Tribunal Supremo de Puerto Rico
Feliciano Aguayo v. Mapfre Panamerican Insurance Company
2021 TSPR 73
Poder Judicial de Puerto Rico
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Feliciano Aguayo v. Mapfre Panamerican Insurance Company
AC-2020-50
Obligaciones y contratos/Derecho de seguros – A la hora de evaluar si procede aplicar la figura del pago en finiquito, los tribunales tienen que considerar cada uno de los requisitos que las leyes aplicables y la jurisprudencia interpretativa ha establecido.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Ángel E. Feliciano Aguayo
Peticionario
v.
2021 TSPR 73
207 DPR ____
Mapfre Panamerican Insurance Company
Recurrido
Número del Caso:
AC-2020-50
Fecha: 28 de mayo de 2021
Tribunal de Apelaciones:
Panel X
Abogados de la parte peticionaria:
Lcdo. Juan H. Saavedra Castro
Lcdo. Luis M. Correa Márquez
Lcda. Claudia A. Rosa Ramos
Lcda. María D. Irizarry Marqués
Abogada de la parte recurrida:
Lcda. Amanda L. Hernández Fernández
Materia: Obligaciones y contratos/Derecho de seguros - A la hora de
evaluar si procede aplicar la figura del pago en finiquito, los
tribunales tienen que considerar cada uno de los requisitos que las
leyes aplicables y la jurisprudencia interpretativa ha establecido.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Ángel E. Feliciano Aguayo
Peticionario
v.
AC-2020-50
Mapfre Panamerican Insurance
Company
Recurrido
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff
Caraballo
En San Juan, Puerto Rico a 28 de mayo de 2021.
Al
resolver
la
controversia
ante
nuestra
consideración evaluamos cómo opera la figura del pago
en finiquito (“accord and satisfaction”) en el campo
de seguros con las regulaciones particulares de esta
industria. Además, la justipreciamos en el contexto de
la relación entre aseguradora y asegurado. Por último,
y por tratarse de un pago mediante un instrumento
negociable (un cheque), precisamos su análisis en el
contexto de lo estatuido en la Ley de Transacciones
Comerciales.
Así, al evaluar los hechos de este caso en el
contexto
del
derecho
aplicable,
procedía dictar sentencia sumaria.
resolvemos
que
no
AC-2020-50
2
I
A raíz del paso del Huracán María, el Sr. Ángel E.
Feliciano
Aguayo
(asegurado)
sufrió
pérdidas
en
su
propiedad. Al 20 de septiembre de 2017, fecha del paso del
evento atmosférico, el inmueble estaba asegurado contra el
peligro de huracán bajo una póliza expedida por MAPFRE
Panamerican
Insurance
Company
(aseguradora).
La
póliza
aseguraba la vivienda hasta el límite de $140,165 con un
deducible de $2,803 y el límite de $15,000 en propiedad
personal o contenido con un deducible de $500.
Así las cosas, el asegurado realizó su aviso de pérdida
a la aseguradora. En respuesta, y luego de realizar la
inspección, de concluida la investigación y el ajuste de la
reclamación, la aseguradora remitió al asegurado dos cartas.
La primera, estaba relacionada a la cubierta de propiedad
personal
o
contenido.
En
específico,
en
esta
carta
la
aseguradora comunicó al asegurado que como la suma total de
los daños sufridos era menor al deducible establecido en la
póliza no procedía pago alguno y que, en consecuencia,
procederían con el cierre de la reclamación sin trámite
adicional.
En
la
otra
carta,
concerniente
a
la
cubierta
vivienda, la aseguradora manifestó lo siguiente:
Estimado Asegurado:
Por este medio se le notifica que hemos concluido con el
proceso de investigación y ajuste de la reclamación de
referencia. Adjunto encontrará un estimado de los daños que
identificó MAPFRE fueron ocasionados a su propiedad a
consecuencia del huracán. Conforme a ello, MAPFRE concluyó
que los daños sufridos por su propiedad ascienden a
$3,681.00. Luego de ajustar su reclamación y de aplicar el
de
AC-2020-50
3
deducible correspondiente se incluye el cheque #1819947
emitido por MAPFRE a su favor y a favor de BANCO POPULAR DE
PR (OFICINA CENTRAL) por la cantidad de $3,878.00.1
Con el pago de la cantidad antes indicada, se resuelve su
reclamación y por ende se está procediendo a cerrar la misma.
De usted entender que existen daños adicionales a los
identificados por MAPFRE en el documento adjunto, o no estar
de acuerdo con el ajuste, conforme establece la ley usted
tiene derecho a solicitar una reconsideración del ajuste
efectuado.
Su solicitud de reconsideración deberá ser por escrito,
estableciendo
los
motivos
por
los
cuales
se
debe
reconsiderar nuestra decisión y de existir daños adicionales
presentar evidencia documental y/o fotográfica de los
mismos. Dicha solicitud de reconsideración deberá ser
dirigida a la siguiente dirección:
MAPFRE
Dpto. de Reclamaciones de Propiedad
P.O. Box 70333
San Juan, Puerto Rico 00936-8333
anortiz@mapfrepr.com
De tener usted alguna duda, puede comunicarse con nosotros
a su conveniencia.
Cordialmente,
(Fda.)
ANIBAL ORTIZ RIVERA
Departamento de Reclamaciones
MAPFRE PUERTO RICO
Además, la aseguradora anejó un cheque por $3,878 cuyo
anverso
indicaba
que
era
en
pago
total
y
final
de
la
reclamación por el Huracán María.
Posteriormente,
el
asegurado
presentó
una
Demanda
contra la aseguradora por incumplimiento de contrato y daños
contractuales.
En
resumen,
alegó
que
la
aseguradora
incumplió con los términos y condiciones de su póliza de
seguros, al negarse a indemnizarle acorde con lo establecido
en el contrato. Explicó que el ajustador no cumplió con los
Los daños identificados por la aseguradora menos el deducible ($3,681$2,803) totalizan $878. Sin embargo, a esta cantidad la aseguradora le
aplicó el endoso de daños por inundación de $3,000. Así, la cantidad a
pagar identificada en el cheque corresponde a $3,878. Apéndice de la
Apelación, pág. 74.
1
AC-2020-50
4
términos de la póliza y que omitió y subestimó las pérdidas
cubiertas de daños por tormenta de viento causados por el
Huracán María. Arguyó que la aseguradora había actuado de
forma dolosa y de mala fe al negarse a pagar la reclamación.
También, alegó que la aseguradora incurrió en prácticas
desleales en el ajuste de las reclamaciones. Así, reclamó
$154,017.23 en concepto de daños a la vivienda. Además,
solicitó que se dictara sentencia a su favor en lo relativo
a la cubierta de bienes personales, según fuera probado en
el juicio.
Mediante moción, el 8 de mayo de 2019 la aseguradora
solicitó la desestimación de la demanda o que se dictara
sentencia sumaria a su favor. En resumen, argumentó que
conforme a la doctrina de pago en finiquito procedía la
desestimación de la reclamación, puesto que el asegurado
recibió un cheque por $3,878.00 junto con la carta de cierre
de la reclamación. Asimismo, adujo que el cheque indicaba
que era en pago total y final de la reclamación. Finalmente,
arguyó que el peticionario sin objeción, condición o reserva
alguna recibió, aceptó y cambió el cheque.
El
asegurado
se
opuso
a
la
moción
dispositiva
y
argumentó sobre la inaplicabilidad de la doctrina de pago en
finiquito en este caso. En resumen, argumentó que la figura
del pago en finiquito no aplicaba cuando su uso pretendía
soslayar violaciones al Código de Seguros y cuando había
ausencia de buena fe estatutaria. También adujo que el Código
de Seguros imponía una obligación a la aseguradora más amplia
AC-2020-50
5
que el mero envío de un cheque con una hoja de trabajo sin
un
informe
de
la
investigación,
las
razones
para
las
cantidades del ajuste y los derechos que le asisten al
asegurado de forma tal que su consentimiento a un pago
minúsculo por los daños causados en el desastre sea de
carácter informado. Por último, añadió que tampoco procedía
la doctrina cuando se trataba de sumas líquidas y exigibles.
Así las cosas, el 10 de septiembre de 2019, el Tribunal
de Primera Instancia dictó Sentencia Sumaria y desestimó la
demanda. El foro de instancia concluyó que el cheque advertía
que era en pago total y que, consecuentemente, “[a]l haber
endosado
el
cheque,
[el
asegurado]
está
impedido
de
presentar una reclamación contra [la aseguradora], a tenor
con la doctrina de pago en finiquito”.2
En desacuerdo, el asegurado presentó un recurso de
apelación ante el Tribunal de Apelaciones. En particular,
señaló que el foro de instancia erró al determinar que se
configuraron
los
elementos
de
la
doctrina
de
pago
en
finiquito y al desestimar sumariamente la demanda. Atendido
el
recurso,
el
foro
apelativo
intermedio
confirmó
la
sentencia apelada. En resumen, concluyó que al configurarse
todos los elementos del pago en finiquito procedía dictar
sentencia sumaria.3
Inconforme,
el
asegurado
acudió
a
este
Tribunal
y
señaló que los foros a quo erraron al concluir que se habían
2
Apéndice de la Apelación, pág. 243.
3
Adviértase que la Jueza Grace M. Grana Martínez disintió.
AC-2020-50
6
configurado todos los elementos de la figura del pago en
finiquito
y
al
determinar
que
no
existían
hechos
en
controversia.
Luego de acoger el recurso como certiorari, expedir el
mismo y habiéndose expresado las partes, estamos en posición
de
resolver
la
controversia
ante
nuestra
consideración.
Siendo así, veamos el derecho aplicable.
II
A. El contrato de seguros
El Código de Seguros de Puerto Rico regula, entre otros
aspectos de la industria, y de la entidad reguladora, el
contrato de seguros. En específico, este cuerpo de normas
define el seguro como “el contrato mediante el cual una
persona se obliga a indemnizar a otra o a pagarle o a
proveerle
un
beneficio
producirse
un
suceso
específico
incierto
o
previsto
determinable
en
el
al
mismo”. 4
Consecuentemente, en este tipo de contrato el asegurador
asume determinados riesgos a cambio del cobro de una prima o
cuota, en virtud de la cual se obliga a responder por la
carga económica que recaiga sobre el asegurado, en el caso
de que ocurra algún evento especificado en el contrato.5 Así,
vemos
que
el
contrato
de
seguro
tiene
el
propósito
de
indemnizar y proteger al asegurado en caso de producirse el
4
CÓD. SEG. PR art.1.020, 26 LPRA § 102.
ECP Incorporated v. OCSECP, 2020 TSPR 112, 205 DPR __ (2020); Savary
et al. v. Mun. Fajardo et al., 198 DPR 1014, 1023 (2017); S.L.G. Francis
Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372, 384 (2009).
5
AC-2020-50
7
suceso incierto previsto.6 Esto es, los contratos de seguros
tienen
como
característica
esencial
la
obligación
de
indemnizar.7 A su vez, los contratos de seguros son de extrema
buena fe. Esto es, se requiere un extremo grado de buena fe
en
las
negociaciones
precedentes
a
la
perfección
o
consumación del contrato.8 Esto, en armonía con que la buena
fe es un precepto general de toda actividad jurídica y como
tal se extiende a la totalidad de nuestro ordenamiento.9
A tenor con lo anterior, recientemente reiteramos el
alto interés público con el que está investido el negocio de
seguros en Puerto Rico.10 Esto, “debido al papel que juega
en la protección de los riesgos que amenazan la vida o el
patrimonio de los ciudadanos”.11 Así, “[h]emos destacado, en
innumerables ocasiones, que este alto interés público se
desprende de la extraordinaria importancia que juegan los
seguros
en
la
estabilidad
de
nuestra
sociedad”. 12
En particular, los seguros cumplen una función social. 13
Además, “[s]u utilidad dentro del comercio es trascendental
Véanse, 26 LPRA § 1125; R. J. Reynolds v. Vega Otero, 197 DPR 699,707
(2017) (citando a Integrand Assurance v. CODECO et al., 185 DPR 146, 162
(2012); Echandi Otero v. Stewart Title, 174 DPR 355, 370 (2008)).
6
7
OCS v. CODEPOLA, Inc., 202 DPR 842, 859 (2019).
Véase, R. Cruz, Derecho de Seguros, San Juan, Pubs. JTS, 1999, Sec.
20.3, pág. 14.
8
9
Velilla v. Pueblo Supermarkets, Inc., 111 DPR 585, 587-588 (1981).
10
Rivera Matos et al. v. Triple-S et al., 204 DPR 1010, 1019 (2020).
R.J. Reynolds v. Vega Otero, 197 DPR 699, 706 (2017) (citando a Natal
Cruz v. Santiago Negrón et al., 188 DPR 564, 575 (2013)).
11
Íd. Véase, además, S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372, 384
(2009).
12
13
R.J. Reynolds, 197 DPR en la pág. 706.
AC-2020-50
para
el
8
desarrollo
económico
pues
atenúa
el
elemento
inherente del riesgo en las relaciones comerciales”.14
Según
expresado
por
este
Tribunal,
el
contrato
de
seguro “juega un papel económico crucial, tanto a nivel
individual como en el ámbito comercial, ya que permite
igualmente a las personas, como a los negocios, proteger sus
recursos
al
riesgos
a
transferir
cambio
del
el
impacto
pago
de
una
monetario
de
ciertos
prima”. 15 Ante
esta
realidad, el negocio de seguros se convierte en uno de los
principales soportes que permite atenuar los giros violentos
de incertidumbre propios del mercado, aminorar sus efectos
y permitir un crecimiento más estable de la economía.16
De manera que, las compañías aseguradoras constituyen
la institución por excelencia cuyo propósito es proteger las
necesidades
y
consecuencias
dañosas
de
los
riesgos
que
amenazan al hombre en su vida o patrimonio.17 En consecuencia,
el arraigo de alto interés público del que está revestido el
negocio de los seguros se desprende de la extraordinaria
importancia
y
participa. 18 Por
el
papel
esta
evidentemente
razón, el
Estado
social
del
lo
regulado
ha
que
ampliamente, en principio, mediante el Código de Seguros de
Puerto Rico y, de manera supletoria, con las disposiciones
14
Íd., pág. 707.
15
Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 DPR 880, 897 (2012).
16
R.J. Reynolds, 197 DPR en la pág. 707.
17
S.L.G. Francis-Acevedo, 176 DPR en la pág. 384.
18
Íd.
