamos

que

“[e]l

uso

de

las

tecnologías modernas como el vídeo y el circuito cerrado

ayudan a prevenir actos de sabotaje, robos y el mal uso de

los recursos disponibles en el lugar de empleo, entre otras

cosas”.83 Por consiguiente, resolvimos que “el sistema de

vigilancia

establecido

por

la

empresa

no

es

inconstitucional per se”84 debido a que este sistema “se

justifica[ba] por los intereses apremiantes de seguridad y

el óptimo funcionamiento del sistema de comunicaciones en

Puerto Rico que la [empresa] pers[eguía]”.85 Concluimos que

“éstos son fines por demás legítimos que nos inclina[ban]

a [determinar] que el mero hecho de hacer uso de éstos no

constituye una intromisión impermisible en la intimidad del

empleado”.86

Vega et al. v. Telefónica, supra, pág. 604.

Íd., pág. 608.

83 Íd.

84 Íd.

85 Íd., pág. 613.

86 Íd., pág. 608.

81

82

CC-2019-887

28

D. Hostigamiento sexual

Nuestra Asamblea Legislativa ha adoptado una serie de

estatutos

que

buscan

proteger

a

los

ciudadanos

de

discrímenes en el ámbito laboral.87 Entre las disposiciones

que ha aprobado se encuentra la Ley Núm. 17 de 22 de abril

de 1988 (29 LPRA sec. 155 et seq.), mediante la cual declaró

como política pública del Estado que el hostigamiento sexual

es una forma de discrimen por razón de sexo que atenta

contra la inviolabilidad de la dignidad del ser humano.88

La exposición de motivos de la referida ley indica que “[l]a

magnitud de este problema es algo que nos debe interesar y

preocupar a todos, ya que el hostigamiento sexual en el

empleo constituye una ofensa repudiable contra la dignidad

de todo ser humano”.89 Así, se igualó el hostigamiento sexual

a

otras

modalidades

de

discrimen

proscritas

en

leyes

anteriores.90 De este modo, se prohibió terminantemente el

hostigamiento sexual en el empleo, impuso responsabilidades

y fijó las penas correspondientes por incumplimiento.91

Rosa Maisonet v. ASEM, 192 DPR 368, 379 (2015). Véanse, por

ejemplo, la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, 29

LPRA secs. 146–151, que prohíbe que se despida, suspenda o discrimine

contra un empleado, inter alia, por razón de sexo, y la Ley Núm. 69 de

6 de julio de 1985, según enmendada, 29 LPRA sec. 1321 et seq., la cual

prohíbe el discrimen por razón de sexo en el empleo.

88 Rosa Maisonet v. ASEM, supra, pág. 379; U.P.R. Aguadilla v.

Lorenzo Hernández, supra, pág. 1015. Véanse, además: Delgado Zayas v.

Hosp. Int. Med. Avanzada, supra, pág. 651; Rodríguez Meléndez v. Sup.

Amigo, Inc., 126 DPR 117, 125 esc. 4 (1990).

89 Exposición de Motivos de la Ley Núm. 17, supra, 1988 Leyes de

Puerto Rico 80. Véase, además, Art. 1 de la Ley Núm. 17 de 22 de abril

de 1988, según enmendada, 29 LPRA sec. 155.

90 Rosa Maisonet v. ASEM, supra, págs. 379-380. Véase también,

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 17, supra, 1988 Leyes de Puerto

Rico 80.

91 29 LPRA sec. 155 et seq.

87

CC-2019-887

El

Art.

29

3

de

la

Ley

Núm.

17,

supra,

define

el

hostigamiento sexual de la manera siguiente:

El hostigamiento sexual en el empleo consiste en

cualquier tipo de acercamiento sexual no deseado,

requerimientos de favores sexuales y cualquier

otra conducta verbal o física de naturaleza

sexual cuando se da una o más de las siguientes

circunstancias:

(a) Cuando el someterse a dicha conducta se

convierte de forma implícita o explícita en un

término o condición del empleo de una persona.

(b) Cuando el sometimiento o rechazo a dicha

conducta por parte de la persona se convierte en

fundamento para la toma de decisiones en el empleo

o respecto del empleo que afectan a esa persona.

(c) Cuando esa conducta tiene el efecto o

propósito de interferir de manera irrazonable con

el desempeño del trabajo de esa persona o cuando

crea un ambiente de trabajo intimidante, hostil

u ofensivo.92

En cuanto a los incisos (a) y (b) de la Ley Núm. 17,

supra, hemos reconocido que estos se refieren a la modalidad

de hostigamiento conocida como “hostigamiento equivalente”,

o quid pro quo. El inciso (c) recoge la modalidad de

hostigamiento sexual por ambiente hostil.93

El hostigamiento equivalente se materializa cuando “el

sometimiento o el rechazo de los avances o requerimientos

sexuales se toma como fundamento para afectar beneficios

tangibles en el empleo”.94 De otra parte, la modalidad de

hostigamiento sexual por ambiente hostil sucede “cuando la

conducta sexual para con un individuo tiene el efecto de

29 LPRA sec. 155b.

Rosa Maisonet v. ASEM, supra, págs. 379-380; Delgado Zayas v.

Hosp. Int. Med. Avanzada, supra, pág. 653.

94 Rodríguez Meléndez v. Sup. Amigo, Inc., supra, pág. 132.

92

93

CC-2019-887

30

interferir irrazonablemente con el desempeño de su trabajo

o de crear en el mismo un ambiente intimidante, hostil u

ofensivo”.95

Cabe

resaltar

que

la

Ley

Núm.

17,

supra,

establece que para determinar si una conducta constituye

hostigamiento sexual, en cualquiera de sus modalidades,

será

necesario

considerar

la

totalidad

de

las

circunstancias y los hechos particulares de cada caso.96

Una

vez

se

determina

que

una

conducta

constituye

hostigamiento sexual, la Ley Núm. 17, supra, responsabiliza

al patrono mediante sanción por las consecuencias de la

conducta ilegal.97 Ahora bien, la responsabilidad patronal

dependerá

de

la

relación

laboral

existente

entre

el

hostigador y la víctima, pues el estatuto distingue entre

los actos de hostigamiento cometidos por el patrono, sus

supervisores o agentes y aquellos actos realizados por los

empleados.98

Consonó con lo anterior, la Ley Núm. 17, supra, le

impone a todo patrono el deber afirmativo de tomar aquellas

medidas necesarias para prevenir, prohibir y erradicar el

hostigamiento sexual en el empleo.99 A esos fines, le impone

la obligación de que exponga de manera clara su política

Íd., págs. 131–132. Véase, además, Albino v. Ángel Martínez,

Inc., 171 DPR 457, 471 (2007).

96 29 LPRA sec. 155c; Rosa Maisonet v. ASEM, supra, pág. 381;

Albino v. Ángel Martínez, Inc., supra, pág. 471.

97

Rosa Maisonet v. ASEM, supra, pág. 381; Albino v. Ángel

Martínez, Inc., supra, pág. 472.

98 29 LPRA secs. 155d y 155e. Véase, además, 29 LPRA secs. 155f,

155g y 155h.

99 Rosa Maisonet v. ASEM, supra, pág. 381; Delgado Zayas v. Hosp.

Int. Med. Avanzada, supra, pág. 652.

95

CC-2019-887

31

institucional contra el hostigamiento sexual en aras de

garantizar que su fuerza laboral goce de un ambiente de

trabajo seguro en el cual se proteja su dignidad.100

Así pues, “[c]orresponde a cada patrono, a la luz de

las

circunstancias

particulares,

tomar

las

medidas

cautelares que sean necesarias para evitar con efectividad

el hostigamiento sexual en sus talleres de trabajo”.101 Entre

las medidas que los patronos pueden tomar se encuentran las

siguientes:

(a) Expresar claramente a sus supervisores y

empleados que el patrono tiene una política

enérgica contra el hostigamiento sexual en el

empleo.

(b) Poner en práctica los métodos necesarios para

crear conciencia y dar a conocer la prohibición

del hostigamiento sexual en el empleo.

(c) Dar suficiente publicidad en el lugar de

trabajo, para los aspirantes a empleo, de los

derechos y protección que se les confieren y

otorgan.

(d) Establecer un procedimiento interno adecuado

y

efectivo

para

atender

querellas

de

hostigamiento sexual.102

En ese sentido, la Ley Núm. 17, supra, provee unas

guías mínimas y le confiere discreción a cada patrono para

adoptar

aquellas

normas

que

cumplir

con

deber

afirmativo

el

entienda

convenientes

que

le

impone

para

ese

estatuto.103 No obstante, en caso de ocurrir un incidente de

esta naturaleza, la Ley Núm. 17, supra, le exige al patrono

Íd.; 29 LPRA sec. 155i.

Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med. Avanzada, supra, pág. 658.

102 29 LPRA sec. 155i.

103 Rosa Maisonet v. ASEM, supra, pág. 383.

100

101

CC-2019-887

32

tomar una “acción inmediata y apropiada para corregir la

situación”.104

III

En primer lugar, es imperativo señalar que, de acuerdo

con el Convenio Colectivo suscrito por Indulac y la Unión,

se acordó que cualquier controversia o disputa que surgiera

sobre el despido de un empleado, podría ser resuelta por el

Negociado y que “las decisiones del árbitro ser[ían] finales

y

conforme

a

derecho”.

(Énfasis

suplido).105

Como

expresamos, es doctrina reiterada por este Tribunal que un

laudo de arbitraje podrá ser revisado en todas sus partes

si el convenio colectivo o el acuerdo de sumisión suscrito

por las partes disponen que el laudo deba ser emitido

conforme a derecho.106 Por lo tanto, en el presente caso,

con las partes acordar que las decisiones del árbitro serían

conforme a derecho, la revisión judicial de este Tribunal

será incisiva en aras de enmendar aquellos errores jurídicos

cometidos en el proceso de arbitraje obrero-patronal.

Por

estar

íntimamente

relacionados,

consideraremos

conjuntamente los señalamientos de error relacionados a que

los foros recurridos erraron al determinar la validez del

laudo emitido, al entender que no se quebrantaron los

104

105

29 LPRA sec. 155e.

Convenio Colectivo, Apéndice de la Petición de certiorari,

pág. 81.

Véase J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric Hosp., supra, a la pág.

68; U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., 116 DPR 348, 353

(1985); C.R.U.V. v. Hampton Dey., 112 DPR 59, 64 (1982); J.R.T. v.

Securitas, Inc., 111 DPR 580, 582 (1981); S.I.U. de P.R. v. Otis

Elevator Co., 105 DPR 832, 837 (1977).

106

CC-2019-887

33

requisitos mínimos del debido proceso de ley y, que erraron

al determinar que el Árbitro emitió nueve determinaciones

de hechos en el Laudo de Arbitraje. Consideramos que no se

cometieron estos errores.

Indulac alega en su Petición de Certiorari que, de una

somera lectura del Laudo de Arbitraje se puede concluir que

el Árbitro no hizo determinaciones de hechos, sino que

meramente se limitó a un resumen incompleto de la prueba

presentada

para

luego

pasar

a

aplicar

el

derecho

equivocado.107 Sostiene que, dicha omisión crasa, no solo

quebranta las exigencias mínimas del debido proceso de ley,

sino que dejó sin resolver los hechos medulares y necesarios

en el presente caso, para entonces proceder a determinar si

el despido del aquí recurrente estuvo o no justificado.

Arguye que la ausencia total de conclusiones de hechos en

el laudo lo convierte nulo en derecho.

Por

su

parte,

la

Unión

alega

que

al

examinar

el

expediente del caso se desprende que hubo una adecuada

notificación, la cual no está en disputa; la celebración de

vista; oportunidad de someter evidencia y una determinación

completamente

amparada

en

la

evidencia

testifical

y

documental desfilada.108 Arguye que hubo amplia oportunidad

de las partes para interrogar, contrainterrogar testigos y

confrontarse con la prueba documental. Por último, sostiene

107

108

Petición de certiorari, pág. 23.

Alegato de la parte recurrida, pág. 12.

CC-2019-887

34

que el patrono no pudo establecer que las determinaciones

del Árbitro estuvieron fundamentadas en evidencia que no

sea la que obra en el expediente del caso.

En

síntesis,

coincidimos

con

el

foro

primario

al

determinar que no hubo violación al debido proceso de ley

y que el Laudo de Arbitraje incluyó determinaciones de

hechos. En primer lugar, durante el proceso de arbitraje

obrero-patronal llevado a cabo en el caso de marras, se

cumplieron cabalmente con las garantías mínimas del debido

proceso de ley. Es decir, se cumplió con un proceso justo

e

imparcial,

celebración

se

de

les

una

notificó

vista

agraviado

de

someter

recurrido

no

presentó

y

a

se

evidencia.

las

le

dio

Cabe

evidencia

y

partes

sobre

la

oportunidad

al

resaltar,

solo

se

que

el

limitó

a

contrainterrogar a las testigos de la parte peticionaria.

En segundo lugar, es harto conocido que el arbitraje

obrero-patronal

es

menos

técnico,

más

flexible,

menos

oneroso y no está revestido de la formalidad que aplica

ante los tribunales. En el Laudo de Arbitraje, el Árbitro

resumió en forma narrada los hechos que aquilató conforme

a la prueba presentada.109 Ese error no se cometió.

Sin embargo, coincidimos con la parte peticionaria en

que el Arbitró erró en la aplicación del derecho a los

hechos. Veamos.

Laudo de Arbitraje, Apéndice de la Petición de certiorari, págs.

148-149.

109

CC-2019-887

35

Tanto el Árbitro como el foro de primera instancia

concluyeron que el patrono no presentó evidencia suficiente

para

concluir

que

el

despido

fue

justificado.

La

determinación se centró en si la conducta del recurrido

configuraba

un

patrón

de

hostigamiento

sexual

en

la

modalidad de ambiente hostil en la empresa contra la señora

Rivera Meléndez. Sobre este particular, coincidimos con el

Negociado

y

el

Tribunal

evaluación

minuciosa

del

evidencia

suficiente

para

de

Primera

expediente

determinar

Instancia.

del

que

caso

el

De

no

una

surge

recurrido

exhibió una conducta de hostigamiento sexual en la modalidad

de ambiente hostil. Incluso, de un análisis profundo de la

Declaración Jurada otorgada por la señora Rivera Meléndez,

esta nunca expresó sentirse hostigada sexualmente por el

recurrido, más bien indicó que se sintió dolida ante la

explicación del recurrido de haber colocado la cámara para

saber si ella era la que estaba diciendo por la planta, que

ella y José Miranda ⎯otro empleado de Indulac⎯, eran

“chillos”. En ese sentido, aunque ciertamente incisivas y

desagradables, no podemos concluir que las expresiones del

señor Vargas Taveras constituyen hostigamiento sexual. Las

dos explicaciones otorgadas por el recurrido a la señora

Rivera Meléndez sobre la instalación de la cámara en su

oficina, aunque incómodas e indeseadas, no configuraron un

hostigamiento sexual en su modalidad de ambiente hostil.110

110 A pesar de que la Política de Hostigamiento Sexual de Indulac

establece que cualquier empleado que viole esta política mediante

CC-2019-887

Es

decir,

36

el

mero

uso

de

la

palabra

“chillos”

en

la

respuesta del recurrido a la pregunta realizada por la

señora Rivera Meléndez de por qué había instalado la cámara,

es

insuficiente

para

concluir

que

se

configuró

un

acercamiento sexual o una propia conducta de naturaleza

sexual.

Asimismo,

el

hecho

de

que

el

recurrido

haya

instalado la cámara en la oficina de la señora Rivera

Meléndez, por sí solo, no puede interpretarse como una

conducta sexual, pues el recurrido pudo haber tenido un

propósito que no fuera de índole sexual. Ello máxime cuando

se toma en consideración que el recurrido le expresó a la

señora Rivera Meléndez que colocó la cámara para verificar

cierta información. Resolver lo contrario sería incurrir en

especulación. Así pues, no descartamos que la instalación

de una cámara de video pudiera constituir hostigamiento

sexual en determinada situación. Sin embargo, en este caso

los hechos no apoyan esa conclusión.

Ahora bien, lo anterior no debió tener el efecto de

que se concluyera que el despido fue injustificado. Los

foros inferiores debieron evaluar si el despido fue hecho

por mero capricho del patrono o sin razón relacionada con

el buen y normal funcionamiento del establecimiento. Según

expresamos anteriormente, aunque la Ley Núm. 80, supra, no

favorece el despido como sanción a la primera falta, ello

comentarios degradantes, desagradables, chistes de doble sentido y

conducta análoga, será objeto de sanciones disciplinarias que pueden

incluir

el

despido,

ciertamente,

no

limitan

estas

sanciones

disciplinarias al despido del empleado.

CC-2019-887

37

podría considerarse justificado si dicha acción u omisión,

por su gravedad y potencial de agravio, pone en riesgo la

seguridad, el orden y la eficiencia que constituye el

funcionamiento de la empresa.111 En ese sentido, al evaluar

si el despido del recurrido estuvo justificado, tenemos que

ponderar la seriedad, la gravedad y la naturaleza de la

conducta

desplegada

por

el

recurrido.

