LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Feliciano Aguayo v. Mapfre Panamerican Insurance Company

2021 TSPR 73

Poder Judicial de Puerto Rico

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Feliciano Aguayo v. Mapfre Panamerican Insurance Company

AC-2020-50

Obligaciones y contratos/Derecho de seguros – A la hora de evaluar si procede aplicar la figura del pago en finiquito, los tribunales tienen que considerar cada uno de los requisitos que las leyes aplicables y la jurisprudencia interpretativa ha establecido.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ángel E. Feliciano Aguayo

Peticionario

v.

2021 TSPR 73

207 DPR ____

Mapfre Panamerican Insurance Company

Recurrido

Número del Caso:

AC-2020-50

Fecha: 28 de mayo de 2021

Tribunal de Apelaciones:

Panel X

Abogados de la parte peticionaria:

Lcdo. Juan H. Saavedra Castro

Lcdo. Luis M. Correa Márquez

Lcda. Claudia A. Rosa Ramos

Lcda. María D. Irizarry Marqués

Abogada de la parte recurrida:

Lcda. Amanda L. Hernández Fernández

Materia: Obligaciones y contratos/Derecho de seguros - A la hora de

evaluar si procede aplicar la figura del pago en finiquito, los

tribunales tienen que considerar cada uno de los requisitos que las

leyes aplicables y la jurisprudencia interpretativa ha establecido.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

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comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ángel E. Feliciano Aguayo

Peticionario

v.

AC-2020-50

Mapfre Panamerican Insurance

Company

Recurrido

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff

Caraballo

En San Juan, Puerto Rico a 28 de mayo de 2021.

Al

resolver

la

controversia

ante

nuestra

consideración evaluamos cómo opera la figura del pago

en finiquito (“accord and satisfaction”) en el campo

de seguros con las regulaciones particulares de esta

industria. Además, la justipreciamos en el contexto de

la relación entre aseguradora y asegurado. Por último,

y por tratarse de un pago mediante un instrumento

negociable (un cheque), precisamos su análisis en el

contexto de lo estatuido en la Ley de Transacciones

Comerciales.

Así, al evaluar los hechos de este caso en el

contexto

del

derecho

aplicable,

procedía dictar sentencia sumaria.

resolvemos

que

no

AC-2020-50

2

I

A raíz del paso del Huracán María, el Sr. Ángel E.

Feliciano

Aguayo

(asegurado)

sufrió

pérdidas

en

su

propiedad. Al 20 de septiembre de 2017, fecha del paso del

evento atmosférico, el inmueble estaba asegurado contra el

peligro de huracán bajo una póliza expedida por MAPFRE

Panamerican

Insurance

Company

(aseguradora).

La

póliza

aseguraba la vivienda hasta el límite de $140,165 con un

deducible de $2,803 y el límite de $15,000 en propiedad

personal o contenido con un deducible de $500.

Así las cosas, el asegurado realizó su aviso de pérdida

a la aseguradora. En respuesta, y luego de realizar la

inspección, de concluida la investigación y el ajuste de la

reclamación, la aseguradora remitió al asegurado dos cartas.

La primera, estaba relacionada a la cubierta de propiedad

personal

o

contenido.

En

específico,

en

esta

carta

la

aseguradora comunicó al asegurado que como la suma total de

los daños sufridos era menor al deducible establecido en la

póliza no procedía pago alguno y que, en consecuencia,

procederían con el cierre de la reclamación sin trámite

adicional.

En

la

otra

carta,

concerniente

a

la

cubierta

vivienda, la aseguradora manifestó lo siguiente:

Estimado Asegurado:

Por este medio se le notifica que hemos concluido con el

proceso de investigación y ajuste de la reclamación de

referencia. Adjunto encontrará un estimado de los daños que

identificó MAPFRE fueron ocasionados a su propiedad a

consecuencia del huracán. Conforme a ello, MAPFRE concluyó

que los daños sufridos por su propiedad ascienden a

$3,681.00. Luego de ajustar su reclamación y de aplicar el

de

AC-2020-50

3

deducible correspondiente se incluye el cheque #1819947

emitido por MAPFRE a su favor y a favor de BANCO POPULAR DE

PR (OFICINA CENTRAL) por la cantidad de $3,878.00.1

Con el pago de la cantidad antes indicada, se resuelve su

reclamación y por ende se está procediendo a cerrar la misma.

De usted entender que existen daños adicionales a los

identificados por MAPFRE en el documento adjunto, o no estar

de acuerdo con el ajuste, conforme establece la ley usted

tiene derecho a solicitar una reconsideración del ajuste

efectuado.

Su solicitud de reconsideración deberá ser por escrito,

estableciendo

los

motivos

por

los

cuales

se

debe

reconsiderar nuestra decisión y de existir daños adicionales

presentar evidencia documental y/o fotográfica de los

mismos. Dicha solicitud de reconsideración deberá ser

dirigida a la siguiente dirección:

MAPFRE

Dpto. de Reclamaciones de Propiedad

P.O. Box 70333

San Juan, Puerto Rico 00936-8333

anortiz@mapfrepr.com

De tener usted alguna duda, puede comunicarse con nosotros

a su conveniencia.

Cordialmente,

(Fda.)

ANIBAL ORTIZ RIVERA

Departamento de Reclamaciones

MAPFRE PUERTO RICO

Además, la aseguradora anejó un cheque por $3,878 cuyo

anverso

indicaba

que

era

en

pago

total

y

final

de

la

reclamación por el Huracán María.

Posteriormente,

el

asegurado

presentó

una

Demanda

contra la aseguradora por incumplimiento de contrato y daños

contractuales.

En

resumen,

alegó

que

la

aseguradora

incumplió con los términos y condiciones de su póliza de

seguros, al negarse a indemnizarle acorde con lo establecido

en el contrato. Explicó que el ajustador no cumplió con los

Los daños identificados por la aseguradora menos el deducible ($3,681$2,803) totalizan $878. Sin embargo, a esta cantidad la aseguradora le

aplicó el endoso de daños por inundación de $3,000. Así, la cantidad a

pagar identificada en el cheque corresponde a $3,878. Apéndice de la

Apelación, pág. 74.

1

AC-2020-50

4

términos de la póliza y que omitió y subestimó las pérdidas

cubiertas de daños por tormenta de viento causados por el

Huracán María. Arguyó que la aseguradora había actuado de

forma dolosa y de mala fe al negarse a pagar la reclamación.

También, alegó que la aseguradora incurrió en prácticas

desleales en el ajuste de las reclamaciones. Así, reclamó

$154,017.23 en concepto de daños a la vivienda. Además,

solicitó que se dictara sentencia a su favor en lo relativo

a la cubierta de bienes personales, según fuera probado en

el juicio.

Mediante moción, el 8 de mayo de 2019 la aseguradora

solicitó la desestimación de la demanda o que se dictara

sentencia sumaria a su favor. En resumen, argumentó que

conforme a la doctrina de pago en finiquito procedía la

desestimación de la reclamación, puesto que el asegurado

recibió un cheque por $3,878.00 junto con la carta de cierre

de la reclamación. Asimismo, adujo que el cheque indicaba

que era en pago total y final de la reclamación. Finalmente,

arguyó que el peticionario sin objeción, condición o reserva

alguna recibió, aceptó y cambió el cheque.

El

asegurado

se

opuso

a

la

moción

dispositiva

y

argumentó sobre la inaplicabilidad de la doctrina de pago en

finiquito en este caso. En resumen, argumentó que la figura

del pago en finiquito no aplicaba cuando su uso pretendía

soslayar violaciones al Código de Seguros y cuando había

ausencia de buena fe estatutaria. También adujo que el Código

de Seguros imponía una obligación a la aseguradora más amplia

AC-2020-50

5

que el mero envío de un cheque con una hoja de trabajo sin

un

informe

de

la

investigación,

las

razones

para

las

cantidades del ajuste y los derechos que le asisten al

asegurado de forma tal que su consentimiento a un pago

minúsculo por los daños causados en el desastre sea de

carácter informado. Por último, añadió que tampoco procedía

la doctrina cuando se trataba de sumas líquidas y exigibles.

Así las cosas, el 10 de septiembre de 2019, el Tribunal

de Primera Instancia dictó Sentencia Sumaria y desestimó la

demanda. El foro de instancia concluyó que el cheque advertía

que era en pago total y que, consecuentemente, “[a]l haber

endosado

el

cheque,

[el

asegurado]

está

impedido

de

presentar una reclamación contra [la aseguradora], a tenor

con la doctrina de pago en finiquito”.2

En desacuerdo, el asegurado presentó un recurso de

apelación ante el Tribunal de Apelaciones. En particular,

señaló que el foro de instancia erró al determinar que se

configuraron

los

elementos

de

la

doctrina

de

pago

en

finiquito y al desestimar sumariamente la demanda. Atendido

el

recurso,

el

foro

apelativo

intermedio

confirmó

la

sentencia apelada. En resumen, concluyó que al configurarse

todos los elementos del pago en finiquito procedía dictar

sentencia sumaria.3

Inconforme,

el

asegurado

acudió

a

este

Tribunal

y

señaló que los foros a quo erraron al concluir que se habían

2

Apéndice de la Apelación, pág. 243.

3

Adviértase que la Jueza Grace M. Grana Martínez disintió.

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6

configurado todos los elementos de la figura del pago en

finiquito

y

al

determinar

que

no

existían

hechos

en

controversia.

Luego de acoger el recurso como certiorari, expedir el

mismo y habiéndose expresado las partes, estamos en posición

de

resolver

la

controversia

ante

nuestra

consideración.

Siendo así, veamos el derecho aplicable.

II

A. El contrato de seguros

El Código de Seguros de Puerto Rico regula, entre otros

aspectos de la industria, y de la entidad reguladora, el

contrato de seguros. En específico, este cuerpo de normas

define el seguro como “el contrato mediante el cual una

persona se obliga a indemnizar a otra o a pagarle o a

proveerle

un

beneficio

producirse

un

suceso

específico

incierto

o

previsto

determinable

en

el

al

mismo”. 4

Consecuentemente, en este tipo de contrato el asegurador

asume determinados riesgos a cambio del cobro de una prima o

cuota, en virtud de la cual se obliga a responder por la

carga económica que recaiga sobre el asegurado, en el caso

de que ocurra algún evento especificado en el contrato.5 Así,

vemos

que

el

contrato

de

seguro

tiene

el

propósito

de

indemnizar y proteger al asegurado en caso de producirse el

4

CÓD. SEG. PR art.1.020, 26 LPRA § 102.

ECP Incorporated v. OCSECP, 2020 TSPR 112, 205 DPR __ (2020); Savary

et al. v. Mun. Fajardo et al., 198 DPR 1014, 1023 (2017); S.L.G. Francis

Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372, 384 (2009).

5

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7

suceso incierto previsto.6 Esto es, los contratos de seguros

tienen

como

característica

esencial

la

obligación

de

indemnizar.7 A su vez, los contratos de seguros son de extrema

buena fe. Esto es, se requiere un extremo grado de buena fe

en

las

negociaciones

precedentes

a

la

perfección

o

consumación del contrato.8 Esto, en armonía con que la buena

fe es un precepto general de toda actividad jurídica y como

tal se extiende a la totalidad de nuestro ordenamiento.9

A tenor con lo anterior, recientemente reiteramos el

alto interés público con el que está investido el negocio de

seguros en Puerto Rico.10 Esto, “debido al papel que juega

en la protección de los riesgos que amenazan la vida o el

patrimonio de los ciudadanos”.11 Así, “[h]emos destacado, en

innumerables ocasiones, que este alto interés público se

desprende de la extraordinaria importancia que juegan los

seguros

en

la

estabilidad

de

nuestra

sociedad”. 12

En particular, los seguros cumplen una función social. 13

Además, “[s]u utilidad dentro del comercio es trascendental

Véanse, 26 LPRA § 1125; R. J. Reynolds v. Vega Otero, 197 DPR 699,707

(2017) (citando a Integrand Assurance v. CODECO et al., 185 DPR 146, 162

(2012); Echandi Otero v. Stewart Title, 174 DPR 355, 370 (2008)).

6

7

OCS v. CODEPOLA, Inc., 202 DPR 842, 859 (2019).

Véase, R. Cruz, Derecho de Seguros, San Juan, Pubs. JTS, 1999, Sec.

20.3, pág. 14.

8

9

Velilla v. Pueblo Supermarkets, Inc., 111 DPR 585, 587-588 (1981).

10

Rivera Matos et al. v. Triple-S et al., 204 DPR 1010, 1019 (2020).

R.J. Reynolds v. Vega Otero, 197 DPR 699, 706 (2017) (citando a Natal

Cruz v. Santiago Negrón et al., 188 DPR 564, 575 (2013)).

11

Íd. Véase, además, S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372, 384

(2009).

12

13

R.J. Reynolds, 197 DPR en la pág. 706.

AC-2020-50

para

el

8

desarrollo

económico

pues

atenúa

el

elemento

inherente del riesgo en las relaciones comerciales”.14

Según

expresado

por

este

Tribunal,

el

contrato

de

seguro “juega un papel económico crucial, tanto a nivel

individual como en el ámbito comercial, ya que permite

igualmente a las personas, como a los negocios, proteger sus

recursos

al

riesgos

a

transferir

cambio

del

el

impacto

pago

de

una

monetario

de

ciertos

prima”. 15 Ante

esta

realidad, el negocio de seguros se convierte en uno de los

principales soportes que permite atenuar los giros violentos

de incertidumbre propios del mercado, aminorar sus efectos

y permitir un crecimiento más estable de la economía.16

De manera que, las compañías aseguradoras constituyen

la institución por excelencia cuyo propósito es proteger las

necesidades

y

consecuencias

dañosas

de

los

riesgos

que

amenazan al hombre en su vida o patrimonio.17 En consecuencia,

el arraigo de alto interés público del que está revestido el

negocio de los seguros se desprende de la extraordinaria

importancia

y

participa. 18 Por

el

papel

esta

evidentemente

razón, el

Estado

social

del

lo

regulado

ha

que

ampliamente, en principio, mediante el Código de Seguros de

Puerto Rico y, de manera supletoria, con las disposiciones

14

Íd., pág. 707.

15

Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 DPR 880, 897 (2012).

16

R.J. Reynolds, 197 DPR en la pág. 707.

17

S.L.G. Francis-Acevedo, 176 DPR en la pág. 384.

18

Íd.