AC-2020-50
9
del Código Civil.19 Nótese que el gobierno goza de amplia
facultad en escoger el método para reglamentar y supervisar
la industria de seguros, esto a fin de proteger el interés
público. 20 El
reconocer
la
importancia
que
revisten
los
seguros en el entorno social y mercantil, ha impulsado que
el Estado implemente reglamentación extensa.21
De otra parte y en cuanto a la interpretación del
contrato de seguros se refiere, el propio Código de Seguros
establece como norma de hermenéutica que “[t]odo contrato de
seguro deberá interpretarse globalmente, a base del conjunto
total de sus términos y condiciones, según se expresen en la
póliza y según se hayan ampliado, extendido, o modificado
por aditamento, endoso o solicitud adherido a la póliza y
que forme parte de ésta”.22 Hemos resuelto que el contrato de
seguros es uno de adhesión, pues el asegurador es quien
redacta en su totalidad.23
Por otro lado, es sabido que cuando se produce el suceso
incierto previsto en el contrato de seguros suelen suscitarse
controversias. 24
Ante
esta
realidad,
al
momento
de
interpretar las cláusulas, términos y condiciones, hay que
tener presente que los contratos de seguro -al igual que
19
R.J. Reynolds.
20
OCS, 202 DPR en la pág. 853.
21
Viruet et al. v SLG Casiano-Reyes, 194 DPR 271, 278 (2015).
22
CÓD. SEG. PR art. 11.250, 26 LPRA § 1125.
23
Rivera Matos, 204 DPR en la pág. 1021.
24
S.L G. Francis-Acevedo, 204 DPR en las págs. 385-386.
AC-2020-50
10
todos los contratos- constituyen la ley entre las partes y,
consecuentemente, obligan.25 Es necesario, no obstante, que
se “cumplan con los requisitos de los contratos en general,
a saber, el consentimiento de los contratantes, el objeto
cierto y la causa de la obligación que se genera”.26
Ante la ocurrencia del evento incierto previsto en el
contrato, el asegurado debe presentar su reclamación y la
aseguradora está obligada a resolverla. En particular, el
Art.
27.162
del
Código
de
Seguros
establece
que
la
aseguradora debe realizar la investigación, el ajuste y la
resolución de la reclamación en el periodo razonablemente
más corto dentro de 90 días después del reclamo.27
En
lo
pertinente
a
la
controversia
ante
nuestra
consideración, vemos que el paso del Huracán María y los
estragos
que
causó
alteraron
el
modo
de
vida
de
los
puertorriqueños. Esto llevó a la presentación de múltiples
medidas
legislativas
públicas. 28 Al
y
recibir
la
adopción
constantes
25
Íd., pág. 386.
26
Íd.
27
CÓD. SEG. PR art. 27.162, 26 LPRA § 2716b.
de
nuevas
quejas
del
políticas
consumidor
Exposición de motivos de la Ley Núm. 14-2020. De otra parte, y a modo
de ejemplo, en el estado de Luisiana -de tradición civilista con un
código civil similar al nuestro y donde, además, se incorporó la figura
del pago en finiquito mediante jurisprudencia- a raíz del desastre del
Huracán Katrina se creó un sistema de mediación (“Hurricane Katrina
homeowners Mediation Program”) para atender y negociar las reclamaciones
de los asegurados a las aseguradoras sobre daños a su propiedad y,
consecuentemente, poder llegar a acuerdos. Cabe destacar que para llegar
a concretarse un pago en finiquito las partes debían pasar por un proceso
de mediación y un contrato por escrito que, a su vez, cumplía con los
requisitos de la transacción tipificada en el Código Civil de Luisiana.
En particular, esos contratos tenían una cláusula a favor del asegurado
en la que se le otorgaba un periodo de tres días para retractarse de
este pacto. Además, como requisito de la mediación, las partes venían
obligadas a mediar de buena fe. De lo contrario, el mediador podía
28
AC-2020-50
11
relativas al proceso de reclamo, evaluación de daños y pago
por parte de las aseguradoras, el Legislador creó la Carta de
Derechos del Consumidor de Seguros. Esto, con el fin de
facilitar que los consumidores de seguros conocieran sus
derechos fundamentales enunciados a través del Código de
Seguros
y
su
Reglamento. 29 De
lo
contrario,
“para
poder
conocer estos derechos básicos, el consumidor tendría que
recurrir a una gama de disposiciones legales en el Código y
su Reglamento para poder atinar con ellos”.30
En ánimos de evitar esta dificultad se recogió en un
solo artículo la Carta de Derechos del Consumidor de Seguros.
En específico y en lo que nos es pertinente, esta Carta
dispone lo siguiente:
El Consumidor de Seguros de Puerto Rico disfrutará de
todos los derechos que le son reconocidos en las leyes y
reglamentos que les sean aplicables, incluyendo, pero sin
limitarse a los siguientes:
.
.
.
.
.
.
.
.
(e) Derecho a que quien le gestiona su póliza le provea una
orientación clara y completa sobre la cubierta, beneficios,
límites y exclusiones de la póliza, así como los deberes y
obligaciones del asegurado.
.
.
.
.
.
.
.
.
(i) Derecho a que el asegurador actúe de buena fe, de forma
justa y equitativa al evaluar y resolver su reclamación.
concluir la mediación si alguna de las partes incumplía con este
precepto. Adviértase que este programa fue creado con el esfuerzo de
colaboradores tales como la gobernadora de Luisiana, el comisionado de
seguros, el presidente del Louisiana State Bar Association, un juez del
Tribunal Supremo de Louisiana y representantes del American Arbitration
Association. Véase, Michael v. Allstate, 2008 WL 11515852; M. A.
Patterson, Evaluating the Louisiana Department of Insurance’s Hurricane
Katrina Homeowners Mediation Program, Disp. Resol. J. 34 (2007).
29
Exposición de motivos de la Ley Núm. 14-2020.
30
Íd.
AC-2020-50
12
(j) Derecho a que el asegurador le envíe su oferta con
desglose del ajuste para su evaluación, antes de recibir un
cheque que usted no ha aceptado, o concurrentemente con el
cheque, sin que se entienda que el simple recibo del mismo
significa una renuncia a sus reclamaciones.
.
.
.
.
.
.
.
.
(o)
Derecho
a
solicitar
una
reconsideración
a
la
determinación del asegurador respecto a su reclamación, y que
la misma sea atendida y resuelta dentro del término de 30
días de presentada la solicitud.31
A su vez y como consecuencia del paso del Huracán María,
el
Comisionado
fiscalizar
y
de
Seguros
reglamentar
-ente
el
encargado
cumplimiento
de
velar,
con
las
disposiciones del Código de Seguros- emitió la Carta Circular
de
2
de
octubre
de
2017
(Núm.
CC-2017-1911D).
En
pertinente, el cuerpo de la Carta lee como sigue:
Ante el estado de emergencia y pérdidas sufridas a raíz del
embate del Huracán María por nuestra Isla y con el propósito
de velar por el interés público que venimos llamados a
proteger, debemos ser enfáticos y recordarles el cumplimiento
estricto de las disposiciones del Código de Seguros y su
Reglamento, especialmente aquellas disposiciones del Capítulo
27 del Código relacionadas con las prácticas prohibidas y los
métodos razonables para la investigación y ajuste de las
reclamaciones. A modo de recordatorio, algunos de los
conceptos establecidos en el Código de Seguros y su Reglamento
con los cuales todo asegurador debe cumplir en la
investigación y ajuste de reclamaciones son:
.
.
.
.
.
.
.
.
3. Proveer a los reclamantes una adecuada orientación
y
asistencia
clara
y
precisa,
manteniendo
la
comunicación de una manera cortés y servicial.
4. Hacer manifestaciones y representaciones ciertas y
correctas sobre los hechos y los términos de una póliza
y ofrecer explicaciones razonables para la denegación
de una reclamación u oferta de transacción.
5. Llevar a cabo una investigación razonable basada en
la información disponible y realizar el ajuste rápido,
justo y equitativo de una reclamación.
6. Ofrecer al reclamante aquellas cantidades que dentro
de los términos de la póliza sean justas y razonables,
y sobre las cuales el reclamante razonablemente tenga
derecho, sin tratar de transigir la reclamación por una
31
CÓD. SEG. PR art. 1.120, 26 LPRA § 118.
lo
AC-2020-50
13
cantidad
derecho.
irrazonablemente
menor
a
la
que
se
tiene
7. No transigir una reclamación sin el consentimiento
o conocimiento del asegurado.
8. No obligar a los reclamantes a entablar pleitos para
recobrar bajo la póliza porque se le ha ofrecido una
cantidad sustancialmente menor a la que tiene derecho
o porque se le ha negado incorrectamente la cubierta.
.
.
.
.
.
.
.
.
10. Cuando se requiera la firma de un relevo, que el
mismo no pueda ser interpretado como que se releva de
aquellas obligaciones que no fueron objeto de la
transacción.
11. Acompañar los pagos de las reclamaciones de una
declaración que establezca la cubierta bajo la cual se
realiza el pago e incluya todas las cantidades que deban
ser incluidas de acuerdo con la reclamación y los
límites de la cubierta.
Es sumamente importante que se tomen todas las medidas
necesarias para agilizar la resolución de todas las
reclamaciones que se les presenten.
Se requiere el estricto cumplimiento con la presente
Carta Circular.
Por último, el Art. 27.163 del Código de Seguros enumera
los métodos para resolver una reclamación presentada por su
asegurado, a saber: (1) el pago total de la reclamación, (2)
la
denegación
escrita
y
debidamente
fundamentada
de
la
reclamación y (3) el cierre de la reclamación por inactividad
del reclamante, cuando el reclamante no coopere o no entregue
la
información
necesaria
para
que
el
asegurador
pueda
ajustar la reclamación.32 Ahora bien, en cuanto a los pagos
parciales o en adelantos ante un evento catastrófico, el
Código de Seguros estatuye lo siguiente:
(d) La aceptación de un pago parcial o en adelanto por
el asegurado reclamante no constituirá, ni podrá ser
interpretado, como un pago en finiquito o renuncia a cualquier
derecho o defensa que éste pueda tener sobre los otros asuntos
de la reclamación en controversia que no estén contenidos
32
26 LPRA § 2716c.
AC-2020-50
14
expresamente en la declaración de oferta de pago parcial o en
adelanto.
(e) El pago parcial o en adelanto no constituirá una
resolución final de la totalidad de la reclamación con arreglo
a los Artículos 27.162 y 27.163 de este Código.33
El citado Art. 27.166 del Código de Seguros también fue
incorporado como consecuencia del paso del Huracán María para
manejar
las
reclamaciones
pendientes
y
ordenar
a
los
aseguradores de la propiedad a “emitir pagos parciales o en
adelantos al
asegurado o reclamante luego de
un evento
catastrófico de las partidas que no estén en controversia y
para
otros
asuntos
relacionados”. 34 Lo
anterior,
con
el
propósito de “estimular pagos a los asegurados o reclamantes
afectados para que puedan comenzar los arreglos para la
reconstrucción o reparación de sus residencias y para iniciar
la operación de los comercios, ayudando así a reactivar
nuestra economía con mayor prontitud”.35
Tal principio también estaba estatuido en el Art. 1123
del derogado Código Civil, que, en lo pertinente, disponía
que un acreedor no podía ser obligado –a menos que el contrato
expresamente lo autorizara- a recibir las prestaciones de la
obligación
de
forma
parcial. 36
Ahora
33
Íd. § 2716f (énfasis suplido).
34
Exposición de motivos de la Ley Núm. 243-2018.
35
Íd.
bien,
según
lo
COD. CIV. PR art. 1123, 31 LPRA § 3173 (derogado 2020). Al respecto y
específicamente en el contexto de la figura del pago en finiquito, en
City of San Juan v. St. Johns’s Gas Co., 195 US 510, 522 (1904), el
Tribunal Supremo Federal expresó: “Conceding, without so deciding, that
such rule was controlling in Porto Rico, we think it is not applicable
to the case in hand” because “where a liquidated sum is due, the payment
of a lesser sum in satisfaction thereof, though accepted as satisfaction,
is not binding as such, for want of consideration”. Véase, A. Soler
36
AC-2020-50
15
establecía igual disposición, “cuando la deuda tuviere una
parte líquida y otra ilíquida, podrá exigir el acreedor, y
el deudor puede hacer el pago de la primera, sin esperar a
que se liquide la segunda”.37
B.
La
figura
jurídica
de
la
transacción
y
el
pago
en
finiquito
El Art. 1709 del Código Civil de 1930 establecía que
“[l]a transacción es un contrato por el cual las partes,
dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan
la provocación de un pleito o ponen término al que había
comenzado”.38 Así, los elementos constitutivos de un contrato
de transacción son los siguientes: (1) una relación jurídica
incierta y litigiosa, (2) la intención de los contratantes
de componer el litigio y sustituir la relación dudosa por
otra cierta e incontestable y (3) las reciprocas concesiones
de las partes.39 Nótese que toda transacción parte de la
premisa de que las partes tienen dudas sobre la validez o
Bonnin, A Case of Legal Transplanting: Datio in Solutum et al v. Accord
and Satisfaction, 25 REV DER. PR. 421 (1986).
31 LPRA § 3173 (derogado 2020). El citado artículo actualmente está
codificado en el Art. 1119 del Código Civil y lee de la siguiente manera:
El acreedor no puede ser compelido a recibir parcialmente las
prestaciones en las que consiste la obligación, salvo cuando el contrato
o la ley expresamente lo autorizan.
37
Sin embargo, si la deuda tiene una parte líquida y otra ilíquida,
el acreedor puede exigir, y el deudor puede hacer el pago de la primera,
sin esperar a que se liquide la segunda. 31 LPRA § 9143.
31 LPRA § 4821 (derogado 2020). El actual, sustituye al citado artículo
y establece que “[p]or el contrato de transacción, mediante concesiones
recíprocas, las partes ponen fin a un litigio o a su incertidumbre sobre
una relación jurídica”. 31 LPRA § 10641 (2020).
38
39
Mun. San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219, 239 (2007).
AC-2020-50
16
corrección jurídica de sus respectivas pretensiones y eligen
resolver las diferencias mediante mutuas concesiones.40
Como todo contrato, la transacción debe contar con
consentimiento, objeto y causa. Con respecto a la causa en
el contrato de transacción, hemos establecido que “[e]n
conjunto,
el
litigio
y
las
recíprocas
concesiones
constituyen los elementos de la causa”.41 En consecuencia,
“[e]s necesario que cada uno de los contratantes reduzca y
sacrifique a favor de otro una parte de sus exigencias a
cambio de recibir una parte de aquello objeto del litigio”.42
En particular, el Art. 1503 del actual Código Civil al
establecer la forma de la transacción, incluye el pago en
finiquito, y establece lo siguiente:
La transacción debe constar en un escrito firmado por las
partes o en una resolución o una sentencia dictada por el
tribunal. Si se refiere a derechos constituidos mediante
escritura
pública,
se
requiere
esta
formalidad.