Específicamente,

tenemos que evaluar si el recurrido al instalar una cámara

de video oculta en la oficina de la señora Rivera Meléndez

para

observarla

subrepticiamente,

reflejó

una

conducta

intrusiva, ofensiva, ilegal y grave que atentaba en contra

del derecho a la intimidad que albergaba la señora Rivera

Meléndez. Asimismo, tenemos que determinar si tal conducta

laceró la paz y el buen orden de la empresa. Adelantamos

que

de

acuerdo

con

el

derecho

aplicable

y

la

prueba

desfilada,112 Indulac demostró que medió justa causa para el

despido del recurrido.113

En el recurso ante nos, Indulac expone en sus primeros

tres señalamientos de error que los foros recurridos erraron

al determinar que el Laudo de Arbitraje se emitió conforme

111 Véase Rivera v. Pan Pepín, supra, pág. 690; Delgado Zayas v.

Hosp. Int. Med. Avanzada, supra.

112 La evidencia presentada en la Vista de Arbitraje por Indulac

fue la siguiente:(1) el Convenio Colectivo suscrito entre las partes;

(2) la Carta de Despido del señor Vargas Taveras; (3) la Cámara de

Video que instaló el recurrido en la oficina de la señora Rivera

Meléndez y que fue ocupada por la empresa; (4) una Declaración Jurada

de la señora Rivera Meléndez en la cual narra los incidentes de

hostigamiento, acecho e invasión a la privacidad por parte del

recurrido; y (5) la Política de Hostigamiento Sexual de la empresa.

Como parte de su prueba testifical, Indulac presentó el testimonio

tanto de la señora Rivera Meléndez como el de la Sra. Nancy Santiago,

Directora de Recursos Humanos.

113 Petición de certiorari, pág. 14.

CC-2019-887

a

derecho

38

y

que

el

patrono

no

presentó

evidencia

suficientemente convincente para justificar el despido.

Además, esboza que, aun partiendo de la premisa de que el

Árbitro estableció determinaciones de hechos en el Laudo de

Arbitraje, estos elementos fácticos justificaban el despido

inmediato del señor Vargas Taveras. Particularmente, señala

que quedó establecido y probado que el señor Vargas Taveras

instaló una cámara de video escondida en la oficina de la

señora Rivera Meléndez para observarla subrepticiamente.114

Asimismo, sostiene que esta conducta es descabelladamente

ilegal y violatoria de los derechos de la señora Rivera

Meléndez

porque,

además

de

constituir

acecho

y

hostigamiento sexual, conformaba una crasa invasión a su

privacidad.115 También, arguye que ese acto expone al patrono

a riesgos legales sustanciales si no toma las medidas

necesarias para detenerla. Señala que un patrono que no

tome medidas medulares en un caso como este se expone a

reclamaciones de hostigamiento laboral y violación a la

privacidad.116 De igual forma, arguye que constituiría una

imprudencia o negligencia crasa del patrono esperar la

reiteración de la conducta del señor Vargas Taveras.

Por otra parte, la Unión sostiene que, de acuerdo con

el

laudo

emitido

por

el

Árbitro,

este

fue

conforme

a

derecho.117 Arguye que el Árbitro tomó una determinación que

Íd., pág. 19.

Íd., pág. 21.

116 Íd., pág. 23.

117 Alegato de la parte recurrida, pág. 10.

114

115

CC-2019-887

39

fue sostenida ampliamente por la evidencia sustancial que

surge del expediente y que la prueba testifical y documental

presentada no fue lo suficientemente persuasiva como para

permitirle concluir que el señor Vargas Taveras hubiera

incurrido en la conducta imputada y, por lo tanto, que el

despido estuvo justificado.118 En esencia, alega que fueron

evidentes las deficiencias de esta prueba, así como las

deficiencias de los testimonios vertidos y controvertidos

de las testigos del patrono.

No cabe duda de que los empleados albergan un legítimo

derecho a la intimidad en su lugar de trabajo, que la

sociedad está dispuesta a reconocer, pues el lugar de empleo

es donde la mayoría de los ciudadanos pasan gran parte de

sus vidas.119 Más aun, albergan una mayor expectativa a la

intimidad cuando se trata de su oficina, ya que es un

espacio

con

características

íntimas

además

de

recoger

destrezas

las

del

empleado,

y

que

habilidades

profesionales, también guarda aspectos muy personales.120 Es

por esta razón que en nuestro ordenamiento jurídico, al

Íd.

Rosa Maisonet v. Asem, supra. Véase también, Vega et al. v.

Telefónica, supra, pág. 602; Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R.,

145 DPR 178, 202 (1998); Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., supra,

pág. 75.

120 Ahora bien, la situación podría ser diferente si se trata de

una oficina abierta al público o a otros empleados, a un grado que no

pudiese ser razonable albergar una expectativa de intimidad. Véase

State v. Bonnell, 75 Haw. 124, 143-144 (1993). (“Privacy does not

require solitude…[E]ven “private” business offices are often subject

to the legitimate visits of coworkers, supervisors, and the public,

without defeating the expectation of privacy unless the offices is “so

open to fellow employees or the public that no expectation of privacy

is reasonable.”).

118

119

CC-2019-887

40

igual que en el federal,121 se han establecido limitaciones

al

uso

de

sistemas

de

vigilancia

en

los

centros

de

trabajos.122 También, hemos sido enfáticos al disponer que

“en aras de proteger la dignidad del trabajador, un patrono

no debe establecer un sistema de vigilancia electrónica sin

darle

previa

implementación,

notificación

excepto

en

a

los

casos

en

empleados

que

de

su

circunstancias

apremiantes lo requieran”.123 Es decir, los patronos tienen

la

obligación

de

cerciorarse

de

cumplir

con

estas

limitaciones para evitar lacerar el derecho de la intimidad

de los trabajadores.124 En vista de estas limitaciones y

A estos efectos, en el ámbito federal en 1986 se aprobó

el Electronic Communication Privacy Act (ECPA) 18 U.S.C. secs. 2510–

2520 (en síntesis, esta ley penaliza a cualquier persona que

intencionalmente intercepte, use o divulgue cualquier comunicación

oral, telefónica o electrónica). Véase también, O'Connor v. Ortega, 480

U.S. 709 (1987)(aquí, el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió

que un empleado público tenía una expectativa razonable de intimidad

en áreas como su propio escritorio o los lugares donde guarda

expedientes). Véase además, J.E. Gruber, Re: Electronic Monitoring the

Workplace: Common Law & Federal Statutory Protection, 651 PLI/Lit. 477

(2001).

122 Las razones que podrían esgrimir los patronos para instalar

el sistema de cámaras de video en el empleo, son las siguientes:

121

(a) seguridad, (b) reducir o prevenir incidencia de

sabotaje o robos, (c) evaluar la efectividad o el nivel

de productividad del empleado, o (d) evaluar el trato

que se le da al consumidor o cliente en el negocio.

Luego de este análisis inicial, se podrá evaluar (1)

cuán intrusivo es el método escogido por el patrono en

la intimidad del empleado vis-à-vis el propósito y la

necesidad de la vigilancia; (2) las características

particulares del lugar de empleo, como por ejemplo, si

es un espacio abierto o cerrado, y la facilidad de acceso

a éste; (3) las funciones de los empleados observados;

(4) la función de las facilidades que son objeto de

vigilancia;

(5)

las

capacidades

técnicas

y

de

sofisticación

del

equipo

instalado,

y

(6)

la

publicación, notificación y utilización que haga el

patrono del sistema, entre otras.

Vega et al. v. Telefónica, supra, pág. 609.

123 Íd.

124 No obstante, estas limitaciones no se pueden interpretar en

un contexto amplio o inflexible que propendan a lacerar el derecho del

CC-2019-887

41

como corolario a esta normativa, sería una diáfana violación

al derecho a la intimidad permitir que un empleado instale

una cámara de video en la oficina de otro empleado para

observarlo subrepticiamente.

Precisamente, la señora Rivera Meléndez alegó que su

intimidad fue violada por las actuaciones del señor Vargas

Taveras

al

colocar

una

cámara

en

su

oficina

para

vigilarla.125 Esta declaró que se sentía dolida y frustrada,

además de sentirse hostigada por lo que había hecho el

recurrido.126

Todo

este

testimonio

⎯incluyendo

lo

relacionado a la conducta del señor Vargas Taveras al ser

confrontado por la señora Rivera Meléndez y la Directora de

Recursos Humanos⎯ fue vertido sin ser controvertido por la

Unión.127 A la luz de esas circunstancias, y al evaluar si

se cumplen con los criterios esbozados para argumentar una

violación al derecho a la intimidad ⎯entiéndase con el

patrono a proteger su propiedad privada vis à vis el derecho a la

intimidad del empleado en el lugar de trabajo. Es decir, en este tipo

de controversias hay que hacer un análisis caso a caso sobre la

razonabilidad de la expectativa de intimidad del empleado.