AC-2020-50

9

del Código Civil.19 Nótese que el gobierno goza de amplia

facultad en escoger el método para reglamentar y supervisar

la industria de seguros, esto a fin de proteger el interés

público. 20 El

reconocer

la

importancia

que

revisten

los

seguros en el entorno social y mercantil, ha impulsado que

el Estado implemente reglamentación extensa.21

De otra parte y en cuanto a la interpretación del

contrato de seguros se refiere, el propio Código de Seguros

establece como norma de hermenéutica que “[t]odo contrato de

seguro deberá interpretarse globalmente, a base del conjunto

total de sus términos y condiciones, según se expresen en la

póliza y según se hayan ampliado, extendido, o modificado

por aditamento, endoso o solicitud adherido a la póliza y

que forme parte de ésta”.22 Hemos resuelto que el contrato de

seguros es uno de adhesión, pues el asegurador es quien

redacta en su totalidad.23

Por otro lado, es sabido que cuando se produce el suceso

incierto previsto en el contrato de seguros suelen suscitarse

controversias. 24

Ante

esta

realidad,

al

momento

de

interpretar las cláusulas, términos y condiciones, hay que

tener presente que los contratos de seguro -al igual que

19

R.J. Reynolds.

20

OCS, 202 DPR en la pág. 853.

21

Viruet et al. v SLG Casiano-Reyes, 194 DPR 271, 278 (2015).

22

CÓD. SEG. PR art. 11.250, 26 LPRA § 1125.

23

Rivera Matos, 204 DPR en la pág. 1021.

24

S.L G. Francis-Acevedo, 204 DPR en las págs. 385-386.

AC-2020-50

10

todos los contratos- constituyen la ley entre las partes y,

consecuentemente, obligan.25 Es necesario, no obstante, que

se “cumplan con los requisitos de los contratos en general,

a saber, el consentimiento de los contratantes, el objeto

cierto y la causa de la obligación que se genera”.26

Ante la ocurrencia del evento incierto previsto en el

contrato, el asegurado debe presentar su reclamación y la

aseguradora está obligada a resolverla. En particular, el

Art.

27.162

del

Código

de

Seguros

establece

que

la

aseguradora debe realizar la investigación, el ajuste y la

resolución de la reclamación en el periodo razonablemente

más corto dentro de 90 días después del reclamo.27

En

lo

pertinente

a

la

controversia

ante

nuestra

consideración, vemos que el paso del Huracán María y los

estragos

que

causó

alteraron

el

modo

de

vida

de

los

puertorriqueños. Esto llevó a la presentación de múltiples

medidas

legislativas

públicas. 28 Al

y

recibir

la

adopción

constantes

25

Íd., pág. 386.

26

Íd.

27

CÓD. SEG. PR art. 27.162, 26 LPRA § 2716b.

de

nuevas

quejas

del

políticas

consumidor

Exposición de motivos de la Ley Núm. 14-2020. De otra parte, y a modo

de ejemplo, en el estado de Luisiana -de tradición civilista con un

código civil similar al nuestro y donde, además, se incorporó la figura

del pago en finiquito mediante jurisprudencia- a raíz del desastre del

Huracán Katrina se creó un sistema de mediación (“Hurricane Katrina

homeowners Mediation Program”) para atender y negociar las reclamaciones

de los asegurados a las aseguradoras sobre daños a su propiedad y,

consecuentemente, poder llegar a acuerdos. Cabe destacar que para llegar

a concretarse un pago en finiquito las partes debían pasar por un proceso

de mediación y un contrato por escrito que, a su vez, cumplía con los

requisitos de la transacción tipificada en el Código Civil de Luisiana.

En particular, esos contratos tenían una cláusula a favor del asegurado

en la que se le otorgaba un periodo de tres días para retractarse de

este pacto. Además, como requisito de la mediación, las partes venían

obligadas a mediar de buena fe. De lo contrario, el mediador podía

28

AC-2020-50

11

relativas al proceso de reclamo, evaluación de daños y pago

por parte de las aseguradoras, el Legislador creó la Carta de

Derechos del Consumidor de Seguros. Esto, con el fin de

facilitar que los consumidores de seguros conocieran sus

derechos fundamentales enunciados a través del Código de

Seguros

y

su

Reglamento. 29 De

lo

contrario,

“para

poder

conocer estos derechos básicos, el consumidor tendría que

recurrir a una gama de disposiciones legales en el Código y

su Reglamento para poder atinar con ellos”.30

En ánimos de evitar esta dificultad se recogió en un

solo artículo la Carta de Derechos del Consumidor de Seguros.

En específico y en lo que nos es pertinente, esta Carta

dispone lo siguiente:

El Consumidor de Seguros de Puerto Rico disfrutará de

todos los derechos que le son reconocidos en las leyes y

reglamentos que les sean aplicables, incluyendo, pero sin

limitarse a los siguientes:

.

.

.

.

.

.

.

.

(e) Derecho a que quien le gestiona su póliza le provea una

orientación clara y completa sobre la cubierta, beneficios,

límites y exclusiones de la póliza, así como los deberes y

obligaciones del asegurado.

.

.

.

.

.

.

.

.

(i) Derecho a que el asegurador actúe de buena fe, de forma

justa y equitativa al evaluar y resolver su reclamación.

concluir la mediación si alguna de las partes incumplía con este

precepto. Adviértase que este programa fue creado con el esfuerzo de

colaboradores tales como la gobernadora de Luisiana, el comisionado de

seguros, el presidente del Louisiana State Bar Association, un juez del

Tribunal Supremo de Louisiana y representantes del American Arbitration

Association. Véase, Michael v. Allstate, 2008 WL 11515852; M. A.

Patterson, Evaluating the Louisiana Department of Insurance’s Hurricane

Katrina Homeowners Mediation Program, Disp. Resol. J. 34 (2007).

29

Exposición de motivos de la Ley Núm. 14-2020.

30

Íd.

AC-2020-50

12

(j) Derecho a que el asegurador le envíe su oferta con

desglose del ajuste para su evaluación, antes de recibir un

cheque que usted no ha aceptado, o concurrentemente con el

cheque, sin que se entienda que el simple recibo del mismo

significa una renuncia a sus reclamaciones.

.

.

.

.

.

.

.

.

(o)

Derecho

a

solicitar

una

reconsideración

a

la

determinación del asegurador respecto a su reclamación, y que

la misma sea atendida y resuelta dentro del término de 30

días de presentada la solicitud.31

A su vez y como consecuencia del paso del Huracán María,

el

Comisionado

fiscalizar

y

de

Seguros

reglamentar

-ente

el

encargado

cumplimiento

de

velar,

con

las

disposiciones del Código de Seguros- emitió la Carta Circular

de

2

de

octubre

de

2017

(Núm.

CC-2017-1911D).

En

pertinente, el cuerpo de la Carta lee como sigue:

Ante el estado de emergencia y pérdidas sufridas a raíz del

embate del Huracán María por nuestra Isla y con el propósito

de velar por el interés público que venimos llamados a

proteger, debemos ser enfáticos y recordarles el cumplimiento

estricto de las disposiciones del Código de Seguros y su

Reglamento, especialmente aquellas disposiciones del Capítulo

27 del Código relacionadas con las prácticas prohibidas y los

métodos razonables para la investigación y ajuste de las

reclamaciones. A modo de recordatorio, algunos de los

conceptos establecidos en el Código de Seguros y su Reglamento

con los cuales todo asegurador debe cumplir en la

investigación y ajuste de reclamaciones son:

.

.

.

.

.

.

.

.

3. Proveer a los reclamantes una adecuada orientación

y

asistencia

clara

y

precisa,

manteniendo

la

comunicación de una manera cortés y servicial.

4. Hacer manifestaciones y representaciones ciertas y

correctas sobre los hechos y los términos de una póliza

y ofrecer explicaciones razonables para la denegación

de una reclamación u oferta de transacción.

5. Llevar a cabo una investigación razonable basada en

la información disponible y realizar el ajuste rápido,

justo y equitativo de una reclamación.

6. Ofrecer al reclamante aquellas cantidades que dentro

de los términos de la póliza sean justas y razonables,

y sobre las cuales el reclamante razonablemente tenga

derecho, sin tratar de transigir la reclamación por una

31

CÓD. SEG. PR art. 1.120, 26 LPRA § 118.

lo

AC-2020-50

13

cantidad

derecho.

irrazonablemente

menor

a

la

que

se

tiene

7. No transigir una reclamación sin el consentimiento

o conocimiento del asegurado.

8. No obligar a los reclamantes a entablar pleitos para

recobrar bajo la póliza porque se le ha ofrecido una

cantidad sustancialmente menor a la que tiene derecho

o porque se le ha negado incorrectamente la cubierta.

.

.

.

.

.

.

.

.

10. Cuando se requiera la firma de un relevo, que el

mismo no pueda ser interpretado como que se releva de

aquellas obligaciones que no fueron objeto de la

transacción.

11. Acompañar los pagos de las reclamaciones de una

declaración que establezca la cubierta bajo la cual se

realiza el pago e incluya todas las cantidades que deban

ser incluidas de acuerdo con la reclamación y los

límites de la cubierta.

Es sumamente importante que se tomen todas las medidas

necesarias para agilizar la resolución de todas las

reclamaciones que se les presenten.

Se requiere el estricto cumplimiento con la presente

Carta Circular.

Por último, el Art. 27.163 del Código de Seguros enumera

los métodos para resolver una reclamación presentada por su

asegurado, a saber: (1) el pago total de la reclamación, (2)

la

denegación

escrita

y

debidamente

fundamentada

de

la

reclamación y (3) el cierre de la reclamación por inactividad

del reclamante, cuando el reclamante no coopere o no entregue

la

información

necesaria

para

que

el

asegurador

pueda

ajustar la reclamación.32 Ahora bien, en cuanto a los pagos

parciales o en adelantos ante un evento catastrófico, el

Código de Seguros estatuye lo siguiente:

(d) La aceptación de un pago parcial o en adelanto por

el asegurado reclamante no constituirá, ni podrá ser

interpretado, como un pago en finiquito o renuncia a cualquier

derecho o defensa que éste pueda tener sobre los otros asuntos

de la reclamación en controversia que no estén contenidos

32

26 LPRA § 2716c.

AC-2020-50

14

expresamente en la declaración de oferta de pago parcial o en

adelanto.

(e) El pago parcial o en adelanto no constituirá una

resolución final de la totalidad de la reclamación con arreglo

a los Artículos 27.162 y 27.163 de este Código.33

El citado Art. 27.166 del Código de Seguros también fue

incorporado como consecuencia del paso del Huracán María para

manejar

las

reclamaciones

pendientes

y

ordenar

a

los

aseguradores de la propiedad a “emitir pagos parciales o en

adelantos al

asegurado o reclamante luego de

un evento

catastrófico de las partidas que no estén en controversia y

para

otros

asuntos

relacionados”. 34 Lo

anterior,

con

el

propósito de “estimular pagos a los asegurados o reclamantes

afectados para que puedan comenzar los arreglos para la

reconstrucción o reparación de sus residencias y para iniciar

la operación de los comercios, ayudando así a reactivar

nuestra economía con mayor prontitud”.35

Tal principio también estaba estatuido en el Art. 1123

del derogado Código Civil, que, en lo pertinente, disponía

que un acreedor no podía ser obligado –a menos que el contrato

expresamente lo autorizara- a recibir las prestaciones de la

obligación

de

forma

parcial. 36

Ahora

33

Íd. § 2716f (énfasis suplido).

34

Exposición de motivos de la Ley Núm. 243-2018.

35

Íd.

bien,

según

lo

COD. CIV. PR art. 1123, 31 LPRA § 3173 (derogado 2020). Al respecto y

específicamente en el contexto de la figura del pago en finiquito, en

City of San Juan v. St. Johns’s Gas Co., 195 US 510, 522 (1904), el

Tribunal Supremo Federal expresó: “Conceding, without so deciding, that

such rule was controlling in Porto Rico, we think it is not applicable

to the case in hand” because “where a liquidated sum is due, the payment

of a lesser sum in satisfaction thereof, though accepted as satisfaction,

is not binding as such, for want of consideration”. Véase, A. Soler

36

AC-2020-50

15

establecía igual disposición, “cuando la deuda tuviere una

parte líquida y otra ilíquida, podrá exigir el acreedor, y

el deudor puede hacer el pago de la primera, sin esperar a

que se liquide la segunda”.37

B.

La

figura

jurídica

de

la

transacción

y

el

pago

en

finiquito

El Art. 1709 del Código Civil de 1930 establecía que

“[l]a transacción es un contrato por el cual las partes,

dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan

la provocación de un pleito o ponen término al que había

comenzado”.38 Así, los elementos constitutivos de un contrato

de transacción son los siguientes: (1) una relación jurídica

incierta y litigiosa, (2) la intención de los contratantes

de componer el litigio y sustituir la relación dudosa por

otra cierta e incontestable y (3) las reciprocas concesiones

de las partes.39 Nótese que toda transacción parte de la

premisa de que las partes tienen dudas sobre la validez o

Bonnin, A Case of Legal Transplanting: Datio in Solutum et al v. Accord

and Satisfaction, 25 REV DER. PR. 421 (1986).

31 LPRA § 3173 (derogado 2020). El citado artículo actualmente está

codificado en el Art. 1119 del Código Civil y lee de la siguiente manera:

El acreedor no puede ser compelido a recibir parcialmente las

prestaciones en las que consiste la obligación, salvo cuando el contrato

o la ley expresamente lo autorizan.

37

Sin embargo, si la deuda tiene una parte líquida y otra ilíquida,

el acreedor puede exigir, y el deudor puede hacer el pago de la primera,

sin esperar a que se liquide la segunda. 31 LPRA § 9143.

31 LPRA § 4821 (derogado 2020). El actual, sustituye al citado artículo

y establece que “[p]or el contrato de transacción, mediante concesiones

recíprocas, las partes ponen fin a un litigio o a su incertidumbre sobre

una relación jurídica”. 31 LPRA § 10641 (2020).

38

39

Mun. San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219, 239 (2007).

AC-2020-50

16

corrección jurídica de sus respectivas pretensiones y eligen

resolver las diferencias mediante mutuas concesiones.40

Como todo contrato, la transacción debe contar con

consentimiento, objeto y causa. Con respecto a la causa en

el contrato de transacción, hemos establecido que “[e]n

conjunto,

el

litigio

y

las

recíprocas

concesiones

constituyen los elementos de la causa”.41 En consecuencia,

“[e]s necesario que cada uno de los contratantes reduzca y

sacrifique a favor de otro una parte de sus exigencias a

cambio de recibir una parte de aquello objeto del litigio”.42

En particular, el Art. 1503 del actual Código Civil al

establecer la forma de la transacción, incluye el pago en

finiquito, y establece lo siguiente:

La transacción debe constar en un escrito firmado por las

partes o en una resolución o una sentencia dictada por el

tribunal. Si se refiere a derechos constituidos mediante

escritura

pública,

se

requiere

esta

formalidad.