La
inobservancia de estas reglas la hace nula.
El pago en
establece.43
finiquito
tiene
aquellos
efectos
que
la
ley
Con respecto a esto último, el Profesor Miguel R. Garay
Aubán comenta que, en su redacción final, el artículo admitió
la doctrina de pago en finiquito regulada desde 1998 en la
Sección 2-311 de la Ley de Transacciones Comerciales. Añade
que el borrador suprimía el pago en finiquito, debido a que
40
Íd.
41
Íd.
42
Íd.
31 LPRA § 10647 (énfasis suplido). Adviértase que este artículo no
tiene precedente en el derogado Código Civil, por lo que se incluye para
informar sobre cómo el Legislador consideró la figura.
43
AC-2020-50
el
17
Memorial
Explicativo
del
Borrador
inicial
exponía
erradamente que esta figura no tenía reconocimiento legal en
Puerto Rico. Esto, en aparente desconocimiento de que estaba
regulada por la mencionada legislación.44
Sobre el alcance de los contratos de transacción, vemos
que
ésta
“no
comprende
sino
los
objetos
expresados
determinadamente en ella, o que, por una inducción necesaria
de sus palabras, deban reputarse comprendidos en la misma”.45
Así, “[l]a renuncia general de derechos se entiende sólo de
los que tienen relación con la disputa sobre que ha recaído
la transacción”.46 Esto es, “estando rigurosamente limitada
tal interpretación a los objetos expresamente determinados
en ella o que, por una inducción necesaria de sus palabras,
deban reputarse comprendidos en ésta”.47
Por otro lado, en cuanto a las circunstancias en las
que una transacción no será válida, el Art. 1504 del actual
Código Civil dispone que, además de las causas que invalidan
todo acto jurídico, una transacción será inválida cuando:
(a) La situación que la genera no se corresponde con los
hechos reales y el litigio o la incertidumbre no hubieran
aparecido de haberse conocido la situación real;
(b) incluye títulos total o parcialmente inexistentes;
(c) incluye títulos sobre los cuales se ignora que existe
otro mejor;
M. R. Garay Aubán, Código Civil 2020 y su Historial Legislativo, 1ra
ed., Ed. SITUM, 2020, págs. 1046-1047.
44
31 LPRA § 4826 (derogado 2020). Por su parte, el Art. 1499 del actual
Código Civil establece que “[e]l contrato de transacción se interpreta
restrictivamente”. 31 LPRA § 10643 (2020).
45
46
Íd.
47
Rivera Rodríguez, 168 DPR en la pág. 208.
AC-2020-50
18
(d) incluye aspectos sobre los cuales se ignora que ya
están resueltos mediante sentencia firme; o
(e) la efectividad de una prestación es insegura.48
Este artículo advierte que no cualquier incertidumbre
da lugar a la transacción, sino que debe tratarse de una
transacción que ponga fin a las discusiones e incertidumbres
que experimentan las partes. Además, esa incertidumbre debe
tener como objeto una duda verdaderamente racional.49
En
particular,
el
pago
en
finiquito
(“accord
and
satisfaction”) es una forma de extinguir las obligaciones.50
Esta
figura
del
derecho
común
se
incorporó
a
nuestro
ordenamiento jurídico mediante jurisprudencia.51 Fue en City
of San Juan v. St. John’s Gas Co. que el Tribunal Supremo de
Estados Unidos resolvió que la figura de pago en finiquito
regía en Puerto Rico, tras concluir que como la doctrina
estaba
cimentada
en
los
principios
del
derecho
romano
aplicados bajo el Código Napoleónico, operaba también en el
Derecho Civil español.52
Posteriormente, en López v. South PR Sugar Co. este Foro
atendió una controversia contractual a la luz del pago en
finiquito y aunque la figura fue validada no prosperó, puesto
31 LPRA § 10648 (2020). Este artículo no tiene precedente en el
derogado Código Civil. Sin embargo, se expone para informar sobre el
desarrollo de la figura.
48
49
Garay Aubán, op. cit., pág. 1047.
50
A. Martínez & Co. v. Long Const. Co., 101 DPR 830, 834 (1973).
López v. South PR Sugar Co., 62 DPR 238 (1943); City of San Juan v.
St. Johns’s Gas Co, 195 US 510, 521 (1904).
51
52
City of San Juan, 195 US en la pág. 521.
AC-2020-50
19
que no se cumplieron los requisitos.53 En específico, allí
dijimos que para que operara la figura se exigía el concurso
de los requisitos siguientes: (1) Una reclamación ilíquida o
sobre
la
cual
exista
controversia
bona
fide;
(2)
un
ofrecimiento de pago por el deudor; y (3) una aceptación del
ofrecimiento de pago por el acreedor.54
Tiempo
después,
modificamos
el
primer
requisito
y
establecimos que -para que se configure la figura o aplique
el pago en finiquito- también será requisito “la ausencia de
opresión o indebida ventaja de parte del deudor sobre su
acreedor”.55
Así, puntualizamos sobre la importancia de evaluar con
detenimiento el factor de la ausencia de opresión de la
deudora sobre su acreedora cuando se invoca la doctrina de
pago en finiquito.56 Más importante aún, fuimos enfáticos al
establecer
que
la
figura
prevalecerá
solamente
en
circunstancias en las que no exista opresión o indebida
ventaja
de
parte
circunstancias
del
deudor
claramente
y
en
las
cuales
medien
indicativas
de
que
deudor
el
pretende extinguir su obligación.57 Así, aludimos a que tiene
que existir un claro entendimiento por parte de quien acepta
53
López v. South PR Sugar Co., 62 DPR en las págs. 245-246.
54
Íd., págs. 244-245.
A. Martínez & Co., 101 DPR en las pág. 833-835; H.R. Elec., Inc. v.
Rodríguez, 114 DPR 236, 241 (1983).
55
56
A. Martínez & Co., 101 DPR en la pág. 833.
57
Íd., págs. 834-835.
AC-2020-50
20
que el pago representa un pago total, en saldo y final de la
obligación.58
Al describir la figura, este Tribunal pronunció que el
pago en finiquito es paralelo al contrato de transacción.
En específico, expresamos que “[e]l contrato de acuerdo y
pago (accord and satisfaction), al igual que su paralelo de
mayor solemnidad la transacción, es accesorio, consensual,
bilateral y oneroso”.59
También, señalamos que la figura del pago en finiquito
“en cierto modo opera en un área de contratación rápida
propia
de
nuestros
días
y
es
más
asequible
para
la
terminación en corto plazo de diferencias, incertidumbres y
mutuas reclamaciones que el contrato de transacción definido
en el Art. 1709 del Código Civil (31 LPRA sec. 4821) el cual
generalmente
nace
comenzar”. 60 De
de
igual
un
pleito
modo,
pendiente
“[p]or
su
o
a
punto
de
viabilidad,
su
liberación de requisitos formales y prontitud de su acción
suplantando la contienda y la incertidumbre por la ocurrencia
de opuestas pretensiones, podríase llamar al accord and
satisfaction la transacción al instante”.61
Al determinar si la figura del pago en finiquito se
concreta o no, hemos sido muy rigurosos en la evaluación del
concurso de todos sus requisitos. Nótese que la doctrina no
58
Íd.
59
Íd., pág. 835.
60
Íd., págs. 833-834.
61
Íd., pág. 834.
AC-2020-50
21
ha prevalecido como fuente de extinción de una obligación en
prácticamente ninguno de los casos en los que este Foro ha
tenido la oportunidad de evaluar la invocación de la defensa.
Sobre el primer requisito, entiéndase la existencia de una
reclamación ilíquida o sobre la cual exista controversia bona
fide, en el caso de López v. South PR Sugar Co., determinamos
que en ausencia de este requisito no se concreta la figura
de pago en finiquito. Allí, un agricultor y una central
azucarera realizaron un contrato para la molienda de la caña
de azúcar. Posteriormente, surgió una controversia relativa
a unos descuentos en el pago que la central había hecho por
concepto de ensacado y flete, toda vez que el colono alegaba
que el descuento no podía ser mayor de 15ȼ, mientras que la
central alegaba que no podía ser mayor de 25ȼ. Los cheques
que la central le enviaba al agricultor hacían constar en el
dorso
que
el
endoso
del
instrumento
constituía
un
reconocimiento de pago en saldo. El agricultor cobró los
cheques
y
luego
demandó
a
la
central
azucarera
por
la
diferencia adeudada. En respuesta, la central azucarera alegó
que el agricultor estaba impedido de demandar en virtud de
la doctrina de pago en finiquito.
Evaluados los argumentos en López v. South PR Sugar Co.,
expresamos que -a pesar de que no había duda sobre el
ofrecimiento ni de la aceptación del pago- no existía una
reclamación ilíquida o una controversia bona fide. Esto, toda
vez que la reclamación no era ilíquida porque la Ley que
regía las liquidaciones relativas a la molienda de caña de
AC-2020-50
azúcar
22
claramente
establecían
que
la
central
no
podía
descontar más de 15 centavos.62
Asimismo, en Pagán Fortis v. Garriga, establecimos que
no se concretó la figura de pago en finiquito debido a que
no existía el elemento de una controversia ilíquida.63 En el
citado caso unos contratistas suscribieron un contrato de
obras para la construcción de un edificio por la cantidad de
$26,000. El precio estipulado para construir la obra no
incluía
los
planos
y
tampoco
unos
cambios
solicitados
posteriormente por el contratista relativos a la construcción
de un mirador, un cambio en las ventanas y en la pintura.
Culminada la obra, el constructor había recibido $25,000.
Posteriormente, el contratista le envió al constructor un
cheque por $1,000 el cual advertía que era en pago total. El
constructor endosó el cheque e hizo constar que era en pago
parcial y cursó una comunicación al contratista dejándole
saber que le abonaba los $1,000 del total adeudado. Sin
embargo, el contratista le respondió que no le debía nada.
Así, el constructor demandó al contratista para cobrar el
resto de la deuda y este último levantó la defensa afirmativa
de pago
en finiquito.
Evaluada la figura, razonamos lo
siguiente:
Claramente con la evidencia que tuvo ante sí el juez
sentenciador no podía concluirse que la aceptación del pago
de los $1,000 constituía el saldo de toda la acreencia que el
demandante tenía contra el demandado. Al enviar el cheque por
$1,000 el demandado estaba pagando lo que adeudaba del
contrato original [los originales $26,000], una cantidad
líquida sobre la cual no había controversia. El demandado
había aceptado que debía esa cantidad. No se efectuó pago
62
López, 62 DPR en las págs. 245-246.
63
Pagán Fortis v. Garriga, 88 DPR 279, 283-284 (1963).
AC-2020-50
23
alguno en exceso de esa suma que pudiera considerarse que su
aceptación saldaba las partidas que excedían la suma líquida
adeudada del contrato original. Faltaba pues el primero de
los tres requisitos que en López v. South P.R. Co., expusimos
eran necesarios concurrieran para que pudiera considerarse
que la aceptación de una suma menor que la debida constituía
un pago total de la acreencia. En López también concluimos
que faltaba ese requisito.64
De otra parte y con relación al segundo requisito, el
ofrecimiento, este Foro estableció que “el ofrecimiento de
pago tiene que ir acompañado por declaraciones o actos que
claramente indiquen que el pago ofrecido por el deudor al
acreedor es en pago total, completo y definitivo de la deuda
existente entre ambos…”.65 A su vez, la doctrina requiere que
el ofrecimiento sea de buena fe.66 En fin, el ofrecimiento
del pago debe sujetarse a la condición de que de aceptarlo
se entenderá en saldo de su reclamación.67
Sobre el tercer requisito, vemos que la aceptación del
ofrecimiento se perfecciona cuando el acreedor retiene el
cheque y consiente bajo la premisa de que el instrumento fue
remitido en concepto de pago y saldo total de la obligación.68
Sin embargo, para que la retención del cheque constituya una
aceptación no puede haber opresión o indebida ventaja de
parte del deudor.69
64
Íd. (énfasis suplido).
65
H.R. Elec., 114 DPR en la pág. 242.
66
López, 2 DPR en la pág. 245; H.R. Elec., 114 DPR en la pág. 240.
H.R. Elec. Véase, además, Gilormini Merle v. Pujals Ayala, 116 DPR
482, 484-485 (1985).
67
68
A. Martínez & Co., 101 DPR en la pág. 834.
69
Íd.
AC-2020-50
24
Sobre la figura del pago en finiquito, el Profesor José
R. Vélez Torres comenta que hay que evaluarla a la luz de la
figura de la transacción codificada en el Código Civil.70 Por
su parte, el Profesor Garay Aubán explica que la figura del
pago en finiquito “opera en la práctica como un método
informal de resolución de controversias que se lleva a cabo
mediante el uso de un instrumento negociable y en ese sentido
podría decirse que se trata de un caso peculiar de contrato
de transacción”.71
Sobre las transacciones y su aplicación en la industria
de seguros, en Carpets & Rugs v. Tropical Reps resolvimos
que
los
requisitos
para
la
validez
de
un
contrato
de
transacción es que exista una controversia entre las partes,
que
las
partes
tengan
incertidumbre
jurídica
transacción
que
y
la
en
intención
la
existan
que
se
mutuas
de
sustituir
encuentran
la
con
la
concesiones. 72 Al
ser
consensual, el contrato de transacción “tiene necesariamente
que referirse a una comunicación u oferta que nazca de la
voluntad
de
una
de
las
controversia”. 73 Entiéndase
partes
que
“[n]o
implicadas
puede
en
referirse
la
a
comunicaciones u ofertas que una de las partes realice en
J.R Vélez Torres, Derecho de Obligaciones, 2da ed., Puerto Rico,
Programa de Educación Jurídica Continua, 1997, págs. 241-250.
70
71
M. R. Garay Aubán, Sistemas de pago, Ed. SITUM, 2003, pág. 24.
72
Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 615, 630 (2009).
73
Íd., pág. 631.
AC-2020-50
25
cumplimiento de un mandato de ley o por una obligación
anterior”.74
De manera que, cuando la aseguradora cumple con su
obligación de enviar una oferta razonable al asegurado, esta
constituye meramente el estimado de los daños sufridos.75
Así, el documento que emite el asegurador producto de una
investigación y análisis detenido constituye puramente la
postura institucional del asegurador frente a la reclamación
de su asegurado.76 Es decir, un reconocimiento de deuda al
menos en cuanto a las sumas ofrecidas como ajuste, pero no
una oferta producto de una controversia bona fide o la
iliquidez de la deuda, en este caso, de la reclamación del
asegurado. 77 Nótese
que
“en
dicho
documento
no
existen
concesiones del asegurador hacia su asegurado, pues se trata
de
un
informe
objetivo
del
asegurador
en
cuanto
a
la
procedencia de la reclamación y la existencia de cubierta
según la póliza”.78 Por ende, al emitir el informe de ajuste
no
hay
una
controversia
bona
fide
entre
asegurador
y
asegurado.79
Entonces, allí reiteramos que una carta emitida por
parte de una aseguradora a su asegurado como parte de su
74
Íd., pág. 632 (énfasis suplido).