125 Declaración Jurada, Apéndice de la Petición de certiorari,

págs. 106-107. En lo pertinente, la señora Rivera Meléndez declaró que:

.

.

.

.

.

.

.

.

21. Debido a toda esta situación me siento ansiosa y temo

por mi seguridad ante las actuaciones del Sr. Victor Vargas

hacia mi persona.

22. Si me encuentro con el Sr. Victor Vargas nuevamente me

pondré muy nerviosa y temeré por mi seguridad.

23. Siento que mi intimidad fue violada por las actuaciones

del Sr. Victor Vargas al colocar una cámara en mi oficina

para vigilarme.

Íd.

Vista de Arbitraje, Apéndice de la Petición de certiorari,

pág. 203.

126

127

CC-2019-887

criterio

42

objetivo

y

subjetivo⎯

contestamos

en

la

afirmativa. Como consecuencia de la conducta del señor

Vargas

Taveras,

acechada,

dolida

la

señora

Rivera

y

frustrada

Meléndez

ante

la

se

sintió

invasión

a

su

privacidad. Estos son sentimientos que tienden a predominar

cuando

se

atenta

contra

la

dignidad

de

una

persona,

circunstancia que satisface el criterio subjetivo en el

análisis del derecho a la intimidad. Además, el señor Vargas

Taveras, instaló una cámara de video oculta en la oficina

de

la

señora

Rivera

Meléndez

para

observarla

subrepticiamente, lo cual atentó contra el derecho a la

intimidad que alberga un empleado dentro de su oficina.

Reiteradamente hemos advertido sobre nuestro rechazo a que

los

avances

tecnológicos

se

utilicen

en

perjuicio

del

derecho a la intimidad, de la integridad personal y de la

dignidad individual que albergan las personas.128 A la luz

de todas estas circunstancias, es evidente que se satisface

el criterio objetivo ante una violación a la expectativa de

intimidad.

En vista de lo anterior, concluimos que la conducta

desplegada por el recurrido fue tan lesiva que atentó contra

la paz y el buen orden de la empresa. En ese sentido,

hubiera constituido una imprudencia por el patrono esperar

su

reiteración

establecimiento.

128

para

Por

lo

separar

tanto,

era

al

una

empleado

del

obligación

de

López Tristant v. Maldonado, supra, pág. 854.

CC-2019-887

43

Indulac, como patrono responsable, asegurar la integridad

y seguridad de la señora Rivera Meléndez. Al concluir de

otra manera estaríamos permitiendo alterar el buen y normal

funcionamiento del lugar de trabajo.129

Así las cosas, consideramos que se cumplen con los

criterios para declarar nulo el Laudo de Arbitraje.130 Es

decir, la decisión del Árbitro es contraria en derecho

porque el despido del recurrido estuvo justificado bajo los

preceptos de la Ley Núm. 80, supra. Sin duda alguna, el

señor Vargas Taveras exhibió una conducta tan lesiva que

quebrantó los principios de mayor resguardo y jerarquía en

nuestra Constitución, es decir, el derecho a la intimidad

y a la dignidad. Como consecuencia resolvemos que el despido

estuvo justificado.

IV

Por

los

determinación

fundamentos

del

expuestos,

Tribunal

de

revocamos

tanto

la

Apelaciones,

como

la

Además, no descartamos que en situaciones similares a la de

autos pudiera argumentarse que esto constituye un acecho. Sin embargo,

los elementos para probarlo no fueron desarrollados en los foros

inferiores y resulta innecesario discutirlo dado que la decisión que

emitimos declara el despido como uno justificado.

130 Por otro lado, Indulac señala que erró el Tribunal de Primera

Instancia al determinar que el Negociado utilizó el estándar de revisión

adecuado. Consideramos que sí se cometió este error. El estándar de

prueba que constató el Árbitro en su Laudo de Arbitraje fue el de "más

allá de duda razonable" y "prueba robusta y convincente". Sin embargo,

aunque el Tribunal de Primera Instancia correctamente sostuvo que el

estándar de prueba aplicable al presente caso es preponderancia de la

prueba, sorpresivamente concluyó, que al interpretar el Laudo de

Arbitraje se podía razonablemente concluir que el Árbitro utilizó el

estándar adecuado. Evidentemente no entendemos ese proceder, cuando se

desprende claramente del Laudo de Arbitraje la aplicación de un estándar

de prueba equivocado. Reiteradamente hemos establecido que los casos

de despido injustificado al amparo de la Ley Núm. 80 se requiere

utilizar el estándar de evidencia de preponderancia de la prueba.

129

CC-2019-887

44

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia y, a su vez, el

Laudo

de

Arbitraje

del

Negociado

de

Conciliación

y

Arbitraje. En consecuencia, reconocemos que la violación al

derecho a la intimidad por parte de un empleado a otro en

el contexto laboral es razón suficiente para su despido

como primera falta grave bajo la Ley Núm. 80, supra.

Se dictará sentencia de conformidad.

Edgardo Rivera García

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

INDULAC

Peticionaria

v.

CC-2019-887

CENTRAL GENERAL DE TRABAJADORES

Recurrida

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de junio de 2021.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la que se hace formar parte íntegra de la

presente Sentencia, revocamos tanto la determinación del

Tribunal de Apelaciones, como la Sentencia del Tribunal

de Primera Instancia y, a su vez, el Laudo de Arbitraje

del

Negociado

de

Conciliación

y

Arbitraje.

En

consecuencia, reconocemos que la violación al derecho a

la intimidad por parte de un empleado a otro en el

contexto laboral es razón suficiente para su despido

como primera falta grave bajo la Ley Núm. 80, supra.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo.

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emite una

Opinión concurrente. El Juez Asociado señor Estrella

Martínez emite una Opinión de conformidad en parte y

disidente en parte. El Juez Asociado señor Colón Pérez

hace constar que se une a la Opinión Concurrente emitida

por la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez.

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

INDULAC

Peticionaria

v.

CC-2019-0887

CENTRAL GENERAL DE

TRABAJADORES

Recurrida

Opinión concurrente que emitió la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez a

la que se une el Juez Asociado señor Colón Pérez

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de junio de 2021.

El despido del Sr. Víctor Vargas Taveras (señor

Vargas Taveras) se justificó de manera plena. Esconder

una cámara en la oficina de la Sra. Carmen Rivera

Meléndez (señora Rivera Meléndez), su compañera de

trabajo,

y

realizar

comentarios

desagradables

y

ofensivos al exponer las razones -o, más bien, excusaspara

incurrir

en

tal

conducta,

evidencian

una

desviación de carácter severa la cual era lesiva a la

paz y al buen orden de la empresa. Esto, de por sí, era

suficiente para validar su despido. En otras palabras:

su menosprecio por la dignidad y el derecho a la

intimidad

de

discriminatorio

que ello

su

compañera

hacia

tuvo en el

esta,

ambiente

de

trabajo,

y

el

su

efecto

de trabajo

trato

adverso

exigían la

CC-2019-0887

2

separación de su puesto. Ante la gravedad de su conducta,

esperar

por

su

repetición,

para

entonces

despedirlo,

trasciende la imprudencia.

Ahora bien, no puedo suscribir la opinión mayoritaria,

ya que discrepo del análisis que se realizó para validar la

procedencia del despido. Específicamente, la conducta del

señor Vargas Taveras --contrario a la conclusión de la

Mayoría-- sí constituyó hostigamiento sexual pues “[e]l

hostigamiento

sexual

es,

ante

todo,

una

de

las

manifestaciones típicas de la violencia de género, reflejo

de

discrimen

y

de

desigualdad”. Hernández

Vélez

v.

Televicentro, 168 DPR 803, 832-833 (2006) (Op. Disidente J.

Rodríguez Rodríguez). Según este Tribunal ha reconocido, al

igual que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el

hostigamiento sexual es una modalidad de discrimen por razón

de género. Bajo ese palio procedía analizar los hechos y el

derecho en este caso. Véase Burlington Indus., Inc. v.

Ellerth, 524 U.S. 742, 751–54 (1998). Me preocupa, entonces,

el despacho somero de la interrogante de si el patrono probó

que el hostigamiento sexual fue una de las causas del

despido

bajo

la

política

de

la

empresa.

Un

análisis

integrado de los comentarios del señor Vargas Taveras, las

motivaciones para ocultar la cámara y el acto, propiamente,

de haberla ocultado, hubiera permitido concluir que el

hostigamiento sexual se cometió.