La

inobservancia de estas reglas la hace nula.

El pago en

establece.43

finiquito

tiene

aquellos

efectos

que

la

ley

Con respecto a esto último, el Profesor Miguel R. Garay

Aubán comenta que, en su redacción final, el artículo admitió

la doctrina de pago en finiquito regulada desde 1998 en la

Sección 2-311 de la Ley de Transacciones Comerciales. Añade

que el borrador suprimía el pago en finiquito, debido a que

40

Íd.

41

Íd.

42

Íd.

31 LPRA § 10647 (énfasis suplido). Adviértase que este artículo no

tiene precedente en el derogado Código Civil, por lo que se incluye para

informar sobre cómo el Legislador consideró la figura.

43

AC-2020-50

el

17

Memorial

Explicativo

del

Borrador

inicial

exponía

erradamente que esta figura no tenía reconocimiento legal en

Puerto Rico. Esto, en aparente desconocimiento de que estaba

regulada por la mencionada legislación.44

Sobre el alcance de los contratos de transacción, vemos

que

ésta

“no

comprende

sino

los

objetos

expresados

determinadamente en ella, o que, por una inducción necesaria

de sus palabras, deban reputarse comprendidos en la misma”.45

Así, “[l]a renuncia general de derechos se entiende sólo de

los que tienen relación con la disputa sobre que ha recaído

la transacción”.46 Esto es, “estando rigurosamente limitada

tal interpretación a los objetos expresamente determinados

en ella o que, por una inducción necesaria de sus palabras,

deban reputarse comprendidos en ésta”.47

Por otro lado, en cuanto a las circunstancias en las

que una transacción no será válida, el Art. 1504 del actual

Código Civil dispone que, además de las causas que invalidan

todo acto jurídico, una transacción será inválida cuando:

(a) La situación que la genera no se corresponde con los

hechos reales y el litigio o la incertidumbre no hubieran

aparecido de haberse conocido la situación real;

(b) incluye títulos total o parcialmente inexistentes;

(c) incluye títulos sobre los cuales se ignora que existe

otro mejor;

M. R. Garay Aubán, Código Civil 2020 y su Historial Legislativo, 1ra

ed., Ed. SITUM, 2020, págs. 1046-1047.

44

31 LPRA § 4826 (derogado 2020). Por su parte, el Art. 1499 del actual

Código Civil establece que “[e]l contrato de transacción se interpreta

restrictivamente”. 31 LPRA § 10643 (2020).

45

46

Íd.

47

Rivera Rodríguez, 168 DPR en la pág. 208.

AC-2020-50

18

(d) incluye aspectos sobre los cuales se ignora que ya

están resueltos mediante sentencia firme; o

(e) la efectividad de una prestación es insegura.48

Este artículo advierte que no cualquier incertidumbre

da lugar a la transacción, sino que debe tratarse de una

transacción que ponga fin a las discusiones e incertidumbres

que experimentan las partes. Además, esa incertidumbre debe

tener como objeto una duda verdaderamente racional.49

En

particular,

el

pago

en

finiquito

(“accord

and

satisfaction”) es una forma de extinguir las obligaciones.50

Esta

figura

del

derecho

común

se

incorporó

a

nuestro

ordenamiento jurídico mediante jurisprudencia.51 Fue en City

of San Juan v. St. John’s Gas Co. que el Tribunal Supremo de

Estados Unidos resolvió que la figura de pago en finiquito

regía en Puerto Rico, tras concluir que como la doctrina

estaba

cimentada

en

los

principios

del

derecho

romano

aplicados bajo el Código Napoleónico, operaba también en el

Derecho Civil español.52

Posteriormente, en López v. South PR Sugar Co. este Foro

atendió una controversia contractual a la luz del pago en

finiquito y aunque la figura fue validada no prosperó, puesto

31 LPRA § 10648 (2020). Este artículo no tiene precedente en el

derogado Código Civil. Sin embargo, se expone para informar sobre el

desarrollo de la figura.

48

49

Garay Aubán, op. cit., pág. 1047.

50

A. Martínez & Co. v. Long Const. Co., 101 DPR 830, 834 (1973).

López v. South PR Sugar Co., 62 DPR 238 (1943); City of San Juan v.

St. Johns’s Gas Co, 195 US 510, 521 (1904).

51

52

City of San Juan, 195 US en la pág. 521.

AC-2020-50

19

que no se cumplieron los requisitos.53 En específico, allí

dijimos que para que operara la figura se exigía el concurso

de los requisitos siguientes: (1) Una reclamación ilíquida o

sobre

la

cual

exista

controversia

bona

fide;

(2)

un

ofrecimiento de pago por el deudor; y (3) una aceptación del

ofrecimiento de pago por el acreedor.54

Tiempo

después,

modificamos

el

primer

requisito

y

establecimos que -para que se configure la figura o aplique

el pago en finiquito- también será requisito “la ausencia de

opresión o indebida ventaja de parte del deudor sobre su

acreedor”.55

Así, puntualizamos sobre la importancia de evaluar con

detenimiento el factor de la ausencia de opresión de la

deudora sobre su acreedora cuando se invoca la doctrina de

pago en finiquito.56 Más importante aún, fuimos enfáticos al

establecer

que

la

figura

prevalecerá

solamente

en

circunstancias en las que no exista opresión o indebida

ventaja

de

parte

circunstancias

del

deudor

claramente

y

en

las

cuales

medien

indicativas

de

que

deudor

el

pretende extinguir su obligación.57 Así, aludimos a que tiene

que existir un claro entendimiento por parte de quien acepta

53

López v. South PR Sugar Co., 62 DPR en las págs. 245-246.

54

Íd., págs. 244-245.

A. Martínez & Co., 101 DPR en las pág. 833-835; H.R. Elec., Inc. v.

Rodríguez, 114 DPR 236, 241 (1983).

55

56

A. Martínez & Co., 101 DPR en la pág. 833.

57

Íd., págs. 834-835.

AC-2020-50

20

que el pago representa un pago total, en saldo y final de la

obligación.58

Al describir la figura, este Tribunal pronunció que el

pago en finiquito es paralelo al contrato de transacción.

En específico, expresamos que “[e]l contrato de acuerdo y

pago (accord and satisfaction), al igual que su paralelo de

mayor solemnidad la transacción, es accesorio, consensual,

bilateral y oneroso”.59

También, señalamos que la figura del pago en finiquito

“en cierto modo opera en un área de contratación rápida

propia

de

nuestros

días

y

es

más

asequible

para

la

terminación en corto plazo de diferencias, incertidumbres y

mutuas reclamaciones que el contrato de transacción definido

en el Art. 1709 del Código Civil (31 LPRA sec. 4821) el cual

generalmente

nace

comenzar”. 60 De

de

igual

un

pleito

modo,

pendiente

“[p]or

su

o

a

punto

de

viabilidad,

su

liberación de requisitos formales y prontitud de su acción

suplantando la contienda y la incertidumbre por la ocurrencia

de opuestas pretensiones, podríase llamar al accord and

satisfaction la transacción al instante”.61

Al determinar si la figura del pago en finiquito se

concreta o no, hemos sido muy rigurosos en la evaluación del

concurso de todos sus requisitos. Nótese que la doctrina no

58

Íd.

59

Íd., pág. 835.

60

Íd., págs. 833-834.

61

Íd., pág. 834.

AC-2020-50

21

ha prevalecido como fuente de extinción de una obligación en

prácticamente ninguno de los casos en los que este Foro ha

tenido la oportunidad de evaluar la invocación de la defensa.

Sobre el primer requisito, entiéndase la existencia de una

reclamación ilíquida o sobre la cual exista controversia bona

fide, en el caso de López v. South PR Sugar Co., determinamos

que en ausencia de este requisito no se concreta la figura

de pago en finiquito. Allí, un agricultor y una central

azucarera realizaron un contrato para la molienda de la caña

de azúcar. Posteriormente, surgió una controversia relativa

a unos descuentos en el pago que la central había hecho por

concepto de ensacado y flete, toda vez que el colono alegaba

que el descuento no podía ser mayor de 15ȼ, mientras que la

central alegaba que no podía ser mayor de 25ȼ. Los cheques

que la central le enviaba al agricultor hacían constar en el

dorso

que

el

endoso

del

instrumento

constituía

un

reconocimiento de pago en saldo. El agricultor cobró los

cheques

y

luego

demandó

a

la

central

azucarera

por

la

diferencia adeudada. En respuesta, la central azucarera alegó

que el agricultor estaba impedido de demandar en virtud de

la doctrina de pago en finiquito.

Evaluados los argumentos en López v. South PR Sugar Co.,

expresamos que -a pesar de que no había duda sobre el

ofrecimiento ni de la aceptación del pago- no existía una

reclamación ilíquida o una controversia bona fide. Esto, toda

vez que la reclamación no era ilíquida porque la Ley que

regía las liquidaciones relativas a la molienda de caña de

AC-2020-50

azúcar

22

claramente

establecían

que

la

central

no

podía

descontar más de 15 centavos.62

Asimismo, en Pagán Fortis v. Garriga, establecimos que

no se concretó la figura de pago en finiquito debido a que

no existía el elemento de una controversia ilíquida.63 En el

citado caso unos contratistas suscribieron un contrato de

obras para la construcción de un edificio por la cantidad de

$26,000. El precio estipulado para construir la obra no

incluía

los

planos

y

tampoco

unos

cambios

solicitados

posteriormente por el contratista relativos a la construcción

de un mirador, un cambio en las ventanas y en la pintura.

Culminada la obra, el constructor había recibido $25,000.

Posteriormente, el contratista le envió al constructor un

cheque por $1,000 el cual advertía que era en pago total. El

constructor endosó el cheque e hizo constar que era en pago

parcial y cursó una comunicación al contratista dejándole

saber que le abonaba los $1,000 del total adeudado. Sin

embargo, el contratista le respondió que no le debía nada.

Así, el constructor demandó al contratista para cobrar el

resto de la deuda y este último levantó la defensa afirmativa

de pago

en finiquito.

Evaluada la figura, razonamos lo

siguiente:

Claramente con la evidencia que tuvo ante sí el juez

sentenciador no podía concluirse que la aceptación del pago

de los $1,000 constituía el saldo de toda la acreencia que el

demandante tenía contra el demandado. Al enviar el cheque por

$1,000 el demandado estaba pagando lo que adeudaba del

contrato original [los originales $26,000], una cantidad

líquida sobre la cual no había controversia. El demandado

había aceptado que debía esa cantidad. No se efectuó pago

62

López, 62 DPR en las págs. 245-246.

63

Pagán Fortis v. Garriga, 88 DPR 279, 283-284 (1963).

AC-2020-50

23

alguno en exceso de esa suma que pudiera considerarse que su

aceptación saldaba las partidas que excedían la suma líquida

adeudada del contrato original. Faltaba pues el primero de

los tres requisitos que en López v. South P.R. Co., expusimos

eran necesarios concurrieran para que pudiera considerarse

que la aceptación de una suma menor que la debida constituía

un pago total de la acreencia. En López también concluimos

que faltaba ese requisito.64

De otra parte y con relación al segundo requisito, el

ofrecimiento, este Foro estableció que “el ofrecimiento de

pago tiene que ir acompañado por declaraciones o actos que

claramente indiquen que el pago ofrecido por el deudor al

acreedor es en pago total, completo y definitivo de la deuda

existente entre ambos…”.65 A su vez, la doctrina requiere que

el ofrecimiento sea de buena fe.66 En fin, el ofrecimiento

del pago debe sujetarse a la condición de que de aceptarlo

se entenderá en saldo de su reclamación.67

Sobre el tercer requisito, vemos que la aceptación del

ofrecimiento se perfecciona cuando el acreedor retiene el

cheque y consiente bajo la premisa de que el instrumento fue

remitido en concepto de pago y saldo total de la obligación.68

Sin embargo, para que la retención del cheque constituya una

aceptación no puede haber opresión o indebida ventaja de

parte del deudor.69

64

Íd. (énfasis suplido).

65

H.R. Elec., 114 DPR en la pág. 242.

66

López, 2 DPR en la pág. 245; H.R. Elec., 114 DPR en la pág. 240.

H.R. Elec. Véase, además, Gilormini Merle v. Pujals Ayala, 116 DPR

482, 484-485 (1985).

67

68

A. Martínez & Co., 101 DPR en la pág. 834.

69

Íd.

AC-2020-50

24

Sobre la figura del pago en finiquito, el Profesor José

R. Vélez Torres comenta que hay que evaluarla a la luz de la

figura de la transacción codificada en el Código Civil.70 Por

su parte, el Profesor Garay Aubán explica que la figura del

pago en finiquito “opera en la práctica como un método

informal de resolución de controversias que se lleva a cabo

mediante el uso de un instrumento negociable y en ese sentido

podría decirse que se trata de un caso peculiar de contrato

de transacción”.71

Sobre las transacciones y su aplicación en la industria

de seguros, en Carpets & Rugs v. Tropical Reps resolvimos

que

los

requisitos

para

la

validez

de

un

contrato

de

transacción es que exista una controversia entre las partes,

que

las

partes

tengan

incertidumbre

jurídica

transacción

que

y

la

en

intención

la

existan

que

se

mutuas

de

sustituir

encuentran

la

con

la

concesiones. 72 Al

ser

consensual, el contrato de transacción “tiene necesariamente

que referirse a una comunicación u oferta que nazca de la

voluntad

de

una

de

las

controversia”. 73 Entiéndase

partes

que

“[n]o

implicadas

puede

en

referirse

la

a

comunicaciones u ofertas que una de las partes realice en

J.R Vélez Torres, Derecho de Obligaciones, 2da ed., Puerto Rico,

Programa de Educación Jurídica Continua, 1997, págs. 241-250.

70

71

M. R. Garay Aubán, Sistemas de pago, Ed. SITUM, 2003, pág. 24.

72

Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 615, 630 (2009).

73

Íd., pág. 631.

AC-2020-50

25

cumplimiento de un mandato de ley o por una obligación

anterior”.74

De manera que, cuando la aseguradora cumple con su

obligación de enviar una oferta razonable al asegurado, esta

constituye meramente el estimado de los daños sufridos.75

Así, el documento que emite el asegurador producto de una

investigación y análisis detenido constituye puramente la

postura institucional del asegurador frente a la reclamación

de su asegurado.76 Es decir, un reconocimiento de deuda al

menos en cuanto a las sumas ofrecidas como ajuste, pero no

una oferta producto de una controversia bona fide o la

iliquidez de la deuda, en este caso, de la reclamación del

asegurado. 77 Nótese

que

“en

dicho

documento

no

existen

concesiones del asegurador hacia su asegurado, pues se trata

de

un

informe

objetivo

del

asegurador

en

cuanto

a

la

procedencia de la reclamación y la existencia de cubierta

según la póliza”.78 Por ende, al emitir el informe de ajuste

no

hay

una

controversia

bona

fide

entre

asegurador

y

asegurado.79

Entonces, allí reiteramos que una carta emitida por

parte de una aseguradora a su asegurado como parte de su

74

Íd., pág. 632 (énfasis suplido).