75
Íd., pág. 635.
76
Íd.
77
Íd.
78
Íd. (énfasis suplido).
79
Íd., pág. 639.
AC-2020-50
26
obligación al amparo del Código de Seguros para resolver la
reclamación
no
puede
constituir
una
transacción. 80 Así,
cuando la aseguradora cumple estrictamente con su deber
estatutario establecido en el Art. 27.162 del Código de
Seguros, ello no es indicativo de una oferta de transacción,
por no ser un acto voluntario en el proceso de negociación
para sustituir la incertidumbre jurídica o evitar el inicio
de un pleito.81 Así, y como tal ofrecimiento no es producto
de alguna diferencia en las respectivas pretensiones de
asegurador y asegurado (iliquidez de la deuda), no cumple
con el requisito de la doctrina de pago en finiquito, esto
es, la existencia de una reclamación ilíquida o sobre la cual
exista una controversia bona fide.
Lo anterior, “no quiere decir que, con ese documento
como base de negociación, asegurador y asegurado puedan
considerar
llegar
reclamación”. 82
transacción
a
un
contrato
Entiéndase
entre
que
asegurador
de
“[l]as
y
transacción
de
la
posibilidades
de
asegurado
sólo
estarán
limitadas por lo que en su día el asegurador informó como
procedente en su comunicación o postura inicial”.83 Siendo
ello así, “el asegurado podría renunciar a ciertas partidas
a cambio de que el asegurador acepte otras que inicialmente
80 Íd.
81
Íd., pág. 627.
82
Íd., pág. 636.
83
Íd.
AC-2020-50
27
estimó improcedente o se modifiquen sumas de las ofrecidas
originalmente”.84
C. La Ley de Transacciones Comerciales y el pago en finiquito
La
Ley
de
Transacciones
Comerciales
codifica
la
jurisprudencia sobre el pago en finiquito antes citada con
ciertas
variantes
a
considerar. 85 En
lo
pertinente,
la
Sección 2-311 establece lo siguiente:
(a) Si una persona contra quien se hace una reclamación prueba
que: (i) ofreció de buena fe un instrumento al reclamante en
pago total de la reclamación, (ii) el monto de la reclamación
no había sido liquidado o estaba sujeto a una controversia
bona fide, y (iii) el reclamante obtuvo el pago del
instrumento, los siguientes incisos serán de aplicación.
(b) A menos que aplique el inciso (c) de esta sección, si la
persona contra quien se establece la reclamación prueba que
el instrumento o una comunicación escrita que le acompaña
contiene una declaración conspicua a los efectos de que el
instrumento fue ofrecido en pago total de la reclamación, la
reclamación queda saldada.
(c) Sujeto a lo dispuesto en el inciso (d) de esta sección,
una reclamación no queda saldada bajo las disposiciones del
inciso (b) de esta sección en cualquiera de las siguientes
situaciones:
.
.
.
.
.
.
.
.
(2) El reclamante, sea o no una organización, prueba que
dentro de los noventa (90) días siguientes al pago del
instrumento, ofreció el repago de la cantidad de dinero
especificada en el instrumento a la persona contra quien
se establece la reclamación. Este inciso no será de
aplicación si el reclamante es una organización que
envió una declaración en cumplimiento con lo dispuesto
con la cláusula (1)(i) de este inciso.
(d) Se salda una reclamación si la persona contra quien se
incoa prueba, que dentro de un tiempo razonable con
anterioridad al inicio del procedimiento de cobro del
instrumento, el reclamante o un agente de éste con
responsabilidad directa respecto a la obligación en disputa,
sabía que el instrumento fue ofrecido en saldo total de la
reclamación.86
84
Íd.
Ley de Transacciones Comerciales, Ley Núm. 208-1995, 19 LPRA §§ 4012409.
85
86
19 LPRA § 611 (énfasis suplido).
AC-2020-50
28
Es evidente que la citada disposición requiere como
condición para que se configure el pago en finiquito la
existencia de los siguientes requisitos: (1) que el deudor
ofrezca de buena fe el instrumento al reclamante en pago total
de
la
reclamación,
(2)
la
existencia
de
una
reclamación
ilíquida o una controversia bona fide, y (3) que el reclamante
haya obtenido el pago del instrumento. Adviértase que el
estatuto impone el peso de la prueba a la persona contra la
cual se hace el reclamo.
De
entrada,
estos
requisitos
son
cónsonos
con
los
establecidos jurisprudencialmente. No obstante, vemos que la
Ley de Transacciones Comerciales impone más restricciones para
que se configure la figura de pago en finiquito. Sobre el
requisito del ofrecimiento del instrumento negociable en pago
total de una reclamación, requiere que se haga de buena fe.
La propia Ley de Transacciones Comerciales define “buena fe”
como “la honestidad de hecho y la observancia de las normas
comerciales razonables de trato justo”.87
La mencionada Ley también requiere que la declaración de
la oferta sea conspicua a los efectos de que el instrumento
fue ofrecido en pago total de la reclamación. La propia Ley
define el término “conspicuo” como sigue:
Un término de una cláusula es conspicuo cuando está
redactado de tal forma que una persona razonable, que será
afectada por el mismo, deberá notarlo. Un encabezamiento
escrito en letras mayúsculas (e.g CARTA DE PORTE NO
NEGOCIABLE) es conspicuo. Un lenguaje en el texto de un
Íd. § 503 (énfasis suplido). Por esta expresión, es necesario acudir
a la regulación del contrato de seguros anteriormente esbozada para
conocer lo que es razonable y un trato justo en esa industria, a saber:
proveer una adecuada orientación, asistencia, etc. Véase, además,
Rosario v. Nationwide Mutual, 158 DPR 775 (2003).
87
AC-2020-50
29
formulario es ‘conspicuo’ si está escrito en letras más
grandes o en otro tipo de letra o color. […].88
Esta legislación establece que “[l]a determinación de si
un término o cláusula es ‘conspicuo’ o no, corresponderá a
los tribunales”.89
Por último, esta disposición permite el ofrecimiento del
repago de la cantidad de dinero especificada en el cheque
dentro
de
los
noventa
(90)
días
siguientes
al
pago
del
instrumento.90 Del propio texto de la Ley de Transacciones
Comerciales queda claro que el mero cambio del cheque no
configura de forma automática la figura de pago en finiquito.
Al respecto, el Profesor Garay Aubán explica que -como
regla general- si se cumplen los tres requisitos previamente
enunciados se configura el pago en finiquito y la reclamación
se extingue. No obstante, comenta que -mediante excepción y a
pesar de cumplirse con los requisitos- si la persona cobra el
cheque sin darse cuenta de que era un pago ofrecido en saldo
total de la reclamación, aplica el término de gracia. Ahora
bien, si se prueba que la persona cobró el cheque a sabiendas,
el periodo de gracia no aplica. Entiéndase que el período de
gracia es para que el acreedor se dé cuenta de la situación,
no para que cambie de parecer.91
Entendemos que la aplicación de esta excepción o término
de gracia para hacer el repago de la cantidad incluida en el
88
Íd. § 451 (énfasis suplido).
89
Íd.
90
19 LPRA § 451 (énfasis suplido).
91
Garay Aubán, op. cit, págs. 29-30.
AC-2020-50
30
cheque es un asunto que compete dirimir a los tribunales, al
igual que el cumplimiento con la declaración conspicua por
parte del asegurador. Nótese que en el pasado este Tribunal
ha
denegado
la
procedencia
de
la
sentencia
sumaria
para
resolver la aplicación de la defensa de pago en finiquito
cuando
había
controversia
de
hechos
de
si
el
demandado
“aceptó, expresa o tácitamente, los cambios en el endoso [del
cheque] efectuados en su presencia [por la parte demandante a
los efectos de que solo era un pago parcial], asunto que debe
ventilarse en juicio plenario”).92
III
En este caso, el asegurado argumenta que los foros a quo
erraron al razonar que se configuraron los requisitos de la
figura de pago en finiquito y, en consecuencia, concluir que
no existían hechos en controversia que impidieran dictar
sentencia sumaria desestimatoria. Es claro que le asiste la
razón.
Como mencionáramos, para resolver la controversia ante
nuestra consideración debemos evaluar cómo opera la figura
del
pago
en
regulaciones
debemos
finiquito
en
el
campo
de
particulares
de
esta
industria.
evaluarla
en
el
contexto
de
la
seguros
con
las
Asimismo,
relación
entre
aseguradora y asegurado. Además, por tratarse de un pago
mediante un instrumento negociable (cheque),
precisa
que
evaluemos la figura en virtud de lo estatuido en la Ley de
Transacciones Comerciales. Veamos.
92
Gilormini Merle, 116 DPR en la pág. 485.
AC-2020-50
31
De una lectura de la Sentencia emitida por el Tribunal
de Primera Instancia se desprende que, en su determinación,
el tribunal tomó como hechos únicos y suficientes sobre los
cuales no existía controversia para aplicar la figura de pago
en finiquito los siguientes: el ofrecimiento del cheque en
pago total, la notificación del cierre de la reclamación y el
cambio del cheque.
De igual manera, el Tribunal de Apelaciones concluyó que
procedía dictar sentencia sumaria debido a que se habían
configurado todos los elementos del pago en finiquito. Sin
embargo, su determinación se circunscribió a establecer que
el requisito del ofrecimiento de pago “no se hizo mediando
mala fe, sino que fue el resultado directo de la investigación
y ajuste de la reclamación”. 93 Sobre
el requisito de
la
aceptación, el tribunal apelativo intermedio razonó que como
el asegurado cambió el cheque y no solicitó reconsideración,
ello era indicativo de la conformidad del asegurado con la
aseguradora.
Vemos que, en sus determinaciones, tanto el tribunal de
instancia como el foro intermedio aplicaron la figura de pago
en finiquito de forma mecánica y no analizaron los requisitos
jurisprudenciales de la figura, en particular nada se dijo
sobre el requisito de la iliquidez o controversia bona fide
de la reclamación. También se omitió lo relativo a las
salvaguardas
del
Código
de
Seguros
y
las
normas
administrativas relacionadas, así como lo estatuido en la Ley
93
Apéndice de la Apelación, pág. 311.
AC-2020-50
32
de Transacciones Comerciales, que requiere que la buena fe de
la oferta sea tanto de hecho (ausencia de opresión o ventaja
indebida por parte del deudor), como en el cumplimiento con
las
normas
razonables
de
trato
justo.
Esto
es,
las
determinaciones de ambos foros se apartaron de la observación
del derecho aplicable, a pesar de lo enfáticos que hemos sido
mediante jurisprudencia de la importancia del cumplimiento de
todos los requisitos a la hora de evaluar si procede o no la
defensa del pago en finiquito.
Así, lo único que establecieron los foros inferiores
fue que la aseguradora envió una carta junto con un cheque
al asegurado y que éste lo firmó y lo cambió. Sin embargo,
como vimos en el derecho aplicable, el mero cambio del
instrumento no representa por sí solo que se concretó la
figura de pago en finiquito y, consecuentemente, el saldo de
la deuda ni la extinción de la obligación.
Al evaluar minuciosamente las sentencias recurridas se
denota que existe controversia en cuanto a la mayoría de los
componentes de la figura del pago en finiquito. En primer
lugar, con respecto al requisito de la existencia de una
reclamación ilíquida o sobre la cual exista una controversia
bona fide, nada se estableció. Ello, a pesar de que se ha
puntualizado desde la adopción de esta figura en nuestro
ordenamiento
que,
aunque
no
exista
duda
sobre
el
ofrecimiento ni la aceptación del pago, si no está el
AC-2020-50
33
elemento de la iliquidez no se concreta la figura.94 Vemos
que no se estableció las características del pago ofrecido.
Tampoco se dijo sobre si el pago en cuestión se hizo al
amparo o en cumplimiento de un mandato estatutario, que debe
tenerse como un ofrecimiento de deuda.95
Sobre el elemento del ofrecimiento, no se desprende un
análisis con respecto a la ausencia de opresión o ventaja
indebida
por
parte
del
deudor
y
la
relación
entre
el
asegurado y la aseguradora, dentro del contexto del evento
que motivó la reclamación. Asimismo, tampoco es patente la
existencia de circunstancias claramente indicativas para el
acreedor de lo que representaba el cheque, pues no quedó
establecido si la carta advertía al asegurado de forma
conspicua que el instrumento fue ofrecido en pago total de
la reclamación. Tampoco se analiza qué fue lo que la carta
comunicó, si la misiva logró cumplir con las salvaguardas,
restricciones y normas comerciales de trato justo estatuidas
en el Código de Seguros, dirigidas a que el asegurado reciba
una orientación clara que se desprenda de manifestaciones y
representaciones
ciertas
y
explicaciones
razonables,
incluido el estimado real de los daños sufridos por la
propiedad asegurada. Más importante aún, si la carta superó
la exigencia de que el asegurado alcance un entendimiento
claro.
City of San Juan, 195 US en la pág. 522; López, 62 DPR en las págs.
245-246.
94
95
Carpets, 175 DPR en las págs. 630-632.
AC-2020-50
34
De igual manera, no quedó establecido si de la carta
remitida al asegurado surgía que el ofrecimiento del pago se
sujetó a la condición de que de aceptarlo se entendería en
saldo
de
su
reclamación.
Esto
es,
si
se
advirtió
adecuadamente en la carta sobre las consecuencias de aceptar
el
pago
y
si
esto
último
le
impediría
presentar
una
reconsideración o entablar posteriormente una demanda como
la de autos.
Tampoco se desprende si el cheque contiene una expresión
conspicua conforme se define expresamente en la Ley, la
ubicación, el tamaño y color de la letra en la expresión del
pago total y si esta advirtió adecuadamente al asegurado lo
que implicaba.
En cuanto al tercer requisito, la aceptación (elemento
directamente atado al requisito del ofrecimiento), vemos que
existe controversia sobre qué entendimiento o bajo cuáles
condiciones el asegurado cambió el cheque y si comprendió el
alcance
y
los
efectos
que
implicaba
la
aceptación.