Además,

conforme

resolvió

este

Tribunal

en

Rosa

Maisonet v. ASEM, 192 DPR 368 (2015), era innecesario

analizar si la conducta del señor Vargas Taveras constituyó

hostigamiento sexual bajo la Ley Núm. 17, infra, para

CC-2019-0887

3

determinar si el despido estuvo justificado. En este caso,

el patrono no tenía que probar un caso prima facie de

hostigamiento sexual contra el señor Vargas Taveras para

despedirlo,

ya

que

su

actuación

violó

las

normas

de

hostigamiento sexual de la empresa y estas contemplaban el

despido como sanción.

I

Aunque la Opinión mayoritaria resume los hechos, a

continuación, reseño algunos datos esenciales.

El 29 de junio de 2015 Indulac, el patrono del señor

Vargas Taveras, lo despidió de su empleo. Fundamentó su

determinación en la querella interna que presentó la señora

Rivera Meléndez, también empleada, en contra del señor

Vargas Taveras. Indicó que el 14 de mayo de 2015, luego de

que esta regresó de su periodo de almuerzo, encontró al

señor Vargas Taveras en su oficina. Este solía frecuentar

su oficina pues, según la señora Rivera Meléndez percibía,

existía una relación profesional de carácter cordial entre

ambos. La señora Rivera Meléndez se percató de que un

gabinete ubicado detrás de su escritorio estaba fuera de

lugar. Al inquirirle al señor Vargas Taveras al respecto,

este le indicó que se le había caído un bolígrafo debajo

del gabinete y que movió el mueble para buscarlo. Le expresó

además que, como este era muy pesado, no pudo devolverlo a

su lugar.

Así, el señor Vargas Taveras abandonó la oficina de la

señora Rivera Meléndez. Esta regresó a sus labores, pero la

cercanía entre el gabinete y la silla de su escritorio no

le

permitían

trabajar

cómodamente.

Por

consiguiente,

CC-2019-0887

4

decidió intentar devolver el gabinete a su lugar. Fue

entonces cuando se percató de una extensión color roja que

estaba enchufada. Al tirar de esta para descubrir a dónde

estaba conectado el otro extremo de la extensión, cayó una

cámara de una planta ornamental que se encontraba al lado

izquierdo del escritorio y de la silla. Minutos después, el

señor Vargas Taveras entró nuevamente a la oficina de la

señora Rivera Meléndez. Esta le preguntó si reconocía la

extensión roja y la cámara. El señor Vargas Taveras admitió

que las había colocado en la oficina. Luego de que el

empleado le indicó que la extensión era para conectar un

radio y que la ocultación de la cámara era una broma, la

señora Rivera Meléndez inquirió cuáles eran las razones

verdaderas para esconder una cámara en su oficina. El señor

Vargas Taveras le contestó que era para saber si ella era

la

que

estaba

diciendo

que

ella

y

otro

empleado

eran

“chillos”. Luego indicó que era porque en el lugar de

trabajo estaban diciendo que ella y él -la señora Rivera

Meléndez y el señor Vargas Taveras- eran “chillos”.

La

señora Rivera Meléndez se sintió ofendida. Además, se sintió

nerviosa pues el señor Vargas Taveras se le acercó en

ocasiones múltiples para intentar recuperar la cámara. Ante

ello, le solicitó al señor Vargas Taveras que abandonara su

oficina. Este lo hizo solo después de que ella, a preguntas

de él, le contestó que lo perdonaba, con el fin de que se

fuera de allí.

Luego de que el señor Vargas Taveras salió de la

oficina, la señora Rivera Meléndez informó al patrono.

Indulac investigó los hechos y determinó despedir al señor

CC-2019-0887

5

Vargas Taveras, según le comunicó en una carta. Esta leía:

“La presente es para informarle que estamos prescindiendo

de sus servicios como empleado de esta empresa. La misma

obedece a la querella sometida de la Sra. Carmen Rivera, en

la

modalidad

de

invasión

a

la

privacidad,

acecho

y

hostigamiento”.

Tras su despido, el señor Vargas Taveras, a través de

la unión laboral que lo representaba, presentó una querella

sobre despido injustificado bajo la Ley Núm. 80, infra, la

cual se refirió a arbitraje, en conformidad con el convenio

colectivo que regía entre las partes. Tras celebrarse la

vista

correspondiente,

donde

Indulac

fue

el

único

que

presentó prueba, el árbitro emitió un laudo en el que

concluyó

que

el

despido

del

señor

Vargas

Taveras

fue

injustificado. Indulac presentó una petición de impugnación

de laudo de arbitraje ante el Tribunal de Primera Instancia.

El foro primario confirmó el laudo. El patrono recurrió

entonces al Tribunal de Apelaciones, el cual denegó expedir

el

auto

de

certiorari

de

Indulac.

Finalmente,

Indulac

compareció ante este Tribunal.

II

De entrada, hay que tener presente que la controversia

del caso se circunscribe a determinar si Indulac tenía justa

causa para despedir al señor Vargas Taveras de su empleo.

El caso no es sobre hostigamiento sexual bajo la Ley Núm.

17 de 22 de abril de 1988, conocida como “Ley para Prohibir

el Hostigamiento Sexual en el Empleo” (29 LPRA sec. 155 et

seq.) (Ley Núm. 17), sino sobre despido injustificado bajo

la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, conocida como “Ley

CC-2019-0887

6

sobre Despidos Injustificados” (29 LPRA sec. 185(a) et seq.)

(Ley Núm. 80). Ahora bien, Indulac identificó como una de

las causas para el despido que el empleado incurrió en

hostigamiento sexual. A eso fines, aportó como evidencia su

política de hostigamiento sexual, la cual define qué es

hostigamiento sexual en el empleo e incluye una lista no

taxativa de actos constitutivos de hostigamiento sexual. En

lo

pertinente,

esta

hostigamiento

política

sexual

“acercamientos

y/o

establece

como

terminantemente

proposiciones

de

actos

de

prohibidos

naturaleza

sexual

incluyendo comentarios degradantes, desagradables, chistes

de doble sentido y conducta análoga”. (Énfasis suplido). De

igual forma, la política dispone que cualquier supervisor

o

empleado

que

la

viole

será

objeto

de

sanciones

disciplinarias las cuales pueden incluir el despido.

La Mayoría lo reconoce en una nota al calce de la

Opinión.131

Sin

embargo,

lo

desatiende

y

se

enfoca

en

determinar -al igual que los foros recurridos- si los

comentarios que el señor Vargas Taveras hizo a la señora

Rivera Meléndez constituyeron hostigamiento sexual en su

modalidad de ambiente hostil, al amparo de la Ley Núm. 17,

supra. Por consiguiente, aunque reconoce discretamente que

la conducta del señor Vargas Taveras podía constituir una

violación a la política de hostigamiento sexual de Indulac,

resuelve que no hubo hostigamiento sexual. Bajo su análisis,

los comentarios que el empleado dirigió hacia su compañera

de trabajo y la ocultación de la cámara no satisfacían los

131

Véase nota al calce número 110 de la Opinión mayoritaria.

CC-2019-0887

7

requisitos estatutarios y jurisprudenciales para catalogar

esa conducta como hostigamiento sexual en la modalidad de

ambiente hostil. El enfoque de la Mayoría es errado por dos

razones.

En primer lugar, ante unos hechos similares, este

Tribunal resolvió en Rosa Maisonet v. ASEM, supra, que un

patrono

no

tiene

que

probar

un

caso

prima

facie

de

hostigamiento sexual contra un empleado bajo la Ley Núm.

17, supra, para despedirlo por incumplir las normas de

hostigamiento sexual de su lugar de trabajo. Basamos nuestra

determinación en que la Ley Núm. 17, supra, solo provee

unas guías mínimas y le confiere a cada patrono discreción

para adoptar las normas que estime necesarias para cumplir

con el deber que le impone el estatuto: tomar aquellas

medidas que necesite para prevenir, prohibir y erradicar el

hostigamiento sexual en el empleo. Íd., págs. 382 y 383.

Por

consiguiente,

al

definir

lo

que

constituye

hostigamiento sexual, dijimos que un patrono puede ir más

allá de los parámetros que establece la Ley Núm. 17. Íd.,

pág. 373.

Este caso no trata de hostigamiento sexual bajo la Ley

Núm. 17, supra. Indulac adoptó una política de hostigamiento

sexual amplia y reconoció el despido como una posible

sanción ante su violación. Por lo tanto, la modalidad de

hostigamiento sexual en la que incurrió el señor Vargas

Taveras no era determinante para dirimir la corrección legal

de su despido. Íd., págs. 389-390. Lo único que controla

los hechos es si este violó la política de hostigamiento

sexual de la empresa y si tal violación daba pie a su

CC-2019-0887

8

despido. Como discutiré, contrario a lo que concluyó la

Mayoría, el señor Vargas Taveras efectivamente incurrió en

hostigamiento

sexual

ya

que

violentó

la

política

de

hostigamiento sexual de Indulac. Ello, sin más, justificaba

su despido.