75

Íd., pág. 635.

76

Íd.

77

Íd.

78

Íd. (énfasis suplido).

79

Íd., pág. 639.

AC-2020-50

26

obligación al amparo del Código de Seguros para resolver la

reclamación

no

puede

constituir

una

transacción. 80 Así,

cuando la aseguradora cumple estrictamente con su deber

estatutario establecido en el Art. 27.162 del Código de

Seguros, ello no es indicativo de una oferta de transacción,

por no ser un acto voluntario en el proceso de negociación

para sustituir la incertidumbre jurídica o evitar el inicio

de un pleito.81 Así, y como tal ofrecimiento no es producto

de alguna diferencia en las respectivas pretensiones de

asegurador y asegurado (iliquidez de la deuda), no cumple

con el requisito de la doctrina de pago en finiquito, esto

es, la existencia de una reclamación ilíquida o sobre la cual

exista una controversia bona fide.

Lo anterior, “no quiere decir que, con ese documento

como base de negociación, asegurador y asegurado puedan

considerar

llegar

reclamación”. 82

transacción

a

un

contrato

Entiéndase

entre

que

asegurador

de

“[l]as

y

transacción

de

la

posibilidades

de

asegurado

sólo

estarán

limitadas por lo que en su día el asegurador informó como

procedente en su comunicación o postura inicial”.83 Siendo

ello así, “el asegurado podría renunciar a ciertas partidas

a cambio de que el asegurador acepte otras que inicialmente

80 Íd.

81

Íd., pág. 627.

82

Íd., pág. 636.

83

Íd.

AC-2020-50

27

estimó improcedente o se modifiquen sumas de las ofrecidas

originalmente”.84

C. La Ley de Transacciones Comerciales y el pago en finiquito

La

Ley

de

Transacciones

Comerciales

codifica

la

jurisprudencia sobre el pago en finiquito antes citada con

ciertas

variantes

a

considerar. 85 En

lo

pertinente,

la

Sección 2-311 establece lo siguiente:

(a) Si una persona contra quien se hace una reclamación prueba

que: (i) ofreció de buena fe un instrumento al reclamante en

pago total de la reclamación, (ii) el monto de la reclamación

no había sido liquidado o estaba sujeto a una controversia

bona fide, y (iii) el reclamante obtuvo el pago del

instrumento, los siguientes incisos serán de aplicación.

(b) A menos que aplique el inciso (c) de esta sección, si la

persona contra quien se establece la reclamación prueba que

el instrumento o una comunicación escrita que le acompaña

contiene una declaración conspicua a los efectos de que el

instrumento fue ofrecido en pago total de la reclamación, la

reclamación queda saldada.

(c) Sujeto a lo dispuesto en el inciso (d) de esta sección,

una reclamación no queda saldada bajo las disposiciones del

inciso (b) de esta sección en cualquiera de las siguientes

situaciones:

.

.

.

.

.

.

.

.

(2) El reclamante, sea o no una organización, prueba que

dentro de los noventa (90) días siguientes al pago del

instrumento, ofreció el repago de la cantidad de dinero

especificada en el instrumento a la persona contra quien

se establece la reclamación. Este inciso no será de

aplicación si el reclamante es una organización que

envió una declaración en cumplimiento con lo dispuesto

con la cláusula (1)(i) de este inciso.

(d) Se salda una reclamación si la persona contra quien se

incoa prueba, que dentro de un tiempo razonable con

anterioridad al inicio del procedimiento de cobro del

instrumento, el reclamante o un agente de éste con

responsabilidad directa respecto a la obligación en disputa,

sabía que el instrumento fue ofrecido en saldo total de la

reclamación.86

84

Íd.

Ley de Transacciones Comerciales, Ley Núm. 208-1995, 19 LPRA §§ 4012409.

85

86

19 LPRA § 611 (énfasis suplido).

AC-2020-50

28

Es evidente que la citada disposición requiere como

condición para que se configure el pago en finiquito la

existencia de los siguientes requisitos: (1) que el deudor

ofrezca de buena fe el instrumento al reclamante en pago total

de

la

reclamación,

(2)

la

existencia

de

una

reclamación

ilíquida o una controversia bona fide, y (3) que el reclamante

haya obtenido el pago del instrumento. Adviértase que el

estatuto impone el peso de la prueba a la persona contra la

cual se hace el reclamo.

De

entrada,

estos

requisitos

son

cónsonos

con

los

establecidos jurisprudencialmente. No obstante, vemos que la

Ley de Transacciones Comerciales impone más restricciones para

que se configure la figura de pago en finiquito. Sobre el

requisito del ofrecimiento del instrumento negociable en pago

total de una reclamación, requiere que se haga de buena fe.

La propia Ley de Transacciones Comerciales define “buena fe”

como “la honestidad de hecho y la observancia de las normas

comerciales razonables de trato justo”.87

La mencionada Ley también requiere que la declaración de

la oferta sea conspicua a los efectos de que el instrumento

fue ofrecido en pago total de la reclamación. La propia Ley

define el término “conspicuo” como sigue:

Un término de una cláusula es conspicuo cuando está

redactado de tal forma que una persona razonable, que será

afectada por el mismo, deberá notarlo. Un encabezamiento

escrito en letras mayúsculas (e.g CARTA DE PORTE NO

NEGOCIABLE) es conspicuo. Un lenguaje en el texto de un

Íd. § 503 (énfasis suplido). Por esta expresión, es necesario acudir

a la regulación del contrato de seguros anteriormente esbozada para

conocer lo que es razonable y un trato justo en esa industria, a saber:

proveer una adecuada orientación, asistencia, etc. Véase, además,

Rosario v. Nationwide Mutual, 158 DPR 775 (2003).

87

AC-2020-50

29

formulario es ‘conspicuo’ si está escrito en letras más

grandes o en otro tipo de letra o color. […].88

Esta legislación establece que “[l]a determinación de si

un término o cláusula es ‘conspicuo’ o no, corresponderá a

los tribunales”.89

Por último, esta disposición permite el ofrecimiento del

repago de la cantidad de dinero especificada en el cheque

dentro

de

los

noventa

(90)

días

siguientes

al

pago

del

instrumento.90 Del propio texto de la Ley de Transacciones

Comerciales queda claro que el mero cambio del cheque no

configura de forma automática la figura de pago en finiquito.

Al respecto, el Profesor Garay Aubán explica que -como

regla general- si se cumplen los tres requisitos previamente

enunciados se configura el pago en finiquito y la reclamación

se extingue. No obstante, comenta que -mediante excepción y a

pesar de cumplirse con los requisitos- si la persona cobra el

cheque sin darse cuenta de que era un pago ofrecido en saldo

total de la reclamación, aplica el término de gracia. Ahora

bien, si se prueba que la persona cobró el cheque a sabiendas,

el periodo de gracia no aplica. Entiéndase que el período de

gracia es para que el acreedor se dé cuenta de la situación,

no para que cambie de parecer.91

Entendemos que la aplicación de esta excepción o término

de gracia para hacer el repago de la cantidad incluida en el

88

Íd. § 451 (énfasis suplido).

89

Íd.

90

19 LPRA § 451 (énfasis suplido).

91

Garay Aubán, op. cit, págs. 29-30.

AC-2020-50

30

cheque es un asunto que compete dirimir a los tribunales, al

igual que el cumplimiento con la declaración conspicua por

parte del asegurador. Nótese que en el pasado este Tribunal

ha

denegado

la

procedencia

de

la

sentencia

sumaria

para

resolver la aplicación de la defensa de pago en finiquito

cuando

había

controversia

de

hechos

de

si

el

demandado

“aceptó, expresa o tácitamente, los cambios en el endoso [del

cheque] efectuados en su presencia [por la parte demandante a

los efectos de que solo era un pago parcial], asunto que debe

ventilarse en juicio plenario”).92

III

En este caso, el asegurado argumenta que los foros a quo

erraron al razonar que se configuraron los requisitos de la

figura de pago en finiquito y, en consecuencia, concluir que

no existían hechos en controversia que impidieran dictar

sentencia sumaria desestimatoria. Es claro que le asiste la

razón.

Como mencionáramos, para resolver la controversia ante

nuestra consideración debemos evaluar cómo opera la figura

del

pago

en

regulaciones

debemos

finiquito

en

el

campo

de

particulares

de

esta

industria.

evaluarla

en

el

contexto

de

la

seguros

con

las

Asimismo,

relación

entre

aseguradora y asegurado. Además, por tratarse de un pago

mediante un instrumento negociable (cheque),

precisa

que

evaluemos la figura en virtud de lo estatuido en la Ley de

Transacciones Comerciales. Veamos.

92

Gilormini Merle, 116 DPR en la pág. 485.

AC-2020-50

31

De una lectura de la Sentencia emitida por el Tribunal

de Primera Instancia se desprende que, en su determinación,

el tribunal tomó como hechos únicos y suficientes sobre los

cuales no existía controversia para aplicar la figura de pago

en finiquito los siguientes: el ofrecimiento del cheque en

pago total, la notificación del cierre de la reclamación y el

cambio del cheque.

De igual manera, el Tribunal de Apelaciones concluyó que

procedía dictar sentencia sumaria debido a que se habían

configurado todos los elementos del pago en finiquito. Sin

embargo, su determinación se circunscribió a establecer que

el requisito del ofrecimiento de pago “no se hizo mediando

mala fe, sino que fue el resultado directo de la investigación

y ajuste de la reclamación”. 93 Sobre

el requisito de

la

aceptación, el tribunal apelativo intermedio razonó que como

el asegurado cambió el cheque y no solicitó reconsideración,

ello era indicativo de la conformidad del asegurado con la

aseguradora.

Vemos que, en sus determinaciones, tanto el tribunal de

instancia como el foro intermedio aplicaron la figura de pago

en finiquito de forma mecánica y no analizaron los requisitos

jurisprudenciales de la figura, en particular nada se dijo

sobre el requisito de la iliquidez o controversia bona fide

de la reclamación. También se omitió lo relativo a las

salvaguardas

del

Código

de

Seguros

y

las

normas

administrativas relacionadas, así como lo estatuido en la Ley

93

Apéndice de la Apelación, pág. 311.

AC-2020-50

32

de Transacciones Comerciales, que requiere que la buena fe de

la oferta sea tanto de hecho (ausencia de opresión o ventaja

indebida por parte del deudor), como en el cumplimiento con

las

normas

razonables

de

trato

justo.

Esto

es,

las

determinaciones de ambos foros se apartaron de la observación

del derecho aplicable, a pesar de lo enfáticos que hemos sido

mediante jurisprudencia de la importancia del cumplimiento de

todos los requisitos a la hora de evaluar si procede o no la

defensa del pago en finiquito.

Así, lo único que establecieron los foros inferiores

fue que la aseguradora envió una carta junto con un cheque

al asegurado y que éste lo firmó y lo cambió. Sin embargo,

como vimos en el derecho aplicable, el mero cambio del

instrumento no representa por sí solo que se concretó la

figura de pago en finiquito y, consecuentemente, el saldo de

la deuda ni la extinción de la obligación.

Al evaluar minuciosamente las sentencias recurridas se

denota que existe controversia en cuanto a la mayoría de los

componentes de la figura del pago en finiquito. En primer

lugar, con respecto al requisito de la existencia de una

reclamación ilíquida o sobre la cual exista una controversia

bona fide, nada se estableció. Ello, a pesar de que se ha

puntualizado desde la adopción de esta figura en nuestro

ordenamiento

que,

aunque

no

exista

duda

sobre

el

ofrecimiento ni la aceptación del pago, si no está el

AC-2020-50

33

elemento de la iliquidez no se concreta la figura.94 Vemos

que no se estableció las características del pago ofrecido.

Tampoco se dijo sobre si el pago en cuestión se hizo al

amparo o en cumplimiento de un mandato estatutario, que debe

tenerse como un ofrecimiento de deuda.95

Sobre el elemento del ofrecimiento, no se desprende un

análisis con respecto a la ausencia de opresión o ventaja

indebida

por

parte

del

deudor

y

la

relación

entre

el

asegurado y la aseguradora, dentro del contexto del evento

que motivó la reclamación. Asimismo, tampoco es patente la

existencia de circunstancias claramente indicativas para el

acreedor de lo que representaba el cheque, pues no quedó

establecido si la carta advertía al asegurado de forma

conspicua que el instrumento fue ofrecido en pago total de

la reclamación. Tampoco se analiza qué fue lo que la carta

comunicó, si la misiva logró cumplir con las salvaguardas,

restricciones y normas comerciales de trato justo estatuidas

en el Código de Seguros, dirigidas a que el asegurado reciba

una orientación clara que se desprenda de manifestaciones y

representaciones

ciertas

y

explicaciones

razonables,

incluido el estimado real de los daños sufridos por la

propiedad asegurada. Más importante aún, si la carta superó

la exigencia de que el asegurado alcance un entendimiento

claro.

City of San Juan, 195 US en la pág. 522; López, 62 DPR en las págs.

245-246.

94

95

Carpets, 175 DPR en las págs. 630-632.

AC-2020-50

34

De igual manera, no quedó establecido si de la carta

remitida al asegurado surgía que el ofrecimiento del pago se

sujetó a la condición de que de aceptarlo se entendería en

saldo

de

su

reclamación.

Esto

es,

si

se

advirtió

adecuadamente en la carta sobre las consecuencias de aceptar

el

pago

y

si

esto

último

le

impediría

presentar

una

reconsideración o entablar posteriormente una demanda como

la de autos.

Tampoco se desprende si el cheque contiene una expresión

conspicua conforme se define expresamente en la Ley, la

ubicación, el tamaño y color de la letra en la expresión del

pago total y si esta advirtió adecuadamente al asegurado lo

que implicaba.

En cuanto al tercer requisito, la aceptación (elemento

directamente atado al requisito del ofrecimiento), vemos que

existe controversia sobre qué entendimiento o bajo cuáles

condiciones el asegurado cambió el cheque y si comprendió el

alcance

y

los

efectos

que

implicaba

la

aceptación.