Entiéndase que no se estableció que hubo un entendimiento
claro por parte del asegurado.96
Razonamos que un planteamiento sobre entendimiento claro
del asegurado requiere especial atención en circunstancias en
que el contrato entre las partes es uno de adhesión y cuya
El que se concrete el entendimiento claro de una oferta de un pago
total es de suma importancia, porque si por el contrario se entiende que
es en pago parcial para comenzar a reconstruir su vivienda, este no
podría resultar en un pago en finiquito, asunto que incide a su vez con
el primer requisito de la iliquidez de la deuda. Véanse, 26 LPRA § 2716f
y CÓD. CIV. PR art. 1123, 31 LPRA § 3173.
96
AC-2020-50
industria
35
por
su
socioeconómico
del
País
consiguiente,
para
que
prospere
tienen
vital
que
jurisprudenciales
trascendencia
en
es
una
regulada. 97 Por
la
figura
altamente
concretarse
propios
de
la
del
pago
todos
figura
el
en
finiquito
los
y,
ámbito
requisitos
además,
deben
hacerse valer las disposiciones estatuidas en el Código de
Seguros, las normas administrativas relacionadas y la Ley de
Transacciones Comerciales.
Puntualizamos, además, que “la renuncia de un derecho
afirmativamente
concedido
por
ley
requiere
que
la
parte
renunciante conozca de forma cabal su derecho y haya tenido
la intención clara de abandonarlo”.98
Concluimos
que
no
existe
claridad
sobre
los
hechos
medulares, como tampoco si el asegurador cumplió con las
normas razonables de trato justo en la industria de seguro,
para establecer la procedencia de la figura de pago en
finiquito mediante el mecanismo de sentencia sumaria.99 Nada
impide que en la relación aseguradora-asegurado ambas partes
lleguen a un acuerdo y transen sus disputas. Tampoco hay
impedimento en la utilización del mecanismo de sentencia
Véase, Rosario, 158 DPR en la pág. 780 (caso que denegó la
desestimación sumaria del pleito por la aplicación de la defensa de la
transacción por no estar establecidas las condiciones en que la
perjudicada suscribió el relevo que le presentó el ajustador de la
aseguradora y su entendimiento sobre las consecuencias de suscribirlo.
El Tribunal entendió que “existe la necesidad ‘de proteger al consumidor
en casos de contratos como el de [una póliza], que de ordinario son la
parte más débil en este tipo de transacción’[citas omitidas].”).
97
98
Mendoza Aldarondo v. Asociación Empleados, 94 DPR 564, 577 (1967).
Vease, Gilormini Merle, 116 DPR en la pág. 485 (no procedía la
sentencia sumaria para resolver la procedencia de la defensa de pago en
finiquito porque quedó trabada la controversia de hechos de si el
demandado “aceptó, expresa o tácitamente, los cambios en el endoso [del
cheque] efectuados en su presencia [por la parte demandante]”).
99
AC-2020-50
36
sumaria si se dan los requisitos. Sin embargo, la evaluación
a posteriori de estos alegados acuerdos en el contexto de una
solicitud de sentencia sumaria y en el marco de un campo
altamente regulado como la industria de seguros, precisa de
nuestros tribunales la profundidad en el análisis y la certeza
de que se ha cumplido con cada uno de los requisitos que las
leyes
aplicables
y
la
jurisprudencia
interpretativa
ha
establecido. El asunto no se puede analizar de forma tan
simple y mecánica.
IV.
Por
los
fundamentos
determinación del
antes
expuestos,
revocamos
Tribunal de Apelaciones y, a
la
su vez,
ordenamos la devolución del caso al Tribunal de Primera
Instancia para que proceda conforme a lo aquí resuelto.
Se dictará sentencia de conformidad.
Erick V. Kolthoff Caraballo
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Ángel E. Feliciano Aguayo
Peticionario
v.
AC-2020-50
Mapfre Panamerican Insurance
Company
Recurrido
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico a 28 de mayo de 2021.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede la cual se hace formar parte íntegra de la
presente, revocamos la determinación del Tribunal de
Apelaciones y, a su vez, ordenamos la devolución del
caso al Tribunal de Primera Instancia para que proceda
conforme a lo aquí resuelto.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica
el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada
señora Pabón Charneco emitió Opinión Disidente. La
Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez está inhibida.
José Ignacio Campos Pérez
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Ángel E. Feliciano Aguayo
Peticionario
AC-2020-50
v.
Mapfre Panamerican Insurance
Company
Recurrido
Opinión Disidente emitida por la Jueza Asociada señora Pabón
Charneco.
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021.
Disiento respetuosamente de la Opinión Mayoritaria. En
años recientes este Tribunal ha plasmado pormenorizadamente
las normas para examinar una Solicitud de Sentencia Sumaria
y el modo correcto de revisarlas en apelación. De forma
reiterada hemos resuelto que las alegaciones concluyentes de
derecho son insuficientes para derrotar una solicitud de
esta índole. Quien se opone al petitorio debe sustentar su
posición con hechos y prueba. Los mencionados requerimientos
no son meros formalismos, sino herramientas para disponer
expeditamente
de aquellos
pleitos cuya
resolución puede
efectuarse sin la celebración de un Juicio. Sin embargo, la
decisión emitida hoy por la Mayoría resulta contraria a estos
preceptos.
En el caso de autos no habían hechos materiales en
controversia que impidieran dictar Sentencia sumariamente.
Por
lo
tanto,
debimos
entrar
en
los
méritos
de
la
controversia y resolver de una vez por todas la aplicabilidad
AC-2020-50
2
de la defensa de pago en finiquito en el contexto de una
reclamación de seguros. Un deudor puede extinguir su deuda
ilíquida mediante el envío de un cheque, siempre que este
contenga una anotación clara a tales fines para el acreedor
y el ofrecimiento de pago sea aceptado. El lenguaje utilizado
por el deudor debe ser lo suficientemente comprensible para
que una persona promedio con la habilidad de leer entienda
lo que representa. De esto suceder, entonces el cobro del
cheque, sin protesta, equivale a aceptar la oferta como un
pago en finiquito de la obligación. Tras un análisis del
derecho y su aplicación a los hechos incontrovertidos, debo
concluir que procedía confirmar la Sentencia del foro a quo
dado que se cumplen los elementos de la figura de pago en
finiquito.
Con el propósito de poner en justa perspectiva los
fundamentos que me motivan a emitir esta Opinión Disidente,
a
continuación
reseño
el
tracto
procesal
del
caso
de
epígrafe.
I
El 17 de septiembre de 2018, el Sr.
Aguayo,
(peticionario)
incumplimiento
de
presentó
contrato
contra
Ángel E. Feliciano
una
Mapfre
Demanda
Pan
por
American
Insurance Company (MAPFRE). En síntesis, alegó que MAPFRE
emitió una póliza para asegurar un bien inmueble de su
pertenencia, el cual sufrió daños en 2017 a causa del Huracán
María.
Expresó
que,
tras
iniciar
una
reclamación
para
obtener el desembolso de los daños conforme a la póliza de
AC-2020-50
seguros,
3
un
ajustador
enviado
por
MAPFRE
acudió
a
la
propiedad para examinar y estimar los daños. Esbozó que los
daños finalmente estimados eran contrarios a los términos de
la
póliza
e
impropiamente
omitían
o
subvaloraban
las
pérdidas cubiertas. Adujo que MAPFRE actuó de manera dolosa,
de mala fe e incurrió en prácticas desleales en el ajuste de
su reclamación. Reclamó que se reconociera que los daños a
la
vivienda
ascendían
a
ciento
cincuenta
y
cuatro
mil
diecisiete dólares con veintitrés centavos ($154,017.23) y
se le pagara tomando esa cantidad como base.
Por el otro lado, el 8 de mayo de 2019 MAPFRE presentó
una Moción de Desestimación y/o Sentencia Sumaria. En esta,
manifestó que le envió un cheque al peticionario por la
cantidad de tres mil ochocientos setenta y ocho dólares
($3,878.00), el cual fue cobrado sin expresión de reserva
alguna sobre el estimado de las pérdidas. Aseveró que el
cheque
indicaba
que
era
en
pago
total
y
final
de
la
reclamación por daños ocasionados por el Huracán María. Así,
planteó que la causa de acción del peticionario carecía de
méritos toda vez que este recibió el pago total de su
reclamación
y,
con
arreglo
a
la
doctrina
de
pago
en
finiquito, estaba impedido de solicitar una compensación
adicional.
En respuesta, el peticionario argumentó que existía
controversia de hechos. Expresó que debía rechazarse la
defensa de pago en finiquito porque MAPFRE la utilizó para
eludir su obligación de investigar, ajustar y resolver su
AC-2020-50
4
reclamación adecuadamente. Expuso que la aseguradora intentó
sustituir ese deber jurídico mediante el pago a una persona
en extremo estado de necesidad y sin la facultad de ejercer
una decisión informada, lo cual, de por sí, constituyó mala
fe. Además, alegó que era improcedente reconocer la defensa
de pago en finiquito pues lo pagado no era una cantidad
ilíquida, sino el pago de una responsabilidad fijada por el
Código de Seguros, infra.
Evaluadas las respectivas posiciones, el Tribunal de
Primera Instancia dictó Sentencia Sumaria a favor de MAPFRE.
Concluyó que, a tenor con la doctrina de pago en finiquito,
la obligación quedó extinta cuando el peticionario endosó el
cheque enviado por MAPFRE. Por lo tanto, desestimó la Demanda
con perjuicio.
Inconforme, el peticionario recurrió ante el Tribunal
de Apelaciones. El foro apelativo intermedio confirmó el
dictamen emitido por el tribunal de instancia. Concluyó que
se configuraron todos los elementos del pago en finiquito
pues existía una reclamación contra MAPFRE por los daños
sufridos al inmueble, la reclamación fue investigada, se
hizo una oferta clara en pago total de la reclamación, y el
peticionario aceptó la oferta al firmar y cobrar el cheque
varios días después. Específicamente, el tribunal apelativo
intermedio expresó que, junto con el cheque:
[S]e incluyó todo el estimado de los daños y los
ajustes realizados antes de emitir el cheque. Lo
anterior nos lleva a concluir que el pago
realizado por parte de la aseguradora no se hizo
mediando mala fe, sino que fue el resultado
AC-2020-50
5
directo de la investigación y ajuste de la
reclamación. Al cursarse la oferta, nos resulta
claro
que
se
hizo
cumpliendo
con
los
requerimientos del Código de Seguros y con el
propósito claro de culminar la reclamación. De
otra parte, nada en el lenguaje revela intención
de confundir de parte de la aseguradora. Por el
contrario, Mapfre le detalló a Feliciano Aguayo
los pormenores de sus daños y, además, el
procedimiento de reconsideración que tenía a su
disposición, en caso de no estar de acuerdo con la
conclusión de la aseguradora. A pesar de ello,
Feliciano Aguayo no solicitó reconsideración de
esta decisión.
Surge del propio cheque, que Feliciano Aguayo
firmó el cheque, lo cobró y no presentó
reconsideración alguna ante la aseguradora, lo
cual nos refleja su conformidad con la conclusión
de la aseguradora. Sentencia de 30 de junio de
2020, Apéndice de la Apelación, págs. 311-312.
Aun en desacuerdo, el peticionario recurrió ante nos y
señaló que erraron los foros a quo al resolver que no
existían hechos materiales en controversia. Arguyó también
como error la conclusión de que se concretaron todos los
elementos de la doctrina de pago en finiquito. Así mismo,
planteó que la mencionada doctrina es incompatible con el
Código de Seguros, infra.
II
A.
La Sentencia Sumaria es un mecanismo procesal utilizado
para disponer de una controversia sin tener que llevar a
cabo un Juicio en su fondo. Los tribunales pueden dictar
Sentencia sumariamente cuando no hay controversia de hechos
materiales y meramente procede una aplicación del derecho a
los hechos no controvertidos. Conforme a la Regla 36.3 de
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, procede dictar Sentencia
AC-2020-50
6
Sumaria si las alegaciones, deposiciones, contestaciones a
interrogatorios, admisiones, declaraciones juradas u otra
evidencia acreditan la inexistencia de una controversia real
y sustancial respecto a algún hecho esencial y material y,
además, si el derecho aplicable así lo justifica.
La parte promovente de la Moción de Sentencia Sumaria
viene obligada a desglosar los hechos sobre los que aduce
que no existe controversia y, para cada uno, especificar la
página o párrafo de la declaración jurada u otra prueba
admisible en evidencia que lo apoya. Íd. Igualmente, la parte
que se opone a una Moción de Sentencia Sumaria tiene el deber
de hacer referencia a los párrafos enumerados por la parte
promovente que entiende que están en controversia y, para
cada uno, detallar la evidencia admisible que sostiene su
impugnación. Íd. Como norma general, “para derrotar una
solicitud
de
sentencia
sumaria
la
parte
opositora
debe
presentar contradeclaraciones juradas y contradocumentos que
pongan
en
controversia
los
hechos
presentados
por
el
promovente”. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 215
(2010), citando a Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v.
Purcell,
117
DPR
714,
721
(1986).
Si
el
oponente
no
controvierte los hechos propuestos de la forma en la que lo
exige la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, se podrán
considerar como admitidos y se dictará la Sentencia Sumaria
en su contra, si procede.
Al momento de revisar una Sentencia dictada de forma
sumaria, el Tribunal de Apelaciones está obligado a aplicar
AC-2020-50
7
los mismos criterios exigidos al foro primario por la Regla
36 de Procedimiento Civil, supra, lo cual incluye revisar
que tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su oposición
cumplan
con
los
requisitos
de
forma
codificados
en
la
referida Regla. Roldán Flores v. M. Cuebas, 199 DPR 664, 679
(2018). En esa evaluación, el foro apelativo intermedio
ausculta la existencia de una controversia real de hechos
materiales y, de no haberlas, procede a revisar de novo si
el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el
Derecho a los hechos incontrovertidos. Meléndez González v.
M. Cuebas, 193 DPR 100, 117-119 (2015).
B.
La
industria
de
seguros
es
altamente
regulada
por
implicar un asunto de alto interés público que incide sobre
la economía y la sociedad. Jiménez López v. Simed, 180 DPR
1, 8 (2010). Por medio del contrato de seguros, una persona
se obliga a indemnizar, pagar o proveerle a otra un beneficio
específico o determinable al producirse un suceso incierto
previsto en este. Art. 1.020 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio
de 1957, según enmendada, conocida como Código de Seguros de
Puerto Rico,
26 LPRA sec. 102. La relación jurídica entre
el asegurador y el asegurado es de naturaleza contractual y
se rige concretamente por lo pactado en el contrato de
seguros, que es la ley entre las partes. Jiménez López v.
Simed, supra, pág. 10.