En

segundo

lugar,

el

análisis

de

la

Mayoría

es

incorrecto, pues evalúa los comentarios que hizo el señor

Vargas Taveras y el acto de ocultar la cámara en su oficina

como eventos separados e inconexos. La Mayoría se equivoca,

pues existía una correlación evidente entre ambos sucesos

y el patrono los tomó en cuenta --ambos-- al determinar que

el señor Vargas Taveras incurrió en hostigamiento sexual y

despedirlo.

Además,

el

acercamiento

dispositivo

de

la

Mayoría trivializa los comentarios que el señor Vargas

Taveras

dirigió

Mayoría,

los

a

la

pretextos

señora

del

Rivera

señor

Meléndez.

Vargas

Para

Taveras

la

para

justificar ocultar una cámara en la oficina de su compañera

(y así vigilar y comprobar si la señora Rivera Meléndez

estaba

diciendo

en

la

planta

que

eran

“chillos”)

son

simplemente expresiones incisivas y desagradables que no

constituyen

sexual.

un

acercamiento

o

conducta

de

naturaleza

Bajo su raciocinio, el uso de la palabra “chillos”

-aún es este contexto- es insuficiente para establecer el

hostigamiento sexual. Tampoco es suficiente el hecho de

instalar

una

cámara

en

la

oficina

de

su

compañera

de

trabajo, porque según su análisis el empleado despedido lo

CC-2019-0887

9

hizo únicamente “para verificar cierta información”.132 No

coincido.

En este caso, conforme a su reglamentación interna, el

patrono concluyó que el señor Vargas Taveras incurrió en

conducta constitutiva de hostigamiento sexual. El empleado

violó la política de hostigamiento sexual de Indulac al

realizar

comentarios

-cuando

menos-

degradantes

y

desagradables, al revelar a la señora Rivera Meléndez las

razones que lo llevaron a ocultar una cámara en su oficina.

A través de esos comentarios, el empleado insinuó que su

compañera

de

trabajo

estaba

teniendo

una

relación

sentimental con una persona fuera de su relación marital.

Particularmente,

insinuó

que

la

señora

Rivera

Meléndez

tenía o decía tener un “chillo”. Esa conducta indeseable

violó la dignidad de la señora Rivera Meléndez por ser

mujer. Resulta difícil no ver la connotación sexual en ese

tipo de expresiones y lo desagradable y ofensivas que

resultan, tal como lo percibió la señora Rivera Meléndez.

Por lo tanto, los comentarios del señor Vargas Taveras

violentaron

la

política

de

hostigamiento

sexual

de

su

patrono, la cual catalogaba como un acto de hostigamiento

sexual

“acercamientos

y/o

proposiciones

de

naturaleza

sexual incluyendo comentarios degradantes, desagradables”.

Pero

más

allá

de

eso,

esas

expresiones

también

revelaban que el acto de esconder la cámara igualmente

contravino la política de hostigamiento sexual de Indulac.

Mediante sus comentarios, el empleado reveló a la señora

132

Íd., pág. 36.

CC-2019-0887

10

Rivera Meléndez que escondió una cámara en su oficina para

descubrir asuntos de su vida personal, particularmente de

su vida sentimental y con quién la compartía. En otras

palabras, la ocultación de la cámara estuvo motivada por el

deseo del señor Vargas Taveras de conocer detalles íntimos

de la señora Rivera Meléndez, no meramente por su interés

de

“verificar

cierta

información”,

como

concluye

la

Mayoría. No solo eso, sino que el empleado consideraba que

este hecho justificaba esconder una cámara en la oficina de

su compañera para vigilarla, como si tuviese algún derecho

sobre su persona para conocer esos detalles. Al juzgar estos

hechos

desde

una

perspectiva

de

género

detectamos

una

evidente relación asimétrica de poder que nos lleva a pensar

que el señor Vargas Taveras no hubiese colocado una cámara

en la oficina de otro hombre para indagar sobre lo mismo.133

En consideración a lo anterior, es difícil escapar la

conclusión de que el trato discriminatorio en que el señor

Vargas Taveras incurrió para con su compañera de trabajo

también fue contrario a la política de hostigamiento sexual

de Indulac. Adviértase que, además de identificar como un

acto

de

hostigamiento

sexual

“acercamientos

y/o

proposiciones de naturaleza sexual”, la empresa enumeró

como ese tipo de acto cualquier “conducta análoga” a esa.

De esa manera, el patrono, sin pretender ser exhaustivo en

cuanto a lo que constituía un acto de hostigamiento sexual,

amplió su definición con el fin de cubrir otras conductas

Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género: Haciendo Realidad

el Derecho a la Igualdad, Elementos para la Aplicación de la Perspectiva

de Género en el Juzgar, pp. 90-92, Suprema Corte de la Nación de México,

2015.

133

CC-2019-0887

11

no enumeradas expresamente, pero de naturaleza similar.

Nótese que ello era una forma de cumplir a cabalidad su

obligación

de

hostigamiento

instalación

prevenir,

sexual

de

la

en

prohibir

el

cámara

y

erradicar

empleo.

Así,

oculta

no

si

el

bien

la

constituyó

un

acercamiento o una proposición sexual explícita, fue un

acto de hostigamiento sexual, pues es una conducta análoga

según la tipifica Indulac.134 Esto es así porque, al instalar

una

cámara

Meléndez,

oculta

el

señor

en

la

oficina

Vargas

de

Taveras

la

señora

pretendió

Rivera

descubrir

intimidades de su compañera de trabajo, particularmente

sobre con quién se relacionaba íntimamente.

Por consiguiente, ante las violaciones a la política

de hostigamiento sexual, Indulac podía imponerle el despido

como sanción primera, según lo contempla la política. Así

lo debió concluir la Mayoría, en lugar de resolver que no

se

constituyó

ambiente

hostigamiento

hostil

y

que

el

sexual

en

la

modalidad

despido

estuvo

de

justificado,

únicamente, porque el señor Vargas Taveras violentó el

derecho a la intimidad de la señora Rivera Meléndez.

Aclaro que esconder una cámara en la oficina de la

señora Rivera Meléndez –-de por sí-- era lo suficientemente

grave como para justificar el despido del señor Vargas

Taveras.

Esto

es,

independiente

de

que

tal

actuación

violentara o no las normas de hostigamiento sexual del

patrono. Tal y como expuso la Mayoría, la señora Rivera

Incluso, en otras jurisdicciones se considera que utilizar equipos

o programas tecnológico para acosar, vigilar o perseguir a una persona,

constituyen abuso tecnológico, una modalidad de violencia de género.

Véase WomensLaw.org, proyecto de la Red Nacional para Eliminar la

Violencia Doméstica, Inc. (NNEDV, por sus siglas en inglés).

134

CC-2019-0887

12

Meléndez tenía una expectativa razonable de intimidad en su

oficina. La ocultación de una cámara para observarla de

forma

subrepticia,

atentó

contra

esa

intimidad

y,

en

consecuencia, contra su dignidad. Esta actuación justificó,

por demás, el despido, aun cuando era la primera falta del

empleado. Sin embargo, el que este violentara la política

de hostigamiento sexual de Indulac abona a su gravedad y

fortalece la corrección legal -por no decir, el imperativode despedir al señor Vargas Taveras.

En resumidas cuentas, el señor Vargas Taveras atentó

contra la dignidad e intimidad de su compañera de trabajo

al instalar una cámara oculta en su oficina. Su conducta

violentó la política de hostigamiento sexual de Indulac:

(a) al incurrir en este acto aborrecible; y (b) al articular

las razones para su conducta. Tal cuadro denota que era

inescapable concluir que el despido del señor Vargas Taveras

se justificó.

Escapa el entendimiento y sorprende que los foros

inferiores arribaran a un resultado contrario. Determinar

que Indulac no tenía justa causa para despedir al señor

Vargas Taveras implica aseverar que el patrono tenía que

permitir

que

el

empleado

permaneciera

en

el

lugar

de

trabajo, a pesar de la gravedad de su conducta, y que la

señora Rivera Meléndez, a pesar de lo que vivió, tenía que

seguir trabajando al lado de su hostigador, como si nada.