Entiéndase que no se estableció que hubo un entendimiento

claro por parte del asegurado.96

Razonamos que un planteamiento sobre entendimiento claro

del asegurado requiere especial atención en circunstancias en

que el contrato entre las partes es uno de adhesión y cuya

El que se concrete el entendimiento claro de una oferta de un pago

total es de suma importancia, porque si por el contrario se entiende que

es en pago parcial para comenzar a reconstruir su vivienda, este no

podría resultar en un pago en finiquito, asunto que incide a su vez con

el primer requisito de la iliquidez de la deuda. Véanse, 26 LPRA § 2716f

y CÓD. CIV. PR art. 1123, 31 LPRA § 3173.

96

AC-2020-50

industria

35

por

su

socioeconómico

del

País

consiguiente,

para

que

prospere

tienen

vital

que

jurisprudenciales

trascendencia

en

es

una

regulada. 97 Por

la

figura

altamente

concretarse

propios

de

la

del

pago

todos

figura

el

en

finiquito

los

y,

ámbito

requisitos

además,

deben

hacerse valer las disposiciones estatuidas en el Código de

Seguros, las normas administrativas relacionadas y la Ley de

Transacciones Comerciales.

Puntualizamos, además, que “la renuncia de un derecho

afirmativamente

concedido

por

ley

requiere

que

la

parte

renunciante conozca de forma cabal su derecho y haya tenido

la intención clara de abandonarlo”.98

Concluimos

que

no

existe

claridad

sobre

los

hechos

medulares, como tampoco si el asegurador cumplió con las

normas razonables de trato justo en la industria de seguro,

para establecer la procedencia de la figura de pago en

finiquito mediante el mecanismo de sentencia sumaria.99 Nada

impide que en la relación aseguradora-asegurado ambas partes

lleguen a un acuerdo y transen sus disputas. Tampoco hay

impedimento en la utilización del mecanismo de sentencia

Véase, Rosario, 158 DPR en la pág. 780 (caso que denegó la

desestimación sumaria del pleito por la aplicación de la defensa de la

transacción por no estar establecidas las condiciones en que la

perjudicada suscribió el relevo que le presentó el ajustador de la

aseguradora y su entendimiento sobre las consecuencias de suscribirlo.

El Tribunal entendió que “existe la necesidad ‘de proteger al consumidor

en casos de contratos como el de [una póliza], que de ordinario son la

parte más débil en este tipo de transacción’[citas omitidas].”).

97

98

Mendoza Aldarondo v. Asociación Empleados, 94 DPR 564, 577 (1967).

Vease, Gilormini Merle, 116 DPR en la pág. 485 (no procedía la

sentencia sumaria para resolver la procedencia de la defensa de pago en

finiquito porque quedó trabada la controversia de hechos de si el

demandado “aceptó, expresa o tácitamente, los cambios en el endoso [del

cheque] efectuados en su presencia [por la parte demandante]”).

99

AC-2020-50

36

sumaria si se dan los requisitos. Sin embargo, la evaluación

a posteriori de estos alegados acuerdos en el contexto de una

solicitud de sentencia sumaria y en el marco de un campo

altamente regulado como la industria de seguros, precisa de

nuestros tribunales la profundidad en el análisis y la certeza

de que se ha cumplido con cada uno de los requisitos que las

leyes

aplicables

y

la

jurisprudencia

interpretativa

ha

establecido. El asunto no se puede analizar de forma tan

simple y mecánica.

IV.

Por

los

fundamentos

determinación del

antes

expuestos,

revocamos

Tribunal de Apelaciones y, a

la

su vez,

ordenamos la devolución del caso al Tribunal de Primera

Instancia para que proceda conforme a lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

Erick V. Kolthoff Caraballo

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ángel E. Feliciano Aguayo

Peticionario

v.

AC-2020-50

Mapfre Panamerican Insurance

Company

Recurrido

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico a 28 de mayo de 2021.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede la cual se hace formar parte íntegra de la

presente, revocamos la determinación del Tribunal de

Apelaciones y, a su vez, ordenamos la devolución del

caso al Tribunal de Primera Instancia para que proceda

conforme a lo aquí resuelto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica

el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada

señora Pabón Charneco emitió Opinión Disidente. La

Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez está inhibida.

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ángel E. Feliciano Aguayo

Peticionario

AC-2020-50

v.

Mapfre Panamerican Insurance

Company

Recurrido

Opinión Disidente emitida por la Jueza Asociada señora Pabón

Charneco.

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021.

Disiento respetuosamente de la Opinión Mayoritaria. En

años recientes este Tribunal ha plasmado pormenorizadamente

las normas para examinar una Solicitud de Sentencia Sumaria

y el modo correcto de revisarlas en apelación. De forma

reiterada hemos resuelto que las alegaciones concluyentes de

derecho son insuficientes para derrotar una solicitud de

esta índole. Quien se opone al petitorio debe sustentar su

posición con hechos y prueba. Los mencionados requerimientos

no son meros formalismos, sino herramientas para disponer

expeditamente

de aquellos

pleitos cuya

resolución puede

efectuarse sin la celebración de un Juicio. Sin embargo, la

decisión emitida hoy por la Mayoría resulta contraria a estos

preceptos.

En el caso de autos no habían hechos materiales en

controversia que impidieran dictar Sentencia sumariamente.

Por

lo

tanto,

debimos

entrar

en

los

méritos

de

la

controversia y resolver de una vez por todas la aplicabilidad

AC-2020-50

2

de la defensa de pago en finiquito en el contexto de una

reclamación de seguros. Un deudor puede extinguir su deuda

ilíquida mediante el envío de un cheque, siempre que este

contenga una anotación clara a tales fines para el acreedor

y el ofrecimiento de pago sea aceptado. El lenguaje utilizado

por el deudor debe ser lo suficientemente comprensible para

que una persona promedio con la habilidad de leer entienda

lo que representa. De esto suceder, entonces el cobro del

cheque, sin protesta, equivale a aceptar la oferta como un

pago en finiquito de la obligación. Tras un análisis del

derecho y su aplicación a los hechos incontrovertidos, debo

concluir que procedía confirmar la Sentencia del foro a quo

dado que se cumplen los elementos de la figura de pago en

finiquito.

Con el propósito de poner en justa perspectiva los

fundamentos que me motivan a emitir esta Opinión Disidente,

a

continuación

reseño

el

tracto

procesal

del

caso

de

epígrafe.

I

El 17 de septiembre de 2018, el Sr.

Aguayo,

(peticionario)

incumplimiento

de

presentó

contrato

contra

Ángel E. Feliciano

una

Mapfre

Demanda

Pan

por

American

Insurance Company (MAPFRE). En síntesis, alegó que MAPFRE

emitió una póliza para asegurar un bien inmueble de su

pertenencia, el cual sufrió daños en 2017 a causa del Huracán

María.

Expresó

que,

tras

iniciar

una

reclamación

para

obtener el desembolso de los daños conforme a la póliza de

AC-2020-50

seguros,

3

un

ajustador

enviado

por

MAPFRE

acudió

a

la

propiedad para examinar y estimar los daños. Esbozó que los

daños finalmente estimados eran contrarios a los términos de

la

póliza

e

impropiamente

omitían

o

subvaloraban

las

pérdidas cubiertas. Adujo que MAPFRE actuó de manera dolosa,

de mala fe e incurrió en prácticas desleales en el ajuste de

su reclamación. Reclamó que se reconociera que los daños a

la

vivienda

ascendían

a

ciento

cincuenta

y

cuatro

mil

diecisiete dólares con veintitrés centavos ($154,017.23) y

se le pagara tomando esa cantidad como base.

Por el otro lado, el 8 de mayo de 2019 MAPFRE presentó

una Moción de Desestimación y/o Sentencia Sumaria. En esta,

manifestó que le envió un cheque al peticionario por la

cantidad de tres mil ochocientos setenta y ocho dólares

($3,878.00), el cual fue cobrado sin expresión de reserva

alguna sobre el estimado de las pérdidas. Aseveró que el

cheque

indicaba

que

era

en

pago

total

y

final

de

la

reclamación por daños ocasionados por el Huracán María. Así,

planteó que la causa de acción del peticionario carecía de

méritos toda vez que este recibió el pago total de su

reclamación

y,

con

arreglo

a

la

doctrina

de

pago

en

finiquito, estaba impedido de solicitar una compensación

adicional.

En respuesta, el peticionario argumentó que existía

controversia de hechos. Expresó que debía rechazarse la

defensa de pago en finiquito porque MAPFRE la utilizó para

eludir su obligación de investigar, ajustar y resolver su

AC-2020-50

4

reclamación adecuadamente. Expuso que la aseguradora intentó

sustituir ese deber jurídico mediante el pago a una persona

en extremo estado de necesidad y sin la facultad de ejercer

una decisión informada, lo cual, de por sí, constituyó mala

fe. Además, alegó que era improcedente reconocer la defensa

de pago en finiquito pues lo pagado no era una cantidad

ilíquida, sino el pago de una responsabilidad fijada por el

Código de Seguros, infra.

Evaluadas las respectivas posiciones, el Tribunal de

Primera Instancia dictó Sentencia Sumaria a favor de MAPFRE.

Concluyó que, a tenor con la doctrina de pago en finiquito,

la obligación quedó extinta cuando el peticionario endosó el

cheque enviado por MAPFRE. Por lo tanto, desestimó la Demanda

con perjuicio.

Inconforme, el peticionario recurrió ante el Tribunal

de Apelaciones. El foro apelativo intermedio confirmó el

dictamen emitido por el tribunal de instancia. Concluyó que

se configuraron todos los elementos del pago en finiquito

pues existía una reclamación contra MAPFRE por los daños

sufridos al inmueble, la reclamación fue investigada, se

hizo una oferta clara en pago total de la reclamación, y el

peticionario aceptó la oferta al firmar y cobrar el cheque

varios días después. Específicamente, el tribunal apelativo

intermedio expresó que, junto con el cheque:

[S]e incluyó todo el estimado de los daños y los

ajustes realizados antes de emitir el cheque. Lo

anterior nos lleva a concluir que el pago

realizado por parte de la aseguradora no se hizo

mediando mala fe, sino que fue el resultado

AC-2020-50

5

directo de la investigación y ajuste de la

reclamación. Al cursarse la oferta, nos resulta

claro

que

se

hizo

cumpliendo

con

los

requerimientos del Código de Seguros y con el

propósito claro de culminar la reclamación. De

otra parte, nada en el lenguaje revela intención

de confundir de parte de la aseguradora. Por el

contrario, Mapfre le detalló a Feliciano Aguayo

los pormenores de sus daños y, además, el

procedimiento de reconsideración que tenía a su

disposición, en caso de no estar de acuerdo con la

conclusión de la aseguradora. A pesar de ello,

Feliciano Aguayo no solicitó reconsideración de

esta decisión.

Surge del propio cheque, que Feliciano Aguayo

firmó el cheque, lo cobró y no presentó

reconsideración alguna ante la aseguradora, lo

cual nos refleja su conformidad con la conclusión

de la aseguradora. Sentencia de 30 de junio de

2020, Apéndice de la Apelación, págs. 311-312.

Aun en desacuerdo, el peticionario recurrió ante nos y

señaló que erraron los foros a quo al resolver que no

existían hechos materiales en controversia. Arguyó también

como error la conclusión de que se concretaron todos los

elementos de la doctrina de pago en finiquito. Así mismo,

planteó que la mencionada doctrina es incompatible con el

Código de Seguros, infra.

II

A.

La Sentencia Sumaria es un mecanismo procesal utilizado

para disponer de una controversia sin tener que llevar a

cabo un Juicio en su fondo. Los tribunales pueden dictar

Sentencia sumariamente cuando no hay controversia de hechos

materiales y meramente procede una aplicación del derecho a

los hechos no controvertidos. Conforme a la Regla 36.3 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, procede dictar Sentencia

AC-2020-50

6

Sumaria si las alegaciones, deposiciones, contestaciones a

interrogatorios, admisiones, declaraciones juradas u otra

evidencia acreditan la inexistencia de una controversia real

y sustancial respecto a algún hecho esencial y material y,

además, si el derecho aplicable así lo justifica.

La parte promovente de la Moción de Sentencia Sumaria

viene obligada a desglosar los hechos sobre los que aduce

que no existe controversia y, para cada uno, especificar la

página o párrafo de la declaración jurada u otra prueba

admisible en evidencia que lo apoya. Íd. Igualmente, la parte

que se opone a una Moción de Sentencia Sumaria tiene el deber

de hacer referencia a los párrafos enumerados por la parte

promovente que entiende que están en controversia y, para

cada uno, detallar la evidencia admisible que sostiene su

impugnación. Íd. Como norma general, “para derrotar una

solicitud

de

sentencia

sumaria

la

parte

opositora

debe

presentar contradeclaraciones juradas y contradocumentos que

pongan

en

controversia

los

hechos

presentados

por

el

promovente”. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 215

(2010), citando a Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v.

Purcell,

117

DPR

714,

721

(1986).

Si

el

oponente

no

controvierte los hechos propuestos de la forma en la que lo

exige la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, se podrán

considerar como admitidos y se dictará la Sentencia Sumaria

en su contra, si procede.

Al momento de revisar una Sentencia dictada de forma

sumaria, el Tribunal de Apelaciones está obligado a aplicar

AC-2020-50

7

los mismos criterios exigidos al foro primario por la Regla

36 de Procedimiento Civil, supra, lo cual incluye revisar

que tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su oposición

cumplan

con

los

requisitos

de

forma

codificados

en

la

referida Regla. Roldán Flores v. M. Cuebas, 199 DPR 664, 679

(2018). En esa evaluación, el foro apelativo intermedio

ausculta la existencia de una controversia real de hechos

materiales y, de no haberlas, procede a revisar de novo si

el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el

Derecho a los hechos incontrovertidos. Meléndez González v.

M. Cuebas, 193 DPR 100, 117-119 (2015).

B.

La

industria

de

seguros

es

altamente

regulada

por

implicar un asunto de alto interés público que incide sobre

la economía y la sociedad. Jiménez López v. Simed, 180 DPR

1, 8 (2010). Por medio del contrato de seguros, una persona

se obliga a indemnizar, pagar o proveerle a otra un beneficio

específico o determinable al producirse un suceso incierto

previsto en este. Art. 1.020 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio

de 1957, según enmendada, conocida como Código de Seguros de

Puerto Rico,

26 LPRA sec. 102. La relación jurídica entre

el asegurador y el asegurado es de naturaleza contractual y

se rige concretamente por lo pactado en el contrato de

seguros, que es la ley entre las partes. Jiménez López v.

Simed, supra, pág. 10.