En
el
desempeño
de
las
obligaciones
pactadas,
los
aseguradores deben ceñirse a las normas contenidas en el
AC-2020-50
8
Código de Seguros y los cuerpos reglamentarios que rigen el
comportamiento de una relación asegurador-asegurado. Dentro
de esas normas se encuentra la prohibición de incurrir en
prácticas
desleales
y
fraudulentas
en
el
ajuste
de
reclamaciones. Arts. 27.161 y 27.260 del Código de Seguros
de Puerto Rico, 26 LPRA secs. 2716 y 2735; Reglamento Núm.
2080 de la Oficina del Comisionando de Seguros de 6 de abril
de 1976 (Reglamento Núm. 2080). Algunas de las prácticas que
se
consideran
desleales
son:
(1)
hacer
falsas
representaciones de los hechos o de los términos de una
póliza; (2) rehusar pagar una reclamación sin llevar a cabo
una investigación razonable; (3) no intentar de buena fe
llevar a cabo un ajuste rápido, justo y equitativo de una
reclamación; (4) obligar a los asegurados a entablar pleitos
para recobrar bajo los términos de una póliza porque se les
denegó incorrectamente la cubierta o se les ha ofrecido una
cantidad sustancialmente menor a la que podrían recobrar en
un litigio, y (6) intentar transigir una reclamación por una
cantidad menor a la que el asegurado razonablemente tenga
derecho. Art. 27.161 del Código de Seguros de Puerto Rico,
supra.
Asimismo, cuando un asegurado presenta una reclamación
para cobrar las pérdidas cubiertas por su póliza, la entidad
aseguradora debe cumplir con lo dispuesto en el Art. 27.162
del Código de Seguros, supra. Esta obligación consiste en la
investigación, ajuste y resolución de la reclamación de
forma final en los noventa (90) días luego de presentada.
AC-2020-50
Durante
9
ese
investigación
precisar
si
término,
el
diligente
el
evento
asegurador
que
debe
incluya,
damnificador
realizar
inter
ocurrió
una
alia:
(1)
durante
la
vigencia de la póliza; (2) acotar si el asegurado reclamante
tenía un interés asegurable; (3) determinar si la propiedad
damnificada es aquella descrita en las declaraciones; (4)
confirmar si las pérdidas reclamadas no están sujetas a
exclusiones de riesgo, y (5) escrutar si el daño fue causado
por negligencia de un tercero, de modo tal que el asegurador
pueda subrogarse en los derechos de resarcimiento de su
asegurado. Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 615, 634
(2009).
Luego de culminado ese ejercicio, la aseguradora emite
una
determinación
a
fin
de
resolver
la
reclamación
presentada. Esa determinación debe constituir una oferta
razonable, en virtud de los términos de la póliza y la
investigación realizada. Com. Seg. PR v. Antilles Ins. Co.,
145 DPR 226 (1998). Es decir, la comunicación enviada al
asegurado debe incluir todas las cantidades que deban ser
incluidas
de
acuerdo
con
la
reclamación
radicada,
la
investigación del asegurador y los límites de la póliza.
Reglamento Núm. 2080, supra, pág. 3. La reclamación quedará
resuelta mediante el pago total de la reclamación o la
denegación escrita y fundamentada de la misma.100 Art. 27.163
Una reclamación también quedará resuelta por inactividad del
reclamante, cuando el reclamante no coopere o no entregue la información
necesaria para que el asegurador pueda realizar el ajuste. Art. 27.163
del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 2716c
100
AC-2020-50
10
del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 2716c. De proceder un
pago,
la
determinación
del
asegurador
le
informa
al
asegurado que:
[D]espués de una investigación diligente, un
análisis de los hechos que dieron lugar a la
pérdida, un examen de la póliza y sus exclusiones,
y un estudio realizado por el ajustador de
reclamaciones del asegurador, se concluye que la
póliza cubre ciertos daños reclamados por el
asegurado, en las cantidades incluidas en la
comunicación. Después de todo, al analizar una
reclamación,
los
aseguradores
tienen
una
obligación de llevar a cabo un ajuste rápido,
justo, equitativo y de buena fe. Carpets & Rugs v.
Tropical Reps, supra, pág. 635.
En
caso
del
asegurado
estar
en
desacuerdo
con
la
determinación de la aseguradora, entonces tiene la opción de
solicitar reconsideración ante la entidad aseguradora o
acudir a los foros judiciales y administrativos pertinentes
para
hacer
valer
sus
derechos.
Lo
anterior
surge
del
Reglamento Núm. 8386 de la Oficina del Comisionado de Seguros
de
21
de
agosto
de
2013.
Mediante
este
Reglamento
se
estableció la Regla 47-A para regular la primera solicitud
de reconsideración de la determinación del asegurador. La
Regla
les
impuso
la
obligación
a
los
aseguradores
de
investigar, ajustar y resolver toda primera solicitud de
reconsideración dentro de treinta (30) días de presentada.
La
solicitud
debe
presentarse
por
escrito,
indicar
los
hechos y los asuntos pertinentes y el reclamante debe alegar
tener derecho al pago, a un pago distinto al ofrecido o
volver a reclamar el daño compensable. Por último, la Regla
expresa claramente que nada de lo dispuesto puede entenderse
AC-2020-50
11
como una limitación del derecho del asegurado de acudir a
cualquier foro administrativo o judicial. Por lo tanto, de
considerar
que
la
aseguradora
incurrió
en
una
práctica
desleal en el proceso de ajuste de su reclamación, el
asegurado tiene disponible un remedio administrativo ante la
Oficina
del
Comisionado
de
Seguros. 101 Asimismo,
tiene
disponibles remedios judiciales, lo que pudiera incluir una
acción por los daños sufridos.102
C.
Con ese marco estatutario en mente, debemos considerar
la figura del pago en finiquito (accord and satisfaction).
Esta figura, proveniente del Derecho Común, fue importada a
nuestro acervo jurídico mediante jurisprudencia. Constituye
una de las formas para extinguir una obligación y puede
utilizarse como una defensa afirmativa al responder las
alegaciones
de
un
pleito
civil.
Regla
6.3(b)
de
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.
El accord and satisfaction
representa un “[m]étodo
corto y práctico para zanjar diferencias [y] se utiliza a
menudo en la práctica”. M.E. García Cárdenas, Derecho de
Obligaciones y Contratos, 2017, pág. 243. Opera “como un
método informal de resolución de controversias que se lleva
El Art. 27.260 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 2735, establece
que a cualquier persona que infrinja las disposiciones relacionadas a
prácticas desleales y fraude podrá imponérsele una multa administrativa
que no excederá de diez mil (10,000) dólares por cada violación.
102 El asegurado pudiera reclamar daños por incumplimiento contractual.
Además, en 2018 se incorporó al Código de Seguros un remedio civil a
favor del asegurado por los daños sufridos a causa de haber el asegurador
incurrido en una práctica desleal en el ajuste de su reclamación. Art.
27.164 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 2716d.
101
AC-2020-50
12
a cabo mediante el uso de un instrumento negociable [...]”.
M.R. Garay Aubán, Derecho cambiario de Estados Unidos y
Puerto Rico, Ponce, Ed. Revista de Derecho Puertorriqueño,
1999,
pág.
279.
Por
sus
semejanzas
al
contrato
de
transacción, esta figura se le ha denominado una transacción
al instante: “al igual que su paralelo de mayor solemnidad
la transacción, [el accord and satisfaction] es accesorio,
consensual, bilateral y oneroso”. A. Martínez & Co. v. Long
Const. Co., 101 DPR 830, 835 (1973). No obstante, el pago en
finiquito “opera en un área de contratación rápida propia de
nuestros días y es más asequible para la terminación en corto
plazo de diferencias, incertidumbres y mutuas reclamaciones
que el contrato de transacción”. Íd.
Precisa el concurso de los elementos siguientes para
que exista un accord and satisfaction: (1) Una reclamación
ilíquida o sobre la cual exista controversia bona fide; (2)
un ofrecimiento de pago por el deudor; y (3) una aceptación
del ofrecimiento de pago por el acreedor.
El primer elemento para examinar es si se trata de una
deuda ilíquida o, en su defecto, una deuda sobre la cual
existe una controversia bona fide sobre su existencia.103
En City of San Juan v. St. John's Gas Co., 195 U.S. 510 (1904), el
Tribunal Supremo de Estados Unidos reconoció la distinción entre una
deuda ilíquida y una sujeta a controversia bona fide:
103
[T]he well-established rule “that where a liquidated sum is
due, the payment of a less sum in satisfaction thereof,
though accepted as satisfaction, is not binding as such, for
want of consideration” [...] is subject, among others, to
the well- established exception that it does not apply where,
at the time of the agreement, there was a dispute between
the parties, the subject-matter of which dispute is embraced
in the agreement to extinguish a greater by a less amount.
[...] Despite the construction which we have given the
AC-2020-50
13
Para efectos del caso ante nos, nos concentraremos en el
aspecto de la liquidez. Una deuda es ilíquida cuando es
fluida
e
incierta
la
cuantía
representativa
del
justo
balance que saldaría el contrato. A. Martínez & Co. v. Long
Const. Co., supra, pág. 834. A contrario sensu, una deuda es
líquida cuando el monto de lo adeudado es definitivo o puede
determinarse con exactitud, ya sea del acuerdo entre las
partes o mediante la aplicación de reglas definidas por ley.
1
Am.Jur.
2d
(Accord
&
Satisfaction),
Sec.
8.
En
tal
contexto, este Tribunal expresó que una reclamación era
líquida cuando se observaba que “en cuanto a la exactitud de
la cantidad reclamada por el demandante no existía disputa,
sino simplemente en cuanto a la obligación de pagarla”. López
v. South Porto Rico Sugar Company of Porto Rico, 62 DPR 238,
245 (1943).104
Referente al segundo elemento, el ofrecimiento de pago
por el deudor a su acreedor tiene que estar acompañado por
actos o declaraciones que claramente indiquen que el pago
contract, we think it is quite clear that the proof
established that there was a bona fide dispute in this case.
Íd., pág. 522.
Por lo tanto, “a claim may be liquidated in amount and there may still
be an accord and satisfaction by the receipt of a smaller amount by the
creditor, if the claim, itself, as distinguished from its amount, is
disputed and the settlement [is] made in view of the dispute [...]”.
(Énfasis suplido). Laxton v. Retail Hardware Mut. Fire Ins. Co., 48
S.W.2d 144, 146 (Mo.App. 1932).
104 En López v. South Porto Rico Sugar Company of Porto Rico, 62 DPR 238,
245 (1943), la deuda era líquida, por lo cual debía existir una
controversia bona fide sobre la obligación de pagarla para satisfacer
el primer elemento de la defensa de aceptación como finiquito. La defensa
fue rechazada porque al momento de extenderse el ofrecimiento de pago
“ya el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, al denegar la expedición
del auto de certiorari[,] había disipado la duda que tenía la demandada
en cuanto a su obligación de pagar la cantidad reclamada por el
demandante”, lo cual impidió concluir que la controversia era bona fide.
Íd., pág. 246.
AC-2020-50
14
ofrecido es en pago total, completo y definitivo de la deuda
existente entre ambos. H.R. Elec., Inc. v. Rodríguez, 114
DPR 236, 242 (1983).
Finalmente, el tercer elemento consiste en evaluar la
aceptación del pago cursado. El accord and satisfaction
quedará perfeccionado “con la simple retención del cheque
por el acreedor que con ello expresa su consentimiento
[...]”. A. Martínez & Co. v. Long Const. Co., supra, pág.
835.
Esta
retención
afirmativos,
debe
posteriores
estar
al
acompañada
recibo
del
de
actos
cheque,
que
claramente indiquen la aceptación de la oferta. Por ejemplo,
hemos interpretado como suficiente que el deudor utilice el
cheque para su propio y permanente provecho mediante su
endoso
y
explicación
cambio.
por
Además,
tiempo
que
retenga
inusitado.
H.R.
el
cheque
Elec.,
Inc.
sin
v.
Rodríguez, supra, pág. 243.
Cónsono con el principio de buena fe que permea toda
actividad jurídica, el concurso de estos elementos debe ser
en ausencia de opresión o indebida ventaja de parte del
deudor. A. Martínez & Co. v. Long Const. Co., supra, pág.
834. De esto ocurrir, “mediando circunstancias claramente
indicativas para el acreedor de que el cheque remitido lo
era en pago y saldo total del balance resultante de la
liquidación final del contrato, están presentes todos los
requisitos de este modo de extinción de las obligaciones”.
Íd.
AC-2020-50
15
Cabe
mencionar
que,
posterior
a
su
adopción
jurisprudencial, la aceptación como finiquito fue codificada
en la Ley Núm. 208-1995, según enmendada, conocida como Ley
de Transacciones Comerciales, 19 LPRA Sec. 401 et seq. En lo
pertinente, la ley establece lo siguiente:
(a) Si una persona contra quien se hace una
reclamación prueba que (i) ofreció de buena fe un
instrumento al reclamante en pago total de la
reclamación, (ii) el monto de la reclamación no
había sido liquidado o estaba sujeto a una
controversia bonafide, y (iii) el reclamante
obtuvo el pago del instrumento, las siguientes
subsecciones serán de aplicación.
(b) [...] si la persona contra quien se establece
la reclamación prueba que el instrumento o una
comunicación escrita que le acompaña contiene una
declaración conspicua a los efectos de que el
instrumento fue ofrecido en pago total de la
reclamación, la reclamación queda saldada. Sección
2-311 de la Ley de Transacciones Comerciales, 19
LPRA sec. 611.
La Ley de Transacciones Comerciales, supra, además de
los requisitos ya discutidos, expresamente establece que el
ofrecimiento debe ser de buena fe. Es decir, con “honestidad
de
hecho
y
la
observancia
de
las
normas
comerciales
razonables de trato justo”. Sección 2-103 de la Ley de
Transacciones Comerciales, 19 LPRA sec. 503. Asimismo, la
legislación adiciona como requisito que el instrumento, o la
comunicación escrita que le acompañe, debe contener una
declaración conspicua a los efectos de que el ofrecimiento
se
hizo
en
Transacciones
pago
total
Comerciales
de
la
reclamación.
considera
un
La
Ley
de
término
de
una
cláusula como “conspicuo” cuando “está redactado de tal
forma que una persona razonable, que será afectada por el
AC-2020-50
mismo,
16
deberá
notarlo”.
Sección
1-201
de
la
Ley
de
Transacciones Comerciales, 19 LPRA sec. 451. Se ofrecen como
ejemplos cuando se utilizan letras mayúsculas, un texto
escrito en letras más grandes, en otro tipo de letra o con
un color distinto.
D.
Corresponde en este momento evaluar la interrelación
entre la legislación de los seguros y la defensa de pago en
finiquito. Como punto de partida, recurrimos al texto del
Código de Seguros. En esta ley, la única mención expresa que
se hace de la figura de pago en finiquito es en el Art.
27.166
del
Código
de
Seguros,
26
LPRA
sec.
2716f.
El
mencionado Artículo regula lo concerniente a pagos parciales
o en adelanto de reclamaciones ante eventos catastróficos y
establece que:
(d) La aceptación de un pago parcial o en adelanto
por el asegurado reclamante no constituirá, ni
podrá ser interpretado, como un pago en finiquito
o renuncia a cualquier derecho o defensa que éste
pueda tener sobre los otros asuntos de la
reclamación
en
controversia
que
no
estén
contenidos expresamente en la declaración de
oferta de pago parcial o en adelanto.
Notamos que lo establecido en esa disposición mandata
que sea inaplicable la defensa de pago en finiquito a los
asuntos
que
no
estén
contenidos
expresamente
en
la
declaración de oferta. Ciertamente, un acuerdo no puede
aplicar a lo que en él no se contempla. Pero lo realmente
revelador
de
esta
disposición
aplicabilidad
del
accord
and
es
que
no
excluye
satisfaction
a
la
las
AC-2020-50
17
reclamaciones de seguros, sino que aclara una situación en
la cual sería erróneo utilizarla.
Por otro lado, aunque no hace mención expresa del pago
en finiquito, la Carta de Derechos del Consumidor de Seguros
establece que los asegurados tienen el derecho a que su
asegurador les “envíe su oferta con desglose del ajuste para
su evaluación, antes de recibir un cheque que usted no ha
aceptado, o concurrentemente con el cheque, sin que se
entienda
que
el
simple
recibo
del
mismo
significa
una
renuncia a sus reclamaciones”. Artículo 1.120 del Código de
Seguros, 26 LPRA sec. 118. De esto se puede colegir que el
simple recibo del cheque del asegurador no significa que el
asegurado haya renunciado a sus reclamaciones. Empero, de
estar presentes actos afirmativos, como el endoso y cambio
del instrumento, nada impide que se aplique la doctrina del
pago en finiquito, siempre que se cumplan la totalidad de
los elementos de esta figura.105
En este análisis resulta inescapable remontarnos a los
embates naturales que azotaron a Puerto Rico en 2017. Tras
estos
sucesos,
cantidad
de
sin
sorpresa
reclamaciones
alguna,
de
surgieron
seguros
por
una
daños
gran
a
la
propiedad. Más allá de las consecuencias experimentadas
individualmente por los ciudadanos, estos eventos tuvieron
Debe además considerarse lo dispuesto en la Sección 2-311 de la Ley
de Transacciones Comerciales, 19 LPRA sec. 611, la cual dispone que una
reclamación no queda saldada como pago en finiquito cuando el acreedor
“prueba que dentro de los noventa (90) días siguientes al pago del
instrumento, ofreció el repago de la cantidad de dinero especificada en
el instrumento a la persona contra quien se establece la reclamación”.
105
AC-2020-50
18
consecuencias
directas
sobre
la
labor
legislativa.
En
específico, fueron punta de lanza para varios proyectos de
ley dirigidos a atender la controversia que hoy tenemos ante
nos.
El 9 de octubre de 2019, se radicó el Proyecto de la
Cámara 2285, primer proyecto legislativo relacionado al tema
que nos compete. En el mismo se adelantaba enmendar el Código
de Seguros para establecer que ninguna compañía de seguros
podía extinguir una obligación mediante la figura de pago en
finiquito sin antes proveerle al asegurado una explicación
detallada,
por
escrito
y
oral,
sobre
el
alcance
y
consecuencias de recibir dicho pago. Por haber finalizado la
última
Sesión
Ordinaria
de
la
Decimoctava
Asamblea
Legislativa, la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y
Seguros de la Cámara de Representantes no logró considerar
el Proyecto y rindió un Informe Negativo. Por otro lado, el
17 de octubre de 2019 se radicó el segundo proyecto de ley
relacionado al pago en finiquito en el ámbito de los seguros.
Este fue el Proyecto del Senado 1417, el cual proponía
prohibir, retroactivamente, la defensa de pago en finiquito
en pleitos judiciales de seguros, de manera que quedaran
cobijadas las reclamaciones presentadas como consecuencia de
las tormentas de 2017. Esta medida tampoco se aprobó, siendo
la última incidencia legislativa su remisión a la Comisión
de Reglas y Calendario del Senado el 22 de junio de 2020.
Por último, actualmente se encuentra bajo estudio en la
Asamblea Legislativa el Proyecto de la Cámara 153. Este
AC-2020-50
19
proyecto de ley, radicado el 5 de enero de 2021, es muy
similar al anterior Proyecto de la Cámara 2285. Su intención
es
añadir
como
una
práctica
desleal
en
el
ajuste
de
reclamaciones lo siguiente:
(22) Ninguna compañía de seguros podrá extinguir
una obligación mediante la figura de pago en
finiquito sin antes proveerle al asegurado una
explicación detallada, por escrito y oral, sobre
el alcance y consecuencias de recibir dicho pago.
La explicación en cuestión debe exponer claramente
al asegurado que recibir el pago en cuestión
constituye el pago total y definitivo de la
obligación. P. de la C. 153, pág. 3.
La medida propuesta admite la aplicación del pago en
finiquito
a
las
reclamaciones
de
seguros.
Además,
para
permitir el reconocimiento de la figura, propone exigir que
el
asegurado
sea
orientado
sobre
las
consecuencias
de
aceptar el pago tanto de forma oral como escrita.
Tomando
todo
lo
expuesto
en
consideración,
debo
concluir que el Código de Seguros no excluye la aplicación
de la figura de pago en finiquito en las reclamaciones de
seguros.
Conforme a la normativa jurídica antes expuesta, paso
a resolver la controversia ante nos.
III
Primero,
corresponde
determinar
si
el
Tribunal
de
Apelaciones aplicó correctamente el estándar de revisión de
Mociones de Sentencia Sumaria.
La causa de acción presentada por el peticionario ante
el foro primario fue una por incumplimiento contractual. En
específico, alegó que MAPFRE incumplió con la póliza y lo
AC-2020-50
20
establecido en el Código de Seguros, supra, respecto a la
prohibición
de
realizar
ajustes
injustificados
a
las
reclamaciones. Planteó que MAPFRE le denegó impropiamente la
cubierta de las pérdidas a las que tiene derecho a recibir
bajo los términos del contrato.
A
raíz
de
ello,
MAPFRE
presentó
una
Moción
de
Desestimación y/o Sentencia Sumaria en donde solicitó la
desestimación de la Demanda por ser de aplicación la defensa
de pago en finiquito. Para sustentar su posición, desglosó
once (11) hechos que entendía estaban incontrovertidos. A
tenor con la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, para
cada hecho especificó la prueba que lo apoyaba. Luego, expuso
su argumentación legal y conclusión.
Por el otro lado, el peticionario presentó su Oposición
a Moción de Desestimación y/o Sentencia Sumaria. En esta, el
peticionario copió los hechos materiales que el recurrido
había enumerado en su Moción de Sentencia Sumaria como
incontrovertidos, sin más. No los refutó conforme establecen
las
reglas
procesales.
Luego,
procedió
a
argumentar
su
posición en derecho. En alguna parte de su exposición,
referenció un Informe de Ajuste procurado por este en agosto
de 2018. Expresó que los daños determinados por el ajustador
contratado por él difieren de los daños determinados por el
ajustador
contratado
por
MAPFRE
en
marzo
de
2018
($154,017.23 vis à vis $3,681.00). En esencia, le imputa
mala fe a MAPFRE en el proceso de ajuste de la reclamación.
Apoya su contención exclusivamente en esa diferencia entre
AC-2020-50
21
los dos (2) documentos para argumentar que MAPFRE incurrió
en prácticas desleales que impiden la aplicación de la figura
de pago en finiquito y requieren de la celebración de un
Juicio. No refutó los siguientes hechos presentados por el
recurrido, los cuales, según indicamos, estaban apoyados por
prueba
documental
y
eventualmente
hechos
incontrovertidos
por
el
fueron
acogidos
Tribunal
de
como
Primera
Instancia:
1. La Parte Demandante está compuesta por [Á]ngel
E. Feliciano Aguayo. Véase ¶ 4 de la Demanda.
2. La Parte Demandante es dueña de una propiedad
que ubica en Parque del Monte 2, KK14 Calle
Urayoán Caguas, Puerto Rico. Véase ¶ 6 de la
Demanda.
3. Al 20 de septiembre de 2017, la Propiedad
estaba asegurada contra el peligro de huracán
bajo la póliza número 3777751609530 expedida
por MAPFRE (la “Póliza”). Véase Anejo A –
Declaraciones
4. De conformidad con la Póliza, se aseguraba la
propiedad por el límite de $140,165.00, en
estructura con deducible de $2,803.00 y por el
límite de $15,000.00 en propiedad personal con
deducible de $500.00.
Véase Anejo A
–
Declaraciones.
5. El 20 de septiembre de 2017, la Propi[e]dad
sufrió daños como consecuencia del paso del
Huracán María por la isla de Puerto Rico. Véase
¶10 de la Demanda.
6. En enero de 201[8] la parte demandante realizó
un aviso de pérdida a MAPFRE por los daños que
sufrió la Propiedad como consecuencia del paso
del Huracán María por la isla de Puerto Rico;
al cual MAPFRE le asignó el número 20183267997.
Véase ¶10 de la Demanda
7. MAPFRE realizó una inspección de la Propiedad
el 14 de marzo de 2018. Véase Anejo B – Informe
de Inspección.
AC-2020-50
22
8. Luego de realizar una inspección, y una vez
concluido el proceso de investigación y ajuste
de la reclamación, Véase Anejo C se le notificó
a la parte demandante que procedía un pago por
la cantidad de $3,878.00 por concepto de
estructura y se ordenó el pago de dicha
cantidad mediante cheque 1819947 el 2 de abril
de 2018. Véase Anejo D - Cheque.
9. Que dicho cheque indicaba que era en pago total
y final de la reclamación por daños ocasionados
por el Huracán María ocurrido el 09/20/2017.
10.Adem[á]s se notificó el cierre a su reclamo de
Contenido el 1 de abril de 2018. Véase Anejo E
– Carta de Cierre por c[o]ntenido.
11.Que dicho cheque fue recibido, aceptado y
cambiado por la parte demandante, sin expresión
de objeción, condición o reserva alguna. Véase
Anejo F - Cheque cobrado.106
El peticionario falló en presentar contradeclaraciones
juradas y contradocumentos que pusieran en controversia los
hechos presentados por el promovente. Las meras afirmaciones
no son suficientes para derrotar una Moción de Sentencia
Sumaria. La parte que se opone debe también presentar prueba
para sustentar su posición y/o refutar la del promovente, so
pena de que puedan darse por admitidos los hechos señalados
por el promovente. No bastan generalizaciones y conclusiones
de derecho. “[L]as determinaciones de hecho establecen qué
fue lo que pasó, mientras que en las conclusiones de derecho
se determina el significado jurídico de esos hechos conforme
a determinada norma legal”. Lugo Montalvo v. Sol Melia
Vacation, 194 DPR 209, 226 (2015).
106
Apéndice de la Apelación, pág. 60.
AC-2020-50
23
En su oposición, el peticionario se limitó a especular
sobre la razón para una diferencia en los daños determinados
por los ajustadores y a expresar sus conclusiones de derecho
sobre la controversia. No argumentó con hechos específicos
apoyados en prueba cuál fue, a su entender, el incumplimiento
del recurrido con el proceso de investigación y ajuste ni
cuáles fueron las pérdidas específicas que, conforme a la
cubierta de la póliza, fueron omitidas o subvaloradas. Dado
que
las
alegaciones
del
peticionario
fueron
todas
conclusorias, no existe controversia material de hechos que
impidiera
dictar
Sentencia
de
forma
sumaria.
Consecuentemente, los foros a quo no erraron al dar por
admitidos los hechos señalados por el recurrido.
En este examen tenemos muy presente la conocida norma
de que en nuestra jurisdicción la buena fe se presume por lo
que, quien reclama la mala fe, debe probarla. Citibank v.
Dependable
Ins.
Co.,
Inc.,
121
DPR
503,
519
(1988);
Cervecería Corona v. Commonwealth Ins. Co., 115 DPR 345, 351
(1984). También es de hondo arraigo en nuestro ordenamiento
la norma de que el fraude no se presume. McNeil Healthcare,
LLC v. Municipio de Las Piedras, 2021 TSPR 24, pág. 43. Aun
cuando la revisión de la denegatoria o concesión de una
Moción de Sentencia Sumaria se lleva a cabo examinando el
expediente de la manera más favorable hacia la parte que se
opone, y llevando a cabo todas las inferencias permisibles
a su favor, la diferencia entre los daños estimados por los
peritos de ambas partes es insuficiente, por sí sola, para
AC-2020-50
concluir
24
que
materiales.
distantes
existe
Los
por
controversia
estimados
ajustadores
fueron
real
sobre
realizados
distintos.
Además,
hechos
en
fechas
la
póliza
establece límites de responsabilidad, los cuales fueron
aplicados
en
el
proceso
de
ajuste
sin
objeción
del
peticionario. Los autos carecen de alegaciones adecuadas y
evidencia demostrativa para establecer que la aseguradora
actuó de mala fe.
Inexistente
una controversia real sobre los hechos
materiales del caso, procedo entonces a evaluar si erraron
los foros a quo en su aplicación del derecho a los hechos de
esta controversia.
Según
presentó
los
hechos
una
reclamación
aseguradora
recibió
incontrovertidos,
la
ante
el
MAPFRE.
reclamación,
la
peticionario
La
compañía
investigó
e
inspeccionó el bien asegurado. Posterior a ello, hizo los
ajustes correspondientes con arreglo a la póliza de seguros.
Realizada esta labor, MAPFRE le envió al asegurado una carta.
La misiva indicaba ad verbatim lo siguiente:
Re: Reclamación de daños ocasionados por el paso
del Huracán Irma y/o María
Póliza Núm.: 3777751609530
Reclamación Núm.: 20183267997
Estimado Asegurado:
Por este medio se le notifica que hemos concluido
con el proceso de investigación y ajuste de la
reclamación de referencia. Adjunto encontrará un
estimado de los daños que identificó MAPFRE fueron
ocasionados a su propiedad a consecuencia del
huracán. Conforme a ello, MAPFRE concluyó que los
daños sufridos por su propiedad ascienden a
AC-2020-50
25
$3,681.00. Luego de ajustar su reclamación y de
aplicar el deducible correspondiente se incluye el
cheque #1819947 emitido por MAPFRE a su favor y a
favor de BANCO POPULAR DE PR (OFICINA CENTRAL) por
la cantidad de $3,878.00.
Con el pago de la cantidad antes indicada, se
resuelve su reclamación y por ende se está
procediendo a cerrar la misma.
De usted entender que existen daños adicionales a
los identificados por MAPFRE en el documento
adjunto, o no estar de acuerdo con el ajuste,
conforme establece la ley usted tiene derecho a
solicitar
una
reconsideración
del
ajuste
efectuado.
Su solicitud de reconsideración deberá ser por
escrito, estableciendo los motivos por los cuales
se debe reconsiderar nuestra decisión y de existir
daños adicionales presentar evidencia documental
y/o fotográfica de los mismos. Dicha solicitud de
reconsideración deberá ser dirigida a la siguiente
dirección:
MAPFRE
Dpto. de Reclamaciones de Propiedad
P.O. Box 70333
San Juan, Puerto Rico 00936-8333
anortiz@mapfrepr.com
De tener usted alguna duda, puede comunicarse con
nosotros a su conveniencia. Apéndice de la
Apelación, pág. 72.
En conjunto con la referida carta, MAPFRE anejó un
cheque. No hay controversia que dicho cheque fue cobrado por
el peticionario.
Ante
ese
cuadro
fáctico,
configuró
un
accord
and
cabe
preguntarse
satisfaction.
Respondo
si
se
en
la
afirmativa.
En primer lugar, la deuda ante nos es una ilíquida. Lo
anterior, dado que el monto de la reclamación no está fijado
exactamente por la cubierta de la póliza, sino que se trata
de una cantidad incierta. A diferencia de, por ejemplo, los
AC-2020-50
26
seguros de vida o los seguros sobre determinada propiedad
personal, los seguros sobre la propiedad inmueble suelen
representar una cantidad ilíquida. Esto ocurre porque la
cantidad
de
la
pérdida
potencialmente
cubierta
por
el
contrato de seguro de vivienda, naturalmente, no está fijada
y acordada exactamente en el contrato. La oferta que circula
la aseguradora tras el ajuste se trata de un
estimado
razonable de los daños que entiende están cubiertos. Esa
estimación
está
sujeta
a
la
impugnación
del
asegurado
mediante una solicitud de reconsideración. Al momento de
enviarse
ese
estimado,
el
asegurado
no
ha
aceptado
la
cantidad como correcta, dejando activo el riesgo de una
controversia relacionada a la cuantía procedente. En todo
caso, la deuda se tornaría líquida cuando ambas partes se
ponen de acuerdo sobre cuánto es la cantidad exacta y
correcta
para
satisfacer
la
reclamación.
Por
tanto,
el
estimado circulado por la aseguradora no convierte la deuda
en una líquida.
Para
fines
aclaratorios,
traigo
a
colación
las
expresiones de este Tribunal en Carpets & Rugs v. Tropical
Reps, supra. Aunque en el contexto de una controversia
evidenciaria, 107 en el mencionado caso se expresó que la
La discusión en Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 615, 635
(2009) giró en torno a la Regla 22(b) de las Reglas de Evidencia de
1979, la cual disponía: “(1) Pleitos civiles: no será admisible para
probar responsabilidad, o para probar que la reclamación o parte de ésta
carece de validez, evidencia de: (a) que una persona ha provisto,
ofrecido o prometido proveer dinero o cualquier otra cosa de valor para
transigir una reclamación; (b) que una persona ha aceptado, ofrecido o
prometido aceptar, dinero o cualquier otra cosa de valor para transigir
una reclamación, o (c) conducta realizada o manifestaciones efectuadas
en el curso de la negociación de la transacción”.
107
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determinación de la aseguradora tras la investigación y
ajuste correspondiente “constituye la postura institucional
del asegurador frente a la reclamación de su asegurado” y,
por ende, “en dicho documento no existen concesiones del
asegurador hacia su asegurado”. Íd., pág. 635. De manera
que,
al
estar
ausentes
concesiones
recíprocas
y
una
controversia bona fide entre las partes cuando se envió el
ajuste de la reclamación, se interpretó que no cabía hablar
de conversaciones realizadas para alcanzar un contrato de
transacción. Además, se expresó en dictum que:
Esto no quiere decir que, con ese documento como
base de negociación, asegurador y asegurado puedan
considerar llegar a un contrato de transacción de
la reclamación. Las posibilidades de transacción
entre
asegurador
y
asegurado
sólo
estarán
limitadas por lo que en su día el asegurador
informó como procedente en su comunicación o
postura inicial. Por lo tanto, el asegurado podría
renunciar a ciertas partidas a cambio de que el
asegurador acepte otras que inicialmente estimó
improcedentes o se modifiquen sumas de las
ofrecidas originalmente. Lo que de forma alguna es
permisible es que un asegurador, ante un reclamo
judicial de su asegurado, deniegue partidas que en
su ajuste inicial entendió procedentes, en
ausencia
de
fraude
u
otras
circunstancias
extraordinarias que lo ameriten.
Esa evaluación se cimentó en el contrato de transacción,
figura con elementos diferentes a la del pago en finiquito.108
Este Tribunal concluyó que para que esas comunicaciones
fueran
inadmisibles
en
evidencia,
tenía
“que
haber
una
A tenor con el derogado Art. 1709 del Código Civil, 31 LPRA ant. sec.
4821, los elementos constitutivos del contrato de transacción son: “(1)
una relación jurídica incierta y litigiosa; (2) la intención de los
contratantes de componer el litigio y sustituir la relación dudosa por
otra cierta e incontestable, y (3) las recíprocas concesiones de las
partes”. (Énfasis suplido). Mun. San Juan v. Prof. Research, 171 DPR
219, 239 (2007).
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controversia entre las partes al momento en que se realiz[ó]
la
oferta
o
comunicación
con
miras
al
contrato
de
transacción”. Carpets & Rugs v. Tropical Reps, supra, pág.
631. Aun cuando esas expresiones no constituyen precedente
vinculante, debo subrayar que la figura de pago en finiquito
no se limita a situaciones en las que las partes están
envueltas en una controversia bona fide, sino que también
aplica cuando la cantidad de la deuda es ilíquida. Asumiendo
in arguendo, que en el preciso momento en que la aseguradora
le envía el ajuste de la reclamación al asegurado todavía no
existe una controversia bona fide entre las partes, como
quiera la deuda sigue siendo ilíquida. El hecho de que la
determinación
de
la
aseguradora
represente
la
posición
institucional sobre el monto de la reclamación, de ninguna
manera significa que la reclamación se ha tornado en líquida.
Lo expresado en Carpets & Rugs v. Tropical Reps, supra, lo
único que sugiere es que en el proceso de negociación que
pudiera suscitarse a causa del asegurado estar en desacuerdo
con el estimado brindado, la aseguradora generalmente está
impedida de retractarse del estimado inicial e intentar
ofrecer menos de eso para transigir la reclamación. La
reclamación continúa siendo ilíquida e incierta hasta que
las partes acuerden fijar su valor.
En segundo lugar, atañe corroborar la existencia de
actos
o
declaraciones
claras
de
que
el
ofrecimiento
extendido era un pago total, completo y definitivo de la
deuda. Según dispone la Ley de Transacciones Comerciales,
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supra, para reconocer la defensa de pago en finiquito la
declaración debía surgir conspicuamente del instrumento o de
la carta que le acompañó.
La carta recibida por el peticionario indicaba que
estaba relacionada a una reclamación de daños ocasionados
por el paso del Huracán Irma y/o María. Esta contenía los
números de póliza y reclamación. También señalaba que, con
el pago del estimado remitido, se resolvía la reclamación y
se
procedería
asegurado
proporcionó
a
su
cerrar
derecho
varios
la
misma.
de
solicitar
métodos
de
Asimismo,
informó
al
reconsideración
y
comunicación
para
que
el
asegurado se contactara a su conveniencia en caso de tener
alguna duda. Además de estas declaraciones, resaltamos las
contenidas en el instrumento negociable. En el anverso del
instrumento se hizo constar en la sección titulada “En PAGO
DE”, lo siguiente en letras mayúsculas: “EN PAGO TOTAL Y
FINAL DE LA RECLAMACION POR HURACAN MARIA OCURRIDA EL DIA
9/20/2017”. Apéndice de la Apelación, pág. 75. Por su parte,
al dorso se hizo constar debajo de la sección de la firma lo
siguiente: “El endoso de este cheque constituye el pago total
y
definitivo
de
toda
obligación,
reclamación
o
cuenta
comprendida en el concepto indicado al anverso”. Íd., pág.
77.
El
cúmulo
de
la
prueba
documental
revela
que
el
ofrecimiento fue acompañado de declaraciones indicativas de
que el pago se ofreció en saldo total y definitivo de la
obligación. Las declaraciones contenidas en la carta y el
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cheque son conspicuas, pues están redactadas de forma tal
que una persona razonable que será afectada por estas las
notaría. Por tanto, se cumplió el segundo elemento de la
defensa de pago en finiquito.
En tercer lugar, corresponde evaluar si el peticionario
aceptó el ofrecimiento de pago de MAPFRE. En el caso ante
nos el peticionario realizó actos afirmativos posteriores al
recibo del cheque que indican la aceptación de la oferta.
Esto, pues utilizó el cheque para su propio y permanente
provecho al endosarlo y cambiarlo. Soy del criterio que la
aceptación fue hecha con claro entendimiento de que el cambio
del cheque tenía las consecuencias advertidas en la carta y
en el instrumento negociable. Sería un insulto para la
sociedad puertorriqueña que subestimáramos su inteligencia
al partir de la premisa de que no leen los documentos que
reciben o que no entenderían el contenido de una carta
comprensible por una persona promedio. Una persona común y
corriente que estuviera en desacuerdo con un pago enviado en
saldo
de
una
deuda,
como
mínimo,
le
expresaría
su
desconformidad al acreedor. Al mismo tiempo, una persona
razonable que sospechara que su deudor-asegurador incursionó
en una práctica desleal, no aceptaría y endosaría un cheque
que expresamente indica que es “EN PAGO TOTAL Y FINAL” de su
reclamación. En vez, acudiría a los foros pertinentes para
repudiar esa conducta. Como indicamos, los incumplimientos
con los preceptos del Código de Seguros, supra, pueden
traerse a la atención de la Oficina del Comisionado de
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Seguros con la posibilidad de la imposición de penalidades
administrativas.
Asimismo,
la
persona
pudiera
reclamar
judicialmente los daños sufridos a consecuencia de los actos
de la aseguradora. Lo que es improcedente es que el asegurado
acepte y cobre, sin objeción alguna, un cheque ofrecido como
saldo de la reclamación bajo la póliza y luego pretenda
cobrar
una
cantidad
mayor
por
concepto
de
daños
por
incumplimiento contractual.109 Del expediente se desprende
que, tras recibir el cheque, el peticionario procedió a
endosarlo y cambiarlo en abril de 2018. Su insatisfacción
con el ajuste realizado fue comunicada por primera vez en
septiembre de 2018, alrededor de cinco (5) meses después del
depósito.110 Nuestros precedentes reconocen que el “acreedor,
al hacérsele el ofrecimiento de pago sujeto a la condición
de que al aceptarlo se entenderá en saldo de su reclamación,
tiene el deber de devolver al deudor la cantidad ofrecida,
En aquellos casos en los que no existe controversia sobre uno o varios
aspectos de la reclamación, el asegurador tiene el deber de hacer el
pago correspondiente sobre esas partidas, independientemente de que
exista una controversia en cuanto a otros aspectos de la reclamación.
Reglamento Núm. 2080 de la Oficina del Comisionando de Seguros de 6 de
abril de 1976, pág. 6. El Artículo 27.166. del Código de Seguros incluso
faculta a la Oficina del Comisionado de Seguros para que, ante un estado
de emergencia decretado por el Gobernador, pueda ordenar a los
aseguradores de propiedad a emitir pagos parciales o en adelantos al
asegurado o reclamante, en cuanto a una o más partidas de las cuales no
exista controversia. No obstante, esta normativa es inaplicable al caso
ante nos pues el peticionario aceptó como saldo de la obligación el pago
de los tres mil ochocientos setenta y ocho dólares ($3,878.00) por todos
los ítems señalados en el estimado. No surge que haya objetado o
expresado reserva sobre ninguna de las partidas previo a endosar el pago
enviado por MAPFRE.
110 A raíz de estos hechos, tampoco le aprovecha al peticionario lo
dispuesto en la Sección 2-311 de la Ley de Transacciones Comerciales,
supra, en cuanto a que la deuda no queda saldada como pago en finiquito
si el acreedor prueba que ofreció el repago del dinero dentro del término
de noventa (90) días. El peticionario no alegó que hubiera ofrecido el
repago del dinero enviado antes, o incluso después, de expirado el
término.
109
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si no está conforme con dicha condición”. (Énfasis suplido).
H.R. Elec., Inc. v. Rodríguez, supra, pág. 240. Por ello, el
peticionario
debió
devolver
el
cheque
y
comunicar
su
desacuerdo si no deseaba finiquitar la deuda. Cuando el
peticionario aceptó la oferta, renunció a su derecho de
reclamar una cantidad mayor a la estimada por la aseguradora.
Por último, con relación a la exigencia de que el deudor
debe actuar de buena fe y sin ejercer opresión o indebida
ventaja, de los autos se desprende que el peticionario fue
partícipe del proceso de inspección de la propiedad y firmó
el Informe de Inspección emitido por el ajustador contratado
por MAPFRE. Además, con la oferta de pago extendida por la
aseguradora, este recibió una carta explicativa, un cheque
y un desglose de los daños determinados por el ajustador que
incluía el cálculo del ajuste empleado para alcanzar la
cantidad finalmente ofrecida. El peticionario no solicitó
reconsideración al ajuste realizado. Tal como señalamos, el
peticionario no adujo hechos específicos que indiquen la
presencia de mala fe o de opresión o indebida ventaja de
parte de la aseguradora en este proceso.
Bajo los hechos particulares de este caso, no cabe más
que concluir que el foro a quo no incidió al resolver que el
foro
primario
tenía
ante
sí
todos
los
elementos
para
configurar la doctrina de pago en finiquito y culminar el
caso mediante una Sentencia Sumaria.
Corresponde a la Asamblea Legislativa concertar si
existen razones de política pública para alterar el estado
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de derecho. En tanto eso ocurra, la defensa de pago en
finiquito deberá aplicarse a las reclamaciones de seguros de
la manera aquí detallada.
IV
Por los argumentos antes expresados, respetuosamente
disiento de la Opinión Mayoritaria en la controversia de
epígrafe. Lo que procedía resolver en este caso era confirmar
la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones.
Mildred G. Pabón Charneco
Jueza Asociada