Ningún patrono tiene que tolerar que los miembros de su

fuerza laboral instalen cámaras ocultas en las oficinas de

sus compañeros o compañeras, de la misma forma que ningún

empleado o empleada tiene que tolerar esa conducta hacia su

CC-2019-0887

13

persona. Máxime cuando esa actuación involucra un elemento

de hostigamiento sexual y discrimen por razón de género, el

cual es lesivo al derecho a la dignidad e igualdad de toda

persona.

Los

foros

inferiores

estaban

ante

un

caso

patentemente claro, el cual justificaba la imposición de la

única

medida

disciplinaria

que

eliminaría

cualquier

posibilidad de que esa conducta se repitiera: el despido.

Por las razones expuestas, estoy de acuerdo con la

procedencia del despido, mas no puedo estarlo con que se

descarte

tan

livianamente

el

hostigamiento

sexual

que

sufrió la señora Rivera Meléndez a manos del señor Vargas

Taveras.

Maite D. Oronoz Rodríguez

Jueza Presidenta

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Indulac

Peticionario

v.

CC-2019-0887

Central General de

Trabajadores

Recurrido

Certiorari

Opinión de conformidad en parte y disidente en parte emitida

por el Juez Asociado señor ESTRELLA MARTÍNEZ.

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de junio de 2021.

Estoy conforme con el paso significativo que tomó este

Tribunal en la protección del derecho a la intimidad dentro

del ámbito laboral. Sin embargo, considero que debimos dar

un paso adicional y no desaprovechar una oportunidad idónea

para precisar y reforzar las protecciones estatutarias de

las que se valen las víctimas de hostigamiento sexual en el

empleo para reclamar sus derechos. Por tal razón, me veo en

la obligación de impartir mi conformidad parcialmente y

disentir en torno a la inaplicabilidad de las protecciones

contra el ambiente hostil, así descartadas por una Mayoría

de este Tribunal.

CC-2019-0887

2

I

De entrada, es imprescindible destacar la trascendencia

de la decisión que este Tribunal tomó con respecto al derecho

a la intimidad, pues, por primera vez, se reconoce que éste

se extiende a la relación entre compañeros y compañeras en

la esfera laboral. Ello tiene un valor inestimable en las

dimensiones

tanto

constitucionales

como

laborales,

por

cuanto aporta al desarrollo de más protecciones a la dignidad

del ser humano en cada una de sus facetas. Es por ello que,

nuevamente, hago hincapié en mi conformidad cabal con tal

determinación.

No obstante, mi criterio diverge del de la Mayoría

categóricamente con respecto al análisis de si, en este caso,

estuvieron

presentes

los

requisitos

estatutarios

para

configurarse un hostigamiento sexual en su modalidad de

ambiente hostil. Bajo el propio prisma del razonamiento

Mayoritario,

es

mi

posición

que

la

totalidad

de

las

circunstancias, examinadas a la luz del derecho que impera,

demuestran inequívocamente que, al colocar una cámara en la

oficina de su compañera de trabajo y expresar su interés en

confirmar la existencia de relaciones extramaritales, el Sr.

Víctor Vargas Taveras (señor Vargas Taveras) creó un ambiente

hostil para la Sra. Carmen Rivera Meléndez (señora Rivera

Meléndez).135 Me explico.

135Resulta

no menos sorprendente que echemos por la borda

también el reconocimiento pautado en Rosa Maisonet v.

ASEM, 192 DPR 368 (2015), cuya aplicación en este caso

igualmente conduciría a justificar el despido del Sr.

Víctor Vargas Taveras.

CC-2019-0887

3

Como se sabe, el hostigamiento sexual por vía de un

ambiente hostil se establece cuando la conducta “tiene el

efecto o propósito de interferir de manera irrazonable con

el desempeño del trabajo de esa persona o cuando crea un

ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo”. (Énfasis

suplido). 29 LPRA sec. 155b. Conforme lo ha establecido este

Tribunal, la pregunta de umbral en reclamaciones de esta

naturaleza es si la conducta fue lo suficientemente severa y

ofensiva para alterar las condiciones del empleo y crear un

ambiente abusivo para la víctima. Ortiz González v. Burger

King de Puerto Rico, 189 DPR 1, 20-21 (2013); Rodríguez

Meléndez v. Sup. Amigo, Inc., 126 DPR 117, 132 (1990). Tal

pregunta se contesta mediante el análisis de: la naturaleza

de la conducta

alegada; su frecuencia e intensidad; el

contexto en el cual ocurre; el período de tiempo y su

extensión, y la conducta y las circunstancias personales de

la alegada víctima. Íd.

Tras estudiar con minuciosidad los hechos de este caso,

resultaba imperativo concluir que el acto de colocar una

cámara secreta en la oficina de una compañera de trabajo para

observarla subrepticiamente, conforme reconoce la Mayoría,

la cual es a su vez descubierta por la propia víctima, crea

un ambiente ofensivo, intimidante y humillante. Esto sólo se

agrava al recordar las razones que proveyó el señor Vargas

Taveras para justificar la instalación de la cámara en la

oficina de la señora Rivera Meléndez. Sin embargo, la Opinión

mayoritaria pauta que, a pesar de que éstas fueron “incisivas

CC-2019-0887

4

y desagradables”,136 además de “incómodas e indeseadas”,137 no

se

puede

concluir

que

las

mismas

constituyeron

un

hostigamiento sexual, pues la palabra “chillos” no configura

un acercamiento o conducta sexual.

Al respecto, es importante recordar que, en ocasiones

previas, este Tribunal ha pautado que “[n]o es necesario […]

hacer insinuaciones específicas de índole sexual, utilizar

vocabulario que tenga connotaciones sexuales o algún tipo de

contacto físico para que se configure el hostigamiento sexual

en el empleo”. In re Robles Sanabria, 151 DPR 483, 506 (2000).

Esto, pues, “[l]a justiciabilidad de una reclamación por

ambiente hostil no requiere que dicha conducta produzca un

daño económico y tampoco es indispensable que ésta sea de

naturaleza

explícitamente

hostigamiento

o

trato

sexual;

desigual

se

basta

con

que

dirija

a

persona

la

el

únicamente por razón de su género”. (Énfasis suplido). Ortiz

González v. Burger King de Puerto Rico, supra, pág. 20.

A mi juicio, ambos componentes de la conducta del señor

Vargas Tavera, a saber, tanto las expresiones como el acto

mismo

de

colocar

la

cámara,

y

los

cuales

no

deben

desasociarse el uno del otro, cumplen con tal requisito.

Veamos.

Al momento de los hechos,

el señor Vargas Taveras

intentó justificar la instalación de la cámara al indicar

que “estaban diciendo en la planta que [otro empleado] y [la

136Opinión

137Íd.

del Tribunal, pág. 35.

CC-2019-0887

señora

5

Rivera

confrontado

Meléndez]

por

la

[eran]

señora

‘chillos’”.138

Rivera

Al

ser

Meléndez,

éste

inmediatamente retractó tal explicación y sostuvo que su

intención fue “verificar si era [la señora Rivera Meléndez]

la que estaba diciendo por la planta que [el señor Vargas

Taveras] y [la señora Rivera Meléndez] [eran] ‘chillos’”.139

Más allá de la connotación sexual intrínsecamente atada a

tales expresiones, el contexto en el cual surgieron estas

excusas hace innegable que las mismas son ofensivas y están

directamente dirigidas a aspectos medulares del género de la

señora

Rivera

Meléndez.

Es

impermisible

reducir

tales

expresiones por parte del señor Vargas Taveras a un mero

interés

en

precisamente,

conocer

la

“cierta

información

que

información”

intenta

cuando,

obtener

está

relacionada a asuntos íntimos y privados de la vida sexual

de una compañera de trabajo.

Sin embargo, aun desvinculado de expresión alguna, el

acto mismo de colocar una cámara secreta para espiar a una

compañera

de

trabajo

en

la

privacidad

de

su

oficina

representa, indiscutiblemente, un hostigamiento dirigido al

género de la víctima. A mi parecer, tal conclusión no es

especulativa.

Por

consiguiente,

circunstancias

obliga

a

concluir

la

que

totalidad

se

de

configuró

las

un

hostigamiento sexual en su modalidad de ambiente hostil.

138Declaración

pág. 106.

139Íd.

Jurada, Apéndice de Petición de certiorari,

CC-2019-0887

6

A su vez, resulta obvio que se trató de un acto no

bienvenido que incidió de manera irrazonable en el desempeño

laboral de la señora Rivera Meléndez. Rodríguez Meléndez v.