En

el

desempeño

de

las

obligaciones

pactadas,

los

aseguradores deben ceñirse a las normas contenidas en el

AC-2020-50

8

Código de Seguros y los cuerpos reglamentarios que rigen el

comportamiento de una relación asegurador-asegurado. Dentro

de esas normas se encuentra la prohibición de incurrir en

prácticas

desleales

y

fraudulentas

en

el

ajuste

de

reclamaciones. Arts. 27.161 y 27.260 del Código de Seguros

de Puerto Rico, 26 LPRA secs. 2716 y 2735; Reglamento Núm.

2080 de la Oficina del Comisionando de Seguros de 6 de abril

de 1976 (Reglamento Núm. 2080). Algunas de las prácticas que

se

consideran

desleales

son:

(1)

hacer

falsas

representaciones de los hechos o de los términos de una

póliza; (2) rehusar pagar una reclamación sin llevar a cabo

una investigación razonable; (3) no intentar de buena fe

llevar a cabo un ajuste rápido, justo y equitativo de una

reclamación; (4) obligar a los asegurados a entablar pleitos

para recobrar bajo los términos de una póliza porque se les

denegó incorrectamente la cubierta o se les ha ofrecido una

cantidad sustancialmente menor a la que podrían recobrar en

un litigio, y (6) intentar transigir una reclamación por una

cantidad menor a la que el asegurado razonablemente tenga

derecho. Art. 27.161 del Código de Seguros de Puerto Rico,

supra.

Asimismo, cuando un asegurado presenta una reclamación

para cobrar las pérdidas cubiertas por su póliza, la entidad

aseguradora debe cumplir con lo dispuesto en el Art. 27.162

del Código de Seguros, supra. Esta obligación consiste en la

investigación, ajuste y resolución de la reclamación de

forma final en los noventa (90) días luego de presentada.

AC-2020-50

Durante

9

ese

investigación

precisar

si

término,

el

diligente

el

evento

asegurador

que

debe

incluya,

damnificador

realizar

inter

ocurrió

una

alia:

(1)

durante

la

vigencia de la póliza; (2) acotar si el asegurado reclamante

tenía un interés asegurable; (3) determinar si la propiedad

damnificada es aquella descrita en las declaraciones; (4)

confirmar si las pérdidas reclamadas no están sujetas a

exclusiones de riesgo, y (5) escrutar si el daño fue causado

por negligencia de un tercero, de modo tal que el asegurador

pueda subrogarse en los derechos de resarcimiento de su

asegurado. Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 615, 634

(2009).

Luego de culminado ese ejercicio, la aseguradora emite

una

determinación

a

fin

de

resolver

la

reclamación

presentada. Esa determinación debe constituir una oferta

razonable, en virtud de los términos de la póliza y la

investigación realizada. Com. Seg. PR v. Antilles Ins. Co.,

145 DPR 226 (1998). Es decir, la comunicación enviada al

asegurado debe incluir todas las cantidades que deban ser

incluidas

de

acuerdo

con

la

reclamación

radicada,

la

investigación del asegurador y los límites de la póliza.

Reglamento Núm. 2080, supra, pág. 3. La reclamación quedará

resuelta mediante el pago total de la reclamación o la

denegación escrita y fundamentada de la misma.100 Art. 27.163

Una reclamación también quedará resuelta por inactividad del

reclamante, cuando el reclamante no coopere o no entregue la información

necesaria para que el asegurador pueda realizar el ajuste. Art. 27.163

del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 2716c

100

AC-2020-50

10

del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 2716c. De proceder un

pago,

la

determinación

del

asegurador

le

informa

al

asegurado que:

[D]espués de una investigación diligente, un

análisis de los hechos que dieron lugar a la

pérdida, un examen de la póliza y sus exclusiones,

y un estudio realizado por el ajustador de

reclamaciones del asegurador, se concluye que la

póliza cubre ciertos daños reclamados por el

asegurado, en las cantidades incluidas en la

comunicación. Después de todo, al analizar una

reclamación,

los

aseguradores

tienen

una

obligación de llevar a cabo un ajuste rápido,

justo, equitativo y de buena fe. Carpets & Rugs v.

Tropical Reps, supra, pág. 635.

En

caso

del

asegurado

estar

en

desacuerdo

con

la

determinación de la aseguradora, entonces tiene la opción de

solicitar reconsideración ante la entidad aseguradora o

acudir a los foros judiciales y administrativos pertinentes

para

hacer

valer

sus

derechos.

Lo

anterior

surge

del

Reglamento Núm. 8386 de la Oficina del Comisionado de Seguros

de

21

de

agosto

de

2013.

Mediante

este

Reglamento

se

estableció la Regla 47-A para regular la primera solicitud

de reconsideración de la determinación del asegurador. La

Regla

les

impuso

la

obligación

a

los

aseguradores

de

investigar, ajustar y resolver toda primera solicitud de

reconsideración dentro de treinta (30) días de presentada.

La

solicitud

debe

presentarse

por

escrito,

indicar

los

hechos y los asuntos pertinentes y el reclamante debe alegar

tener derecho al pago, a un pago distinto al ofrecido o

volver a reclamar el daño compensable. Por último, la Regla

expresa claramente que nada de lo dispuesto puede entenderse

AC-2020-50

11

como una limitación del derecho del asegurado de acudir a

cualquier foro administrativo o judicial. Por lo tanto, de

considerar

que

la

aseguradora

incurrió

en

una

práctica

desleal en el proceso de ajuste de su reclamación, el

asegurado tiene disponible un remedio administrativo ante la

Oficina

del

Comisionado

de

Seguros. 101 Asimismo,

tiene

disponibles remedios judiciales, lo que pudiera incluir una

acción por los daños sufridos.102

C.

Con ese marco estatutario en mente, debemos considerar

la figura del pago en finiquito (accord and satisfaction).

Esta figura, proveniente del Derecho Común, fue importada a

nuestro acervo jurídico mediante jurisprudencia. Constituye

una de las formas para extinguir una obligación y puede

utilizarse como una defensa afirmativa al responder las

alegaciones

de

un

pleito

civil.

Regla

6.3(b)

de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.

El accord and satisfaction

representa un “[m]étodo

corto y práctico para zanjar diferencias [y] se utiliza a

menudo en la práctica”. M.E. García Cárdenas, Derecho de

Obligaciones y Contratos, 2017, pág. 243. Opera “como un

método informal de resolución de controversias que se lleva

El Art. 27.260 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 2735, establece

que a cualquier persona que infrinja las disposiciones relacionadas a

prácticas desleales y fraude podrá imponérsele una multa administrativa

que no excederá de diez mil (10,000) dólares por cada violación.

102 El asegurado pudiera reclamar daños por incumplimiento contractual.

Además, en 2018 se incorporó al Código de Seguros un remedio civil a

favor del asegurado por los daños sufridos a causa de haber el asegurador

incurrido en una práctica desleal en el ajuste de su reclamación. Art.

27.164 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 2716d.

101

AC-2020-50

12

a cabo mediante el uso de un instrumento negociable [...]”.

M.R. Garay Aubán, Derecho cambiario de Estados Unidos y

Puerto Rico, Ponce, Ed. Revista de Derecho Puertorriqueño,

1999,

pág.

279.

Por

sus

semejanzas

al

contrato

de

transacción, esta figura se le ha denominado una transacción

al instante: “al igual que su paralelo de mayor solemnidad

la transacción, [el accord and satisfaction] es accesorio,

consensual, bilateral y oneroso”. A. Martínez & Co. v. Long

Const. Co., 101 DPR 830, 835 (1973). No obstante, el pago en

finiquito “opera en un área de contratación rápida propia de

nuestros días y es más asequible para la terminación en corto

plazo de diferencias, incertidumbres y mutuas reclamaciones

que el contrato de transacción”. Íd.

Precisa el concurso de los elementos siguientes para

que exista un accord and satisfaction: (1) Una reclamación

ilíquida o sobre la cual exista controversia bona fide; (2)

un ofrecimiento de pago por el deudor; y (3) una aceptación

del ofrecimiento de pago por el acreedor.

El primer elemento para examinar es si se trata de una

deuda ilíquida o, en su defecto, una deuda sobre la cual

existe una controversia bona fide sobre su existencia.103

En City of San Juan v. St. John's Gas Co., 195 U.S. 510 (1904), el

Tribunal Supremo de Estados Unidos reconoció la distinción entre una

deuda ilíquida y una sujeta a controversia bona fide:

103

[T]he well-established rule “that where a liquidated sum is

due, the payment of a less sum in satisfaction thereof,

though accepted as satisfaction, is not binding as such, for

want of consideration” [...] is subject, among others, to

the well- established exception that it does not apply where,

at the time of the agreement, there was a dispute between

the parties, the subject-matter of which dispute is embraced

in the agreement to extinguish a greater by a less amount.

[...] Despite the construction which we have given the

AC-2020-50

13

Para efectos del caso ante nos, nos concentraremos en el

aspecto de la liquidez. Una deuda es ilíquida cuando es

fluida

e

incierta

la

cuantía

representativa

del

justo

balance que saldaría el contrato. A. Martínez & Co. v. Long

Const. Co., supra, pág. 834. A contrario sensu, una deuda es

líquida cuando el monto de lo adeudado es definitivo o puede

determinarse con exactitud, ya sea del acuerdo entre las

partes o mediante la aplicación de reglas definidas por ley.

1

Am.Jur.

2d

(Accord

&

Satisfaction),

Sec.

8.

En

tal

contexto, este Tribunal expresó que una reclamación era

líquida cuando se observaba que “en cuanto a la exactitud de

la cantidad reclamada por el demandante no existía disputa,

sino simplemente en cuanto a la obligación de pagarla”. López

v. South Porto Rico Sugar Company of Porto Rico, 62 DPR 238,

245 (1943).104

Referente al segundo elemento, el ofrecimiento de pago

por el deudor a su acreedor tiene que estar acompañado por

actos o declaraciones que claramente indiquen que el pago

contract, we think it is quite clear that the proof

established that there was a bona fide dispute in this case.

Íd., pág. 522.

Por lo tanto, “a claim may be liquidated in amount and there may still

be an accord and satisfaction by the receipt of a smaller amount by the

creditor, if the claim, itself, as distinguished from its amount, is

disputed and the settlement [is] made in view of the dispute [...]”.

(Énfasis suplido). Laxton v. Retail Hardware Mut. Fire Ins. Co., 48

S.W.2d 144, 146 (Mo.App. 1932).

104 En López v. South Porto Rico Sugar Company of Porto Rico, 62 DPR 238,

245 (1943), la deuda era líquida, por lo cual debía existir una

controversia bona fide sobre la obligación de pagarla para satisfacer

el primer elemento de la defensa de aceptación como finiquito. La defensa

fue rechazada porque al momento de extenderse el ofrecimiento de pago

“ya el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, al denegar la expedición

del auto de certiorari[,] había disipado la duda que tenía la demandada

en cuanto a su obligación de pagar la cantidad reclamada por el

demandante”, lo cual impidió concluir que la controversia era bona fide.

Íd., pág. 246.

AC-2020-50

14

ofrecido es en pago total, completo y definitivo de la deuda

existente entre ambos. H.R. Elec., Inc. v. Rodríguez, 114

DPR 236, 242 (1983).

Finalmente, el tercer elemento consiste en evaluar la

aceptación del pago cursado. El accord and satisfaction

quedará perfeccionado “con la simple retención del cheque

por el acreedor que con ello expresa su consentimiento

[...]”. A. Martínez & Co. v. Long Const. Co., supra, pág.

835.

Esta

retención

afirmativos,

debe

posteriores

estar

al

acompañada

recibo

del

de

actos

cheque,

que

claramente indiquen la aceptación de la oferta. Por ejemplo,

hemos interpretado como suficiente que el deudor utilice el

cheque para su propio y permanente provecho mediante su

endoso

y

explicación

cambio.

por

Además,

tiempo

que

retenga

inusitado.

H.R.

el

cheque

Elec.,

Inc.

sin

v.

Rodríguez, supra, pág. 243.

Cónsono con el principio de buena fe que permea toda

actividad jurídica, el concurso de estos elementos debe ser

en ausencia de opresión o indebida ventaja de parte del

deudor. A. Martínez & Co. v. Long Const. Co., supra, pág.

834. De esto ocurrir, “mediando circunstancias claramente

indicativas para el acreedor de que el cheque remitido lo

era en pago y saldo total del balance resultante de la

liquidación final del contrato, están presentes todos los

requisitos de este modo de extinción de las obligaciones”.

Íd.

AC-2020-50

15

Cabe

mencionar

que,

posterior

a

su

adopción

jurisprudencial, la aceptación como finiquito fue codificada

en la Ley Núm. 208-1995, según enmendada, conocida como Ley

de Transacciones Comerciales, 19 LPRA Sec. 401 et seq. En lo

pertinente, la ley establece lo siguiente:

(a) Si una persona contra quien se hace una

reclamación prueba que (i) ofreció de buena fe un

instrumento al reclamante en pago total de la

reclamación, (ii) el monto de la reclamación no

había sido liquidado o estaba sujeto a una

controversia bonafide, y (iii) el reclamante

obtuvo el pago del instrumento, las siguientes

subsecciones serán de aplicación.

(b) [...] si la persona contra quien se establece

la reclamación prueba que el instrumento o una

comunicación escrita que le acompaña contiene una

declaración conspicua a los efectos de que el

instrumento fue ofrecido en pago total de la

reclamación, la reclamación queda saldada. Sección

2-311 de la Ley de Transacciones Comerciales, 19

LPRA sec. 611.

La Ley de Transacciones Comerciales, supra, además de

los requisitos ya discutidos, expresamente establece que el

ofrecimiento debe ser de buena fe. Es decir, con “honestidad

de

hecho

y

la

observancia

de

las

normas

comerciales

razonables de trato justo”. Sección 2-103 de la Ley de

Transacciones Comerciales, 19 LPRA sec. 503. Asimismo, la

legislación adiciona como requisito que el instrumento, o la

comunicación escrita que le acompañe, debe contener una

declaración conspicua a los efectos de que el ofrecimiento

se

hizo

en

Transacciones

pago

total

Comerciales

de

la

reclamación.

considera

un

La

Ley

de

término

de

una

cláusula como “conspicuo” cuando “está redactado de tal

forma que una persona razonable, que será afectada por el

AC-2020-50

mismo,

16

deberá

notarlo”.

Sección

1-201

de

la

Ley

de

Transacciones Comerciales, 19 LPRA sec. 451. Se ofrecen como

ejemplos cuando se utilizan letras mayúsculas, un texto

escrito en letras más grandes, en otro tipo de letra o con

un color distinto.

D.

Corresponde en este momento evaluar la interrelación

entre la legislación de los seguros y la defensa de pago en

finiquito. Como punto de partida, recurrimos al texto del

Código de Seguros. En esta ley, la única mención expresa que

se hace de la figura de pago en finiquito es en el Art.

27.166

del

Código

de

Seguros,

26

LPRA

sec.

2716f.

El

mencionado Artículo regula lo concerniente a pagos parciales

o en adelanto de reclamaciones ante eventos catastróficos y

establece que:

(d) La aceptación de un pago parcial o en adelanto

por el asegurado reclamante no constituirá, ni

podrá ser interpretado, como un pago en finiquito

o renuncia a cualquier derecho o defensa que éste

pueda tener sobre los otros asuntos de la

reclamación

en

controversia

que

no

estén

contenidos expresamente en la declaración de

oferta de pago parcial o en adelanto.

Notamos que lo establecido en esa disposición mandata

que sea inaplicable la defensa de pago en finiquito a los

asuntos

que

no

estén

contenidos

expresamente

en

la

declaración de oferta. Ciertamente, un acuerdo no puede

aplicar a lo que en él no se contempla. Pero lo realmente

revelador

de

esta

disposición

aplicabilidad

del

accord

and

es

que

no

excluye

satisfaction

a

la

las

AC-2020-50

17

reclamaciones de seguros, sino que aclara una situación en

la cual sería erróneo utilizarla.

Por otro lado, aunque no hace mención expresa del pago

en finiquito, la Carta de Derechos del Consumidor de Seguros

establece que los asegurados tienen el derecho a que su

asegurador les “envíe su oferta con desglose del ajuste para

su evaluación, antes de recibir un cheque que usted no ha

aceptado, o concurrentemente con el cheque, sin que se

entienda

que

el

simple

recibo

del

mismo

significa

una

renuncia a sus reclamaciones”. Artículo 1.120 del Código de

Seguros, 26 LPRA sec. 118. De esto se puede colegir que el

simple recibo del cheque del asegurador no significa que el

asegurado haya renunciado a sus reclamaciones. Empero, de

estar presentes actos afirmativos, como el endoso y cambio

del instrumento, nada impide que se aplique la doctrina del

pago en finiquito, siempre que se cumplan la totalidad de

los elementos de esta figura.105

En este análisis resulta inescapable remontarnos a los

embates naturales que azotaron a Puerto Rico en 2017. Tras

estos

sucesos,

cantidad

de

sin

sorpresa

reclamaciones

alguna,

de

surgieron

seguros

por

una

daños

gran

a

la

propiedad. Más allá de las consecuencias experimentadas

individualmente por los ciudadanos, estos eventos tuvieron

Debe además considerarse lo dispuesto en la Sección 2-311 de la Ley

de Transacciones Comerciales, 19 LPRA sec. 611, la cual dispone que una

reclamación no queda saldada como pago en finiquito cuando el acreedor

“prueba que dentro de los noventa (90) días siguientes al pago del

instrumento, ofreció el repago de la cantidad de dinero especificada en

el instrumento a la persona contra quien se establece la reclamación”.

105

AC-2020-50

18

consecuencias

directas

sobre

la

labor

legislativa.

En

específico, fueron punta de lanza para varios proyectos de

ley dirigidos a atender la controversia que hoy tenemos ante

nos.

El 9 de octubre de 2019, se radicó el Proyecto de la

Cámara 2285, primer proyecto legislativo relacionado al tema

que nos compete. En el mismo se adelantaba enmendar el Código

de Seguros para establecer que ninguna compañía de seguros

podía extinguir una obligación mediante la figura de pago en

finiquito sin antes proveerle al asegurado una explicación

detallada,

por

escrito

y

oral,

sobre

el

alcance

y

consecuencias de recibir dicho pago. Por haber finalizado la

última

Sesión

Ordinaria

de

la

Decimoctava

Asamblea

Legislativa, la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y

Seguros de la Cámara de Representantes no logró considerar

el Proyecto y rindió un Informe Negativo. Por otro lado, el

17 de octubre de 2019 se radicó el segundo proyecto de ley

relacionado al pago en finiquito en el ámbito de los seguros.

Este fue el Proyecto del Senado 1417, el cual proponía

prohibir, retroactivamente, la defensa de pago en finiquito

en pleitos judiciales de seguros, de manera que quedaran

cobijadas las reclamaciones presentadas como consecuencia de

las tormentas de 2017. Esta medida tampoco se aprobó, siendo

la última incidencia legislativa su remisión a la Comisión

de Reglas y Calendario del Senado el 22 de junio de 2020.

Por último, actualmente se encuentra bajo estudio en la

Asamblea Legislativa el Proyecto de la Cámara 153. Este

AC-2020-50

19

proyecto de ley, radicado el 5 de enero de 2021, es muy

similar al anterior Proyecto de la Cámara 2285. Su intención

es

añadir

como

una

práctica

desleal

en

el

ajuste

de

reclamaciones lo siguiente:

(22) Ninguna compañía de seguros podrá extinguir

una obligación mediante la figura de pago en

finiquito sin antes proveerle al asegurado una

explicación detallada, por escrito y oral, sobre

el alcance y consecuencias de recibir dicho pago.

La explicación en cuestión debe exponer claramente

al asegurado que recibir el pago en cuestión

constituye el pago total y definitivo de la

obligación. P. de la C. 153, pág. 3.

La medida propuesta admite la aplicación del pago en

finiquito

a

las

reclamaciones

de

seguros.

Además,

para

permitir el reconocimiento de la figura, propone exigir que

el

asegurado

sea

orientado

sobre

las

consecuencias

de

aceptar el pago tanto de forma oral como escrita.

Tomando

todo

lo

expuesto

en

consideración,

debo

concluir que el Código de Seguros no excluye la aplicación

de la figura de pago en finiquito en las reclamaciones de

seguros.

Conforme a la normativa jurídica antes expuesta, paso

a resolver la controversia ante nos.

III

Primero,

corresponde

determinar

si

el

Tribunal

de

Apelaciones aplicó correctamente el estándar de revisión de

Mociones de Sentencia Sumaria.

La causa de acción presentada por el peticionario ante

el foro primario fue una por incumplimiento contractual. En

específico, alegó que MAPFRE incumplió con la póliza y lo

AC-2020-50

20

establecido en el Código de Seguros, supra, respecto a la

prohibición

de

realizar

ajustes

injustificados

a

las

reclamaciones. Planteó que MAPFRE le denegó impropiamente la

cubierta de las pérdidas a las que tiene derecho a recibir

bajo los términos del contrato.

A

raíz

de

ello,

MAPFRE

presentó

una

Moción

de

Desestimación y/o Sentencia Sumaria en donde solicitó la

desestimación de la Demanda por ser de aplicación la defensa

de pago en finiquito. Para sustentar su posición, desglosó

once (11) hechos que entendía estaban incontrovertidos. A

tenor con la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, para

cada hecho especificó la prueba que lo apoyaba. Luego, expuso

su argumentación legal y conclusión.

Por el otro lado, el peticionario presentó su Oposición

a Moción de Desestimación y/o Sentencia Sumaria. En esta, el

peticionario copió los hechos materiales que el recurrido

había enumerado en su Moción de Sentencia Sumaria como

incontrovertidos, sin más. No los refutó conforme establecen

las

reglas

procesales.

Luego,

procedió

a

argumentar

su

posición en derecho. En alguna parte de su exposición,

referenció un Informe de Ajuste procurado por este en agosto

de 2018. Expresó que los daños determinados por el ajustador

contratado por él difieren de los daños determinados por el

ajustador

contratado

por

MAPFRE

en

marzo

de

2018

($154,017.23 vis à vis $3,681.00). En esencia, le imputa

mala fe a MAPFRE en el proceso de ajuste de la reclamación.

Apoya su contención exclusivamente en esa diferencia entre

AC-2020-50

21

los dos (2) documentos para argumentar que MAPFRE incurrió

en prácticas desleales que impiden la aplicación de la figura

de pago en finiquito y requieren de la celebración de un

Juicio. No refutó los siguientes hechos presentados por el

recurrido, los cuales, según indicamos, estaban apoyados por

prueba

documental

y

eventualmente

hechos

incontrovertidos

por

el

fueron

acogidos

Tribunal

de

como

Primera

Instancia:

1. La Parte Demandante está compuesta por [Á]ngel

E. Feliciano Aguayo. Véase ¶ 4 de la Demanda.

2. La Parte Demandante es dueña de una propiedad

que ubica en Parque del Monte 2, KK14 Calle

Urayoán Caguas, Puerto Rico. Véase ¶ 6 de la

Demanda.

3. Al 20 de septiembre de 2017, la Propiedad

estaba asegurada contra el peligro de huracán

bajo la póliza número 3777751609530 expedida

por MAPFRE (la “Póliza”). Véase Anejo A –

Declaraciones

4. De conformidad con la Póliza, se aseguraba la

propiedad por el límite de $140,165.00, en

estructura con deducible de $2,803.00 y por el

límite de $15,000.00 en propiedad personal con

deducible de $500.00.

Véase Anejo A

–

Declaraciones.

5. El 20 de septiembre de 2017, la Propi[e]dad

sufrió daños como consecuencia del paso del

Huracán María por la isla de Puerto Rico. Véase

¶10 de la Demanda.

6. En enero de 201[8] la parte demandante realizó

un aviso de pérdida a MAPFRE por los daños que

sufrió la Propiedad como consecuencia del paso

del Huracán María por la isla de Puerto Rico;

al cual MAPFRE le asignó el número 20183267997.

Véase ¶10 de la Demanda

7. MAPFRE realizó una inspección de la Propiedad

el 14 de marzo de 2018. Véase Anejo B – Informe

de Inspección.

AC-2020-50

22

8. Luego de realizar una inspección, y una vez

concluido el proceso de investigación y ajuste

de la reclamación, Véase Anejo C se le notificó

a la parte demandante que procedía un pago por

la cantidad de $3,878.00 por concepto de

estructura y se ordenó el pago de dicha

cantidad mediante cheque 1819947 el 2 de abril

de 2018. Véase Anejo D - Cheque.

9. Que dicho cheque indicaba que era en pago total

y final de la reclamación por daños ocasionados

por el Huracán María ocurrido el 09/20/2017.

10.Adem[á]s se notificó el cierre a su reclamo de

Contenido el 1 de abril de 2018. Véase Anejo E

– Carta de Cierre por c[o]ntenido.

11.Que dicho cheque fue recibido, aceptado y

cambiado por la parte demandante, sin expresión

de objeción, condición o reserva alguna. Véase

Anejo F - Cheque cobrado.106

El peticionario falló en presentar contradeclaraciones

juradas y contradocumentos que pusieran en controversia los

hechos presentados por el promovente. Las meras afirmaciones

no son suficientes para derrotar una Moción de Sentencia

Sumaria. La parte que se opone debe también presentar prueba

para sustentar su posición y/o refutar la del promovente, so

pena de que puedan darse por admitidos los hechos señalados

por el promovente. No bastan generalizaciones y conclusiones

de derecho. “[L]as determinaciones de hecho establecen qué

fue lo que pasó, mientras que en las conclusiones de derecho

se determina el significado jurídico de esos hechos conforme

a determinada norma legal”. Lugo Montalvo v. Sol Melia

Vacation, 194 DPR 209, 226 (2015).

106

Apéndice de la Apelación, pág. 60.

AC-2020-50

23

En su oposición, el peticionario se limitó a especular

sobre la razón para una diferencia en los daños determinados

por los ajustadores y a expresar sus conclusiones de derecho

sobre la controversia. No argumentó con hechos específicos

apoyados en prueba cuál fue, a su entender, el incumplimiento

del recurrido con el proceso de investigación y ajuste ni

cuáles fueron las pérdidas específicas que, conforme a la

cubierta de la póliza, fueron omitidas o subvaloradas. Dado

que

las

alegaciones

del

peticionario

fueron

todas

conclusorias, no existe controversia material de hechos que

impidiera

dictar

Sentencia

de

forma

sumaria.

Consecuentemente, los foros a quo no erraron al dar por

admitidos los hechos señalados por el recurrido.

En este examen tenemos muy presente la conocida norma

de que en nuestra jurisdicción la buena fe se presume por lo

que, quien reclama la mala fe, debe probarla. Citibank v.

Dependable

Ins.

Co.,

Inc.,

121

DPR

503,

519

(1988);

Cervecería Corona v. Commonwealth Ins. Co., 115 DPR 345, 351

(1984). También es de hondo arraigo en nuestro ordenamiento

la norma de que el fraude no se presume. McNeil Healthcare,

LLC v. Municipio de Las Piedras, 2021 TSPR 24, pág. 43. Aun

cuando la revisión de la denegatoria o concesión de una

Moción de Sentencia Sumaria se lleva a cabo examinando el

expediente de la manera más favorable hacia la parte que se

opone, y llevando a cabo todas las inferencias permisibles

a su favor, la diferencia entre los daños estimados por los

peritos de ambas partes es insuficiente, por sí sola, para

AC-2020-50

concluir

24

que

materiales.

distantes

existe

Los

por

controversia

estimados

ajustadores

fueron

real

sobre

realizados

distintos.

Además,

hechos

en

fechas

la

póliza

establece límites de responsabilidad, los cuales fueron

aplicados

en

el

proceso

de

ajuste

sin

objeción

del

peticionario. Los autos carecen de alegaciones adecuadas y

evidencia demostrativa para establecer que la aseguradora

actuó de mala fe.

Inexistente

una controversia real sobre los hechos

materiales del caso, procedo entonces a evaluar si erraron

los foros a quo en su aplicación del derecho a los hechos de

esta controversia.

Según

presentó

los

hechos

una

reclamación

aseguradora

recibió

incontrovertidos,

la

ante

el

MAPFRE.

reclamación,

la

peticionario

La

compañía

investigó

e

inspeccionó el bien asegurado. Posterior a ello, hizo los

ajustes correspondientes con arreglo a la póliza de seguros.

Realizada esta labor, MAPFRE le envió al asegurado una carta.

La misiva indicaba ad verbatim lo siguiente:

Re: Reclamación de daños ocasionados por el paso

del Huracán Irma y/o María

Póliza Núm.: 3777751609530

Reclamación Núm.: 20183267997

Estimado Asegurado:

Por este medio se le notifica que hemos concluido

con el proceso de investigación y ajuste de la

reclamación de referencia. Adjunto encontrará un

estimado de los daños que identificó MAPFRE fueron

ocasionados a su propiedad a consecuencia del

huracán. Conforme a ello, MAPFRE concluyó que los

daños sufridos por su propiedad ascienden a

AC-2020-50

25

$3,681.00. Luego de ajustar su reclamación y de

aplicar el deducible correspondiente se incluye el

cheque #1819947 emitido por MAPFRE a su favor y a

favor de BANCO POPULAR DE PR (OFICINA CENTRAL) por

la cantidad de $3,878.00.

Con el pago de la cantidad antes indicada, se

resuelve su reclamación y por ende se está

procediendo a cerrar la misma.

De usted entender que existen daños adicionales a

los identificados por MAPFRE en el documento

adjunto, o no estar de acuerdo con el ajuste,

conforme establece la ley usted tiene derecho a

solicitar

una

reconsideración

del

ajuste

efectuado.

Su solicitud de reconsideración deberá ser por

escrito, estableciendo los motivos por los cuales

se debe reconsiderar nuestra decisión y de existir

daños adicionales presentar evidencia documental

y/o fotográfica de los mismos. Dicha solicitud de

reconsideración deberá ser dirigida a la siguiente

dirección:

MAPFRE

Dpto. de Reclamaciones de Propiedad

P.O. Box 70333

San Juan, Puerto Rico 00936-8333

anortiz@mapfrepr.com

De tener usted alguna duda, puede comunicarse con

nosotros a su conveniencia. Apéndice de la

Apelación, pág. 72.

En conjunto con la referida carta, MAPFRE anejó un

cheque. No hay controversia que dicho cheque fue cobrado por

el peticionario.

Ante

ese

cuadro

fáctico,

configuró

un

accord

and

cabe

preguntarse

satisfaction.

Respondo

si

se

en

la

afirmativa.

En primer lugar, la deuda ante nos es una ilíquida. Lo

anterior, dado que el monto de la reclamación no está fijado

exactamente por la cubierta de la póliza, sino que se trata

de una cantidad incierta. A diferencia de, por ejemplo, los

AC-2020-50

26

seguros de vida o los seguros sobre determinada propiedad

personal, los seguros sobre la propiedad inmueble suelen

representar una cantidad ilíquida. Esto ocurre porque la

cantidad

de

la

pérdida

potencialmente

cubierta

por

el

contrato de seguro de vivienda, naturalmente, no está fijada

y acordada exactamente en el contrato. La oferta que circula

la aseguradora tras el ajuste se trata de un

estimado

razonable de los daños que entiende están cubiertos. Esa

estimación

está

sujeta

a

la

impugnación

del

asegurado

mediante una solicitud de reconsideración. Al momento de

enviarse

ese

estimado,

el

asegurado

no

ha

aceptado

la

cantidad como correcta, dejando activo el riesgo de una

controversia relacionada a la cuantía procedente. En todo

caso, la deuda se tornaría líquida cuando ambas partes se

ponen de acuerdo sobre cuánto es la cantidad exacta y

correcta

para

satisfacer

la

reclamación.

Por

tanto,

el

estimado circulado por la aseguradora no convierte la deuda

en una líquida.

Para

fines

aclaratorios,

traigo

a

colación

las

expresiones de este Tribunal en Carpets & Rugs v. Tropical

Reps, supra. Aunque en el contexto de una controversia

evidenciaria, 107 en el mencionado caso se expresó que la

La discusión en Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 615, 635

(2009) giró en torno a la Regla 22(b) de las Reglas de Evidencia de

1979, la cual disponía: “(1) Pleitos civiles: no será admisible para

probar responsabilidad, o para probar que la reclamación o parte de ésta

carece de validez, evidencia de: (a) que una persona ha provisto,

ofrecido o prometido proveer dinero o cualquier otra cosa de valor para

transigir una reclamación; (b) que una persona ha aceptado, ofrecido o

prometido aceptar, dinero o cualquier otra cosa de valor para transigir

una reclamación, o (c) conducta realizada o manifestaciones efectuadas

en el curso de la negociación de la transacción”.

107

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27

determinación de la aseguradora tras la investigación y

ajuste correspondiente “constituye la postura institucional

del asegurador frente a la reclamación de su asegurado” y,

por ende, “en dicho documento no existen concesiones del

asegurador hacia su asegurado”. Íd., pág. 635. De manera

que,

al

estar

ausentes

concesiones

recíprocas

y

una

controversia bona fide entre las partes cuando se envió el

ajuste de la reclamación, se interpretó que no cabía hablar

de conversaciones realizadas para alcanzar un contrato de

transacción. Además, se expresó en dictum que:

Esto no quiere decir que, con ese documento como

base de negociación, asegurador y asegurado puedan

considerar llegar a un contrato de transacción de

la reclamación. Las posibilidades de transacción

entre

asegurador

y

asegurado

sólo

estarán

limitadas por lo que en su día el asegurador

informó como procedente en su comunicación o

postura inicial. Por lo tanto, el asegurado podría

renunciar a ciertas partidas a cambio de que el

asegurador acepte otras que inicialmente estimó

improcedentes o se modifiquen sumas de las

ofrecidas originalmente. Lo que de forma alguna es

permisible es que un asegurador, ante un reclamo

judicial de su asegurado, deniegue partidas que en

su ajuste inicial entendió procedentes, en

ausencia

de

fraude

u

otras

circunstancias

extraordinarias que lo ameriten.

Esa evaluación se cimentó en el contrato de transacción,

figura con elementos diferentes a la del pago en finiquito.108

Este Tribunal concluyó que para que esas comunicaciones

fueran

inadmisibles

en

evidencia,

tenía

“que

haber

una

A tenor con el derogado Art. 1709 del Código Civil, 31 LPRA ant. sec.

4821, los elementos constitutivos del contrato de transacción son: “(1)

una relación jurídica incierta y litigiosa; (2) la intención de los

contratantes de componer el litigio y sustituir la relación dudosa por

otra cierta e incontestable, y (3) las recíprocas concesiones de las

partes”. (Énfasis suplido). Mun. San Juan v. Prof. Research, 171 DPR

219, 239 (2007).

108

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28

controversia entre las partes al momento en que se realiz[ó]

la

oferta

o

comunicación

con

miras

al

contrato

de

transacción”. Carpets & Rugs v. Tropical Reps, supra, pág.

631. Aun cuando esas expresiones no constituyen precedente

vinculante, debo subrayar que la figura de pago en finiquito

no se limita a situaciones en las que las partes están

envueltas en una controversia bona fide, sino que también

aplica cuando la cantidad de la deuda es ilíquida. Asumiendo

in arguendo, que en el preciso momento en que la aseguradora

le envía el ajuste de la reclamación al asegurado todavía no

existe una controversia bona fide entre las partes, como

quiera la deuda sigue siendo ilíquida. El hecho de que la

determinación

de

la

aseguradora

represente

la

posición

institucional sobre el monto de la reclamación, de ninguna

manera significa que la reclamación se ha tornado en líquida.

Lo expresado en Carpets & Rugs v. Tropical Reps, supra, lo

único que sugiere es que en el proceso de negociación que

pudiera suscitarse a causa del asegurado estar en desacuerdo

con el estimado brindado, la aseguradora generalmente está

impedida de retractarse del estimado inicial e intentar

ofrecer menos de eso para transigir la reclamación. La

reclamación continúa siendo ilíquida e incierta hasta que

las partes acuerden fijar su valor.

En segundo lugar, atañe corroborar la existencia de

actos

o

declaraciones

claras

de

que

el

ofrecimiento

extendido era un pago total, completo y definitivo de la

deuda. Según dispone la Ley de Transacciones Comerciales,

AC-2020-50

29

supra, para reconocer la defensa de pago en finiquito la

declaración debía surgir conspicuamente del instrumento o de

la carta que le acompañó.

La carta recibida por el peticionario indicaba que

estaba relacionada a una reclamación de daños ocasionados

por el paso del Huracán Irma y/o María. Esta contenía los

números de póliza y reclamación. También señalaba que, con

el pago del estimado remitido, se resolvía la reclamación y

se

procedería

asegurado

proporcionó

a

su

cerrar

derecho

varios

la

misma.

de

solicitar

métodos

de

Asimismo,

informó

al

reconsideración

y

comunicación

para

que

el

asegurado se contactara a su conveniencia en caso de tener

alguna duda. Además de estas declaraciones, resaltamos las

contenidas en el instrumento negociable. En el anverso del

instrumento se hizo constar en la sección titulada “En PAGO

DE”, lo siguiente en letras mayúsculas: “EN PAGO TOTAL Y

FINAL DE LA RECLAMACION POR HURACAN MARIA OCURRIDA EL DIA

9/20/2017”. Apéndice de la Apelación, pág. 75. Por su parte,

al dorso se hizo constar debajo de la sección de la firma lo

siguiente: “El endoso de este cheque constituye el pago total

y

definitivo

de

toda

obligación,

reclamación

o

cuenta

comprendida en el concepto indicado al anverso”. Íd., pág.

77.

El

cúmulo

de

la

prueba

documental

revela

que

el

ofrecimiento fue acompañado de declaraciones indicativas de

que el pago se ofreció en saldo total y definitivo de la

obligación. Las declaraciones contenidas en la carta y el

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30

cheque son conspicuas, pues están redactadas de forma tal

que una persona razonable que será afectada por estas las

notaría. Por tanto, se cumplió el segundo elemento de la

defensa de pago en finiquito.

En tercer lugar, corresponde evaluar si el peticionario

aceptó el ofrecimiento de pago de MAPFRE. En el caso ante

nos el peticionario realizó actos afirmativos posteriores al

recibo del cheque que indican la aceptación de la oferta.

Esto, pues utilizó el cheque para su propio y permanente

provecho al endosarlo y cambiarlo. Soy del criterio que la

aceptación fue hecha con claro entendimiento de que el cambio

del cheque tenía las consecuencias advertidas en la carta y

en el instrumento negociable. Sería un insulto para la

sociedad puertorriqueña que subestimáramos su inteligencia

al partir de la premisa de que no leen los documentos que

reciben o que no entenderían el contenido de una carta

comprensible por una persona promedio. Una persona común y

corriente que estuviera en desacuerdo con un pago enviado en

saldo

de

una

deuda,

como

mínimo,

le

expresaría

su

desconformidad al acreedor. Al mismo tiempo, una persona

razonable que sospechara que su deudor-asegurador incursionó

en una práctica desleal, no aceptaría y endosaría un cheque

que expresamente indica que es “EN PAGO TOTAL Y FINAL” de su

reclamación. En vez, acudiría a los foros pertinentes para

repudiar esa conducta. Como indicamos, los incumplimientos

con los preceptos del Código de Seguros, supra, pueden

traerse a la atención de la Oficina del Comisionado de

AC-2020-50

31

Seguros con la posibilidad de la imposición de penalidades

administrativas.

Asimismo,

la

persona

pudiera

reclamar

judicialmente los daños sufridos a consecuencia de los actos

de la aseguradora. Lo que es improcedente es que el asegurado

acepte y cobre, sin objeción alguna, un cheque ofrecido como

saldo de la reclamación bajo la póliza y luego pretenda

cobrar

una

cantidad

mayor

por

concepto

de

daños

por

incumplimiento contractual.109 Del expediente se desprende

que, tras recibir el cheque, el peticionario procedió a

endosarlo y cambiarlo en abril de 2018. Su insatisfacción

con el ajuste realizado fue comunicada por primera vez en

septiembre de 2018, alrededor de cinco (5) meses después del

depósito.110 Nuestros precedentes reconocen que el “acreedor,

al hacérsele el ofrecimiento de pago sujeto a la condición

de que al aceptarlo se entenderá en saldo de su reclamación,

tiene el deber de devolver al deudor la cantidad ofrecida,

En aquellos casos en los que no existe controversia sobre uno o varios

aspectos de la reclamación, el asegurador tiene el deber de hacer el

pago correspondiente sobre esas partidas, independientemente de que

exista una controversia en cuanto a otros aspectos de la reclamación.

Reglamento Núm. 2080 de la Oficina del Comisionando de Seguros de 6 de

abril de 1976, pág. 6. El Artículo 27.166. del Código de Seguros incluso

faculta a la Oficina del Comisionado de Seguros para que, ante un estado

de emergencia decretado por el Gobernador, pueda ordenar a los

aseguradores de propiedad a emitir pagos parciales o en adelantos al

asegurado o reclamante, en cuanto a una o más partidas de las cuales no

exista controversia. No obstante, esta normativa es inaplicable al caso

ante nos pues el peticionario aceptó como saldo de la obligación el pago

de los tres mil ochocientos setenta y ocho dólares ($3,878.00) por todos

los ítems señalados en el estimado. No surge que haya objetado o

expresado reserva sobre ninguna de las partidas previo a endosar el pago

enviado por MAPFRE.

110 A raíz de estos hechos, tampoco le aprovecha al peticionario lo

dispuesto en la Sección 2-311 de la Ley de Transacciones Comerciales,

supra, en cuanto a que la deuda no queda saldada como pago en finiquito

si el acreedor prueba que ofreció el repago del dinero dentro del término

de noventa (90) días. El peticionario no alegó que hubiera ofrecido el

repago del dinero enviado antes, o incluso después, de expirado el

término.

109

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si no está conforme con dicha condición”. (Énfasis suplido).

H.R. Elec., Inc. v. Rodríguez, supra, pág. 240. Por ello, el

peticionario

debió

devolver

el

cheque

y

comunicar

su

desacuerdo si no deseaba finiquitar la deuda. Cuando el

peticionario aceptó la oferta, renunció a su derecho de

reclamar una cantidad mayor a la estimada por la aseguradora.

Por último, con relación a la exigencia de que el deudor

debe actuar de buena fe y sin ejercer opresión o indebida

ventaja, de los autos se desprende que el peticionario fue

partícipe del proceso de inspección de la propiedad y firmó

el Informe de Inspección emitido por el ajustador contratado

por MAPFRE. Además, con la oferta de pago extendida por la

aseguradora, este recibió una carta explicativa, un cheque

y un desglose de los daños determinados por el ajustador que

incluía el cálculo del ajuste empleado para alcanzar la

cantidad finalmente ofrecida. El peticionario no solicitó

reconsideración al ajuste realizado. Tal como señalamos, el

peticionario no adujo hechos específicos que indiquen la

presencia de mala fe o de opresión o indebida ventaja de

parte de la aseguradora en este proceso.

Bajo los hechos particulares de este caso, no cabe más

que concluir que el foro a quo no incidió al resolver que el

foro

primario

tenía

ante

sí

todos

los

elementos

para

configurar la doctrina de pago en finiquito y culminar el

caso mediante una Sentencia Sumaria.

Corresponde a la Asamblea Legislativa concertar si

existen razones de política pública para alterar el estado

AC-2020-50

33

de derecho. En tanto eso ocurra, la defensa de pago en

finiquito deberá aplicarse a las reclamaciones de seguros de

la manera aquí detallada.

IV

Por los argumentos antes expresados, respetuosamente

disiento de la Opinión Mayoritaria en la controversia de

epígrafe. Lo que procedía resolver en este caso era confirmar

la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones.

Mildred G. Pabón Charneco

Jueza Asociada