Sup. Amigo, Inc., supra, pág. 162. Esto, pues según he

señalado,

se

trata

de

conducta

que

repercute

sobre

el

desempeño al punto de amilanar al empleado a permanecer o a

acudir a sus labores y entorpecer sus funciones y progreso

en el empleo. Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, 197 DPR

656, 680 (2017) (Estrella Martínez, Opinión de Conformidad y

Disidente). Nótese que la señora Rivera Meléndez dejó su

empleo seis (6) meses después de los hechos, en diciembre de

2015.140 Pero, más importante aún, según se desprende de las

propias

declaraciones

conducta

del

señor

de

la

Vargas

señora

Rivera

Meléndez,

Taveras

afectó

su

la

condición

emocional de forma severa. Recuérdese, parte del análisis

judicial exige determinar si la “conducta degradante” provocó

en la víctima “tal ansiedad y [ha] debilitado su estima

propia y confianza, [o ha] contaminado impermisiblemente las

condiciones del empleo”. Rodríguez Meléndez v. Sup. Amigo,

Inc., supra, pág. 132.

En ese sentido, conforme a su Declaración Jurada, la

señora Rivera Meléndez describió que, al momento de los

hechos, estaba “nerviosa, asustada y ansiosa”.141 Añadió que

temió por su seguridad y acudió al Tribunal de Primera

Instancia para tratar de procurar una orden de acecho en

140Transcripción

141Declaración

pág. 106.

de la vista, pág. 151, línea 10.

Jurada, Apéndice de Petición de certiorari,

CC-2019-0887

7

contra del señor Vargas Taveras.142 De hecho, indicó que,

mientras suscribía la Declaración Jurada, todavía se sentía

ansiosa y temía por su seguridad, particularmente ante la

idea de encontrarse con el señor Vargas Taveras nuevamente.

Esto, pues, su proximidad en el lugar de empleo la hizo

sentir que no podría trabajar tranquila, toda vez que estaría

nerviosa y con temor por su seguridad y bienestar.143 La

señora Rivera Meléndez concluyó su declaración afirmando que

“[n]o me siento segura de trabajar en la planta si el [señor

Vargas Taveras] está trabajando también allí”.144 (Énfasis

suplido).

Asimismo, durante la vista de arbitraje, la señora

Rivera Meléndez hizo eco de sus expresiones en la Declaración

Jurada y se describió durante el incidente como “asustada” y

“nerviosa”.145 Añadió que “temía por [su] seguridad”146 y que

“tenía miedo” de tener que seguir trabajando con el señor

Vargas Taveras.147 Expresó, además, que se sintió hostigada,

tanto por la instalación de la cámara en su oficina148 como

por los comentarios del señor Vargas Taveras.149 Como cuestión

142Íd.

143Íd.

144Íd.,

pág. 107.

145Transcripción

de la vista, Apéndice de Petición de

certiorari, pág. 200, líneas 10-12.

146Íd.,

pág. 201, líneas 8-9.

147Íd.,

pág. 202, líneas 1-2.

148Íd.,

pág. 213, líneas 6-9.

149Íd.,

pág. 202, línea 9.

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de hecho, ésta explicó que se sintió dolida “como mujer”

porque los comentarios del señor Vargas Taveras atacaron su

reputación

intachable

e

hicieron

referencia

a

conducta

inapropiada.150

Por otra parte, según la Sra. Nancy Santiago, Directora

del Departamento de Recursos Humanos de la Indulac y quien

también testificó durante la vista, la señora Rivera Meléndez

le indicó que, tras los hechos, estaba muy asustada, “que no

podía trabajar en la planta estando él […] en el mismo espacio

donde ella estaba trabajando”151 y que se sintió hostigada.152

De estas declaraciones se desprende diáfanamente que la

prueba testifical demostró cómo la instalación de la cámara

y las expresiones subsiguientes del señor Vargas Taveras

interfirieron negativamente con el ambiente laboral de la

señora Rivera Meléndez. En sus propias palabras, la señora

Rivera Meléndez describió sentirse insegura y temerosa en su

entorno profesional, como también incapaz de cumplir con sus

responsabilidades laborales de tener que trabajar cerca del

señor Vargas Taveras. Asimismo, la situación resultó tan

intimidante,

ofensiva

y

humillante

que

tuvo

un

impacto

negativo en el estado emocional de la señora Rivera Meléndez,

como persona y, sobre todo, como mujer. Es decir, que se

reúnen todos los requisitos que este Foro ha establecido a

150Íd.,

pág. 207, líneas 14-19.

151Íd.,

págs. 169-170, líneas 25, 1-5.

152Íd.,

pág. 177, línea 10.

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través de la jurisprudencia para configurar el hostigamiento

sexual en la modalidad de ambiente hostil.153

Ahora bien, de ordinario, la modalidad de ambiente

hostil se caracteriza por una multiplicidad de actos. In re

Robles Sanabria, supra, pág. 500. Sin embargo, en Velázquez

Ortiz v. Mun. de Humacao, supra, pág. 665, una Mayoría de

este Tribunal reconoció que la razón para ello es que “cada

acto aislado podría no ser lo suficientemente severo como

para dar lugar a una causa de acción” por hostigamiento

sexual. (Énfasis suplido). Dicho de otro modo, un sólo acto

puede configurar un ambiente hostil si es de

severidad

suficiente. Como cuestión de derecho, así lo reconoció este

Tribunal en UPR Aguadilla v. Lorenzo Hernández, 184 DPR 1001

(2012), dentro de un contexto académico universitario.154

153Conforme

lo destacó la Jueza Asociada señora Fiol Matta en su

Opinión Disidente en Umpierre v. Banco Popular, 170 DPR 205, 232

(2007):

[E]l ambiente hostil no se experimenta sólo con la

cercanía física al hostigador y en la incomodidad

próxima del entorno laboral. Mientras perdure la

relación laboral, la ausencia física de la perjudicada

de su lugar de trabajo no suprime los efectos

del hostigamiento en su estado anímico y emocional ni

altera la ansiedad producto del ambiente intimidante y

hostil del lugar de trabajo al cual debe regresar. El

ambiente hostil creado por el patrón de conducta

hostigante no está delimitado por un espacio físico

determinado, sino que se encuentra también en un estado

mental y emocional de humillación e intimidación que

trasciende el lugar de trabajo. (Énfasis suplido).

154En

tal caso, al examinar los hechos bajo la Ley de

Hostigamiento Sexual en las Instituciones de Enseñanza,

Ley 3-1998, 3 LPRA sec. 149 et seq., este Tribunal adoptó

un análisis dual objetivo y subjetivo, y determinó que el

único incidente entre el profesor y el estudiante fue

suficiente para constituir el hostigamiento sexual en su

modalidad de ambiente hostil.

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No pasa desapercibido que, aunque la Opinión Mayoritaria

no halló probado el hostigamiento sexual, sí determinó que

el despido del señor Vargas Taveras estuvo justificado debido

a que su conducta violó la intimidad de la señora Rivera

Meléndez. Aunque a la luz de tal conclusión el resultado

hubiera

sido

el

mismo,

sostengo

que

las

circunstancias

particulares de este caso presentaban un escenario óptimo

para reconocer en el ámbito laboral la configuración del

ambiente

hostil

mediante

un

único

acto

suficientemente

severo.

Reitero que el colocar una cámara para espiar a una

compañera de trabajo en la privacidad de su oficina y luego

justificar

tal

acción

mediante

relaciones

extramaritales

de

alusiones

ésta,

a

alegadas

representan

actos

indefectiblemente dirigidos al género de la víctima y, en

consecuencia,

configuran

el

hostigamiento

sexual

en

su

modalidad de ambiente hostil. Tal conducta, además, tuvo el

efecto

de

Meléndez,

perturbar

las

emociones

influenciar

su

entorno

de

la

laboral

señora

e

Rivera

impactar

su

capacidad para desempeñarse en su empleo.

Determinar que este único acto fue lo suficientemente

severo

para

configurar

la

modalidad

de

ambiente

hostil

evitaría que los tribunales de menor jerarquía potencialmente

interpreten que actos similares a éste no representan el tipo

de

conducta

que

sanciona

la

política

en

contra

del

hostigamiento sexual. Aún más significativo, haber concluido

que la vivencia de la señora Rivera Meléndez constituyó un

hostigamiento

sexual

protegería

de

forma

contundente

a

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aquellas víctimas que, afortunadamente, no tuvieron que verse

sometidas

a

incidentes

repetitivos

o

de

naturaleza

explícitamente sexual para que los tribunales validen su

experiencia.

II

Por los fundamentos antes expresados, estoy conforme

con el análisis y el razonamiento sobre la violación al

derecho a la intimidad y, en consecuencia, con la conclusión

de

que

el

justificado.

despido

No

del

obstante,

señor

Vargas

disiento

de

Taveras

la

estuvo

determinación

relacionada al hostigamiento sexual por la modalidad de

ambiente hostil por entender que en este caso se configuró

la conducta proscrita por el ordenamiento que rige.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado